Elecciones: la política, la paz o la guerra.

Restan sólo dos días para las elecciones presidenciales y no terminan de destaparse las cañerías por donde se ha conducido la campaña. Todo tipo de marañas fluyen entre las aguas turbias que, más que a los candidatos, enlodan sobre todo la imagen de un país que hace años espera poder lucir un mejor atuendo frente a sus propios ciudadanos y la comunidad internacional.

Aunque es injusto meter a todos en el mismo saco y desconocer a quienes conservan al menos algún hálito de decencia, sí preocupa y apena que sean aquellos con la mayor opción de ser elegidos los que más dan muestra de su baja estirpe y de la pobreza ética que los conduce.

¿Qué será del país si esos son los elegidos? Y si así fuera ¿qué se podrá decir de los electores? ¿Será que termina considerándose un mal menor la calaña de esos candidatos por parte de un electorado que puede llegar a mostrarse permisivo, sin atención alguna sobre sus impudores y que al final los termine premiando con su voto?

Si fuéramos un país medianamente civilizado, al menos en lo que a campañas políticas y candidaturas se refiere, antes que de las artimañas, puñaladas y golpes bajos que se propician entre ellos, estaríamos hablando de sus programas, sus propuestas de política social, sus propuestas contra el desempleo, la política agraria o industrial, la manera como plantean reducir la desigualdad, etc.; que debe ser el verdadero telón de fondo de una contienda electoral y la fuente de las razones que lleven a que los electores se pronuncien y tomen sus decisiones en uno u otro sentido.

Pero no, de eso tan bueno ya queda muy poco, porque lo que antes eran equipos programáticos en los que se discutían las ideas, se organizaban las propuestas y se afinaba a los líderes para que llegaran con altura a conquistar a los electores, hoy han sido reemplazados por una especie de bandas delincuenciales que desde cuarteles clandestinos sólo disparan improperios contra sus adversarios.

Un personaje como Oscar Iván Zuluaga, más que como un candidato con talla de estadista, actúa como un gánster moderno; como perfecta ilustración del cínico al que no le asiste un milímetro de ética ni dignidad, pero le sobra desfachatez para negar lo que a todas luces y por todas las formas ha venido siendo evidente. Fiel reflejo de la marioneta manejada por el indelicado administrador de sus hilos, que es decano en el arte del juego sucio y cuyo cerebro es una poderosa fábrica de venalidades.

Sabremos el próximo domingo si los colombianos somos todavía un pueblo descreído que se quiere mantener tolerante con unas élites que no conocen el valor la decencia; que alimentan y se soportan en el poder a través de los odios y que incuban la venganza como práctica.  Un pueblo que antes que condenar celebra el delito como suele celebrar la guerra y la violencia; que se regocija con la inmoralidad y que pareciera sentir que en medio de esta roña en la que han convertido al país tiene más sentido seguir prohijando como gobernante a un delincuente.

Ojalá que no, porque seguimos en mora de encontrar definitivamente el camino que nos ayude a exorcizar el rezago anómalo de una historia que no nos ha dejado ser y comportarnos como verdaderos ciudadanos, que no nos ha permitido construir la confianza en las virtudes de la política como fuente y posibilidad de la vida colectiva, y como la actividad por excelencia en la que descansa la plataforma civilizadora de las actividades humanas.

En las elecciones del próximo domingo, como ciudadanos tenemos que sentirnos comprometidos a participar, pues nos asisten varios retos:

Nos corresponde, en primer lugar, defender la esencia y el valor de la política, para sobreponernos a quienes se han encargado de su desprestigio y degeneración, que lleva a una gran mayoría de ciudadanos a ver en ella un asunto del que es preferible marginarse. Es esto justamente lo que favorece a quienes históricamente han mantenido sus posiciones de dominio y hegemonía, y han hecho del Estado y la administración pública un sumidero de estiércol. Votar contra quien han hecho de la campaña electoral un espectáculo grotesco es ya una forma de empezar a conquistar un espacio para la mayoría decente que quiere para el país otro destino. Bien dice alguien que antes que aspirar a la democracia hay que aspirar a la política.

Tendremos también que decidir si estamos dispuestos a que regresen al poder los malos profetas de la seguridad fundada en la violación de los derechos humanos, los falsos positivos, las chuzadas ilegales, la corrupción y el cogobierno con las mafias y el paramilitarismo; y si renunciamos al proceso de paz  y al espacio político y social que ha ido ganando, lo que sería sin duda un absurdo y oneroso retroceso histórico. Nada está asegurado, pero hay que insistir con obstinación, porque nunca antes Colombia había estado tan cerca de que cese la horrible y ya casi eterna noche de la violencia.

Es seguro que todavía hoy muchos estamos indecisos y que nos sintamos escogiendo entre lo malo, lo menos malo, lo peor o lo que simplemente vemos sin opción. Pero sí hay marcadas diferencias que cada quien sabrá con juicio valorar. La política es ante todo un llamado, la aceptación a una convocatoria, un encuentro con la reflexión, una acción y decisión que tiene su espacio y su momento, un ejercicio de la inteligencia al que nadie debe ni puede renunciar.

En medio de una campaña tan pobre y esponjosa, la única recomendación que se puede hacer es recordar la frase del poeta Gonzalo Arango: no seas canalla, no elijas para tu pueblo a los canallas.

*Economista-Magíster en Estudios Políticos

Cultura política, Congreso y elecciones

 

Orlando Ortiz Medina*

  

Lo que acaba de ocurrir en el reciente debate electoral al Congreso de la República no es otra cosa que el reflejo del lento, lentísimo, desarrollo de una cultura política en Colombia. Y es que no hay nada que haga más evidente el atraso de las sociedades como la ausencia de una ética de la convivencia y la vida colectiva -elemento fundante de la actividad política-, que en este caso se refleja, entre muchas otras cosas, en el hecho de que los ciudadanos, en su mayoría, se mantengan al margen de las decisiones esenciales que afectan su vida.

 

 Las sociedades son ante todo eso, espacios de y para la vida colectiva, que demandan la inclusión de cada quien en la construcción de sus normas de convivencia, de las reglas de juego que establezcan el cómo y el qué de sus destinos, las formas de control, administración y uso de sus recursos; en fin, el quién y el cómo de la gobernanza y el qué hacer para que a todos y cada uno se les garantice la vida que merecen.  

 

Ahí toma forma y adquiere contenido la política; cuando ideas, creencias, pertenencias étnicas, sociales, culturales, partidistas, etc., se encuentran para dialogar, deliberar, disentir y llevar finalmente a que uno (s) de los tantos intereses de ese escenario variopinto que se abstrae como sociedad se sobreponga (n).  Es la manera como en los órganos de dirección y representación de las sociedades se concretan y configuran los mapas y flujos de poder en sus distintos ámbitos.

 

Un Congreso elegido, cifras más cifras menos, con alrededor de un escaso 30% del potencial de electores, teniendo en cuenta, aparte de la abstención, el alto volumen de votos nulos y en blanco, pone en cuestión la existencia de la democracia en una nación que, aún así, insiste en seguirse proclamando como la más antigua de América Latina. Peor aún si dentro de ese 30% se cuentan los votos tramitados a través de la compra venta de electores, el ofrecimiento de dádivas y prebendas, la compra de funcionarios, los trueques con cargo al erario y otras formas de presión y constreñimiento. Sería difícil comprometerse con cifras, pero en estas últimas elecciones, el voto que podríamos llamar decente, para denominarlo de alguna manera, no llega, a lo sumo, más allá del 10 o 15% del total de los votos contabilizados como válidos.

 

 Nada que satisfaga el interés general de una nación se podrá esperar de una ciudadanía que elige de esta manera. Y elegir en este caso hace referencia tanto a quienes hacen uso del derecho al voto, como a aquellos que se marginan de este que, si bien es sólo una expresión instrumental del ejercicio de la democracia, no por ello deja de tener relevancia. Quienes se abstienen simplemente aceptan que otros, y en este caso una ínfima minoría, decidan por ellos; no votar es al fin y al cabo otra forma comprometerse, solo que cediendo pasivamente derecho, poder y consentimiento a quien a bien y como quiera disponga de ellos.

 

Pero es lo propio de una sociedad que ha limitado el desarrollo del pensamiento y llevado a la formación de un sujeto incapaz de determinarse a sí mismo, muy poco vinculado con las ideas, ajeno al discernimiento y la deliberación, y que fácilmente enajena su identidad, exhibida muchas veces al mejor postor entre los mercaderes de conciencias y voluntades.

 

Es el ciudadano formado además en el conservadurismo religioso, en el que prima un espíritu de subordinación y sumisión, que aún ve y asume la política en el marco de las prácticas ancestrales del cacicazgo y caudillismo, o que en la luctuosa historia de Colombia no ha podido ver en ella más que a la violencia o la corrupción como telón de fondo, como el soporte único de su naturaleza fundacional.

 

En fin, un sujeto sin vocación de poder, que ha elevado a virtud al hecho de marginarse de la participación política y que pareciera no diferenciar donde comienza ni termina la dignidad humana, ni qué es aquello que permite considerar qué es éticamente correcto o políticamente repudiable.

 

Es esa idea de la política y ese tipo de sujeto lo que ha despejado y hecho fácil el camino para quienes siguen siendo los cómodos regentes de las instituciones colombianas, en este caso el Congreso de la República.  Es lo que explica que se reelijan sempiternamente los mismos con las mismas: herederos de castas familiares o clanes regionales, cuando no de quienes han hecho de mafia, crimen y política la combinación ideal para mantener sus feudos territoriales. Es esta la realidad en la que se legitima un sistema y unas élites que han hegemonizado un discurso y unas prácticas en las que, en la perversión de los formalismos de la democracia, encontraron los hilos con los que se tejen las redes de la cohesión social y se sostienen las estructuras de dominación, política, económica y cultural.

 

Aparte de la elevada cifra de abstención, fue claro el predominio de dos tendencias que a su vez dan lugar a dos franjas de votantes: por un lado, el voto de opinión, representado en este caso en el respaldo alcanzado por el Centro Democrático y por algunos sectores independientes y de la izquierda y, por otro, aquel que sigue atado a las prácticas non sanctas a las que ya se ha hecho referencia.

 

El triunfo del segundo es incuestionable y queda representado en cerca de las dos terceras partes del Congreso, en cabeza de los partidos Liberal, Conservador, Partido de la U y Cambio Radical, principalmente.  También, y de acuerdo con las investigaciones que previamente había realizado la Fundación Paz y Reconciliación, en los Congresistas que, a através de amigos o familiares, llegan o se mantienen como herederos del paramilitarismo, que alcanzan, de acuerdo con la investigación referida, 33 curules en el Senado y 36 en la Cámara de Representantes.

 

Esto último significa que, aunque difuminados en diferentes partidos, el paramilitarismo, legado lamentable de los ocho años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es hoy la fuerza más representativa en el Senado de la República.  Recordemos que el Partido de la U, que fue el que logró el mayor número de curules, sólo alcanzó 21 escaños.

 

En cuanto al voto de opinión se refiere, son dos tendencias muy dispares pero que reflejan la polarización a la que ha llegado el país, sobre todo en los últimos diez años, luego del fracaso del proceso de paz en el Caguán y de la salida con fuerza de la extrema derecha a la arena política; representada en el Uribismo, hoy Centro Democrático; a la que hay que reconocer como la mayor fuerza de opinión que actualmente existe en la sociedad colombiana.  Es la que consagra la expresión caudillista, patriarcal y autoritaria que predomina en el imaginario del común del ciudadano colombiano; la evocación mesiánica del país encomendado al sagrado corazón y al conservadurismo católico; la que refleja la personalidad de una ciudadanía a la que pareciera no alcanzarle todavía el juicio moral y el criterio ético para juzgar a quienes elige como sus líderes y representantes.

 

La otra franja de opinión está en el voto orientado hacia la izquierda o sectores independientes, con realmente muy poco arraigo y representación, y que muestra el pobre avance que hasta ahora ha logrado en Colombia.

 

Si bien hay que admitir que en Colombia la izquierda no ha tenido un camino fácil en medio de esa situación que se viene describiendo, pues ha sido objeto de persecución, muchos de sus líderes han sido asesinados y no ha contado con suficientes garantías para el ejercicio de su actividad política; hay que reconocer también que, en sí misma, ha sido inferior a la hora de construir una propuesta que, como fuerza con opciones reales de poder, logre la confluencia de las diferentes expresiones y sectores sociales que de una u otra forma manifiestan su inconformismo con el estado de cosas y con el establecimiento en su conjunto.

 

La izquierda se manifiesta todavía como una fuerza política famélica, altamente permeada por el sectarismo y por actitudes personalistas; que no ha sabido leer y aprovechar el cuarto de hora para convocar en torno suyo el enorme descontento popular expresado en las múltiples manifestaciones de protesta que en los últimos años han realizado los campesinos, los estudiantes, los grupos étnicos, las mujeres, los usuarios y trabajadores de la salud, las organizaciones de víctimas, los desplazados, etc.; tampoco ese grueso caudal de abstencionistas y de quienes manifiestan su desaliento en el voto en blanco, que a lo sumo están a la espera de ser llamados a ser parte de esa propuesta contra hegemónica que se requiere para enfrentar los poderes, las mafias y la corrupción instalada en las instituciones.

 

Con un Congreso de la República como el que quedó conformado es poco lo que se puede esperar en cuanto a las transformaciones que el país requiere; el aumento del poder de la extrema derecha será una talanquera al proceso de negociación que se adelanta en La Habana y tratará de obstruir la refrendación de los acuerdos a que allí se llegue para avanzar hacia una paz estable y duradera para Colombia.

 

Muy poco pues para ser optimistas. La pequeña franja en que quedaron representados los independientes y los partidos de oposición al sistema, en los que obviamente no se cuenta al Centro Democrático, sólo sirve para que se mantenga viva la esperanza de ese otro sector de la sociedad que se resiste a creer que las cosas son inamovibles. Su fuerza, tendrá que tenerlo claro, no está propiamente en los salones del Congreso sino en los miles de ciudadanos que están dispuestos a movilizarse y en aquellos que todavía deben ser convocados; pues sin su concurso será imposible impulsar y producir los cambios. 

 

 

 

*Economista- Magíster en Estudios Políticos

 

 

 

LAS TRAMPAS DEL VOTO EN BLANCO

 

Orlando Ortiz Medina*

 

El Congreso como institución debe ser defendido como recinto máximo de la democracia, pero, como tal, se denigra si quienes allí toman asiento siguen siendo en su mayoría la escoria de la sociedad; los que representan la ley pero patrocinan el hampa. Es contra ellos que hay que manifestarse. 

 El voto en blanco es ciertamente una manifestación del rechazo de los electores a un conjunto de propuestas, candidatos y formas de representación política en las que no ven reflejados sus intereses. En Colombia es hoy una manifestación fundamentalmente simbólica, que adquiere sentido y validez para una ciudadanía que quiere expresar su cansancio con un sistema de participación, en este caso el sistema electoral, al que encuentra profundamente corroído y permeado por toda clase de vicios y expresiones venales. Así que sobrarían razones para entender e incluso respaldar a quienes piensan que esa es la mejor opción en el actual debate electoral que se vive en Colombia.

Sin embargo, en el caso específico de las elecciones para el Congreso de la República (otra cosa son las presidenciales), hay que advertir que, en sus efectos prácticos, el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad y que quienes voten en blanco van a terminar haciendo un favor gratuito a aquellos a quienes desean manifestar su rechazo.

 Veamos:

 

Para alcanzar una curul en el Congreso los partidos deben superar el umbral electoral, que en este caso implica tener una votación de como mínimo un tres por ciento del total de los votos válidos. El voto en blanco es un voto válido y por lo tanto suma para el cálculo del umbral.

 Conseguir ese tres por ciento NO es un problema para aquellos partidos que históricamente han contado con un caudal seguro de votos, los partidos tradicionales o sus derivaciones, que de forma non santa mantienen sus clientelas, hacen campañas con los recursos del erario, controlan las nóminas de los departamentos o municipios, o cuentan con el patrocinio de las grandes empresas y los grandes medios de comunicación.

 SÍ lo es para las pequeñas fuerzas políticas, que normalmente son los partidos de oposición o fuerzas nuevas que se crean justamente como alternativa frente a los tradicionalmente representados. Estas no cuentan con el mismo respaldo ni de las empresas, ni de los medios, e infortunadamente tampoco de la mayoría los ciudadanos. Esa es la realidad, pues los medios y las dádivas cumplen sus propósitos.

 
Si no gana el voto en blanco, de todas maneras contribuiría a aumentar el valor absoluto umbral, lo que hace más difícil la situación para los partidos y movimientos pequeños que, todos sabemos, están en alto riesgo de quedar por fuera, de acuerdo con los comportamientos históricos de los resultados electorales.     
 

De llegar a ganar el voto en blanco, lo que matemáticamente veo muy difícil, lo único que pasaría es que se debe convocar a nuevas elecciones y no habría impedimento para que quienes aspiraron la primera vez vuelvan a estar de nuevo en las listas.  Eso sí, quedarían por fuera los partidos que no logren alcanzar el umbral. En conclusión, tendríamos al final un Congreso de cuyas curules quedarían posicionados, reposicionados, los mismos de siempre con sus triquiñuelas y artimañas.

Seguro entonces que quienes más celebran en el momento el alto guarismo que pueda llegar a tener el voto en blanco son quienes, gracias a sus amarres, ya tienen asegurado su paso al Congreso de la República. 

Las decisiones políticas a veces, casi siempre, nos exigen ser pragmáticos y saber valorar en la medida y el momento justo la relación entre medios y fines. Si el fin es mostrar de una vez por todas nuestro rechazo a quienes ha hecho del Congreso una institución insulsa y desprestigiada, el medio, por lo menos por ahora, no parece ser la opción del voto en blanco, con todo el sentido y lo válida y respetable que sea.

 

Más sentido puede tener respaldar a fuerzas y/o candidatos (as) nuevos (as) o que por lo menos no sean los siempre voceros del establecimiento.

Hay opciones con personas que provienen de la academia o los movimientos sociales, otras que ya han mostrado una labor pulcra y han cumplido una función crítica y de control en el Senado o la Cámara de Representantes: Ángela María Robledo del Partido Verde, Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda y Germán Navas Talero en el Polo Democrático, para hablar sólo de algunos de los que ya han estado. O personas que aspiran a llegar por primera vez y cuya Hoja de Vida muestra su trayectoria crítica y su compromiso con el rescate de la honestidad y la transparencia en el ejercicio de la actividad política: Claudia López en el Partido Verde, Rodolfo Arango y Alirio Uribe en el Polo Democrático; otros tanto que no sólo merecen la oportunidad sino en los cuales todavía albergamos alguna esperanza. Cada quien sabrá cual considera su mejor opción. 

  

*Economista- Magíster en Estudios Políticos

 

Renovar el Congreso, una apuesta por la democracia.

Orlando Ortiz Medina*

El próximo domingo nueve de marzo se realizarán las elecciones para el Congreso de la República, sin lugar a dudas, y no sin razón, la institución más desprestigiada en Colombia. Una apuesta por su renovación sería no sólo la acción más audaz e inteligente de los electores, sino la muestra más fehaciente de que el país ha madurado y de que todo el descontento y la agitación social que ha precedido el más bien pobre debate electoral se ha ido encausando políticamente.

Al que se considera por excelencia el recinto de la democracia han arribado históricamente personas de todos los pelambres, aunque casi siempre de las mismas corrientes políticas; para no decir maquinarias.  Por demás, quienes han logrado alcanzar las curules, muy pocas veces lo han hecho por sus méritos y realizaciones; por el contrario, su llegada ha dejado una estela de dudas sobre su estatura moral y ética, que es, a mi juicio, la máxima exigencia que debemos hacer a quienes aspiran a proclamarse como delegados del poder que como electores, y antes que nada como ciudadanos, les confiamos.

 Muchos de los que allí han estado, que en su mayoría insisten en mantenerse, han hecho de la institución un extraordinario monumento a la deshonra; literalmente han comprado su asiento, enajenándose a oscuros intereses de empresarios, cuando no de mafiosos o criminales que requieren de sus favores para ponerle cercos a la justicia o para diseñar su arquitectura a su acomodo, de manera que no tengan óbices para seguir delinquiendo. No es gratuito que, en los últimos años, alrededor de un centenar de ellos hayan sido juzgados y condenados por actos criminales.  Algunos todavía se encuentran en prisión.

 Lo cierto es que, aun así y pese a su desprestigio, a los ciudadanos nos corresponde seguir votando e insistir hasta lograr la conformación de un Congreso cuyos elegidos garanticen al menos su honestidad y transparencia. Después de todo, los cuestionamientos no deben ser sobre la institución –El Congreso- como tal, sino sobre quienes logran allí su acceso y sobre los mecanismos que utilizan para lograr el favor de los sufragantes: compra de votos, ofrecimiento de puestos de trabajo, promesas de construcción de obras, otorgamiento de dádivas, etc., que de suyo atentan contra la libertad y corrompen no sólo su conciencia sino la del elector, lo que mina la esencia de la democracia, en este caso de la acción de elegir, que es tan solo una de sus manifestaciones.

Ni qué decir de aquellos que resultan favorecidos gracias a la ventaja que les ofrece el que se les haya financiado costosas campañas por parte de grupos empresariales, a quienes, una vez posesionados, deberán pagar el favor con la presentación y aprobación de leyes, decretos y reformas que beneficien sus intereses. Las reformas a la salud en favor de las EPS o a los regimenes tributario o laboral que otorgan ventajas a las empresas, son tan solo uno de los muchos ejemplos que se pueden citar.

Es imperioso entonces decir que la responsabilidad sobre la conformación del Congreso y lo que serán a futuro sus realizaciones recae en principio sobre quien ejerce su derecho al voto; este sabe que elige a un cuerpo colegiado al que se le otorgan poderes para que, entre otros, haga las leyes, nombre a los funcionarios que representarán al Estado en los organismos de control, ejerza control sobre el ejecutivo, decida sobre asuntos primordiales que afectan, en conjunto, la vida de los ciudadanos: la salud, la educación, los derechos sociales y laborales, los impuestos, la política agraria, la distribución de regalías, la aplicación de justicia, la preservación de la paz, etc.

Así que la acción de elegir es un acto de suma responsabilidad, demanda rectitud, compromiso ético, entereza moral; todo ello independientemente de cuales sean las ideologías, las pertenencias partidistas o las apuestas programáticas, suponiendo que las haya; pues es justamente lo que le da razón y sentido a la política: la existencia de distintas miradas y maneras de ver y entender el mundo, que se ponen en discusión para dar lugar a los haceres y quehaceres que ordenan los destinos de nuestras naciones.

Si, hasta ahora, Colombia ha mantenido aplazadas las grandes reformas que se requieren para ser un país en paz; es decir, más equitativo, con menos desigualdad y con más y mejores oportunidades para todos, es precisamente porque ha carecido de un Congreso en donde, en vez de que se legisle para los intereses de unos pocos, se ponga por encima el interés general y colectivo de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Esa es la gran tarea y el enorme compromiso sobre el que debemos reflexionar y tomar conciencia, ya a las puertas del debate electoral que elegirá al nuevo Congreso de la República.

Vale recordar que al nuevo Congreso le corresponderá la asunción de una tarea de alto calado histórico en la actual coyuntura nacional; nada menos que la aprobación de las reformas que deberán emprenderse a partir de los acuerdos que se deriven de las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en la ciudad de La Habana; razón de más para insistir en que, o renovamos una institución que hasta ahora ha estado en manos de quienes no precisamente actúan en  favor del interés nacional, o seguimos aplazando la posibilidad definitiva de una paz verdadera, estable y duradera para Colombia.

Pensar el voto, analizar muy bien antes de tomar la decisión, conocer la hoja de vida del candidato, su historia, su nivel de compromiso, sus propuestas, es parte de la tarea; pero asumir el compromiso ético de elegir en soberana autonomía y libertad, sin endosar, vender o alquilar la decisión, es sin duda lo que acarrea el mayor compromiso.

Por mi parte, como la renovación del Congreso es, a mi juicio, lo que demanda la mayor urgencia, considero necesario el apoyo a personas que, cumpliendo con el requisito de tener una conducta intachable, sean también la voz de esa parte del país que hasta ahora ha sido silenciada y relegada al olvido, no solo en el Congreso sino, en general, en todos los órganos de representación.  

Por supuesto, estas no se encuentran en las tradicionales representaciones políticas: Partido Liberal o Conservador, o sus derivaciones en el Partido de la U, Cambio Radical o Centro Democrático, que al fin y al cabo son lo mismo, y en donde muchos de los que se encuentran en sus listas como aspirantes al nuevo Congreso están cuestionados porque ellos o sus familiares tienen antecedentes de vinculación con organizaciones criminales, sobre todo por casos de paramilitarismo. Al respecto, vale la pena consultar el informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre el mapa de riesgo electoral.

En mi caso votaré e invito a votar por Iván Cepeda Castro al Senado de la República (N° 10 en el tarjetón del Polo Democrático) y por Alirio Uribe a la Cámara de Representantes (N° 110 en el tarjetón del Polo Democrático). Dos personas, dos historias, dos vidas íntegramente comprometidas con la búsqueda de la paz y la defensa de los Derechos Humanos; tienen el pasaporte moral que los habilita para ser elegidos, uno y otro han hecho eco a las víctimas del conflicto armado, dentro y fuera del país, y ofrecen un programa en el que toman curso las grandes transformaciones que la nación requiere.

Elegir a personas como Iván Cepeda y Alirio Uribe es avanzar algo en el propósito de tener un Congreso efectivamente renovado.

*Economista- Magíster en Estudios Políticos

Ni mayor equidad, ni más y mejor calidad de empleo

Haciendo click aquí pueden leer mi último escrito que fue publicado en la versión impresa del periódico Desde Abajo. Se los recomiendo.

REFORMA TRIBUTARIA, EQUIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Orlando Ortiz Medina*

El congreso se apresta a debatir el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda. Las ideas con las cuales se ha querido vender y promocionar la propuesta van en dos direcciones: por un lado, estimular la creación y formalización de nuevos empleos y, por otro, buscar que la sociedad avance hacia mayores condiciones de equidad; propósitos sin duda loables, pero sobre todo necesarios, si tenemos en cuenta que en ellos se explican en gran medida las causas del conflicto social y armado que se vive en Colombia.

En efecto, Colombia es actualmente el segundo país más desigual de América Latina, después de Bolivia, y el séptimo más desigual del mundo, después incluso de países de los que suelen difundirse imágenes tan dramáticas, como Haití y Angola.

Es también en América Latina uno de los países que presentan más elevados grados de concentración de la propiedad de la tierra, situación que se ve agravada además, por su bajo porcentaje de utilización para fines productivos, debido a que está en su mayoría dedicada a la ganadería extensiva (un gran potrero por cada vaca), o es mantenida apenas a manera de lote de engorde por parte de sus propietarios.

En cuanto al empleo se refiere, aparte de una tasa de desempleo que aunque en los últimos años haya mejorado se sigue manteniendo alrededor de un 10%, los niveles de informalidad bordean ya el 70% del total de los puestos de trabajo generados, lo que refleja el creciente deterioro del mercado laboral.

De manera que si llegaran a ser ciertos los propósitos de avanzar hacia una sociedad que refleje mayores condiciones de equidad y mejor calidad de su mercado de trabajo, estaríamos dando pasos de gigante y desactivando en grado sumo no sólo los factores generadores de pobreza y de pobreza extrema que hoy están al rededor del 32% y del 15%, respectivamente, sino de paso las fuentes principales de su inestabilidad política y social.

Una reforma, o en general un sistema fiscal o de tributación, contribuye a la equidad cuando se caracteriza por tener una estructura de carácter progresivo, es decir, cuando está diseñada de tal manera que quienes ganan y tienen más, pagan más que quienes ganan y tienen menos.

Es exactamente diferente a lo que hasta ahora ha ocurrido en Colombia, en donde, en general, las reformas tributarias que se han hecho en los últimos años han tenido como propósito la búsqueda de menores gravámenes para los grandes contribuyentes, incluidas empresas y personas naturales, respaldadas en el argumento de que una menor carga fiscal, en particular por la vía de la reducción de los costos laborales, es una manera de contribuir a la generación de empleo; el mismo argumento que se trae a colación en la propuesta que ahora cursa en el congreso.

Esta reducción de gravámenes se ha concretado a través de la disminución de tarifas o mediante una serie cada vez mayor de mecanismos de exención tributaria, que ha llevado al establecimiento de un sistema de privilegios, en donde al final las grandes empresas y las personas naturales más pudientes, que en muchos casos son las mismas, hacen una contribución al fisco sensiblemente inferior a la de las personas asalariadas.

Lo anterior obedece también a que el sistema de tributación está diseñado de tal manera que el Estado asegura el pago de impuestos por parte de los asalariados a través del mecanismo de retención en la fuente, que imperativamente se hace efectivo al momento de que estos reciban su pago; cosa que no ocurre con el predial o el impuesto sobre la renta, sobre el que suelen establecerse todo tipo de maniobras de evasión o elusión. Esto, porque cuentan además con la complicidad y ayuda de notarios y contadores, incapaces muchos de cumplir con su juramento de guardianes de la fe y la ética pública. 

Como el Estado debe buscar la forma de compensar los ingresos que se dejan de captar, lo normal es que en las propuestas de reforma ello se traduzca, bien en el recorte de los gastos, que en el marco del actual modelo significa el castigo principalmente a los gastos sociales; en el establecimiento de nuevos tipos de impuesto o en el incremento de algunos de los ya existentes.

La actual propuesta de reforma no muestra una filosofía diferente. Se insiste en la idea de que hay que mantener e incluso a aumentar los beneficios para las empresas y grandes contribuyentes, y trae nuevos impuestos que van a recaer ante todo sobre las personas de ingresos medios.  

Se propone, por ejemplo, una reducción del impuesto de renta del 33 al 25% para las personas jurídicas y al mismo tiempo una disminución del 13,5 de los costos de los parafiscales, que pasarían del 29,5 al 16%. Los ocho puntos menos que se dejan de captar por la disminución del impuesto a la renta serían reemplazados por un nuevo impuesto llamado Impuesto para la Equidad, que consiste en el pago de una tasa del 8% sobre el valor final de las utilidades. Se crea por otro lado el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional IMAN, que a partir de un valor base gravaría la renta de personas naturales, con montos entre el 5% y el 16%, de acuerdo con el valor de los ingresos.  

Aunque este último refleja sin duda un criterio mayor de progresividad, no parece viable y aceptable el monto a partir del cual se empieza establecer, cuando se pretende poner a pagar a personas cuyos ingresos apenas superen –cifra sin precisar- alrededor de los tres millones de pesos. Se reitera aquí la idea ya expuesta de que lo que se deja de recibir por las exenciones establecidas para los grandes contribuyentes, se compensa ampliando la base de tributación, esta vez con la incorporación de impuestos adicionales para las personas de ingresos medios. 

La propuesta traería, además, beneficios adicionales para los grandes contribuyentes, a través de la reducción del impuesto a las ganancias ocasionales, en especial los que se refieren a herencias y donaciones, y venta de activos poseídos por más de dos años. Estos últimos se reducirían de una tarifa del 33% al 15% en el caso de venta de sociedades y del 10% en el caso de venta de activos. ¿Cuántos pobres o personas de medianos ingresos dejan grandes herencias, hacen donaciones o transfieren compañías a sus hijos, esposas u otros familiares?

En cuanto al IVA, la idea en principio es una simplificación del sistema, al pasar de siete a solamente tres tarifas, creando una nueva y eliminando cinco de las ya existentes. En este aspecto hay elementos positivos –la simplificación del sistema lo es en sí mismo-, como la reducción de la tarifa que pagan las semillas y los insumos de las cadenas agropecuarias, que pasarían de una tarifa del 16% al 5%, sin duda un estímulo para un sector que ha sido tan golpeado en los últimos años. Pero preocupa asimismo la propuesta de aumentar, por ejemplo, el IVA a la medicina prepagada; que pasaría del 10% al 16%, impuesto que afectaría sobre todo a los asalariados de ingresos medios. Se crean igualmente algunos impuestos al consumo y un impuesto adicional especial al consumo de lujo, que sustituiría las tarifas del 20%, 25% y 35%, que se buscan eliminar con la actual propuesta de reforma.

Generación y Formalización de Empleo

La ecuación que se asume es que, si se bajan los costos de la nómina, los empresarios se verían estimulados para enganchar nuevos trabajadores. Pero no sólo eso, el enganche de nuevas plazas se hará además, en condiciones de contratación formal que redundaría de manera positiva no sólo en la cantidad sino en la calidad del empleo.

Hay que decir que tal propósito podría resultar siendo ilusorio y al final tan sólo lleve a que se aumenten aún más los niveles de inequidad; pues en aritmética simple lo único que está claro y garantizado en la propuesta es que habrá menos costos para los empleadores. El resto es asunto que estará por verse.

Lo cierto es que no hay una relación causal directa entre el costo de la nómina y la cantidad de personal del que dispone o debe disponer una empresa. El tamaño de planta o el número de trabajadores es algo que está atado y depende de la dinámica general de la economía, de cuáles son los sectores que la impulsan y, en términos más concretos, de los volúmenes generales de demanda agregada, que es en últimas lo que define los stocks de producción necesarios y lo que le otorga capacidad al sistema para el enganche de trabajadores adicionales.

De todas maneras los empleadores tendrán que seguir pagando parafiscales y así sea menor el monto continuaran considerándolo como una carga onerosa para sus empresas. En la lógica racional y utilitarista propia del llamado espíritu empresarial, la minimización de los costos y la maximización del beneficio no es un asunto al que se vaya a renunciar, pues implicaría ceder al juicio capital del ser empresario: si las condiciones lo permiten, cualquier reducción posible de costos debe verse como una oportunidad de incrementar el beneficio. Quién lo discute. Adicionalmente, no hay imperativos para que los empresarios compensen las atenciones que a través de las reformas les ha venido haciendo el Estado y los lleve a que, en efecto, contraten nuevos trabajadores y en condiciones menos adversas que las de los últimos años.

El cuento de que la disminución de los costos laborales estimularía la generación de más y mejores empleos ya nos lo dijeron con las reformas emprendidas desde los años 90, en particular con la Ley 100 de 1992, la Ley 50 de 1993 y la Ley 789 de 2002, principalmente; que flexibilizaron los sistemas de contratación, modificaron los sistemas de salud y seguridad social, y eliminaron el pago de horas extras, dominicales y festivos. Lo cierto, como las cifras lo demuestran, es que el desempleo no disminuyó; por el contrario, hubo periodos en los que se elevó considerablemente, al igual que aumentaron y siguen aumentando los índices de informalidad laboral. Lo que hoy es absolutamente claro es que este tipo de reformas estuvieron imbricadas de un destacadísimo espíritu antiempleo, tanto en volumen como en calidad.

Pero hay más, no se puede dejar de lado la idea de que tener mayores estándares de producción basados en el uso preferente de tecnologías de punta y menos en el de mano de obra es otro factor que se adiciona al pesimismo de las bondades ofrecidas por la reforma, respecto de la generación y formalización del empleo; pues es lógico que las empresas se sientan impelidas a estar a tono en el concierto de la competitividad internacional, que no se basa propiamente en el uso intensivo de mano de obra.  

Las políticas de crecimiento de los últimos años en Colombia no han estado fundadas propiamente sobre los sectores tradicionalmente generadores de empleo: agrícola y manufacturero, principalmente. Ambos han estado relegados a un papel secundario, con signos serios de atraso tecnológico, pocas posibilidades de innovación y viéndose afectados por la entrada cada vez mayor de productos importados, contra los cuales a los productores nacionales, en especial a los pequeños y medianos, les es imposible competir.

Mientras la dinámica del crecimiento siga dependiendo de sectores como la minería y los servicios, el primero destacado además por sus efectos depredadores, no podrá esperarse una verdadera reactivación del empleo. No, independiente de las bondades y esperanzas que se cifren en tal o cual propuesta de reforma de corte institucional o legislativo. Mejor dicho, no es posible una mejora en la cantidad y la calidad del empleo centrada en las condiciones de la oferta, en este caso los costos de la mano de obra, sino se revisan al mismo tiempo las condiciones que promuevan y estimulen su demanda.

Así que, antes que seguir estimulando el proceso de reprimarización, acentuado en las regiones como economías de enclave, sobre todo con el sector minero, es necesaria la diversificación de la producción y el mercado nacional, y por esa vía de la canasta exportadora, agregando a ella más productos de la industria manufacturera y de los sectores agrícola y pecuario.

La generación de empleo es un asunto que depende también de que se eliminen las enormes brechas regionales, pues hay municipios y departamentos olvidados y abandonados a su suerte, que necesitan fuertes dosis de inversión en infraestructura pública, educación, ampliación del espectro de servicios tecnológicos y financieros y mayor conectividad, al lado de una gestión pública transparente y eficiente.

Si el texto de reforma que finalmente se discuta en el congreso no da visos de traducirse efectivamente en mayor equidad, más ingreso disponible para el consumo de manera que se estimule la demanda, efectos ciertos en términos de formalización y mejoras en la remuneración salarial, se reivindicarían los congresistas si más bien deciden archivarlo.

*Economista- Magíster en Estudios Políticos

El Hundimiento de la Reforma al Sistema de Justicia: “La necesidad no tiene ley”

El Hundimiento de la Reforma al Sistema de Justicia: “La necesidad no tiene ley”

Orlando Ortiz Medina*

Que “la necesidad no tiene ley” parece ser el adagio latino (necessitas legem non habet) del que se valió el Presidente de la República para, sin que le asistieran facultades, haber objetado y devuelto el acto legislativo que reformaba la Constitución Nacional y que alcanzó a ser aprobado en el Congreso de la República.

Fue finalmente ese el recurso al que a última hora acudió, lo que de paso fue una de sus excelentes ‘lavadas de manos’, argumentando la inconveniencia del alijo y la necesidad de defensa de un orden constitucional que, en efecto, quiso ser manoseado y reconfigurado a la medida de los delincuentes o de sus compinches, que investidos de legisladores ocupan curules en el parlamento.

Y lo que dice el adagio, de acuerdo con la interpretación de Giorgio Agamben (2005-2006), en cuyas tesis me apoyo para estas reflexiones, es que o “la necesidad no reconoce ley alguna” o que “la necesidad crea su propia ley”; en cualquier caso, la conclusión es la misma:”la necesidad no se somete a la ley”.

Pero, continuando con Agamben, “la teoría de la necesidad no es otra cosa que una teoría de la excepción, en virtud de la cual un caso singular es sustraído a la obligación de observar la ley” –el subrayado es mío-. En caso de necesidad, la ley decae o, por el contrario, se vuelve ella misma la fuente del derecho.

Si de sobrevivir se trata, refiriéndose al orden jurídico y constitucional, el derecho mismo puede o debe ser suspendido; sin que para ello se requiera –esa es la paradoja- fundamento o soporte jurídico alguno. He ahí el estado de excepción en la cumbre de su expresión figurativa.

Así que fue precisamente a la validación y uso de esta figura a lo que acabamos de asistir cuando el propio Congreso, los Partidos, las altas Cortes y la casi totalidad de la sociedad terminaron avalando e incluso celebrando, una decisión en cabeza y sin fundamento jurídico por parte del jefe del ejecutivo.

El Estado de Excepción, esa condición permanente de las democracias modernas a la que ya también y mucho antes Carl Schmit (2001) se había referido, revela su nitidez precisamente en el momento en que se crea esa “zona ambigua” en que los procedimientos de facto pasan a ser de derecho o, al mismo tiempo, cuando ocurre el movimiento inverso en que el derecho es suspendido y las normas jurídicas se indeterminan en meros actos de facto (Agamben 2005 pg 61).

¿Fue eso o no lo que ocurrió con el reciente hundimiento del fallo legislativo que reformaba el Sistema de Justicia?

Por razones que llamó de inconveniencia, el Presidente lo objetó y lo devolvió al congreso sin que tuviera facultades constitucionales para ello; el Congreso, por su parte, acató la solicitud y acudió a su llamado a sesiones extras para reversar lo que en su seno había sido una decisión mayoritaria. De manera que una acción extrajurídica del ejecutivo anuló una acción jurídica emanada del legislativo; un golpe de astucia y de conveniencia política y personal para el Presidente de la República terminó avalado por sus amigos, contradictores y por la sociedad en general; no importa que se saltara por encima de lo que ha ido quedando de la trasquilada Constitución de 1991, luego de tantas reformas.

Unos que arguyeron, quién les creyera, haber sido engañados; otros que con argumentos no menos hipócritas o baladíes recularon al verse expuestos a la picota pública; la mayoría, que ajena a la pestilencia del Congreso, quería evitar el derrame de impunidad, la vergüenza y la indignación que iba producir que tantos delincuentes y por tan graves delitos no sólo quedaran libres sino que dejaran establecido el andamiaje para ahora y a futuro poder seguir delinquiendo y evadiendo la justicia

En fin, todos a una como en Fuenteovejuna firmando un cheque en blanco al ejecutivo, sin calcular que lo que hoy terminó viéndose con buenos ojos, mañana, y para asuntos que sí pudieran llegar ser de factura decente, podrían significar mayor revés y causa de remordimiento.

Sociedad y legislativo hicieron así una bondadosa contribución al ejecutivo; claro, hablamos de un legislativo avergonzado, puesto en sorna y que a falta de honra no tenía más que bajar la cabeza, y de una ciudadanía que, tal vez apostándole al mal menor, prefería eso a dejar pasar el paquete chileno con el que los HP quisieron asaltarla.

Quedó pues claro que el principio democrático de la división de poderes continúa profundamente devaluado y sobre todo que en Colombia, de entre ellos, “que venga el diablo y escoja”; porque del caso que nos ocupa ninguno de los tres salió bien librado. Esto último para no dejar de nombrar a los magistrados que con la reforma lograban ampliar su periodo de permanencia en el cargo y al mismo tiempo su edad de jubilación.

Pero, asimismo, que los otrora grandes partidos siguen liderados por unos monigotes que concilian con la corrupción y que se muestran incapacitados tanto para afrontar la debacle y descomposición que a su interior los asalta, como para medirse a los grandes temas que el país ha venido aplazando y de los que de todas maneras se tendrá que ocupar.

Eso sí, y nunca para bien de la democracia, es claro también que la figura del ejecutivo y del poder presidencial, con el Estado de Excepción como el fundamento de su soberanía, se sigue fortaleciendo; sobre todo frente a un poder legislativo cada vez más vacío de argumentos y lejos, muy lejos, de las medidas éticas y morales que requiere alcanzar para ganar su legitimidad, estando como está, como rehén de las mafias y las bandas criminales allí representadas.

Reconforta de todas maneras la actitud y la airada reacción de muchos sectores sociales, algunos medios de comunicación y otras fuentes de opinión, así como de los partidos que se negaron a hacerse cómplices de ese acto indecoroso que quiso consagrar la impunidad y darle el beneplácito a la corrupción. Es una muestra de que el país conserva todavía una reserva ética y una capacidad de indignación, que tendrá que seguirse manifestando para que el Congreso de la República se purgue de una vez por todas de esa plaga ignominiosa que en mala hora ha llegado a ocupar sus curules.

Es precisamente la capacidad de respuesta y movilización de la sociedad civil lo que hay que fortalecer, cualquiera que sea el origen de los actos de autoritarismo o atentados contra la democracia que se nos quiera imponer.

*Economista- Magíster en Estudios Políticos

Referencias Bibliográficas

Agamben G, 2005, Estado de Excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora.

Agamben G, 2206, Homo Sacer, España, Pre-Textos.  

Schmit C, 2001, Teología Política, México, Fondo de Cultura Económica.