Ni por la razón ni por la fuerza, por la defensa de la democracia

Colombia ha cambiado para bien en medio de sus dificultades. No merece, no aguanta un retroceso; gobernantes investidos por las élites de la mediocracia o por los voceros de una ralea emergente de pilluelos con fortuna -pero sin valores- no pueden ser ya una opción. No es un asunto de clase, es cuestión de dignidad. 

Orlando Ortiz Medina*

El próximo domingo, en una de las contiendas electorales más reñidas de las últimas décadas, Colombia decidirá entre dos propuestas encarnadas en dos personalidades, dos orígenes, dos historias y dos modos de ver y entender el mundo, absolutamente divergentes. 

Por un lado, Abelardo de la Espriella; nacido en Bogotá, abogado de profesión y especialmente hombre de negocios, como la figura que, después de ires, venires y argucias, le quedó a la derecha para buscar el reacomodo del país en los rieles del viejo establecimiento. Por otro, Iván Cepeda; también nacido en Bogotá, filósofo de profesión, destacado parlamentario y líder social, quien representa a las fuerzas democráticas y progresistas que insisten en avanzar hacia un modelo de sociedad basado en la defensa de la vida, el desarrollo sostenible y la equidad y la justicia social. 

De la Espriella es la quintaesencia de los antivalores. Hijo de esa estirpe forjada en la doble moral, el clasismo, el arribismo, el desprecio y la indolencia, así como de quienes acostumbraron a recrearse en la violencia e hicieron del enriquecimiento fácil, de fuente oscura, la almendra de su poder y su arrogancia. Es la contracara de la aspiración a la dignidad y la decencia que cualquier sociedad reclama: Impulsivo, ambicioso, sin escrúpulos, misógino, machista, de acción y gesticulación violenta, ostentoso y humillante con el lucro, sin experiencia en el manejo del Estado, pandito de conocimientos y muy hondo sí para moverse entre los recovecos de lo más bajo de la alcurnia nacional. 

Cepeda, en cambio, atrae por su humildad, su espíritu reflexivo, su alma serena y su profundo sentido de humanidad. Es ajeno a cualquier tipo de arrogancias y ambiciones, está lejos de una personalidad ostentosa, invoca al diálogo, inspira confianza, educa y marca pauta con el ejemplo.  

De la Espriella aprendió la mentira como método; el todo vale, el atajo como camino al éxito. Víctima e instrumento de su petulancia, vive prisionero de su imagen, de su empaquetadura pomposa y carente de contenido.

De la política ha hecho un cómic, una teatralización embaucadora, un campo en el que solo lo mueve la realización de sus avideces personales. Con el espectáculo simula su falta de talento; enreda, manipula, parece una cosa y es otra. No le gusta el fútbol, pero, con su astucia de timador, sabe cuándo ponerse la camiseta; no juega, pero sabe meter goles. 

No vive en Colombia, la pisa. Presume de sus otras nacionalidades, mientras se apena de la de su origen. Desprecia a su gente y su gastronomía, odia sus costumbres, su cultura. Renunció a sus compromisos con la patria firme que aspira a gobernar, mientras prometió su entrega y abyección a otra, que si para algo le ha servido es solo para reafirmar su pequeñez y petulancia. 

Con Cepeda vislumbramos un país con más tranquilidad. Con Abelardo iremos hacia el máximo de desestabilización social e institucional. 

Para Iván la política es comunión, esfuerzo, un llamado a pensar cómo hacer mejor la humanidad, construcción colectiva. Vive en su país, lo conoce, lo recorre, lo disfruta; dialoga con él, con sus territorios, con su gente; conoce sus problemas y se reconoce como parte de sus soluciones. 

El espíritu sosegado, reflexivo y dialogante de Cepeda permitirá avanzar mediante acuerdos en las transformaciones que el país necesita. La impulsividad, el ego inflado, la falta de experiencia, la desmesura y el lado oscuro de De la Espriella llevarán el país al rompe; será un salto al vacío, regar la hoguera con líquido inflamable.

Con Cepeda vislumbramos un país con más tranquilidad. Con Abelardo iremos hacia el máximo de desestabilización social e institucional. El costo social será muy alto para un país que, como Colombia, sigue siendo el tercero más desigual del mundo y el segundo más desigual de América Latina.

Cerrar ministerios, instituciones especializadas, reducir el gasto social, significa mandar a la calle a miles de empleados públicos, negar la posibilidad a jóvenes de los sectores populares de que accedan a estudios superiores e incluso secundarios, dejar a la intemperie a poblaciones vulnerables: niños, jóvenes, mujeres, familias en situación de pobreza extrema, minorías étnicas, población LGBTIQ+, personas en condición de discapacidad, madres cabeza de hogar, adultos mayores, entre otros. 

Cepeda tiene como eje de su programa la política social. Es decir, la reducción de la desigualdad, el cierre de brechas de pobreza y riqueza, la superación de las inequidades regionales. Asegura la protección de los derechos recuperados con la reforma laboral, la gratuidad en la educación, la posibilidad de que más personas alcancen una jubilación, el acceso a tierras para las familias campesinas, etc.; falencias que históricamente ha arrastrado el país y que están en la base de lo que ha alimentado la violencia. 

No es por la razón o por la fuerza, ese no es el dilema; es por la realización de la vida, la defensa de la democracia y la materialización del sueño de un país en el que alguna vez, por fin, quepamos todos. 

Tenemos pues la opción de elegir entre un candidato que propone acabar con la estructura del Estado, las instituciones democráticas y el respeto a las libertades y derechos; y otro que, sin que prometa acabar con todos sus problemas, seguirá llevando al país en medio de unas condiciones de estabilidad social, aceptable desempeño económico y un sistema institucional que ha respetado la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la garantía de derechos para todos los sectores políticos y sociales. 

Colombia ha cambiado para bien en medio de sus dificultades. No merece, no aguanta un retroceso; gobernantes investidos por las élites de la mediocracia o por los voceros de una ralea emergente de pilluelos con fortuna -pero sin valores- no pueden ser ya una opción. No es un asunto de clase, es cuestión de dignidad. 

Con un mínimo de razón e inteligencia, la propia derecha -sobre todo el sector empresarial- y la desubicada clase media entenderían los riesgos a los que a sí mismas se exponen con una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella. No cabe una propuesta que prometa destripar la oposición, pues esa violencia ya con muchos costos la hemos padecido. No puede aspirar a ser presidente quien propone seguir cultivando en los rastrojos de la guerra.

No es por la razón o por la fuerza, ese no es el dilema; es por la realización de la vida, la defensa de la democracia y la materialización del sueño de un país en el que alguna vez, por fin, quepamos todos. 

*Economista-magister en estudios políticos

Ángela María

Foto tomada del Twitter de Ángela María

Orlando Ortiz Medina*

Una acertada decisión y un paso firme ha dado el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, al elegir como su fórmula presidencial a la actual representante a la Cámara Ángela María Robledo.

Con una hoja de vida impecable y con el talante ético del que infortunadamente carecen la mayoría políticos colombianos, en Ángela María Robledo las mujeres tienen a una verdadera defensora de sus derechos, tarea a la cual ha dedicado su esfuerzo en los diferentes cargos que por elección popular o como funcionaria pública ha desempeñado a lo largo de su vida.

Pero, más allá de su intensa lucha por la defensa de los derechos de la mujeres, que sin duda es uno de sus más grandes méritos, ha sido, en general, una ferviente defensora de los derechos humanos, en lo que cabe resaltar su compromiso con las víctimas del conflicto armado, especialmente quienes han sido objeto de violencia sexual, y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en donde, entre otros, jugó un papel protagónico en la elaboración y promulgación de la Ley de infancia y adolescencia.

Ángela María, psicóloga de profesión, es ante todo una trabajadora social que llegó a la actividad política para poner en la agenda del debate público las demandas de los sectores sociales tradicionalmente excluidos. Ese ha sido fundamentalmente su rol en el Congreso de la República, en donde, en más de una ocasión, ha sido destacada como la mejor parlamentaria.

Está comprometida con que la consolidación de la paz siga adelante porque desde su lugar como mujer, como lideresa y como congresista sabe de lo costosa que ha sido para el país una guerra de la que todavía muchos se quieren seguir lucrando o buscan capitalizar a favor de sus intereses políticos o económicos.

Esta es sin duda una fórmula ideal que va a convocar a quienes están convencidos de que Colombia necesita una opción realmente alternativa, capaz de renovar la política, dispuesta a hacerle frente a males tan endémicos como la corrupción y a insistir para que Colombia no siga siendo el país en el que unos pocos viven de sus enormes privilegios, mientras muchos otros deben arreglárselas en el día a día para lograr su sobrevivencia.

Ángela María se suma a la propuesta de una Colombia más justa, más equitativa; a un programa de gobierno que pone en el centro la defensa de la vida, el uso responsable y democrático de los recursos naturales, la lucha contra todas las formas de exclusión y discriminación contra hombres y mujeres y el respeto a quienes piensan y profesan ideas diferentes. Asimismo, un desarrollo económico a cuyos beneficios accedan todos los sectores sociales y que tenga como fundamento el acceso a la educación y la gestión del conocimiento; que antes que discriminar integre armónicamente la vida y las dinámicas de campos y ciudades, ausente en el modelo que hasta ahora ha dominado en Colombia.

En esta polarización en la que se ha sumido el país, con una extrema derecha que, aunque a espaldas de las mayorías, se siente cada vez más fortalecida y un centro imaginario cada vez más diluido y muy poco claro en sus formas y contenidos, los ciudadanos y ciudadanas que nos hemos sentido excluidos por un sistema político y económico diseñado para sostenerse en las desigualdades tenemos hoy una posibilidad histórica.

Gustavo Petro y Ángela María Robledo condensan en su propuesta muchos años de esfuerzo y abren un espacio para que todos los movimiento sociales, y quienes no se sienten representados o convocados por las viejas élites y maquinarias políticas, tomen el lugar que les corresponde frente las decisiones que se necesitan para que el país se encause por las sendas del cambio.

Quienes, con alguna razón, descreen en la política, desconfían, son escépticos, han sido indiferentes, abstencionistas, etc., deben tomar posición; lo contrario es ceder el derecho que como ciudadanos les asiste para ser parte del destino de sus territorios, de su vida personal y familiar o de sus colectividades e intereses grupales.

Recrear la política, profundizar la democracia, consolidar la paz y pasar la dolorosa página de la violencia que aún hoy sacude al país es un compromiso de todos. Encontrar para ello a quienes logren liderar y encausar esos cambios ha sido un viejo anhelo, tantas veces frustrado, incluso porque quienes han encarnado esa posibilidad han sido asesinados. Respaldar la opción de Ángela María Robledo y Gustavo Petro abre de nuevo esa esperanza. Ojalá que esta vez la vida no sea asesinada en primavera.

*Economista-Magister en estudios políticos

S.O.S. TUMACO

Orlando Ortíz Medina*

Catorce personas asesinadas en las dos primeras semanas del año advierten sobre lo que será el 2018 si se siguen aplazando medidas para atender la situación cada vez más deteriorada y violenta del municipio de Tumaco. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2017 se cometieron 222 asesinatos, 46 % más que los ocurridos en 2016, según un informe anterior del Instituto de Medicina Legal.

Para los organismos del Estado, son hechos que obedecen a la disputa por el control territorial que se libra entre organizaciones como el ELN, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otros grupos, rezagos del paramilitarismo o la delincuencia organizada, que operan en zonas tanto urbanas como rurales.

La verdad es que la situación debe verse desde una perspectiva diferente, pues lo que ocurre es el reflejo de la falta casi total de capacidad que ha mostrado el Estado para ejercer su soberanía, lo que se expresa también en la precariedad de los indicadores de desarrollo del municipio; eso sí, si se entiende la soberanía como algo que va más allá de la presencia militar.

Tumaco es un municipio de cerca de 200.000 mil habitantes, con predominio de población afrocolombiana e indígena, 88,8 % y 5,1 %, respectivamente. El 48,74 % que habita en la zona urbana vive con Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- y el 16,73 % en condiciones de miseria, situación que es todavía más dramática en la zona rural, en donde el 59,32 % de su población padece NBI y el 25,90 % vive en condiciones de miseria; tasas de lejos superiores a la del departamento de Nariño, que llega al 26.09 %, y a la nacional que llega a 27,78 %[i]. El Índice de Pobreza Multidimensional -IPM- es de 84.5 % para el total de población del municipio, con un 74 % en la parte urbana y 96.3 % en la zona rural[ii].

El envío de 2000 soldados con el que el gobierno inauguró sus acciones para el 2018 es una respuesta que preocupa, por un lado, porque no ofrece nada nuevo y, por otro, porque al final puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Está comprobado que la militarización, lejos de ser una solución eficaz y definitiva a los problemas, puede llevar a exacerbar la situación de violencia y generar nuevos hechos de desplazamiento de sus pobladores, que son los que al final tienen que buscar cómo sobrevivir al fuego cruzado de quienes, incluidas las fuerzas del Estado, convierten sus lugares de vivienda y de trabajo en escenarios de guerra. 

La envalentonada del ejército será insuficiente sin medidas que ataquen integralmente una problemática con profundas raíces sociales y producto del abandono de un Estado con fuertes rezagos centralistas, que ha dejado al descuido no solo a este sino a la mayoría de municipios de la costa pacífica, pese a su importancia estratégica y su abundante y variada riqueza natural y cultural.

Aunque también, producto de un modelo de explotación de los recursos naturales de corte esencialmente extractivista que, antes que generar retorno y valor agregado sobre el territorio, ha llevado a su degradación y mantiene a la mayoría de sus habitantes deambulando en el desempleo o la informalidad, cuando no inmersos en una variada gama de actividades económicas ilícitas, parte de lo cual explica la dramática situación que hoy se vive en las zonas urbanas y rurales. Un modelo de explotación, no de desarrollo, en el que tienen origen diversas modalidades de exclusión, traducida en concentración de la propiedad de la tierra[iii], despojo, desplazamiento[iv], agotamiento del mercado interno y transformación abrupta de la vocación productiva.

Fue precisamente la ausencia de Estado lo que posibilitó que floreciera y se extendiera hasta niveles hoy prácticamente inmanejables el cultivo de hoja de coca, que terminó sustituyendo a los productos de comercialización o consumo tradicional, los cuales poco a poco se han ido acabando ante la falta de una infraestructura que potencie su desarrollo y los consolide como verdaderas fuentes de vida de quienes históricamente allí han habitado.

Tumaco tiene el innoble privilegio de ser el primer productor de hoja de coca, con 23.148 hectáreas sembradas, 16 % del total de hoja de coca producida en el país, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito –UNODC-[v]; una situación que alimenta los niveles de conflictividad y soporta la existencia de los grupos que se disputan el control de las rentas ilícitas, mostrando capacidad superior a la del Estado para ejercer un poder que ha permeado la institucionalidad y las formas de vida e integración social. Algo supremamente costoso para comunidades que, por su tradición cultural, fundan en el ser y el quehacer colectivo sus fuentes de sobrevivencia.

Y es que, aunque no se reconozca, la política con que se ha intentado hacer frente a esta problemática, basada fundamentalmente en el despliegue de las fuerzas del Estado y la erradicación de los cultivos, ha sido hasta ahora un rotundo fracaso, tanto en Tumaco como en cualquier otro de los municipios del país. Es difícil actuar contra un producto al que, en medio de la quiebra ética que a todos los niveles se vive en el país, le ha sido fácil romper las barreras que pudieran impedirle moverse dentro de la ilegalidad, incluidos los cordones de seguridad de las autoridades civiles y militares, algunos de los cuales terminaron más bien formando parte de sus escudos de protección.

Lo anterior sin dejar de mencionar las enormes ventajas con que cuenta para su producción y comercialización: mercado asegurado, fácil acceso a insumos, redes de distribución, precios normalmente al alza, mano de obra disponible, pago en efectivo y contra entrega, elevados porcentajes de rentabilidad, etc., que es justamente de lo que carecen los productos de uso y consumo tradicional de la zona. 

Cierto es que con las propuestas de erradicación se han formulado iniciativas de sustitución, una modalidad que, en teoría, tendría cauces mejores por donde conducirse, porque conlleva paralelamente la implementación de alternativas para que los campesinos encuentren opciones que les permitan retornar a sus cultivos de tradición o a otros que en todo caso los alejen de la producción y el comercio de ilícitos. Es, además, una forma distinta de entender tanto la problemática como las propuestas de solución, que implica la construcción de acuerdos con las comunidades y el compromiso del Estado de disponer del apoyo financiero, técnico, logístico y las condiciones de seguridad que las hagan viables.  

Pero es cierto también que tampoco ellas han funcionado, porque las condiciones complejas en que se han tratado de implementar suelen no responder a situaciones urgentes de resolver, como cuando los campesinos tienen que lograr el flujo de caja diario que requieren para su subsistencia. Asimismo, porque estamos frente a un Estado que no sólo no cuenta con la capacidad institucional sino tampoco con la solvencia fiscal que le exige una intervención de tan costosa factura luego de tantos años de atraso; menos aún sin la confianza de las comunidades que una y otra vez reclaman por el reiterado incumplimiento de los cientos de acuerdos que durante los últimos años han firmado.

Si de capacidad institucional se trata, nos referimos a la existencia de un entramado burocrático que en sus ámbitos local, departamental y nacional ha sido incapaz de armonizar el tejido social, construir significaciones colectivas y crear lazos vinculantes entre las comunidades y entre estas con el Estado; que arrastra las inercias de un pasado desde el que ha estado permeada por las élites y que hoy, peor aún, ha sido cooptada por las mafias y la corrupción. En fin, que avanzadas ya dos décadas del siglo XXI se mantiene lejos de reunir las condiciones que la pongan a la altura de los requerimientos de un nuevo modelo de gobernanza moderno, trasparente y eficiente, que dé reconocimiento y legitimidad a las actuaciones del Estado.

En el entrevero de esa institucionalidad se sostiene la hegemonía de unos sectores que, con origen en el bipartidismo, hoy difuso en una gama variopinta de representaciones personalizadas, enlodaron el ejercicio de la política y negaron la posibilidad de que otros sectores y otras formas de representación cobraran vida, frenando así el desarrollo de una cultura democrática que hoy se expresa en los bajos niveles de participación ciudadana, el clientelismo, el nepotismo, la compraventa de votos  y, más grave aún, en el asesinato sistemático de quienes intentan emerger con propuestas alternativas venidas de las propias organizaciones sociales y de las comunidades que hasta ahora han estado marginadas.

La solución al problema de los cultivos de uso ilícito es desde luego una condición imperativa para la consolidación de la paz y la recuperación del orden y el tejido social y productivo de Tumaco,  pero tiene que tener origen en una perspectiva que salga al paso a la continuidad del proyecto militarista que ha estado en cabeza de los grupos paramilitares, las organizaciones guerrilleras, las bandas delincuenciales y todavía del propio Estado, que hoy se reafirma  con la llamada operación “Éxodo 2018”.

Se trata entonces fortalecer la capacidad institucional del Estado y el establecimiento de medidas que den forma a un proceso de recuperación del tejido social y productivo, mejoramiento de la infraestructura pública, acceso a servicios básicos de uso colectivo y ampliación del espectro democrático que se traduzca en la apertura de canales de diálogo y concertación, que den lugar a agendas viables y en las que el Estado tenga claro cómo disponer de los recursos físicos, humanos, técnicos y financieros, además de las garantías de seguridad, que demanda lo que finalmente es un proceso de restablecimiento de condiciones que solo será posible con horizontes de mediano y largo plazo.

Lo anterior sin perjuicio de que se fijen medidas dirigidas a resolver factores que deban ser resueltos en el corto plazo, pero que en todo caso deben entenderse como parte de una ruta que inevitablemente debe conducir al establecimiento de soluciones duraderas. La atención de emergencia, las medidas puramente humanitarias y de connotación asistencial, la oenegización de la solución de las problemáticas no pueden sustituir las acciones que sólo desde el Estado deben tomar lugar a través de políticas públicas emanadas de escenarios de participación y concertación entre los diferentes actores que tienen asiento en los territorios.

Son los fundamentos de una ética civil lo que debe imponerse y que implica la consideración del conflicto en una órbita que nos habla de la quiebra de un modelo de sociedad y de sus formas de supervivencia. Pero, sobre todo, una ética que se asuma como el nuevo norte a alcanzar en el ejercicio de la política y que tenga como base el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar su realización. Máxime cuando se trata de quienes desde posiciones críticas reivindican su derecho a ser, a pensar y a actuar diferente, sin que ello implique el sacrificio de sus vidas.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

[i] http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi

[ii] Documento complementario al Perfil Productivo del Municipio de San Andrés de Tumaco Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tomado de: http://www.redormet.org/wp-content/uploads/2016/01/documento-complementario-san-andres-de-tumaco.pdf

[iii] El coeficiente de Gini de tierras del municipio para el año 2012 era de 0.85, con una tendencia al aumento durante los últimos años. Ver: Documento complementario al Perfil Productivo del Municipio de San Andrés de Tumaco, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tomado de: http://www.redormet.org/wp-content/uploads/2016/01/documento-complementario-san-andres-de-tumaco.pdf

[iv] Tumaco es el segundo municipio con mayor número de población desplazada interna a nivel nacional. De acuerdo con la UARIV hasta noviembre de 2016 se habían registrado un total de 121.329[iv] personas desplazadas, uno de los más altos a nivel nacional. 

[v] https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf

Reforma Tributaria-Salario Mínimo

Orlando Ortiz Medina*

Contrario a lo que se requiere después de un pobre desempeño y con un panorama bastante incierto para la economía tanto en Colombia como en América Latina y el resto del mundo, la reforma tributaria recientemente aprobada por el Congreso de la República y el incremento del salario establecido mediante decreto por el gobierno de Juan Manuel Santos, no pasó de ser otro articulado de corte puramente fiscalista, que no responde a un propósito realmente estructural de crear condiciones que estimulen y den proyección y estabilidad al sistema productivo, genere condiciones de equilibrio en la transferencia de recursos a sectores y regiones que más lo requieren, y tiendan también a garantizar mayor equidad y justicia distributiva, que es para lo que deben utilizarse los instrumentos de política económica, máxime en países que, como Colombia, aún tienen en curso su consolidación como sociedad democrática.

El crecimiento esperado en Colombia al cierre de 2016 no estará más allá del 2%, sensiblemente inferior al del año anterior y al valor promedio de los últimos 15 años. La inflación continúa su ritmo ascendente y terminará el año alrededor del 6%, mientras el desempleo lo hará con una cifra que ronda el 9 %. El deterioro de la balanza comercial continúa al registrarse un déficit de 766,3 millones de dólares (mayor valor de importaciones sobre exportaciones) al mes octubre, de acuerdo con las cifras del DANE. Sectores como el agropecuario o industrial siguen estancados o mostrando un desempeño todavía poco relevante en el conjunto de los agregados macroeconómicos.

Frente a ese escenario, una vez más se postergaron medidas de fondo que garanticen mayor autonomía y fuentes más sólidas y estables de captación de recursos por parte del Estado; asimismo, eliminación de males tan endémicos como la evasión y la elusión, y el no menos oneroso peso de la corrupción, que tan caro ha resultado en estos últimos gobiernos. Agro Ingreso Seguro, Reficar y ahora Odebrecht, para tomar solo algunos de los más notables ejemplos.

El pobre incremento del salario mínimo (7%), previsto el impacto que sobre los precios de los bienes y servicios de consumo básico tendrá la misma reforma, deteriorará aún más la capacidad de compra de los ciudadanos, con claros efectos negativos sobre los niveles de demanda y el dinamismo del aparato productivo, que se traducirá en mayor aumento del desempleo, la pobreza y deterioro en general de las condiciones de vida de los sectores de la clase media y baja.

Un manejo errado de la política económica que durante muchos años puso a depender al Estado de los recursos provenientes del sector minero energético, es decir del sube y baja de cotizaciones internacionales que no están bajo su control, especialmente los precios del petróleo, se le cobra hoy a quienes sólo han sido convidados de piedra en la toma de decisiones, aunque hayan sido las víctimas principales de tales desaciertos, los ciudadanos de a pie, siempre a la zaga de lo que gobierno y empresarios dispongan. Tal cual el valor del salario mínimo que acaba de decretarse.  

Es ésta la reforma tributaria más regresiva que se haya aprobado en los últimos años, sin decir que las anteriores hayan sido propiamente un cariñito. Se dice que una reforma es regresiva cuando grava más a quienes menos tienen y menos recursos generan, que en este caso son, en general, aquellos cuyos ingresos dependen básicamente de un salario. Por el contrario, es progresiva cuando los impuestos se establecen de acuerdo a los niveles de riqueza, el valor de los ingresos o la capacidad de pago de los contribuyentes; en este caso quien más tiene y más gana más paga.

Lo es porque busca resolver el faltante de fondos con recursos provenientes fundamentalmente de impuestos como el IVA, que recaen especialmente sobre los bienes de consumo básico que es a lo que los asalariados deben destinar la mayoría de sus ingresos, mientras disminuye el cerca de diez puntos el impuesto a la renta a los grandes empresarios, no aumentó el IVA para quienes tienen sus empresas en las zonas francas y tampoco se les gravan sus dividendos. Nada más regresivo que una reforma que permite seguir manteniendo ventajas o privilegios en cabeza de sectores que más concentran la riqueza. Gracias a su inmenso poder de Lobby, también los empresarios lograron echar para atrás el impuesto a las bebidas azucaradas, que tanto bien hubiera hecho para la salud de los colombianos.

Elevar a 19% el IVA a productos como la pasta, el aceite de cocina, la margarina, la harina de trigo, embutidos, salsas, condimentos, alimentos procesados, elementos de aseo, etc., así como el vestuario, el calzado y otro importante grupo de bienes de la canasta familiar golpea seriamente el bolsillo de los consumidores. Esa misma tarifa la deberá pagar quien utiliza un plan de datos de un valor superior a cuarenta y cinco mil pesos, haga uso de internet o compre un celular de más de $650.000. Se estableció también un impuesto adicional de doscientos pesos a cada galón de gasolina que, todos sabemos, impacta no sólo los costos de transporte, sino de manera indirecta otra cantidad importante de bienes y servicios.

Hay que prever también las alzas que automáticamente se derivan del incremento salarial, como peajes, gastos notariales, arriendos, etc., que deteriorarán todavía más la capacidad de compra de los consumidores y aumentan los efectos recesivos sobre el conjunto de la economía.

Así las cosas, la reforma no corregirá las falencias con que se anunció y justificó su aprobación; por el contrario, termina de ensombrecer el panorama en un momento en que el país, dado el escenario de posconflicto a cuyo ingreso cada vez más se consolida, va a requerir no sólo mayor disponibilidad de recursos, sino de un entorno económico más dinámico y capaz de absorber las demandas de las diferentes regiones y los sectores rural y urbano para reducir las brechas de desigualdad, el desarrollo de infraestructura y la generación de empleo más estable y de mejor calidad.   

La experiencia ha demostrado que resulta falaz el argumento de que la reducción de los impuestos a los empresarios logra automáticamente generar mayor competitividad y estimular la creación empleo; pues ello está relacionado en general con la dinamización del aparato productivo, que depende sobre todo de cuánto se estimule la capacidad de compra de los consumidores, las transformaciones tecnológicas, la capacidad para dinamizar los mercados locales y una articulación con los mercados internacionales no soportada únicamente en la venta de materias primas, sino de bienes y servicios con  mayor valor agregado y mayores posibilidades de impactar el crecimiento y desarrollo de la economía. No sobra por ello insistir en la necesidad de trabajar en función de sectores como el de la industria, la agricultura, la agroindustria y cierto tipo de servicios, y no aspirar a seguir bebiendo de la teta de los hidrocarburos.

La reducción del déficit y una más segura estabilidad de las cuentas fiscales depende también de que sectores que durante toda la vida le han huido al pago de los impuestos, como es el caso de los intocables señores de la tierra, sean puestos en cintura mediante una legislación que los obligue a hacer sus contribuciones al Estado; asimismo, de la eliminación todo tipo de medidas excepcionales, que no es más que la reglamentación de formas adicionales de evasión o elusión, que por beneficiar sólo a los grandes capitales lo que hace es contribuir a acentuar todavía más la equidad y desigualdad en las formas de captación y asignación de los recursos del Estado.  

Tampoco reforma alguna tendrá mayores efectos si no se busca reducir los enormes gastos en burocracia y paliar la ineficiencia del Estado, y menos aún si no se complementa con mecanismos de veeduría que permitan que la ciudadanía esté al tanto del destino y la ejecución de los recursos, como una manera no sólo de buscar la asignación más eficiente de los mismos, sino también de servir como talanquera a la corrupción y el despilfarro que, de no existir, seguramente nos evitarían tantas y tan onerosas medidas.

Finalmente, cualquier política carece de sentido si no está en función de que el Estado garantice de manera efectiva los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos, guardando los principios de equidad, eficiencia y progresividad, tal cual lo ordena el artículo 363 de nuestra Constitución Política. Al respecto, la reforma tributaria y el incremento salarial que nos regalaron de navidad y año nuevo marchan completamente en contravía y se convierten en una afrenta a la esperanza de esa paz estable y duradera que anhelamos los colombianos, que sabemos que ésta no consiste sólo en el silenciamiento de los fusiles, sino también en la implementación de medidas orientadas a corregir los factores desencadenantes de inequidad y de pobreza, que explican en gran medida nuestra larga historia de violencia.

Solo resta decir que, recibido el sablazo, debe la ciudadanía repensar a quienes elige como sus representantes en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que son ellos los que toman las decisiones y otros los que resultamos afectados. Si seguimos llevando allí a personas ajenas a nuestros intereses, no podemos esperar otra cosa que una legislación que, como esta vez, marche en contravía del interés público y en defensa y protección de tan sólo unos cuantos representantes del sector privado y sus hábiles lobistas en el Congreso.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Cultura política, Congreso y elecciones

 

Orlando Ortiz Medina*

  

Lo que acaba de ocurrir en el reciente debate electoral al Congreso de la República no es otra cosa que el reflejo del lento, lentísimo, desarrollo de una cultura política en Colombia. Y es que no hay nada que haga más evidente el atraso de las sociedades como la ausencia de una ética de la convivencia y la vida colectiva -elemento fundante de la actividad política-, que en este caso se refleja, entre muchas otras cosas, en el hecho de que los ciudadanos, en su mayoría, se mantengan al margen de las decisiones esenciales que afectan su vida.

 

 Las sociedades son ante todo eso, espacios de y para la vida colectiva, que demandan la inclusión de cada quien en la construcción de sus normas de convivencia, de las reglas de juego que establezcan el cómo y el qué de sus destinos, las formas de control, administración y uso de sus recursos; en fin, el quién y el cómo de la gobernanza y el qué hacer para que a todos y cada uno se les garantice la vida que merecen.  

 

Ahí toma forma y adquiere contenido la política; cuando ideas, creencias, pertenencias étnicas, sociales, culturales, partidistas, etc., se encuentran para dialogar, deliberar, disentir y llevar finalmente a que uno (s) de los tantos intereses de ese escenario variopinto que se abstrae como sociedad se sobreponga (n).  Es la manera como en los órganos de dirección y representación de las sociedades se concretan y configuran los mapas y flujos de poder en sus distintos ámbitos.

 

Un Congreso elegido, cifras más cifras menos, con alrededor de un escaso 30% del potencial de electores, teniendo en cuenta, aparte de la abstención, el alto volumen de votos nulos y en blanco, pone en cuestión la existencia de la democracia en una nación que, aún así, insiste en seguirse proclamando como la más antigua de América Latina. Peor aún si dentro de ese 30% se cuentan los votos tramitados a través de la compra venta de electores, el ofrecimiento de dádivas y prebendas, la compra de funcionarios, los trueques con cargo al erario y otras formas de presión y constreñimiento. Sería difícil comprometerse con cifras, pero en estas últimas elecciones, el voto que podríamos llamar decente, para denominarlo de alguna manera, no llega, a lo sumo, más allá del 10 o 15% del total de los votos contabilizados como válidos.

 

 Nada que satisfaga el interés general de una nación se podrá esperar de una ciudadanía que elige de esta manera. Y elegir en este caso hace referencia tanto a quienes hacen uso del derecho al voto, como a aquellos que se marginan de este que, si bien es sólo una expresión instrumental del ejercicio de la democracia, no por ello deja de tener relevancia. Quienes se abstienen simplemente aceptan que otros, y en este caso una ínfima minoría, decidan por ellos; no votar es al fin y al cabo otra forma comprometerse, solo que cediendo pasivamente derecho, poder y consentimiento a quien a bien y como quiera disponga de ellos.

 

Pero es lo propio de una sociedad que ha limitado el desarrollo del pensamiento y llevado a la formación de un sujeto incapaz de determinarse a sí mismo, muy poco vinculado con las ideas, ajeno al discernimiento y la deliberación, y que fácilmente enajena su identidad, exhibida muchas veces al mejor postor entre los mercaderes de conciencias y voluntades.

 

Es el ciudadano formado además en el conservadurismo religioso, en el que prima un espíritu de subordinación y sumisión, que aún ve y asume la política en el marco de las prácticas ancestrales del cacicazgo y caudillismo, o que en la luctuosa historia de Colombia no ha podido ver en ella más que a la violencia o la corrupción como telón de fondo, como el soporte único de su naturaleza fundacional.

 

En fin, un sujeto sin vocación de poder, que ha elevado a virtud al hecho de marginarse de la participación política y que pareciera no diferenciar donde comienza ni termina la dignidad humana, ni qué es aquello que permite considerar qué es éticamente correcto o políticamente repudiable.

 

Es esa idea de la política y ese tipo de sujeto lo que ha despejado y hecho fácil el camino para quienes siguen siendo los cómodos regentes de las instituciones colombianas, en este caso el Congreso de la República.  Es lo que explica que se reelijan sempiternamente los mismos con las mismas: herederos de castas familiares o clanes regionales, cuando no de quienes han hecho de mafia, crimen y política la combinación ideal para mantener sus feudos territoriales. Es esta la realidad en la que se legitima un sistema y unas élites que han hegemonizado un discurso y unas prácticas en las que, en la perversión de los formalismos de la democracia, encontraron los hilos con los que se tejen las redes de la cohesión social y se sostienen las estructuras de dominación, política, económica y cultural.

 

Aparte de la elevada cifra de abstención, fue claro el predominio de dos tendencias que a su vez dan lugar a dos franjas de votantes: por un lado, el voto de opinión, representado en este caso en el respaldo alcanzado por el Centro Democrático y por algunos sectores independientes y de la izquierda y, por otro, aquel que sigue atado a las prácticas non sanctas a las que ya se ha hecho referencia.

 

El triunfo del segundo es incuestionable y queda representado en cerca de las dos terceras partes del Congreso, en cabeza de los partidos Liberal, Conservador, Partido de la U y Cambio Radical, principalmente.  También, y de acuerdo con las investigaciones que previamente había realizado la Fundación Paz y Reconciliación, en los Congresistas que, a através de amigos o familiares, llegan o se mantienen como herederos del paramilitarismo, que alcanzan, de acuerdo con la investigación referida, 33 curules en el Senado y 36 en la Cámara de Representantes.

 

Esto último significa que, aunque difuminados en diferentes partidos, el paramilitarismo, legado lamentable de los ocho años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es hoy la fuerza más representativa en el Senado de la República.  Recordemos que el Partido de la U, que fue el que logró el mayor número de curules, sólo alcanzó 21 escaños.

 

En cuanto al voto de opinión se refiere, son dos tendencias muy dispares pero que reflejan la polarización a la que ha llegado el país, sobre todo en los últimos diez años, luego del fracaso del proceso de paz en el Caguán y de la salida con fuerza de la extrema derecha a la arena política; representada en el Uribismo, hoy Centro Democrático; a la que hay que reconocer como la mayor fuerza de opinión que actualmente existe en la sociedad colombiana.  Es la que consagra la expresión caudillista, patriarcal y autoritaria que predomina en el imaginario del común del ciudadano colombiano; la evocación mesiánica del país encomendado al sagrado corazón y al conservadurismo católico; la que refleja la personalidad de una ciudadanía a la que pareciera no alcanzarle todavía el juicio moral y el criterio ético para juzgar a quienes elige como sus líderes y representantes.

 

La otra franja de opinión está en el voto orientado hacia la izquierda o sectores independientes, con realmente muy poco arraigo y representación, y que muestra el pobre avance que hasta ahora ha logrado en Colombia.

 

Si bien hay que admitir que en Colombia la izquierda no ha tenido un camino fácil en medio de esa situación que se viene describiendo, pues ha sido objeto de persecución, muchos de sus líderes han sido asesinados y no ha contado con suficientes garantías para el ejercicio de su actividad política; hay que reconocer también que, en sí misma, ha sido inferior a la hora de construir una propuesta que, como fuerza con opciones reales de poder, logre la confluencia de las diferentes expresiones y sectores sociales que de una u otra forma manifiestan su inconformismo con el estado de cosas y con el establecimiento en su conjunto.

 

La izquierda se manifiesta todavía como una fuerza política famélica, altamente permeada por el sectarismo y por actitudes personalistas; que no ha sabido leer y aprovechar el cuarto de hora para convocar en torno suyo el enorme descontento popular expresado en las múltiples manifestaciones de protesta que en los últimos años han realizado los campesinos, los estudiantes, los grupos étnicos, las mujeres, los usuarios y trabajadores de la salud, las organizaciones de víctimas, los desplazados, etc.; tampoco ese grueso caudal de abstencionistas y de quienes manifiestan su desaliento en el voto en blanco, que a lo sumo están a la espera de ser llamados a ser parte de esa propuesta contra hegemónica que se requiere para enfrentar los poderes, las mafias y la corrupción instalada en las instituciones.

 

Con un Congreso de la República como el que quedó conformado es poco lo que se puede esperar en cuanto a las transformaciones que el país requiere; el aumento del poder de la extrema derecha será una talanquera al proceso de negociación que se adelanta en La Habana y tratará de obstruir la refrendación de los acuerdos a que allí se llegue para avanzar hacia una paz estable y duradera para Colombia.

 

Muy poco pues para ser optimistas. La pequeña franja en que quedaron representados los independientes y los partidos de oposición al sistema, en los que obviamente no se cuenta al Centro Democrático, sólo sirve para que se mantenga viva la esperanza de ese otro sector de la sociedad que se resiste a creer que las cosas son inamovibles. Su fuerza, tendrá que tenerlo claro, no está propiamente en los salones del Congreso sino en los miles de ciudadanos que están dispuestos a movilizarse y en aquellos que todavía deben ser convocados; pues sin su concurso será imposible impulsar y producir los cambios. 

 

 

 

*Economista- Magíster en Estudios Políticos