¿La revocatoria, un mecanismo inútil?

Orlando Ortiz Medina*

Más que la revocatoria del actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la iniciativa ha puesto en entredicho, por parte de quienes se oponen, la validez misma de la figura consagrada dentro de los mecanismos de participación, Artículo 103 de la Constitución Nacional. De acuerdo con algunos de los argumentos, sería inútil y lo que correspondería hacer es eliminarla del articulado, pese a ser uno de los más importantes logros del constituyente de 1991.

Después de más de cien años de una constitución marcadamente centralista, en la que la democracia se reducía a convocar a la ciudadanía a las jornadas electorales, con la nueva constitución se buscaba, entre otros, posibilitar un sistema de representación y participación más cualificado, que diera lugar a una ciudadanía más deliberante, más informada y responsable con los asuntos de Gobierno y de la política, y más comprometida en las cuestiones concernientes al interés general y colectivo.

A decir verdad, este propósito se encuentra todavía en ciernes. Difícil ha sido sobreponerse a unas prácticas políticas herederas del clientelismo, el nepotismo, la corrupción… y toda otra serie de circunstancias que le han negado al país la posibilidad de ponerse a la altura de las sociedades y las democracias modernas. Lo anterior sin dejar de lado, adicionalmente, las secuelas de un conflicto armado de más de cincuenta años, del que, si todo sale bien, apenas empezamos a liberarnos.

En esa dirección, independiente de cuál sea el momento y quien sea el gobernante, suena contradictorio que haya quienes se oponen a que se haga uso de este tipo de iniciativas ciudadanas, que son parte de un camino que no hemos logrado recorrer hacia la transformación de la cultura política e institucional, especialmente en lo que concierne al rol del ciudadano frente a la gestión de Gobierno, que permanecen todavía en el desinterés y la apatía, con un costo muy alto para el desarrollo, la eficiencia y la transparencia de la administración pública.

Parte de quienes se manifiestan en contra de la revocatoria se basan en el hecho de que haya transcurrido tan sólo un año de gobierno, razón por la que no habría criterios suficientes para hacer una evaluación objetiva de su gestión. Otros, fundados en el mismo criterio, consideran que, de llegar a hacerse efectiva, quien resultara luego elegido tendría solo un año o año y medio para cumplir con su mandato, lo que tampoco le alcanzaría para dejar en firme sus realizaciones y desarrollar sus propuestas. Se afirma entonces que lo único que se haría es generar un vacío o caos institucional, pues, en cualquier caso, sería peor el remedio que la enfermedad. Así que, sobre este aspecto en particular, se equivocó y perdió su tiempo el constituyente del 91 creando un mecanismo que sería en la práctica inoperante.    

Lo claro es que estamos frente a una interpretación puramente algorítmica,  que reduce el concepto de institucionalización y así mismo el de democracia a lógicas meramente instrumentales y procedimentales que nada dicen de la democracia como virtud, como pensamiento, como conjunto de valores, en fin, como cultura y como parte de una historia que hay que recrear hacia la construcción de nuevas prácticas y significaciones que permitan refundar el rol del ciudadano en el ejercicio de la política.  

Si bien es cierto que en un año no es suficiente para hacer una valoración de las realizaciones alcanzadas por el gobernante, sí se sabe ya el qué, el cómo y el para dónde va, que es finalmente lo que corresponde al interés de los ciudadanos. En esencia, no se gobierna para el periodo que se fue elegido, por el contrario, es el futuro de la ciudad y de las próximas generaciones lo que está en juego. A un año de su mandato, el gobernante ya ha definido su agenda, se sabe cuál es el modelo de ciudad que propone, cuál es su estilo de gobierno, cuáles los ejes en los que ha centrado su gestión y las estrategias con que se propone llevarlos a cabo. ¿Cómo no valorar entonces que los gobernados tengan la posibilidad de pronunciarse y manifestar su aprobación o rechazo, si son ellos al fin y al cabo los destinatarios?

En el caso de Bogotá, no son menores los puntos de controversia: el modelo de expansión o urbanización, el alistamiento frente a los efectos del cambio climático, la movilidad y el sistema de transporte que sería de mayor conveniencia, la privatización de empresas, la seguridad ciudadana, la garantía en el acceso a derechos como la salud, el trabajo, la educación, entre otros, están en el centro del debate como quiera que marcarán su destino las próximas décadas.

Suenan pues inconsistentes y sobre todo banales los argumentos de quienes ven en que se convoque a una revocatoria una pretensión puramente revanchista o de malos perdedores, o que la reduzcan simplemente a un asunto de formalidades institucionales.

Es una cuestionable lectura del significado y la razón de ser de la democracia y de lo que para un país como Colombia, con muy pobre desarrollo de su cultura política, tienen este tipo de iniciativas. Imposible esperar una sociedad políticamente más cualificada y una democracia más sólida si no se promueve que el ciudadano tome parte en los asuntos que competen al presente y el futuro del territorio en que habita.

Si algo requiere este país es adentrarse en un proceso que lo deshaga de prácticas como la apatía, la desidia o el inmiscuirse en la política, el control y el ejercicio de Gobierno solo a partir de redes e intereses particulares o familiares, que es lo que verdaderamente se ha institucionalizado en el ser, el saber y el quehacer ciudadano; además de la desconfianza en la legalidad y el modo de funcionamiento del Estado. Lo que ahora se llama institucionalidad no es más que una urdimbre de prácticas prohijadas por una tecnocracia cómodamente erigida en el nepotismo, el clientelismo, el amiguismo, el CVY, la ausencia de criterios de meritocracia y un muy pobre desempeño en el ejercicio de la función pública.

A menos que se asuma la institucionalidad como la formalidad de un periodo de gobierno, un sistema de normas y procedimientos que habitualmente no se acogen, planes y programas que no se cumplen y no como virtudes, hitos y significaciones sociales enraizadas en el comportamiento, los hábitos, las costumbres, es decir, en la cultura, la tarea que corresponde es justamente la de institucionalizar un nuevo saber y unas nuevas prácticas en el ejercicio de la política y de la ciudadanía, que se traduzcan en la existencia de un sujeto con criterios para actuar en las decisiones sustantivas de sus territorios.

De manera que no se debe aceptar que se satanice el llamado a la participación ciudadana con el argumento de que es obstaculizar al gobernante y afectar por esa vía el desarrollo de la ciudad. La ciudad tampoco es tal si se desconoce tal vez el principal mecanismo con que cuenta el ciudadano para ejercer su rol político y pronunciarse sobre el ejercicio de gobierno. Es claro que en ésta, como en cualquier democracia, quien ha sido elegido no tiene un poder omnímodo y la medida de su gestión está en cabeza de los gobernados. Es de la esencia de la democracia que el poder del elegido pueda ser puesto en cuestión y confirmado o relevado si así lo consideran los ciudadanos. No hay que olvidar también que en una democracia el gobernante no representa sólo a los que lo eligieron.

El solo llamado a la revocatoria no define nada, hay que dejar que el electorado se pronuncie; es la condición para garantizar efectividad de las leyes, la vigencia de los derechos, el afianzamiento de la institucionalidad, la recreación de la política y la profundización de la democracia. No puede ser que nos cueste tanto valorar y aceptar el uso de mecanismos que por algo fueron previstos en la constitución y que hay que permitir que se desarrollen. No puede ganar la incertidumbre o el miedo del que prefiere lo malo por conocido que lo bueno por conocer.       

  *Economista-Magister en Estudios Políticos 

¿Peñalosa, una revocatoria posible?

Orlando Ortíz Medina*

Bogotá podría ser este año pionera en el uso de la figura de revocatoria del mandato ciudadano. Es un derecho consagrado en la Constitución Nacional -Artículo 103- que establece los mecanismos de participación ciudadana, y en la Ley 134 de 1994 que los reglamenta. Por medio de ella los ciudadanos pueden solicitar la terminación del periodo de gobierno del mandatario en ejercicio, cuando consideren insatisfacción general con su gestión o porque no haya cumplido con los compromisos adquiridos en su programa de gobierno.

Si bien ya se ha hecho uso de este mecanismo en diferentes oportunidades y en diferentes ciudades y municipios, hasta ahora no ha sido efectivo, bien porque no se cumple el umbral de participación requerido (número mínimo de personas que deben ir a las urnas) o bien porque no se cumple el umbral aprobatorio (número mínimo de votos afirmativos que se necesitan para que el mandatario sea revocado)[i].

Las razones para no alcanzar el umbral son de diferente naturaleza: la desinformación característica de la ciudadanía, la apatía hacia la participación, el peso que incluso en este tipo elecciones tienen prácticas como el clientelismo, el nepotismo, el amiguismo, etc. y siempre los intereses que en una u otra perspectiva están en juego cuando se trata de las administraciones locales.

De todas maneras, tal como están las cosas y en medio del escenario político que se viene con el inicio en firme de la campaña presidencial que, quiérase o no, se va a cruzar en cualquiera de los acontecimientos que durante este año y el próximo se van a manifestar, no es descartable –tampoco fácil- que Bogotá pudiera, al respecto, llegar a marcar un hito.  

El alcalde Enrique Peñalosa terminó su primer año de gobierno con un índice de favorabilidad de sólo un 22 %, de acuerdo con la encuesta del programa Bogotá cómo vamos,  algo que no deja de sorprender cuando, contrario al anterior gobernante, Gustavo Petro, tiene a su favor un Concejo distrital que le ha aprobado la casi totalidad de los proyectos (17 de 19), no ha tenido el bloqueo y la afrenta mediática de éste último y sus propuestas han contado con pleno respaldo del gobierno nacional y los sectores empresariales de la ciudad.

De manera que, con esos nada despreciables factores a su favor, es claro que la vara que está midiendo su gestión es pura y simplemente la de la percepción ciudadana, que no ha visto las realizaciones de la llamada capacidad gerencial con la que se ha vendido siempre su figura.

Frente a las principales demandas de la ciudad, la administración no despega y antes que gerencia y planificación eficiente lo que ha mostrado es una alta dosis de improvisación, falta de claridad y serios problemas de comunicación con los ciudadanos, incluidos factores que pusieron en entredicho su estatura ética, como es el de mentir y haberse mostrando ostentoso frente a títulos profesionales que en realidad no poseía. Esto último quiebra enormemente la figura de cualquier gobernante, pues si algo cuesta para asegurar condiciones de gobernabilidad es la confianza que se debe mantener con los ciudadanos, independiente de que, como en este caso, los títulos no se requirieran.

Lo cierto es que lo que realmente está en juego es una concepción de desarrollo y un modelo de ciudad que marcará el futuro de muchas generaciones, frente a los que el alcalde se ha mostrado demasiado arrogante y reacio al diálogo, negándose incluso a asistir a los debates de control a los que ha sido citado en el Congreso de la República.

Su visión no parece coincidir con la de la mayoría de los ciudadanos que ven con preocupación cómo toma distancia de problemáticas que el mundo entero llama a poner en sus agendas como el calentamiento global, la segregación o falta de inclusión de amplios sectores sociales, la solución estructural a los problemas de movilidad, la seguridad y el fortalecimiento de lo público, para tomar sólo algunas de ellas.

Por el contrario, sin haber renovado su discurso respecto de su anterior administración, el Alcalde fija su agenda en conceptos sesgados hacia la competitividad económica, el desarrollo empresarial, el desmedro de lo público y el liderazgo fundamental del sector privado, en contravía de una apuesta más acorde con un desarrollo humano y sostenible, orientado a la búsqueda del equilibrio ambiental, la participación ciudadana  en la configuración de las políticas y los planes de desarrollo y la garantía de acceso a derechos individuales y colectivos para todos los ciudadanos.

En el tema ambiental, la urbanización de la reserva Thomas Van Der Hammen es lo que más ha estado en el centro de la controversia, máxime cuando se sabe que obedece también a compromisos adquiridos con quienes fueron los principales financiadores de su campaña, en este caso las empresas constructoras, que serían las más beneficiadas en caso de que finalmente lograra obtener las respectivas autorizaciones de construcción y no prosperen las demandas que por ese efecto tiene en su contra. Para Enrique Peñalosa, la tal reserva es un potrero.

Respecto de la movilidad, la ciudad no sólo no registra avances sino que tampoco está claro el panorama de lo que realmente va a hacer la actual administración. La congestión vehicular continúa y el malestar con el servicio de Transmilenio, que en materia de movilidad es lo que centra su atención, pesa todavía sobre una ciudadanía que sigue soportando demoras, incomodidades y robos, sin advertir cambios o esperar soluciones en el corto o siquiera mediano plazo.

A propósito, la del metro es una solución que el Alcalde ha asumido a regañadientes, más por la presión que porque sea un sistema que realmente le convenza o sea de su interés. La ciudadanía no ve con buenos ojos que los miles de millones de pesos que ya se habían invertido para los estudios del metro subterráneo se vayan a echar a la basura, pues sabe que el palo no está para cucharas como para que, golpeada con nuevos impuestos y cansada de tantos hechos de corrupción, se acepte que se dilapiden de esa manera los recursos. Tampoco la propuesta de un metro elevado satisface a quienes por experiencia y conocimiento saben que éste es un modelo antitécnico, además de antiestético y que resultaría a la larga más costoso que la versión subterránea.

Por demás, a propósito de improvisación, la propuesta que le fue aprobada en el Concejo sobre plan de vigencias futuras para garantizar los recursos que financiarían la primera línea del metro no cumplía al parecer con los requisitos formales ni tenía los estudios técnicos requeridos, razón por la que el Alcalde, algunos de sus funcionarios y concejales del Distrito han sido demandados por prevaricato. De acuerdo con lo que se ha conocido, la demanda tendría altas posibilidades de prosperar, lo que sería un duro revés para la administración.  

En otro aspecto, antes que su fortalecimiento, el Alcalde prioriza una visión que desprecia y subordina el rol del Estado a la iniciativa privada, a quien ha vendido importantes activos como la ETB y el porcentaje de participación que tenía en la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, que son empresas rentables y estaban generando importantes dividendos para la ciudad.

En materia de derechos fundamentales ha sido fuertemente cuestionado el tratamiento del que han sido objeto distintos sectores sociales, entre ellos los vendedores ambulantes, que no ven una solución que no sea la de correrlos con la policía y quitarles sus pertenencias, cuando se sabe que el fenómeno del rebusque y la informalidad sintetiza una problemática heredada de la violencia rural y urbana, el desplazamiento, la pobreza y la imposibilidad de acceder formalmente a un empleo por parte de propios o foráneos que habitan en la ciudad. Al lado de ello, la ciudad ha retrocedido en materia de atención en salud, con un modelo que, de acuerdo con manifestaciones hechas por usuarios y trabajadores, por diferentes medios, ha desmejorado la capacidad operativa y logística de atención, contrario a lo que se había proyectado con el nuevo modelo de integración en redes.

En los temas de seguridad, aunque la Alcaldía se adjudica cifras positivas, la percepción para el ciudadano no es la mejor. Sobre el particular, lo más destacado durante este primer año ha sido la intervención en el Bronx, que si bien estuvo justificada por todo lo que allí ocurría, dejó ver también una nueva muestra de improvisación, cuando fue claro que no estaba previsto el plan a seguir con las personas que permanecían en el lugar y que, en su mayoría, hoy deambulan por distintas localidades generando mayor sensación de inseguridad en sus habitantes.

Son muchos más los temas en controversia que están sobre la mesa y que deberán ser al final los que determinen si se decide o no revocar el mandato del alcalde Enrique Peñalosa. Lo importante en todo caso es que, cualquiera sea la decisión que se tome frente a esta iniciativa, nos sirva para sentirnos parte de una sociedad más deliberante, políticamente más íntegra y más cualificada, y más pendiente de lo que hacen y no hacen sus gobernantes; en fin, que nos ayude a superar ese déficit que todavía nos impide decir que realmente somos parte de una ciudad y que en efecto somos ciudadanos.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

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[i] Para que la revocatoria sea válida, se requiere que en las elecciones participe al menos el 40 por ciento del total de votos válidos registrados el día que fue elegido el mandatario: 1´092.229 personas. Será revocado si de ese 40% la mitad más mas uno vota afirmativamente: 546.115 personas.

Reforma Tributaria-Salario Mínimo

Orlando Ortiz Medina*

Contrario a lo que se requiere después de un pobre desempeño y con un panorama bastante incierto para la economía tanto en Colombia como en América Latina y el resto del mundo, la reforma tributaria recientemente aprobada por el Congreso de la República y el incremento del salario establecido mediante decreto por el gobierno de Juan Manuel Santos, no pasó de ser otro articulado de corte puramente fiscalista, que no responde a un propósito realmente estructural de crear condiciones que estimulen y den proyección y estabilidad al sistema productivo, genere condiciones de equilibrio en la transferencia de recursos a sectores y regiones que más lo requieren, y tiendan también a garantizar mayor equidad y justicia distributiva, que es para lo que deben utilizarse los instrumentos de política económica, máxime en países que, como Colombia, aún tienen en curso su consolidación como sociedad democrática.

El crecimiento esperado en Colombia al cierre de 2016 no estará más allá del 2%, sensiblemente inferior al del año anterior y al valor promedio de los últimos 15 años. La inflación continúa su ritmo ascendente y terminará el año alrededor del 6%, mientras el desempleo lo hará con una cifra que ronda el 9 %. El deterioro de la balanza comercial continúa al registrarse un déficit de 766,3 millones de dólares (mayor valor de importaciones sobre exportaciones) al mes octubre, de acuerdo con las cifras del DANE. Sectores como el agropecuario o industrial siguen estancados o mostrando un desempeño todavía poco relevante en el conjunto de los agregados macroeconómicos.

Frente a ese escenario, una vez más se postergaron medidas de fondo que garanticen mayor autonomía y fuentes más sólidas y estables de captación de recursos por parte del Estado; asimismo, eliminación de males tan endémicos como la evasión y la elusión, y el no menos oneroso peso de la corrupción, que tan caro ha resultado en estos últimos gobiernos. Agro Ingreso Seguro, Reficar y ahora Odebrecht, para tomar solo algunos de los más notables ejemplos.

El pobre incremento del salario mínimo (7%), previsto el impacto que sobre los precios de los bienes y servicios de consumo básico tendrá la misma reforma, deteriorará aún más la capacidad de compra de los ciudadanos, con claros efectos negativos sobre los niveles de demanda y el dinamismo del aparato productivo, que se traducirá en mayor aumento del desempleo, la pobreza y deterioro en general de las condiciones de vida de los sectores de la clase media y baja.

Un manejo errado de la política económica que durante muchos años puso a depender al Estado de los recursos provenientes del sector minero energético, es decir del sube y baja de cotizaciones internacionales que no están bajo su control, especialmente los precios del petróleo, se le cobra hoy a quienes sólo han sido convidados de piedra en la toma de decisiones, aunque hayan sido las víctimas principales de tales desaciertos, los ciudadanos de a pie, siempre a la zaga de lo que gobierno y empresarios dispongan. Tal cual el valor del salario mínimo que acaba de decretarse.  

Es ésta la reforma tributaria más regresiva que se haya aprobado en los últimos años, sin decir que las anteriores hayan sido propiamente un cariñito. Se dice que una reforma es regresiva cuando grava más a quienes menos tienen y menos recursos generan, que en este caso son, en general, aquellos cuyos ingresos dependen básicamente de un salario. Por el contrario, es progresiva cuando los impuestos se establecen de acuerdo a los niveles de riqueza, el valor de los ingresos o la capacidad de pago de los contribuyentes; en este caso quien más tiene y más gana más paga.

Lo es porque busca resolver el faltante de fondos con recursos provenientes fundamentalmente de impuestos como el IVA, que recaen especialmente sobre los bienes de consumo básico que es a lo que los asalariados deben destinar la mayoría de sus ingresos, mientras disminuye el cerca de diez puntos el impuesto a la renta a los grandes empresarios, no aumentó el IVA para quienes tienen sus empresas en las zonas francas y tampoco se les gravan sus dividendos. Nada más regresivo que una reforma que permite seguir manteniendo ventajas o privilegios en cabeza de sectores que más concentran la riqueza. Gracias a su inmenso poder de Lobby, también los empresarios lograron echar para atrás el impuesto a las bebidas azucaradas, que tanto bien hubiera hecho para la salud de los colombianos.

Elevar a 19% el IVA a productos como la pasta, el aceite de cocina, la margarina, la harina de trigo, embutidos, salsas, condimentos, alimentos procesados, elementos de aseo, etc., así como el vestuario, el calzado y otro importante grupo de bienes de la canasta familiar golpea seriamente el bolsillo de los consumidores. Esa misma tarifa la deberá pagar quien utiliza un plan de datos de un valor superior a cuarenta y cinco mil pesos, haga uso de internet o compre un celular de más de $650.000. Se estableció también un impuesto adicional de doscientos pesos a cada galón de gasolina que, todos sabemos, impacta no sólo los costos de transporte, sino de manera indirecta otra cantidad importante de bienes y servicios.

Hay que prever también las alzas que automáticamente se derivan del incremento salarial, como peajes, gastos notariales, arriendos, etc., que deteriorarán todavía más la capacidad de compra de los consumidores y aumentan los efectos recesivos sobre el conjunto de la economía.

Así las cosas, la reforma no corregirá las falencias con que se anunció y justificó su aprobación; por el contrario, termina de ensombrecer el panorama en un momento en que el país, dado el escenario de posconflicto a cuyo ingreso cada vez más se consolida, va a requerir no sólo mayor disponibilidad de recursos, sino de un entorno económico más dinámico y capaz de absorber las demandas de las diferentes regiones y los sectores rural y urbano para reducir las brechas de desigualdad, el desarrollo de infraestructura y la generación de empleo más estable y de mejor calidad.   

La experiencia ha demostrado que resulta falaz el argumento de que la reducción de los impuestos a los empresarios logra automáticamente generar mayor competitividad y estimular la creación empleo; pues ello está relacionado en general con la dinamización del aparato productivo, que depende sobre todo de cuánto se estimule la capacidad de compra de los consumidores, las transformaciones tecnológicas, la capacidad para dinamizar los mercados locales y una articulación con los mercados internacionales no soportada únicamente en la venta de materias primas, sino de bienes y servicios con  mayor valor agregado y mayores posibilidades de impactar el crecimiento y desarrollo de la economía. No sobra por ello insistir en la necesidad de trabajar en función de sectores como el de la industria, la agricultura, la agroindustria y cierto tipo de servicios, y no aspirar a seguir bebiendo de la teta de los hidrocarburos.

La reducción del déficit y una más segura estabilidad de las cuentas fiscales depende también de que sectores que durante toda la vida le han huido al pago de los impuestos, como es el caso de los intocables señores de la tierra, sean puestos en cintura mediante una legislación que los obligue a hacer sus contribuciones al Estado; asimismo, de la eliminación todo tipo de medidas excepcionales, que no es más que la reglamentación de formas adicionales de evasión o elusión, que por beneficiar sólo a los grandes capitales lo que hace es contribuir a acentuar todavía más la equidad y desigualdad en las formas de captación y asignación de los recursos del Estado.  

Tampoco reforma alguna tendrá mayores efectos si no se busca reducir los enormes gastos en burocracia y paliar la ineficiencia del Estado, y menos aún si no se complementa con mecanismos de veeduría que permitan que la ciudadanía esté al tanto del destino y la ejecución de los recursos, como una manera no sólo de buscar la asignación más eficiente de los mismos, sino también de servir como talanquera a la corrupción y el despilfarro que, de no existir, seguramente nos evitarían tantas y tan onerosas medidas.

Finalmente, cualquier política carece de sentido si no está en función de que el Estado garantice de manera efectiva los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos, guardando los principios de equidad, eficiencia y progresividad, tal cual lo ordena el artículo 363 de nuestra Constitución Política. Al respecto, la reforma tributaria y el incremento salarial que nos regalaron de navidad y año nuevo marchan completamente en contravía y se convierten en una afrenta a la esperanza de esa paz estable y duradera que anhelamos los colombianos, que sabemos que ésta no consiste sólo en el silenciamiento de los fusiles, sino también en la implementación de medidas orientadas a corregir los factores desencadenantes de inequidad y de pobreza, que explican en gran medida nuestra larga historia de violencia.

Solo resta decir que, recibido el sablazo, debe la ciudadanía repensar a quienes elige como sus representantes en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que son ellos los que toman las decisiones y otros los que resultamos afectados. Si seguimos llevando allí a personas ajenas a nuestros intereses, no podemos esperar otra cosa que una legislación que, como esta vez, marche en contravía del interés público y en defensa y protección de tan sólo unos cuantos representantes del sector privado y sus hábiles lobistas en el Congreso.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Navidad, ahora sí soplan vientos de paz

Foto tomada por Bernard Peña, publicada en El País

Orlando Ortiz Medina*

En esta navidad, ninguna o tal vez una menor cantidad de soldados estará internada en lo más profundo de la manigua. Aunque el patrullaje y la presencia en ciertas zonas se mantienen, habrá seguramente más tropa acantonada en los cuarteles y una gran parte de la misma tendrá permiso para pasar y celebrar con su familia, esta vez sin necesidad de mostrar falsas victorias ni traer de muestra cadáveres de personas engañadas y ajenas a la guerra. Lo justamente merecido en el marco del comportamiento y la ética del buen soldado.

Para quienes aún así estén lejos cumpliendo con la prestación de su servicio, sus padres y madres podrán estar más tranquilos, sin preocuparse de que en algún momento un oficial del ejército llame a comunicarles que su hijo lastimosamente murió en un combate cumpliendo con el deber de “dar su vida por la Patria”.  “Quédense tranquilos que con ayuda de Dios regresaré vivo y hasta de pronto pasemos la navidad y el año nuevo juntos” es la promesa siempre dicha por el soldado a sus familiares cuando es enrolado a las filas. Cuántos no lograron cumplirla y de ellos hoy no queda más que la foto de un féretro cubierto por una bandera que sus padres y madres alumbran en el altar de una sala o en el de esa patria en la que nunca lograron entender porque tenían que matarse con sus semejantes, muchas veces sus propios familiares.  

Sí, todo ello es posible porque si bien no podemos decir, ni en Colombia ni en el mundo, que tuvimos el mejor de los años, sí es un hecho que la guerra, especialmente el conflicto con las FARC, poco a poco fue cediendo en el curso de las negociaciones llevadas a cabo por el gobierno de Juan Manuel Santos y hoy prácticamente ha finalizado, pese a los enconados enemigos, todavía altivos y valientes, que con discursos demagógicos o mentirosos niegan los resultados e insisten en oponerse a que el país pare su desangre. 

Como los hechos son tozudos, hay que decirles a los escépticos y a los que simplemente insisten en desconocer los avances del proceso que, de acuerdo con las declaraciones dadas a RCN por la general Clara Galvis, subdirectora médica del Hospital Militar Central, “hace cinco años eran más de 400 los militares heridos en enfrentamientos y a fecha de hoy tenemos sólo un herido en combate”.

Según los datos, dados a conocer también por el ministro de Salud Alejandro Gaviria, en 2011 ingresaron al hospital 424 militares por traumas en combate, la cifra se fue reduciendo significativamente hasta llegar solamente a 31 en 2016. Por efecto de minas antipersonal, en 2011 ingresaron 233 militares y en 2016 sólo 20. Si en 2011 fueron 100 militares amputados, en 2016 la cifra se redujo a 10. En promedio, en todos los casos la reducción estuvo por encima del 90 %.

Aunque cualquiera que sea la cifra siempre será alta, pues un solo muerto, herido o amputado es un hecho inmerecido, no es poco lo que se puede destacar como resultado del proceso con las FARC, que fue el factor que más incidió, según la misma declaración de la general Galvis.

Con todas las tribulaciones que se presentaron, incluida la terquedad de los que todavía se sirven y se recrean en la guerra, sobre todo cuando ella directamente no los toca, Colombia dio este año un paso firme y trascendental. Si bien no hemos llegado al clímax, y falta mucho para ello, hay que reconocer que soplan vientos de paz y que ojalá en el año que viene, y los sucesivos, este proceso se siga consolidando. Debemos descontar también, lastimosamente, los cerca de cien defensores de Derechos Humanos y líderes sociales asesinados por esas cohortes innombrables de forajidos, que siguen ordenando apretar el gatillo desde sus encumbradas posiciones de poder o desde la comodidad de sus escritorios.

En los sitios donde hoy acampan los integrantes de las FARC, por su parte, no vemos hoy los rostros rígidos ni las ceremonias de formación o las rutinas diarias de ejercicio que los preparan para la guerra, sus caras son más alegres y sonrientes, se les nota más libres, en ropas más ligeras y sin los pertrechos de combate en la espalda.

Como en cualquier casa de familia, en los lugares de concentración, guerrilleros y guerrilleras han armado pesebres; de los árboles que les servían como cubierta frente al enemigo ya no cuelgan sogas o trampas, sino vistosas guirnaldas; las bombas son ahora aquellas de cauchos de colores infladas a pulmón y no de las que mutilan y destrozan cuerpos de hombres o mujeres, soldados o guerrilleros, que durante tantos años vimos traer en  pavorosas bolsas plásticas, muchas veces exhibidas como trofeos.

En las ranchas ya no se prepara sólo el aguadepanela o los carbohidratos insípidos hechos de afán a los que estaban obligados por la escasez o porque de repente debían ser abandonados y a medio hervir si llegaran a ser atacados por el avión fantasma o los helicópteros artillados. Ahora, en pailas y ollas inmensas se preparan viandas navideñas: natillas, buñuelos, variedad de dulces, se rezan novenas y se cantan tutainas. No existe la zozobra del ataque, ahora tienen su tiempo libre y mientras esperan que se sigan concretando los acuerdos juegan futbol, escuchan música, leen o se toman el tiempo para conversar, rememorando seguramente cuando en otras navidades la tarea consistía en cuidar al secuestrado protegiéndose de la pirotecnia que no exactamente provenía de volcanes floridos o luces de bengala.

Los fusiles cuelgan de percheros improvisados cerca a figuras de Papá Noel o hunden parte de su cañón en la tierra como árboles sembrados; los cambuches, ahora más elaborados, tienen camas más estables y con colchones y cobijas abrigadas para resistir el frío; las mujeres toman tiempo para maquillarse porque ahora, aunque rústicos, cuentan con espejos y tocador permanente; hay algunas embarazadas y disfrutan saber que su salida de la guerra va a significar un futuro mejor para ese hijo o esa hija que esperan.

En uno y otro lado vemos hoy la cara amable de los guerreros, mostrándose en sus sensibilidades y como seres humanos para los que la fiesta, los ritos navideños y la nostalgia también forman parte de sus vidas, independiente de creencias, ideologías o religiones, o de a quien pertenezca o represente el arma que llevan al cinto. Son hombres y mujeres que están aprendiendo a desandar la guerra, aprendizaje al que se resisten o que tanto les cuesta a otros, ilustres funcionarios o exfuncionarios de alta gama, dogmáticos religiosos u odiosos usurpadores de la muerte.

Para TODOS ¡Feliz Navidad!

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Senador Uribe: "Afloje un poquito"

Orlando Ortíz Medina*

Ingenuos los que propiciaron el encuentro de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos con el Papa Francisco, creyendo que se iba a lograr algún acuerdo o al menos limar "las asperezas"; como si éstas últimas fueran simplemente eso, asperezas y no serias contradicciones, no precisamente entre los otrora coequiperos del gobierno de la seguridad democrática, sino del ahora senador con los contenidos que demanda una propuesta de paz frente a los que ni antes ni ahora, ni nunca estará dispuesto a ceder.

Imposible que, en treinta minutos, el Papa fuera a convencer a Uribe de la necesidad de aceptar que en el país se pongan en curso transformaciones a las que durante siglos se han negado él y la estirpe que representa.

Saludemos la buena voluntad del Papa, más ahora que estamos en épocas navideñas, pero bien valdría recordarle que en esta parte del mundo, en donde aún le quedan millones de seguidores, más que camorras entre dos ilustres representantes del establecimiento, que por ahora están distanciados, lo que está en juego es el futuro de una sociedad que anhela con urgencia pasar la página de la guerra, que lejos estaría de resolverse con un beso de Judas o un apretón de manos, así sea en el despacho del representante de Dios en la tierra.

No hay hábito blanco ni inspiración divina que valga si se trata de la búsqueda de la paz con personajes como Álvaro Uribe. Por un lado, porque su vocación es la guerra que lo divierte y le sirve para inflar su ego altanero y belicoso, tristemente celebrado por gran parte de una sociedad que sin fórmula de juicio hace eco de sus trinos. Por otro, porque tiene claro los intereses que defiende y jamás aceptaría que ellos fueran puestos en tela de juicio ni siquiera en los cónclaves papales.

Tampoco se trata, como dijo el cínico contertulio de su santidad a la salida de la reunión, con su voz falsamente meliflua y su tono de “malparidito”, de que Santos “afloje un poquito”; más para dónde, habría que decirle, si el 99 % de las propuestas que hicieron luego del triunfo del NO el dos de octubre fueron incluidas en el nuevo acuerdo y no tuvieron al menos la sensatez para reconocerlo; por el contrario, una vez lograron alzarse con el triunfo de la modificación sustancial del texto, se envalentonaron nuevamente para volver a decir NO, el mismo que advertíamos quienes no nos engañamos con la imagen nada apostólica del personaje.

Él y su partido, que por demás se alzaron como únicos dueños del triunfo del NO, tenían claro de antemano que tocaba seguir tirando la cuerda porque estamos en las primeras de cambio de una nueva campaña electoral, en la que el absurdo dilema del SI o NO a la paz o la continuidad de la guerra vuelve a ofrecer los réditos y se convierte en factor decisorio para la elección del nuevo presidente, como prácticamente ha ocurrido durante las dos últimas décadas.     

Esperemos, para sacarle algún provecho, que el estéril encuentro con el Papa Francisco haya servido al menos para que quienes aún no lo han logrado se convenzan de que en Colombia la paz no es con sino contra Uribe. Llevado ya el intento al santuario mayor del que él mismo es devoto, no se entendería que se siga esperando un cambio de actitud de quien sólo piensa y actúa desde el ámbito de su personalidad cargada de odio, su mezquindad y su soberbia.

A los que todavía tenemos esperanzas sólo nos resta insistir y seguir creyendo en que es posible que esta absurda guerra por fin termine, o que al menos “afloje un poquito”, así haya otros que sigan apretando.  

*Economista-Magister en Estudios Políticos

¿Paz o Barbarie?

Orlando Ortíz Medina*

Un nuevo líder social asesinado anoche en el Putumayo. No se necesita más para decir que en Colombia las cosas no han cambiado, que el anhelo de paz sigue siendo una aspiración todavía lejana y enfrentada por quienes advierten riesgos en que fuerzas políticas diferentes a las que han mantenido el control del poder puedan tener un lugar en el escenario de la deliberación y la participación política.

Los que matan a los líderes sociales son de la misma naturaleza de los que en otro momento se han llamado la Mano Negra, los enemigos agazapados de la paz, los ahora para nada agazapados, los ejércitos privados, los presuntos..., y algunos sin nombre ni calificativo que igual accionan sus fusiles, o a veces sus plumas, para sacar del camino a los legítimos contradictores políticos de un establecimiento que se resiste al cambio porque sencillamente quiere que se mantenga el sistema de privilegios e iniquidades, a los que también consideran obra de Dios y la naturaleza.

La pasividad del Estado es pasmosa y peor aún su interpretación de los hechos, que "no hay sistematicidad", dijo el Fiscal General Nestor Humberto Martínez. Son cerca de ochenta "casos aislados" de los que "no se puede argumentar que haya un factor único que los motive".

¿Ingenuidad, incapacidad o cinismo? Pues sí hay un denominador común en quienes han sido asesinados: su condición de líderes de origen popular o de filiación política de izquierda, su actuación como reclamantes de tierras que les fueron expropiadas en territorios de donde fueron desplazados, el haber liderado acciones en favor de la culminación exitosa del actual proceso de paz con las FARC, en fin, representar de alguna forma la contraparte de un sistema y sus poderosos dueños que no aceptan que otras voces se expresen con el derecho que les asiste para reclamar los cambios de fondo que se requieren para que la paz no siga siendo más que una "ilusión perdida" en el texto de los acuerdos, que tampoco a los señores de la guerra satisfizo.

De manera que si por un lado avanzamos, tan cerca como nos sentimos de la terminación del conflicto con las FARC, por otro regresamos a los tiempos que nos recuerdan que somos un país bárbaro, intolerante e incapaz de reconocer y respetar al que piensa o actúa diferente, sobre el que se prefiere disponer de su vida antes de cederle el lugar a su palabra.

No queda más que hacer un llamado a la sociedad entera, a los medios, a los partidos y a los diferentes sectores políticos y sociales, independiente de cuál sea su ideología o su filiación política; lo peor que puede suceder en este caso es, como ya ocurrió en otros momentos, guardar silencio y sentirse ajeno a una situación cada vez más lamentable y que se ha agravado en los últimos meses.

Hay que decir, hay que sentir, hay que pensar que la sociedad toda está en peligro, ésta y la de las próximas generaciones; que esta guerra que se resiste a fenecer nos toca y nos seguirá tocando a todos, aún a los que la promueven, con la pluma, con las armas o con los micrófonos.

No sobra entonces recordar el poema de Bertolt Brecht

Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó.

Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó.

Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó.

Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.

Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó.

Ahora vienen por mí, pero ya es tarde.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

¿Elegibilidad o democracia?

Orlando Ortíz Medina*

En la posibilidad de que los excombatientes de las FARC accedan espacios de representación dentro de los mecanismos legales de elegibilidad, descansa en gran medida la superación exitosa del conflicto armado en Colombia. Una salida adversa sería un contrasentido y significaría no haber puesto el acento en el lugar que en la actual coyuntura histórica corresponde: sacar las armas de la política y facilitar los espacios que hagan de ella un ejercicio civilizado y a la altura de las sociedades modernas.

Debemos entender que estamos en la búsqueda de salidas para la superación de un fenómeno que se manifestó en casi la totalidad de países de América Latina y cuya existencia involucra razones y responsabiliza actores que van más allá de los movimientos guerrilleros. Asimismo, que hunde sus raíces en factores de orden político, económico, social e incluso cultural, que no se pueden obviar cuando se trata de sacar adelante una alternativa para la desmovilización y reintegración a la vida civil de quienes por circunstancias históricas decidieron alzarse en armas contra un sistema y un Estado en el que no se vieron representados.

Reconocer estos antecedentes, que son los que configuran la realidad política del presente, es un imperativo a la hora de argumentar sobre la pertinencia o no de que a los miembros de las FARC se les otorgue el beneficio de la elegibilidad política, una vez hayan dejado de las armas.

La elitización de las dirigencias políticas y la burocratización de los partidos de gobierno en cabeza de ciertos grupos  de poder, así como la obstrucción y represión de formas de organización y representación que no estuvieran bajo su égida, fueron, en el caso de Colombia, factores que estimularon la progresión  del conflicto armado y más adelante su degradación. A lo anterior se sumó su resistencia a que se implementaran las transformaciones que permitieran corregir las diferentes formas de exclusión y marginalidad generadas por el establecimiento, que alentaron también el avance de la confrontación armada.

El bipartidismo, hoy -en esencia- el mismo aunque con ramificaciones, desde mediados del siglo XIX ha tenido el monopolio en el control del Estado y sus instituciones, lo que nos consagró tempranamente como un régimen de democracia restringida. El Frente Nacional, si bien puso fin a la violencia bipartidista, reafirma un siglo después, sólo que con mayor vehemencia, el carácter excluyente del régimen y consolida un poder hegemónico con visos autoritarios, que al amparo del estado de sitio, hoy estado de excepción, con el que se mantuvo durante casi su toda su vigencia, otorgaba facultades especiales a las fuerzas armadas, con todo lo que ello significó en materia de restricción a las libertades, violación de los derechos humanos y restricciones al ejercicio de la actividad política.

En las décadas del 80 y el 90, a un fuerte auge de formas de organización política y social fundadas sobre nuevos liderazgos, justamente en reclamo de mayor democracia, se respondió con una brutal represión y muchos de sus integrantes fueron asesinados, desaparecidos u obligados al exilio.

Estudiantes, líderes políticos, sociales y sindicales, indígenas y afrocolombianos, artistas, intelectuales y defensores de derechos humanos, principalmente, fueron víctimas de la actuación conjunta entre las fuerzas armadas del Estado y organizaciones paramilitares, que se resistían a aceptar que propuestas políticas alternativas tuvieran un lugar en el escenario del debate público. Aun bajo la formalidad un régimen de democracia civil, el país asumió las características de las dictaduras que en los años 70 y 80 se tomaron de facto el poder en varios países de América Latina.

El caso más emblemático es el de la Unión Patriótica, partido político que surge de los diálogos entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur a comienzos de los años ochenta, y del que la mayoría sus integrantes fueron asesinados. Entre ellos dos candidatos presidenciales, senadores, alcaldes, concejales, ediles y cientos de líderes de base.

De manera que en Colombia la democracia ha sido un concepto vacío de contenidos y está lejos todavía de la posibilidad de encontrar sentido como expresión de la libertad y el ejercicio de la autonomía, razón de ser de la política.

Una democracia realmente ajena a la institucionalización de una cultura y un pensamiento democrático, en la que el ciudadano promedio se nutre de representaciones que giran alrededor de la pasividad, la apatía y el desprecio por el ejercicio de la política; que se acomodó, además, al ritmo de la violencia y de prácticas como la compra y venta de votos, el clientelismo, el nepotismo y la corrupción, convertidas en el canal de creación de sus vínculos con las dirigencias políticas, y por esa vía con el aparato del Estado.

Cambios institucionales como los procesos de descentralización política y administrativa iniciados desde mediados de los 80, o la propia constitución de 1991, no produjeron transformaciones significativas en las costumbres políticas ni llevaron a una reconfiguración de las dirigencias en la mayoría de los ámbitos estatales. Por el contrario, el reacomodamiento de antiguas hegemonías, algunas en alianza con organizaciones criminales, llevaron a una serie de efectos regresivos y frustraron las esperanzas que la nueva constitución había dejado sobre territorios, grupos étnicos, mujeres, comunidades con opciones sexuales diversas y otros sectores hasta ese momento olvidados.  

Los partidos, ni de izquierda ni de derecha, no han logrado convertirse en verdaderas fuerzas ideológicas o con fundamentaciones programáticas o filosóficas, que convoquen a una masa crítica y cualificada de ciudadanos. Aferrados a la tradición, el caudillismo, el clientelismo y otras formas de perversión de la política, en asuntos de democracia seguimos siendo una mayoría silenciosa, cuando no de jaurías o borregos.

En este contexto, el tema de la elegibilidad política es también un acto simbólico y reparador que consagra la apertura del régimen, no solo y necesariamente a favor de las FARC sino de esa parte de la sociedad que, además de estar condenada a la marginalidad y la exclusión política, terminó siendo víctima de la exaltación y la prolongación de la guerra, en el marco de un ordenamiento político que la promovió o posibilitó las condiciones por donde pudiera conducirse.

Corresponde al establecimiento asumir la cuota de responsabilidad que le asigna el devenir de la historia, cuando fue inferior para asegurar su presencia y construir legitimidad en la mayoría del territorio. Asimismo, para tener dentro de su activo el monopolio legítimo de la fuerza y garantizar la protección de los derechos y el libre ejercicio de las libertades políticas ciudadanas. Estado y sociedad deben estar dispuestos a que se faciliten las condiciones para quienes están dispuestos a dejar las armas y continuar su vida política por las vías legales, pues no se trata sólo de la transformación del discurso y la práctica de quien busca salir de la guerra sino también del entorno político, social e institucional al que está dispuesto a acogerse.

Hay que reconocer que hubo unas condiciones históricas, así como una forma de interpretar el ejercicio de la política, que llevó a muchos hombres y mujeres de esta y de otras latitudes a tomar el camino de la insurgencia, pero que hoy están dispuestos a trascender y a asumirlo desde otras modalidades y dimensiones; esto debe no sólo posibilitarse sino estimularse.

Es también entender que, como tal, en su proceso de desmovilización, el excombatiente no se despoja de su investidura ni renuncia a su condición de sujeto político; pues es lo que da sentido y valora su rol ante la sociedad y el Estado, antes, ahora y en lo que en lo sucesivo sea su vida y actividad política.

De manera que antes que estigmatizar y seguir censurando su pasado, se debe validar su legítima pretensión de estar representado en los órganos de control del Estado, su aspiración a tomar parte en espacios de decisión, su inclusión en escenarios de gobernanza y su disposición a vincularse a procesos de elección en los ámbitos territoriales o nacionales. Es la consecuencia lógica del paso de la acción política con armas al ejercicio político legal. 

Negar la posibilidad de que quienes deponen las armas accedan a cargos de elección popular es seguir oponiéndose a que la democracia avance en su proceso de maduración y a que otras fuerzas puedan tener representación en las instancias del gobierno y el Estado, que es justamente en donde en parte tuvo su origen el conflicto armado que hoy estamos tratando de superar.

Avanzar hacia una nueva dimensión social y cultural que reelabore el sentido y la razón de ser de la política, que es finalmente la aspiración de la mayoría de la sociedad colombiana, no puede ser algo que se instrumentalice solamente a favor del Estado o los intereses de ciertos sectores.

No se debe olvidar tampoco que las FARC no fueron vencidas y que su derecho a elegir y ser elegidos está en la esencia de los resultados de la negociación; este es, quiérase o no, uno de los saldos políticos del proceso.

*Economista-Magister en Estudios Políticos