Tasa de interés, golpe a la economía

Para cualquier ciudadano, independiente de su posición social o su nivel de ingresos, hoy resulta más gravoso usar su tarjeta de crédito, tomar un crédito de vivienda, de vehículo, en general de consumo o para atender otro tipo de necesidades. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Opinión Caribe

No es, como lo quieren hacer ver algunos sectores, especialmente de los gremios y la oposición política, ni un bloqueo institucional ni la puesta en cuestión de la autonomía del Banco de la República, lo que significa la salida de la reunión de su junta directiva por parte del señor ministro de hacienda, Germán Ávila, el pasado 31 de marzo. Es sencillamente la manifestación de su desacuerdo con la elevación, por segunda vez consecutiva, de la tasa de interés en cien puntos básicos, a la que el Gobierno considera una medida no solo exagerada, sino inexplicable e innecesaria, que afecta sensiblemente la dinámica de crecimiento y la estabilidad macroeconómica.

Los datos de inflación de los meses de enero y febrero no justifican el tamaño de la decisión. De acuerdo con el DANE, la inflación del mes de febrero fue no solo inferior al de enero: 5,29% y 5,35%, respectivamente, sino que estuvo incluso por debajo de lo que el propio banco había proyectado en la Encuesta Mensual de Expectativas: 5,49%. 

Quedan pues en cuestión los criterios que están orientando las providencias de la Junta, a las que tampoco respalda el comportamiento de otros indicadores, como el desempleo, por ejemplo, o los datos de crecimiento económico, que están dentro de los rangos esperados o incluso por debajo de los mismos. El desempleo en febrero tuvo una reducción de 1.1 puntos porcentuales respecto a febrero de 2025, que desvirtúa además las previsiones de hecatombe anunciadas con ocasión del incremento del salario del 23,7% para 2026. 

Todo indica que no son propiamente criterios técnicos lo que está guiando a los creídos gurús de la economía, sino su negativa a revisar los dogmas y fundamentalismos teóricos, por qué no decir ideológicos, a los que han convertido en una especie de decálogo teológico para fundamentar sus decisiones.

Se equivocan si siguen considerando la política monetaria como el único instrumento de control de la inflación, sin advertir sobre sus inevitables impactos recesivos y el rol que en su comportamiento juegan otro tipo de factores, algunos ajenos a la política económica doméstica. Las dinámicas internacionales -ensombrecidas por las guerras militares y comerciales-, la interrupción de las cadenas de suministro, las alteraciones climáticas, entre otros, tienen un enorme peso en el comportamiento de los precios y no propiamente se corrigen con una resolución como la decretada por los intocables apóstoles de la ortodoxia monetarista. 

Todo indica que no son propiamente criterios técnicos lo que está guiando a los creídos gurús de la economía, sino su negativa a revisar los dogmas y fundamentalismos teóricos

La estabilidad macroeconómica trasciende el objetivo madre del Baco de la República, inflación cero, y debe estar en coherencia con otro conjunto de políticas, especialmente aquellas dirigidas a promover la dinamización de los sectores productivos, la generación de empleo, el estímulo a la capacidad de compra y la demanda de los consumidores, a lo que no le hace ninguna contribución el incremento del costo del dinero, que es, en últimas, a lo único que conduce la elevación de la tasa de interés.

Para cualquier ciudadano, independiente de su posición social o su nivel de ingresos, hoy resulta más gravoso usar su tarjeta de crédito, tomar un crédito de vivienda, de vehículo, en general de consumo o para atender otro tipo de necesidades. Pues está obligado a hacer una mayor contribución a las alforjas de una banca cuyos intereses se mantienen ajenos a los de un país que se esfuerza no solo por mantener a flote su economía, sino porque sus resultados redunden en beneficio de sus mayorías.  

Flaco favor se les hace a los sectores reales de producción mientras se premia solo al sector especulativo y financiero, nacional e internacional, que viaja plácido, rápido, a bajo costo y con excelentes perspectivas a los lugares donde mayores dividendos les ofrezcan, hoy Colombia entre ellos. 

Elevar -sin suficiente ilustración y sin que las circunstancias lo ameriten- en solo dos meses doscientos puntos básicos la tasa de interés es un contrasentido para una economía que hasta ahora no ha mostrado significativas alteraciones.

Los efectos se verán también sobre la tasa de cambio: una mayor revaluación del peso que, con sus más y sus menos, producirá alteraciones sobre los volúmenes, los costos de producción y el tamaño de la demanda interna, por el impacto esperado sobre los precios de las materias primas y de los bienes e insumos importados. Queda esperar también lo que resulte para los exportadores, que verán mermar sus ingresos por cada dólar exportado y se situarán con menos ventaja frente a sus competidores internacionales. 

Elevar -sin suficiente ilustración y sin que las circunstancias lo ameriten- en solo dos meses doscientos puntos básicos la tasa de interés es un contrasentido para una economía que hasta ahora no ha mostrado significativas alteraciones. Solo refleja el todos a una al que se han convocado las mayorías en el Congreso de la República, algunas Cortes, la Junta Directiva del Emisor y los sectores políticos y económicos reticentes al cambio, contra las políticas de estabilización, crecimiento y búsqueda de mayores condiciones de inclusión y equidad en las que se ha comprometido el actual Gobierno. 

Que los sabios rectores de la banca no confundan autonomía con indiferencia, que tampoco sientan amenazada su independencia por el llamado que se les hace a revisar el saldo en rojo y los manuales ya obsoletos con los que insisten en seguir orientando el destino de nuestras naciones. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

La metamorfosis

 

El efecto Oviedo llevó a que una mañana, al despertar, Paloma amaneciera transformada en una ilustre integrante del llamado y cada vez más difícil saber qué cosa sea, centro político.

Orlando Ortiz Medina*

Dalí. Museo de Bellas Artes de Asturias 

Por donde se le mire, no son propiamente méritos personales sino sucesos indeseados, juegos sucios, imprevistos y oportunismo, además de la baja capacidad competitiva de sus contendores en la consulta, los que pusieron a Paloma Valencia en el lugar en que está hoy en la carrera para la Presidencia de la República. 

Miguel Uribe Turbay, el más seguro candidato de su partido -pues él sí era el de Uribe Vélez-, fue infortunadamente asesinado en el transcurso de la campaña. Se hizo público que en plena celebración de sus honras fúnebres se develaron discordias entre Maria Claudia Tarazona -viuda del líder asesinado - y la, en su momento precandidata, Maria Fernanda Cabal. Al padre de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, lo sacaron muy pronto y a sombrerazos de su partido y tuvo que ir a hacer el duelo y a continuar la campaña de su hijo asesinado formando grupo aparte.  

La nominación de la candidatura de Paloma fue cuestionada por falta de transparencia en el mismo seno de su partido por uno de sus principales líderes, José Félix Lafurie, quien renunció y migró hacia el Movimiento de Salvación Nacional, que avala la candidatura de Abelardo De la Espriella. 

Con el camino despejado y ratificada, se dice que a regañadientes, por el dedo mágico de Uribe Vélez, Paloma Valencia se anotó otro triunfo al ser aceptada en la consulta de los precandidatos de la llamada Gran Alianza por Colombia, a los que sin ningún esfuerzo terminó engulléndose, después de que marcaba solo un 2% en las encuestas de opinión. La tenía muy fácil. Pues llegó a la consulta como la única con una estructura de partido, representación parlamentaria y sus respectivas clientelas regionales, de lo cual carecía la mayoría de sus competidores. Ha contado, además, con la ventaja de llevar en su maleta de campaña al expresidente Uribe, que le asegura la posibilidad de convocar al menos un chiflido en los lugares públicos en los que se presenta. 

Nunca como ahora nos habíamos enfrentado a dos propuestas tan distantes de país. 

Pero, si faltara, dos imprevistos ocurridos con Daniel Oviedo terminaron insuflando la suerte de la candidata, pocos días antes de que se realizara la consulta. Una increpación de Vicky Dávila y un comentario discriminador de Abelardo de la Espriella, se tradujeron en un millón doscientos cincuenta mil votos, nada despreciables para cualquier candidato, y mucho menos para Valencia, que finalmente lo acogió como su fórmula a la vicepresidencia. 

Así que Oviedo terminó siendo la vena a través de la cual le fluyó supuesta sangre nueva al desgastado uribismo. Por esas cosas del azar, de las volteretas de la política o de las rarezas de la vida, como en la famosa novela de Franz Kafka, La metamorfosis, el efecto Oviedo llevó a que una mañana, al despertar, Paloma amaneciera transformada en una ilustre integrante del llamado y cada vez más difícil saber qué cosa sea, centro político. 

En su nueva presentación, Paloma quiere ser más llamativa y parecerse menos al horrible insecto en el que, para una gran parte de la sociedad, terminó convertido su partido. 

Lo cierto es que, aunque se vista de seda, Paloma en sus alas se queda. Difícil que el maquillaje que le facilita Oviedo lleve a olvidar que ha sido una de las más connotadas representantes de la extrema derecha en Colombia, que lleva a pie de página las ideas de su gran jefe y que ha sido en el Congreso la más feroz opositora a las iniciativas de cambio que ha intentado llevar a cabo el actual Gobierno. 

Es fiel encarnación del conservadurismo, pervive en la añoranza de esa sociedad excluyente y desigual que la élite económica y política a la que pertenece se ha empeñado en mantener. Es de las que cierra ojos y oídos para no aceptar que hoy vivimos realidades y culturas diferentes: más plurales, más diversas, y en las que un mayor universo de actores se revela para decir que otro mundo es posible.  

Difícil pensar en la abrupta conversión a mansa Paloma a quien ha vivido en el solaz de la guerra y se mantiene atada a una dirigencia renuente a asumir la caducidad de sus dogmas. Esto explica en parte la negación de los derechos de sectores cuyas identidades, necesidades y aspiraciones no caben en sus estrechos marcos de comprensión, incluida la comunidad a la que pertenece Oviedo.

Oviedo, en cambio, no propiamente sufre una metamorfosis, sino que se reafirma como el uribista que siempre ha sido; pues parece que de progresista lo único que tiene es la manera abierta de asumir su orientación sexual.

Fue del equipo de campaña de Uribe en 2002, apoyó su reelección en 2006, se unió a la candidatura de Santos en 2010 (cuando era el que decía Uribe), a la de Zuluaga en 2014, cuando ya Uribe era enemigo de Santos; fue miembro del equipo de gobierno de Iván Duque. De manera que el único centro del que ha hecho parte es, en efecto, el Centro Democrático. 

Aun así, produce desazón verlo con un partido en el que claramente no es bien recibido por su militancia. Algunas voces han manifestado la inconveniencia moral de su postulación y su desacuerdo con que haya puesto condiciones, de las que finalmente se bajó, para aceptarla. 

Difícil pensar en la abrupta conversión a mansa Paloma a quien ha vivido en el solaz de la guerra y se mantiene atada a una dirigencia renuente a asumir la caducidad de sus dogmas

Es decir, juntos, pero con las distancias y precauciones debidas. Uribe lo dejó claro en su presentación en público cuando expresó, palabras más palabras menos: reconocemos la diversidad, pero los papás y las mamás pueden estar tranquilos porque nos comprometemos a garantizar el respeto y la seguridad de los niños. Qué insulto para Oviedo y la población LGTBIQ+, pues qué otra cosa significa esta expresión sino la reafirmación de que se le considera potencialmente peligrosa, como en diversas oportunidades lo han manifestado los sectores conservadores, de la derecha y la extrema derecha. 

De manera que el experto en estadística y proyecciones jugó esta vez una moneda al aire con la que perdería por las dos caras: si su dúo es elegido quedará subordinado a la agenda uribista; si no, habrá seguramente quemado las posibilidades de una carrera política que le hubiera augurado mayores éxitos.

En temas como la implementación del acuerdo de paz y la preservación de la JEP, en donde habita una de las mayores diferencias entre la candidata y su fórmula, el uribismo tiene líneas rojas de las que, como ha reafirmado Valencia, no está dispuesto a moverse. En el mismo sentido, estarían en juego temas como el respeto y efectiva aplicación de los derechos sexuales y reproductivos: la adopción y matrimonio de parejas del mismo sexo y el acceso legal y seguro al aborto, principalmente, aunque ya estén reconocidos constitucionalmente. Quedan en duda también los avances en materia de derechos sociales, en especial los laborales, pensionales, de protección de la vejez, gratuidad de la educación, entre otros, que no han sido del agrado del uribismo y su bancada en el Congreso de la República. 

En fin, es mucho lo que está en juego en estas próximas elecciones presidenciales. Nunca como ahora nos habíamos enfrentado a dos propuestas tan distantes de país. Una que quiere que se reconozcan las transformaciones culturales, se profundice la democracia, se valore la diversidad y se reduzcan las inequidades; y la que insiste en que nos mantengamos en medio de todo tipo de desequilibrios, que han sido la fuente principal de nuestra dolorosa historia de violencia. 

Ya veremos si los colombianos se deciden por un matrimonio por conveniencia o por una fórmula fundada en el anhelo de seguir trabajando por una sociedad en la que, sin rencores ni distinción, quepamos todos.  

*Economista-Magister en estudios políticos

Elecciones del Congreso, profundizar el cambio

En medio de una crisis sostenida, tanto de los partidos tradicionales como de las nuevas expresiones de la derecha y la extrema derecha, los movimientos progresistas y de izquierda ganan terreno y consolidan su liderazgo en el escenario político nacional. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto Senado de la República

El próximo domingo los colombianos y colombianas tendremos la oportunidad de cambiar la composición del Congreso de la República para avanzar un paso más en el proceso de transformaciones políticas y sociales que el país ha venido viviendo en los últimos años. 

En medio de una crisis sostenida, tanto de los partidos tradicionales como de las nuevas expresiones de la derecha y la extrema derecha, los movimientos progresistas y de izquierda ganan terreno y consolidan su liderazgo en el escenario político nacional. 

Así lo demuestran las encuestas y sondeos de opinión realizados con ocasión de la campaña electoral y la elevada imagen de favorabilidad del presidente Gustavo Petro, que prácticamente se mantiene en el mismo nivel que al comienzo de su mandato. El impacto de sus políticas, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, es señal de una sociedad que está cambiando y de una ciudadanía que no está dispuesta a permitir regresiones. 

En este contexto, nunca como ahora la elección del Congreso había adquirido tanta relevancia, con un electorado más informado y consciente de la importancia que tiene la decisión de votar por uno u otro de quienes aspiran a erigirse como sus representantes en el legislativo.

Junto con el ejecutivo y el judicial, los tres poderes cumplen la función de garantizar que exista un sistema de pesos y contrapesos, como condición esencial para el funcionamiento de la democracia.  Pese a esto, lo que ha predominado en Colombia es un acuerdo tácito de toma y dame, especialmente entre el ejecutivo y el legislativo, que ha desgastado la independencia y el ideario democrático como fuerza vinculante de las ramas del poder público.

Senadores y representantes terminaron en un tejemaneje de transacciones que, por un lado, garantizan gobernabilidad al ejecutivo y, por otro, aseguran a congresistas prebendas, contratos y recursos que les permitan mantener el apoyo de las bases de sus partidos y en sus feudos locales y regionales. Más aún, muchos se posicionan en sus cargos como representantes de grupos particulares, especialmente de sectores empresariales u otros grupos de poder, para quienes cumplen la tarea de evitar que pasen leyes o reformas que puedan afectar sus intereses. 

Un cambio de escenario  

La experiencia con el actual gobierno marcó, en parte, una ruptura histórica, aunque no necesariamente para bien de la democracia. Lo que era un maridaje entre el congreso y el ejecutivo tornó hacia un propósito puramente obstruccionista por parte de los legisladores de la oposición, que sumados son mayoría, bloqueando una a una las iniciativas del Gobierno. 

En las elecciones del próximo domingo convergen dos retos fundamentales: primero, garantizar la continuidad de la agenda social iniciada por el Gobierno de Gustavo Petro; segundo, profundizar el proceso de cambio y mejorar la calidad de la democracia 

Propuestas que concitaban el interés general fueron negadas sin agotar los trámites en las respectivas comisiones o en las sesiones plenarias, como también sin los criterios técnicos y estudios serios de sus alcances en la búsqueda de respuestas a los grandes problemas del país.  

La reforma laboral, la reforma pensional -todavía en espera tras la demanda interpuesta por la candidata Paloma Valencia-, la reforma a la salud, dos propuestas de Ley de Financiamiento y la propuesta de Ley de Jurisdicción Agraria, para tomar solo las principales, fueron sometidas a un largo viacrucis y en su mayoría hundidas por un cuerpo parlamentario al que apenas lo mueve un ánimo revanchista y el interés de ver un Gobierno conducido al fracaso. 

Una agenda que debe continuar 

En las elecciones del próximo domingo convergen dos retos fundamentales: primero, garantizar la continuidad de la agenda social iniciada por el Gobierno de Gustavo Petro; segundo, profundizar el proceso de cambio y mejorar la calidad de la democracia con unas elecciones no solo más transparentes sino en las que las fuerzas progresistas alcancen mayor representación.  

Sin embargo, lo anterior no es posible si el dominio parlamentario lo mantienen los residuos de los partidos Liberal o Conservador que, sobreviviendo de sus estructuras y prácticas clientelistas, siguen siendo un freno al progreso que el país requiere. Lo mismo ocurre con el Partido de la U, Cambio Radical e incluso algunas expresiones del Partido Verde, para no nombrar otras colectividades de menor factura, que no tendrán otra misión que la de seguir engrosando el palo en la rueda. Poco que agregar respecto del Centro Democrático, que ha demandado todas las reformas, se consagra como la máxima expresión de la degradación de valores en la política y permanece anclado a la idea de que todo en Colombia es un asunto de soluciones militares. 

Como proyecto político nacido de la confluencia de sectores sociales y expresiones políticas y culturales que representan la diversidad del país, el Pacto Histórico es el único que ha trazado una agenda orientada a fortalecer la democracia. Es un propósito de largo plazo, pero con una ciudadanía cada vez más dispuesta y a la que la evidencia de los cambios ha convencido de que, si se continúan renovando las dirigencias, otra sociedad sí es posible.

La tarea queda pendiente.

*Economista-Magister en estudios políticos 

El salario es vital

 

El auto del Consejo de Estado es una decisión en contravía del propósito que ha inspirado a este Gobierno de corregir las enormes inequidades que existen en Colombia y que afectan especialmente a los(as) trabajadores(as) de más bajos ingresos

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Unidad Solidaria

Preocupa seriamente el estado de las instituciones en Colombia. Decisiones que deberían emitirse con estricto apego al ordenamiento jurídico están siendo sobrepuestas por criterios de orden esencialmente político o ideológico, que ponen en cuestión la solidez de la democracia y del Estado Social de Derecho. 

Fallos recientes como el de la Corte Constitucional que suspendió provisionalmente la emergencia económica; el del Consejo Nacional Electoral que truncó la participación de Iván Cepeda en la consulta del próximo 8 de marzo, y el auto del Consejo de Estado que interrumpió de manera transitoria el incremento salarial decretado por el Gobierno para 2026 generan recelo por su presunta falta de validez y legitimidad. 

En las vestiduras de jueces, magistrados de las altas cortes, consejeros de Estado y del Consejo Nacional Electoral, principalmente, parecieran ocultarse personajes a los que, antes que la salvaguarda del Estado de Derecho, como presumen argumentar, lo que realmente los mueve es su defensa del modelo de desarrollo. 

Ni la decisión de la Corte Constitucional ni la del Consejo de Estado tienen precedentes en la historia de Colombia. Ni una ni otro tienen facultades para emitir ese tipo de fallos provisionales. Así que en el autootorgamiento de estas nuevas potestades puede advertirse más bien una reacción al hecho de que en el país haya hoy un gobierno de izquierda. No de otra forma podemos entender esta lista inédita de fallos que muestran el comodín en que ha quedado convertido el derecho, al arbitrio de interpretaciones que bien podríamos asimilar a juicios amañados. 

Salario vital para corregir inequidades 

El auto del Consejo de Estado es una decisión en contravía del propósito que ha inspirado a este Gobierno de corregir las enormes inequidades que existen en Colombia y que afectan especialmente a los(as) trabajadores(as) de más bajos ingresos. 

El cálculo del nuevo salario iba más allá de una simple acepción normativa y revisaba tanto conceptual como técnicamente los criterios para decidir la remuneración de los(as) trabajadores(as). 

En el primer caso, se pasaba del concepto de salario mínimo a salario vital, que acoge con propiedad lo que significa ser parte de un Estado Social de Derecho. En el segundo, revisaba los criterios de medición, con el propósito de que el ingreso recibido por el trabajador alcance para cubrir, al menos en parte, el costo de una canasta básica; es decir, que cubra bienes y servicios esenciales para dignificar sus condiciones de vida.  

El concepto de salario vital se basa en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sirve para medir la brecha entre el valor del salario mínimo y el costo real de vida de una familia, que es finalmente lo que está en el centro de la discusión. Y aunque los defensores de la pírrica remuneración de Colombia aduzcan que el concepto de salario vital no está dentro de la Ley 278 de 1996 (que establece los parámetros para calcular el incremento) y que no es vinculante con los preceptos de la OIT, hay que recordarles que sí está ordenado por el artículo 53 de la Constitución Nacional que, se les olvida, es la norma de normas.

El artículo 25, por su parte, expresa que … toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Dignas y justas, entre otras, significa, como ya se anotó, una remuneración que cubra siquiera el costo de una canasta básica, lejos de lo cual ha estado siempre el ya en desuso concepto de salario mínimo.

Asimismo, el incremento del Gobierno se fundamentó en la sentencia C-815 de la Corte Constitucional, proferida en 1999, que obliga tener en cuenta con carácter prevalente la protección del trabajo y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital.  

Están fuera de contexto quienes no se han dado cuenta de que el país cambió y que no es posible mantener las circunstancias en el que unos viven en los privilegios mientras otros se consumen en la pobreza.

Si se acogieran las recomendaciones de la OIT, el mínimo vital debería tener en cuenta el consumo mínimo de calorías que requiere diariamente una persona, los costos de vivienda y de los servicios públicos, los gastos de salud, educación, transporte, ropa, productos de limpieza y comunicaciones, principalmente. Si así fuera, su valor debería ser de $ 2´982.960 para un hogar promedio de cuatro personas. Una cifra inferior sería, en efecto, violatoria de la constitución. 

Protección del trabajo o bloqueo al Gobierno

El Consejo de Estado, cuyos magistrados reciben 26 veces lo que gana un(a) empleado(a) de salario mínimo, actúa en contra de sus derechos y reitera la vocación de prácticamente toda la institucionalidad de bloquear las medidas que ha querido impulsar el Gobierno. Su decisión es en extremo grave y reafirma el estado de tensión e incertidumbre al que han querido llevar el país. 

Para los trabajadores hay ya un derecho adquirido que impediría la reversión definitiva del decreto; muchas alzas se han realizado teniendo en cuenta el valor del nuevo salario; también ya el Banco de la República, en un tono desmedido, subió las tasas de interés a niveles que nadie esperaba. Queda por verse qué más pueda pasar frente a una decisión que, por donde se le mire, viene muy mal.

Están fuera de contexto quienes no se han dado cuenta de que el país cambió y que no es posible mantener las circunstancias en el que unos viven en los privilegios mientras otros se consumen en la pobreza. Colombia necesita avanzar en atender las necesidades y garantizar los derechos de esas mayorías a las que les ha tocado llevar sobre sus hombros el peso de un modelo de desarrollo pensado para el beneficio de ciertos intereses y no del bienestar general.

Valdría preguntarles a los detractores de esta nueva visión conceptual y técnica de cálculo del salario por qué, por ejemplo, cuando se promulgó la Ley 789 de 2002, ni las instancias guardianas del Estado de Derecho ni gremios económicos, ni los partidos afines a sus intereses se pronunciaron frente a los efectos nocivos que tuvo sobre los(as) trabajadores(as). ¿Por qué entonces no se adujo la protección especial del trabajo? ¿Por qué nadie reaccionó a la reducción del valor de las horas extras, la extensión de la jornada nocturna y la precarización de los sistemas de contratación que puso de moda los contratos de prestación de servicios?   

Lo que está en juego en Colombia son dos modelos de sociedad

¿Quién ha llamado a rendir cuentas al expresidente Uribe, responsable principal de las reformas de 2002, porque ni el empleo aumentó ni mejoró su calidad, ni se redujo la informalidad, que fue el pretexto con que tales reformas se pusieron en curso? ¿No era entonces relevante la especial protección del trabajo, que hoy demagógica e hipócritamente se invoca?  

Más allá de la coyuntura

Lo que está en juego en Colombia son dos modelos de sociedad, cada vez más distantes, en un país en el que, como Colombia,  en asuntos de democracia nos vemos todavía en un lento proceso de maduración. Persiste una enorme brecha entre el ideal del Estado Social de Derecho y las condiciones materiales de vida de los ciudadanos. La democracia, en esencia, sigue reducida a instituciones y procedimientos formales, hueramente normativos y al acomodo de funcionarios que, sesgados en sus posiciones, confunden fallos en derecho con auténticas leguleyadas. Mientras tanto, ni alarma ni avergüenza, seguimos siendo el tercer país más desigual del mundo y el primero de América Latina.  

El salario vital deberá ser defendido por los(as) trabajadores (as) y por todos(as) los(as) que consideren que el país no se debe detener, los cambios no se pueden reversar y que la aspiración a la democracia debe ser la ruta por la que necesita seguirse conduciendo.

Economista-Magister en Estudios políticos 

La consulta perdió razón de ser

Sin la participación de Iván Cepeda, la consulta del Frente por la Vida perdió todo sentido y le quitó fuerza al hecho que había generado entusiasmo de millones de colombianos y colombianas 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Focus Noticias

Duro golpe le ha dado a la democracia el Consejo Nacional Electoral, CNE, al cerrarle el paso a la participación del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, en la consulta del Frente por la Vida, que junto con otras consultas partidistas se realizará el próximo 8 de marzo.

Colombia ha sido siempre una democracia a medias, un destino histórico que la ha castigado como nación y por el que ha tenido que afrontar, entre mucho más, una penosa situación de violencia. Aun así, creemos haber avanzado y estar envueltos en vientos de cambio con hechos que se han destacado en las últimas décadas.

La firma de acuerdos de paz con varias organizaciones insurgentes, el debilitamiento de la dirigencia y los partidos tradicionales que se habían apoderado del Estado, así como la emergencia de nuevas fuerzas sociales y políticas que reconfiguraron el mapa de poder en el país, nos han llenado de optimismo al ver una ampliación del espectro democrático y un escenario más despejado para el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos.  

Ojalá no sea así y fracasen en su empeño los que se resisten a dejar que sigamos avanzando hacia un nuevo umbral civilizatorio en el ejercicio de la política.

Sin embargo, lo ocurrido ayer es claramente un paso atrás. Quiebra el ánimo y lleva a pensar que lo que se busca es regresar la nación de los tiempos dolorosos en que nos hemos visto sumidas muchas generaciones. Ojalá no sea así y fracasen en su empeño los que se resisten a dejar que sigamos avanzando hacia un nuevo umbral civilizatorio en el ejercicio de la política.  

Quizá ningún lugar como Colombia ha sido testigo de lo que significa anegar la democracia en triquiñuelas, galimatías jurídicos, lentificación de los procesos y politización de decisiones que burlan y conducen a una vulgarización del derecho. 

Colombia ha sido siempre una democracia a medias, un destino histórico que la ha castigado como nación y por el que ha tenido que afrontar, entre mucho más, una penosa situación de violencia.

De todo ello se ha visto aureolado el CNE y es sobre ese charco de inmundicias que se interpone a un proyecto político que avanza y a casi tres millones de colombianos que el pasado mes de octubre delegaron su poder en Iván Cepeda para que los representara en una consulta interpartidista. Una leguleyada se impone sobre la voluntad soberana del constituyente. 

Esto debería ser un llamado a todas las fuerzas políticas para que no cejen en la idea de que a la democracia no hay que temerle, hay que dejarla fluir y es el mejor antídoto contra la violencia y los problemas que todavía tenemos pendientes de resolver. Los sectores conservadores, a los que con el freno a Iván Cepeda el CNE lanza un salvavidas para evitar su ahogamiento, tienen que asumir que los tiempos cambian, la política es mutante y el usufructo del poder no puede ser una condición sempiterna. 

Carece de toda lógica que, según las encuestas, el candidato con mayores posibilidades de ganar la presidencia sea bloqueado -en una supuesta acción jurídica- por un ente conformado en su mayoría por las fuerzas políticas interesadas en su derrota. Permitir su participación en la consulta hubiera sido, muy al contrario, una manera inteligente de enaltecer y dar sentido y valor a la democracia. 

Sin la participación de Iván Cepeda, la consulta del Frente por la Vida perdió todo sentido. Le quitó fuerza al hecho que había generado entusiasmo de millones de colombianos y colombianas que ya celebraban, si no todavía el triunfo de Cepeda, sí la posibilidad de ser parte de un proceso que ha venido redefiniendo sus protagonismos y reescribiendo su historia.  

Hizo bien el Pacto Histórico en tomar la decisión de marginarse de la consulta e inscribir a Iván Cepeda como su único candidato a las elecciones presidenciales. Ello confirma su vocación democrática y la confianza que le ofrece la fuerza que ha demostrado en las plazas públicas y en todas las encuestas y sondeos de opinión hasta ahora realizados. 

Carece de toda lógica que, según las encuestas, el candidato con mayores posibilidades de ganar la presidencia sea bloqueado -en una supuesta acción jurídica- por un ente conformado en su mayoría por las fuerzas políticas interesadas en su derrota.

En estas circunstancias, si son coherentes, además de tener un gesto de solidaridad y de respeto hacia su colega y contendor, lo esperable es que Camilo Romero, Juan Fernando Cristo y ¿Roy Barreras? decidieran también hacerse a un lado y no participar en la consulta. De permanecer en ella, para cualquiera que resultara ganador no dejaría de significar una gran pérdida, sobre todo para su investidura ética, después de haber jugado en una cancha totalmente despejada y sin la neutralidad de los jueces. 

En lo personal, lo creo de Camilo Romero, tal vez de Juan Fernando Cristo, pero imposible pensarlo de un señor como Roy Barreras, que mucho tiene de tahúr y muy poco de decencia para actuar en política, como lo evidencia su periplo de extremo a extremo por casi todos los partidos y la actitud oportunista que ha asumido frente a la decisión tomada por el CNE respecto a la participación en la consulta por parte de Iván Cepeda. 

Ha fallado la Corte

Es paradójico que políticas y programas -votadas democráticamente-, dirigidas a buscar la prevalencia del interés general, eliminar la inequidad, la exclusión, la existencia de posiciones dominantes, etc., sean tumbadas por la Corte Constitucional; justamente encargada de garantizar los principios que rigen el Estado Social de Derecho. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto tomada de: Zona Cero

La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica no solo es un duro golpe contra la estabilidad económica de la nación, sino una falla más en su obligación de actuar bajo principios que promuevan el interés general, la equidad y la salvaguarda del Estado Social de Derecho.  

El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, se hizo con base en las facultades establecidas en el artículo 215 de la Constitución y tenía dos propósitos fundamentales:  

Primero, apropiar recursos adicionales para atender la situación de inestabilidad y déficit fiscal que viene afectando al país desde gobiernos anteriores y que podría llevar a situaciones más gravosas en el inmediato futuro. 

Segundo, generar impactos redistributivos -más equidad-, con medidas dirigidas a que las personas de más altos ingresos hicieran una mayor contribución al presupuesto nacional.

En consonancia con lo anterior, al amparo de la emergencia económica, se dictó el Decreto 1474, que fijaba un gravamen a patrimonios superiores a dos mil millones de pesos (existía ya para patrimonios superiores a 3600 millones), aumentaba en 15% la sobretasa de renta al sistema financiero y el IVA al 19% al consumo de licores, sin incluir la cerveza. 

Asimismo, prorrogaba el impuesto del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón, y el impuesto a juegos de suerte y azar decretado bajo las medidas tributarias en la conmoción Interior de la región del Catatumbo, al inicio de 2025. Se establecía también una medida adicional de normalización tributaria para personas que no han declarado los bienes que tienen en el exterior. Además, el decreto permitía una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN, en mora a 31 de diciembre de 2025.

Ninguno de los impuestos que se crearon o aumentaron con la emergencia tocan productos básicos de la canasta familiar o afectan a los contribuyentes de medianos o más bajos ingresos. 

El gravamen al patrimonio se cobraría a partir de montos superiores a dos mil cien millones de pesos, con tarifas progresivas desde el 0,5% hasta el 5% a patrimonios superiores a los cien mil millones de pesos. El impuesto al consumo de licores y cigarrillos se enmarca dentro de los llamados impuestos saludables, pues es conocido su impacto nocivo a largo plazo, que al final termina siendo más oneroso para el Estado. Respecto de la sobretasa a la renta del sector financiero, a noviembre de 2025 sus utilidades llegaron a $122 billones, una cifra bastante cómoda como para que le pueda hacer una mayor contribución al tesoro nacional.

Esa ha sido la perspectiva del Gobierno desde sus primeras etapas, preocupado porque el país avance hacia un sistema de tributación no solo más progresivo sino que a mediano y largo plazo garantice mayores condiciones de sostenibilidad. 

¿En qué falló de la Corte? 

La decisión de la Corte de suspender provisionalmente el Decreto no midió las consecuencias de su decisión en el propósito de buscar unas finanzas más equilibradas para el país, lo que pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones y lo expone a asumir costos superiores o enfrentar mayores obstáculos en los escenarios de crédito nacional o internacional.  

Es un revés más al esfuerzo que con distintas iniciativas ha hecho el Gobierno para ajustar un presupuesto que recibió desbalanceado y que, como ahora en La Corte, no han tenido eco en el Congreso ni en los gremios, ni en los partidos de oposición.

Dos proyectos de ley de financiamiento hundidos en el Congreso de la República, declarar inconstitucional la norma que prohibía a las empresas mineras y petroleras deducir las regalías de su impuesto sobre la renta, entre otros, conforman un conjunto de hechos, interpuesto con un ánimo inaudito y deliberado de llevar al fracaso un programa de gobierno que esta vez no consulta ni se ajusta a los intereses de quienes hasta ahora han dispuesto a su antojo de las instituciones del Estado. 

En razón de lo anterior, se cae de su peso el alegato de que la declaratoria de emergencia es improcedente por la no existencia de hechos sobrevinientes, pues consta que el Gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para enfrentar la situación por las vías y procedimientos ordinarios. Se advirtió de la situación, se expusieron los argumentos, se propuso actuar a tiempo; pero se le cerró la puerta al diálogo y se le hizo el quite a un estudio y un debate cualificado que permitiera encontrar una salida en conjunto.

Las utilidades del sector financiero fueron de $122 billones a noviembre de 2025, una cifra bastante cómoda como para que le pueda hacer una mayor contribución al tesoro nacional.

La verdad es que Corte y Congreso se desviaron de sus funciones de priorizar el interés nacional y se quedaron fustigando el ideario de los que no propiamente se conducen en defensa de un orden cuya caducidad ya viene siendo decretada.  

Además, no es cierto que se esté poniendo en vilo la división y el equilibrio de poderes, el Gobierno ha sido respetuoso de la Constitución y del Estado de Derecho. Lo que sí es objeto de un análisis más profundo es que la Corte haya actuado en contravía de decisiones anteriores, tomadas en su mismo seno, referidas a la restricción que tiene para suspender de manera provisional decretos dictados al amparo de medidas de excepción, para lo que no estaría legalmente facultada.

Conviene revisar la Sentencia C-179 de 1994, según la cual la suspensión provisional de decretos promulgados en estados de excepción no solo no es procedente, sino que, por el contrario, es inconstitucional. 

El inciso 7 del artículo 241 de la Constitución Nacional es claro cuando afirma que a la Corte le corresponde decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos que dicte el gobierno, con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. De manera que, si el deber de la Corte es pronunciarse en forma definitiva, no se entiende que esta vez haya hecho una suspensión provisional. 

Al ser la primera vez que se toma una decisión de esta naturaleza, queda en el ambiente que se ha dado curso a una nueva manera de interpretar por parte del ente de control. Esto deja dudas acerca de una eventual sobreposición de criterios políticos por encima de los que ha debido seguir, si actuara estrictamente en derecho.

Como la decisión definitiva sobre la constitucionalidad del decreto está todavía pendiente, valdría también el argumento de que hubo un prejuzgamiento que, siendo precisos, restaría legitimidad tanto al fallo como a la Corte misma, lo que debe considerarse grave. ¿Qué sentido tiene ya esperar el fallo de fondo de un órgano supremo de control constitucional que, como se dice popularmente, ya peló el cobre?

No es el Gobierno, es el país en apuros 

El efecto concreto es que necesidades y demandas urgentes de atender, especialmente en materia de salud y seguridad, así como otras obligaciones que exigen recursos para el funcionamiento del Estado, se van a ver afectadas con impactos que podrían lesionar aún más el orden social e institucional.

Sin mucho margen de acción, el Gobierno se verá impelido a replantear presupuestos, reorganizar programas de pago, recortar gastos y acudir a no se sabe qué tipo de medidas para obtener fondos que lo ayuden a hacer frente a una situación en la que al final todos terminaremos asumiendo los costos. Nada parece importar que Colombia se mantenga como el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo.

El país está en bancarrota institucional si sus máximos órganos de decisión, peor tratándose de sus jueces y magistrados, se politizan.

Es paradójico que políticas y programas -votadas democráticamente-, dirigidas a buscar la prevalencia del interés general, eliminar la inequidad, la exclusión, la existencia de posiciones dominantes, etc., sean tumbadas por la Corte Constitucional; justamente encargada de garantizar los principios que rigen el Estado Social de Derecho. 

No sobra señalar que era esperable el sentido de la ponencia del señor Carlos Camargo Asís, cuestionado desde mucho antes de su nombramiento como magistrado y poseedor de una hoja de vida que no propiamente lo destaca por sus méritos éticos y profesionales. Recordemos aquello de que “salió mal” cuando fue Defensor del Pueblo.  

El país está en bancarrota institucional si sus máximos órganos de decisión, peor tratándose de sus jueces y magistrados, se politizan. Se quiebran los principios éticos y de transparencia que deben orientar sus actuaciones, más aún cuando en el Congreso las decisiones siguen dominadas por el cabildeo de empresarios, castas políticas y grupos de interés que no ceden en su empeño de que el establecimiento se mantenga intocable. 

Hay un estado de derecho que defender, sin duda, y una democracia que en todos sus aspectos se debe fortalecer; pero nada será alcanzable si dejamos que las formalidades e intríngulis del derecho terminen ahogándonos. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

Al fin bajó el salario de los (as) congresistas

Si algo ha dejado claro la legislatura que termina es la importancia de contar con parlamentarios que no sean de los que siempre han sido mayoría y, en consecuencia, un freno a las alternativas de cambio

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Diario El País, Cali

En buen momento y en una acertada decisión, el Gobierno ha expedido el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026 que, con la eliminación de la prima especial de servicios, reduce el salario de los congresistas. 

Varios intentos se habían hecho en el seno del propio Congreso para corregir lo que significa una enorme inequidad frente a otros sectores en la asignación salarial, pero, ni bobos que fueran, a través del ausentismo, el rompimiento del cuórum en el momento de las votaciones y otro conjunto de argucias, los opositores a la medida, empaquetados en las diferentes versiones de los partidos de derecha, y algunos del Verde, lograron imponerse y proteger su abultado estipendio por el loable sacrificio que hacen por el bien de la patria. 

La prima especial de servicios -el sobresueldo-, que a partir de la próxima legislatura dejarán de recibir los congresistas, fue establecida desde 2013 través del Decreto 2170, que sustituía las llamadas primas de localización, de vivienda y de salud que ya venían disfrutando los congresistas. 

En su momento inició con un valor de siete millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($7.898.445), reajustable anualmente en el mismo porcentaje que subiera el salario básico y considerado como componente del factor salarial para la liquidación de las primas de servicios y de navidad. A fecha de hoy ese valor asciende aproximadamente a dieciséis millones de pesos ($ 16´000.000), suma nada despreciable a la que se les hizo acreedores a los padres de la patria, con cargo al fisco nacional. 

Varios intentos se habían hecho en el seno del propio Congreso para corregir lo que significa una enorme inequidad frente a otros sectores en la asignación salarial.

La derogación del Decreto 2170 de 2013, que procede con la expedición del 0030 del 19 de enero de 2026, firmado por el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas, representa para el país un ahorro de cerca de cincuenta y seis mil millones de pesos anuales ($56.000´000.000).

Viene bien esa platica en el momento en que se discuten afugias fiscales y cuando buena parte del país, entre ellos un buen número de congresistas, se contorsiona por el aumento de trescientos veintisiete mil pesos ($327.000) que se ha hecho a los trabajadores que devengan el salario mínimo, más el auxilio de transporte que crece en cerca de cincuenta mil pesos ($50.000). El total devengado será de dos millones de pesos ($2´000.000), veinticinco veces menos de lo que hasta ahora recibe un congresista. 

No sobra recordar que los honorables parlamentarios se benefician, además, con viáticos para transporte y vivienda, tiquetes aéreos, seguros de vida, auxilio funerario, acceso especial a pensión, apoyo para telefonía, camionetas blindadas, servicio de escoltas, etc. A lo anterior se suma el pago para sus Unidades de Trabajo Legislativo -UTL-, un grupo remunerado de asesores de entre seis y diez integrantes que les ayuda a sobrellevar sus pesadas cargas laborales, cuyo pago, por supuesto, corre también a cuenta del erario, al que le significa una cuantiosa erogación. 

Dejemos aparte eventuales “atenciones” que pudieran recibir de lobistas, banqueros, empresarios, caciques regionales, etc., que los acostumbran a premiar si deciden jugar del lado de sus intereses.   

Como a los congresistas les fue imposible legislar en contra de sus buenas mesadas y en bien del país al que, de todas maneras, quisieran ver con sus finanzas equilibradas, fue necesario hacerlo vía decreto del ejecutivo. Esto se corresponde con esa especie de cruzada contra la desigualdad -subirle a los que menos y restarle a los que más- en el que este Gobierno se ha comprometido.  

Aparte de contribuir a allanar los caminos para avanzar hacia la racionalidad en el gasto público y la sostenibilidad fiscal, se pone también en sintonía con la idea de dar prevalencia al interés general, promover la solidaridad y encaminar medidas que beneficien a los sectores que se encuentran en mayores desventajas o viven situaciones de más riesgo y vulnerabilidad.   

No sobra decir que el hecho de que, ante la negativa de un sector mayoritario del Congreso, esta medida hubiera tenido que conducirse vía decreto del ejecutivo, es un elemento a considerar para la conformación del nuevo cuerpo legislativo que se elegirá el próximo ocho de marzo. El país necesita renovar su representación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. 

Si algo ha dejado claro la legislatura que termina es la importancia de contar con parlamentarios que no sean de los que siempre han sido mayoría y, en consecuencia, un freno a las alternativas de cambio.

De sobra ha quedado demostrado el espíritu negacionista, conservador y regresivo que todavía domina en el Congreso. El mismo que quiso hundir la reforma laboral, que no ha dejado hacer realidad la reforma a la salud, que tiene demandada la reforma pensional y que considera populista y se duele del incremento con que se benefició a los trabajadores. En cambio no le duelen las cuestionables cifras a las que se elevan las remuneraciones de los que ocupan, algunos solo ocupan, las sillas del que hacia adelante habrá que enaltecer como el verdadero recinto de la democracia. 

De esto último se trata el voto que debemos depositar en las próximas elecciones. 

*Economista-Magister en estudios políticos