Cinco en la Comisión, cero en conducta

Difícil aceptar que una representación política, de la cual parte de sus lideres y militancia ha sido sacrificada, termine, por no sabemos qué razones, conciliando con quienes, además de su presunta responsabilidad material, se han empeñado en obstruir la justicia y deshonrar la memoria de las víctimas.  ´

Orlando Ortiz Medina*

 

Foto: Costa Noticias

En un sistema de democracia representativa, como el que, al menos formalmente, existe en Colombia, quien resulte elegido administra un poder delegado y debe obediencia a quienes le otorgaron su voto. Más allá de una escueta representación política, es también vocero de quienes comprometieron voluntades, valores y principios éticos. Ni el poder ni la autonomía del elegido son omnímodos, cumple un mandato, rinde cuentas y está sometido al escrutinio de sus electores.  

Viene al caso el llamado por la actuación de cinco congresistas del Pacto Histórico, que dieron su voto para que el proceso que cursa en la Fiscalía contra el expresidente Alvaro Uribe Vélez por su presunta participación en las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, sea trasladad a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (más conocida como Comisión de Absoluciones) de la cual forman parte.  

Viejo zorro, el expresidente, junto con su bufete de abogados, se apunta este nuevo golpe de astucia, que no es sino otra maniobra dilatoria para prolongar el juicio y allanar el camino hacia una impunidad casi segura por crímenes cometidos hace cerca de tres décadas. Pero más grave y doloroso es saber que sea una bofetada a las víctimas y un supremo acto de incoherencia de parte de la bancada progresista, elegida precisamente para que represente sus intereses y no los de quienes se presumen como victimarios. 

Los hechos que se imputan al expresidente revisten extrema gravedad y son serios los indicios de su participación en los mismos; forman parte, además, de un momento especialmente doloroso de la historia de Colombia, lo que no admite pretexto o razón alguna que los lleve a ser otros más de los tantos consignados en el libro del olvido. 

Los casos de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle son emblemáticos y personifican crímenes como los cometidos contra Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, José Antequera, Manuel Cepeda, Héctor Abad Gómez, cientos más de líderes y defensores de derechos humanos y más de cinco mil militantes de la Unión Patriótica asesinados. Unos y otros en la más absoluta impunidad y ovillados en la parafernalia criminal en que de distintas formas ha sido implicado el controvertido expresidente. 

En un sistema de democracia representativa, como, al menos formalmente, es el que existe en Colombia, quien resulte elegido administra un poder delegado y debe obediencia a quienes le otorgaron su voto.

Difícil aceptar que una representación política, de la cual parte de sus lideres y militancia ha sido sacrificada, termine, por no sabemos qué razones, conciliando con quienes, además de su presunta responsabilidad material, se han empeñado en obstruir la justicia y deshonrar la memoria de las víctimas.  

¿A qué propósitos estaban respondiendo María del Mar Pizarro, Alejandro Toro, Jorge Bastidas, Heráclito Landinez y Gabriel Becerra, cuando deciden comprometer el voto de sus electores en esa decisión? 

¿Qué explica que no se haya analizado, o se haya hecho caso omiso, de que los delitos imputados al señor Uribe fueron cometidos antes de haber ejercido como presidente, lo que de suyo invalida que puedan ser tramitados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara? 

De qué manera se ha sumado a las artimañas de Uribe, a sus abogados y a sus calanchines en el Congreso el cuestionado quíntuple de representantes. Imposible pensar que no fueran conscientes del inmenso favor que le estaban haciendo al decano de las cabriolas y los quites a la justicia. Cuantos años más le han regalado a su ya larga carrera de evasiones ahora que, muy seguramente, el caso deberá someterse a una nueva travesía en la Corte Constitucional, única autorizada para dirimir la supuesta colisión de competencias.  

Es imperativo que el Pacto Histórico dé una explicación a sus electores. Lo ocurrido no es un asunto menor y deja serias dudas del rol de su representación en la Cámara de Representantes, o al menos en la cuestionada Comisión de Acusaciones. Ni sus bases ni su militancia, mucho menos la memoria de quienes fueron sacrificados en esta larga historia de dolor y de violencia pueden terminar siendo un rey de burlas. 

Se conoció un pronunciamiento del senador y excandidato Iván Cepeda, en el que se aparta de la decisión, llama a que el caso continúe en la Fiscalía y reafirma su compromiso con la verdad y con las víctimas. También sería pertinente un pronunciamiento del expresidente Gustavo Petro, no solo por su condición de líder del partido, sino por los rumores que circulan en torno a que la actuación de los congresistas obedece a un acuerdo con el Centro Democrático -avalado por él-,  en una especie de “hagámonos pasito”, frente a eventuales procesos que puedan adelantarse en su contra en la misma Comisión.   

Es claro que los espacios de representación dan lugar a la celebración de acuerdos con otras fuerzas políticas, pero también lo es que hay límites que no pueden sobrepasarse, especialmente cuando se trata de poner en juego valores y principios de quienes se representan, máxime frente a sucesos que han comprometido el respeto a los derechos, la dignidad y la vida.  

El comunicado expedido por los representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusaciones es una justificación evasiva y mediocre del porqué de su actuación, y un maltrato más a quienes les exigimos coherencia, respeto y responsabilidad en sus decisiones.  

Colombia, particularmente la izquierda, vive un momento en el que el palo no está para cucharas. Mucho menos para que se ayude a clavar el cuchillo.  

*Economista-Magister en estudios políticos

Qué desfase, señor presidente

 No hay mandatario alguno al que se le pueda aceptar sustraerse de los principios éticos y el sentido de humanidad en su ejercicio de gobierno, menos cuando escasean las manos, faltan recursos y cada minuto es oro para el rescate de una vida.

Orlando Ortiz Medina*

Foto: The New York Times

Mientras literalmente el país se derrumba, el presidente Abelardo de La Espriella ha dejado ver que su cabeza está más ocupada en desarrollar su política internacional que en la atención de las prioridades que demanda la emergencia ocasionada por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto. 

Es claro que el señor De la Espriella no tiene los pies en la tierra, la que de manera implacable se sacude y nos castiga. No sabe dónde está parado, no es consciente de lo que necesita un país al que su gente llora, aunque con coraje y resistencia. Está en las nubes, situado en el universo de su megalomanía y disfrutando con insolencia las mieles del poder, de las que tanto gusta.  

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Apenas se estaban conociendo los primeros efectos del terremoto y, sin haberse referido al mismo, el presidente se ocupaba más bien de dar a conocer que reconocía la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Colombia se suma a la pandilla de gobernantes que se toman por asalto territorios, se pasan por encima del derecho internacional y de la voluntad y soberanía de las naciones. 

Qué desfase de agenda, qué señor fuera de foco. El departamento de Chocó, Pereira, Cali, Manizales y Buenaventura esperaban en ese momento al menos un mensaje de aliento y solidaridad, a falta igualmente de medidas para atender la emergencia. 

A pocos días de iniciado su mandato, era más urgente reafirmar su adscripción a la política expansionista de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que la atención a las consecuencias de un hecho, en efecto sobreviniente, pero que no debería demandar mayor desgaste de sesos para un señor de tan vasta frente.  

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De nuevo meando fuera del tiesto en cuanto a prioridades se refiere, pocas horas después se conocía la firma de un acuerdo para la realización de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, en un supuesto apoyo a la lucha contra el narcotráfico. Una medida claramente violatoria de la Constitución colombiana que, en su artículo 173, establece que ese tipo de decisiones deben ser autorizadas por el Senado de la República.

De esto nos hemos enterado por boca del secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, y no por la del gran comunicador que suele ser el señor presidente, hábil gestualizador y manipulador de imágenes. Era urgente certificar que los Estados Unidos necesitan un patio trasero más seguro, qué importa que, en el entretanto, se nos estuvieran cayendo las ciudades al interior del país. 

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En simultánea, en la misma noche del terremoto se produjeron bombardeos por parte de las fuerzas armadas en la región del Catatumbo para atacar supuestos blancos del Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Lo que hasta ahora se conoce, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo, es que la única afectada fue la población civil, pues quedaron tres personas heridas y un importante número de desplazados hacia el municipio de El Tarra.

No creo que alguien se oponga a que el Estado se ocupe de combatir a los grupos armados y delincuenciales, solo que, en momentos de tensión, de tanto dolor y depresión colectiva, bien vale pensar en si es necesario darse un respiro. El conflicto en el Catatumbo, que es el de toda Colombia, no comenzó ayer ni va a terminar mañana. 

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Desconcertante por demás ha sido la posición asumida por el Gobierno frente a la ayuda humanitaria ofrecida por otros países para atender la emergencia. Apoyos de naciones como México, China o Brasil han sido groseramente rechazados, mientras en Colombia la ciudadanía pone al tope el temple de su dolor, el alcance de sus manos y su indoblegable espíritu de solidaridad para ayudar al rescate de su gente. 

Todo indica que se ha establecido un curioso y deplorable filtro que deja pasar solamente el socorro que proviene de gobiernos afines a sus posturas ideológicas. Esto de alinear la cooperación internacional no es de un estadista serio y refleja solo una torpeza sin límites. No hay mandatario alguno al que se le pueda aceptar sustraerse de los principios éticos y el sentido de humanidad en su ejercicio de gobierno, menos cuando escasean las manos, faltan recursos y cada minuto es oro para el rescate de una vida. 

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En sus pocos días de gobierno, hasta ahora son un fiasco las hechuras y apariciones del presidente. Común en él, denotan antes que nada una muestra mediática, cada vez una nueva exposición de su vanidad y su arrogancia.

Lo vimos en su primer pronunciamiento sobre el balance del desastre, con una sonrisa de oreja a oreja, caminando y lanzando besos como reina en pasarela. Una imagen reprochable e indignante frente a un país que en ese mismo instante lloraba y sentía el dolor de cada vida perdida, de cada familia afectada.

Como se dice coloquialmente, el señor presidente no ha sentado cabeza, no se ha ubicado, no ha notado que ya pasaron los tiempos de campaña; no es consciente de las responsabilidades que ha asumido; no sabe en qué silla lo sentaron. 

Qué dirá ese medio país que lo eligió, si es que ya notó, que puso a un señor en el lugar equivocado. Un saltimbanqui que llega al ejercicio de gobierno como debutante de un circo y sin otra experiencia que la de haber deambulado entre negocios infectos e impuros recovecos.   

Sabemos, como dice un poema popular, de esos que a su refinado gusto no lo deben complacer, que “su extranjerismo es delicioso”; que delira siendo rey más allá de los confines de su patria; la misma de la que desprecia su comida y se mofa de su cultura. Sabemos, como bien lo ha destacado su agenda de estos primeros y atormentados días, que ha llegado más presto a servir a otros intereses que a atender las afugias de su gente. Todo eso y más sabemos del número uno del exhibicionismo y cero en humildad y sensatez que nos toca soportar en esta mala hora de Colombia. 

*Economista-Magister en estudios políticos