Señor Duque, no dispare

Por las calles de Colombia se moviliza hoy una ciudadanía variopinta, un conjunto de  voces polifónicas que reclaman un espacio para la realización de sus derechos, 

Orlando Ortiz Medina*

El derecho  a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Así reza el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. “…las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en su vida, honra, bienes,…” reza el artículo 2.  

Pese al mandato taxativo de la constitución, que el presidente de la república juró cumplir, hacer cumplir y defender, 47 personas han muerto a manos de la policía durante los 10 días de protesta social que se lleva a cabo en Colombia desde el 28 de abril. Además, se cuentan 963 detenciones arbitrarias, 135 personas desaparecidas, 1023 heridas y 12 casos de violencia sexual. Un balance espeluznante y una respuesta inusitada contra una legítima jornada de protesta ciudadana que, de acuerdo con el artículo 37, está también garantizada por la Constitución Nacional.

El Estado de Derecho está siendo entonces tanto menos que una realidad ficcional, como desde un comienzo lo ha venido siendo el ejercicio de gobierno del señor Duque. En verdad cuesta mucho llamarlo presidente. 

La movilización se produce inicialmente como parte de un levantamiento contra la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno, pero que tan solo fue la gota que rebozó la copa en que se acumulaban un conjunto de situaciones de tensión, ocasionadas por el difícil momento que vive una ciudadanía preocupada e indignada por el acelerado deterioro de sus condiciones de vida, reflejado en el incremento del hambre, la pobreza y el desempleo,  exacerbados por los efectos de la pandemia. 

Como el presidente que no ha sido, Duque ha elevado a las más altas cumbres la ineptitud, la indolencia y sobre todo la desconexión que tienen con la realidad del país quienes durante toda nuestra historia republicana han manejado a su antojo las riendas del Estado y configurado a imagen y semejanza de sus ambiciones y deseos el mapa político, económico y social de la nación. 

La crisis de hoy radica en que esa realidad se les está saliendo de las manos. Los partidos y las dirigencias tradicionales lejos están de convocar o asumir la representación de las mayorías nacionales, la emergencia de una diáspora de nuevas identidades socava su legitimidad y se muestra dispuesta a que se  produzca un relevo, la paciencia se agota, la dimensión de los problemas toma cuerpo en la conciencia de cada ciudadano o ciudadana que busca un lugar y una forma de manifestarse superando miedos, incluido el de enfrentarse ante la rabiosa y criminal reacción del régimen.   

Por las calles de Colombia se moviliza hoy una ciudadanía variopinta, un conjunto de  voces polifónicas que reclaman un espacio para la realización de sus derechos, seguridad y dignidad para sus vidas; las mismas que forman parte de esos nuevos tres millones y medio de personas que en el último año han caído en la pobreza, las que intentan sobrevivir de la informalidad, las que solo tienen para suplir una comida al día y los miles de jóvenes que no han podido ingresar o han tenido que abandonar sus estudios. A  ellos se suman los que se duelen de la muerte de sus familiares y amigos debido a la pandemia, en donde la precariedad del sistema de salud y la pobreza con que el Gobierno ha encarado la situación es la que explica en buena parte la razón de su partida. 

Detenga la masacre señor Duque; no son vándalos los que decidieron hacerse oír; no haga blanco de su ineptitud, su cinismo y su indolencia a quienes no les ha quedado otra alternativa que exponer su vida en las calles; que la sangre de las decenas de jóvenes asesinados no sea lo que justifique su paseo por la presidencia; devuelva la policía y el ejército a sus cuarteles porque afuera están actuando como fieras enloquecidas; regálele al país un minuto de liderazgo, al menos en esta hora aciaga en que, por el fracaso de su gestión, Colombia está de luto. 

Piense en que su falta de honestidad al haber aceptado ocupar un cargo para el que no reunía las condiciones es lo que lo hace el único responsable del horrible momento que vive Colombia; no ponga sus armas a discreción contra una juventud inerme que solo ha salido a reclamar el derecho a tener un presente en paz y a que no se le niegue la posibilidad de seguir soñando en cómo labrar un futuro más promisorio. 

Si tuviera entereza y fuera cierto que está dispuesto a hacer algo por Colombia, lo más razonable sería que hoy mismo usted presentara su renuncia; le convendría y se expondría menos a tener que salir por la puerta de atrás, como seguro irá a pasar si se espera hasta el siete de agosto de 2022. Ojalá le alcanzara la sensatez para que deje algo bueno en la historia que pueda honrar su nombre. 

Usted que permanentemente invoca al Dios en el que cree, sin faltarle al respeto que merecen sus creencias, recuerde que el quinto de sus mandamientos le dice “no matarás”; pídale a ese Dios que  lo ha acompañado cuando le ha quedado grande proteger y defender la vida, que se apiade de su conciencia y lo ilumine para que le quede más grande ayudar a producir la muerte.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Réquiem por Keynes y por la reforma tributaria 

La propuesta no hace más que reafirmar lo lejos y desconectado que está el señor Duque de la situación por la que el país y el mundo atraviesan; ni siquiera el sentido común le alcanza para advertir que en vez de apagar está atizando el fuego, en un momento en que el país está ad portas de un profundo estallido social que nadie sabe a dónde podría conducirnos. 

Orlando Ortiz Medina*

John Maynard Keynes (1883-1949), fue el economista británico que en los años 30 del siglo pasado logró oxigenar al capitalismo en el momento en que pasaba por la más grande crisis que hasta entonces se había vivido, luego de terminada la primera guerra mundial.

En el mundo las industrias estaban paralizadas, el desempleo llegaba a cifras inmanejables, los bancos habían perdido liquidez ante la imposibilidad de los acreedores de pagar sus créditos, las bolsas de valores se desplomaron, la pobreza aumentaba en todos los sectores, la depresión, no solo económica, cundía en todas las capas de población; parecía el apocalipsis. 

  

Hoy, en un contexto que ya venía siendo crítico y vino a ser afianzado por la pandemia, vivimos una situación con características similares; aunque con distintas magnitudes, la depresión económica afecta a todo los países del mundo, la quiebra o parálisis de las empresas no cede, la informalidad y el desempleo arrastran a millones de personas a la pobreza, la desigualdad crece y la crisis sanitaria sigue cobrando la vida de millones de personas. 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, en 2020 la economía mundial se contrajo cerca de 4.5 puntos, siendo la peor caída desde la década de 1920. En su más reciente informe, la Comisión Económica para América Latina ¬¬–CEPAL-, da cuenta de que en América Latina, la región más afectada del planeta, en 2020 se cerraron 2,7 millones de empresas y se presentó una caída del 7.7% en su economía, la cifra más elevada durante los últimos 120 años. El número de personas pobres en la región paso de 192 a 209 millones entre 2019 y 2020; de ellas 78 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, ocho millones más que en 2019 . 

En Colombia, por su parte, el DANE  reportó una caída del 6,8% del PB durante 2020 y 3,75 millones de personas desempleadas, que corresponde una tasa promedio de desempleo de 15,9%, aunque algunas ciudades están por encima de esa cifra. La tasa de informalidad bordea el 65% y la pobreza monetaria aumentó de 29 % en 2019 a 31,5% a final de 2020, cerca del 30% de la cual está en situación de pobreza extrema, es decir, un 14,3% del total de la población del país. 

El escenario es muy preocupante cuando la solución al tema de la pandemia se ve todavía muy lejos, a juzgar por la lentitud con que avanza el proceso de vacunación, especialmente en Latinoamérica, que a pesar de tener solo el 8,4% de la población mundial, participa con el 28% de las muertes por Covid-19 y solo el 3,2% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna . Sería más rápido si no hubiera acaparamiento por parte de los países ricos -el 80% de la producción ha sido comprado por ellos- y si frente al cálculo egoísta de los laboratorios que controlan las patentes de producción se prefiriera la vida de los millones de seres humanos de los que nos estamos despidiendo mientras se llenan sus arcas. Ese, el de la quiebra ética y moral de los que subsumen la vida al cálculo económico es, más que la pandemia, el peor desastre de la humanidad.  

Pero preocupa también por la incertidumbre que existe sobre lo atinadas o no que puedan ser las medidas de los gobiernos, tanto para impulsar la recuperación de las economías como para dar respuesta a los enormes problemas sociales que la crisis sanitaria ha ido acrecentando. Lo cierto es que no será en el corto plazo y que superará cualquier cálculo que las lógicas tecnocráticas de las oficinas de planeación pudieran presentarnos. 

Como parece estar ocurriendo ahora, por lo menos en Colombia, la teoría económica vigente en la gran depresión de los años treinta se quedó sin bases para dar una respuesta adecuada a la solución de la crisis. Los llamados economistas neoclásicos, entonces en boga, partían de que el libre albedrio del mercado se encargaba de generar los ajustes y llevar la economía a situaciones de equilibrio; las crisis se consideraban transitorias y los mercados: de trabajo, de bienes y servicios, de capitales, principalmente, encontrarían por sí mismos y llegado el momento su punto de estabilidad. 

En consonancia con lo anterior, el rol del Estado era secundario e incluso su intervención se consideraba contraproducente para la buena marcha de la economía. Punto nodal de lo que hoy se conoce como neoliberalismo.  

Fue entonces cuando Keynes, retando los postulados neoclásicos, puso sobre la mesa nuevos propuestas que, aunque con resistencia, fueron asumidas por los gobiernos de las grandes potencias y de prácticamente todos los países. Se apartó de la tesis de la transitoriedad de las crisis, desestimó el poder del mercado para corregir por sí mismo las fallas y reivindicó el papel del Estado para moderar los auges y caídas de la actividad económica.

El punto sustancial de Keynes es que la dinámica de la economía descansa en el hecho de que haya los niveles de demanda suficientes para absorber la capacidad productiva y garantizar los canales por donde fluyan los mercados de bienes y servicios; en otras palabras, contar con consumidores con ingreso disponible y capacidad de compra, lo que solo el mercado no resuelve. De ahí el papel fundamental del Estado a través de políticas, especialmente fiscales, que incentiven la inversión y eviten el encarecimiento de los bienes de consumo, de los equipos, insumos, materias primas, etc., para mantener en vigor las dinámicas productivas y corregir además los desequilibrios sociales. 

Contrasta lo anterior con la propuesta de reforma de tributaria presentada por el gobierno al Congreso de la República, que eufemísticamente llama de solidaridad sostenible. Una reforma que vuelve a golpear a los sectores medios y de más bajos ingresos, en cuyos hombros quiere descargar el peso del desequilibrio entre los ingresos y gastos del Estado, que se busca atribuir a los efectos de la pandemia, pero que en realidad es el resultado de un manejo equivocado de sus finanzas, expresado en el despilfarro, la corrupción, el gasto inoportuno e innecesario, entre otros en burocracia, y la cantidad de exenciones que se mantienen sobre los niveles empresariales de más alto rango.

Contrario a lo que expuso Keynes, la propuesta del gobierno, antes que alentar el crecimiento de la economía irá a profundizar la crisis. La idea de extender el IVA a bienes de consumo básico, gravar los  servicios públicos y extender el impuesto a la renta para un mayor número de asalariados, en un momento especialmente tan crítico, limitará más la capacidad  de crecimiento de la demanda y con ello la posibilidad de que el país se conduzca por una senda de crecimiento y de estímulo a la producción y al empleo.  

Peor aún, es una propuesta que va profundizar las desigualdades y a condenar todavía más a la exclusión a una mayor porción de los ciudadanos: los que van a descender de la clase media, los altamente vulnerables que caerán en la pobreza y los que ya se están sumando a las cifras crecientes de pobreza extrema porque ya ni siquiera pueden ejercer en la informalidad y han quedado por fuera del mercado de trabajo debido a su edad o a que no reúnen las condiciones de calificación requeridas.

La propuesta no hace más que reafirmar lo lejos y desconectado que está el señor Duque de la situación por la que el país y el mundo atraviesan; ni siquiera el sentido común le alcanza para advertir que en vez de apagar está atizando el fuego, en un momento en que el país está ad portas de un profundo estallido social que nadie sabe a dónde podría conducirnos. Es tan evidente su falta de criterio para hacer frente a la crisis, como tan sobrada su abyección a la ortodoxia neoliberal del FMI y el Banco Mundial y sus políticas de ajuste, de cuyas políticas lo único que va quedando es el oneroso saldo social y la práctica destrucción del aparato productivo nacional.

Lo que se requiere es de medidas dirigidas a lograr una más equitativa redistribución del ingreso, perfectamente posible a través de un sistema de tributación progresivo, donde paguen más lo que tienen más; que eliminen las exenciones que se mantienen sobre grandes capitales, cuyo peso es protuberante sobre el déficit fiscal; que controle la evasión y la elusión; además, un gobierno austero y capaz de leer el momento que no solo el país sino el mundo entero enfrenta para dirigir a donde y como corresponde la captación de los ingresos y la dirección de los gastos.

 

La  idea de que es una propuesta para la solidaridad sostenible es tan falaz como absurdo y desatinado que hoy se nos convoque a pagar la culpa de quienes por gobernar de espaldas al país y de rodillas ante los intereses de unos pocos hoy solo tengan para mostrarnos el saldo en rojo de las cuentas del Estado. Más absurdo todavía que al mismo tiempo se decida invertir quince billones de pesos en la compra de aviones de combate que terminarán oxidándose en los hangares del aeropuerto militar, y que miles de millones de pesos se destinen a maquillar la deslucida imagen del gobernante con nuevos noticieros o programas diarios de televisión, que podrían tener un mejor destino si se pensara en las necesidades más urgentes que nos acusan. 

Vale en este momento un réquiem por el alma y el retorno, por lo menos transitorio, del pensamiento de Keynes, que ilumine con algo de sensatez a un gobernante que en mala hora todavía le queda tiempo para seguir agobiándonos con sus disparates; también de paso un réquiem por la desatinada propuesta de reforma tributaria, que por fortuna parece haber nacido muerta.  

*Economista-Magister en estudios políticos  

[1] CEPAL, https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
[2] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim20.pdf
[3] https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210403-covid19-america-latina-cien-dias-vacunacion-tercera-ola

Caballero inútil

 

Orlando Ortiz Medina*

A Margarita Rosa la muestra como una pieza decorativa, es una actriz famosa, muy bella y tiene bonita voz, nada más;  es “un gancho”, una especie de señuelo, un canto de sirena para atraer incautos, pueblo, vulgo,  populacho, nadie que sea como él, rico, erudito e ilustrado

En su columna de hoy en el portal Los Danieles, Antonio Caballero nos muestra cómo se estrella la calidad de quien es una buena pluma contra la pobreza de sus contenidos.

Caballero se muestra hoy como aquel de quien se dice que tiene un mar de conocimientos pero solo un milímetro de profundidad. Con una serie de epítetos, insultos y frases arrogantes se despacha contra Gustavo Petro, Margarita Rosa, Gustavo Bolívar,  la Colombia Humana y el Pacto Histórico. Contra ellos y ella se deja venir como un tropelero de cantina que dispara o lanza botellas, así no tenga claro cuál es el blanco al que dispara: politiquero, farsante, demagogo, ambicioso, ingenua, novata..., 

No dice nada que merezca al menos una vana reflexión, ni siquiera se formula o formula una pregunta seria sobre el tema del que aparentemente se ocupa la columna, que va mucho más allá de Petro, Bolívar y Margarita Rosa;  ante todo porque se trata de un momento en el que, gústele o entiéndalo él o no, la política colombiana se ve bastante agitada ante la posibilidad de que, en efecto, un nuevo Pacto Histórico se sobreponga a la caduca y perversa hegemonía de los que hasta ahora nos han gobernado y que, tal vez también a Caballero, los tiene con cierto nerviosismo. De eso, que es realmente lo importante, no se ocupa el afamado columnista.

La magistral pluma de Caballero, así como la extensa erudición y cultura general que posee, nos recuerda la figura del burro que camina con una biblioteca encima; lo muestra insulso, vacuo, ignorante; porque si hay hoy una propuesta clara frente a las próximas elecciones es la que presenta la Colombia Humana, y con ella el Pacto Histórico, de lo que, aparte de nombrarlo con sorna, no le merece un solo comentario. 

En su “reflexión” no tiene cabida el hecho de que por primera vez el Frente Nacional, que aún está vigente, pueda ser derrotado; no le dice nada que la Colombia Humana está proponiendo un nuevo modelo económico que supere el oneroso extractivismo que es parte de la bancarrota en que se encuentra la economía nacional; tampoco que tiene una propuesta frente a los efectos del cambio climático, que propone devolverle a los ciudadanos el derecho a la salud, a la educación, a un empleo digno y, más aún, a que se les respete la vida, que es lo mínimo que necesitamos y esperamos los colombianos de ese nuevo Pacto Histórico al que Caballero simplemente ridiculiza. 

Para Caballero, el Pacto Histórico es solo ficción, claro, como lo es para todos los abierta o camufladamente defensores del statu quo, como lo es él, heredero de terratenientes y acaparadores de tierra, niño rico y señor que ha vivido siempre entre las mieles del poder, escribidor cómodo de sillón que nunca ha tenido que pasar las afugias de la mayoría de quienes pensamos que sí, que Colombia necesita y está hoy a punto de dar el paso y romperle el espinazo al viejo Pacto de los que durante más de doscientos años se han venido defecando en un país que ya no aguanta más insanias, las mismas que la pluma magistral -pero al fin y al cabo inofensiva- de Caballero ha criticado. 

A Margarita Rosa la muestra como una pieza decorativa, es una actriz famosa, muy bella y tiene bonita voz, nada más;  es “un gancho”, una especie de señuelo, un canto de sirena para atraer incautos, pueblo, vulgo,  populacho, nadie que sea como él, rico, erudito e ilustrado. Como es actriz y es bella, Margarita ni sabe ni tiene derecho a opinar, es, para Caballero, de esas bonitas bobitas, además de ingenua y novata, a las que les va mejor quedarse calladas porque crispan la sabiduría del arrogante y machote columnista al que la opinión de una mujer, por ser bella e inteligente, escandaliza.  

Uno de los más reconocidos columnistas de Colombia desluce en buena medida la presentación de este domingo del portal de Los Danieles, no tanto por su opinión, a la que tiene todo el derecho y merece su respeto, sino porque, después de tanto que lo hemos leído, viene hoy a asaltarnos y dejarnos con una pregunta: ¿de qué sirve una buena pluma en la cabeza de un Caballero inútil?

*Economista-Magister en Estudios Políticos

      

MAMBRÚ SE FUE A LA GUERRA

 

Orlando Ortiz Medina*

Tanto por su incapacidad para golpear a sus verdaderos enemigos, explicada en la mediocridad de sus resultados de inteligencia y operacionales, que le toca maquillar y completar con la sangre de inocentes, como ocurrió con los 6402 casos de asesinatos extrajudiciales; como por la participación demostrada de algunos de sus integrantes en el asesinato de firmantes del acuerdo de paz, lo que vemos es a un ejército que sigue revelándose como la más vergonzosa de las instituciones en Colombia.

Como el personaje de la célebre canción infantil, Mambrú, muchos niños y niñas de Colombia se siguen yendo a la guerra. También como Mambrú regresan hechos trizas, aunque en este caso no en una caja de oro con tapa de cristal, sino en las horribles bolsas plásticas en que empacan sus cuerpos, o lo que queda de estos, los mismos que se encargan de bombardearlos, como ocurrió recientemente por parte del ejército nacional en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare. 

Los matan porque, de acuerdo con el señor ministro de Defensa Nacional, Diego Molano, son “máquinas de guerra”; los mismos a los que cuando fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de la protección de la infancia en Colombia, consideraba, como en efecto lo son, víctimas del reclutamiento forzado. 

Curioso el giro comprensivo que de uno a otro cargo ha dado el señor ministro, que no es otra cosa que una hábil maniobra para justificar a la luz del Derecho Internacional Humanitario -DIH- lo que en realidad fue una acción desmedida y carente de rigor en las tareas de inteligencia requeridas para este tipo de operativos. 

Lo más seguro es que el objetivo de alto valor estratégico al que esperaban llegar con el bombardeo, alias Gentil Duarte, comandante de uno de los grupos disidentes de las antiguas FARC, esté ahora en su guarida riéndose del desacierto que con tanto bombo celebraron el ministro y los comandantes militares, mientras que dos familias lloran la pérdida de sus niñas de apenas 15 y 16 años, cuya muerte en el operativo fue confirmada.  

Indigna la insania y la indolencia del señor Molano, que no solo muestra la doble faz de su moral de vividor como funcionario del Estado, sino que contradice también la incendiaria retórica del jefe de su partido de que: “en Colombia no hay conflicto armado”, cuya existencia sería el único argumento válido para, en el caso que nos ocupa, invocar el DIH. 

Si no hay conflicto armado no hay combatientes y no aplica el DIH, lo que invalidaría en derecho la acción del ejército y dejaría también sin piso las declaraciones del ministro, que de paso ignora que Colombia es firmante de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y del Protocolo Facultativo de la Convención del año 2000 relativo a la participación de los niños en conflictos armados, ratificado y obligado a cumplir por el Estado colombiano.   

La Convención exhorta a la adhesión al interés superior de los niños y niñas y al deber  de los Estados de garantizar sus derechos con medidas que promuevan su desarrollo y eviten que sean cooptados o utilizados por parte de los grupos armados. En caso de que esto último ocurra, los conmina a disponer de la atención y los servicios necesarios para lograr el regreso al seno de la sociedad y de sus hogares, además de promover la recuperación de su salud física y mental. El Protocolo establece los dieciocho años como edad mínima para el reclutamiento obligatorio.

Hay que decir que lo que se dispone en la Convención y en el Protocolo Facultativo está precedido por lo ya estipulado en  el IV Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, del cual los niños y niñas son beneficiarios, y el Protocolo II adicional de 1977, cuya finalidad es impedir que los niños y niñas participen en los conflictos armados y los considera sujetos de protección especial, aun si estuvieran participando directamente en las hostilidades. 

Puesto todo esto en el escenario de la realidad colombiana, en especial en las zonas rurales, lo único que tendríamos para decir es que aquí es poco y nada lo que se hace en materia de lo que dispone la legislación para la protección de la infancia, pese a que, como ya se anotó, Colombia, siempre acuciosa cuando de las formalidades se trata, ha ratificado todos los tratados internacionales. Se obedece pero no se cumple.

Somos un país en el que las formas de sobrevivencia y las lógicas de integración de los niños y niñas a sus territorios han tenido lugar en un ambiente en el que la guerra, qué dolor y qué vergüenza decirlo, fue quedando como el menos arriesgado de los escenarios para la realización de sus proyectos de vida, incluidas sus propias familias, en donde suelen también estar expuestos a todo tipo de formas de violencia: maltrato físico, violación y abuso sexual, principalmente, que es lo que finalmente los lleva a abandonar sus hogares y a buscar un lugar “más seguro” y de reconocimiento y representación en las estructuras de los grupos armados.

Son estos últimos los que han puesto las reglas de juego y definido los hitos alrededor de los cuales se han construido sus valores, pensamientos y condiciones simbólicas y materiales de vida; han sido ellos sus referentes de autoridad y los protagonistas de una institucionalidad fantasmagórica y paralela, que es al fin y al cabo la que ha gobernado en sus entornos. 

De manera que el señalamiento del ministro como “máquinas de guerra” no solo es una afrenta a la memoria de las niñas sacrificadas y una burla a sus padres, madres y familiares que los lloran, sino un lavado de manos y el desconocimiento de la responsabilidad de un Estado que los ha condenado al abandono y la pobreza, y que ha cedido a los grupos armados y delincuenciales el ejercicio de su  soberanía.

Tanto por su incapacidad para golpear a sus verdaderos enemigos, explicada en la mediocridad de sus resultados de inteligencia y operacionales, que maquillan y completan con la sangre de inocentes, como ocurrió con los 6402 casos de asesinatos extrajudiciales, como por la participación demostrada de algunos de sus integrantes en el asesinato de firmantes del acuerdo de paz, lo que vemos es a un ejército que sigue revelándose como la más vergonzosa de las instituciones en Colombia.

Es claro que en el operativo de Calamar se violó el principio de precaución que obligaba a prever la presencia de las dos menores que en ese momento se encontraban en el lugar, razón para que se hubiera suspendido o pensado al menos en una alternativa que evitara al máximo que las niñas salieran afectadas. Pero es mucho pedir lo que solo sería propio de un ejército que se destaque por su profesionalismo, respetuoso del derecho y que no haya llegado al grado deshumanización y degradación ética que hoy muestran los soldados colombianos desde sus más elevada jerarquías. 

Se violó también el principio de proporcionalidad que llama a guardar medidas para la protección de personas y bienes civiles sujetos de especial protección, incluso de quienes estén presentes en el escenario de las operaciones en calidad de combatientes. Se deja de lado el principio de humanidad que pide no hacer uso de los medios e instrumentos de la guerra que no sean necesarios, con el fin de causar el menor daño posible al enemigo. En el caso que nos ocupa no hubo propiamente un combate, sino un ataque a un grupo desprevenido en el que, como se confirmó, no solo no estaba el objetivo contra el que supuestamente estaba dirigido el operativo, sino que había menores de edad.

Recordémosle a quienes tienen en sus manos las armas y uniformes de la nación que son ellos los primeros llamados a honrarlas y a no ponerse al nivel de aquellos a los que, en efecto, tienen la obligación militar y moral de combatir, y que desde luego no pretendemos exonerar de su responsabilidad.  

De lo que se trata, finalmente, no es como dijo el ministro de la eliminación de lo que él llama “máquinas de guerra”, sino de la transformación de los entornos en los han visto trascurrir sus vidas, mostrándoles que hay otros destinos posibles y dejando atrás esa idea de futuro izada en el autoritarismo y  el poder de las armas, en el que tanto el Estado como quienes lo retan con sus acciones delictivas o con la pretensión de derrocarlo siguen erradamente cifrando sus esperanzas. 

Si la guerra no hubiera llegado a vivir a su casa, Mambrú nunca se hubiera ido con ella. 

*Economista-Magister en Estudios políticos 

Humor insurrecto

 

Orlando Ortiz Medina*

 

El yerro lo que hizo fue actuar como activador de una especie de desahogo o impulso catártico, que bien podría asimilarse a una jornada de movilización social 

 

Así lo querí, fue el gazapo que se le salió al señor presidente Duque en el homenaje que se le rendía al recientemente fallecido Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a causa del COVID-19.    

Más tardó en difundirse la noticia que el comienzo de la nutrida maratón memiática que desde el mismo momento se produjo y a los pocos minutos ya le había dado no sabemos cuántas vueltas a Colombia.

Lo ocurrido es algo que no se puede entender sino como el reflejo de lo que para muchos colombianos representa el presidente y la manera como están valorando su gestión; el desfogue de humor se concatena con el evento casuístico, en un entorno que claramente se devela hostil a su imagen. Es ello y no otra cosa lo que llevó a que el lapsus terminara siendo la puesta en escena de una improvisada comedia de creación colectiva.

El yerro, como tal, es realmente insignificante, en otras circunstancias y con otro personaje no tendría mayor trascendencia; pero si en este caso dio lugar a que el presidente se convirtiera en rey de burlas, es porque lo que hizo fue actuar como activador de una especie de desahogo o impulso catártico, que bien podría asimilarse a una jornada de movilización social, como la del 21 de noviembre de 2019, por ejemplo.

Bien es sabido que el chiste, la caricatura o la burla a través de la parodia o la comedia han sido siempre un recurso para retar el poder, además de convertirse en un parámetro de medición de las tareas de quien lo ejerce.

Es claro que el descontento social y político que se vislumbra actualmente en Colombia ha encontrado en el humor un cauce ideal; las desafortunadas salidas del presidente lo que han hecho es abrir espacios de expresión a una ciudadanía que se siente convocada por el conjunto de males que en diferentes flancos se han venido exacerbando, y porque no ve en su Gobierno la capacidad para identificar alternativas que generen al menos un asomo de solución.

Es cierto, a veces con pesar, que Colombia es un país acostumbrado a recrearse en sus tragedias (es curiosamente una de sus formas de resiliencia), pero las divertidas creaciones memiáticas que se ponen en escena son también un llamado de atención en el que se dan cita una variada gama de actores que, sin ensayos ni coreografías, dan lugar a una representación igualmente dramática, en  tanto evocan el sentir de un momento profundamente angustioso de la vida nacional. 

Dos millones doscientas mil personas contagiadas por el COVID-19, más de cincuenta mil fallecidas y un sistema de atención en UCI prácticamente desbordado; sin certeza de cuándo se iniciará el proceso de inmunización, porque de lo único que estamos seguros es de que somos de los últimos países de la fila para acceder a la vacuna; quien desde afuera funge como principal protagonista de esta tragicomedia no ha logrado organizar su libreto, sólo se muestra como un cínico improvisador a la hora de presentar las condiciones de negociación y los cronogramas de entrega, no sabemos si ya efectivamente pactados, con los proveedores comerciales o a través del mecanismo COVAX.

Lo más seguro es que tengamos que esperar no sabemos cuántas miles más de vidas sacrificadas antes de que se baje el telón, por la incompetencia de quien terminará siendo nada más que un letal verdugo para quienes debemos soportarlo como gobernante. Lo anterior, en un escenario que se complica todavía más con el deplorable inicio del año, que cierra el primer mes con un saldo de veintidós feminicidios, ocho masacres, dieciocho líderes sociales y tres firmantes del acuerdo de paz asesinados.

En este contexto, y en un país que lleva tanto tiempo tratando de superar la violencia y redimir la insurrección armada, bien vale celebrar la fuerza de ese humor insurrecto con que hoy se manifiesta la ciudadanía.    

Bienvenido el ingenio y la creatividad como vehículo de expresión de la inconformidad, que la imaginación trascienda desde todos los rincones y en todas las formas posibles y se consolide como una forma más de rechazo a la mediocridad de quienes, vestidos de héroes o salvadores, nos hacen víctimas de sus pantomimas y nos sacrifican con sus artificiosas actuaciones.

Eso sí, que no se llegue al punto de que se opaque la real dimensión de las problemáticas y se convierta en un desvío de la búsqueda de respuestas, que no termine siendo un elemento que paralice o quite fuerza a esa reacción ciudadana que se está acumulando para que se sumen nuevas voces a ese elenco de actores que desde el anonimato se rebela contra el mal hablado bufón de la comedia y su cohorte.

Carecen de razón los que consideran que este azote de creación humorística es una manifestación de indolencia o un irrespeto a la figura del presidente; no es cierto, nada de lo ocurrido se ubica en este plano; más vale que en la tras escena él y sus coristas dimensionen el alcance y significado de estas manifestaciones, y entiendan el llamado de una ciudadanía que, si bien se recrea con su ineptitud, no siente menos sobre sus hombros la gravedad de la tragedia.

Economista-Magister en Estudios políticos

La nueva procuradora, ¿Quién controla a quién?

 Orlando Ortiz Medina*

Oído el discurso del presidente, quedan serias preocupaciones sobre la independencia que vaya a tener la señora procuradora.

Px Here

Bastante desfachatado, aunque no sorprende, estuvo el señor Duque en el discurso de posesión de la nueva procuradora general de la Nación Margarita Cabello Blanco, quien fue su subalterna como ministra de la Cartera de Justicia entre junio de 2019 y agosto de 2020.

Todo indica que en su nuevo cargo, para el que él mismo la ternó, espera que le siga siendo tan obsecuente como lo fue durante el paso por su Gobierno, y como lo están siendo quienes ocupan otras posiciones importantes del Estado: el señor fiscal, el señor contralor, el señor registrador nacional  y el señor defensor del pueblo. La única diferencia es que quien llega ahora es una señora, la cuota de género que le faltaba para completar la nómina de servidores en que tiene convertidos a los principales órganos del control.

Prácticamente le dijo cómo debía comportarse y le dictó la agenda que debe cumplir, sin rubor ni reparo de que ahora son él y sus funcionarios los que quedarán bajo su control, en tanto la señora asume como cabeza del Ministerio Público, cuya tarea es justamente hacer seguimiento y velar por la idoneidad y transparencia de quienes son responsables  de las funciones del Estado.

Que su papel es estar del lado de la institucionalidad, fue lo primero que le dijo y es también lo que lo que más preocupa, porque no nos queda claro qué fue exactamente lo que quiso decirle, cuando de marras se sabe que, fiel a la estirpe de su mentor, él mismo se cree la institucionalidad y considera que nada puede haber que no esté bajo el lente de su mirada panóptica. Quién controla a quién, ahí está el detalle.

Fue por eso notoria la manera como en el mismo discurso despidió con sátiras al saliente procurador Carrillo Flórez, de quien, si bien no podemos decir que fue una lumbrera en cuanto a resultados de su gestión se refiere, sí debemos reconocer que tampoco endosó las funciones de su cago a los propósitos dictatoriales del Ejecutivo.

Decirle que su deber como procuradora es estar de lado de la institucionalidad, de la que de suyo forma parte, es una advertencia de Perogrullo para quien ya ha trasegado por varios cargos públicos de relevancia.

Lo que se hubiera querido escuchar de un verdadero demócrata era la recomendación de que supiera tomar la distancia necesaria para honrar su cargo y cumplir con honorabilidad su misión, que no es la de seguir las directrices del jefe del ejecutivo, de quien debe guardar la independencia.

En ejercicio de sus funciones, y cuando las circunstancias lo demanden, la procuradora sí puede y está en su deber de cuestionar la institucionalidad, si considera que es inoperante o que quienes ocupan sus cargos cometen agravios contra las normas del derecho o faltan a su compromiso ético.

Pero el presidente fue más allá y se aseguró de ponerla en cintura con la posición de su Gobierno y las directrices de su partido frente al Acuerdo de Paz.  

A nombre de la protección de los derechos de las víctimas, de las que realmente poco se ha ocupado,  hizo eco de su discurso de que no debe haber impunidad con los victimarios, que en su lenguaje sabemos que no es otra cosa que su deseo de seguir interponiéndose al rol que ha venido cumpliendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que nunca ha visto con buenos ojos y que tozudamente sigue desconociendo como parte hoy del engranaje del sistema de aplicación de justicia en Colombia.  

Eso sí, le hizo también un llamado para que trate con especial consideración a los miembros de la fuerza pública que han cometido delitos, no sin antes advertir que “no se puede ver al Ministerio Público poniendo en tela de juicio a quienes todos los días dan la vida por los colombianos”. ¡Qué tal!

No solo sí se puede, habría que decirle al señor presidente, sino que se está haciendo tarde para  enjuiciar e introducir las reformas que sean necesarias en instituciones cuyos agentes o soldados se salen reiteradamente del marco del respeto a los derechos humanos. El asesinato de Dimar Torres, firmante del acuerdo de paz; la violación de una niña indígena por parte de siete soldados; el asesinato de Dilan Cruz en las protestas de noviembre de 2019, y la masacre cometida por la Policía las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, son solo unos de sus más caros ejemplos y la muestra fehaciente de que sí, bien vale un cuestionamiento.

Oído el discurso del presidente, quedan serias preocupaciones sobre la independencia que vaya a tener la señora procuradora. Mucho da para creer que puede ser una copia en versión femenina de lo que, en especial, ha sido el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, que tanta vergüenza produce por la pobreza de autonomía que ha mostrado respecto del poder ejecutivo, estando al frente del principal órgano de investigación judicial en el país.

La nueva procuradora tendrá a su cargo varias investigaciones por acciones irregulares o delitos cometidos por funcionarios del Gobierno del que ella ha formado parte. A lo sumo tendría que declararse impedida en algunos casos, cuyos procesos están ya en su despacho, entre ellos el del senador Eduardo Enrique Pulgar, su amigo de vieja data y parte del clan político que domina en la costa Caribe, del que la señora Cabello ha sido uno de sus alfiles.

Preocupa cada vez más la falta de un sistema de pesos y contrapesos en el sistema institucional colombiano. El equilibrio en la división de poderes sigue siendo poco más que una ficción, cuando las actuaciones y decisiones de los órganos de control se identifican con el sello de origen de un partido o un sector político, que desdice de la esencia y el valor de la democracia.

Ojalá no nos vayamos a ver de nuevo en la época oscurantista del entonces procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, de quien Margarita Cabello es discípula, que usó y abusó de su cargo e hizo del Ministerio Público un despacho confesional, enajenándolo a su credo religioso y poniéndolo al servicio de las huestes conservadoras y su conciliábulo de la extrema derecha.  

 Economista-Magister en Estudios Políticos

Despenalización del aborto, lecciones para América Latina

Orlando Ortiz Medina

La despenalización reconoce la existencia de un ámbito de autonomía individual en el que el Estado no debe intervenir, y acoge como fuente del derecho que cada persona es dueña de sus decisiones, cuando de su proyecto de vida y del desarrollo de su libre personalidad se trata. 

Wikimedia commons

La despenalización total del aborto en Argentina, que seguramente tendrá efectos para el resto de países de América Latina, debe entenderse como resultado de la confluencia de un conjunto de factores, frente a los que vale la pena detenerse por lo que cada uno representa, en un momento en que el mundo reclama fuerzas e ideas de cambio capaces de conducirnos hacia una nueva civilización.

I.

Un primer elemento a considerar es la manera en que reafirma el alcance de la movilización social como protagonista del cambio que, en el caso de las mujeres argentinas, adquirió una importante dimensión política, logra un avance significativo en materia de reconocimiento de derechos y, aunque queda mucho por verse, será a futuro un elemento clave de transformación cultural. 

Fue un proceso de acumulación de fuerzas del movimiento de mujeres que lleva alrededor de treinta años recorriendo el camino, que culminó con lo que representa sin duda un notable éxito. La convocatoria de un número cada vez mayor de organizaciones les permitió hacerse a un liderazgo de dimensión nacional, con el que lograron sacudir los cimientos del poder político, redimir el protagonismo de la iglesia católica y de otros grupos religiosos, principales opositores a la medida, y vencer la resistencia de sectores civiles profundamente conservadores que aún tienen gran peso en la cultura de la sociedad argentina.

De esta forma se convierten en un grupo de presión en las calles y en muchos otros espacios de deliberación, hasta alcanzar una opinión favorable con la que consiguieron encausar políticamente su propuesta, incidir en la configuración de la agenda legislativa y hacer que los distintos sectores representados en el Congreso tuvieran que ocuparse de la discusión del proyecto, que ya había sido presentado nueve veces, pero solo una vez discutido y votado negativamente por el Senado en el 2018.

Hay que reconocer que en el trámite y aprobación del proyecto hubo otro tipo de variables que jugaron a su favor. Por un lado, una composición más progresista del Congreso, incluida una nueva mirada de algunos de los legisladores que lo habían negado en 2018, convencidos hoy de que la prohibición y penalización no muestra efectos positivos para evitar o disminuir el número de abortos, que se estiman alrededor de cuatrocientos cincuenta mil al año en Argentina.

Por otro lado, el hecho de que su presentación haya venido directamente del Presidente de la República, Alberto Fernández, aunado al liderazgo de la expresidenta Cristina Fernández, que representa al sector más progresista del peronismo, le dio también mayor fuerza, tanto dentro como fuera del ámbito legislativo.  

Queda claro, entonces, que la movilización social, la creación de una opinión favorable y las circunstancias de la coyuntura política son variables necesarias a considerar y parte de las condiciones que siempre habrá que abonar, cuando se trata de apostar a ganar en el espacio por excelencia de la deliberación política, que es el Congreso de la República.

II.

Otro aspecto a destacar es lo que la aprobación de esta ley significa en cuanto al reconocimiento de los derechos individuales, en este caso en particular de las mujeres, aunque, en general, sienta doctrina para el conjunto de los derechos.  

La despenalización del aborto reconoce la existencia de un ámbito de autonomía individual en el que el Estado no debe intervenir y acoge como fuente del derecho que cada persona es dueña de sus decisiones, cuando de su proyecto de vida y del desarrollo de su libre personalidad se trata. En este caso, asume que no se puede imponer a la mujer la obligación de ser madre, si ello no está dentro de sus propósitos.

Es también un avance al restarle poder a los rasgos de absolutismo que todavía se heredan en los países latinoamericanos, y otros en el mundo, porque otorga a los individuos la facultad de negarse a aceptar sin fórmula de juicio lo que quieren seguir siendo imposiciones arbitrarias de parte del Estado. Se asume, con razón, que no son los tiempos de un Estado omnipresente y omnímodo, sino que existen límites que le impiden hacerse dueño absoluto de la vida de las personas (Gaviria,2002).  

Es importante decir que la ley no desconoce los derechos ni atenta contra los principios o creencias de quienes se oponen a la realización del aborto, pues nadie estará obligado a practicárselo; lo que hace es reconocer y darle vida jurídica a los derechos de una parte de la ciudadanía que hasta ahora había sido privada de los mismos. En fin, admite que las creencias o preceptos que unos viven como obligación moral no pueden convertirse en deber jurídico o base de aplicación de la justicia para otros.

La despenalización no busca tampoco promover o ser un estímulo para la realización del aborto, se trata de dar respuesta a un problema de afectación pública, en el que la prohibición y el castigo no han evitado que se produzca sino que ha obligado a las mujeres a someterse a él de manera clandestina y en condiciones adversas para su salud física y emocional.

Al respecto, la implementación deja unos retos interesantes por lo que significa en materia de educación, apropiación de nuevos patrones culturales, asunción de roles de hombres y mujeres, y uso del raciocinio, en este caso en lo que al ejercicio de la sexualidad se refiere, para que, en lo posible, se pueda evitar que la práctica del aborto tenga que producirse.

Se resalta entonces que, en el marco de los derechos y el dominio de la persona sobre su proyecto de vida, la nueva ley reconoce el aborto como un fenómeno de alta complejidad, asociado a razones de orden histórico, sociológico, psicológico, cultural, económico e incluso político y religioso, que pesan sobre todo en las poblaciones con más altos niveles de vulnerabilidad.

III.

Un aspecto de especial relevancia es lo que significa en el avance hacia una sociedad secular y un Estado realmente laico, al ser la iglesia, en sus diferentes expresiones, una de las principales derrotadas y la que más se resiente con la decisión del Congreso argentino, por el peso que tradicionalmente ha tenido en la cultura de América Latina y el rol, cada vez mayor, que juega en los acontecimientos políticos.

Valdría esperar que esta fuera una oportunidad para que una iglesia hasta ahora mantenida en el más acendrado conservadurismo entre en una etapa de reflexión, se ponga a tono con el nuevo universo de comprensiones a que el proceso de modernización y secularización de la sociedad ha conducido, sea capaz de reconocer la emergencia de otras maneras de ver y entender el mundo y reconozca la diversidad y el pluralismo como condición imperativa de una nueva sociedad.

Los sectores conservadores, civiles o religiosos, no pueden seguir concibiendo el proceso de secularización de la sociedad como una afrenta, pues, ante el reconocimiento de los derechos, los dogmas religiosos o las ataduras de la fe se hacen cada vez más insostenibles y ponen en riesgo las propias posibilidades de la iglesia para mantener a sus fieles. Es claro que la iglesia no solo ha perdido adeptos, en especial entre la población joven, sino que muchas de las mujeres que se practican abortos son creyentes y asisten comúnmente a los oficios religiosos.

Posiciones menos inflexibles vendrían bien en estos tiempos en que el deshacer de viejos paradigmas y el impulso de transformaciones culturales son una garantía para asegurar la convivencia y el bienestar de individuos y sociedades.      

IV.

Queda todavía un camino largo por recorrer y son muchos los retos por vencer para la implementación de esta ley; se enfrentará a todo tipo de obstáculos, sobre todo las barreras culturales y la presión con mayor rigor de las iglesias. Adicionalmente, la adecuación del sistema de salud, al que se sumará seguramente la resistencia de gran parte del cuerpo médico, haciendo uso de su derecho a la objeción de conciencia, que en todo caso no podrá servir de pretexto para evitar su entrada en vigencia.

Lo importante será insistir en que, en vez de una tipificación penal, se requieren políticas y programas de salud pública que contemplen programas de educación desde edades bien tempranas para hombres y mujeres, asistencia en las diferentes modalidades de planificación familiar y, en cada caso que sea necesario, atención prioritaria e integral a las mujeres que por cualquier razón tomen la decisión de interrumpir su embarazo.

 

*Economista-Magister en Estudios políticos

Referencias bibliográficas

Gaviria, C. (2002), Sentencias-herejías constitucionales. Colombia, Fondo de Cultura Económica.