Tarjeta roja para el mundial

Bien vale que supiéramos hasta dónde llega el poder discrecional del presidente de la FIFA para otorgar ese tipo de favores y cuánto de esa discreción se encuentra atada a los intereses de aquellos a quienes simplemente se rinde como si su fueran sus amos. 

Orlando Ortiz Medina*

Imagen tomada de redes sociales

Definitivamente este sí ha sido el mundial de la vergüenza, como desde diferentes lugares se ha denominado. Lo que hasta ahora se establecía por lo ocurrido estrictamente en el campo de juego hoy se pone fuera de lugar y se traslada a la esfera de los poderes y las influencias políticas. 

Entra en barrena la máxima de que es el juego el único y último determinador de las decisiones que se tomen en la cancha, avaladas, claro está, por el juez central y los de línea, burlados esta vez por el influjo de fuerzas ajenas a la grama. 

El delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, recibió tarjeta roja en el partido contra Bosnia y Herzegovina, que lo dejaba inhabilitado para jugar contra Bélgica en el encuentro del 6 de junio en Seattle. Pero una llamada del presidente Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo que el futbolista fuera exonerado de la sanción. 

Lo ocurrido es el síntoma más claro del proceso de degradación en que viene el deporte más popular del mundo; la insignia del derrumbe moral y la quiebra ética de quienes están a cargo de su dirección, además de su anegamiento como lenguaje universal de comunicación entre pueblos, geografías, culturas y nacionalidades.  

En mal momento el fútbol deja de depender de las habilidades, destrezas y la condición física o los comportamientos de los deportistas en el terreno de juego, y se transfiere a quienes, faltos de escrúpulos y al arbitrio de sus poderes, se pasan por encima de las actuaciones de jueces y jugadores. 

El papel del presidente de los Estados Unidos y su interferencia para cambiar la decisión sobre hechos ocurridos en el juego es una desfachatez y una falta de respeto a quienes se sienten convocados al certamen futbolero. No menos lo es el del genuflexo presidente de la FIFA, del que deja poco que decir su impresentable gesto de humillación y de quien sabemos que no propiamente se ha lucido por su honradez, altitud y coherencia. 

Ya bastaba con haberle otorgado al fastidioso anfitrión del mundial el simulado Premio FIFA de la paz, que si algo busca es poner un velo a su ociosa manía de abrir cada vez más nuevos frentes de guerra en el mundo. 

Ya bastaba con haberle otorgado al fastidioso anfitrión del mundial el simulado Premio FIFA de la paz, que si algo busca es poner un velo a su ociosa manía de abrir cada vez más nuevos frentes de guerra en el mundo. Sin embargo, esta vez tocó fondo con el nuevo lengüetazo que muestra no solo su complejo de inferioridad y su odioso servilismo, sino la falta de atributos para estar al frente de la organización de la que es presidente. 

Bien vale que supiéramos hasta dónde llega el poder discrecional del presidente de la FIFA para otorgar ese tipo de favores y cuánto de esa discreción se encuentra atada a los intereses de aquellos a quienes simplemente se rinde como si su fueran sus amos.  

El talento de los deportistas no puede ser reemplazado por el juego sucio de las burocracias y el papel de quienes figuran como bisagras del poder. Las bondades del fútbol deben seguir siendo su capacidad de convocatoria, la pasión que despierta en sus hinchas, el espacio de lucimiento para los jugadores, su valor como espectáculo y las identidades que construye como símbolo de encuentro de las naciones que representa. 

Que por el influjo de factores ajenos a los campos de juego no llegue la hora en que tengamos que decir: el fútbol ha muerto; máxime cuando organizaciones como la FIFA se asimilan más a un circuito de corredores de bolsa en donde no propiamente se transan valores deportivos.

La permanencia en el cargo de personajes como el señor Infantino es una burla y una violación al derecho de los países a estar justamente representados; pero es también una oportunidad para llamar la atención sobre qué tanto en el deporte como cualquier otra disciplina el mundo necesita ante todo apuestas éticas. 

El talento de los deportistas no puede ser reemplazado por el juego sucio de las burocracias y el papel de quienes figuran como bisagras del poder.

No es que el hecho sorprenda; el fútbol ha estado siempre bajo el influjo y las impudicias de la política. Pero en medio de tanto desfogue de supremacías, abusos y ambiciones de dominio, más vale evitar que situaciones como la ocurrida pasen inadvertidas. 

No solo fue la llamada que burló la decisión en el campo de juego; también hubo restricciones al ingreso de jugadores, árbitros y miembros de las delegaciones de África y de la república de Irán, que fueron sometidas a largos interrogatorios y diferentes situaciones de hostigamiento y acoso. Un claro eco de la guerra en el Medio Oriente y de las acostumbradas manifestaciones de racismo y exclusión, propias de la divisa norteamericana y otras naciones que celebran el supremacismo blanco. En rara coincidencia, se han presentado denuncias de amaño en las decisiones de algunos jueces, que han afectado especialmente a equipos africanos, como fueron los casos de Argelia y Egipto en sus partidos contra Argentina. 

Lo anterior sin descontar el riesgo de ser detenido por el tenebroso ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dedicado a perseguir, sin apego al derecho y con todo tipo de atropellos, a inmigrantes latinos y de otras nacionalidades, quienes no se permiten siquiera el acercamiento a los estadios.

Mucho hay de la historia del fútbol para encubrir sucesos, desatar guerras y cambiar o lavarles la cara a gobiernos y dictaduras, entre otros. Recordemos, por ejemplo, que en 1985 se utilizó en Colombia para distraer a los ciudadanos mientras ardía en llamas el Palacio de Justicia y entre las balas del ejército y el comando guerrillero que se lo había tomado por asalto morían decenas de personas inocentes. Torturas, desapariciones y asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas del Estado tuvieron lugar mientras las pantallas de televisión transmitían un encuentro entre el equipo Millonarios y el Unión Magdalena. El resultado fue 2-0 a favor de Millonarios y del número de víctimas de ese día el marcador hasta ahora no se ha logrado establecer.  

Menos mal que el equipo de los Estados Unidos perdió contra el seleccionado de Bélgica con un contundente marcador (4-1) que difícilmente podría revertirse con una nueva llamada telefónica. Aun así, es un partido que se seguirá recordando como una mancha más en la historia de los mundiales; solo que el justo e incontrovertible triunfo de Bélgica logra en parte atenuar el tamaño de la insolencia del jefe natural de la escuadra gringa.  

Esta vez por lo menos no se dijo que la llamada al presidente de la FIFA se había hecho por estrictas razones de seguridad nacional. Lamentable eso de que lo que no pueda el fútbol lo pueda la política.

Hagamos fuerza para que en lo que resta para llegar a la final, como decía Maradona, no se siga manchando la pelota. 

*Economista-Magister en estudios políticos

 

Ni por la razón ni por la fuerza, por la defensa de la democracia

Colombia ha cambiado para bien en medio de sus dificultades. No merece, no aguanta un retroceso; gobernantes investidos por las élites de la mediocracia o por los voceros de una ralea emergente de pilluelos con fortuna -pero sin valores- no pueden ser ya una opción. No es un asunto de clase, es cuestión de dignidad. 

Orlando Ortiz Medina*

El próximo domingo, en una de las contiendas electorales más reñidas de las últimas décadas, Colombia decidirá entre dos propuestas encarnadas en dos personalidades, dos orígenes, dos historias y dos modos de ver y entender el mundo, absolutamente divergentes. 

Por un lado, Abelardo de la Espriella; nacido en Bogotá, abogado de profesión y especialmente hombre de negocios, como la figura que, después de ires, venires y argucias, le quedó a la derecha para buscar el reacomodo del país en los rieles del viejo establecimiento. Por otro, Iván Cepeda; también nacido en Bogotá, filósofo de profesión, destacado parlamentario y líder social, quien representa a las fuerzas democráticas y progresistas que insisten en avanzar hacia un modelo de sociedad basado en la defensa de la vida, el desarrollo sostenible y la equidad y la justicia social. 

De la Espriella es la quintaesencia de los antivalores. Hijo de esa estirpe forjada en la doble moral, el clasismo, el arribismo, el desprecio y la indolencia, así como de quienes acostumbraron a recrearse en la violencia e hicieron del enriquecimiento fácil, de fuente oscura, la almendra de su poder y su arrogancia. Es la contracara de la aspiración a la dignidad y la decencia que cualquier sociedad reclama: Impulsivo, ambicioso, sin escrúpulos, misógino, machista, de acción y gesticulación violenta, ostentoso y humillante con el lucro, sin experiencia en el manejo del Estado, pandito de conocimientos y muy hondo sí para moverse entre los recovecos de lo más bajo de la alcurnia nacional. 

Cepeda, en cambio, atrae por su humildad, su espíritu reflexivo, su alma serena y su profundo sentido de humanidad. Es ajeno a cualquier tipo de arrogancias y ambiciones, está lejos de una personalidad ostentosa, invoca al diálogo, inspira confianza, educa y marca pauta con el ejemplo.  

De la Espriella aprendió la mentira como método; el todo vale, el atajo como camino al éxito. Víctima e instrumento de su petulancia, vive prisionero de su imagen, de su empaquetadura pomposa y carente de contenido.

De la política ha hecho un cómic, una teatralización embaucadora, un campo en el que solo lo mueve la realización de sus avideces personales. Con el espectáculo simula su falta de talento; enreda, manipula, parece una cosa y es otra. No le gusta el fútbol, pero, con su astucia de timador, sabe cuándo ponerse la camiseta; no juega, pero sabe meter goles. 

No vive en Colombia, la pisa. Presume de sus otras nacionalidades, mientras se apena de la de su origen. Desprecia a su gente y su gastronomía, odia sus costumbres, su cultura. Renunció a sus compromisos con la patria firme que aspira a gobernar, mientras prometió su entrega y abyección a otra, que si para algo le ha servido es solo para reafirmar su pequeñez y petulancia. 

Con Cepeda vislumbramos un país con más tranquilidad. Con Abelardo iremos hacia el máximo de desestabilización social e institucional. 

Para Iván la política es comunión, esfuerzo, un llamado a pensar cómo hacer mejor la humanidad, construcción colectiva. Vive en su país, lo conoce, lo recorre, lo disfruta; dialoga con él, con sus territorios, con su gente; conoce sus problemas y se reconoce como parte de sus soluciones. 

El espíritu sosegado, reflexivo y dialogante de Cepeda permitirá avanzar mediante acuerdos en las transformaciones que el país necesita. La impulsividad, el ego inflado, la falta de experiencia, la desmesura y el lado oscuro de De la Espriella llevarán el país al rompe; será un salto al vacío, regar la hoguera con líquido inflamable.

Con Cepeda vislumbramos un país con más tranquilidad. Con Abelardo iremos hacia el máximo de desestabilización social e institucional. El costo social será muy alto para un país que, como Colombia, sigue siendo el tercero más desigual del mundo y el segundo más desigual de América Latina.

Cerrar ministerios, instituciones especializadas, reducir el gasto social, significa mandar a la calle a miles de empleados públicos, negar la posibilidad a jóvenes de los sectores populares de que accedan a estudios superiores e incluso secundarios, dejar a la intemperie a poblaciones vulnerables: niños, jóvenes, mujeres, familias en situación de pobreza extrema, minorías étnicas, población LGBTIQ+, personas en condición de discapacidad, madres cabeza de hogar, adultos mayores, entre otros. 

Cepeda tiene como eje de su programa la política social. Es decir, la reducción de la desigualdad, el cierre de brechas de pobreza y riqueza, la superación de las inequidades regionales. Asegura la protección de los derechos recuperados con la reforma laboral, la gratuidad en la educación, la posibilidad de que más personas alcancen una jubilación, el acceso a tierras para las familias campesinas, etc.; falencias que históricamente ha arrastrado el país y que están en la base de lo que ha alimentado la violencia. 

No es por la razón o por la fuerza, ese no es el dilema; es por la realización de la vida, la defensa de la democracia y la materialización del sueño de un país en el que alguna vez, por fin, quepamos todos. 

Tenemos pues la opción de elegir entre un candidato que propone acabar con la estructura del Estado, las instituciones democráticas y el respeto a las libertades y derechos; y otro que, sin que prometa acabar con todos sus problemas, seguirá llevando al país en medio de unas condiciones de estabilidad social, aceptable desempeño económico y un sistema institucional que ha respetado la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la garantía de derechos para todos los sectores políticos y sociales. 

Colombia ha cambiado para bien en medio de sus dificultades. No merece, no aguanta un retroceso; gobernantes investidos por las élites de la mediocracia o por los voceros de una ralea emergente de pilluelos con fortuna -pero sin valores- no pueden ser ya una opción. No es un asunto de clase, es cuestión de dignidad. 

Con un mínimo de razón e inteligencia, la propia derecha -sobre todo el sector empresarial- y la desubicada clase media entenderían los riesgos a los que a sí mismas se exponen con una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella. No cabe una propuesta que prometa destripar la oposición, pues esa violencia ya con muchos costos la hemos padecido. No puede aspirar a ser presidente quien propone seguir cultivando en los rastrojos de la guerra.

No es por la razón o por la fuerza, ese no es el dilema; es por la realización de la vida, la defensa de la democracia y la materialización del sueño de un país en el que alguna vez, por fin, quepamos todos. 

*Economista-magister en estudios políticos

Primera vuelta, profundizar el cambio

El triunfo de Iván Cepeda y Aída Quilcué en primera vuelta es un propósito a cumplir para asegurar el avance de una democracia que, en todos los órdenes, apenas empezamos a vivir.  

Orlando Ortiz Medina*

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Foto: Pares

La llegada, por primera vez, de un gobierno progresista fue un paso más de una serie de hechos que Colombia ha vivido en la última década. El cambio de signo de una dirigencia que se había mantenido en el poder por más de ciento cincuenta años abrió, por fin, el espectro de la democracia.

El triunfo de Gustavo Petro en 2022 sumó a la esperanza de una sociedad que ya vivía los cambios heredados de la firma del acuerdo de paz de 2016, que, pese a sus dificultades, dio impulso a la desactivación de la violencia y la vindicación de la política como forma de encarar los conflictos. De igual manera, los problemas develados por la pandemia del covid-19 y el estallido social de 2021 bajaron el telón y mostraron los protagonistas del nuevo país que entraba a escena. 

Es innegable que el país está cambiando y el gran reto de este 31 de mayo consiste en garantizar que no haya un retroceso. El regreso de las anteriores dirigencias sería una enorme frustración para una sociedad hoy habitada por la certeza de que otro modo de vida es posible. El triunfo de Iván Cepeda y Aída Quilcué en primera vuelta es un propósito a cumplir para asegurar el avance de una democracia que, en todos los órdenes, apenas empezamos a vivir.  

Contamos hoy con una ciudadanía más deliberante, más participativa, más consciente de sus problemas y con mayor claridad sobre la política como el lugar para allanar soluciones. Es la democracia en acto, la contracara de una realidad que había mantenido invisibilizados y reducidos a objetos de manipulación a importantes sectores de la población. Se ha ganado en que la democracia sea una forma de vida, algo más que un sistema de procedimientos o un conjunto de normas, no pocas veces confeccionadas justamente para burlarla.

El cambio de signo de una dirigencia que se había mantenido en el poder por más de ciento cincuenta años abrió, por fin, el espectro de la democracia.

La confluencia de obreros, campesinos, ambientalistas, indígenas, afrocolombianos, estudiantes, maestros, mujeres, comunidades diversas, etc., que hicieron de calles, plazas y otros lugares públicos el escenario para ejercer y valer sus derechos, fueron la clave para la aprobación de las reformas -las que se lograron- ante un Congreso siempre dispuesto a bloquear las iniciativas del Gobierno.

El protagonismo de estos nuevos actores y el contar con un gobierno salido de su entraña condujo a que en la agenda del Estado se pusieran en discusión problemas que han obstaculizado el desarrollo y las posibilidades de una sociedad menos violenta y más justa y democrática. La desigualdad, la pobreza, la elevada concentración de la riqueza, las brechas entre las zonas urbanas y rurales y las enormes disparidades regionales, son, entre otros, temas que hoy centran la atención, cuando antes se ignoraban como parte de la tragedia que ha padecido Colombia. 

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Una nueva manera de orientar la economía ha demostrado que es posible, de manera simultánea, promover su crecimiento, corregir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de las personas, en especial de las que viven en situación de mayor vulnerabilidad. En ello ha consistido el cambio de salario mínimo a salario vital que les permite a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas; la apuesta por un sistema de tributación más progresivo; los esfuerzos por diversificar la producción, reducir la dependencia de unos pocos productos de exportación, especialmente minerales e hidrocarburos, y lograr una inserción más competitiva en los mercados internacionales. Hoy Colombia tiene un sector agropecuario más potente, ha diversificado su canasta exportadora y es de los que más ha visto crecer el flujo de turistas desde diferentes regiones del mundo.  

Los resultados son elocuentes:

• El salario real aumentó durante este gobierno alrededor del 30%, muy por encima del incremento de los ocho gobiernos anteriores, que sumados ascienden al 26,1%.

• La tasa de desempleo registra la cifra más baja del siglo: 8,8% al cierre del mes de marzo.

• La inflación cerró en 5,1% en diciembre de 2025, después de haber llegado al 13,2% en 2022.

• La pobreza multidimensional cayó por primera vez a un solo dígito: 9,9% en 2025, el nivel más bajo desde que se mide en Colombia.

• La pobreza monetaria se redujo a 31,8% en 2024 a nivel nacional, la cifra más baja registrada en los últimos 13 años.

• En total, 2.6 millones de personas han salido de la pobreza durante el actual gobierno. 

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Cepeda y Quilcué son la única garantía de que esta senda de cambio y profundización de la democracia continue. 

Él es un líder en el que lo primero que hay que resaltar es su enorme sentido de humanidad y su incuestionable talante ético. Sereno, respetuoso, dispuesto siempre al diálogo y la conciliación, pese a una historia que en muchas oportunidades le ha sido adversa. Filósofo de formación, reflexivo, alejado de odios y venganzas y ajeno a ambiciones personales, ha sido un incansable luchador por la defensa de los derechos humanos y una de las personas que más ha hecho esfuerzos por alcanzar la paz. 

La revolución ética es la base principal de la propuesta de Iván y Aida. 

Ella es una lideresa indígena que lleva también la vocería de los pueblos a los que se ha querido condenar a la exclusión y el destierro. Actualmente es senadora de la República y ha ocupado varios cargos de liderazgo en su lucha por la protección de sus territorios y la defensa de los derechos humanos. Como Iván, es igualmente una víctima de la violencia de los agentes del Estado; su esposo, también líder, fue asesinado en 2008 por miembros del Ejército Nacional. 

Iván y Aída son sin duda la fórmula para enfrentar a quienes quieren retornar a la sociedad del pasado y siguen sin entender que el país cambió y que no se puede continuar en el estado de privilegios y desigualdades en que se ha sostenido Colombia. Peor aún, que se regocijan creyendo en las supuestas virtudes de la guerra, el autoritarismo y la violencia como premisas del orden y la estabilidad democrática, y no en la necesidad de un desarrollo incluyente y pensado para la vida y la justicia social como bases fundantes. 

La revolución ética es la base principal de la propuesta de Iván y Aida. Es algo que no interpela, por un lado, a quien pretende retornar al gobierno como heredera de una dinastía familiar a la que le pesa la historia de una nación hendida en sangre. Por otro, a quien solo hemos visto transitar por oscuros recovecos que le han inflado fama y bolsas, y promete un país y un Estado reducido al tamaño de su minúscula y ostentosa manera de ver y entender el mundo. 

El domingo tendremos la oportunidad de confirmar cuánto la sociedad ha cambiado y qué tan fortalecida está para defender el legado de un Gobierno que, por primera vez, ha estado del lado de quienes han asumido la tarea de construir la nueva historia.  

*Economista-magister en estudios políticos 

Si la muerte pisa mi huerto, que el otro sirva también de abono

Colombia clama el abandono de ese dejo filial entre muerte y política, de esa vena necrosante que no deja de supurar, aun en la hora de los oficios religiosos. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Meer

Clemencia Vargas, hija del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, destacó en sus manifestaciones de pesar que la mejor manera de honrar a su padre es evitar que Iván Cepeda Castro, candidato del Frente por la vida, llegue a la presidencia de la República. Algo similar ocurrió con Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, en su caso asesinado, quien afirmó que, si la muerte de su esposo había valido la pena, era para derrotar a Iván Cepeda. 

Las dos afirmaciones generan una pregunta: ¿Acaso la muerte de un ser querido tiene sentido o puede valer la pena?

Tal vez esta sea una nueva y vulgarizada versión del concepto de necropolítica, inicialmente propuesto por el filósofo camerunés Achille Mbembe, que se refiere al uso de la muerte como dispositivo de control y dominio de la población: la administración de la muerte por parte de quienes ejercen el poder y que se sienten facultados para decidir quién debe vivir y quién debe morir. 

Esta versión, digamos criolla, de la necropolítica, trasciende el hecho fúnebre para llevarlo a un lugar de celebración: la derrota del otro. La muerte física del líder sería compensada con la muerte política del adversario. 

Es también la invocación a la venganza como manera de redimir la pérdida; una contribución al duelo. Si la muerte pisa mi huerto, que el otro sirva también de abono. Es el uso utilitarista del hecho, sin recurso a valores o fundamentos éticos, donde el sujeto de duelo se deshumaniza y se le reduce a un objeto funcional, políticamente rentable. 

Como ha ocurrido con la vida, también se mercantiliza la muerte. Se le asigna un valor de uso: para movilizar, conmover, provocar emociones; asimismo un valor de cambio: se capitaliza el saldo que deja en el mundo de las transacciones políticas. 

Puestas vida y muerte en el mundo de las mercancías, la política se banaliza, evade su esencia, muere como espacio de discernimiento, posibilidad de construcción de un nosotros que genere comunión en las diferencias. 

Se necesita dejar de ser un país al que le pesan más los muertos que la solemnidad de la vida.

En Colombia, donde ejercer la política ha sido torear la muerte, va siendo hora dejar de vivir de la memoria de sus mártires: reales o inventados, de historia y legado o de fabricación mediática, de larga vida o de ocasión; pues cada invocación al mártir es un regreso al luto, un retorno al odio, una vuelta al origen de la tragedia. 

Se necesita dejar de ser un país al que le pesan más los muertos que la solemnidad de la vida. La muerte no puede seguir siendo un instrumento al servicio de la política ni el poder un bien más que se transmite por linaje y se rubrica secularmente a ciertas especies familiares. 

Se oye decir, curiosa demanda, que a Germán Vargas Lleras el país le quedó debiendo la presidencia; no es así, a menos que se considere que le correspondía por herencia o para no faltar a las costumbres que en el país han cercado el tránsito a la democracia. Si no llegó después de dos intentos fue porque no logró el respaldo de los electores y porque, de todas maneras, mucho va del siglo XIX al XXI, cuando éste ya no se conquista a coscorrones.

Tienen razón su hija, sus amigos y los miembros de su partido, Cambio Radical, en que él fue un elemento capital para la cultura política del país. Es cierto, de la política transaccional, del clientelismo, de los clanes regionales, de un partido destacado por sus récords de corrupción y del que fue mentor de un liderazgo arrogante, clasista y excluyente. 

Así que la idea de que el mejor legado de su partida sería “recuperar el rumbo de Colombia y no entregarle el país a Cepeda y sus secuaces” es un dislate, en un momento en que se transita hacia un nuevo umbral civilizatorio en donde, física, política o simbólicamente, matar al otro no sea el clímax de la política. 

La muerte no puede seguir siendo un instrumento al servicio de la política ni el poder un bien más que se transmite por linaje y se rubrica secularmente a ciertas especies familiares. 

Es comprensible el dolor de Clemencia Vargas por el fallecimiento de su padre y el de Claudia Tarazona por el asesinato de su esposo; tal vez, si así lo fuera, también lo sea el odio de Claudia por quienes le segaron la vida. Pero no hay razón para decir que uno valió la pena y el otro tenga sentido. Aunque por distintas razones, son muertes que se producen en el marco de una contienda política y en un país que hace de ellas moneda para el cambio. Basta ver el manejo que hicieron de ello los medios de comunicación, con clara intención y animosidad política.   

En 1994 el padre de Iván Cepeda fue asesinado por paramilitares y agentes del Estado. Como él hay miles y miles de personas que por la violencia o debido a otras razones no disfrutan ya de la compañía de sus familiares; pero estemos seguros de que saben, por lo menos en su mayoría, que es con el apego a la ética y la exaltación de otros valores como mejor se puede honrar su legado.

En medio de sus padecimientos, con la generalidad de sus conflictos no resueltos, aún en el kínder de la democracia y con el rezago de una violencia que ha sobresalido como soporte del poder, Colombia clama el abandono de ese dejo filial entre muerte y política, de esa vena necrosante que no deja de supurar, aun en la hora de los oficios religiosos. 

Sí, Colombia necesita cambiar el rumbo, y sí que lo viene haciendo; ojalá no haya regresiones y que los deudos, cualesquiera que ellos sean, dejen de tasar en codicias, cualesquiera que ellas sean, el saldo de sus dolores. 

*Economista-magister en estudios políticos 

Miedo, política y violencia

Es verdad que hay serios problemas de seguridad, pero el temor no construye respuestas, no edifica en democracia y no logra sortear el fracaso del Estado ante ese conjunto complejo de factores en los que la inseguridad toma forma

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Página 12

Estamos en el peor de los mundos cuando se espera que hechos de violencia, y el saldo que dejan de personas sacrificadas, se conviertan en una cifra a favor de quienes participan en las contiendas electorales. Es la miseria a la que se ha conducido la política y la degradación de valores de los que encarnan el liderazgo y la representación de sus organizaciones. 

Utilizar acciones, simbologías o imaginarios de violencia y hacer de ellos un medio para alcanzar objetivos políticos no es solo una muestra de la bajeza de ciertas colectividades políticas, sino el saldo histórico de la incapacidad para encontrar caminos civilizados frente a la superación de las tensiones que han inhibido las posibilidades de desarrollo y transformación del país. 

Es inadmisible que el rechazo y el dolor a que deben llevar situaciones como las que se presentaron recientemente en los departamentos del Valle y Valle del Cauca cedan a la avidez de triunfo de ciertos candidatos o candidatas, y que concitar el miedo sea la fuente de atracción y movilización de los electores, propósito en el que se incluyen, además, algunos medios de comunicación. 

Hacer del miedo un instrumento de movilización, políticamente rentable y traducirlo en políticas de gobierno desvirtúa la esencia de la democracia. Lleva a que individuos y colectivos actúen mediados por decisiones que, aunque aparente y razonablemente digeridas, no son más que formas viciadas de ejercer el control ciudadano y mantener las estructuras y relaciones de poder. Es un recurso de manipulación, se interioriza como condición psíquica, induce y condiciona la voluntad, vence la razón y falsifica la naturaleza de los problemas. 

Seguir recurriendo al pánico como estrategia de movilización o contención de la presencia ciudadana en el espacio de las deliberaciones es mantener el acento en premisas regresivas y cerrar el paso hacia una ciudadanía imbuida de principios y valores democráticos

El miedo y la violencia han trivializado la política, la han degradado, vaciado de contenidos y enajenado de sus ciudadanos. Le han negado el lugar que le corresponde como fuente de construcción de convivencia y han dado pábulo a la conformación de organizaciones armadas y delincuenciales, de diverso cuño, que ocupan, rechazan o reclaman la presencia del Estado, siempre lego a la hora de garantizar sus funciones. 

No se exagera al decir que Colombia es un país que hace muy poco ha comenzado a vivir en democracia; pues, además de lo que le ha significado trasegar en un escenario permanente de confrontaciones, la mayoría de su historia ha transcurrido bajo el dominio de una legión de políticos -y sus partidos- que llevaron al Estado a ser apropiado por prácticas non santas y a mantener excluidas a otras fuerzas o representaciones no afectas al establecimiento. 

Seguir recurriendo al pánico como estrategia de movilización o contención de la presencia ciudadana en el espacio de las deliberaciones es mantener el acento en premisas regresivas y cerrar el paso hacia una ciudadanía imbuida de principios y valores democráticos. Es, también, un contrasentido frente a los esfuerzos que se están librando para que política y violencia lleguen a ser realidades escindidas, y para lograr legitimar los conflictos y hacer que se tramiten por las vías institucionales; condición imperativa para vivir en democracia y superar esa especie de sino trágico al que al país pareciera querer condenársele. 

La situación ha cambiado, estamos en un escenario con presencia cada vez más protagónica de organizaciones y movimientos sociales que reafirman su liderazgo y trascendencia en la vida nacional

Colombia ya no es el monopolio bipartidista que anegó los caminos de la democracia durante prácticamente todo el siglo XX y los primeros lustros del siglo XXI. La situación ha cambiado, estamos en un escenario con presencia cada vez más protagónica de organizaciones y movimientos sociales que reafirman su liderazgo y trascendencia en la vida nacional. No es ésta la época del Estado de sitio ni la de una institucionalidad plenamente cooptada y roída por la corrupción, el nepotismo, el clientelismo y el dominio de clanes locales y regionales, aunque haya todavía quienes se resisten a la renovación de las dirigencias y sus amañadas costumbres.      

Es verdad que hay serios problemas de seguridad, pero el temor no construye respuestas, no edifica en democracia y no logra sortear el fracaso del Estado ante ese conjunto complejo de factores en los que la inseguridad toma forma: las necesidades sociales, la garantía de bienes públicos, la vigencia del Estado Social de Derecho, que rebasan las salidas puramente militares a las que generalmente conducen las estrategias fundadas en el miedo. 

Es parte del morbo político y algo ya muy desgastado poner a la izquierda a la sombra de las organizaciones armadas, que tuvieron su lugar, pero que ya no son las mismas ni cumplen el mismo rol que en décadas anteriores. Corresponde, más bien, saludar su presencia y reconocer que goza hoy de un alto grado de respaldo y legitimidad, lo que juega sin duda a favor de esa democracia en construcción. Una izquierda que ha puesto en cuestión el bloque en el poder, está demostrando que el estado de cosas existente no era un destino histórico y que las reglas de juego sí son propensas al cambio. 

Por fortuna hoy existe un electorado con mayor capacidad de reflexión, con un talante más crítico para la recepción de las propuestas y el trámite de la información. En otras palabras, menos susceptible a la manipulación y más cerca del ideal democrático que les respira en la nuca a los que, más bien por su propio miedo, pretenden seguir cosechando en las miserias de la guerra. 

*Economista-magister en estudios políticos 

Tasa de interés, golpe a la economía

Para cualquier ciudadano, independiente de su posición social o su nivel de ingresos, hoy resulta más gravoso usar su tarjeta de crédito, tomar un crédito de vivienda, de vehículo, en general de consumo o para atender otro tipo de necesidades. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Opinión Caribe

No es, como lo quieren hacer ver algunos sectores, especialmente de los gremios y la oposición política, ni un bloqueo institucional ni la puesta en cuestión de la autonomía del Banco de la República, lo que significa la salida de la reunión de su junta directiva por parte del señor ministro de hacienda, Germán Ávila, el pasado 31 de marzo.

Es sencillamente la manifestación de su desacuerdo con la elevación, por segunda vez consecutiva, de la tasa de interés en cien puntos básicos, a la que el Gobierno considera una medida no solo exagerada, sino inexplicable e innecesaria, que afecta sensiblemente la dinámica de crecimiento y la estabilidad macroeconómica.

Los datos de inflación de los meses de enero y febrero no justifican el tamaño de la decisión. De acuerdo con el DANE, la inflación del mes de febrero fue no solo inferior al de enero: 5,29% y 5,35%, respectivamente, sino que estuvo incluso por debajo de lo que el propio banco había proyectado en la Encuesta Mensual de Expectativas: 5,49%. 

Quedan pues en cuestión los criterios que están orientando las providencias de la Junta, a las que tampoco respalda el comportamiento de otros indicadores, como el desempleo, por ejemplo, o los datos de crecimiento económico, que están dentro de los rangos esperados o incluso por debajo de los mismos. El desempleo en febrero tuvo una reducción de 1.1 puntos porcentuales respecto a febrero de 2025, que desvirtúa además las previsiones de hecatombe anunciadas con ocasión del incremento del salario del 23,7% para 2026. 

Todo indica que no son propiamente criterios técnicos lo que está guiando a los creídos gurús de la economía, sino su negativa a revisar los dogmas y fundamentalismos teóricos, por qué no decir ideológicos, a los que han convertido en una especie de decálogo teológico para fundamentar sus decisiones.

Se equivocan si siguen considerando la política monetaria como el único instrumento de control de la inflación, sin advertir sobre sus inevitables impactos recesivos y el rol que en su comportamiento juegan otro tipo de factores, algunos ajenos a la política económica doméstica. Las dinámicas internacionales -ensombrecidas por las guerras militares y comerciales-, la interrupción de las cadenas de suministro, las alteraciones climáticas, entre otros, tienen un enorme peso en el comportamiento de los precios y no propiamente se corrigen con una resolución como la decretada por los intocables apóstoles de la ortodoxia monetarista. 

Todo indica que no son propiamente criterios técnicos lo que está guiando a los creídos gurús de la economía, sino su negativa a revisar los dogmas y fundamentalismos teóricos

La estabilidad macroeconómica trasciende el objetivo madre del Baco de la República, inflación cero, y debe estar en coherencia con otro conjunto de políticas, especialmente aquellas dirigidas a promover la dinamización de los sectores productivos, la generación de empleo, el estímulo a la capacidad de compra y la demanda de los consumidores, a lo que no le hace ninguna contribución el incremento del costo del dinero, que es, en últimas, a lo único que conduce la elevación de la tasa de interés.

Para cualquier ciudadano, independiente de su posición social o su nivel de ingresos, hoy resulta más gravoso usar su tarjeta de crédito, tomar un crédito de vivienda, de vehículo, en general de consumo o para atender otro tipo de necesidades. Pues está obligado a hacer una mayor contribución a las alforjas de una banca cuyos intereses se mantienen ajenos a los de un país que se esfuerza no solo por mantener a flote su economía, sino porque sus resultados redunden en beneficio de sus mayorías.  

Flaco favor se les hace a los sectores reales de producción mientras se premia solo al sector especulativo y financiero, nacional e internacional, que viaja plácido, rápido, a bajo costo y con excelentes perspectivas a los lugares donde mayores dividendos les ofrezcan, hoy Colombia entre ellos. 

Elevar -sin suficiente ilustración y sin que las circunstancias lo ameriten- en solo dos meses doscientos puntos básicos la tasa de interés es un contrasentido para una economía que hasta ahora no ha mostrado significativas alteraciones.

Los efectos se verán también sobre la tasa de cambio: una mayor revaluación del peso que, con sus más y sus menos, producirá alteraciones sobre los volúmenes, los costos de producción y el tamaño de la demanda interna, por el impacto esperado sobre los precios de las materias primas y de los bienes e insumos importados. Queda esperar también lo que resulte para los exportadores, que verán mermar sus ingresos por cada dólar exportado y se situarán con menos ventaja frente a sus competidores internacionales. 

Elevar -sin suficiente ilustración y sin que las circunstancias lo ameriten- en solo dos meses doscientos puntos básicos la tasa de interés es un contrasentido para una economía que hasta ahora no ha mostrado significativas alteraciones. Solo refleja el todos a una al que se han convocado las mayorías en el Congreso de la República, algunas Cortes, la Junta Directiva del Emisor y los sectores políticos y económicos reticentes al cambio, contra las políticas de estabilización, crecimiento y búsqueda de mayores condiciones de inclusión y equidad en las que se ha comprometido el actual Gobierno. 

Que los sabios rectores de la banca no confundan autonomía con indiferencia, que tampoco sientan amenazada su independencia por el llamado que se les hace a revisar el saldo en rojo y los manuales ya obsoletos con los que insisten en seguir orientando el destino de nuestras naciones. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

La metamorfosis

 

El efecto Oviedo llevó a que una mañana, al despertar, Paloma amaneciera transformada en una ilustre integrante del llamado y cada vez más difícil saber qué cosa sea, centro político.

Orlando Ortiz Medina*

Dalí. Museo de Bellas Artes de Asturias 

Por donde se le mire, no son propiamente méritos personales sino sucesos indeseados, juegos sucios, imprevistos y oportunismo, además de la baja capacidad competitiva de sus contendores en la consulta, los que pusieron a Paloma Valencia en el lugar en que está hoy en la carrera para la Presidencia de la República. 

Miguel Uribe Turbay, el más seguro candidato de su partido -pues él sí era el de Uribe Vélez-, fue infortunadamente asesinado en el transcurso de la campaña. Se hizo público que en plena celebración de sus honras fúnebres se develaron discordias entre Maria Claudia Tarazona -viuda del líder asesinado - y la, en su momento precandidata, Maria Fernanda Cabal. Al padre de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, lo sacaron muy pronto y a sombrerazos de su partido y tuvo que ir a hacer el duelo y a continuar la campaña de su hijo asesinado formando grupo aparte.  

La nominación de la candidatura de Paloma fue cuestionada por falta de transparencia en el mismo seno de su partido por uno de sus principales líderes, José Félix Lafurie, quien renunció y migró hacia el Movimiento de Salvación Nacional, que avala la candidatura de Abelardo De la Espriella. 

Con el camino despejado y ratificada, se dice que a regañadientes, por el dedo mágico de Uribe Vélez, Paloma Valencia se anotó otro triunfo al ser aceptada en la consulta de los precandidatos de la llamada Gran Alianza por Colombia, a los que sin ningún esfuerzo terminó engulléndose, después de que marcaba solo un 2% en las encuestas de opinión. La tenía muy fácil. Pues llegó a la consulta como la única con una estructura de partido, representación parlamentaria y sus respectivas clientelas regionales, de lo cual carecía la mayoría de sus competidores. Ha contado, además, con la ventaja de llevar en su maleta de campaña al expresidente Uribe, que le asegura la posibilidad de convocar al menos un chiflido en los lugares públicos en los que se presenta. 

Nunca como ahora nos habíamos enfrentado a dos propuestas tan distantes de país. 

Pero, si faltara, dos imprevistos ocurridos con Daniel Oviedo terminaron insuflando la suerte de la candidata, pocos días antes de que se realizara la consulta. Una increpación de Vicky Dávila y un comentario discriminador de Abelardo de la Espriella, se tradujeron en un millón doscientos cincuenta mil votos, nada despreciables para cualquier candidato, y mucho menos para Valencia, que finalmente lo acogió como su fórmula a la vicepresidencia. 

Así que Oviedo terminó siendo la vena a través de la cual le fluyó supuesta sangre nueva al desgastado uribismo. Por esas cosas del azar, de las volteretas de la política o de las rarezas de la vida, como en la famosa novela de Franz Kafka, La metamorfosis, el efecto Oviedo llevó a que una mañana, al despertar, Paloma amaneciera transformada en una ilustre integrante del llamado y cada vez más difícil saber qué cosa sea, centro político. 

En su nueva presentación, Paloma quiere ser más llamativa y parecerse menos al horrible insecto en el que, para una gran parte de la sociedad, terminó convertido su partido. 

Lo cierto es que, aunque se vista de seda, Paloma en sus alas se queda. Difícil que el maquillaje que le facilita Oviedo lleve a olvidar que ha sido una de las más connotadas representantes de la extrema derecha en Colombia, que lleva a pie de página las ideas de su gran jefe y que ha sido en el Congreso la más feroz opositora a las iniciativas de cambio que ha intentado llevar a cabo el actual Gobierno. 

Es fiel encarnación del conservadurismo, pervive en la añoranza de esa sociedad excluyente y desigual que la élite económica y política a la que pertenece se ha empeñado en mantener. Es de las que cierra ojos y oídos para no aceptar que hoy vivimos realidades y culturas diferentes: más plurales, más diversas, y en las que un mayor universo de actores se revela para decir que otro mundo es posible.  

Difícil pensar en la abrupta conversión a mansa Paloma a quien ha vivido en el solaz de la guerra y se mantiene atada a una dirigencia renuente a asumir la caducidad de sus dogmas. Esto explica en parte la negación de los derechos de sectores cuyas identidades, necesidades y aspiraciones no caben en sus estrechos marcos de comprensión, incluida la comunidad a la que pertenece Oviedo.

Oviedo, en cambio, no propiamente sufre una metamorfosis, sino que se reafirma como el uribista que siempre ha sido; pues parece que de progresista lo único que tiene es la manera abierta de asumir su orientación sexual.

Fue del equipo de campaña de Uribe en 2002, apoyó su reelección en 2006, se unió a la candidatura de Santos en 2010 (cuando era el que decía Uribe), a la de Zuluaga en 2014, cuando ya Uribe era enemigo de Santos; fue miembro del equipo de gobierno de Iván Duque. De manera que el único centro del que ha hecho parte es, en efecto, el Centro Democrático. 

Aun así, produce desazón verlo con un partido en el que claramente no es bien recibido por su militancia. Algunas voces han manifestado la inconveniencia moral de su postulación y su desacuerdo con que haya puesto condiciones, de las que finalmente se bajó, para aceptarla. 

Difícil pensar en la abrupta conversión a mansa Paloma a quien ha vivido en el solaz de la guerra y se mantiene atada a una dirigencia renuente a asumir la caducidad de sus dogmas

Es decir, juntos, pero con las distancias y precauciones debidas. Uribe lo dejó claro en su presentación en público cuando expresó, palabras más palabras menos: reconocemos la diversidad, pero los papás y las mamás pueden estar tranquilos porque nos comprometemos a garantizar el respeto y la seguridad de los niños. Qué insulto para Oviedo y la población LGTBIQ+, pues qué otra cosa significa esta expresión sino la reafirmación de que se le considera potencialmente peligrosa, como en diversas oportunidades lo han manifestado los sectores conservadores, de la derecha y la extrema derecha. 

De manera que el experto en estadística y proyecciones jugó esta vez una moneda al aire con la que perdería por las dos caras: si su dúo es elegido quedará subordinado a la agenda uribista; si no, habrá seguramente quemado las posibilidades de una carrera política que le hubiera augurado mayores éxitos.

En temas como la implementación del acuerdo de paz y la preservación de la JEP, en donde habita una de las mayores diferencias entre la candidata y su fórmula, el uribismo tiene líneas rojas de las que, como ha reafirmado Valencia, no está dispuesto a moverse. En el mismo sentido, estarían en juego temas como el respeto y efectiva aplicación de los derechos sexuales y reproductivos: la adopción y matrimonio de parejas del mismo sexo y el acceso legal y seguro al aborto, principalmente, aunque ya estén reconocidos constitucionalmente. Quedan en duda también los avances en materia de derechos sociales, en especial los laborales, pensionales, de protección de la vejez, gratuidad de la educación, entre otros, que no han sido del agrado del uribismo y su bancada en el Congreso de la República. 

En fin, es mucho lo que está en juego en estas próximas elecciones presidenciales. Nunca como ahora nos habíamos enfrentado a dos propuestas tan distantes de país. Una que quiere que se reconozcan las transformaciones culturales, se profundice la democracia, se valore la diversidad y se reduzcan las inequidades; y la que insiste en que nos mantengamos en medio de todo tipo de desequilibrios, que han sido la fuente principal de nuestra dolorosa historia de violencia. 

Ya veremos si los colombianos se deciden por un matrimonio por conveniencia o por una fórmula fundada en el anhelo de seguir trabajando por una sociedad en la que, sin rencores ni distinción, quepamos todos.  

*Economista-Magister en estudios políticos

Elecciones del Congreso, profundizar el cambio

En medio de una crisis sostenida, tanto de los partidos tradicionales como de las nuevas expresiones de la derecha y la extrema derecha, los movimientos progresistas y de izquierda ganan terreno y consolidan su liderazgo en el escenario político nacional. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto Senado de la República

El próximo domingo los colombianos y colombianas tendremos la oportunidad de cambiar la composición del Congreso de la República para avanzar un paso más en el proceso de transformaciones políticas y sociales que el país ha venido viviendo en los últimos años. 

En medio de una crisis sostenida, tanto de los partidos tradicionales como de las nuevas expresiones de la derecha y la extrema derecha, los movimientos progresistas y de izquierda ganan terreno y consolidan su liderazgo en el escenario político nacional. 

Así lo demuestran las encuestas y sondeos de opinión realizados con ocasión de la campaña electoral y la elevada imagen de favorabilidad del presidente Gustavo Petro, que prácticamente se mantiene en el mismo nivel que al comienzo de su mandato. El impacto de sus políticas, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, es señal de una sociedad que está cambiando y de una ciudadanía que no está dispuesta a permitir regresiones. 

En este contexto, nunca como ahora la elección del Congreso había adquirido tanta relevancia, con un electorado más informado y consciente de la importancia que tiene la decisión de votar por uno u otro de quienes aspiran a erigirse como sus representantes en el legislativo.

Junto con el ejecutivo y el judicial, los tres poderes cumplen la función de garantizar que exista un sistema de pesos y contrapesos, como condición esencial para el funcionamiento de la democracia.  Pese a esto, lo que ha predominado en Colombia es un acuerdo tácito de toma y dame, especialmente entre el ejecutivo y el legislativo, que ha desgastado la independencia y el ideario democrático como fuerza vinculante de las ramas del poder público.

Senadores y representantes terminaron en un tejemaneje de transacciones que, por un lado, garantizan gobernabilidad al ejecutivo y, por otro, aseguran a congresistas prebendas, contratos y recursos que les permitan mantener el apoyo de las bases de sus partidos y en sus feudos locales y regionales. Más aún, muchos se posicionan en sus cargos como representantes de grupos particulares, especialmente de sectores empresariales u otros grupos de poder, para quienes cumplen la tarea de evitar que pasen leyes o reformas que puedan afectar sus intereses. 

Un cambio de escenario  

La experiencia con el actual gobierno marcó, en parte, una ruptura histórica, aunque no necesariamente para bien de la democracia. Lo que era un maridaje entre el congreso y el ejecutivo tornó hacia un propósito puramente obstruccionista por parte de los legisladores de la oposición, que sumados son mayoría, bloqueando una a una las iniciativas del Gobierno. 

En las elecciones del próximo domingo convergen dos retos fundamentales: primero, garantizar la continuidad de la agenda social iniciada por el Gobierno de Gustavo Petro; segundo, profundizar el proceso de cambio y mejorar la calidad de la democracia 

Propuestas que concitaban el interés general fueron negadas sin agotar los trámites en las respectivas comisiones o en las sesiones plenarias, como también sin los criterios técnicos y estudios serios de sus alcances en la búsqueda de respuestas a los grandes problemas del país.  

La reforma laboral, la reforma pensional -todavía en espera tras la demanda interpuesta por la candidata Paloma Valencia-, la reforma a la salud, dos propuestas de Ley de Financiamiento y la propuesta de Ley de Jurisdicción Agraria, para tomar solo las principales, fueron sometidas a un largo viacrucis y en su mayoría hundidas por un cuerpo parlamentario al que apenas lo mueve un ánimo revanchista y el interés de ver un Gobierno conducido al fracaso. 

Una agenda que debe continuar 

En las elecciones del próximo domingo convergen dos retos fundamentales: primero, garantizar la continuidad de la agenda social iniciada por el Gobierno de Gustavo Petro; segundo, profundizar el proceso de cambio y mejorar la calidad de la democracia con unas elecciones no solo más transparentes sino en las que las fuerzas progresistas alcancen mayor representación.  

Sin embargo, lo anterior no es posible si el dominio parlamentario lo mantienen los residuos de los partidos Liberal o Conservador que, sobreviviendo de sus estructuras y prácticas clientelistas, siguen siendo un freno al progreso que el país requiere. Lo mismo ocurre con el Partido de la U, Cambio Radical e incluso algunas expresiones del Partido Verde, para no nombrar otras colectividades de menor factura, que no tendrán otra misión que la de seguir engrosando el palo en la rueda. Poco que agregar respecto del Centro Democrático, que ha demandado todas las reformas, se consagra como la máxima expresión de la degradación de valores en la política y permanece anclado a la idea de que todo en Colombia es un asunto de soluciones militares. 

Como proyecto político nacido de la confluencia de sectores sociales y expresiones políticas y culturales que representan la diversidad del país, el Pacto Histórico es el único que ha trazado una agenda orientada a fortalecer la democracia. Es un propósito de largo plazo, pero con una ciudadanía cada vez más dispuesta y a la que la evidencia de los cambios ha convencido de que, si se continúan renovando las dirigencias, otra sociedad sí es posible.

La tarea queda pendiente.

*Economista-Magister en estudios políticos 

El salario es vital

 

El auto del Consejo de Estado es una decisión en contravía del propósito que ha inspirado a este Gobierno de corregir las enormes inequidades que existen en Colombia y que afectan especialmente a los(as) trabajadores(as) de más bajos ingresos

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Unidad Solidaria

Preocupa seriamente el estado de las instituciones en Colombia. Decisiones que deberían emitirse con estricto apego al ordenamiento jurídico están siendo sobrepuestas por criterios de orden esencialmente político o ideológico, que ponen en cuestión la solidez de la democracia y del Estado Social de Derecho. 

Fallos recientes como el de la Corte Constitucional que suspendió provisionalmente la emergencia económica; el del Consejo Nacional Electoral que truncó la participación de Iván Cepeda en la consulta del próximo 8 de marzo, y el auto del Consejo de Estado que interrumpió de manera transitoria el incremento salarial decretado por el Gobierno para 2026 generan recelo por su presunta falta de validez y legitimidad. 

En las vestiduras de jueces, magistrados de las altas cortes, consejeros de Estado y del Consejo Nacional Electoral, principalmente, parecieran ocultarse personajes a los que, antes que la salvaguarda del Estado de Derecho, como presumen argumentar, lo que realmente los mueve es su defensa del modelo de desarrollo. 

Ni la decisión de la Corte Constitucional ni la del Consejo de Estado tienen precedentes en la historia de Colombia. Ni una ni otro tienen facultades para emitir ese tipo de fallos provisionales. Así que en el autootorgamiento de estas nuevas potestades puede advertirse más bien una reacción al hecho de que en el país haya hoy un gobierno de izquierda. No de otra forma podemos entender esta lista inédita de fallos que muestran el comodín en que ha quedado convertido el derecho, al arbitrio de interpretaciones que bien podríamos asimilar a juicios amañados. 

Salario vital para corregir inequidades 

El auto del Consejo de Estado es una decisión en contravía del propósito que ha inspirado a este Gobierno de corregir las enormes inequidades que existen en Colombia y que afectan especialmente a los(as) trabajadores(as) de más bajos ingresos. 

El cálculo del nuevo salario iba más allá de una simple acepción normativa y revisaba tanto conceptual como técnicamente los criterios para decidir la remuneración de los(as) trabajadores(as). 

En el primer caso, se pasaba del concepto de salario mínimo a salario vital, que acoge con propiedad lo que significa ser parte de un Estado Social de Derecho. En el segundo, revisaba los criterios de medición, con el propósito de que el ingreso recibido por el trabajador alcance para cubrir, al menos en parte, el costo de una canasta básica; es decir, que cubra bienes y servicios esenciales para dignificar sus condiciones de vida.  

El concepto de salario vital se basa en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sirve para medir la brecha entre el valor del salario mínimo y el costo real de vida de una familia, que es finalmente lo que está en el centro de la discusión. Y aunque los defensores de la pírrica remuneración de Colombia aduzcan que el concepto de salario vital no está dentro de la Ley 278 de 1996 (que establece los parámetros para calcular el incremento) y que no es vinculante con los preceptos de la OIT, hay que recordarles que sí está ordenado por el artículo 53 de la Constitución Nacional que, se les olvida, es la norma de normas.

El artículo 25, por su parte, expresa que … toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Dignas y justas, entre otras, significa, como ya se anotó, una remuneración que cubra siquiera el costo de una canasta básica, lejos de lo cual ha estado siempre el ya en desuso concepto de salario mínimo.

Asimismo, el incremento del Gobierno se fundamentó en la sentencia C-815 de la Corte Constitucional, proferida en 1999, que obliga tener en cuenta con carácter prevalente la protección del trabajo y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital.  

Están fuera de contexto quienes no se han dado cuenta de que el país cambió y que no es posible mantener las circunstancias en el que unos viven en los privilegios mientras otros se consumen en la pobreza.

Si se acogieran las recomendaciones de la OIT, el mínimo vital debería tener en cuenta el consumo mínimo de calorías que requiere diariamente una persona, los costos de vivienda y de los servicios públicos, los gastos de salud, educación, transporte, ropa, productos de limpieza y comunicaciones, principalmente. Si así fuera, su valor debería ser de $ 2´982.960 para un hogar promedio de cuatro personas. Una cifra inferior sería, en efecto, violatoria de la constitución. 

Protección del trabajo o bloqueo al Gobierno

El Consejo de Estado, cuyos magistrados reciben 26 veces lo que gana un(a) empleado(a) de salario mínimo, actúa en contra de sus derechos y reitera la vocación de prácticamente toda la institucionalidad de bloquear las medidas que ha querido impulsar el Gobierno. Su decisión es en extremo grave y reafirma el estado de tensión e incertidumbre al que han querido llevar el país. 

Para los trabajadores hay ya un derecho adquirido que impediría la reversión definitiva del decreto; muchas alzas se han realizado teniendo en cuenta el valor del nuevo salario; también ya el Banco de la República, en un tono desmedido, subió las tasas de interés a niveles que nadie esperaba. Queda por verse qué más pueda pasar frente a una decisión que, por donde se le mire, viene muy mal.

Están fuera de contexto quienes no se han dado cuenta de que el país cambió y que no es posible mantener las circunstancias en el que unos viven en los privilegios mientras otros se consumen en la pobreza. Colombia necesita avanzar en atender las necesidades y garantizar los derechos de esas mayorías a las que les ha tocado llevar sobre sus hombros el peso de un modelo de desarrollo pensado para el beneficio de ciertos intereses y no del bienestar general.

Valdría preguntarles a los detractores de esta nueva visión conceptual y técnica de cálculo del salario por qué, por ejemplo, cuando se promulgó la Ley 789 de 2002, ni las instancias guardianas del Estado de Derecho ni gremios económicos, ni los partidos afines a sus intereses se pronunciaron frente a los efectos nocivos que tuvo sobre los(as) trabajadores(as). ¿Por qué entonces no se adujo la protección especial del trabajo? ¿Por qué nadie reaccionó a la reducción del valor de las horas extras, la extensión de la jornada nocturna y la precarización de los sistemas de contratación que puso de moda los contratos de prestación de servicios?   

Lo que está en juego en Colombia son dos modelos de sociedad

¿Quién ha llamado a rendir cuentas al expresidente Uribe, responsable principal de las reformas de 2002, porque ni el empleo aumentó ni mejoró su calidad, ni se redujo la informalidad, que fue el pretexto con que tales reformas se pusieron en curso? ¿No era entonces relevante la especial protección del trabajo, que hoy demagógica e hipócritamente se invoca?  

Más allá de la coyuntura

Lo que está en juego en Colombia son dos modelos de sociedad, cada vez más distantes, en un país en el que, como Colombia,  en asuntos de democracia nos vemos todavía en un lento proceso de maduración. Persiste una enorme brecha entre el ideal del Estado Social de Derecho y las condiciones materiales de vida de los ciudadanos. La democracia, en esencia, sigue reducida a instituciones y procedimientos formales, hueramente normativos y al acomodo de funcionarios que, sesgados en sus posiciones, confunden fallos en derecho con auténticas leguleyadas. Mientras tanto, ni alarma ni avergüenza, seguimos siendo el tercer país más desigual del mundo y el primero de América Latina.  

El salario vital deberá ser defendido por los(as) trabajadores (as) y por todos(as) los(as) que consideren que el país no se debe detener, los cambios no se pueden reversar y que la aspiración a la democracia debe ser la ruta por la que necesita seguirse conduciendo.

Economista-Magister en Estudios políticos 

La consulta perdió razón de ser

Sin la participación de Iván Cepeda, la consulta del Frente por la Vida perdió todo sentido y le quitó fuerza al hecho que había generado entusiasmo de millones de colombianos y colombianas 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Focus Noticias

Duro golpe le ha dado a la democracia el Consejo Nacional Electoral, CNE, al cerrarle el paso a la participación del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, en la consulta del Frente por la Vida, que junto con otras consultas partidistas se realizará el próximo 8 de marzo.

Colombia ha sido siempre una democracia a medias, un destino histórico que la ha castigado como nación y por el que ha tenido que afrontar, entre mucho más, una penosa situación de violencia. Aun así, creemos haber avanzado y estar envueltos en vientos de cambio con hechos que se han destacado en las últimas décadas.

La firma de acuerdos de paz con varias organizaciones insurgentes, el debilitamiento de la dirigencia y los partidos tradicionales que se habían apoderado del Estado, así como la emergencia de nuevas fuerzas sociales y políticas que reconfiguraron el mapa de poder en el país, nos han llenado de optimismo al ver una ampliación del espectro democrático y un escenario más despejado para el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos.  

Ojalá no sea así y fracasen en su empeño los que se resisten a dejar que sigamos avanzando hacia un nuevo umbral civilizatorio en el ejercicio de la política.

Sin embargo, lo ocurrido ayer es claramente un paso atrás. Quiebra el ánimo y lleva a pensar que lo que se busca es regresar la nación de los tiempos dolorosos en que nos hemos visto sumidas muchas generaciones. Ojalá no sea así y fracasen en su empeño los que se resisten a dejar que sigamos avanzando hacia un nuevo umbral civilizatorio en el ejercicio de la política.  

Quizá ningún lugar como Colombia ha sido testigo de lo que significa anegar la democracia en triquiñuelas, galimatías jurídicos, lentificación de los procesos y politización de decisiones que burlan y conducen a una vulgarización del derecho. 

Colombia ha sido siempre una democracia a medias, un destino histórico que la ha castigado como nación y por el que ha tenido que afrontar, entre mucho más, una penosa situación de violencia.

De todo ello se ha visto aureolado el CNE y es sobre ese charco de inmundicias que se interpone a un proyecto político que avanza y a casi tres millones de colombianos que el pasado mes de octubre delegaron su poder en Iván Cepeda para que los representara en una consulta interpartidista. Una leguleyada se impone sobre la voluntad soberana del constituyente. 

Esto debería ser un llamado a todas las fuerzas políticas para que no cejen en la idea de que a la democracia no hay que temerle, hay que dejarla fluir y es el mejor antídoto contra la violencia y los problemas que todavía tenemos pendientes de resolver. Los sectores conservadores, a los que con el freno a Iván Cepeda el CNE lanza un salvavidas para evitar su ahogamiento, tienen que asumir que los tiempos cambian, la política es mutante y el usufructo del poder no puede ser una condición sempiterna. 

Carece de toda lógica que, según las encuestas, el candidato con mayores posibilidades de ganar la presidencia sea bloqueado -en una supuesta acción jurídica- por un ente conformado en su mayoría por las fuerzas políticas interesadas en su derrota. Permitir su participación en la consulta hubiera sido, muy al contrario, una manera inteligente de enaltecer y dar sentido y valor a la democracia. 

Sin la participación de Iván Cepeda, la consulta del Frente por la Vida perdió todo sentido. Le quitó fuerza al hecho que había generado entusiasmo de millones de colombianos y colombianas que ya celebraban, si no todavía el triunfo de Cepeda, sí la posibilidad de ser parte de un proceso que ha venido redefiniendo sus protagonismos y reescribiendo su historia.  

Hizo bien el Pacto Histórico en tomar la decisión de marginarse de la consulta e inscribir a Iván Cepeda como su único candidato a las elecciones presidenciales. Ello confirma su vocación democrática y la confianza que le ofrece la fuerza que ha demostrado en las plazas públicas y en todas las encuestas y sondeos de opinión hasta ahora realizados. 

Carece de toda lógica que, según las encuestas, el candidato con mayores posibilidades de ganar la presidencia sea bloqueado -en una supuesta acción jurídica- por un ente conformado en su mayoría por las fuerzas políticas interesadas en su derrota.

En estas circunstancias, si son coherentes, además de tener un gesto de solidaridad y de respeto hacia su colega y contendor, lo esperable es que Camilo Romero, Juan Fernando Cristo y ¿Roy Barreras? decidieran también hacerse a un lado y no participar en la consulta. De permanecer en ella, para cualquiera que resultara ganador no dejaría de significar una gran pérdida, sobre todo para su investidura ética, después de haber jugado en una cancha totalmente despejada y sin la neutralidad de los jueces. 

En lo personal, lo creo de Camilo Romero, tal vez de Juan Fernando Cristo, pero imposible pensarlo de un señor como Roy Barreras, que mucho tiene de tahúr y muy poco de decencia para actuar en política, como lo evidencia su periplo de extremo a extremo por casi todos los partidos y la actitud oportunista que ha asumido frente a la decisión tomada por el CNE respecto a la participación en la consulta por parte de Iván Cepeda. 

Ha fallado la Corte

Es paradójico que políticas y programas -votadas democráticamente-, dirigidas a buscar la prevalencia del interés general, eliminar la inequidad, la exclusión, la existencia de posiciones dominantes, etc., sean tumbadas por la Corte Constitucional; justamente encargada de garantizar los principios que rigen el Estado Social de Derecho. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto tomada de: Zona Cero

La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica no solo es un duro golpe contra la estabilidad económica de la nación, sino una falla más en su obligación de actuar bajo principios que promuevan el interés general, la equidad y la salvaguarda del Estado Social de Derecho.  

El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, se hizo con base en las facultades establecidas en el artículo 215 de la Constitución y tenía dos propósitos fundamentales:  

Primero, apropiar recursos adicionales para atender la situación de inestabilidad y déficit fiscal que viene afectando al país desde gobiernos anteriores y que podría llevar a situaciones más gravosas en el inmediato futuro. 

Segundo, generar impactos redistributivos -más equidad-, con medidas dirigidas a que las personas de más altos ingresos hicieran una mayor contribución al presupuesto nacional.

En consonancia con lo anterior, al amparo de la emergencia económica, se dictó el Decreto 1474, que fijaba un gravamen a patrimonios superiores a dos mil millones de pesos (existía ya para patrimonios superiores a 3600 millones), aumentaba en 15% la sobretasa de renta al sistema financiero y el IVA al 19% al consumo de licores, sin incluir la cerveza. 

Asimismo, prorrogaba el impuesto del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón, y el impuesto a juegos de suerte y azar decretado bajo las medidas tributarias en la conmoción Interior de la región del Catatumbo, al inicio de 2025. Se establecía también una medida adicional de normalización tributaria para personas que no han declarado los bienes que tienen en el exterior. Además, el decreto permitía una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN, en mora a 31 de diciembre de 2025.

Ninguno de los impuestos que se crearon o aumentaron con la emergencia tocan productos básicos de la canasta familiar o afectan a los contribuyentes de medianos o más bajos ingresos. 

El gravamen al patrimonio se cobraría a partir de montos superiores a dos mil cien millones de pesos, con tarifas progresivas desde el 0,5% hasta el 5% a patrimonios superiores a los cien mil millones de pesos. El impuesto al consumo de licores y cigarrillos se enmarca dentro de los llamados impuestos saludables, pues es conocido su impacto nocivo a largo plazo, que al final termina siendo más oneroso para el Estado. Respecto de la sobretasa a la renta del sector financiero, a noviembre de 2025 sus utilidades llegaron a $122 billones, una cifra bastante cómoda como para que le pueda hacer una mayor contribución al tesoro nacional.

Esa ha sido la perspectiva del Gobierno desde sus primeras etapas, preocupado porque el país avance hacia un sistema de tributación no solo más progresivo sino que a mediano y largo plazo garantice mayores condiciones de sostenibilidad. 

¿En qué falló de la Corte? 

La decisión de la Corte de suspender provisionalmente el Decreto no midió las consecuencias de su decisión en el propósito de buscar unas finanzas más equilibradas para el país, lo que pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones y lo expone a asumir costos superiores o enfrentar mayores obstáculos en los escenarios de crédito nacional o internacional.  

Es un revés más al esfuerzo que con distintas iniciativas ha hecho el Gobierno para ajustar un presupuesto que recibió desbalanceado y que, como ahora en La Corte, no han tenido eco en el Congreso ni en los gremios, ni en los partidos de oposición.

Dos proyectos de ley de financiamiento hundidos en el Congreso de la República, declarar inconstitucional la norma que prohibía a las empresas mineras y petroleras deducir las regalías de su impuesto sobre la renta, entre otros, conforman un conjunto de hechos, interpuesto con un ánimo inaudito y deliberado de llevar al fracaso un programa de gobierno que esta vez no consulta ni se ajusta a los intereses de quienes hasta ahora han dispuesto a su antojo de las instituciones del Estado. 

En razón de lo anterior, se cae de su peso el alegato de que la declaratoria de emergencia es improcedente por la no existencia de hechos sobrevinientes, pues consta que el Gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para enfrentar la situación por las vías y procedimientos ordinarios. Se advirtió de la situación, se expusieron los argumentos, se propuso actuar a tiempo; pero se le cerró la puerta al diálogo y se le hizo el quite a un estudio y un debate cualificado que permitiera encontrar una salida en conjunto.

Las utilidades del sector financiero fueron de $122 billones a noviembre de 2025, una cifra bastante cómoda como para que le pueda hacer una mayor contribución al tesoro nacional.

La verdad es que Corte y Congreso se desviaron de sus funciones de priorizar el interés nacional y se quedaron fustigando el ideario de los que no propiamente se conducen en defensa de un orden cuya caducidad ya viene siendo decretada.  

Además, no es cierto que se esté poniendo en vilo la división y el equilibrio de poderes, el Gobierno ha sido respetuoso de la Constitución y del Estado de Derecho. Lo que sí es objeto de un análisis más profundo es que la Corte haya actuado en contravía de decisiones anteriores, tomadas en su mismo seno, referidas a la restricción que tiene para suspender de manera provisional decretos dictados al amparo de medidas de excepción, para lo que no estaría legalmente facultada.

Conviene revisar la Sentencia C-179 de 1994, según la cual la suspensión provisional de decretos promulgados en estados de excepción no solo no es procedente, sino que, por el contrario, es inconstitucional. 

El inciso 7 del artículo 241 de la Constitución Nacional es claro cuando afirma que a la Corte le corresponde decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos que dicte el gobierno, con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. De manera que, si el deber de la Corte es pronunciarse en forma definitiva, no se entiende que esta vez haya hecho una suspensión provisional. 

Al ser la primera vez que se toma una decisión de esta naturaleza, queda en el ambiente que se ha dado curso a una nueva manera de interpretar por parte del ente de control. Esto deja dudas acerca de una eventual sobreposición de criterios políticos por encima de los que ha debido seguir, si actuara estrictamente en derecho.

Como la decisión definitiva sobre la constitucionalidad del decreto está todavía pendiente, valdría también el argumento de que hubo un prejuzgamiento que, siendo precisos, restaría legitimidad tanto al fallo como a la Corte misma, lo que debe considerarse grave. ¿Qué sentido tiene ya esperar el fallo de fondo de un órgano supremo de control constitucional que, como se dice popularmente, ya peló el cobre?

No es el Gobierno, es el país en apuros 

El efecto concreto es que necesidades y demandas urgentes de atender, especialmente en materia de salud y seguridad, así como otras obligaciones que exigen recursos para el funcionamiento del Estado, se van a ver afectadas con impactos que podrían lesionar aún más el orden social e institucional.

Sin mucho margen de acción, el Gobierno se verá impelido a replantear presupuestos, reorganizar programas de pago, recortar gastos y acudir a no se sabe qué tipo de medidas para obtener fondos que lo ayuden a hacer frente a una situación en la que al final todos terminaremos asumiendo los costos. Nada parece importar que Colombia se mantenga como el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo.

El país está en bancarrota institucional si sus máximos órganos de decisión, peor tratándose de sus jueces y magistrados, se politizan.

Es paradójico que políticas y programas -votadas democráticamente-, dirigidas a buscar la prevalencia del interés general, eliminar la inequidad, la exclusión, la existencia de posiciones dominantes, etc., sean tumbadas por la Corte Constitucional; justamente encargada de garantizar los principios que rigen el Estado Social de Derecho. 

No sobra señalar que era esperable el sentido de la ponencia del señor Carlos Camargo Asís, cuestionado desde mucho antes de su nombramiento como magistrado y poseedor de una hoja de vida que no propiamente lo destaca por sus méritos éticos y profesionales. Recordemos aquello de que “salió mal” cuando fue Defensor del Pueblo.  

El país está en bancarrota institucional si sus máximos órganos de decisión, peor tratándose de sus jueces y magistrados, se politizan. Se quiebran los principios éticos y de transparencia que deben orientar sus actuaciones, más aún cuando en el Congreso las decisiones siguen dominadas por el cabildeo de empresarios, castas políticas y grupos de interés que no ceden en su empeño de que el establecimiento se mantenga intocable. 

Hay un estado de derecho que defender, sin duda, y una democracia que en todos sus aspectos se debe fortalecer; pero nada será alcanzable si dejamos que las formalidades e intríngulis del derecho terminen ahogándonos. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

Al fin bajó el salario de los (as) congresistas

Si algo ha dejado claro la legislatura que termina es la importancia de contar con parlamentarios que no sean de los que siempre han sido mayoría y, en consecuencia, un freno a las alternativas de cambio

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Diario El País, Cali

En buen momento y en una acertada decisión, el Gobierno ha expedido el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026 que, con la eliminación de la prima especial de servicios, reduce el salario de los congresistas. 

Varios intentos se habían hecho en el seno del propio Congreso para corregir lo que significa una enorme inequidad frente a otros sectores en la asignación salarial, pero, ni bobos que fueran, a través del ausentismo, el rompimiento del cuórum en el momento de las votaciones y otro conjunto de argucias, los opositores a la medida, empaquetados en las diferentes versiones de los partidos de derecha, y algunos del Verde, lograron imponerse y proteger su abultado estipendio por el loable sacrificio que hacen por el bien de la patria. 

La prima especial de servicios -el sobresueldo-, que a partir de la próxima legislatura dejarán de recibir los congresistas, fue establecida desde 2013 través del Decreto 2170, que sustituía las llamadas primas de localización, de vivienda y de salud que ya venían disfrutando los congresistas. 

En su momento inició con un valor de siete millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($7.898.445), reajustable anualmente en el mismo porcentaje que subiera el salario básico y considerado como componente del factor salarial para la liquidación de las primas de servicios y de navidad. A fecha de hoy ese valor asciende aproximadamente a dieciséis millones de pesos ($ 16´000.000), suma nada despreciable a la que se les hizo acreedores a los padres de la patria, con cargo al fisco nacional. 

Varios intentos se habían hecho en el seno del propio Congreso para corregir lo que significa una enorme inequidad frente a otros sectores en la asignación salarial.

La derogación del Decreto 2170 de 2013, que procede con la expedición del 0030 del 19 de enero de 2026, firmado por el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas, representa para el país un ahorro de cerca de cincuenta y seis mil millones de pesos anuales ($56.000´000.000).

Viene bien esa platica en el momento en que se discuten afugias fiscales y cuando buena parte del país, entre ellos un buen número de congresistas, se contorsiona por el aumento de trescientos veintisiete mil pesos ($327.000) que se ha hecho a los trabajadores que devengan el salario mínimo, más el auxilio de transporte que crece en cerca de cincuenta mil pesos ($50.000). El total devengado será de dos millones de pesos ($2´000.000), veinticinco veces menos de lo que hasta ahora recibe un congresista. 

No sobra recordar que los honorables parlamentarios se benefician, además, con viáticos para transporte y vivienda, tiquetes aéreos, seguros de vida, auxilio funerario, acceso especial a pensión, apoyo para telefonía, camionetas blindadas, servicio de escoltas, etc. A lo anterior se suma el pago para sus Unidades de Trabajo Legislativo -UTL-, un grupo remunerado de asesores de entre seis y diez integrantes que les ayuda a sobrellevar sus pesadas cargas laborales, cuyo pago, por supuesto, corre también a cuenta del erario, al que le significa una cuantiosa erogación. 

Dejemos aparte eventuales “atenciones” que pudieran recibir de lobistas, banqueros, empresarios, caciques regionales, etc., que los acostumbran a premiar si deciden jugar del lado de sus intereses.   

Como a los congresistas les fue imposible legislar en contra de sus buenas mesadas y en bien del país al que, de todas maneras, quisieran ver con sus finanzas equilibradas, fue necesario hacerlo vía decreto del ejecutivo. Esto se corresponde con esa especie de cruzada contra la desigualdad -subirle a los que menos y restarle a los que más- en el que este Gobierno se ha comprometido.  

Aparte de contribuir a allanar los caminos para avanzar hacia la racionalidad en el gasto público y la sostenibilidad fiscal, se pone también en sintonía con la idea de dar prevalencia al interés general, promover la solidaridad y encaminar medidas que beneficien a los sectores que se encuentran en mayores desventajas o viven situaciones de más riesgo y vulnerabilidad.   

No sobra decir que el hecho de que, ante la negativa de un sector mayoritario del Congreso, esta medida hubiera tenido que conducirse vía decreto del ejecutivo, es un elemento a considerar para la conformación del nuevo cuerpo legislativo que se elegirá el próximo ocho de marzo. El país necesita renovar su representación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. 

Si algo ha dejado claro la legislatura que termina es la importancia de contar con parlamentarios que no sean de los que siempre han sido mayoría y, en consecuencia, un freno a las alternativas de cambio.

De sobra ha quedado demostrado el espíritu negacionista, conservador y regresivo que todavía domina en el Congreso. El mismo que quiso hundir la reforma laboral, que no ha dejado hacer realidad la reforma a la salud, que tiene demandada la reforma pensional y que considera populista y se duele del incremento con que se benefició a los trabajadores. En cambio no le duelen las cuestionables cifras a las que se elevan las remuneraciones de los que ocupan, algunos solo ocupan, las sillas del que hacia adelante habrá que enaltecer como el verdadero recinto de la democracia. 

De esto último se trata el voto que debemos depositar en las próximas elecciones. 

*Economista-Magister en estudios políticos