De Cajamarca a Mocoa

Orlando Ortiz Medina*

La tragedia que acaba de ocurrir en la ciudad de Mocoa, Putumayo, que deja alrededor de trescientas personas muertas, decenas de desaparecidos y miles de damnificados, nos lleva inevitablemente a que la relacionemos con lo ocurrido recientemente en el municipio de Cajamarca, Tolima, en donde sus habitantes dijeron no a la continuación de proyectos de exploración y explotación minera en su territorio.

Mientras en el municipio tolimense la comunidad celebra de manera entusiasta que haya triunfado la voluntad mayoritaria de defender la naturaleza, en Mocoa es esa misma naturaleza la que se reveló con toda su furia, dejando que el torrente impetuoso de tres de sus ríos se desbordara para arrastrar consigo, cada uno con su historia, barrios, hogares, personas, animales, enseres, vehículos… y todo lo que fue necesario para recuperar en la oscuridad de la noche el tamaño robado a sus cauces.

Lo de Cajamarca fue el rechazo ciudadano a un modelo de utilización y aprovechamiento del suelo y sus recursos frente al que se advierten enormes y onerosas consecuencias, como es el de la transformación abrupta de su vocación productiva, esencialmente agrícola, que llevaría a la deforestación, la contaminación y el agotamiento de sus fuentes hídricas y el agrietamiento y la erosión de sus montañas, entre otros; es decir, a un modelo que los dejaría expuestos a eventuales desastres como el que acaba de pasar en Mocoa.

¿Cómo no van a saber los campesinos lo que implica una explotación de oro a cielo abierto que exige el levantamiento de la placa vegetal, la remoción de miles de toneladas de tierra y seguramente el resecamiento o desvío de ríos y quebradas? El oro no es para ellos una riqueza sino una maldición que, por ahora, está enterrada; por eso prefieren que se quede allí, en el subsuelo, en el lugar que originalmente le asignó la madre tierra.      

Lo ocurrido en Mocoa es otra de esas ya consabidas tragedias anunciadas en las que la naturaleza pasa su cuenta de cobro, lastimosamente sobre los habitantes de las zonas más empobrecidas; es una ciudad de 45.000 habitantes, capital de un departamento que, además de haber sufrido todas las formas posibles de violencia, ha estado expuesto al saqueo y la explotación inmisericorde de su riqueza cultural y material, de la que sí ha estado muy bien dotado, sólo que puesta al servicio y la ambición desmedida de unos pocos, legales o ilegales.  

Así que esta tragedia no se debe estrictamente al torrencial aguacero del viernes 31 de marzo en las horas de la noche, sino a que los ríos, que hacen parte del paisaje de la ciudad, no encontraron el suficiente espacio para que fluyeran sus aguas, debido a que sus cauces han sido invadidos por basuras, desechos y otros residuos que los contaminan, ante la falta también de políticas gubernamentales para la adecuada disposición final de los mismos.

También es producto de la deforestación indiscriminada de los bosques, que sabemos sirven de contención a las aguas y a todo lo que ellas arrastran cuando estos fenómenos intempestivos de precipitación se presentan. Fenómenos que cada vez menos debemos considerar intempestivos, porque no son más que una de las manifestaciones del cambio climático, poco o nada tenido en cuenta en los planes de ordenamiento territorial o los planes de desarrollo de la mayoría de nuestros municipios, incluida por supuesto la majestuosa ciudad de Bogotá, pese a la supuesta capacidad gerencial de su actual alcalde.

En las imágenes pudimos apreciar, además, que también las riberas de los ríos estaban invadidas; allí, de manera improcedente, habitaban cientos de familias, muchas de las cuales hoy nos enlutan y otras permanecen a la intemperie, después de haber perdido sus pertenencias.

Ya sabemos que habitar en las riberas de los ríos es en Colombia otra forma de manifestación de la pobreza, pues allí suelen ubicarse, generalmente como invasores, personas en alto grado de vulnerabilidad, despojados de sus tierras, desplazados por la violencia o migrantes de las zonas rurales que buscan en las cabeceras municipales una mejor oportunidad para sus vidas. Qué ironía. 

El desastre, pues, no es natural, es el producto de un modelo de “desarrollo” que ha alterado la vocación y el uso del suelo con actividades económicas y prácticas de explotación insostenibles: extracción de madera, ganadería extensiva, minería, para citar sólo algunas. Asimismo, de la falta de políticas de prevención y, hay que decirlo, de una cultura ciudadana que lleve a que las comunidades asuman un sentido de pertenencia con sus territorios y adquieran mayor conocimiento y conciencia sobre la manera como se debe actuar con y frente a la naturaleza.

Cobra así mayor sentido el llamado de los habitantes de Cajamarca, que al unísono con lo ocurrido en Mocoa, demanda que autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como sus ciudadanos, tomen nota de lo que en cada una de estas dos regiones ha acontecido. La consulta popular celebrada allí y las cerca de trescientas víctimas mortales en Mocoa deben verse como las dos caras de una misma moneda, que no es necesario lanzar al aire para saber cuál es la decisión que se debe tomar: reorientar las políticas de desarrollo, repensar las formas de explotación de los recursos naturales -o tomar la decisión de no hacerlo- e involucrar a la ciudadanía en decisiones que le conciernen en sus territorios, incluidos los planes de prevención o mitigación de riesgos, a los que inevitablemente está expuesta. Cuánto menos nos hubiera costado esta tragedia si ellos existieran

Propuestas que se acojan a lógicas integrales, a principios democráticos que respondan al interés colectivo y sobrepongan el bienestar público sobre el privado, son parte de las condiciones requeridas para lograr un desarrollo que genere menos desequilibrios con la naturaleza, más capacidad de adaptación y respuesta frente a los embates del cambio climático y caminos más expeditos para llegar a ser sociedades realmente sostenibles y ajenas a este tipo de calamidades.

Se requiere, además, una visión no escindida de fundamentos éticos, es decir, en donde se entienda que más allá de la racionalidad meramente económica existen otro tipo de opciones que es necesario tener en cuenta, sobre todo si se trata de actuar en función de una vida en dignidad para los seres humanos y para la preservación general de todas las especies vivas.

Es necesario promover una mayor autonomía de los territorios más alejados de los centros de poder y decisión, para lo que se requiere profundizar el modelo de descentralización, de manera que se reconozcan los contextos, las particularidades y potencialidades locales y por esa vía el respeto a la voluntad de sus autoridades y sus ciudadanos. Para ello se requiere superar el menosprecio que hasta ahora se ha tenido por la democracia local y el papel de las regiones en la formación del Estado y la construcción de nuevos horizontes.

La regiones no se pueden seguir mirando como esos lugares atrasados e inhóspitos que sirven sólo como despensas de recursos para ciertas actividades y sectores de la economía, pasando muchas veces por encima de los intereses de sus legítimos pobladores, a quienes se somete a la voluntad de las empresas nacionales o transnacionales, cuando no de los grupos armados o las mafias que actúan muchas veces en connivencia con los grupos económicos y políticos que han acaudillado el poder.

La solidaridad que el gobierno despliega y a la que convoca con los habitantes de Mocoa debe estar en correspondencia con el reconocimiento y el respeto que se debe a la decisión soberana recientemente tomada por los habitantes de Cajamarca; no se entendería que se muestre compungido ante la evidente magnitud del desastre y al mismo tiempo se empeñe en desconocer la voluntad de quienes precisamente esperan que se les escuche en su afán de evitar que este tipo de hechos se sigan presentando.

Nada ni nadie nos va a devolver a quienes lastimosamente fallecieron en ésta que es nuestra más reciente tragedia, y ojalá fuera la última; por eso suenan un tanto odiosas las insistentes afirmaciones del Presidente de la República de que “Mocoa después de la reconstrucción quedará mejor que antes”, como si hubiera paisaje alguno que reconstruido fuera capaz de recuperar y devolver al menos una vida, como si ello fuera suficiente para resarcir el dolor de las decenas de niñas y niños que han quedado huérfanos, de las madres  y padres que no volverán a ver a sus hijos, a sus esposos o esposas,  a sus amigos, a todos con los que compartir, incluso su pobreza, ya no será más que un doloroso recuerdo.

Cajamarca y Mocoa simbolizan hoy el sabor agridulce de dos realidades que se encuentran para enviarnos un solo mensaje: o se escucha a las comunidades y su llamado a que se respeten los sabios designios de la naturaleza o nos veremos condenados a seguir escuchando tan solo los cantos lúgubres del dolor y de la muerte.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

¿La revocatoria, un mecanismo inútil?

Orlando Ortiz Medina*

Más que la revocatoria del actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la iniciativa ha puesto en entredicho, por parte de quienes se oponen, la validez misma de la figura consagrada dentro de los mecanismos de participación, Artículo 103 de la Constitución Nacional. De acuerdo con algunos de los argumentos, sería inútil y lo que correspondería hacer es eliminarla del articulado, pese a ser uno de los más importantes logros del constituyente de 1991.

Después de más de cien años de una constitución marcadamente centralista, en la que la democracia se reducía a convocar a la ciudadanía a las jornadas electorales, con la nueva constitución se buscaba, entre otros, posibilitar un sistema de representación y participación más cualificado, que diera lugar a una ciudadanía más deliberante, más informada y responsable con los asuntos de Gobierno y de la política, y más comprometida en las cuestiones concernientes al interés general y colectivo.

A decir verdad, este propósito se encuentra todavía en ciernes. Difícil ha sido sobreponerse a unas prácticas políticas herederas del clientelismo, el nepotismo, la corrupción… y toda otra serie de circunstancias que le han negado al país la posibilidad de ponerse a la altura de las sociedades y las democracias modernas. Lo anterior sin dejar de lado, adicionalmente, las secuelas de un conflicto armado de más de cincuenta años, del que, si todo sale bien, apenas empezamos a liberarnos.

En esa dirección, independiente de cuál sea el momento y quien sea el gobernante, suena contradictorio que haya quienes se oponen a que se haga uso de este tipo de iniciativas ciudadanas, que son parte de un camino que no hemos logrado recorrer hacia la transformación de la cultura política e institucional, especialmente en lo que concierne al rol del ciudadano frente a la gestión de Gobierno, que permanecen todavía en el desinterés y la apatía, con un costo muy alto para el desarrollo, la eficiencia y la transparencia de la administración pública.

Parte de quienes se manifiestan en contra de la revocatoria se basan en el hecho de que haya transcurrido tan sólo un año de gobierno, razón por la que no habría criterios suficientes para hacer una evaluación objetiva de su gestión. Otros, fundados en el mismo criterio, consideran que, de llegar a hacerse efectiva, quien resultara luego elegido tendría solo un año o año y medio para cumplir con su mandato, lo que tampoco le alcanzaría para dejar en firme sus realizaciones y desarrollar sus propuestas. Se afirma entonces que lo único que se haría es generar un vacío o caos institucional, pues, en cualquier caso, sería peor el remedio que la enfermedad. Así que, sobre este aspecto en particular, se equivocó y perdió su tiempo el constituyente del 91 creando un mecanismo que sería en la práctica inoperante.    

Lo claro es que estamos frente a una interpretación puramente algorítmica,  que reduce el concepto de institucionalización y así mismo el de democracia a lógicas meramente instrumentales y procedimentales que nada dicen de la democracia como virtud, como pensamiento, como conjunto de valores, en fin, como cultura y como parte de una historia que hay que recrear hacia la construcción de nuevas prácticas y significaciones que permitan refundar el rol del ciudadano en el ejercicio de la política.  

Si bien es cierto que en un año no es suficiente para hacer una valoración de las realizaciones alcanzadas por el gobernante, sí se sabe ya el qué, el cómo y el para dónde va, que es finalmente lo que corresponde al interés de los ciudadanos. En esencia, no se gobierna para el periodo que se fue elegido, por el contrario, es el futuro de la ciudad y de las próximas generaciones lo que está en juego. A un año de su mandato, el gobernante ya ha definido su agenda, se sabe cuál es el modelo de ciudad que propone, cuál es su estilo de gobierno, cuáles los ejes en los que ha centrado su gestión y las estrategias con que se propone llevarlos a cabo. ¿Cómo no valorar entonces que los gobernados tengan la posibilidad de pronunciarse y manifestar su aprobación o rechazo, si son ellos al fin y al cabo los destinatarios?

En el caso de Bogotá, no son menores los puntos de controversia: el modelo de expansión o urbanización, el alistamiento frente a los efectos del cambio climático, la movilidad y el sistema de transporte que sería de mayor conveniencia, la privatización de empresas, la seguridad ciudadana, la garantía en el acceso a derechos como la salud, el trabajo, la educación, entre otros, están en el centro del debate como quiera que marcarán su destino las próximas décadas.

Suenan pues inconsistentes y sobre todo banales los argumentos de quienes ven en que se convoque a una revocatoria una pretensión puramente revanchista o de malos perdedores, o que la reduzcan simplemente a un asunto de formalidades institucionales.

Es una cuestionable lectura del significado y la razón de ser de la democracia y de lo que para un país como Colombia, con muy pobre desarrollo de su cultura política, tienen este tipo de iniciativas. Imposible esperar una sociedad políticamente más cualificada y una democracia más sólida si no se promueve que el ciudadano tome parte en los asuntos que competen al presente y el futuro del territorio en que habita.

Si algo requiere este país es adentrarse en un proceso que lo deshaga de prácticas como la apatía, la desidia o el inmiscuirse en la política, el control y el ejercicio de Gobierno solo a partir de redes e intereses particulares o familiares, que es lo que verdaderamente se ha institucionalizado en el ser, el saber y el quehacer ciudadano; además de la desconfianza en la legalidad y el modo de funcionamiento del Estado. Lo que ahora se llama institucionalidad no es más que una urdimbre de prácticas prohijadas por una tecnocracia cómodamente erigida en el nepotismo, el clientelismo, el amiguismo, el CVY, la ausencia de criterios de meritocracia y un muy pobre desempeño en el ejercicio de la función pública.

A menos que se asuma la institucionalidad como la formalidad de un periodo de gobierno, un sistema de normas y procedimientos que habitualmente no se acogen, planes y programas que no se cumplen y no como virtudes, hitos y significaciones sociales enraizadas en el comportamiento, los hábitos, las costumbres, es decir, en la cultura, la tarea que corresponde es justamente la de institucionalizar un nuevo saber y unas nuevas prácticas en el ejercicio de la política y de la ciudadanía, que se traduzcan en la existencia de un sujeto con criterios para actuar en las decisiones sustantivas de sus territorios.

De manera que no se debe aceptar que se satanice el llamado a la participación ciudadana con el argumento de que es obstaculizar al gobernante y afectar por esa vía el desarrollo de la ciudad. La ciudad tampoco es tal si se desconoce tal vez el principal mecanismo con que cuenta el ciudadano para ejercer su rol político y pronunciarse sobre el ejercicio de gobierno. Es claro que en ésta, como en cualquier democracia, quien ha sido elegido no tiene un poder omnímodo y la medida de su gestión está en cabeza de los gobernados. Es de la esencia de la democracia que el poder del elegido pueda ser puesto en cuestión y confirmado o relevado si así lo consideran los ciudadanos. No hay que olvidar también que en una democracia el gobernante no representa sólo a los que lo eligieron.

El solo llamado a la revocatoria no define nada, hay que dejar que el electorado se pronuncie; es la condición para garantizar efectividad de las leyes, la vigencia de los derechos, el afianzamiento de la institucionalidad, la recreación de la política y la profundización de la democracia. No puede ser que nos cueste tanto valorar y aceptar el uso de mecanismos que por algo fueron previstos en la constitución y que hay que permitir que se desarrollen. No puede ganar la incertidumbre o el miedo del que prefiere lo malo por conocido que lo bueno por conocer.       

  *Economista-Magister en Estudios Políticos 

Elecciones: lo que está en juego.

Orlando Ortíz Medina*

Nunca como ahora la configuración del mapa político y de los sectores que asuman el control de las instituciones y el conjunto del Estado había sido tan relevante. O en las gobernaciones, alcaldías, concejos municipales o asambleas departamentales, así como en las próximas elecciones presidenciales y de Congreso de la República se consolidan las fuerzas políticas dispuestas a sacar adelante el proceso de paz y a llevar a cabo las transformaciones que para el efecto se requieren, o nos veremos abocados a un nuevo e interminable ciclo de violencia que nos habrá de llevar a que como sociedad y como país colapsemos.

Terminado el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC, que al fin y al cabo no irá más allá de ser un asunto esencialmente protocolario, la construcción de la paz pasa a ser de estricta competencia de los ciudadanos, de la manera como se conduzcan en sus decisiones políticas y del protagonismo que alcancen en la refrendación e implementación de los acuerdos. Los cambios no se hacen solos y la concreción de los acuerdos en políticas públicas, programas y proyectos que les den curso y los viabilicen dependen de quienes queden en cabeza de las instituciones.

El ambiente vivido con la actual administración es apenas un pálido reflejo de las complejidades a que se enfrentará ya no sólo Bogotá sino todo el país en el inmediato futuro. Fue evidente lo que cuesta todavía para algunos sectores respetar y asumir que en el juego de la democracia deben y pueden tener cabida propuestas y agendas de gobierno distintas a las que históricamente han gobernado.

El matoneo mediático, las reacciones de grupos de la empresa privada que vieron afectados sus intereses y un fuerte acoso institucional, incluido el intento fallido de destitución y decreto de muerte política por parte del procurador general de la nación, son los hechos más relevantes y en los que más se destacó la creatividad de los que siempre se han reclamado precursores de la democracia, eso sí siempre y cuando sean ellos los que estén acomodados en las sillas del poder.

Por ello resulta absurdo evaluar con el rasero de sus lógicas y decretar con ellas el fracaso de la actual alcaldía, por controvertidos que sean los resultados. Más aún, con un cabildo distrital que se olvidó de los grandes temas de la ciudad para concentrarse fundamentalmente en hacer un bloqueo pendenciero y revanchista de su gestión, que no gratuitamente le cerró el paso a un Plan de Ordenamiento Territorial, paradójicamente reconocido y premiado por organismos internacionales.  

Es claro que si otro hubiera sido el candidato elegido no se le había quitado al sector privado el negocio de las basuras, que les ha ahorrado a los usuarios más de cuarenta y cinco mil millones de pesos y sirvió, además, para mejorar la calidad de vida de la población recicladora. Tampoco se hubiera establecido como derecho el acceso gratuito al mínimo vital de agua, ni tarifas diferenciales en el Transmilenio para beneficio de los estratos 1 y 2. No se hubiera decretado más de un día sin carro como parte de un ejercicio pedagógico dirigido a promover el cuidado y respeto por el medio ambiente, ni creado los Centros de Atención Medica a al Drogodependiente, CAMAD, o abogado por el respeto y el cuidado de los animales, etc. Todas medidas o políticas que en el espacio de la democracia tienen defensores y contradictores, pero que al fin y al cabo son parte de la agenda de un gobierno legitimado en las urnas y que cuenta todavía con un amplio respaldo ciudadano.

Se ha sido mezquino en reconocer liderazgo de Bogotá, nacional e internacional, al poner sobre la mesa los temas claves de lo que son los nuevos paradigmas de ciudad y las agendas del desarrollo: un concepto envolvente e integral de seguridad humana que incluye el cambio climático, el cuidado del agua, la densificación urbana, la defensa de todas las formas de vida, incluida la animal y vegetal, el tratamiento no represivo del consumo de sustancias psicoactivas y la implementación de políticas dirigidas a que se eliminen todas las formas de discriminación, exclusión y segregación social, que es lo que se debe seguir profundizando como fundamento definitivo de la construcción y la consolidación de la paz.

Como las cifras hablan por sí solas, veamos algunas de ellas:

• De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, durante esta administración, Bogotá logró reducir la tasa de homicidios de 23,4 a 17,4 % por cada cien mil habitantes, cifra que no se veía desde al año 1983 y que es la menor entre las cinco ciudades más grandes del país; la media nacional está por encima del 35 %.
• De acuerdo con  la encuesta “Bogotá Cómo Vamos”, las víctimas de delitos como robos y atracos  se redujeron de 39 % en 2009 a 20 % en el 2015.  Aun así y como parece imposible que la realidad supere las creaciones ficticias de los medios, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos se acerca al 60 %. 
• Bogotá sigue siendo la ciudad que más aporta al crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional,  alrededor del 25 % del total.
• En la actual administración, se logró una reducción del 50 % de la pobreza y la pobreza extrema descendió por debajo del 2 %.
• El valor promedio del salario en la ciudad está 19 puntos por encima de la media nacional y la ciudad está también entre las que presenta las menores tasas de desempleo y desigualdad en el país.
• Bogotá es la única ciudad del país en la que la muerte de niños por desnutrición se ha reducido a cero.
• Bogotá es la que muestra mejores registros en materia de cobertura y calidad de la educación en todos los niveles: primaria secundaria, universitaria y de postgrado.
• En términos de inclusión, reconocimiento y respeto de la diversidad, Bogotá ha liderado en el país la implementación de políticas y programas especiales para la población LGBTI, las mujeres y las comunidades indígenas y afrocolombianas, al igual que para las víctimas y la población desmovilizada del conflicto armado.

Estos, que no son resultados de poca significación, se han querido opacar frente a otro tipo de problemáticas en los que innegablemente la ciudad sigue mostrando carencias, especialmente en el tema de la movilidad, cuya solución rebasa los alcances de un gobierno que al respecto heredó uno de los peores desastres y con un rezago que acumula décadas de errores y desaciertos de administraciones anteriores. En todo caso, muestran la validez de que nuevas fuerzas políticas se abran espacio y se sigan consolidando, y con ellas los nuevos proyectos de sociedad, de ciudad y de país.

En las próximas elecciones los bogotanos nos vemos abocados a una situación que redundará ahora y en el inmediato futuro en el acontecer social y político de todo el país, ya sabemos que fundamentalmente desde aquí se está organizando el escenario para las futuras presidenciales.  Por ello deberá seguir marcando la pauta no sólo y como ya se ha demostrado en profundizar la mejora de los indicadores sociales, de inclusión y crecimiento económico, sino también en la consolidación de las nuevas agendas y los nuevos liderazgos políticos. Una salida en contravía llevará será sin duda a un saldo costoso para toda la nación. La opción es Clara.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

El panóptico del Expresidente

Orlando Ortiz Medina*

Mala seña que ahora los profesores vayan a tener que sentirse intimidados, hasta el punto de llegar a abstenerse de expresar sus opiniones o comentarios, por el hecho de que en las aulas de clase parecen haber quedado vestigios de esa especie de cuerpos de seguridad y vigilancia, las redes de informantes y cooperantes, heredados de los ocho años del gobierno de la Seguridad Democrática, que bien podemos asimilar al panóptico de Jeremy Bentham, que luego aplicó a sus estudios sobre los modelos disciplinarios y del ejercicio y control del poder el filósofo francés Michael Foucault. Ya volveremos sobre el tema.

Nada tiene de extraño que en el aula de clases los estudiantes confronten a sus profesores cuando éstos exponen sus ideas o se refieren de manera crítica a hechos o personajes de la historia. Es normal e incluso loable que ello suceda y que no los tomen, como era en otros tiempos, como poseedores exclusivos de la verdad a quienes hay que asumir y recitar literalmente. Como se dice coloquialmente, tragando entero.

Justamente lo que se quiere de la academia es que contribuya a la formación de un pensamiento crítico, tan necesario para un país en el que, como Colombia, predomina la tendencia a imponer y absolutizar verdades, y que no se ha caracterizado propiamente por el respeto a la libertad del pensamiento y las ideas ajenas sino que, por el contrario, allí se fundan muchas de las razones que explican el oprobioso historial de violencia que como nación hemos tenido que padecer.

Lo que sí se torna preocupante es que, antes que un espacio para la crítica y el debate constructivo entre alumnos y profesores, lo que estos últimos expongan en sus clases se convierta en una fuente de amenaza y constreñimiento a sus actividades profesionales. No tiene explicación ni justificación alguna que alguien cuyo nombre ha sido invocado o que por sus ideas y pensamientos haya sido aludido en una sesión de clase, se sienta con el derecho de hacer reclamos o, peor aún, de retar rabiosamente a quien como maestro sólo está actuando conforme lo indica la razón de ser de los recintos de formación académica.

Es como si en su momento a Charles Darwin uno de sus amigos o seguidores lo hubiera llamado a decirle que el profesor de teología estaba poniendo en cuestión su teoría de la evolución y este hubiera respondido amenazando al susodicho con algo así como “si me sigue difamando ‘le doy en la jeta marica’”. Darwin, por el contrario, se hubiera sentido complacido, pues para un intelectual o pensador que se respete será siempre un honor que sus ideas sean expuestas y debatidas en la academia. Claro, lo que pasa es que tiene que ser eso, un intelectual o pensador que se respete, que no corresponde al caso.

Hoy, por la facilidad que permite la tecnología y el acceso a las redes sociales, las clases pueden ser transmitidas en vivo y en directo y llegar de inmediato a quienes para bien o para mal, si es que están vivos, tienen que ver con el asunto; porque la verdad es que de los pensadores ilustres y con merecimientos para ser invocados en las aulas de clase quedan ya muy pocos.

El hecho al que se alude sucedió hace unos días cuando Álvaro Uribe Vélez retó a través del twitter a un profesor de la Universidad Libre de Pereira, que en una de sus clases se refirió a una columna escrita por uno de quienes fueron Ministros del hoy expresidente y senador, sobre un tema que, como el de la acción de tutela, es de interés y debate en la historia reciente de Colombia. El expresidente se enteró gracias a que una seguidora suya, presente en la clase, le transmitió la información, también a través de las redes sociales.

Pareciera un hecho que en sí no debería demandar mayor atención, pero preocupa, como se anotaba al comienzo, que la actitud de la alumna responda a que en las mentes de muchos ciudadanos continúe instalado esa especie de chip imaginario que, en tiempos de la Política de Seguridad Democrática, los quiso convertir en parte de los cuerpos de seguridad y vigilancia del Estado y que hoy siguen fungiendo como tales, sólo que ahora al servicio exclusivo de los intereses no tan santos del señor expresidente. Hay que recordar que no es el primer caso que se presenta; incidentes parecidos han ocurrido contra profesores de las universidades Libre y Javeriana de Bogotá.

Las redes de informantes o cooperantes parecen seguir operando al servicio de su creador como una especie de lente panorámico que le permiten, como en el panóptico de Bentham, además de seguir irradiando la fantasiosa omnipotencia de su figura, mantener abierto su espectro de control y vigilancia tanto sobre sus críticos como de aquellos a quienes acostumbra a enlodar o denigrar.

El panóptico fue una propuesta de diseño arquitectónico para la construcción de las cárceles que hacia fines del siglo XVIII hizo el filósofo Jeremy Bentham (1748-1832). Se trataba de un edificio cuya distribución del espacio permitía que, desde un solo punto de observación, un único vigilante pudiera tener el campo visual del conjunto del edificio y el control de todos quienes allí estuvieran.

Pero, además de reducir los costos y aumentar la eficiencia de las labores de vigilancia, la gracia del panóptico era que quien actuaba como vigilante no podía ser visto por quienes eran vigilados. De esta manera, el vigilante podría no estar o abandonar temporal o definitivamente su lugar y sin embargo los vigilados sentían su presencia; es decir, el diseño del panóptico generaba en los habitantes del lugar la sensación de estar permanentemente observados; real o imaginaria, la mirada del que vigila estaba siempre presente.

Michel Foucault (1926-1984) toma la idea de Bentham y extiende y aplica la comprensión del panóptico al modelo de una sociedad que se organiza con dispositivos a través de los cuales logra controlar y disciplinar a los ciudadanos. Para Foucault, el panóptico, ya no físico o arquitectónico como en el caso de Bentham, se expresa en la escuela, el hospital, el cuartel, los medios, etc., desde donde los administradores del poder controlan las mentes e inducen los comportamientos, las conductas y las actitudes de las personas.

En el caso específico de la seguridad, el panoptismo cumple la función de que cada quien en su lugar de socialización y convivencia (la plaza, la calle, el parque, el restaurante, el teatro, la propia casa o en el aula de clase, como el caso que nos ocupa) se sienta vigilado.

  

Se genera así una especie de halo paranoico y de sentimientos de temor o desconfianza que al final no será más que una forma de constreñimiento para quien simplemente toma tiempo para pensar, disentir, actuar, expresar opiniones, etc.; cada quien tendrá que decir sólo lo que ese otro con presencia omnisciente y que jamás podrá ser visto quiera oír, bajo pena de ser expuesto a señalamiento, destierro, maltrato o castigo, lo que en el caso de Colombia es desplazamiento, tortura, desaparición forzada o incluso homicidio.

Lo ocurrido con los profesores Alfredo Correa de Andreis y Miguel Ángel Beltrán son sólo dos ilustrativos ejemplos. El primero fue asesinado en la ciudad de Barranquilla y el segundo puesto en prisión y luego destituido y proscrito de la academia y la función pública por decisión de la Procuraduría General de la Nación. Su delito fue el de ejercer y defender la libertad de cátedra siendo críticos del establecimiento.

Los alumnos que transmiten al expresidente lo que dicen los profesores en sus clases se revelan entonces como una especie de extensión de su ya exagerado cuerpo de seguridad, que le permite contar con un conjunto de vigilantes anónimos, a través de los cuales controla y escucha opiniones para luego tomarse la libertad de juzgar, condenar y retar a sus protagonistas.

Son los mismos recursos que utilizó para perseguir a opositores, periodistas, magistrados, etc. o los que le posibilitan, incluso como expresidente y ahora senador, conocer de manera privilegiada información que se supone de estricta reserva del Estado, como fue el caso de las coordenadas entregadas por mandos militares cuando se iba a producir el traslado de un integrante de las FARC a la ciudad de La Habana o la que le permitió dar a conocer antes que el Gobierno la noticia de que el general Rubén Darío Alzate había sido retenido por las FARC en el departamento del Chocó.

Lo más grave es que esta vez no se trata, como lo analizó Foucault, del poder ejercido desde el Estado con todos sus aparatos y mecanismos de control; se trata de un personaje que, extasiado de poder, ha hecho suya la famosa frase “el Estado soy yo”, que muy bien y a su antojo utilizó en sus ocho años de gobierno; sin tener en cuenta que su reinado ya terminó y con él sus cuestionadas épocas de gloria y las de infierno de muchos.

Lo ocurrido refleja también la pobre condición de algunos estudiantes, por fortuna no la mayoría, que muy seguramente a falta de argumentos prefieren recurrir a la protección mesiánica y la estirpe rabiosa y amenazante de su líder.

Bentham quiso hacer un aporte desde la arquitectura para reducir los costos de funcionamiento de las cárceles y hacer más eficiente el cuidado de los prisioneros; Foucault fue más allá y quiso mostrar que al fin y al cabo la forma de organización de la sociedad comporta igualmente una forma de encierro en el que el que todos estamos sujetos a los designios de quienes controlan el poder; ¿qué quiere el señor expresidente?

*Economista-Magister en Estudios Políticos