Difícil aceptar que una representación política, de la cual parte de sus lideres y militancia ha sido sacrificada, termine, por no sabemos qué razones, conciliando con quienes, además de su presunta responsabilidad material, se han empeñado en obstruir la justicia y deshonrar la memoria de las víctimas. ´
Orlando Ortiz Medina*
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| Foto: Costa Noticias |
Viene al caso el llamado por la actuación de cinco congresistas del Pacto Histórico, que dieron su voto para que el proceso que cursa en la Fiscalía contra el expresidente Alvaro Uribe Vélez por su presunta participación en las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, sea trasladad a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (más conocida como Comisión de Absoluciones) de la cual forman parte.
Viejo zorro, el expresidente, junto con su bufete de abogados, se apunta este nuevo golpe de astucia, que no es sino otra maniobra dilatoria para prolongar el juicio y allanar el camino hacia una impunidad casi segura por crímenes cometidos hace cerca de tres décadas. Pero más grave y doloroso es saber que sea una bofetada a las víctimas y un supremo acto de incoherencia de parte de la bancada progresista, elegida precisamente para que represente sus intereses y no los de quienes se presumen como victimarios.
Los hechos que se imputan al expresidente revisten extrema gravedad y son serios los indicios de su participación en los mismos; forman parte, además, de un momento especialmente doloroso de la historia de Colombia, lo que no admite pretexto o razón alguna que los lleve a ser otros más de los tantos consignados en el libro del olvido.
Los casos de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle son emblemáticos y personifican crímenes como los cometidos contra Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, José Antequera, Manuel Cepeda, Héctor Abad Gómez, cientos más de líderes y defensores de derechos humanos y más de cinco mil militantes de la Unión Patriótica asesinados. Unos y otros en la más absoluta impunidad y ovillados en la parafernalia criminal en que de distintas formas ha sido implicado el controvertido expresidente.
En un sistema de democracia representativa, como, al menos formalmente, es el que existe en Colombia, quien resulte elegido administra un poder delegado y debe obediencia a quienes le otorgaron su voto.
Difícil aceptar que una representación política, de la cual parte de sus lideres y militancia ha sido sacrificada, termine, por no sabemos qué razones, conciliando con quienes, además de su presunta responsabilidad material, se han empeñado en obstruir la justicia y deshonrar la memoria de las víctimas.
¿A qué propósitos estaban respondiendo María del Mar Pizarro, Alejandro Toro, Jorge Bastidas, Heráclito Landinez y Gabriel Becerra, cuando deciden comprometer el voto de sus electores en esa decisión?
¿Qué explica que no se haya analizado, o se haya hecho caso omiso, de que los delitos imputados al señor Uribe fueron cometidos antes de haber ejercido como presidente, lo que de suyo invalida que puedan ser tramitados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara?
De qué manera se ha sumado a las artimañas de Uribe, a sus abogados y a sus calanchines en el Congreso el cuestionado quíntuple de representantes. Imposible pensar que no fueran conscientes del inmenso favor que le estaban haciendo al decano de las cabriolas y los quites a la justicia. Cuantos años más le han regalado a su ya larga carrera de evasiones ahora que, muy seguramente, el caso deberá someterse a una nueva travesía en la Corte Constitucional, única autorizada para dirimir la supuesta colisión de competencias.
Es imperativo que el Pacto Histórico dé una explicación a sus electores. Lo ocurrido no es un asunto menor y deja serias dudas del rol de su representación en la Cámara de Representantes, o al menos en la cuestionada Comisión de Acusaciones. Ni sus bases ni su militancia, mucho menos la memoria de quienes fueron sacrificados en esta larga historia de dolor y de violencia pueden terminar siendo un rey de burlas.
Se conoció un pronunciamiento del senador y excandidato Iván Cepeda, en el que se aparta de la decisión, llama a que el caso continúe en la Fiscalía y reafirma su compromiso con la verdad y con las víctimas. También sería pertinente un pronunciamiento del expresidente Gustavo Petro, no solo por su condición de líder del partido, sino por los rumores que circulan en torno a que la actuación de los congresistas obedece a un acuerdo con el Centro Democrático -avalado por él-, en una especie de “hagámonos pasito”, frente a eventuales procesos que puedan adelantarse en su contra en la misma Comisión.
Es claro que los espacios de representación dan lugar a la celebración de acuerdos con otras fuerzas políticas, pero también lo es que hay límites que no pueden sobrepasarse, especialmente cuando se trata de poner en juego valores y principios de quienes se representan, máxime frente a sucesos que han comprometido el respeto a los derechos, la dignidad y la vida.
El comunicado expedido por los representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusaciones es una justificación evasiva y mediocre del porqué de su actuación, y un maltrato más a quienes les exigimos coherencia, respeto y responsabilidad en sus decisiones.
Colombia, particularmente la izquierda, vive un momento en el que el palo no está para cucharas. Mucho menos para que se ayude a clavar el cuchillo.
*Economista-Magister en estudios políticos
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