Renovar el Congreso, una apuesta por la democracia.

Orlando Ortiz Medina*

El próximo domingo nueve de marzo se realizarán las elecciones para el Congreso de la República, sin lugar a dudas, y no sin razón, la institución más desprestigiada en Colombia. Una apuesta por su renovación sería no sólo la acción más audaz e inteligente de los electores, sino la muestra más fehaciente de que el país ha madurado y de que todo el descontento y la agitación social que ha precedido el más bien pobre debate electoral se ha ido encausando políticamente.

Al que se considera por excelencia el recinto de la democracia han arribado históricamente personas de todos los pelambres, aunque casi siempre de las mismas corrientes políticas; para no decir maquinarias.  Por demás, quienes han logrado alcanzar las curules, muy pocas veces lo han hecho por sus méritos y realizaciones; por el contrario, su llegada ha dejado una estela de dudas sobre su estatura moral y ética, que es, a mi juicio, la máxima exigencia que debemos hacer a quienes aspiran a proclamarse como delegados del poder que como electores, y antes que nada como ciudadanos, les confiamos.

 Muchos de los que allí han estado, que en su mayoría insisten en mantenerse, han hecho de la institución un extraordinario monumento a la deshonra; literalmente han comprado su asiento, enajenándose a oscuros intereses de empresarios, cuando no de mafiosos o criminales que requieren de sus favores para ponerle cercos a la justicia o para diseñar su arquitectura a su acomodo, de manera que no tengan óbices para seguir delinquiendo. No es gratuito que, en los últimos años, alrededor de un centenar de ellos hayan sido juzgados y condenados por actos criminales.  Algunos todavía se encuentran en prisión.

 Lo cierto es que, aun así y pese a su desprestigio, a los ciudadanos nos corresponde seguir votando e insistir hasta lograr la conformación de un Congreso cuyos elegidos garanticen al menos su honestidad y transparencia. Después de todo, los cuestionamientos no deben ser sobre la institución –El Congreso- como tal, sino sobre quienes logran allí su acceso y sobre los mecanismos que utilizan para lograr el favor de los sufragantes: compra de votos, ofrecimiento de puestos de trabajo, promesas de construcción de obras, otorgamiento de dádivas, etc., que de suyo atentan contra la libertad y corrompen no sólo su conciencia sino la del elector, lo que mina la esencia de la democracia, en este caso de la acción de elegir, que es tan solo una de sus manifestaciones.

Ni qué decir de aquellos que resultan favorecidos gracias a la ventaja que les ofrece el que se les haya financiado costosas campañas por parte de grupos empresariales, a quienes, una vez posesionados, deberán pagar el favor con la presentación y aprobación de leyes, decretos y reformas que beneficien sus intereses. Las reformas a la salud en favor de las EPS o a los regimenes tributario o laboral que otorgan ventajas a las empresas, son tan solo uno de los muchos ejemplos que se pueden citar.

Es imperioso entonces decir que la responsabilidad sobre la conformación del Congreso y lo que serán a futuro sus realizaciones recae en principio sobre quien ejerce su derecho al voto; este sabe que elige a un cuerpo colegiado al que se le otorgan poderes para que, entre otros, haga las leyes, nombre a los funcionarios que representarán al Estado en los organismos de control, ejerza control sobre el ejecutivo, decida sobre asuntos primordiales que afectan, en conjunto, la vida de los ciudadanos: la salud, la educación, los derechos sociales y laborales, los impuestos, la política agraria, la distribución de regalías, la aplicación de justicia, la preservación de la paz, etc.

Así que la acción de elegir es un acto de suma responsabilidad, demanda rectitud, compromiso ético, entereza moral; todo ello independientemente de cuales sean las ideologías, las pertenencias partidistas o las apuestas programáticas, suponiendo que las haya; pues es justamente lo que le da razón y sentido a la política: la existencia de distintas miradas y maneras de ver y entender el mundo, que se ponen en discusión para dar lugar a los haceres y quehaceres que ordenan los destinos de nuestras naciones.

Si, hasta ahora, Colombia ha mantenido aplazadas las grandes reformas que se requieren para ser un país en paz; es decir, más equitativo, con menos desigualdad y con más y mejores oportunidades para todos, es precisamente porque ha carecido de un Congreso en donde, en vez de que se legisle para los intereses de unos pocos, se ponga por encima el interés general y colectivo de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Esa es la gran tarea y el enorme compromiso sobre el que debemos reflexionar y tomar conciencia, ya a las puertas del debate electoral que elegirá al nuevo Congreso de la República.

Vale recordar que al nuevo Congreso le corresponderá la asunción de una tarea de alto calado histórico en la actual coyuntura nacional; nada menos que la aprobación de las reformas que deberán emprenderse a partir de los acuerdos que se deriven de las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en la ciudad de La Habana; razón de más para insistir en que, o renovamos una institución que hasta ahora ha estado en manos de quienes no precisamente actúan en  favor del interés nacional, o seguimos aplazando la posibilidad definitiva de una paz verdadera, estable y duradera para Colombia.

Pensar el voto, analizar muy bien antes de tomar la decisión, conocer la hoja de vida del candidato, su historia, su nivel de compromiso, sus propuestas, es parte de la tarea; pero asumir el compromiso ético de elegir en soberana autonomía y libertad, sin endosar, vender o alquilar la decisión, es sin duda lo que acarrea el mayor compromiso.

Por mi parte, como la renovación del Congreso es, a mi juicio, lo que demanda la mayor urgencia, considero necesario el apoyo a personas que, cumpliendo con el requisito de tener una conducta intachable, sean también la voz de esa parte del país que hasta ahora ha sido silenciada y relegada al olvido, no solo en el Congreso sino, en general, en todos los órganos de representación.  

Por supuesto, estas no se encuentran en las tradicionales representaciones políticas: Partido Liberal o Conservador, o sus derivaciones en el Partido de la U, Cambio Radical o Centro Democrático, que al fin y al cabo son lo mismo, y en donde muchos de los que se encuentran en sus listas como aspirantes al nuevo Congreso están cuestionados porque ellos o sus familiares tienen antecedentes de vinculación con organizaciones criminales, sobre todo por casos de paramilitarismo. Al respecto, vale la pena consultar el informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre el mapa de riesgo electoral.

En mi caso votaré e invito a votar por Iván Cepeda Castro al Senado de la República (N° 10 en el tarjetón del Polo Democrático) y por Alirio Uribe a la Cámara de Representantes (N° 110 en el tarjetón del Polo Democrático). Dos personas, dos historias, dos vidas íntegramente comprometidas con la búsqueda de la paz y la defensa de los Derechos Humanos; tienen el pasaporte moral que los habilita para ser elegidos, uno y otro han hecho eco a las víctimas del conflicto armado, dentro y fuera del país, y ofrecen un programa en el que toman curso las grandes transformaciones que la nación requiere.

Elegir a personas como Iván Cepeda y Alirio Uribe es avanzar algo en el propósito de tener un Congreso efectivamente renovado.

*Economista- Magíster en Estudios Políticos