Réquiem por Keynes y por la reforma tributaria 

La propuesta no hace más que reafirmar lo lejos y desconectado que está el señor Duque de la situación por la que el país y el mundo atraviesan; ni siquiera el sentido común le alcanza para advertir que en vez de apagar está atizando el fuego, en un momento en que el país está ad portas de un profundo estallido social que nadie sabe a dónde podría conducirnos. 

Orlando Ortiz Medina*

John Maynard Keynes (1883-1949), fue el economista británico que en los años 30 del siglo pasado logró oxigenar al capitalismo en el momento en que pasaba por la más grande crisis que hasta entonces se había vivido, luego de terminada la primera guerra mundial.

En el mundo las industrias estaban paralizadas, el desempleo llegaba a cifras inmanejables, los bancos habían perdido liquidez ante la imposibilidad de los acreedores de pagar sus créditos, las bolsas de valores se desplomaron, la pobreza aumentaba en todos los sectores, la depresión, no solo económica, cundía en todas las capas de población; parecía el apocalipsis. 

  

Hoy, en un contexto que ya venía siendo crítico y vino a ser afianzado por la pandemia, vivimos una situación con características similares; aunque con distintas magnitudes, la depresión económica afecta a todo los países del mundo, la quiebra o parálisis de las empresas no cede, la informalidad y el desempleo arrastran a millones de personas a la pobreza, la desigualdad crece y la crisis sanitaria sigue cobrando la vida de millones de personas. 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, en 2020 la economía mundial se contrajo cerca de 4.5 puntos, siendo la peor caída desde la década de 1920. En su más reciente informe, la Comisión Económica para América Latina ¬¬–CEPAL-, da cuenta de que en América Latina, la región más afectada del planeta, en 2020 se cerraron 2,7 millones de empresas y se presentó una caída del 7.7% en su economía, la cifra más elevada durante los últimos 120 años. El número de personas pobres en la región paso de 192 a 209 millones entre 2019 y 2020; de ellas 78 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, ocho millones más que en 2019 . 

En Colombia, por su parte, el DANE  reportó una caída del 6,8% del PB durante 2020 y 3,75 millones de personas desempleadas, que corresponde una tasa promedio de desempleo de 15,9%, aunque algunas ciudades están por encima de esa cifra. La tasa de informalidad bordea el 65% y la pobreza monetaria aumentó de 29 % en 2019 a 31,5% a final de 2020, cerca del 30% de la cual está en situación de pobreza extrema, es decir, un 14,3% del total de la población del país. 

El escenario es muy preocupante cuando la solución al tema de la pandemia se ve todavía muy lejos, a juzgar por la lentitud con que avanza el proceso de vacunación, especialmente en Latinoamérica, que a pesar de tener solo el 8,4% de la población mundial, participa con el 28% de las muertes por Covid-19 y solo el 3,2% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna . Sería más rápido si no hubiera acaparamiento por parte de los países ricos -el 80% de la producción ha sido comprado por ellos- y si frente al cálculo egoísta de los laboratorios que controlan las patentes de producción se prefiriera la vida de los millones de seres humanos de los que nos estamos despidiendo mientras se llenan sus arcas. Ese, el de la quiebra ética y moral de los que subsumen la vida al cálculo económico es, más que la pandemia, el peor desastre de la humanidad.  

Pero preocupa también por la incertidumbre que existe sobre lo atinadas o no que puedan ser las medidas de los gobiernos, tanto para impulsar la recuperación de las economías como para dar respuesta a los enormes problemas sociales que la crisis sanitaria ha ido acrecentando. Lo cierto es que no será en el corto plazo y que superará cualquier cálculo que las lógicas tecnocráticas de las oficinas de planeación pudieran presentarnos. 

Como parece estar ocurriendo ahora, por lo menos en Colombia, la teoría económica vigente en la gran depresión de los años treinta se quedó sin bases para dar una respuesta adecuada a la solución de la crisis. Los llamados economistas neoclásicos, entonces en boga, partían de que el libre albedrio del mercado se encargaba de generar los ajustes y llevar la economía a situaciones de equilibrio; las crisis se consideraban transitorias y los mercados: de trabajo, de bienes y servicios, de capitales, principalmente, encontrarían por sí mismos y llegado el momento su punto de estabilidad. 

En consonancia con lo anterior, el rol del Estado era secundario e incluso su intervención se consideraba contraproducente para la buena marcha de la economía. Punto nodal de lo que hoy se conoce como neoliberalismo.  

Fue entonces cuando Keynes, retando los postulados neoclásicos, puso sobre la mesa nuevos propuestas que, aunque con resistencia, fueron asumidas por los gobiernos de las grandes potencias y de prácticamente todos los países. Se apartó de la tesis de la transitoriedad de las crisis, desestimó el poder del mercado para corregir por sí mismo las fallas y reivindicó el papel del Estado para moderar los auges y caídas de la actividad económica.

El punto sustancial de Keynes es que la dinámica de la economía descansa en el hecho de que haya los niveles de demanda suficientes para absorber la capacidad productiva y garantizar los canales por donde fluyan los mercados de bienes y servicios; en otras palabras, contar con consumidores con ingreso disponible y capacidad de compra, lo que solo el mercado no resuelve. De ahí el papel fundamental del Estado a través de políticas, especialmente fiscales, que incentiven la inversión y eviten el encarecimiento de los bienes de consumo, de los equipos, insumos, materias primas, etc., para mantener en vigor las dinámicas productivas y corregir además los desequilibrios sociales. 

Contrasta lo anterior con la propuesta de reforma de tributaria presentada por el gobierno al Congreso de la República, que eufemísticamente llama de solidaridad sostenible. Una reforma que vuelve a golpear a los sectores medios y de más bajos ingresos, en cuyos hombros quiere descargar el peso del desequilibrio entre los ingresos y gastos del Estado, que se busca atribuir a los efectos de la pandemia, pero que en realidad es el resultado de un manejo equivocado de sus finanzas, expresado en el despilfarro, la corrupción, el gasto inoportuno e innecesario, entre otros en burocracia, y la cantidad de exenciones que se mantienen sobre los niveles empresariales de más alto rango.

Contrario a lo que expuso Keynes, la propuesta del gobierno, antes que alentar el crecimiento de la economía irá a profundizar la crisis. La idea de extender el IVA a bienes de consumo básico, gravar los  servicios públicos y extender el impuesto a la renta para un mayor número de asalariados, en un momento especialmente tan crítico, limitará más la capacidad  de crecimiento de la demanda y con ello la posibilidad de que el país se conduzca por una senda de crecimiento y de estímulo a la producción y al empleo.  

Peor aún, es una propuesta que va profundizar las desigualdades y a condenar todavía más a la exclusión a una mayor porción de los ciudadanos: los que van a descender de la clase media, los altamente vulnerables que caerán en la pobreza y los que ya se están sumando a las cifras crecientes de pobreza extrema porque ya ni siquiera pueden ejercer en la informalidad y han quedado por fuera del mercado de trabajo debido a su edad o a que no reúnen las condiciones de calificación requeridas.

La propuesta no hace más que reafirmar lo lejos y desconectado que está el señor Duque de la situación por la que el país y el mundo atraviesan; ni siquiera el sentido común le alcanza para advertir que en vez de apagar está atizando el fuego, en un momento en que el país está ad portas de un profundo estallido social que nadie sabe a dónde podría conducirnos. Es tan evidente su falta de criterio para hacer frente a la crisis, como tan sobrada su abyección a la ortodoxia neoliberal del FMI y el Banco Mundial y sus políticas de ajuste, de cuyas políticas lo único que va quedando es el oneroso saldo social y la práctica destrucción del aparato productivo nacional.

Lo que se requiere es de medidas dirigidas a lograr una más equitativa redistribución del ingreso, perfectamente posible a través de un sistema de tributación progresivo, donde paguen más lo que tienen más; que eliminen las exenciones que se mantienen sobre grandes capitales, cuyo peso es protuberante sobre el déficit fiscal; que controle la evasión y la elusión; además, un gobierno austero y capaz de leer el momento que no solo el país sino el mundo entero enfrenta para dirigir a donde y como corresponde la captación de los ingresos y la dirección de los gastos.

 

La  idea de que es una propuesta para la solidaridad sostenible es tan falaz como absurdo y desatinado que hoy se nos convoque a pagar la culpa de quienes por gobernar de espaldas al país y de rodillas ante los intereses de unos pocos hoy solo tengan para mostrarnos el saldo en rojo de las cuentas del Estado. Más absurdo todavía que al mismo tiempo se decida invertir quince billones de pesos en la compra de aviones de combate que terminarán oxidándose en los hangares del aeropuerto militar, y que miles de millones de pesos se destinen a maquillar la deslucida imagen del gobernante con nuevos noticieros o programas diarios de televisión, que podrían tener un mejor destino si se pensara en las necesidades más urgentes que nos acusan. 

Vale en este momento un réquiem por el alma y el retorno, por lo menos transitorio, del pensamiento de Keynes, que ilumine con algo de sensatez a un gobernante que en mala hora todavía le queda tiempo para seguir agobiándonos con sus disparates; también de paso un réquiem por la desatinada propuesta de reforma tributaria, que por fortuna parece haber nacido muerta.  

*Economista-Magister en estudios políticos  

[1] CEPAL, https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
[2] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim20.pdf
[3] https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210403-covid19-america-latina-cien-dias-vacunacion-tercera-ola

Reforma Tributaria-Salario Mínimo

Orlando Ortiz Medina*

Contrario a lo que se requiere después de un pobre desempeño y con un panorama bastante incierto para la economía tanto en Colombia como en América Latina y el resto del mundo, la reforma tributaria recientemente aprobada por el Congreso de la República y el incremento del salario establecido mediante decreto por el gobierno de Juan Manuel Santos, no pasó de ser otro articulado de corte puramente fiscalista, que no responde a un propósito realmente estructural de crear condiciones que estimulen y den proyección y estabilidad al sistema productivo, genere condiciones de equilibrio en la transferencia de recursos a sectores y regiones que más lo requieren, y tiendan también a garantizar mayor equidad y justicia distributiva, que es para lo que deben utilizarse los instrumentos de política económica, máxime en países que, como Colombia, aún tienen en curso su consolidación como sociedad democrática.

El crecimiento esperado en Colombia al cierre de 2016 no estará más allá del 2%, sensiblemente inferior al del año anterior y al valor promedio de los últimos 15 años. La inflación continúa su ritmo ascendente y terminará el año alrededor del 6%, mientras el desempleo lo hará con una cifra que ronda el 9 %. El deterioro de la balanza comercial continúa al registrarse un déficit de 766,3 millones de dólares (mayor valor de importaciones sobre exportaciones) al mes octubre, de acuerdo con las cifras del DANE. Sectores como el agropecuario o industrial siguen estancados o mostrando un desempeño todavía poco relevante en el conjunto de los agregados macroeconómicos.

Frente a ese escenario, una vez más se postergaron medidas de fondo que garanticen mayor autonomía y fuentes más sólidas y estables de captación de recursos por parte del Estado; asimismo, eliminación de males tan endémicos como la evasión y la elusión, y el no menos oneroso peso de la corrupción, que tan caro ha resultado en estos últimos gobiernos. Agro Ingreso Seguro, Reficar y ahora Odebrecht, para tomar solo algunos de los más notables ejemplos.

El pobre incremento del salario mínimo (7%), previsto el impacto que sobre los precios de los bienes y servicios de consumo básico tendrá la misma reforma, deteriorará aún más la capacidad de compra de los ciudadanos, con claros efectos negativos sobre los niveles de demanda y el dinamismo del aparato productivo, que se traducirá en mayor aumento del desempleo, la pobreza y deterioro en general de las condiciones de vida de los sectores de la clase media y baja.

Un manejo errado de la política económica que durante muchos años puso a depender al Estado de los recursos provenientes del sector minero energético, es decir del sube y baja de cotizaciones internacionales que no están bajo su control, especialmente los precios del petróleo, se le cobra hoy a quienes sólo han sido convidados de piedra en la toma de decisiones, aunque hayan sido las víctimas principales de tales desaciertos, los ciudadanos de a pie, siempre a la zaga de lo que gobierno y empresarios dispongan. Tal cual el valor del salario mínimo que acaba de decretarse.  

Es ésta la reforma tributaria más regresiva que se haya aprobado en los últimos años, sin decir que las anteriores hayan sido propiamente un cariñito. Se dice que una reforma es regresiva cuando grava más a quienes menos tienen y menos recursos generan, que en este caso son, en general, aquellos cuyos ingresos dependen básicamente de un salario. Por el contrario, es progresiva cuando los impuestos se establecen de acuerdo a los niveles de riqueza, el valor de los ingresos o la capacidad de pago de los contribuyentes; en este caso quien más tiene y más gana más paga.

Lo es porque busca resolver el faltante de fondos con recursos provenientes fundamentalmente de impuestos como el IVA, que recaen especialmente sobre los bienes de consumo básico que es a lo que los asalariados deben destinar la mayoría de sus ingresos, mientras disminuye el cerca de diez puntos el impuesto a la renta a los grandes empresarios, no aumentó el IVA para quienes tienen sus empresas en las zonas francas y tampoco se les gravan sus dividendos. Nada más regresivo que una reforma que permite seguir manteniendo ventajas o privilegios en cabeza de sectores que más concentran la riqueza. Gracias a su inmenso poder de Lobby, también los empresarios lograron echar para atrás el impuesto a las bebidas azucaradas, que tanto bien hubiera hecho para la salud de los colombianos.

Elevar a 19% el IVA a productos como la pasta, el aceite de cocina, la margarina, la harina de trigo, embutidos, salsas, condimentos, alimentos procesados, elementos de aseo, etc., así como el vestuario, el calzado y otro importante grupo de bienes de la canasta familiar golpea seriamente el bolsillo de los consumidores. Esa misma tarifa la deberá pagar quien utiliza un plan de datos de un valor superior a cuarenta y cinco mil pesos, haga uso de internet o compre un celular de más de $650.000. Se estableció también un impuesto adicional de doscientos pesos a cada galón de gasolina que, todos sabemos, impacta no sólo los costos de transporte, sino de manera indirecta otra cantidad importante de bienes y servicios.

Hay que prever también las alzas que automáticamente se derivan del incremento salarial, como peajes, gastos notariales, arriendos, etc., que deteriorarán todavía más la capacidad de compra de los consumidores y aumentan los efectos recesivos sobre el conjunto de la economía.

Así las cosas, la reforma no corregirá las falencias con que se anunció y justificó su aprobación; por el contrario, termina de ensombrecer el panorama en un momento en que el país, dado el escenario de posconflicto a cuyo ingreso cada vez más se consolida, va a requerir no sólo mayor disponibilidad de recursos, sino de un entorno económico más dinámico y capaz de absorber las demandas de las diferentes regiones y los sectores rural y urbano para reducir las brechas de desigualdad, el desarrollo de infraestructura y la generación de empleo más estable y de mejor calidad.   

La experiencia ha demostrado que resulta falaz el argumento de que la reducción de los impuestos a los empresarios logra automáticamente generar mayor competitividad y estimular la creación empleo; pues ello está relacionado en general con la dinamización del aparato productivo, que depende sobre todo de cuánto se estimule la capacidad de compra de los consumidores, las transformaciones tecnológicas, la capacidad para dinamizar los mercados locales y una articulación con los mercados internacionales no soportada únicamente en la venta de materias primas, sino de bienes y servicios con  mayor valor agregado y mayores posibilidades de impactar el crecimiento y desarrollo de la economía. No sobra por ello insistir en la necesidad de trabajar en función de sectores como el de la industria, la agricultura, la agroindustria y cierto tipo de servicios, y no aspirar a seguir bebiendo de la teta de los hidrocarburos.

La reducción del déficit y una más segura estabilidad de las cuentas fiscales depende también de que sectores que durante toda la vida le han huido al pago de los impuestos, como es el caso de los intocables señores de la tierra, sean puestos en cintura mediante una legislación que los obligue a hacer sus contribuciones al Estado; asimismo, de la eliminación todo tipo de medidas excepcionales, que no es más que la reglamentación de formas adicionales de evasión o elusión, que por beneficiar sólo a los grandes capitales lo que hace es contribuir a acentuar todavía más la equidad y desigualdad en las formas de captación y asignación de los recursos del Estado.  

Tampoco reforma alguna tendrá mayores efectos si no se busca reducir los enormes gastos en burocracia y paliar la ineficiencia del Estado, y menos aún si no se complementa con mecanismos de veeduría que permitan que la ciudadanía esté al tanto del destino y la ejecución de los recursos, como una manera no sólo de buscar la asignación más eficiente de los mismos, sino también de servir como talanquera a la corrupción y el despilfarro que, de no existir, seguramente nos evitarían tantas y tan onerosas medidas.

Finalmente, cualquier política carece de sentido si no está en función de que el Estado garantice de manera efectiva los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos, guardando los principios de equidad, eficiencia y progresividad, tal cual lo ordena el artículo 363 de nuestra Constitución Política. Al respecto, la reforma tributaria y el incremento salarial que nos regalaron de navidad y año nuevo marchan completamente en contravía y se convierten en una afrenta a la esperanza de esa paz estable y duradera que anhelamos los colombianos, que sabemos que ésta no consiste sólo en el silenciamiento de los fusiles, sino también en la implementación de medidas orientadas a corregir los factores desencadenantes de inequidad y de pobreza, que explican en gran medida nuestra larga historia de violencia.

Solo resta decir que, recibido el sablazo, debe la ciudadanía repensar a quienes elige como sus representantes en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que son ellos los que toman las decisiones y otros los que resultamos afectados. Si seguimos llevando allí a personas ajenas a nuestros intereses, no podemos esperar otra cosa que una legislación que, como esta vez, marche en contravía del interés público y en defensa y protección de tan sólo unos cuantos representantes del sector privado y sus hábiles lobistas en el Congreso.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Plebiscito, paz y reforma tributaria

Orlando Ortiz Medina*

Empecemos por decir que no hay una relación, al menos una relación directa, entre el plebiscito, los resultados del 2 de octubre, lo que aún está por resolverse y la propuesta de reforma tributaria recientemente presentada por el Gobierno.

Con o sin plebiscito, con o sin conflicto armado, independiente de que hubiera ganado el SÍ o el NO, éste o cualquier gobierno está en la obligación y responsabilidad de acudir a las medidas que sean necesarias para hacerse a los recursos que requiere para suplir sus gastos de inversión y funcionamiento. Cosa distinta es que el momento en que los dos hechos se presentan coincidan en un ambiente de fuerte tensión y agitación política que, quiérase o no, se van a traslapar y a ser utilizados por los detractores del Gobierno, y especialmente del acuerdo de paz, tal como ya se hizo por parte del uribismo en la campaña para las elecciones del 2 de octubre.

De manera que no hay que dejarse llamar a engaños y seguir siendo utilizado, como ya se advierte en la marcha convocada por el Centro Democrático para el próximo 29 de octubre, en la que para defender el resultado de las elecciones plebiscitarias se usa como telón de fondo el rechazo al contenido de la propuesta de reforma.  

Por supuesto que esta no es un asunto menor; frente a ella no podremos ser ajenos y tendrá que tener sus propios momentos de discernimiento y debate, incluidas posibles acciones de movilización y rechazo, conocido ya el texto y las implicaciones que, de llegar a aprobarse, va a tener sobre el bolsillo de los colombianos.

Una reforma tributaria no es mala en sí misma, pues como cualquier persona o familia, el Estado tendrá siempre que pensar en cómo y de qué fuentes se provee de los ingresos para su sostenimiento y cómo dirige y organiza sus gastos. Pero de lo que se trata hoy es de estar alerta para que el tema fundamental de la búsqueda de una paz estable y definitiva para Colombia no se vaya a subordinar otro tipo de intereses, que con intenciones maniqueas o aún con la legitimidad que les pueda asistir terminen llevándolo a un segundo plano. El riesgo es alto e incluso explicable cuando se trata de los asuntos del bolsillo y más aún cuando la guerra y sus desastres no parecen interesar a una inmensa mayoría de los colombianos, tal cual quedó demostrado en las elecciones del plebiscito.

Es cierto que el momento de presentarla no es el más oportuno para el presidente Santos y está por verse si finalmente o en qué condiciones logra finalmente su aprobación en el Congreso de la República. Ya sabemos lo que allí se mueve, todo menos la sensatez, honradez y coherencia de muchos que desde uno u otro partido buscarán actuar en su propio beneficio, máxime cuando estamos ya entrando en una etapa electoral que moverá sin duda sus decisiones. Hay pues una amalgama difícil entre el SÍ inevitable de una reforma tributaria y el NO necesario a la guerra, en donde en lo único que nos queda por creer es en la sapiencia de esa ciudadanía que hoy se moviliza y que ojalá se sepa conducir e imponer para que el desenlace no sea en ningún sentido adverso a la mayoría de los colombianos.   

De la reforma tendremos que preguntarnos sobre lo que en ella se propone, qué tan efectiva es para enfrentar las problemáticas que busca resolver, cómo y a quiénes en mayor o menor medida va a afectar y, pregunta crucial, qué tanto contribuye a corregir las enormes desigualdades que están en la base de un modelo de tributación que históricamente ha puesto el peso de la sostenibilidad del Estado sobre los hombros de los sectores más vulnerables y de más bajos ingresos. Pregunta esta última clave y definitiva por lo que tiene que ver también con la construcción de las bases de una paz sostenible y duradera para Colombia.

Asimismo, qué se dice frente a situaciones tan graves como la corrupción, la evasión o la elusión, que de no existir seguramente nos exonerarían de la necesidad de éste nuevo paquete de medidas, tan drásticas como la que se vienen. Igualmente, de la capacidad de ahorro de que se debe dotar el Estado, por ejemplo mediante la disminución de tanto gasto ineficiente y de los costos abultados de su burocracia, en la que el recorte a los indecorosos salarios de los congresistas sería una de las primeras medidas a emprender.

Plebiscito, reforma tributaria y paz son hoy los componentes de una ecuación difícil de resolver, cuya salida definirá si como sociedad somos capaces de encontrar alternativas para evitar que sigamos ahogándonos en nuestros propios ríos de sangre, corrupción y despilfarro.

Habrá que evaluar la responsabilidad que le asiste a un gobierno o, mejor, a los gobiernos de por lo menos los últimos veinte años que dejaron llevar al país a la situación en que hoy se encuentra; un creciente saldo en rojo entre sus ingresos y sus gastos que de no corregirse o no tomarse a tiempo las medidas necesarias nos llevarían a una sin salida con costos y consecuencias todavía superiores.

Un errado manejo de política económica que nos puso a beber de una sola fuente, a “mamar de una sola teta” como se dice popularmente: los ingresos provenientes del sector minero, en especial de los precios del petróleo, de los que ingenuamente se pensó que iban a continuar eternamente su escalada alcista, mientras se descuidaron sectores como los de la producción agrícola o industrial, que siempre y en cualquier caso garantizan mayor autonomía y posibilidades más reales de dinamizar el desarrollo y el mercado interno.

Habrá que evaluar también qué dice la reforma sobre las inadecuadas exenciones de que gozan ciertos sectores empresariales y a los que se suma su capacidad de maniobra y la de sus contadores para ayudarles a evadir y a eludir sus impuestos, qué pasa con las llamadas zonas francas y los paraísos fiscales, en los que no son propiamente los más pobres los que colocan sus ingresos. Desde ya se tendrá que decir que no puede ser el impuesto al valor agregado IVA, el sustento fundamental de la nueva reforma porque él es justamente el que más duro cae sobre los consumidores de más bajos ingresos.

Todo eso y mucho más se tendrá que decir o preguntar, pues el debate sobre la tributaria apenas comienza, pero en lo que más nos corresponde hoy insistir, con o sin reforma, es en la inevitable necesidad de ponerle fin a la guerra, que por barata que fuera no nos aguantaría ningún impuesto más, o ¿Quién se atreve a hacer el cálculo de lo que pueda costarnos una sola y nueva vida que se pierda?

*Economista-Magister en Estudios Políticos