El salario es vital

 

El auto del Consejo de Estado es una decisión en contravía del propósito que ha inspirado a este Gobierno de corregir las enormes inequidades que existen en Colombia y que afectan especialmente a los(as) trabajadores(as) de más bajos ingresos

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Unidad Solidaria

Preocupa seriamente el estado de las instituciones en Colombia. Decisiones que deberían emitirse con estricto apego al ordenamiento jurídico están siendo sobrepuestas por criterios de orden esencialmente político o ideológico, que ponen en cuestión la solidez de la democracia y del Estado Social de Derecho. 

Fallos recientes como el de la Corte Constitucional que suspendió provisionalmente la emergencia económica; el del Consejo Nacional Electoral que truncó la participación de Iván Cepeda en la consulta del próximo 8 de marzo, y el auto del Consejo de Estado que interrumpió de manera transitoria el incremento salarial decretado por el Gobierno para 2026 generan recelo por su presunta falta de validez y legitimidad. 

En las vestiduras de jueces, magistrados de las altas cortes, consejeros de Estado y del Consejo Nacional Electoral, principalmente, parecieran ocultarse personajes a los que, antes que la salvaguarda del Estado de Derecho, como presumen argumentar, lo que realmente los mueve es su defensa del modelo de desarrollo. 

Ni la decisión de la Corte Constitucional ni la del Consejo de Estado tienen precedentes en la historia de Colombia. Ni una ni otro tienen facultades para emitir ese tipo de fallos provisionales. Así que en el autootorgamiento de estas nuevas potestades puede advertirse más bien una reacción al hecho de que en el país haya hoy un gobierno de izquierda. No de otra forma podemos entender esta lista inédita de fallos que muestran el comodín en que ha quedado convertido el derecho, al arbitrio de interpretaciones que bien podríamos asimilar a juicios amañados. 

Salario vital para corregir inequidades 

El auto del Consejo de Estado es una decisión en contravía del propósito que ha inspirado a este Gobierno de corregir las enormes inequidades que existen en Colombia y que afectan especialmente a los(as) trabajadores(as) de más bajos ingresos. 

El cálculo del nuevo salario iba más allá de una simple acepción normativa y revisaba tanto conceptual como técnicamente los criterios para decidir la remuneración de los(as) trabajadores(as). 

En el primer caso, se pasaba del concepto de salario mínimo a salario vital, que acoge con propiedad lo que significa ser parte de un Estado Social de Derecho. En el segundo, revisaba los criterios de medición, con el propósito de que el ingreso recibido por el trabajador alcance para cubrir, al menos en parte, el costo de una canasta básica; es decir, que cubra bienes y servicios esenciales para dignificar sus condiciones de vida.  

El concepto de salario vital se basa en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sirve para medir la brecha entre el valor del salario mínimo y el costo real de vida de una familia, que es finalmente lo que está en el centro de la discusión. Y aunque los defensores de la pírrica remuneración de Colombia aduzcan que el concepto de salario vital no está dentro de la Ley 278 de 1996 (que establece los parámetros para calcular el incremento) y que no es vinculante con los preceptos de la OIT, hay que recordarles que sí está ordenado por el artículo 53 de la Constitución Nacional que, se les olvida, es la norma de normas.

El artículo 25, por su parte, expresa que … toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Dignas y justas, entre otras, significa, como ya se anotó, una remuneración que cubra siquiera el costo de una canasta básica, lejos de lo cual ha estado siempre el ya en desuso concepto de salario mínimo.

Asimismo, el incremento del Gobierno se fundamentó en la sentencia C-815 de la Corte Constitucional, proferida en 1999, que obliga tener en cuenta con carácter prevalente la protección del trabajo y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital.  

Están fuera de contexto quienes no se han dado cuenta de que el país cambió y que no es posible mantener las circunstancias en el que unos viven en los privilegios mientras otros se consumen en la pobreza.

Si se acogieran las recomendaciones de la OIT, el mínimo vital debería tener en cuenta el consumo mínimo de calorías que requiere diariamente una persona, los costos de vivienda y de los servicios públicos, los gastos de salud, educación, transporte, ropa, productos de limpieza y comunicaciones, principalmente. Si así fuera, su valor debería ser de $ 2´982.960 para un hogar promedio de cuatro personas. Una cifra inferior sería, en efecto, violatoria de la constitución. 

Protección del trabajo o bloqueo al Gobierno

El Consejo de Estado, cuyos magistrados reciben 26 veces lo que gana un(a) empleado(a) de salario mínimo, actúa en contra de sus derechos y reitera la vocación de prácticamente toda la institucionalidad de bloquear las medidas que ha querido impulsar el Gobierno. Su decisión es en extremo grave y reafirma el estado de tensión e incertidumbre al que han querido llevar el país. 

Para los trabajadores hay ya un derecho adquirido que impediría la reversión definitiva del decreto; muchas alzas se han realizado teniendo en cuenta el valor del nuevo salario; también ya el Banco de la República, en un tono desmedido, subió las tasas de interés a niveles que nadie esperaba. Queda por verse qué más pueda pasar frente a una decisión que, por donde se le mire, viene muy mal.

Están fuera de contexto quienes no se han dado cuenta de que el país cambió y que no es posible mantener las circunstancias en el que unos viven en los privilegios mientras otros se consumen en la pobreza. Colombia necesita avanzar en atender las necesidades y garantizar los derechos de esas mayorías a las que les ha tocado llevar sobre sus hombros el peso de un modelo de desarrollo pensado para el beneficio de ciertos intereses y no del bienestar general.

Valdría preguntarles a los detractores de esta nueva visión conceptual y técnica de cálculo del salario por qué, por ejemplo, cuando se promulgó la Ley 789 de 2002, ni las instancias guardianas del Estado de Derecho ni gremios económicos, ni los partidos afines a sus intereses se pronunciaron frente a los efectos nocivos que tuvo sobre los(as) trabajadores(as). ¿Por qué entonces no se adujo la protección especial del trabajo? ¿Por qué nadie reaccionó a la reducción del valor de las horas extras, la extensión de la jornada nocturna y la precarización de los sistemas de contratación que puso de moda los contratos de prestación de servicios?   

Lo que está en juego en Colombia son dos modelos de sociedad

¿Quién ha llamado a rendir cuentas al expresidente Uribe, responsable principal de las reformas de 2002, porque ni el empleo aumentó ni mejoró su calidad, ni se redujo la informalidad, que fue el pretexto con que tales reformas se pusieron en curso? ¿No era entonces relevante la especial protección del trabajo, que hoy demagógica e hipócritamente se invoca?  

Más allá de la coyuntura

Lo que está en juego en Colombia son dos modelos de sociedad, cada vez más distantes, en un país en el que, como Colombia,  en asuntos de democracia nos vemos todavía en un lento proceso de maduración. Persiste una enorme brecha entre el ideal del Estado Social de Derecho y las condiciones materiales de vida de los ciudadanos. La democracia, en esencia, sigue reducida a instituciones y procedimientos formales, hueramente normativos y al acomodo de funcionarios que, sesgados en sus posiciones, confunden fallos en derecho con auténticas leguleyadas. Mientras tanto, ni alarma ni avergüenza, seguimos siendo el tercer país más desigual del mundo y el primero de América Latina.  

El salario vital deberá ser defendido por los(as) trabajadores (as) y por todos(as) los(as) que consideren que el país no se debe detener, los cambios no se pueden reversar y que la aspiración a la democracia debe ser la ruta por la que necesita seguirse conduciendo.

Economista-Magister en Estudios políticos 

La consulta perdió razón de ser

Sin la participación de Iván Cepeda, la consulta del Frente por la Vida perdió todo sentido y le quitó fuerza al hecho que había generado entusiasmo de millones de colombianos y colombianas 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Focus Noticias

Duro golpe le ha dado a la democracia el Consejo Nacional Electoral, CNE, al cerrarle el paso a la participación del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, en la consulta del Frente por la Vida, que junto con otras consultas partidistas se realizará el próximo 8 de marzo.

Colombia ha sido siempre una democracia a medias, un destino histórico que la ha castigado como nación y por el que ha tenido que afrontar, entre mucho más, una penosa situación de violencia. Aun así, creemos haber avanzado y estar envueltos en vientos de cambio con hechos que se han destacado en las últimas décadas.

La firma de acuerdos de paz con varias organizaciones insurgentes, el debilitamiento de la dirigencia y los partidos tradicionales que se habían apoderado del Estado, así como la emergencia de nuevas fuerzas sociales y políticas que reconfiguraron el mapa de poder en el país, nos han llenado de optimismo al ver una ampliación del espectro democrático y un escenario más despejado para el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos.  

Ojalá no sea así y fracasen en su empeño los que se resisten a dejar que sigamos avanzando hacia un nuevo umbral civilizatorio en el ejercicio de la política.

Sin embargo, lo ocurrido ayer es claramente un paso atrás. Quiebra el ánimo y lleva a pensar que lo que se busca es regresar la nación de los tiempos dolorosos en que nos hemos visto sumidas muchas generaciones. Ojalá no sea así y fracasen en su empeño los que se resisten a dejar que sigamos avanzando hacia un nuevo umbral civilizatorio en el ejercicio de la política.  

Quizá ningún lugar como Colombia ha sido testigo de lo que significa anegar la democracia en triquiñuelas, galimatías jurídicos, lentificación de los procesos y politización de decisiones que burlan y conducen a una vulgarización del derecho. 

Colombia ha sido siempre una democracia a medias, un destino histórico que la ha castigado como nación y por el que ha tenido que afrontar, entre mucho más, una penosa situación de violencia.

De todo ello se ha visto aureolado el CNE y es sobre ese charco de inmundicias que se interpone a un proyecto político que avanza y a casi tres millones de colombianos que el pasado mes de octubre delegaron su poder en Iván Cepeda para que los representara en una consulta interpartidista. Una leguleyada se impone sobre la voluntad soberana del constituyente. 

Esto debería ser un llamado a todas las fuerzas políticas para que no cejen en la idea de que a la democracia no hay que temerle, hay que dejarla fluir y es el mejor antídoto contra la violencia y los problemas que todavía tenemos pendientes de resolver. Los sectores conservadores, a los que con el freno a Iván Cepeda el CNE lanza un salvavidas para evitar su ahogamiento, tienen que asumir que los tiempos cambian, la política es mutante y el usufructo del poder no puede ser una condición sempiterna. 

Carece de toda lógica que, según las encuestas, el candidato con mayores posibilidades de ganar la presidencia sea bloqueado -en una supuesta acción jurídica- por un ente conformado en su mayoría por las fuerzas políticas interesadas en su derrota. Permitir su participación en la consulta hubiera sido, muy al contrario, una manera inteligente de enaltecer y dar sentido y valor a la democracia. 

Sin la participación de Iván Cepeda, la consulta del Frente por la Vida perdió todo sentido. Le quitó fuerza al hecho que había generado entusiasmo de millones de colombianos y colombianas que ya celebraban, si no todavía el triunfo de Cepeda, sí la posibilidad de ser parte de un proceso que ha venido redefiniendo sus protagonismos y reescribiendo su historia.  

Hizo bien el Pacto Histórico en tomar la decisión de marginarse de la consulta e inscribir a Iván Cepeda como su único candidato a las elecciones presidenciales. Ello confirma su vocación democrática y la confianza que le ofrece la fuerza que ha demostrado en las plazas públicas y en todas las encuestas y sondeos de opinión hasta ahora realizados. 

Carece de toda lógica que, según las encuestas, el candidato con mayores posibilidades de ganar la presidencia sea bloqueado -en una supuesta acción jurídica- por un ente conformado en su mayoría por las fuerzas políticas interesadas en su derrota.

En estas circunstancias, si son coherentes, además de tener un gesto de solidaridad y de respeto hacia su colega y contendor, lo esperable es que Camilo Romero, Juan Fernando Cristo y ¿Roy Barreras? decidieran también hacerse a un lado y no participar en la consulta. De permanecer en ella, para cualquiera que resultara ganador no dejaría de significar una gran pérdida, sobre todo para su investidura ética, después de haber jugado en una cancha totalmente despejada y sin la neutralidad de los jueces. 

En lo personal, lo creo de Camilo Romero, tal vez de Juan Fernando Cristo, pero imposible pensarlo de un señor como Roy Barreras, que mucho tiene de tahúr y muy poco de decencia para actuar en política, como lo evidencia su periplo de extremo a extremo por casi todos los partidos y la actitud oportunista que ha asumido frente a la decisión tomada por el CNE respecto a la participación en la consulta por parte de Iván Cepeda. 

Ha fallado la Corte

Es paradójico que políticas y programas -votadas democráticamente-, dirigidas a buscar la prevalencia del interés general, eliminar la inequidad, la exclusión, la existencia de posiciones dominantes, etc., sean tumbadas por la Corte Constitucional; justamente encargada de garantizar los principios que rigen el Estado Social de Derecho. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto tomada de: Zona Cero

La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica no solo es un duro golpe contra la estabilidad económica de la nación, sino una falla más en su obligación de actuar bajo principios que promuevan el interés general, la equidad y la salvaguarda del Estado Social de Derecho.  

El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, se hizo con base en las facultades establecidas en el artículo 215 de la Constitución y tenía dos propósitos fundamentales:  

Primero, apropiar recursos adicionales para atender la situación de inestabilidad y déficit fiscal que viene afectando al país desde gobiernos anteriores y que podría llevar a situaciones más gravosas en el inmediato futuro. 

Segundo, generar impactos redistributivos -más equidad-, con medidas dirigidas a que las personas de más altos ingresos hicieran una mayor contribución al presupuesto nacional.

En consonancia con lo anterior, al amparo de la emergencia económica, se dictó el Decreto 1474, que fijaba un gravamen a patrimonios superiores a dos mil millones de pesos (existía ya para patrimonios superiores a 3600 millones), aumentaba en 15% la sobretasa de renta al sistema financiero y el IVA al 19% al consumo de licores, sin incluir la cerveza. 

Asimismo, prorrogaba el impuesto del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón, y el impuesto a juegos de suerte y azar decretado bajo las medidas tributarias en la conmoción Interior de la región del Catatumbo, al inicio de 2025. Se establecía también una medida adicional de normalización tributaria para personas que no han declarado los bienes que tienen en el exterior. Además, el decreto permitía una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN, en mora a 31 de diciembre de 2025.

Ninguno de los impuestos que se crearon o aumentaron con la emergencia tocan productos básicos de la canasta familiar o afectan a los contribuyentes de medianos o más bajos ingresos. 

El gravamen al patrimonio se cobraría a partir de montos superiores a dos mil cien millones de pesos, con tarifas progresivas desde el 0,5% hasta el 5% a patrimonios superiores a los cien mil millones de pesos. El impuesto al consumo de licores y cigarrillos se enmarca dentro de los llamados impuestos saludables, pues es conocido su impacto nocivo a largo plazo, que al final termina siendo más oneroso para el Estado. Respecto de la sobretasa a la renta del sector financiero, a noviembre de 2025 sus utilidades llegaron a $122 billones, una cifra bastante cómoda como para que le pueda hacer una mayor contribución al tesoro nacional.

Esa ha sido la perspectiva del Gobierno desde sus primeras etapas, preocupado porque el país avance hacia un sistema de tributación no solo más progresivo sino que a mediano y largo plazo garantice mayores condiciones de sostenibilidad. 

¿En qué falló de la Corte? 

La decisión de la Corte de suspender provisionalmente el Decreto no midió las consecuencias de su decisión en el propósito de buscar unas finanzas más equilibradas para el país, lo que pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones y lo expone a asumir costos superiores o enfrentar mayores obstáculos en los escenarios de crédito nacional o internacional.  

Es un revés más al esfuerzo que con distintas iniciativas ha hecho el Gobierno para ajustar un presupuesto que recibió desbalanceado y que, como ahora en La Corte, no han tenido eco en el Congreso ni en los gremios, ni en los partidos de oposición.

Dos proyectos de ley de financiamiento hundidos en el Congreso de la República, declarar inconstitucional la norma que prohibía a las empresas mineras y petroleras deducir las regalías de su impuesto sobre la renta, entre otros, conforman un conjunto de hechos, interpuesto con un ánimo inaudito y deliberado de llevar al fracaso un programa de gobierno que esta vez no consulta ni se ajusta a los intereses de quienes hasta ahora han dispuesto a su antojo de las instituciones del Estado. 

En razón de lo anterior, se cae de su peso el alegato de que la declaratoria de emergencia es improcedente por la no existencia de hechos sobrevinientes, pues consta que el Gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para enfrentar la situación por las vías y procedimientos ordinarios. Se advirtió de la situación, se expusieron los argumentos, se propuso actuar a tiempo; pero se le cerró la puerta al diálogo y se le hizo el quite a un estudio y un debate cualificado que permitiera encontrar una salida en conjunto.

Las utilidades del sector financiero fueron de $122 billones a noviembre de 2025, una cifra bastante cómoda como para que le pueda hacer una mayor contribución al tesoro nacional.

La verdad es que Corte y Congreso se desviaron de sus funciones de priorizar el interés nacional y se quedaron fustigando el ideario de los que no propiamente se conducen en defensa de un orden cuya caducidad ya viene siendo decretada.  

Además, no es cierto que se esté poniendo en vilo la división y el equilibrio de poderes, el Gobierno ha sido respetuoso de la Constitución y del Estado de Derecho. Lo que sí es objeto de un análisis más profundo es que la Corte haya actuado en contravía de decisiones anteriores, tomadas en su mismo seno, referidas a la restricción que tiene para suspender de manera provisional decretos dictados al amparo de medidas de excepción, para lo que no estaría legalmente facultada.

Conviene revisar la Sentencia C-179 de 1994, según la cual la suspensión provisional de decretos promulgados en estados de excepción no solo no es procedente, sino que, por el contrario, es inconstitucional. 

El inciso 7 del artículo 241 de la Constitución Nacional es claro cuando afirma que a la Corte le corresponde decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos que dicte el gobierno, con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. De manera que, si el deber de la Corte es pronunciarse en forma definitiva, no se entiende que esta vez haya hecho una suspensión provisional. 

Al ser la primera vez que se toma una decisión de esta naturaleza, queda en el ambiente que se ha dado curso a una nueva manera de interpretar por parte del ente de control. Esto deja dudas acerca de una eventual sobreposición de criterios políticos por encima de los que ha debido seguir, si actuara estrictamente en derecho.

Como la decisión definitiva sobre la constitucionalidad del decreto está todavía pendiente, valdría también el argumento de que hubo un prejuzgamiento que, siendo precisos, restaría legitimidad tanto al fallo como a la Corte misma, lo que debe considerarse grave. ¿Qué sentido tiene ya esperar el fallo de fondo de un órgano supremo de control constitucional que, como se dice popularmente, ya peló el cobre?

No es el Gobierno, es el país en apuros 

El efecto concreto es que necesidades y demandas urgentes de atender, especialmente en materia de salud y seguridad, así como otras obligaciones que exigen recursos para el funcionamiento del Estado, se van a ver afectadas con impactos que podrían lesionar aún más el orden social e institucional.

Sin mucho margen de acción, el Gobierno se verá impelido a replantear presupuestos, reorganizar programas de pago, recortar gastos y acudir a no se sabe qué tipo de medidas para obtener fondos que lo ayuden a hacer frente a una situación en la que al final todos terminaremos asumiendo los costos. Nada parece importar que Colombia se mantenga como el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo.

El país está en bancarrota institucional si sus máximos órganos de decisión, peor tratándose de sus jueces y magistrados, se politizan.

Es paradójico que políticas y programas -votadas democráticamente-, dirigidas a buscar la prevalencia del interés general, eliminar la inequidad, la exclusión, la existencia de posiciones dominantes, etc., sean tumbadas por la Corte Constitucional; justamente encargada de garantizar los principios que rigen el Estado Social de Derecho. 

No sobra señalar que era esperable el sentido de la ponencia del señor Carlos Camargo Asís, cuestionado desde mucho antes de su nombramiento como magistrado y poseedor de una hoja de vida que no propiamente lo destaca por sus méritos éticos y profesionales. Recordemos aquello de que “salió mal” cuando fue Defensor del Pueblo.  

El país está en bancarrota institucional si sus máximos órganos de decisión, peor tratándose de sus jueces y magistrados, se politizan. Se quiebran los principios éticos y de transparencia que deben orientar sus actuaciones, más aún cuando en el Congreso las decisiones siguen dominadas por el cabildeo de empresarios, castas políticas y grupos de interés que no ceden en su empeño de que el establecimiento se mantenga intocable. 

Hay un estado de derecho que defender, sin duda, y una democracia que en todos sus aspectos se debe fortalecer; pero nada será alcanzable si dejamos que las formalidades e intríngulis del derecho terminen ahogándonos. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

Al fin bajó el salario de los (as) congresistas

Si algo ha dejado claro la legislatura que termina es la importancia de contar con parlamentarios que no sean de los que siempre han sido mayoría y, en consecuencia, un freno a las alternativas de cambio

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Diario El País, Cali

En buen momento y en una acertada decisión, el Gobierno ha expedido el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026 que, con la eliminación de la prima especial de servicios, reduce el salario de los congresistas. 

Varios intentos se habían hecho en el seno del propio Congreso para corregir lo que significa una enorme inequidad frente a otros sectores en la asignación salarial, pero, ni bobos que fueran, a través del ausentismo, el rompimiento del cuórum en el momento de las votaciones y otro conjunto de argucias, los opositores a la medida, empaquetados en las diferentes versiones de los partidos de derecha, y algunos del Verde, lograron imponerse y proteger su abultado estipendio por el loable sacrificio que hacen por el bien de la patria. 

La prima especial de servicios -el sobresueldo-, que a partir de la próxima legislatura dejarán de recibir los congresistas, fue establecida desde 2013 través del Decreto 2170, que sustituía las llamadas primas de localización, de vivienda y de salud que ya venían disfrutando los congresistas. 

En su momento inició con un valor de siete millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($7.898.445), reajustable anualmente en el mismo porcentaje que subiera el salario básico y considerado como componente del factor salarial para la liquidación de las primas de servicios y de navidad. A fecha de hoy ese valor asciende aproximadamente a dieciséis millones de pesos ($ 16´000.000), suma nada despreciable a la que se les hizo acreedores a los padres de la patria, con cargo al fisco nacional. 

Varios intentos se habían hecho en el seno del propio Congreso para corregir lo que significa una enorme inequidad frente a otros sectores en la asignación salarial.

La derogación del Decreto 2170 de 2013, que procede con la expedición del 0030 del 19 de enero de 2026, firmado por el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas, representa para el país un ahorro de cerca de cincuenta y seis mil millones de pesos anuales ($56.000´000.000).

Viene bien esa platica en el momento en que se discuten afugias fiscales y cuando buena parte del país, entre ellos un buen número de congresistas, se contorsiona por el aumento de trescientos veintisiete mil pesos ($327.000) que se ha hecho a los trabajadores que devengan el salario mínimo, más el auxilio de transporte que crece en cerca de cincuenta mil pesos ($50.000). El total devengado será de dos millones de pesos ($2´000.000), veinticinco veces menos de lo que hasta ahora recibe un congresista. 

No sobra recordar que los honorables parlamentarios se benefician, además, con viáticos para transporte y vivienda, tiquetes aéreos, seguros de vida, auxilio funerario, acceso especial a pensión, apoyo para telefonía, camionetas blindadas, servicio de escoltas, etc. A lo anterior se suma el pago para sus Unidades de Trabajo Legislativo -UTL-, un grupo remunerado de asesores de entre seis y diez integrantes que les ayuda a sobrellevar sus pesadas cargas laborales, cuyo pago, por supuesto, corre también a cuenta del erario, al que le significa una cuantiosa erogación. 

Dejemos aparte eventuales “atenciones” que pudieran recibir de lobistas, banqueros, empresarios, caciques regionales, etc., que los acostumbran a premiar si deciden jugar del lado de sus intereses.   

Como a los congresistas les fue imposible legislar en contra de sus buenas mesadas y en bien del país al que, de todas maneras, quisieran ver con sus finanzas equilibradas, fue necesario hacerlo vía decreto del ejecutivo. Esto se corresponde con esa especie de cruzada contra la desigualdad -subirle a los que menos y restarle a los que más- en el que este Gobierno se ha comprometido.  

Aparte de contribuir a allanar los caminos para avanzar hacia la racionalidad en el gasto público y la sostenibilidad fiscal, se pone también en sintonía con la idea de dar prevalencia al interés general, promover la solidaridad y encaminar medidas que beneficien a los sectores que se encuentran en mayores desventajas o viven situaciones de más riesgo y vulnerabilidad.   

No sobra decir que el hecho de que, ante la negativa de un sector mayoritario del Congreso, esta medida hubiera tenido que conducirse vía decreto del ejecutivo, es un elemento a considerar para la conformación del nuevo cuerpo legislativo que se elegirá el próximo ocho de marzo. El país necesita renovar su representación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. 

Si algo ha dejado claro la legislatura que termina es la importancia de contar con parlamentarios que no sean de los que siempre han sido mayoría y, en consecuencia, un freno a las alternativas de cambio.

De sobra ha quedado demostrado el espíritu negacionista, conservador y regresivo que todavía domina en el Congreso. El mismo que quiso hundir la reforma laboral, que no ha dejado hacer realidad la reforma a la salud, que tiene demandada la reforma pensional y que considera populista y se duele del incremento con que se benefició a los trabajadores. En cambio no le duelen las cuestionables cifras a las que se elevan las remuneraciones de los que ocupan, algunos solo ocupan, las sillas del que hacia adelante habrá que enaltecer como el verdadero recinto de la democracia. 

De esto último se trata el voto que debemos depositar en las próximas elecciones. 

*Economista-Magister en estudios políticos

Se le hizo tarde al ELN

¿Será que, esta vez sí, el ELN se ha convencido de que la lucha armada hace mucho perdió su razón de ser, si es que alguna vez la tuvo, y que el país de hoy no es el mismo de 1964 cuando ellos iniciaron su gesta revolucionaria, que hoy no es gesta ni tampoco revolucionaria?

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Canal 1

El Ejército de Liberación Nacional, ELN, inició el año con una nueva propuesta de Acuerdo Nacional dirigida al Gobierno Nacional. Solo hay una cosa difícil con esta organización: creerle.

Luego de más de sesenta años y ya no sabemos cuántos procesos de diálogo iniciados, la frustración y una nueva escalada de la guerra han sido el resultado. 

¿Será que, esta vez sí, el ELN se ha convencido de que la lucha armada hace mucho perdió su razón de ser, si es que alguna vez la tuvo, y que el país de hoy no es el mismo de 1964 cuando ellos iniciaron su gesta revolucionaria, que hoy no es gesta ni tampoco revolucionaria?

Si no es así, se equivoca si cree que alguien le va a comprar su propuesta de Acuerdo Nacional, mientras se siga soportando sobre las acciones de violencia y bajo la tutela de las armas. Más aún, si continúa mostrándose como el protagonista de una guerra degradada, y lejos muy lejos de representar las demandas y necesidades de una ciudadanía que rechaza sus actuaciones y le exige el abandono de sus territorios, a los que sigue condenando al dolor y la violencia.

Peca de iluso si cree que cuenta con la autoridad y legitimidad que lo respalde para erigirse como convocante de una propuesta en la que, una y otra vez, no ha hecho más que sumar frustraciones que impiden otorgarle una visa de credibilidad de parte de la ciudadanía, las autoridades y todo el país político.

Mucha agua ha pasado por debajo del puente después de más de seis décadas de una revolución que no ha sido, de una guerra que se hizo estéril y de una historia que lo devoró a sí mismo y terminó llevándolo a una deriva tan reaccionaria y conservadora como aquella a la que en la otra orilla ideológica se propuso combatir.

Al ELN no le ha pasado el tiempo, se quedó anclado en la Colombia de los años sesenta y setenta, en la impronta del Frente Nacional y el Estado de Sitio, que acaso justificó su presencia y la de otras organizaciones insurgentes, la mayoría de las cuales dieron ya el paso hacia nuevas comprensiones y maneras de entender la lucha revolucionaria y la búsqueda de las transformaciones sociales. 

Le ha faltado entereza y capacidad de raciocinio para entender que no hay revolución posible si no como parte de un proceso de transformaciones culturales, emergencia de nuevos protagonismos y resignificación de prácticas políticas capaces de alterar las bases materiales y simbólicas del poder, única manera de dar lugar a nuevos modelos de sociedad.  

Ha sido incapaz de leer el momento histórico y las dinámicas de un gobierno que, por primera vez en el curso de nuestra historia, ha validado su programa y soportado su legitimidad en sectores que jamás habían tenido la oportunidad de interlocución con aquel a quien eligieron y quien, como tampoco hasta ahora había pasado, sabe que se les debe y representa.  

No advierte sus yerros que lo ubican más cerca de una derecha con la que se junta en su ceguera, una y otro tan torpes y tan lejos de estar en sintonía con los nuevos tiempos y las nuevas agendas que se demandan frente al nuevo acontecer político nacional e internacional. Una derecha que de su parte se siente servida a manteles y de la que se ha convertido en su gran aliado, cuando alimenta su política de guerra y su manoseado discurso de la seguridad.

¿No es acaso la participación de la ciudadanía, la profundización de la democracia, la erradicación de la pobreza, la lucha contra la desigualdad, la defensa de la soberanía, etc., puntos que propone como base de su nuevo llamado al Acuerdo Nacional, lo que ha venido impulsando el presidente Gustavo Petro, a quien ha dado la espalda y se ha negado a acoger su voluntad y disposición a la consecución de la paz?

Su tozudez lo ha hecho ajeno al desarrollo de una sociedad civil que se fortalece y de la amplia estela de movimientos sociales que se han convertido en los verdaderos protagonistas de una revolución que avanza, mientras desdice de su anquilosado proyecto de insurgencia sin tropa, valor ni contenido. 

Se le hizo tarde al ELN para proponerle al país un nuevo Acuerdo Nacional. Le hizo mucho daño al Gobierno con el que tuvo su mejor oportunidad de abrirse espacio, mostrarse como el verdadero representante de quienes fueron los fundadores de su proyecto revolucionario y dar el salto hacia un ejercicio civilizado de la política. 

Le ganó la inercia en la que se dejó anegar por circunstancias que lo desdibujaron como un actor político y lo hicieron cultor de una imagen que, ante quienes dice representar, solo se muestra como uno más de los actores que se resisten a la posibilidad de un cambio.

Nada, en todo caso, deja de lado la necesidad de insistir en que, en la búsqueda y consolidación de la paz, el diálogo y la solución política siguen siendo el camino más indicado. Tal vez el único. De ello es que debemos seguirnos ocupando cuando de la revolución se trata. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

Salario mínimo vital, el gran cambio

 

 Se espera que el nuevo referente de cálculo y el incremento significativo que implicó impacte positivamente la economía, vía crecimiento del ingreso y de la demanda, y termine beneficiando a otros grupos de población y sectores económicos.

 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Emisora Atlántico

La transición del concepto de salario mínimo a salario vital es tal vez es el cambio más profundo que se ha producido durante el gobierno de Gustavo Petro. 

Esta nueva acepción remite al cálculo real, cuando menos más aproximado, del costo de una canasta familiar, que cubra requerimientos básicos de subsistencia: alimentación, salud, educación, vestuario, gastos de transporte, principalmente. No se calcula a partir de una persona, sino de un grupo familiar, tomando en promedio 3.2 personas por familia y asumiendo que 1.5 de quienes la componen trabajan.

El de salario mínimo era un concepto en cierta medida arbitrario, tomaba como referencia solo una persona y siempre había estado por debajo del costo real de una canasta básica de subsistencia. En otras palabras, era insuficiente y mantenía las condiciones sobre las cuales se perpetúan los elevados niveles de inequidad, que es quizá el problema más grande que existe en Colombia. Su incremento, además, se hacía teniendo en cuenta la tasa de inflación y la productividad, que no necesariamente respondían al comportamiento del costo de vida.   

Se espera que el nuevo referente de cálculo y el incremento significativo que implicó impacte positivamente la economía, vía crecimiento del ingreso y de la demanda, y termine beneficiando a otros grupos de población y sectores económicos. Asimismo, lo que solo será visible a mediano y largo plazo, que genere impactos redistributivos, que conjugados con otro conjunto de factores deberán reflejarse en la disminución de la inequidad y la pobreza y pobreza extrema.

El salario vital conlleva a una significativa transformación de las bases filosóficas que han orientado tanto la concepción como el ajuste de la remuneración de los trabajadores. Da vigencia y contenido al Estado Social de Derecho; reconoce y se establece sobre dos parámetros clave: dignidad y calidad de vida, hasta ahora prácticamente ausentes en las mesas de concertación en Colombia; define nuevos parámetros en la relación salario (remuneración de los trabajadores) /renta (utilidades de los empresarios) en la matriz productiva, que hasta ahora ha jugado con ventaja para estos últimos.

 Medidas complementarias

Es necesario anotar que el salario no es la única variable a tener en cuenta en la dinamización y comportamiento de la actividad económica, por lo que se requiere poner en curso medidas complementarias. Por ejemplo, ¿Qué hacer frente a aquellos valores que están indexados (atados) al incremento salarial, que pudieran tener impactos inflacionarios y/o afectar el ingreso disponible de aquellos a quienes el incremento decretado por el Gobierno no los cubre o los cubre en menor proporción? 

Si se aspira a un gran impacto sobre la demanda agregada, es necesario garantizar una respuesta adecuada y suficiente de la oferta, que implica estrategias claras de estímulo a la producción agrícola, pecuaria, agroindustrial y al sector manufacturero en general. Si no es así, se pueden generar efectos desestabilizadores.

Hay que pensar en incentivos o tratamientos diferenciales, en especial para los micros y pequeños empresarios, que pueden hacerse vía créditos de fomento, apoyo a procesos de transformación tecnológica y políticas dirigidas a mejorar los escenarios de comercialización e inserción en nuevos mercados, ojalá con productos que ofrezcan mayores posibilidades de agregación de valor en cada uno de los eslabones de la cadena de producción.

En relación con el desarrollo agropecuario y sus efectos en cadena sobre otros sectores, la producción y el consumo alimentario, por ejemplo, es clave que se continúe con la entrega de tierras a las familias campesinas, en lo que hasta ahora el Gobierno ha mostrado muy buenos resultados. En esa misma dirección, continuar con los proyectos de mejora de infraestructura como carreteras, vías terciarias, disposición de agua para riego, conectividad, sistemas de transporte e iniciativas de electrificación rural, entre otras.  

En fin, se trata de crear la capacidad de respuesta frente a la situación que se deriva de los nuevos referentes del ajuste salarial y el aumento que se espera de la demanda efectiva; en otras palabras, que las empresas reúnan las condiciones que les permitan afrontar y hacer sostenible el cambio, particularmente en términos de productividad, manteniendo o en el mejor de los casos aumentando el número de personas vinculadas laboralmente.   

Coherencia macroeconómica

Si, como ya se anotaba, el salario no es una única variable, es necesario que la política salarial esté en coherencia con otras políticas macroeconómicas que actúan sobre el conjunto de la actividad productiva. En el propósito de estimular la demanda, por ejemplo, no se puede continuar con una política monetaria excesivamente restrictiva, la tasa de interés no puede ser el único instrumento de control de la inflación, en tanto es insuficiente y termina generando efectos contractivos.

En la misma dirección, frente al impacto esperado del incremento del salario en los gastos del Estado, hay que insistir en una nueva ley de financiación; el país necesita reorientar y aumentar su capacidad de recaudo, lo que es perfectamente factible sin que se generen efectos desestabilizadores. Infortunadamente, al Congreso le ha faltado sentido de responsabilidad y le ha fallado a sus ciudadanos llevándolos a asumir sacrificios que bien pudieran evitarse si no lo dominara su espíritu obstruccionista y su férrea disposición a que el Gobierno fracase.

La deuda creciente y la situación de déficit en las finanzas es parte de una situación heredada de gobiernos anteriores, que pueden corregirse si los diferentes sectores políticos y los gremios económicos están dispuestos a acoger un pacto fiscal en el que, con verdadero sentido de patriotismo, piensen en el conjunto de la sociedad y no solamente en sus intereses gremiales y particulares o en buscar saldos políticos con fines electorales.

Con la negativa a modificar el sistema de recaudo los gremios y partidos de oposición le han hecho un enorme daño al país, pues son conscientes de que un presupuesto desequilibrado mina la confianza y credibilidad en el mercado financiero internacional, con implicaciones adversas sobre los costos y posibilidades de acceso a fuentes de financiación. La falta de conciencia y los rencores políticos no tienen porque convertirse en una carga adicional para los ciudadanos.

No hay que proyectar una debacle

Es cierto que la decisión de asumir nuevos referentes para subir el salario genera una fuerte sacudida, pero no estamos en la antesala de una catástrofe ni en el camino hacia el fin de los tiempos, como con cierto maniqueísmo lo presentan sectores de los gremios económicos y los partidos de oposición.

La evidencia ha demostrado que no necesariamente el crecimiento del salario tiene impactos inflacionarios ni se traduce imperativamente en aumento del desempleo y la informalidad. Durante los últimos cuatro años (2022-2025) el salario nominal ha crecido un 62 %, mientras en el mismo periodo la inflación bajó del 13,2 % al 5,1 %. El desempleo, por su parte, tuvo un descenso del 10,55% en 2022 al 7% en 2025, la cifra más baja en el presente siglo. Aunque leve, la tasa nacional de informalidad ha descendido del 57,9 en el trimestre agosto-octubre de 2022 al 55,5% en el trimestre agosto-octubre de 2025.

De manera que los datos desestiman las predicciones fatalistas de los críticos que, sin mirar el conjunto, se quedan en un solo lado de la ecuación: el del impacto sobre los costos laborales y sobre algunos valores indexados, en uno y otro caso sin mayor argumentación técnica. Es decir, omiten referirse a lo que el mayor ingreso disponible implicaría en términos de crecimiento de la demanda agregada, aumento de la producción, estímulo al desarrollo empresarial y crecimiento de las personas ocupadas.  

Nueva matriz productiva

Respecto a lo anterior, es importante destacar que la nueva fórmula de incremento salarial se hace sobre una economía que se ha venido modificando, en el marco de una ruptura con la ortodoxia económica. Se han replanteado los sectores que lideran el proceso de producción y acumulación, en tanto se transita de un modelo basado en la primarización de la economía -el extractivismo-, hacia otro que se apoya en sectores que ofrecen ventajas para el mercado interno, más estabilidad, posibilidades superiores de reinversión en la economía local y más potencial para la generación de empleo.

Se refuerza así la idea de que, más allá de la escala de remuneración, la vinculación de la fuerza de trabajo depende ante todo de la diversificación y el anclaje de la base productiva con los sectores reales de producción. Es lo que ha ocurrido con el sector agropecuario, la industria manufacturera, el turismo, el comercio y los servicios, a los que se ha dado prioridad durante este Gobierno, frente a la que hasta ahora tenía el de explotación minera.

Mientras que este último participaba en el PIB con un 10% en el tercer trimestre de 2012, desciende a 4% en el mismo trimestre de 2025. La participación de la agricultura pasó del 6% al 10% durante el mismo periodo de referencia; el comercio al por mayor y al por menor pasó del 15% al 19%, comparando también el tercer trimestre de 2012 y 2025..

El cambio en la matriz productiva ha permitido igualmente una nueva inserción en las dinámicas económicas internacionales; el país cuenta hoy con una canasta exportadora más diversificada y menos sujeta a los vaivenes de precios y los flujos de oferta de los tradicionales commodities. De acuerdo con Giraldo, mientras entre enero y septiembre del presente año las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas contribuyeron con un 30,5% del total exportado, en 2012 esta cifra era apenas de un 11,23%. Las manufacturas pasaron de participar con un 17,3% de las exportaciones en 2012 al 21, 8% en 2025. En el caso de la participación de industrias extractivas la relación es inversa, cuando pasaron del 65,8% en 2012 al 39,3% en 2025.  

En general, el balance de la economía ha mostrado signos muy positivos: es evidente la reactivación económica, con un ritmo de crecimiento de alrededor del 3,5%, según reportes de último trimestre del DANE. Tal reactivación, como se anotó al comienzo, se expresa en la reducción significativa del desempleo, el descenso en la tasa de inflación y la reducción de la tasa de cambio. De acuerdo con estimaciones de algunas entidades nacionales e internacionales, se proyecta un comportamiento igualmente positivo para el nuevo año.

Si cuando se hizo la reforma del 2003, en el gobierno de Alvaro Uribe, se eliminaron horas extras, se redujo el pago de dominicales y festivos y se precarizó el sistema de contratación laboral con contratos de prestación de servicios; es decir, se puso el ajuste económico sobre los hombros de los trabajadores con el argumento de que iba a reducir el desempleo y la informalidad, que en efecto no ocurrió, |vale entonces considerar que hoy el esfuerzo superior esté del lado de los empresarios. Seguro que no van a fenecer y sí permitirían que avancemos hacia una sociedad menos desigual, más justa y en donde la democracia no siga siendo solo una aspiración.

Ojalá sepan leer y entender esta nueva etapa de la historia en la que se encuentra el país y demuestren su grandeza y compromiso, para que al final la nación entera sea la que termine ganando. También ellos, con la seguridad de que en realidad no les demanda mayores sacrificios, deben mirar cómo se protege y expande el trabajo formal y vinculan cada vez más y en mejores condiciones nueva fuerza de trabajo. 

Hoy que decirles, con humildad y sin arrogancia, que ya no son solo ellos los que deciden. Saben que no van a perder, tal vez, solo tal vez, ganarían un poco menos, pero avanzaremos todos hacia una sociedad mejor. Porque más equidad y menos pobreza es el camino más seguro hacia la paz.

 

 *Economista-Magister en estudios políticos

Sí o sí a la ley de financiamiento

Siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo, la tributación no juega prácticamente ningún rol en mejorar la redistribución y reducir la desigualdad y la pobreza, que es lo que da sentido a la intervención del Estado.

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Radio Nacional

Sí o sí se requiere la aprobación de la ley de financiamiento en Colombia. No es un capricho del Gobierno ni debe convertirse en una más de las formas como la oposición establece su veto, cualesquiera que sean sus iniciativas. El déficit fiscal es una situación que viene desde mandatos anteriores, especialmente el de Iván Duque, y al que con todo el sentido de responsabilidad esta administración le ha venido haciendo frente. 

No se trata de decir “no admitiremos nuevos impuestos para los colombianos”, como demagógicamente pronuncian los voceros de algunos partidos. Colombia necesita aumentar su tasa de recaudo y tiene de dónde y con qué. Basta un sistema de tributación en donde los grandes tenedores de riqueza hagan contribuciones más justas de acuerdo con sus capacidades y no se castigue con mayor rigor a los sectores de medianos y más bajos ingresos.

Es de doble moral que se trate de bloquear la aprobación de la ley, mientras se reclama a su vez por la situación de déficit que cerraría el año alrededor del 7% del PIB. Decir que el periodo electoral no es el mejor momento para discutir una iniciativa de esta naturaleza es cierto solo si son los criterios e intereses políticos inmediatos los que se sobreponen y se deja de lado la seriedad con que debe abocarse el tema, independiente de cuál sea el sello del próximo o los próximos gobiernos.

Lo esperable, por el contrario, sería que, al margen de coyunturas y búsqueda de saldos electorales, quienes aspiran a ser elegidos destapen sus cartas y muestren qué tanto están dispuestos a encarar una salida de fondo al problema de las finanzas de la nación. Es inexplicable que lo indicado sea hacerle el quite al debate y eximirse de responsabilidades, tal cual ha estado ocurriendo en las comisiones del Congreso.   

Una institucionalidad fiscal débil

En general, Colombia adolece de una débil institucionalidad fiscal. Dentro de ello comprendemos una pobre cultura de tributación, una reglamentación que termina jugando en contra de los intereses del Estado y falta de mecanismos adecuados de control a la evasión y la corrupción. A lo anterior se suma la resistencia a acoger principios rectores como la equidad en la asignación de los recursos y la progresividad en su captación -el que más tiene más paga-, que es donde se encuentran las principales fallas. 

Así se explican los bajos niveles de recaudo, la imposibilidad de responder a las necesidades de gasto y la poca confianza ciudadana que mina la legitimidad del sistema, porque además se considera injusto y desincentiva el cumplimiento de las obligaciones en prácticamente todos los grupos de contribuyentes, los ámbitos sectoriales y las unidades territoriales.

La tasa de recaudo es muy baja 

En comparación con la media de los países de la OCDE, de la cual forma parte, la tasa de recaudo de Colombia, como proporción del PIB, está 11,7 puntos por debajo. Mientras en el organismo internacional, según datos de 2023, es de 33.9%, en el país es de 22,2%, incluidas las contribuciones a la seguridad social. Es incluso inferior al de algunas economías latinoamericanas, como Brasil, cuya tasa es 32,0%; Jamaica 29.0%; Argentina 27.8%; Uruguay 27.4%, Bolivia 23.9% y El Salvador 22.8%, para tomar solo algunos ejemplos. 

Los bajos niveles de captación se acentúan con la cantidad de exenciones y regímenes especiales, sobre todo para las empresas o personas de más altos ingresos y con mayores patrimonios, que significan una pérdida importante de recursos para la nación. De acuerdo con Carrero: “Se estima que el 1% más rico en Colombia concentra el 20% de los ingresos anuales y al menos entre el 70% y el 85% del ingreso bruto de ese 1% no estuvo gravado plenamente en la última década, bien sea por deducciones, exenciones o tratamientos especiales, entre otros”.

Los mecanismos de exención son asimismo una fuente de evasión; un estudio de Fedesarrollo, calcula que, solo en lo que respecta a la renta de personas jurídicas, el costo fiscal de la evasión en 2018 alcanzó un 5,7% del PIB.  

Bajo impacto redistributivo

Otra característica de la tributación en Colombia es el peso superior que tienen los impuestos indirectos, tales como el IVA, el impuesto al consumo y los ingresos laborales, que afectan especialmente a las personas de medios y más bajos ingresos. A 2022 este tipo de impuestos representaban un 35% del total, mientras los directos, principalmente renta y patrimonio, que gravan a los más sectores con mayor riqueza, representan un 34%. 

De ahí se deriva que, siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo, la tributación no juega prácticamente ningún rol en mejorar la redistribución y reducir la desigualdad y la pobreza, que es lo que da sentido a la intervención del Estado. Al contrario, la regresividad se acentúa entre más altos son los niveles de ingreso, en tanto disminuyen sus tasas efectivas a causa de los beneficios a los que tienen acceso.

Un agravante es que la mayor parte de los impuestos directos recae sobre las empresas y no sobre las personas naturales. De acuerdo con la OCDE, mientras que en sus países miembros la media de impuestos y contribuciones a cargo de las personas naturales explican más de un 50% del recaudo, en Colombia esa cifra no llega al 20%. En cambio, la cuarta parte de sus impuestos los recauda a través de las empresas, cifra dos veces y media mayor a la de la OCDE. Este es un factor que puede desincentivar la actividad o creación de nuevas empresas, en especial las micros y pequeñas, que son las más afectadas y las que más contribuyen a la generación de empleo.

Impuestos verdes y saludables 

Un tema que no se debe omitir es el de la necesidad de fortalecer los impuestos verdes, que, al igual que en los impuestos saludables, en el país se ha avanzado muy poco. Es asumir que la responsabilidad fiscal tiene que ver con la necesidad de anticiparse a riesgos ambientales o en el sistema de salud, que puedan, por ejemplo, demandar mayor gasto del Estado o afectar los niveles de captación por impactos posibles en la estructura productiva. Este tipo de impuestos se corresponden con la idea de que las empresas tienen una responsabilidad social y se deben a la tarea de contribuir a mitigar los efectos negativos que sus actividades producen. 

El recaudo por concepto de impuestos verdes es muy bajo en Colombia. Como porcentaje del PIB, mientras que el recaudo promedio en los países de la OCDE es del 2,3%, en Latinoamérica y el Caribe es del 1,0% y en Colombia alcanza apenas el 0,8%. Se debe a la baja la carga que se aplica a la contaminación por combustibles fósiles, a que el consumo de carbón no está incluido dentro del impuesto al carbono y porque, paradójicamente, el Gobierno otorga subsidios al precio al consumidor de la gasolina y el diésel. 

Armonización con tributos territoriales

Es fundamental abrir rutas que armonicen las estructuras de tributación nacional y territorial para robustecer el modelo de financiación del Estado, en lo que el país presenta un gran atraso. Esto sumado a otro tipo de falencias, como la falta de un catastro actualizado que permite a los dueños de los poderes regionales mantener subvaloradas sus propiedades y autoeximirse del pago de impuestos, incluido el de industria y comercio, gracias a su influjo en la administración de hacienda.  

La necesidad de la Ley de financiamiento

Es evidente que captar menos de lo que se puede y se requiere, cuando al mismo tiempo se tiene una alta porción de gasto inflexible (alrededor del 85%) y elevados niveles de endeudamiento, mantendrá siempre las finanzas en una situación de déficit. Se trata de asegurar que el Estado cuente con recursos suficientes y sostenibles para atender sus necesidades de gasto e inversión y dar respuesta a las demandas sociales y el impulso de la actividad económica. 

Cualquier reforma exige una revisión de las deducciones, rentas exentas, tasas diferenciales o ingresos no constitutivos de renta, que han generado una injustificada brecha en beneficio de las personas jurídicas o naturales con mayor capacidad de pago y un sacrificio enorme para los recursos del Estado.  

Esta debe complementarse con acciones dirigidas a hacer más eficiente el gasto, mediante la priorización de proyectos sostenibles y de alto impacto, en zonas y sectores especialmente relevantes para la economía nacional y en los ámbitos territoriales. Asimismo, se debe fortalecer el control a la evasión y la corrupción con castigos ejemplares, de manera que se logre mayor legitimidad y confianza en el sistema por parte de la ciudadanía. Se deben tomar medidas frente a los llamados paraísos fiscales, a través de los que algunos pesos pesados de la economía sacan su riqueza y prefieren pagar intereses a otros países, pese a que se consideren de los más excelsos patriotas.  

La propuesta del Gobierno

En la propuesta del Gobierno se busca, en primer lugar, cubrir el hueco que se advierte en el presupuesto aprobado por el Congreso para 2026. También, avanzar hacia el cumplimiento del principio de progresividad y sostenibilidad fiscal, así como a la recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, que solo puede pensarse mediante un proceso gradual.   

Atendiendo al principio de progresividad, se propone un impuesto a patrimonios superiores a $2.600 millones, pero cuyos efectos mayores estarán a partir de $6.200 millones. De suyo está decir que este no es un impuesto que alcance a tocar a la clase baja o media, ni siquiera a algunos niveles de las clases altas. De igual manera, un impuesto a personas jurídicas, con mayores tasas a las instituciones financieras, un impuesto al carbón y otro al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Se prevé igualmente un aumento del impuesto por ganancias ocasionales y por premios, rifas y apuestas.  

La propuesta está orientada a que quienes poseen mayor riqueza aporten más recursos, con el propósito de que se avance también en la reducción de los niveles de desigualdad y de pobreza. Como corresponde, la reforma es coherente con el espíritu que anima a un gobierno progresista, cuya columna vertebral es avanzar en el establecimiento de cambios estructurales en favor de los sectores hasta más desprotegidos. 

Aun así, y tal como están las cosas, lo más probable es que, con ánimo obstruccionista y criterios electoreros la propuesta sea hundida en las comisiones económicas del Congreso. Será un contrasentido siendo que allí mismo se aprobó el presupuesto para 2026 y saben que la aprobación de la ley es imperativa, pues obedece a un sentido de responsabilidad con un país en el que, es tozudo negarlo, la economía muestra en general un desempeño más que positivo.

Se debe asumir que la política fiscal es más que un modelo de financiación y obedece también al diseño de un modelo de sociedad en la que se supere cualquier tipo de exclusión, se abone el camino hacia el cumplimiento del Estado Social de Derecho y se permita la materialización efectiva de la democracia.

Esto exige el convencimiento de que el déficit es evitable y que es posible encontrar soluciones estructurales, pero se requiere contar con las condiciones políticas, el poder y la capacidad de incidencia y decisión de los interesados en que los cambios se produzcan. Por eso es inminente una recomposición de los sectores que hasta ahora han mantenido su dominio en el Congreso de la República. 

Ojalá que un acto de sensatez y de verdadero patriotismo orienten a las mayorías del Congreso para que, más allá de la inmediatez y del cálculo de las oportunidades políticas, decidan ponerse a la altura de las responsabilidades que el país demanda. 

*Economista-Magister en estudios políticos