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sábado, 18 de febrero de 2017

¿La revocatoria, un mecanismo inútil?

Orlando Ortiz Medina*

Más que la revocatoria del actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la iniciativa ha puesto en entredicho, por parte de quienes se oponen, la validez misma de la figura consagrada dentro de los mecanismos de participación, Artículo 103 de la Constitución Nacional. De acuerdo con algunos de los argumentos, sería inútil y lo que correspondería hacer es eliminarla del articulado, pese a ser uno de los más importantes logros del constituyente de 1991.

Después de más de cien años de una constitución marcadamente centralista, en la que la democracia se reducía a convocar a la ciudadanía a las jornadas electorales, con la nueva constitución se buscaba, entre otros, posibilitar un sistema de representación y participación más cualificado, que diera lugar a una ciudadanía más deliberante, más informada y responsable con los asuntos de Gobierno y de la política, y más comprometida en las cuestiones concernientes al interés general y colectivo.

A decir verdad, este propósito se encuentra todavía en ciernes. Difícil ha sido sobreponerse a unas prácticas políticas herederas del clientelismo, el nepotismo, la corrupción… y toda otra serie de circunstancias que le han negado al país la posibilidad de ponerse a la altura de las sociedades y las democracias modernas. Lo anterior sin dejar de lado, adicionalmente, las secuelas de un conflicto armado de más de cincuenta años, del que, si todo sale bien, apenas empezamos a liberarnos.

En esa dirección, independiente de cuál sea el momento y quien sea el gobernante, suena contradictorio que haya quienes se oponen a que se haga uso de este tipo de iniciativas ciudadanas, que son parte de un camino que no hemos logrado recorrer hacia la transformación de la cultura política e institucional, especialmente en lo que concierne al rol del ciudadano frente a la gestión de Gobierno, que permanecen todavía en el desinterés y la apatía, con un costo muy alto para el desarrollo, la eficiencia y la transparencia de la administración pública.

Parte de quienes se manifiestan en contra de la revocatoria se basan en el hecho de que haya transcurrido tan sólo un año de gobierno, razón por la que no habría criterios suficientes para hacer una evaluación objetiva de su gestión. Otros, fundados en el mismo criterio, consideran que, de llegar a hacerse efectiva, quien resultara luego elegido tendría solo un año o año y medio para cumplir con su mandato, lo que tampoco le alcanzaría para dejar en firme sus realizaciones y desarrollar sus propuestas. Se afirma entonces que lo único que se haría es generar un vacío o caos institucional, pues, en cualquier caso, sería peor el remedio que la enfermedad. Así que, sobre este aspecto en particular, se equivocó y perdió su tiempo el constituyente del 91 creando un mecanismo que sería en la práctica inoperante.    

Lo claro es que estamos frente a una interpretación puramente algorítmica,  que reduce el concepto de institucionalización y así mismo el de democracia a lógicas meramente instrumentales y procedimentales que nada dicen de la democracia como virtud, como pensamiento, como conjunto de valores, en fin, como cultura y como parte de una historia que hay que recrear hacia la construcción de nuevas prácticas y significaciones que permitan refundar el rol del ciudadano en el ejercicio de la política.  

Si bien es cierto que en un año no es suficiente para hacer una valoración de las realizaciones alcanzadas por el gobernante, sí se sabe ya el qué, el cómo y el para dónde va, que es finalmente lo que corresponde al interés de los ciudadanos. En esencia, no se gobierna para el periodo que se fue elegido, por el contrario, es el futuro de la ciudad y de las próximas generaciones lo que está en juego. A un año de su mandato, el gobernante ya ha definido su agenda, se sabe cuál es el modelo de ciudad que propone, cuál es su estilo de gobierno, cuáles los ejes en los que ha centrado su gestión y las estrategias con que se propone llevarlos a cabo. ¿Cómo no valorar entonces que los gobernados tengan la posibilidad de pronunciarse y manifestar su aprobación o rechazo, si son ellos al fin y al cabo los destinatarios?

En el caso de Bogotá, no son menores los puntos de controversia: el modelo de expansión o urbanización, el alistamiento frente a los efectos del cambio climático, la movilidad y el sistema de transporte que sería de mayor conveniencia, la privatización de empresas, la seguridad ciudadana, la garantía en el acceso a derechos como la salud, el trabajo, la educación, entre otros, están en el centro del debate como quiera que marcarán su destino las próximas décadas.

Suenan pues inconsistentes y sobre todo banales los argumentos de quienes ven en que se convoque a una revocatoria una pretensión puramente revanchista o de malos perdedores, o que la reduzcan simplemente a un asunto de formalidades institucionales.

Es una cuestionable lectura del significado y la razón de ser de la democracia y de lo que para un país como Colombia, con muy pobre desarrollo de su cultura política, tienen este tipo de iniciativas. Imposible esperar una sociedad políticamente más cualificada y una democracia más sólida si no se promueve que el ciudadano tome parte en los asuntos que competen al presente y el futuro del territorio en que habita.

Si algo requiere este país es adentrarse en un proceso que lo deshaga de prácticas como la apatía, la desidia o el inmiscuirse en la política, el control y el ejercicio de Gobierno solo a partir de redes e intereses particulares o familiares, que es lo que verdaderamente se ha institucionalizado en el ser, el saber y el quehacer ciudadano; además de la desconfianza en la legalidad y el modo de funcionamiento del Estado. Lo que ahora se llama institucionalidad no es más que una urdimbre de prácticas prohijadas por una tecnocracia cómodamente erigida en el nepotismo, el clientelismo, el amiguismo, el CVY, la ausencia de criterios de meritocracia y un muy pobre desempeño en el ejercicio de la función pública.

A menos que se asuma la institucionalidad como la formalidad de un periodo de gobierno, un sistema de normas y procedimientos que habitualmente no se acogen, planes y programas que no se cumplen y no como virtudes, hitos y significaciones sociales enraizadas en el comportamiento, los hábitos, las costumbres, es decir, en la cultura, la tarea que corresponde es justamente la de institucionalizar un nuevo saber y unas nuevas prácticas en el ejercicio de la política y de la ciudadanía, que se traduzcan en la existencia de un sujeto con criterios para actuar en las decisiones sustantivas de sus territorios.

De manera que no se debe aceptar que se satanice el llamado a la participación ciudadana con el argumento de que es obstaculizar al gobernante y afectar por esa vía el desarrollo de la ciudad. La ciudad tampoco es tal si se desconoce tal vez el principal mecanismo con que cuenta el ciudadano para ejercer su rol político y pronunciarse sobre el ejercicio de gobierno. Es claro que en ésta, como en cualquier democracia, quien ha sido elegido no tiene un poder omnímodo y la medida de su gestión está en cabeza de los gobernados. Es de la esencia de la democracia que el poder del elegido pueda ser puesto en cuestión y confirmado o relevado si así lo consideran los ciudadanos. No hay que olvidar también que en una democracia el gobernante no representa sólo a los que lo eligieron.

El solo llamado a la revocatoria no define nada, hay que dejar que el electorado se pronuncie; es la condición para garantizar efectividad de las leyes, la vigencia de los derechos, el afianzamiento de la institucionalidad, la recreación de la política y la profundización de la democracia. No puede ser que nos cueste tanto valorar y aceptar el uso de mecanismos que por algo fueron previstos en la constitución y que hay que permitir que se desarrollen. No puede ganar la incertidumbre o el miedo del que prefiere lo malo por conocido que lo bueno por conocer.       


  *Economista-Magister en Estudios Políticos 

jueves, 15 de diciembre de 2011

El Joven Simón

Orlando Ortiz Medina*


Lamentable el saldo que deja la tan cacareada constituyente liberal. Pues lo único que ha sonado y resonado y que ha merecido comentarios de la prensa hablada y escrita es el nombramiento del joven Simón Gaviria como su jefe único; como si eso fuera noticia, como si fuera novedoso en Colombia que un delfín llegue a un cargo de importancia dentro de las nóminas partidistas o de altas esferas del gobierno o el Estado; como si no fuera más que mantener la tradición de nepotismo y de preservación de las estirpes familiares en el poder.

Qué desperdicio, qué pena que de una reunión de dos días y meses anticipados de preparación lo único que haya merecido debate y comentarios sea la elección de su director; y más que por lo que encarnen y representen su pensamiento y sus ideas, por lo que despierta su aureolada juventud. Se olvida que en Colombia, sobre todo cuando se trata de ideas y asuntos de Partido, lo que menos importa es el número de años vividos, pues somos un país en el que, en estos menesteres, no es difícil encontrar viejos anquilosados de veinte o –aunque la verdad muy pocos- uno que otro joven renovado de ochenta.

Y la verdad es que de Simón Gaviria, del que hay que reconocer un desempeño meritorio en el congreso –en tierra de ciegos el tuerto es rey-, aún queda mucho por conocer. No olvidemos que nació en política con el peñalosismo, se cultivó un tiempo en el uribismo y pasó luego al liberalismo desde donde se proclama hoy como uno de los más fervientes seguidores del santismo, cuyo jefe es, al tiempo que el Presidente de la República, el jefe natural de La U, partido cuya estirpe fundamentalmente conservadora es inocultable.

Los que estamos atentos a que desde los partidos, otras fuerzas políticas, grupos de opinión, la academia, etc., surjan iniciativas o se dejen oír por lo menos esbozos de propuestas frente a las problemáticas y los temas que tanto concitan el interés nacional e internacional, nos quedamos con los crespos hechos.

Fue una reunión más de esas en las que los convocados se concentran en discutir los asuntos burocráticos, de la repartición de las cuotas de poder o representación, y en las que, surtido este propósito, se logra que al final todos salgan contentos, independientemente de que se hayan tratado o no los asuntos que de fondo corresponde discutir en el seno de los partidos. Es decir, los asuntos filosóficos o programáticos, la relación con sus bases y seguidores, la respuesta frente a los problemas y los retos y transformaciones que el país está en mora de emprender. Pero claro, es que esos son asuntos de los que sólo se ocupan los verdaderos partidos.

Al joven Gaviria le corresponde, así lo están pregonando y es la mayor esperanza de los principales voceros de su partido, sobre todo los viejos; la tarea de recomponer y lograr la reunificación del liberalismo. Lo que en plata blanca quiere decir conseguir que vuelvan al redil los renegados que, dizque siendo liberales, no tuvieron empacho a la hora de migrar hacia otros partidos, o remedos de los mismos, y terminaron como adalides del modelo de Estado y sociedad conservadora y autoritaria acentuado en los últimos años. Los mismos que se dispersaron en el abanico de partidos y partiditos –algunos cuyos directivos y militancia celebrarán la navidad en la cárcel- que se plegaron sin fórmula de juicio al gobierno de la Seguridad Democrática, que tanto le costó a los Derechos Humanos y al respeto por las libertades ciudadanas, precisamente bastión fundamental del pensamiento y las ideas liberales.

Recomponer o reunificar el liberalismo significa, pues, rearmar y reanimar las maquinarias desvencijadas, enrutar de nuevo el Partido –no importa como- para recuperar el trecho perdido en los meandros de la burocracia. Esa es la tarea que le asignan los viejos al joven Simón, lograr lo que ellos no pudieron.  Porque son los mismos y con las mismas que en los noventa, los ochenta, los setenta, los sesenta, los cincuenta, y sigan contando de ahí para atrás, se mostraron incapaces de defender un verdadero ideario liberal. Los que han actuado no sólo de consuno sino arredrados y subordinados ante quienes han defendido la estirpe hacendataria y patrimonial, que sobrepone sus intereses privados y particulares sobre los derechos y los intereses generales y colectivos. Los que capturaron y pusieron a su antojo el andamiaje del Estado y condenaron al eclipse a otras fuerzas y movimientos políticos. Los que por desidia, omisión o compromiso son responsables o se hicieron cómplices de quienes sembraron nuestra geografía de violencias.

La tarea la va a poder lograr sin falta el joven e inteligente Simón; su partido estará de nuevo y en forma en el seno de la maquinaria oficial y brillará otra vez la enseña bipartidista; sólo que entonces, y muy pronto, él será ya otro de los viejos, un viejo de a lo sumo 35 o 40 años, para gloria de la tradición política, la bendición y el camino fácil que en Colombia se abre a los delfines.

Joven todavía de años, pero viejo ya en sus ideas, veremos pronto a Simón agitando el percudido trapo rojo, pregonando como desde hace más de medio siglo la inaplazable tarea de renovación de su partido. Y a su lado estará Horacio José, el hijo de Horacio Serpa, cuyas “nuevas ideas” ya estarán el primero de enero tomando posición en el Concejo de Bogotá; al igual que Miguel Uribe Turbay, el nieto de su abuelo presidente, que lo único que se propuso y logró como liberal fue llevar la corrupción a sus justas proporciones. Porque sí que lo logró, en un país en el que, si para algo queda lugar –qué horror- es para tolerar que la corrupción siga creciendo.

Ya Horacio, el viejo-viejo, dijo que una vez que entregue su cargo en la gobernación de Santander se vendrá a Bogotá a apoyar en el nuevo cargo a su hijo y a ocuparse de sus nietos; como pronto lo hará también César, el padre de Simón, porque también a esos nietos habrá que perfilarlos como la vanguardia de las nuevas juventudes liberales, las del 2020; no importa que para entonces ya los viejos-viejos hayan pasado a mejor vida, lo importante es que las tareas inaplazables seguirán siendo las mismas: la reunificación del partido, más no la renovación de las ideas, porque ellas no  morirán con los viejos. Es tal vez lo único seguro.

Para entonces, como ahora, los temas de relevancia seguirán siendo asunto de menor calado en los encuentros o convenciones partidistas. Hoy hubiera sido interesante conocer cuan liberal es el Partido y su militancia frente a un proyecto que, como el que se discute de reforma a la justicia, atenta contra el equilibrio de poderes y está pensado para limitar el poder de las altas Cortes; que busca igualmente ampliar el fuero militar, con el retroceso y el riesgo que ello implica para los Derechos Humanos. Ya de ello en Colombia tenemos nefastas experiencias.

También hubiera sido interesante conocer hasta dónde está dispuesto a jugársela en la implementación de la Ley de Víctimas y a defender una propuesta que lleve a la democratización de la propiedad de la tierra, cuya decisión ha sido y sigue siendo aplazada, no obstante haber estado siempre en el foco de los factores  del conflicto. En fin, conocer si frente a estos y otros temas, como se dice por parte de algunos optimistas, se cuenta con la disposición, esa sí liberal, de hacer frente a la reacción ya en curso de los tradicionales defensores del establecimiento y el statu quo. Lo que pasa es que en todo esto la constituyente liberal fue bastante conservadora, como creo que lo será a la hora de la votación en el Congreso. 

En fin, partidos serios y con sólidas propuestas ideológicas, con fundamentos programáticos y a la altura de las colectividades modernas nos quedaremos todavía esperando. Los Jóvenes seguirán envejeciendo menos rápido que sus ideas, el partido se seguirá llamando Liberal, aunque secularmente siga gobernando con el ideario conservador. Y así sucesivamente.





*Economista- Magíster en Estudios Políticos