El Hundimiento de la Reforma al Sistema de Justicia: “La necesidad no tiene ley”

El Hundimiento de la Reforma al Sistema de Justicia: “La necesidad no tiene ley”

Orlando Ortiz Medina*

Que “la necesidad no tiene ley” parece ser el adagio latino (necessitas legem non habet) del que se valió el Presidente de la República para, sin que le asistieran facultades, haber objetado y devuelto el acto legislativo que reformaba la Constitución Nacional y que alcanzó a ser aprobado en el Congreso de la República.

Fue finalmente ese el recurso al que a última hora acudió, lo que de paso fue una de sus excelentes ‘lavadas de manos’, argumentando la inconveniencia del alijo y la necesidad de defensa de un orden constitucional que, en efecto, quiso ser manoseado y reconfigurado a la medida de los delincuentes o de sus compinches, que investidos de legisladores ocupan curules en el parlamento.

Y lo que dice el adagio, de acuerdo con la interpretación de Giorgio Agamben (2005-2006), en cuyas tesis me apoyo para estas reflexiones, es que o “la necesidad no reconoce ley alguna” o que “la necesidad crea su propia ley”; en cualquier caso, la conclusión es la misma:”la necesidad no se somete a la ley”.

Pero, continuando con Agamben, “la teoría de la necesidad no es otra cosa que una teoría de la excepción, en virtud de la cual un caso singular es sustraído a la obligación de observar la ley” –el subrayado es mío-. En caso de necesidad, la ley decae o, por el contrario, se vuelve ella misma la fuente del derecho.

Si de sobrevivir se trata, refiriéndose al orden jurídico y constitucional, el derecho mismo puede o debe ser suspendido; sin que para ello se requiera –esa es la paradoja- fundamento o soporte jurídico alguno. He ahí el estado de excepción en la cumbre de su expresión figurativa.

Así que fue precisamente a la validación y uso de esta figura a lo que acabamos de asistir cuando el propio Congreso, los Partidos, las altas Cortes y la casi totalidad de la sociedad terminaron avalando e incluso celebrando, una decisión en cabeza y sin fundamento jurídico por parte del jefe del ejecutivo.

El Estado de Excepción, esa condición permanente de las democracias modernas a la que ya también y mucho antes Carl Schmit (2001) se había referido, revela su nitidez precisamente en el momento en que se crea esa “zona ambigua” en que los procedimientos de facto pasan a ser de derecho o, al mismo tiempo, cuando ocurre el movimiento inverso en que el derecho es suspendido y las normas jurídicas se indeterminan en meros actos de facto (Agamben 2005 pg 61).

¿Fue eso o no lo que ocurrió con el reciente hundimiento del fallo legislativo que reformaba el Sistema de Justicia?

Por razones que llamó de inconveniencia, el Presidente lo objetó y lo devolvió al congreso sin que tuviera facultades constitucionales para ello; el Congreso, por su parte, acató la solicitud y acudió a su llamado a sesiones extras para reversar lo que en su seno había sido una decisión mayoritaria. De manera que una acción extrajurídica del ejecutivo anuló una acción jurídica emanada del legislativo; un golpe de astucia y de conveniencia política y personal para el Presidente de la República terminó avalado por sus amigos, contradictores y por la sociedad en general; no importa que se saltara por encima de lo que ha ido quedando de la trasquilada Constitución de 1991, luego de tantas reformas.

Unos que arguyeron, quién les creyera, haber sido engañados; otros que con argumentos no menos hipócritas o baladíes recularon al verse expuestos a la picota pública; la mayoría, que ajena a la pestilencia del Congreso, quería evitar el derrame de impunidad, la vergüenza y la indignación que iba producir que tantos delincuentes y por tan graves delitos no sólo quedaran libres sino que dejaran establecido el andamiaje para ahora y a futuro poder seguir delinquiendo y evadiendo la justicia

En fin, todos a una como en Fuenteovejuna firmando un cheque en blanco al ejecutivo, sin calcular que lo que hoy terminó viéndose con buenos ojos, mañana, y para asuntos que sí pudieran llegar ser de factura decente, podrían significar mayor revés y causa de remordimiento.

Sociedad y legislativo hicieron así una bondadosa contribución al ejecutivo; claro, hablamos de un legislativo avergonzado, puesto en sorna y que a falta de honra no tenía más que bajar la cabeza, y de una ciudadanía que, tal vez apostándole al mal menor, prefería eso a dejar pasar el paquete chileno con el que los HP quisieron asaltarla.

Quedó pues claro que el principio democrático de la división de poderes continúa profundamente devaluado y sobre todo que en Colombia, de entre ellos, “que venga el diablo y escoja”; porque del caso que nos ocupa ninguno de los tres salió bien librado. Esto último para no dejar de nombrar a los magistrados que con la reforma lograban ampliar su periodo de permanencia en el cargo y al mismo tiempo su edad de jubilación.

Pero, asimismo, que los otrora grandes partidos siguen liderados por unos monigotes que concilian con la corrupción y que se muestran incapacitados tanto para afrontar la debacle y descomposición que a su interior los asalta, como para medirse a los grandes temas que el país ha venido aplazando y de los que de todas maneras se tendrá que ocupar.

Eso sí, y nunca para bien de la democracia, es claro también que la figura del ejecutivo y del poder presidencial, con el Estado de Excepción como el fundamento de su soberanía, se sigue fortaleciendo; sobre todo frente a un poder legislativo cada vez más vacío de argumentos y lejos, muy lejos, de las medidas éticas y morales que requiere alcanzar para ganar su legitimidad, estando como está, como rehén de las mafias y las bandas criminales allí representadas.

Reconforta de todas maneras la actitud y la airada reacción de muchos sectores sociales, algunos medios de comunicación y otras fuentes de opinión, así como de los partidos que se negaron a hacerse cómplices de ese acto indecoroso que quiso consagrar la impunidad y darle el beneplácito a la corrupción. Es una muestra de que el país conserva todavía una reserva ética y una capacidad de indignación, que tendrá que seguirse manifestando para que el Congreso de la República se purgue de una vez por todas de esa plaga ignominiosa que en mala hora ha llegado a ocupar sus curules.

Es precisamente la capacidad de respuesta y movilización de la sociedad civil lo que hay que fortalecer, cualquiera que sea el origen de los actos de autoritarismo o atentados contra la democracia que se nos quiera imponer.

*Economista- Magíster en Estudios Políticos

Referencias Bibliográficas

Agamben G, 2005, Estado de Excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora.

Agamben G, 2206, Homo Sacer, España, Pre-Textos.  

Schmit C, 2001, Teología Política, México, Fondo de Cultura Económica.