¿Elegibilidad o democracia?

Orlando Ortíz Medina*

En la posibilidad de que los excombatientes de las FARC accedan espacios de representación dentro de los mecanismos legales de elegibilidad, descansa en gran medida la superación exitosa del conflicto armado en Colombia. Una salida adversa sería un contrasentido y significaría no haber puesto el acento en el lugar que en la actual coyuntura histórica corresponde: sacar las armas de la política y facilitar los espacios que hagan de ella un ejercicio civilizado y a la altura de las sociedades modernas.

Debemos entender que estamos en la búsqueda de salidas para la superación de un fenómeno que se manifestó en casi la totalidad de países de América Latina y cuya existencia involucra razones y responsabiliza actores que van más allá de los movimientos guerrilleros. Asimismo, que hunde sus raíces en factores de orden político, económico, social e incluso cultural, que no se pueden obviar cuando se trata de sacar adelante una alternativa para la desmovilización y reintegración a la vida civil de quienes por circunstancias históricas decidieron alzarse en armas contra un sistema y un Estado en el que no se vieron representados.

Reconocer estos antecedentes, que son los que configuran la realidad política del presente, es un imperativo a la hora de argumentar sobre la pertinencia o no de que a los miembros de las FARC se les otorgue el beneficio de la elegibilidad política, una vez hayan dejado de las armas.

La elitización de las dirigencias políticas y la burocratización de los partidos de gobierno en cabeza de ciertos grupos  de poder, así como la obstrucción y represión de formas de organización y representación que no estuvieran bajo su égida, fueron, en el caso de Colombia, factores que estimularon la progresión  del conflicto armado y más adelante su degradación. A lo anterior se sumó su resistencia a que se implementaran las transformaciones que permitieran corregir las diferentes formas de exclusión y marginalidad generadas por el establecimiento, que alentaron también el avance de la confrontación armada.

El bipartidismo, hoy -en esencia- el mismo aunque con ramificaciones, desde mediados del siglo XIX ha tenido el monopolio en el control del Estado y sus instituciones, lo que nos consagró tempranamente como un régimen de democracia restringida. El Frente Nacional, si bien puso fin a la violencia bipartidista, reafirma un siglo después, sólo que con mayor vehemencia, el carácter excluyente del régimen y consolida un poder hegemónico con visos autoritarios, que al amparo del estado de sitio, hoy estado de excepción, con el que se mantuvo durante casi su toda su vigencia, otorgaba facultades especiales a las fuerzas armadas, con todo lo que ello significó en materia de restricción a las libertades, violación de los derechos humanos y restricciones al ejercicio de la actividad política.

En las décadas del 80 y el 90, a un fuerte auge de formas de organización política y social fundadas sobre nuevos liderazgos, justamente en reclamo de mayor democracia, se respondió con una brutal represión y muchos de sus integrantes fueron asesinados, desaparecidos u obligados al exilio.

Estudiantes, líderes políticos, sociales y sindicales, indígenas y afrocolombianos, artistas, intelectuales y defensores de derechos humanos, principalmente, fueron víctimas de la actuación conjunta entre las fuerzas armadas del Estado y organizaciones paramilitares, que se resistían a aceptar que propuestas políticas alternativas tuvieran un lugar en el escenario del debate público. Aun bajo la formalidad un régimen de democracia civil, el país asumió las características de las dictaduras que en los años 70 y 80 se tomaron de facto el poder en varios países de América Latina.

El caso más emblemático es el de la Unión Patriótica, partido político que surge de los diálogos entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur a comienzos de los años ochenta, y del que la mayoría sus integrantes fueron asesinados. Entre ellos dos candidatos presidenciales, senadores, alcaldes, concejales, ediles y cientos de líderes de base.

De manera que en Colombia la democracia ha sido un concepto vacío de contenidos y está lejos todavía de la posibilidad de encontrar sentido como expresión de la libertad y el ejercicio de la autonomía, razón de ser de la política.

Una democracia realmente ajena a la institucionalización de una cultura y un pensamiento democrático, en la que el ciudadano promedio se nutre de representaciones que giran alrededor de la pasividad, la apatía y el desprecio por el ejercicio de la política; que se acomodó, además, al ritmo de la violencia y de prácticas como la compra y venta de votos, el clientelismo, el nepotismo y la corrupción, convertidas en el canal de creación de sus vínculos con las dirigencias políticas, y por esa vía con el aparato del Estado.

Cambios institucionales como los procesos de descentralización política y administrativa iniciados desde mediados de los 80, o la propia constitución de 1991, no produjeron transformaciones significativas en las costumbres políticas ni llevaron a una reconfiguración de las dirigencias en la mayoría de los ámbitos estatales. Por el contrario, el reacomodamiento de antiguas hegemonías, algunas en alianza con organizaciones criminales, llevaron a una serie de efectos regresivos y frustraron las esperanzas que la nueva constitución había dejado sobre territorios, grupos étnicos, mujeres, comunidades con opciones sexuales diversas y otros sectores hasta ese momento olvidados.  

Los partidos, ni de izquierda ni de derecha, no han logrado convertirse en verdaderas fuerzas ideológicas o con fundamentaciones programáticas o filosóficas, que convoquen a una masa crítica y cualificada de ciudadanos. Aferrados a la tradición, el caudillismo, el clientelismo y otras formas de perversión de la política, en asuntos de democracia seguimos siendo una mayoría silenciosa, cuando no de jaurías o borregos.

En este contexto, el tema de la elegibilidad política es también un acto simbólico y reparador que consagra la apertura del régimen, no solo y necesariamente a favor de las FARC sino de esa parte de la sociedad que, además de estar condenada a la marginalidad y la exclusión política, terminó siendo víctima de la exaltación y la prolongación de la guerra, en el marco de un ordenamiento político que la promovió o posibilitó las condiciones por donde pudiera conducirse.

Corresponde al establecimiento asumir la cuota de responsabilidad que le asigna el devenir de la historia, cuando fue inferior para asegurar su presencia y construir legitimidad en la mayoría del territorio. Asimismo, para tener dentro de su activo el monopolio legítimo de la fuerza y garantizar la protección de los derechos y el libre ejercicio de las libertades políticas ciudadanas. Estado y sociedad deben estar dispuestos a que se faciliten las condiciones para quienes están dispuestos a dejar las armas y continuar su vida política por las vías legales, pues no se trata sólo de la transformación del discurso y la práctica de quien busca salir de la guerra sino también del entorno político, social e institucional al que está dispuesto a acogerse.

Hay que reconocer que hubo unas condiciones históricas, así como una forma de interpretar el ejercicio de la política, que llevó a muchos hombres y mujeres de esta y de otras latitudes a tomar el camino de la insurgencia, pero que hoy están dispuestos a trascender y a asumirlo desde otras modalidades y dimensiones; esto debe no sólo posibilitarse sino estimularse.

Es también entender que, como tal, en su proceso de desmovilización, el excombatiente no se despoja de su investidura ni renuncia a su condición de sujeto político; pues es lo que da sentido y valora su rol ante la sociedad y el Estado, antes, ahora y en lo que en lo sucesivo sea su vida y actividad política.

De manera que antes que estigmatizar y seguir censurando su pasado, se debe validar su legítima pretensión de estar representado en los órganos de control del Estado, su aspiración a tomar parte en espacios de decisión, su inclusión en escenarios de gobernanza y su disposición a vincularse a procesos de elección en los ámbitos territoriales o nacionales. Es la consecuencia lógica del paso de la acción política con armas al ejercicio político legal. 

Negar la posibilidad de que quienes deponen las armas accedan a cargos de elección popular es seguir oponiéndose a que la democracia avance en su proceso de maduración y a que otras fuerzas puedan tener representación en las instancias del gobierno y el Estado, que es justamente en donde en parte tuvo su origen el conflicto armado que hoy estamos tratando de superar.

Avanzar hacia una nueva dimensión social y cultural que reelabore el sentido y la razón de ser de la política, que es finalmente la aspiración de la mayoría de la sociedad colombiana, no puede ser algo que se instrumentalice solamente a favor del Estado o los intereses de ciertos sectores.

No se debe olvidar tampoco que las FARC no fueron vencidas y que su derecho a elegir y ser elegidos está en la esencia de los resultados de la negociación; este es, quiérase o no, uno de los saldos políticos del proceso.

*Economista-Magister en Estudios Políticos 

Plebiscito, paz y reforma tributaria

Orlando Ortiz Medina*

Empecemos por decir que no hay una relación, al menos una relación directa, entre el plebiscito, los resultados del 2 de octubre, lo que aún está por resolverse y la propuesta de reforma tributaria recientemente presentada por el Gobierno.

Con o sin plebiscito, con o sin conflicto armado, independiente de que hubiera ganado el SÍ o el NO, éste o cualquier gobierno está en la obligación y responsabilidad de acudir a las medidas que sean necesarias para hacerse a los recursos que requiere para suplir sus gastos de inversión y funcionamiento. Cosa distinta es que el momento en que los dos hechos se presentan coincidan en un ambiente de fuerte tensión y agitación política que, quiérase o no, se van a traslapar y a ser utilizados por los detractores del Gobierno, y especialmente del acuerdo de paz, tal como ya se hizo por parte del uribismo en la campaña para las elecciones del 2 de octubre.

De manera que no hay que dejarse llamar a engaños y seguir siendo utilizado, como ya se advierte en la marcha convocada por el Centro Democrático para el próximo 29 de octubre, en la que para defender el resultado de las elecciones plebiscitarias se usa como telón de fondo el rechazo al contenido de la propuesta de reforma.  

Por supuesto que esta no es un asunto menor; frente a ella no podremos ser ajenos y tendrá que tener sus propios momentos de discernimiento y debate, incluidas posibles acciones de movilización y rechazo, conocido ya el texto y las implicaciones que, de llegar a aprobarse, va a tener sobre el bolsillo de los colombianos.

Una reforma tributaria no es mala en sí misma, pues como cualquier persona o familia, el Estado tendrá siempre que pensar en cómo y de qué fuentes se provee de los ingresos para su sostenimiento y cómo dirige y organiza sus gastos. Pero de lo que se trata hoy es de estar alerta para que el tema fundamental de la búsqueda de una paz estable y definitiva para Colombia no se vaya a subordinar otro tipo de intereses, que con intenciones maniqueas o aún con la legitimidad que les pueda asistir terminen llevándolo a un segundo plano. El riesgo es alto e incluso explicable cuando se trata de los asuntos del bolsillo y más aún cuando la guerra y sus desastres no parecen interesar a una inmensa mayoría de los colombianos, tal cual quedó demostrado en las elecciones del plebiscito.

Es cierto que el momento de presentarla no es el más oportuno para el presidente Santos y está por verse si finalmente o en qué condiciones logra finalmente su aprobación en el Congreso de la República. Ya sabemos lo que allí se mueve, todo menos la sensatez, honradez y coherencia de muchos que desde uno u otro partido buscarán actuar en su propio beneficio, máxime cuando estamos ya entrando en una etapa electoral que moverá sin duda sus decisiones. Hay pues una amalgama difícil entre el SÍ inevitable de una reforma tributaria y el NO necesario a la guerra, en donde en lo único que nos queda por creer es en la sapiencia de esa ciudadanía que hoy se moviliza y que ojalá se sepa conducir e imponer para que el desenlace no sea en ningún sentido adverso a la mayoría de los colombianos.   

De la reforma tendremos que preguntarnos sobre lo que en ella se propone, qué tan efectiva es para enfrentar las problemáticas que busca resolver, cómo y a quiénes en mayor o menor medida va a afectar y, pregunta crucial, qué tanto contribuye a corregir las enormes desigualdades que están en la base de un modelo de tributación que históricamente ha puesto el peso de la sostenibilidad del Estado sobre los hombros de los sectores más vulnerables y de más bajos ingresos. Pregunta esta última clave y definitiva por lo que tiene que ver también con la construcción de las bases de una paz sostenible y duradera para Colombia.

Asimismo, qué se dice frente a situaciones tan graves como la corrupción, la evasión o la elusión, que de no existir seguramente nos exonerarían de la necesidad de éste nuevo paquete de medidas, tan drásticas como la que se vienen. Igualmente, de la capacidad de ahorro de que se debe dotar el Estado, por ejemplo mediante la disminución de tanto gasto ineficiente y de los costos abultados de su burocracia, en la que el recorte a los indecorosos salarios de los congresistas sería una de las primeras medidas a emprender.

Plebiscito, reforma tributaria y paz son hoy los componentes de una ecuación difícil de resolver, cuya salida definirá si como sociedad somos capaces de encontrar alternativas para evitar que sigamos ahogándonos en nuestros propios ríos de sangre, corrupción y despilfarro.

Habrá que evaluar la responsabilidad que le asiste a un gobierno o, mejor, a los gobiernos de por lo menos los últimos veinte años que dejaron llevar al país a la situación en que hoy se encuentra; un creciente saldo en rojo entre sus ingresos y sus gastos que de no corregirse o no tomarse a tiempo las medidas necesarias nos llevarían a una sin salida con costos y consecuencias todavía superiores.

Un errado manejo de política económica que nos puso a beber de una sola fuente, a “mamar de una sola teta” como se dice popularmente: los ingresos provenientes del sector minero, en especial de los precios del petróleo, de los que ingenuamente se pensó que iban a continuar eternamente su escalada alcista, mientras se descuidaron sectores como los de la producción agrícola o industrial, que siempre y en cualquier caso garantizan mayor autonomía y posibilidades más reales de dinamizar el desarrollo y el mercado interno.

Habrá que evaluar también qué dice la reforma sobre las inadecuadas exenciones de que gozan ciertos sectores empresariales y a los que se suma su capacidad de maniobra y la de sus contadores para ayudarles a evadir y a eludir sus impuestos, qué pasa con las llamadas zonas francas y los paraísos fiscales, en los que no son propiamente los más pobres los que colocan sus ingresos. Desde ya se tendrá que decir que no puede ser el impuesto al valor agregado IVA, el sustento fundamental de la nueva reforma porque él es justamente el que más duro cae sobre los consumidores de más bajos ingresos.

Todo eso y mucho más se tendrá que decir o preguntar, pues el debate sobre la tributaria apenas comienza, pero en lo que más nos corresponde hoy insistir, con o sin reforma, es en la inevitable necesidad de ponerle fin a la guerra, que por barata que fuera no nos aguantaría ningún impuesto más, o ¿Quién se atreve a hacer el cálculo de lo que pueda costarnos una sola y nueva vida que se pierda?

*Economista-Magister en Estudios Políticos

¿Por qué no?

Orlando Ortiz Medina*

Las elecciones de este domingo conllevan una enorme responsabilidad para quienes tenemos la oportunidad, quizás única, de decir SÍ o no al acuerdo para la terminación del conflicto armado que durante más de cincuenta años ha segado la vida de miles y miles de colombianos.

Vamos a definir si las próximas generaciones continúan dentro de los mismos marcos de la guerra y la violencia que a nosotros nos ha tocado vivir o pueden por el contrario trascender hacia formas de convivencia en donde la fraternidad, la solidaridad, el respecto y la solución pacífica de los conflictos sean sus referentes.

Estamos frente a una decisión fundamentalmente ética; pues más allá de partidos, de quienes gobiernan o quienes se les oponen; más allá de ideologías o credos religiosos, de odios e intereses particulares, estamos decidiendo sobre todo de la posibilidad de la vida y, casi nada, de la vida de los otros; posiblemente de quienes todavía no han nacido, lo que con más severidad nos compromete. ¿De qué se trata la ética sino fundamentalmente de la pregunta por la vida?

Aunque para muchos pueda sonar desatinado, los reclamos frente a una supuesta impunidad, el déficit en la aplicación de justicia o la posible elegibilidad política de los Integrantes de la FARC, entre otros, pueden al final resultar siendo menores y no ser más que la permanencia en un pasado que todavía nos persigue e impide salir de la estela de odio y de venganza en que nos hemos mantenido.

No podemos olvidar que si de algo se ha nutrido la historia de Colombia y nuestra vida personal y colectiva es de altísimas cuotas de impunidad y de injusticia. ¿Podrá haber algo más injusto que atravesársele a una sociedad que busca alternativas para evitar que la guerra y la violencia continúen? ¿Qué puede ser más insensato que negarse a la oportunidad de ser protagonista en el cumplimiento de una tarea, hasta ahora aplazada, de sacar las armas de la política y darle el sentido que le corresponde en una sociedad verdaderamente civilizada?

Nos quedan unas horas para pensar una decisión que no permite equivocarnos. Va a ser muy costoso si, más allá de nuestras diferencias, no coincidimos en que la prolongación de esta guerra a ninguno nos conviene y que avalar este acuerdo no nos compromete más que con la necesidad de dejar atrás esta historia bañada en sangre.

¿Por qué insistir en el país acostumbrado a la infelicidad de la guerra, inmune ante el dolor? ¿Por qué no decirnos y decirle al mundo que SÍ, que somos una sociedad capaz de reinventarse y en la que en adelante van a pesar más la sensatez que los odios y los deseos de venganza? ¿Que SÍ sabemos lo que vale y significa la defensa y la protección de la vida? ¿Por qué no?

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Cuando el apellido no nos queda

Orlando Ortiz Medina*

(Video tomado del canal EH EH EPA COLOMBIA en Youtube)

El pronunciamiento de la representante María Fernanda Cabal en un evento de promoción de la campaña por el no en Medellín, reafirma lo que muchos sospechamos de la posición del Centro Democrático frente al proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC: no es cierto que sí estén a favor de la paz y que su preocupación sea estrictamente el contenido de los acuerdos.

Los juicios lanzados y el estilo denodadamente agresivo de la congresista desestiman las afirmaciones de su partido en el sentido de que lo que buscan es el perfeccionamiento de los puntos que allí se han pactado y no echar por la borda el resultado de un esfuerzo de cuatro años sostenidos de diálogo.

Queda cada vez más claro que el Centro Democrático sigue pegado a sus postulados militaristas y no cree ni confía en una salida política negociada, pese a los indudables resultados que a la fecha se registran.

La señora María Fernanda Cabal, una de las de mayor ranking en el Centro Democrático por los sectores e intereses que representa como esposa del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, no ve en los acuerdos más que una humillación del Ejército Nacional, o cuando menos la renuncia a su razón de ser, que es según ella la de “entrar a matar”.  Qué horror.

Nada refleja de manera tan clara el talante monstruoso de quien olvida, o probablemente no conoce, que aún en la guerra existen normas y códigos de comportamiento, principios y actitudes éticas a las que se debe corresponder por parte de quien empuña un arma, más todavía si son las armas del Estado, aunque lo es de hecho para cualquier combatiente y en cualquier tipo de ejército.

Hiere además profundamente la imagen del ejército, al que dice amar, cuando llama vendidos a sus generales y de quienes afirma que recibieron una “prima de silencio de no se sabe qué cantidad de dinero por renunciar a su doctrina”. Qué curiosa manera de amar la de la señora Cabal.

Su intervención, además de desatinada es miedosa, peligrosa, denota los odios que la agobian a ella y a sus copartidarios y es un anticipo de lo que realmente puede llegar ocurrir si los colombianos se decidieran mayoritariamente por el no, que significaría, ni más ni menos, ingenua, consciente o inconscientemente, acoger su irresponsable e incendiario discurso.

Como todos los de su partido, o los que sin pertenecer a él los siguen en sus postulados, insiste en desconocer que lo que hubo no fue una entrega y rendición, sino un acuerdo producto de un difícil proceso de negociación al que en buena hora se sumaron policías y militares del más alto rango. Los mismos que cuando les correspondió combatieron fiera y decididamente a las FARC.  

Significa no entender que lo que queda en estos casos no es en modo alguno una serie unilateral de concesiones, sino los puntos medios a los que se llega en la escala entre máximos y mínimos que se crea desde las propuestas y por las tensiones producidas entre las partes en contienda.

Cualquier negociación termina en acuerdos cuyo resultado deja para cada contendiente el máximo posible alcanzable, no necesariamente el óptimo ni el que más hubiera deseado. Fue lo que pasó entre dos bandos decididamente antagónicos e irreconciliables que, al no haberse derrotado, optaron por una salida distinta a la de la búsqueda recíproca de su eliminación. Nada más a tono con lo que corresponde esperar de una sociedad que se dirige a completar la cuota que le falta de civilización, y a convertirse en un escenario de mayor progreso y posibilidades de vida para sus ciudadanos.

Quien verdaderamente conoce de los ejércitos sabe que negociar no es rendirse, pues se rinde o se entrega solamente quien está derrotado; dialoga y negocia quien sin renunciar a su hidalguía y apegado sobre todo a los principios humanitarios, entiende que también el diálogo es un instrumento para discernir sobre lo que nos confronta y un medio más altivo y menos doloroso para superar la guerra.

Es cierto que los soldados deben estar preparados y listos siempre para la hora del combate, pero lo es también que ni el más preparado de los ejércitos debe hacer que la guerra se le convierta en un fin, como sí lo ha de ser siempre la búsqueda de la paz.   

Pero se fue más lejos en su insolencia la siempre destemplada congresista, pues con el mismo celo paranoico que caracteriza a su jefe y a todos los de su séquito, habló incluso de la presencia de obispos y empresarios en un supuesto secretariado especial de las FARC. En su propósito de denigrar los acuerdos, de insistir en la perpetuación de la guerra, la señora miente y merodea en sus delirios al punto de que lo que ya realmente preocupa es su salud y particularmente su lucidez. Qué amenaza cuando se trata de quien ocupa un lugar en el Congreso de la República.  

Respetando como siempre a quienes todavía piensan votar por el no, no sobra invitarlos a que no dejen de utilizar el tiempo que aún queda para la reflexión. La insolencia de quienes nada más destilan odio y se resisten a que Colombia avance al menos unos cuantos pasos para que nuestras próximas generaciones tengan un futuro mejor, no debe ser la guía de quienes por desinformación, el embuste y la publicidad engañosa pueden llegar a equivocar su decisión y ceder no sabemos cuántos años y vidas más a los desastres de la guerra. Los colombianos, todos, los del SI y los del no, nos merecemos una nueva oportunidad.

*Economista-Magister en Estudios políticos

MAMBRÚ SE FUE A LA GUERRA, SÍ, SÉ QUE VOLVERÁ

Orlando Ortiz Medina*

Este 10 de septiembre, niños y niñas comenzaron a salir de las filas de la guerra, a donde nunca debieron haber llegado. Empieza así el final de una de las peores infamias de esta dura etapa de nuestra historia.

Como todas las generaciones nacidas desde finales de la década del cuarenta, tuvieron la mala suerte de haber llegado a un país que a padres, abuelos y bisabuelos, les ha dejado como herencia la secuela onerosa de una serie sucesiva de guerras y conflictos armados. 

En buena hora, aunque siempre es tarde cuando de salir de la guerra se trata, empezarán a recuperar, al menos en parte, ese poco que les quede de su infancia arrebatada. Sabrán, apenas, que había otras formas posibles de vivir la vida, que existía un mundo distinto en el que jugar a las escondidas o a los soldados libertados era una de esas tantas diversiones callejeras en que otros hicimos nuestros primeros amigos, tuvimos los primeros enamoramientos y disfrutamos creativamente el tiempo.

Desaprenderán de lo enseñado por una sociedad que, teniéndolo todo, no les ofreció sino lo que mezquinamente dispuso para matar sus sueños y, en vez de a disparar un fusil, los hubiera hecho diestros en tocar una guitarra, practicar un deporte, manejar un pincel, pintar un paisaje o dejado simplemente en su bucólica y honrosa vida de labriegos.

Hoy felizmente podemos decir que SÍ sabemos que volverán esos Mambrús y vendrán a encontrarse con una nueva oportunidad de celebración de sus vidas.

La mayoría de estos niños y niñas pertenecen a territorios en donde la guerra fue quedando, qué crudeza decirlo, como el escenario menos hostil y azaroso en el que pudieran realizar sus vidas, incluyendo sus propios hogares y familias. Muchos se internaron en la selva huyendo del maltrato a veces prodigado por sus propios padres o madres, tantos más por haber sufrido abuso o violación sexual, otros simplemente empujados por el hambre y la pobreza.

Son hijos e hijas de una sociedad a la que el silencio y la indiferencia hicieron indolente, terminó arrastrada al acostumbramiento y se olvidó de quienes con menos suerte y oportunidades les correspondió poner los muertos.

Por eso hoy, a las puertas ya de culminar el proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, cabe esperar que la inteligencia, la sensatez y el sentido de humanidad de una sociedad civilizada, guíen la decisión que nos llevará a las urnas el próximo dos de octubre, en el que sin duda es el momento histórico más importante de las últimas décadas y de las generaciones que hoy estamos en la mayoría de edad.  

Los niños y las niñas que hoy salen por fortuna de la guerra, los que abrirán sus ojos por primera vez, los que aún están aprendiendo a caminar, no merecen que se les condene a seguir en la tragedia que también sin merecer nos legaron a nosotros.

No habría mayor impunidad, nada deshonraría más la justicia ni sería más imperdonable que por odios, mezquindades o fundamentalismos de cualquier naturaleza dejáramos pasar el momento de contribuir a cambiar el rumbo de un país que, dirigido siempre hacia el norte de la guerra, tiene hoy la oportunidad –la única que hemos conocido- de reorientar su brújula.

Para unos y otros sería muy costoso aplazar este momento y desconocer el saldo positivo que sin haber culminado ya nos ha reportado este proceso. Queda tiempo todavía para la reflexión y será mucho más el que tendremos para ayudar a sanar las heridas y avanzar en la reconciliación. También para ver realizada la justicia y no dejar de lado  los juicios de responsabilidad; pero no una justicia cifrada en el odio, la sed de venganza o la perfectibilidad de códigos y leyes, que al fin y al cabo nunca o sólo para algunos han funcionado.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

LA CORTE DIJO SÍ

Orlando Ortiz Medina*

Hay que celebrar que la Corte Constitucional aprobó y dio vía libre hoy al plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos a que se ha llegado en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La Corte estuvo a la altura del momento histórico que vive el país e interpretó el deseo de la mayoría de los colombianos que queremos la finalización del absurdo conflicto armado que hemos vivido por más de cincuenta años.

Tanto en aspectos de forma como de contenido el proyecto de Ley Estatutaria ES CONSTITUCIONAL, ha dicho la Corte. Es decir, fue avalado como un MECANISMO LEGAL Y DEMOCRÁTICO a través del cual se podrán pronunciar quienes estén o no a favor de los acuerdos.

No hay momento más histórico que el que ahora estamos viviendo. Quienes hoy tenemos la posibilidad y la responsabilidad de votar estamos decidiendo no sólo por nosotros y el resto de vida que nos quede, sino sobre todo por nuestras próximas generaciones.

Así que se trata ahora de que cada ciudadano o ciudadana se informe, conozca lo que en La Habana se ha acordado, y sensata y libremente -como corresponde a toda decisión política- acuda en la fecha en que se convoque a expresar su opinión.

Vamos a mostrar si seguimos siendo un país mayoritariamente acostumbrado a vivir y recrearse en el dolor de la guerra, o si, por el contrario, independiente de ideologías, credos, razas, pensamientos religiosos, etc., tendremos la sapiencia y la madurez suficiente y logramos convocarnos para que sean las armas y no más vidas las que llevemos a las salas de velación y a las sepulturas.

Es curioso que sean tantas cosas las que dependan la fragilidad o la certeza de un monosílabo: SI o NO. Pero cuánta historia, cuánto en ellos cabe y cuánto con ellos estamos decidiendo. Cincuenta y dos años de guerra, doscientos cincuenta mil muertos, más de siete millones de desplazados, cincuenta mil desaparecidos,… soldados, guerrilleros, paramilitares, obreros, campesinos, estudiantes, en fin, todos seres humanos.

SÍ, vale la pena pensar que SÍ, que no haya un hombre, una mujer, ni momento ni un espacio más para la guerra.          

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Después de la guerra

Orlando Ortiz Medina*

La imposibilidad de salir de más de cincuenta años de confrontación armada sólo reflejaba un país quedado y tozudamente resistente a completar la cuota que le falta para cruzar el umbral de ingreso a la modernidad, al menos en lo que al desarrollo y ejercicio de una cultura política e institucional más a la altura del ya avanzado siglo XXI se refiere.

Tenemos que llenarnos de optimismo y pensar que estamos entrando en una era en que la consolidación de la democracia y la superación de las condiciones que han estado en el centro del conflicto armado van a ser superadas hasta en el más lejano de los municipios. Con los pies en la tierra y sin ingenuidades, debemos convencernos de que lo que ocurrió el pasado 23 de junio significa realmente el punto de inflexión que marcará un nuevo rumbo en la vida social, política, cultural y económica del país, pues, con todo lo que aún está por verse, éste es sin duda el hecho más relevante de los últimos sesenta años.  

Y es que no son sólo las FARC sino el Estado y la sociedad en su conjunto los que ingresarán a una nueva etapa de su vida política. Las primeras porque decidieron dar el paso hacia una nueva comprensión sobre la manera de acceder a la conquista y ejercicio del poder, y la sociedad y el Estado porque tendrán que estar dispuestos a permitir que se abran los espacios y se creen las condiciones para que ello les sea posible, después de tantos años de haber estado proscritas y actuando al margen de la legalidad.

Deberá venir la consolidación de escenarios en los que efectivamente encuentren cabida sectores que en su momento y por distintas razones se sintieron excluidos de las posibilidades de participación política, lo que explica en parte la conformación y permanencia durante tanto tiempo de organizaciones guerrilleras que se formaron desde los años sesenta del siglo pasado y que hizo de las FARC la más poderosa y de más larga existencia en toda la historia nacional.

La violencia de los años cincuenta, el Frente Nacional, el genocidio de la Unión Patriótica, la criminalización y el tratamiento policivo de la protesta social son, entre otros, hechos que pesan en el imaginario de la sociedad colombiana como parte de los factores que justificaron o legitimaron la “vía armada” como el único recurso que quedaba para la defensa de las ideas y las propuestas de quienes hacían política desde la orilla opuesta del establecimiento.

Ahora más que nunca se requiere recuperar los espacios que le dan vida y sentido a la política como lugar de reconocimiento de la diversidad y de construcción de un entorno incluyente y pluralista; esto implica sobre todo una transformación profunda de sus hitos constitutivos, como la edificación de un nuevo prontuario ético, la superación de prácticas que desdibujaron su esencia como el clientelismo y la corrupción, y la revisión de formas de representación fundadas en el nepotismo y en las muy cuestionables virtudes de algunos líderes y colectividades.

Sacar las armas de la política es sin duda un gran paso, pero ello por sí mismo no reelabora sus contenidos, no implica la revisión de sus métodos, no construye nuevas formas de relacionamiento entre los ciudadanos y entre éstos con el Estado; tampoco lleva de suyo a que se modifiquen los factores causantes de la guerra, pues una cosa es que ésta se acabe y otra muy distinta que se acaben los factores que la promovieron o le dieron origen.

De lo que se trata en esencia es de promover los cambios para que la democracia no sea o no se entienda solamente como el producto de tal o cual diseño o arquitectura institucional, o de los mecanismos meramente formales y procedimentales, que es en lo que seguramente y en primera instancia vamos a entrar. Aparte de las transformaciones materiales que inevitablemente habrá que emprender, el asunto de fondo está en el cómo de una reelaboración cultural que dé soporte a un nuevo pensamiento, que corrija actitudes, comportamientos, virtudes ciudadanas; pues no puede haber democracia sin demócratas, como tampoco verdaderas transformaciones políticas e institucionales si no se logra igualmente un cambio de la política y del sujeto que a ella le subyace. Debemos avanzar hacia una sociedad en la que la democracia sea ante todo un estilo de vida y una práctica social y cultural, más que un culto a la religiosidad y a la rigidez jurídica y normativa.

En el caso de las FARC, la reincorporación a la vida civil no podrá verse como un proceso simple de dejación de armas y readaptación a lógicas institucionales, que es como se suelen entender en parte los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración –DDR-. El componente principal o eje articulador está en la construcción de civilidad, que implica la transformación general del entorno social con el que el excombatiente entra en una nueva fase de relacionamiento, es decir, una sociedad que acoja la tarea de resignificar las comprensiones y simbolismos que, en el caso de Colombia y más allá de las FARC, hicieron de la guerra y la política un ejercicio concomitante. 

Las FARC tendrán una ardua tarea para ganarse el apoyo ciudadano con referentes que ya no estarán fundados en la fuerza de las armas. El propósito de construir capital político, lograr visibilidad y capacidad de convocatoria, tendrá necesariamente que –sin dejarlos de lado- trascender los territorios en los que históricamente ha mantenido su presencia y mirar hacia los principales centros urbanos y capitales de departamento que, querámoslo o no, serán los protagonistas en el posacuerdo, por ser donde se ubican los principales centros de poder y decisión.

Jugársela en el terreno de la legalidad, de la lucha partidista, del cabildeo, de la construcción de alianzas, de las aspiraciones de llegar a cargos de elección y representación popular, así como de la ampliación y mantenimiento de una base social de legitimidad y representación, no será un reto menor.

Tendrán incluso que mantener un fuerte trabajo con su propia militancia, pues parte de ella tenderá a dispersarse o querrá incluso dejar la organización para regresar a sus zonas y actividades de origen o buscar opciones diferentes para sus proyectos de vida; pues se sabe que la cohesión y el sentido de pertenencia no necesariamente se mantienen cuando se da el paso de un ejército a una organización civil, de carácter partidista, en donde las estructuras y sistemas de jerarquía asumen otro tipo de connotación, que ya no estarán dentro de las férreas lógicas de disciplina y lealtad que, entre otras por razones de seguridad, son imprescindibles en las formaciones o estructuras militares.

Al Estado, por su parte, le corresponde desplegar todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad de la dirigencia y de sus bases para evitar la mutación hacia nuevos ciclos de violencia; lo que esperamos para la sociedad del posacuerdo terminará siendo fallido si a las FARC no se les permite y facilita consolidar sus espacios para la continuación y realización de sus actividades políticas, si no se garantiza la irreversibilidad del proceso.

El respeto por la vida de las y los excombatientes, su condición, su historia y su pasado comprometen imperativamente a Estado y sociedad, obviamente en un marco de reciprocidad y corresponsabilidad. En cada una y cada uno de ellos hay que reconocer ante todo su condición de sujetos políticos y saber interpretar las razones que los llevaron a alzarse en armas, entendiendo las necesidades y valorando las condiciones y el momento histórico de entonces y el que hoy vivimos.

Será también un trabajo arduo avanzar hacia una sociedad capaz de superar los miedos, los estigmas, las prevenciones, los resentimientos, los dolores heredados de tantos años de guerra que tendrán que transformarse en un nuevo universo de sentidos, emociones, contenidos y formas de actuación en política.

La tarea está igualmente en deshacer, deconstruir imaginarios y lenguajes, en función de generar espacios de encuentro e integración entre personas que de distintas maneras han vivido o padecido el conflicto: víctimas, excombatientes, comunidades receptoras, etc., que serán la base de constitución de una nueva comunidad política y de un futuro diferente, al menos para nuestras próximas generaciones.

*Economista-Magister en Estudios Políticos