La nueva procuradora, ¿Quién controla a quién?

 Orlando Ortiz Medina*

Oído el discurso del presidente, quedan serias preocupaciones sobre la independencia que vaya a tener la señora procuradora.

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Bastante desfachatado, aunque no sorprende, estuvo el señor Duque en el discurso de posesión de la nueva procuradora general de la Nación Margarita Cabello Blanco, quien fue su subalterna como ministra de la Cartera de Justicia entre junio de 2019 y agosto de 2020.

Todo indica que en su nuevo cargo, para el que él mismo la ternó, espera que le siga siendo tan obsecuente como lo fue durante el paso por su Gobierno, y como lo están siendo quienes ocupan otras posiciones importantes del Estado: el señor fiscal, el señor contralor, el señor registrador nacional  y el señor defensor del pueblo. La única diferencia es que quien llega ahora es una señora, la cuota de género que le faltaba para completar la nómina de servidores en que tiene convertidos a los principales órganos del control.

Prácticamente le dijo cómo debía comportarse y le dictó la agenda que debe cumplir, sin rubor ni reparo de que ahora son él y sus funcionarios los que quedarán bajo su control, en tanto la señora asume como cabeza del Ministerio Público, cuya tarea es justamente hacer seguimiento y velar por la idoneidad y transparencia de quienes son responsables  de las funciones del Estado.

Que su papel es estar del lado de la institucionalidad, fue lo primero que le dijo y es también lo que lo que más preocupa, porque no nos queda claro qué fue exactamente lo que quiso decirle, cuando de marras se sabe que, fiel a la estirpe de su mentor, él mismo se cree la institucionalidad y considera que nada puede haber que no esté bajo el lente de su mirada panóptica. Quién controla a quién, ahí está el detalle.

Fue por eso notoria la manera como en el mismo discurso despidió con sátiras al saliente procurador Carrillo Flórez, de quien, si bien no podemos decir que fue una lumbrera en cuanto a resultados de su gestión se refiere, sí debemos reconocer que tampoco endosó las funciones de su cago a los propósitos dictatoriales del Ejecutivo.

Decirle que su deber como procuradora es estar de lado de la institucionalidad, de la que de suyo forma parte, es una advertencia de Perogrullo para quien ya ha trasegado por varios cargos públicos de relevancia.

Lo que se hubiera querido escuchar de un verdadero demócrata era la recomendación de que supiera tomar la distancia necesaria para honrar su cargo y cumplir con honorabilidad su misión, que no es la de seguir las directrices del jefe del ejecutivo, de quien debe guardar la independencia.

En ejercicio de sus funciones, y cuando las circunstancias lo demanden, la procuradora sí puede y está en su deber de cuestionar la institucionalidad, si considera que es inoperante o que quienes ocupan sus cargos cometen agravios contra las normas del derecho o faltan a su compromiso ético.

Pero el presidente fue más allá y se aseguró de ponerla en cintura con la posición de su Gobierno y las directrices de su partido frente al Acuerdo de Paz.  

A nombre de la protección de los derechos de las víctimas, de las que realmente poco se ha ocupado,  hizo eco de su discurso de que no debe haber impunidad con los victimarios, que en su lenguaje sabemos que no es otra cosa que su deseo de seguir interponiéndose al rol que ha venido cumpliendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que nunca ha visto con buenos ojos y que tozudamente sigue desconociendo como parte hoy del engranaje del sistema de aplicación de justicia en Colombia.  

Eso sí, le hizo también un llamado para que trate con especial consideración a los miembros de la fuerza pública que han cometido delitos, no sin antes advertir que “no se puede ver al Ministerio Público poniendo en tela de juicio a quienes todos los días dan la vida por los colombianos”. ¡Qué tal!

No solo sí se puede, habría que decirle al señor presidente, sino que se está haciendo tarde para  enjuiciar e introducir las reformas que sean necesarias en instituciones cuyos agentes o soldados se salen reiteradamente del marco del respeto a los derechos humanos. El asesinato de Dimar Torres, firmante del acuerdo de paz; la violación de una niña indígena por parte de siete soldados; el asesinato de Dilan Cruz en las protestas de noviembre de 2019, y la masacre cometida por la Policía las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, son solo unos de sus más caros ejemplos y la muestra fehaciente de que sí, bien vale un cuestionamiento.

Oído el discurso del presidente, quedan serias preocupaciones sobre la independencia que vaya a tener la señora procuradora. Mucho da para creer que puede ser una copia en versión femenina de lo que, en especial, ha sido el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, que tanta vergüenza produce por la pobreza de autonomía que ha mostrado respecto del poder ejecutivo, estando al frente del principal órgano de investigación judicial en el país.

La nueva procuradora tendrá a su cargo varias investigaciones por acciones irregulares o delitos cometidos por funcionarios del Gobierno del que ella ha formado parte. A lo sumo tendría que declararse impedida en algunos casos, cuyos procesos están ya en su despacho, entre ellos el del senador Eduardo Enrique Pulgar, su amigo de vieja data y parte del clan político que domina en la costa Caribe, del que la señora Cabello ha sido uno de sus alfiles.

Preocupa cada vez más la falta de un sistema de pesos y contrapesos en el sistema institucional colombiano. El equilibrio en la división de poderes sigue siendo poco más que una ficción, cuando las actuaciones y decisiones de los órganos de control se identifican con el sello de origen de un partido o un sector político, que desdice de la esencia y el valor de la democracia.

Ojalá no nos vayamos a ver de nuevo en la época oscurantista del entonces procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, de quien Margarita Cabello es discípula, que usó y abusó de su cargo e hizo del Ministerio Público un despacho confesional, enajenándolo a su credo religioso y poniéndolo al servicio de las huestes conservadoras y su conciliábulo de la extrema derecha.  

 Economista-Magister en Estudios Políticos