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miércoles, 27 de mayo de 2026

Primera vuelta, profundizar el cambio


El triunfo de Iván Cepeda y Aída Quilcué en primera vuelta es un propósito a cumplir para asegurar el avance de una democracia que, en todos los órdenes, apenas empezamos a vivir.  


Orlando Ortiz Medina*


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Foto: Pares
La llegada, por primera vez, de un gobierno progresista fue un paso más de una serie de hechos que Colombia ha vivido en la última década. El cambio de signo de una dirigencia que se había mantenido en el poder por más de ciento cincuenta años abrió, por fin, el espectro de la democracia.

El triunfo de Gustavo Petro en 2022 sumó a la esperanza de una sociedad que ya vivía los cambios heredados de la firma del acuerdo de paz de 2016, que, pese a sus dificultades, dio impulso a la desactivación de la violencia y la vindicación de la política como forma de encarar los conflictos. De igual manera, los problemas develados por la pandemia del covid-19 y el estallido social de 2021 bajaron el telón y mostraron los protagonistas del nuevo país que entraba a escena. 

Es innegable que el país está cambiando y el gran reto de este 31 de mayo consiste en garantizar que no haya un retroceso. El regreso de las anteriores dirigencias sería una enorme frustración para una sociedad hoy habitada por la certeza de que otro modo de vida es posible. El triunfo de Iván Cepeda y Aída Quilcué en primera vuelta es un propósito a cumplir para asegurar el avance de una democracia que, en todos los órdenes, apenas empezamos a vivir.  

Contamos hoy con una ciudadanía más deliberante, más participativa, más consciente de sus problemas y con mayor claridad sobre la política como el lugar para allanar soluciones. Es la democracia en acto, la contracara de una realidad que había mantenido invisibilizados y reducidos a objetos de manipulación a importantes sectores de la población. Se ha ganado en que la democracia sea una forma de vida, algo más que un sistema de procedimientos o un conjunto de normas, no pocas veces confeccionadas justamente para burlarla.

El cambio de signo de una dirigencia que se había mantenido en el poder por más de ciento cincuenta años abrió, por fin, el espectro de la democracia.

La confluencia de obreros, campesinos, ambientalistas, indígenas, afrocolombianos, estudiantes, maestros, mujeres, comunidades diversas, etc., que hicieron de calles, plazas y otros lugares públicos el escenario para ejercer y valer sus derechos, fueron la clave para la aprobación de las reformas -las que se lograron- ante un Congreso siempre dispuesto a bloquear las iniciativas del Gobierno.

El protagonismo de estos nuevos actores y el contar con un gobierno salido de su entraña condujo a que en la agenda del Estado se pusieran en discusión problemas que han obstaculizado el desarrollo y las posibilidades de una sociedad menos violenta y más justa y democrática. La desigualdad, la pobreza, la elevada concentración de la riqueza, las brechas entre las zonas urbanas y rurales y las enormes disparidades regionales, son, entre otros, temas que hoy centran la atención, cuando antes se ignoraban como parte de la tragedia que ha padecido Colombia. 

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Una nueva manera de orientar la economía ha demostrado que es posible, de manera simultánea, promover su crecimiento, corregir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de las personas, en especial de las que viven en situación de mayor vulnerabilidad. En ello ha consistido el cambio de salario mínimo a salario vital que les permite a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas; la apuesta por un sistema de tributación más progresivo; los esfuerzos por diversificar la producción, reducir la dependencia de unos pocos productos de exportación, especialmente minerales e hidrocarburos, y lograr una inserción más competitiva en los mercados internacionales. Hoy Colombia tiene un sector agropecuario más potente, ha diversificado su canasta exportadora y es de los que más ha visto crecer el flujo de turistas desde diferentes regiones del mundo.  

Los resultados son elocuentes:

El salario real aumentó durante este gobierno alrededor del 30%, muy por encima del incremento de los ocho gobiernos anteriores, que sumados ascienden al 26,1%.

La tasa de desempleo registra la cifra más baja del siglo: 8,8% al cierre del mes de marzo.

La inflación cerró en 5,1% en diciembre de 2025, después de haber llegado al 13,2% en 2022.

La pobreza multidimensional cayó por primera vez a un solo dígito: 9,9% en 2025, el nivel más bajo desde que se mide en Colombia.

La pobreza monetaria se redujo a 31,8% en 2024 a nivel nacional, la cifra más baja registrada en los últimos 13 años.

En total, 2.6 millones de personas han salido de la pobreza durante el actual gobierno. 

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Cepeda y Quilcué son la única garantía de que esta senda de cambio y profundización de la democracia continue. 

Él es un líder en el que lo primero que hay que resaltar es su enorme sentido de humanidad y su incuestionable talante ético. Sereno, respetuoso, dispuesto siempre al diálogo y la conciliación, pese a una historia que en muchas oportunidades le ha sido adversa. Filósofo de formación, reflexivo, alejado de odios y venganzas y ajeno a ambiciones personales, ha sido un incansable luchador por la defensa de los derechos humanos y una de las personas que más ha hecho esfuerzos por alcanzar la paz. 

La revolución ética es la base principal de la propuesta de Iván y Aida. 

Ella es una lideresa indígena que lleva también la vocería de los pueblos a los que se ha querido condenar a la exclusión y el destierro. Actualmente es senadora de la República y ha ocupado varios cargos de liderazgo en su lucha por la protección de sus territorios y la defensa de los derechos humanos. Como Iván, es igualmente una víctima de la violencia de los agentes del Estado; su esposo, también líder, fue asesinado en 2008 por miembros del Ejército Nacional. 

Iván y Aída son sin duda la fórmula para enfrentar a quienes quieren retornar a la sociedad del pasado y siguen sin entender que el país cambió y que no se puede continuar en el estado de privilegios y desigualdades en que se ha sostenido Colombia. Peor aún, que se regocijan creyendo en las supuestas virtudes de la guerra, el autoritarismo y la violencia como premisas del orden y la estabilidad democrática, y no en la necesidad de un desarrollo incluyente y pensado para la vida y la justicia social como bases fundantes. 

La revolución ética es la base principal de la propuesta de Iván y Aida. Es algo que no interpela, por un lado, a quien pretende retornar al gobierno como heredera de una dinastía familiar a la que le pesa la historia de una nación hendida en sangre. Por otro, a quien solo hemos visto transitar por oscuros recovecos que le han inflado fama y bolsas, y promete un país y un Estado reducido al tamaño de su minúscula y ostentosa manera de ver y entender el mundo. 

El domingo tendremos la oportunidad de confirmar cuánto la sociedad ha cambiado y qué tan fortalecida está para defender el legado de un Gobierno que, por primera vez, ha estado del lado de quienes han asumido la tarea de construir la nueva historia.  


*Economista-magister en estudios políticos 

miércoles, 15 de noviembre de 2023

Argentina: Milei, el paso hacia el abismo

 Orlando Ortiz Medina*

 Propuestas como la de Javier Milei son parte de una fuerte regresión política y cultural que pone cada vez más en riesgo las instituciones de la democracia, ya de por sí bastante frágiles.

Foto:GGettyImages
El 2 de abril de 1976, apenas una semana después de haberse instalado una de las peores dictaduras que se haya conocido en América Latina, José Alfredo Martinez de Hoz, recién posicionado ministro de economía en Argentina, presentaba el programa económico del Gobierno encabezado por Jorge Rafael Videla, líder del golpe militar propiciado contra la presidenta constitucional María Isabel Martínez de Perón.

Así como corrían los tiempos de las dictaduras en casi todo todos los países de América Latina: Argentina (1976-1983), Paraguay (1954-1989), Chile (1973-1990), Bolivia (1971-1978), Nicaragua (1934-1979), Brasil (1964-1985) y más, corrían también los tiempos en que un nuevo modelo económico y con una fuerte carga ideológica empezaba a imponerse en todo el continente, que años más tarde se conocería como Consenso de Washington.

Era el llamado modelo neoliberal, construido bajo los supuestos de la libertad, en particular la libertad económica; el laissez faire-laissez passer (dejad hacer, dejad pasar), en el que la vida se considera estrictamente circunscrita a los designios y el ritmo del mercado. Las formas de relacionarse, de acceder a la sobrevivencia, el ordenamiento de las instituciones, lo que hasta ahora se había conocido como derechos: la educación, la salud, la seguridad alimentaria, etc., solo eran pensables si tenían cabida en el sagrado universo de las mercancías, por lo que obviamente había que disponer con qué comprarlas. Un modelo que, además, exalta el individualismo y desprecia y condena los roles del Estado, que considera deben ser dejados exclusivamente en manos de la iniciativa privada, a menos que no sea el de su función de policía, el único en el que le encuentra algún sentido. 

Las dictaduras fueron, especialmente para Argentina y Chile, que en su momento sirvieron de laboratorio, terreno abonado y necesario para que el paquete de reformas neoliberales pudiera implementarse.

Aunque enmarcadas en el contexto de la llamada Guerra Fría, que enfrentaba a las dos potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos y la ya extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas -URSS-, y en el de la Política de Seguridad Nacional, agenciada desde los Estados Unidos; las dictaduras fueron, especialmente para Argentina y Chile, que en su momento sirvieron de laboratorio, terreno abonado y necesario para que el paquete de reformas neoliberales pudiera implementarse.

Pues bien, ese marco filosófico que inspiró la propuesta del ministro de la dictadura, Martinez de Hoz, se revive hoy, y con que ímpetu, en el llamado discurso libertario de Javier Milei, que el próximo domingo 19 de noviembre, ya en segunda vuelta, disputa la presidencia de Argentina contra el candidato peronista Sergio Massa.

Apertura total del comercio internacional; disminución del tamaño del Estado y reducción del gasto público, mediante supresión de ministerios, eliminación de subsidios económicos y programas sociales; privatización de los sistemas de salud y educación; liberación del precio de los alquileres e incluso privatización de calles. Propone también avalar la venta de órganos humanos y la portación de armas. En materia de infraestructura, propone dejar la construcción o adecuación de toda obra pública a la iniciativa privada. Asimismo, ha anunciado que privatizará la televisión pública, el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales y acabará con el Instituto Nacional contra la Discriminación. Estas son, a su juicio, acciones o entidades en las que no tiene por qué intervenir el Estado.

Las medidas de desregularización laboral se acompañan con la propuesta de acabar definitivamente con el sistema público de jubilaciones

Además, dolarización de la moneda nacional y reducción de impuestos a los grandes capitales, con el ya conocido eufemismo de que ello estimula la generación de empleo. A propósito de esto último, profundización de la desregulación del mercado laboral, lo que significa seguir adelante con su precarización, bajo contratos de corta duración, por ejemplo, y sin ningún tipo de prestaciones ni garantía de derechos para los trabajadores. Las medidas de desregularización laboral se acompañan con la propuesta de acabar definitivamente con el sistema público de jubilaciones.

De acuerdo con lo anterior, el refrito que este señor con fuertes visos de psicopatía quiere vender hoy como nuevo, y los efectos que de él se derivarán si es que logra alzarse con la presidencia, ya los vivió y pagó con creces la sociedad argentina durante la dictadura. Aparte del costo en vidas, desinstitucionalización de la nación, violación de los derechos humanos y alrededor de treinta mil personas desaparecidas, dejó un país absolutamente desastrado y cuyos efectos aún se están pagando.

La economía quedó anclada y con una fuerte dependencia del mercado financiero, especialmente internacional, con la consecuente pérdida de participación de los sectores agrícola e industrial, que quedaron en desventaja para competir con los bienes importados desde países con mayor desarrollo tecnológico y con productores altamente subsidiados. La participación de la industria en la producción total del país se redujo del 21,8 por ciento en 1976 al 13,2 por ciento en 1983, inicio y final de la dictadura. En ese mismo lapso, las exportaciones industriales cayeron del 20,8 al 13,3 %, en beneficio especial de las empresas transnacionales que terminaron siendo las grandes beneficiadas.

Entre las medidas de mayor relevancia, por el costo enorme que tuvo para los argentinos, estuvo la de la liberación financiera, que hoy vende como otra de sus fórmulas nuevas Javier Milei,

Hubo un deterioro en la distribución del ingreso en desmedro de los sectores más pobres y, de manera simultánea, una enorme pérdida del empleo formal, así como del salario real de los trabajadores de menos ingresos, que tuvieron una pérdida de casi el 50% de su poder de compra en el mismo periodo. Todo esto a la par con la práctica destrucción del movimiento sindical, uno de los más fuertemente golpeados durante el dominio de los militares.

Entre las medidas de mayor relevancia, por el costo enorme que tuvo para los argentinos, estuvo la de la liberación financiera, que hoy vende como otra de sus fórmulas nuevas Javier Milei, prometiendo que una de sus más radicales acciones será la de acabar con el Banco de La República. Qué susto. Dejar el mercado financiero por fuera de la regulación del Estado o, en este caso, del Banco Central como entidad independiente, al tiempo con la liberación del mercado cambiario, que tambien propone, condujo en su momento a una enorme ola especulativa en la que influyó la libertad de los privados para crear sucursales bancarias y disponer a su antojo de la fijación de los tipos de interés, que en cuanto más elevados mejor para la atracción de inversionistas, con consecuencias funestas que el Estado tuvo luego que asumir.

La deuda externa, que sería a la postre uno de los factores de declive de la dictadura, se multiplicó por cinco durante su vigencia; si a su inicio ascendía a 7.800 millones de dólares, al finalizar, en 1983, llegaba a 43.600 millones de dólares.

Con ese panorama, agravado por el cruento episodio de las islas Malvinas, terminaron las promesas libertarias del entonces afamado ministro Martinez de Hoz, que hoy parece reencarnar sin moderación en el irascible candidato Milei, aunque con una diferencia: si en su primera versión el modelo fue impuesto a sangre y fuego por un gobierno de facto, hoy podría ser elegido por una ciudadanía, especialmente de los jóvenes, que parecen convencidos de que verdaderamente los interpela y les está ofreciendo el paraíso de la libertad.

 No se puede permitir que maniqueamente y en nombre de la supuesta defensa de la libertad nos sigamos acercando al colapso como sociedades.

Una juventud que de primera mano no conoció los desastres de la dictadura, cautivada por lo que consume en las redes y por un candidato que le suena atractivo justamente por su excéntrica exposición mediática y que se muestra disruptivo frente a una clase política -a la que Milei llama "La Casta”- de la cual se encuentra efectivamente cansada, en la que para nada confía y con la que no ve opciones ni de presente ni de futuro.

Milei cosecha su apoyo en la aguda situación de crisis que vive Argentina, especialmente por el crítico desempeño de su economía. Pero lo cierto es que es un autodenominado libertario detrás del cual se esconde realmente un energúmeno, aporofóbico, conservador de extrema derecha, con tintes fascistas, devoto de figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Benjamin Netanyahu y, como si le faltará para completar su insania, amigo y figura consentida de la congresista Maria Fernanda Cabal, despreciable figura de la extrema derecha colombiana. Qué más quieren los argentinos para entender que, si Argentina está al borde del abismo, con Milei Daría el paso al frente que le hace falta para terminar de hundirse.

Milei es de la cuerda de esa nueva derecha regresiva, xenófoba, racista, misógina, homofóbica, negacionista del cambio climático y enemiga de los movimientos sociales, para quien hablar de justicia social le parece aberrante; de los que creen que la pobreza no se origina en el conjunto de desigualdades que ha propiciado el modelo de sociedad y desarrollo, sino en la pereza o la falta de capacidad e iniciativa de quienes la padecen.

La sola idea de la competencia, la ausencia absoluta del Estado y la fe ciega en las bondades del estímulo al sector privado, en las que Milei cree firmemente, no son camino suficiente para corregir falencias tan profundas e históricamente acumuladas

Nada más insensato que, en medio de una crisis tan aguda como la que está viviendo Argentina, con una inflación de alrededor del 150%, decrecimiento de su producto interno, pobreza del 40%, informalidad en ascenso; pensar que no se requieren políticas de Estado que protejan a los sectores que más acumulan desventajas. La sola idea de la competencia, la ausencia absoluta del Estado y la fe ciega en las bondades del estímulo al sector privado, en las que Milei cree firmemente, no son camino suficiente para corregir falencias tan profundas e históricamente acumuladas.

Es cierto que tampoco la dirigencia argentina ha logrado liderar un movimiento capaz de convocar y dar respuesta al descontento social y poner en curso una propuesta que permita atender las graves problemáticas que desde hace varios lustros enfrenta la ciudadanía argentina; pero ello tampoco debe ser camino despejado para esa teológica exaltación del individualismo y ese odio al Estado, con todas las críticas que sin duda le asisten. 

Propuestas como la de Javier Milei son parte de una fuerte regresión política y cultural que pone cada vez más en riesgo las instituciones de la democracia, ya de por sí bastante frágiles. No se puede permitir que maniqueamente y en nombre de la supuesta defensa de la libertad nos sigamos acercando al colapso como sociedades.

Hay un amplio campo de incertidumbre sobre lo que, con uno u otro candidato, le deparan la elecciones al país austral el próximo domingo, pero ya los votantes de América Latina hemos ido aprendiendo e incluso acostumbrando, a que siempre habrá un mal menor a la hora de elegir. Amanecerá y veremos, argentinos.

 

*Economista-Magister en estudios políticos

miércoles, 18 de mayo de 2016

DE QUIEN LLAMA A LA RESISTENCIA CIVIL


Orlando Ortíz Medina*



Difícil digerir que quien hoy enarbola el llamado a la resistencia civil sea justamente el que en la Colombia contemporánea se ha destacado como el más enconado enemigo de la civilidad. Nadie como él representa mejor la estirpe guerrerista y de acendrado militarismo que ha caracterizado pensamiento y acción de una inmensa porción de la sociedad colombiana, incluidos partidos, gobernantes, movimientos armados de izquierda y de derecha, y no menos una buena parte de la sociedad civil, que ha prohijado el uso de las armas y de la violencia como el recurso fundamental para la conquista y defensa de la autoridad y del poder.

En su caso, a Álvaro Uribe hay que abonarle, aunque no celebrarle, el haber logrado convocar en su entorno a esa especie de identidad y sentido común que se ha construido alrededor de que solo fuerza y la acción militar constituyen el fundamento de la seguridad, el orden y la legitimidad del gobierno y el Estado.

En efecto, la significativa acogida de su Política de Seguridad Democrática, se explica justamente como producto del encuentro entre las bases de su propuesta de gobierno y un discurso social erigido históricamente alrededor del militarismo, con el que en su momento pudo fácilmente ponerse en sintonía.

También el país había llegado a una especie desesperanza colectiva luego del fracaso del proceso de negociación con las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), y estaba en boga la llamada cruzada mundial contra el terrorismo promovida por el gobierno norteamericano después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Dos circunstancias adicionales que sumadas a su ya conocido talante autoritario le permitieron copar a su antojo la institucionalidad y los espacios mediáticos, además de poner a su favor a la mayoría de los sectores políticos y sociales, más allá incluso de las fronteras nacionales.   

Terminó así como protagonista de un gobierno en el que las fronteras entre lo civil y lo militar tendieron a desdibujarse, o se confundieron como sangre de una misma vena en los distintos ámbitos de la vida social, política y cultural de la nación. Basta recordar la manera como en su gobierno se entendió y convocó la solidaridad y la cooperación ciudadana, que llevó a la vinculación o mimetización de los civiles en tareas de estricta competencia de las fuerzas armadas y de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, a través de figuras como las Redes de Informantes, los Frentes de Seguridad Ciudadana y los soldados campesinos, principalmente; un híbrido ampliamente cuestionado con el que se quiso hacer de cada ciudadano un policía o un soldado más al servicio de la política de seguridad del Estado.

Así ha entendido Álvaro Uribe la cooperación y la solidaridad a que se deben y se obligan los ciudadanos con el Estado; una curiosa dimensión en la que el estamento y la doctrina militar terminan siendo la fuerza integradora y de cohesión de la sociedad y la nación, y que se invocan a favor del establecimiento y no de la ciudadanía que padece los rigores de la guerra y la violencia.

Si sobre la base de estos principios Uribe logró poner en cuestión la existencia de un conflicto armado en Colombia, sobre ellos mismos propone hoy un llamado a la resistencia contra el proceso de paz, en el que en sus delirios ve a un monstruo de mil cabezas vestido de actos de impunidad, amenazas contra la democracia, el estado de derecho y las instituciones. Claro que en la otra faceta de su enredadora personalidad sabe que lo que hay realmente es una amenaza contra sus intereses personales y familiares, y los de amigos, contertulios y exfuncionarios de su gobierno, algunos prófugos, unos y otros implicados en la comisión de distinto tipo de delitos.  

De manera que lo que subyace en su propuesta es, por el contrario, el deseo de una sociedad dividida, confrontada y enajenada en el ideario de quien ha aprendido a solazarse en sus miedos y en el discurso apocalíptico de la inevitabilidad de la tragedia, si no se acoge a pie juntillas el decálogo de sus postulados dictatoriales.   

Él sabe y aprovecha que tiene a su favor el saldo que todavía le queda de una buena cuota de popularidad, empujada entonces por el desprestigio que de manera simultánea se granjeaban las FARC y, como ya al comienzo se anotó, por ese nexo no difícil de encontrar entre su talante y el de una sociedad acostumbrada a marchar al ritmo de la melodía autoritaria que resuena en sus discursos, y que los medios como áulicos abyectos, temerosos u obligados, reproducen como las máximas del Gran Hermano.

Con su mañoso y eufemístico llamado, que usurpa y manosea el pensamiento de verdaderos líderes y adalides de la civilidad como Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela, entre otros, lo que le interesa realmente es atravesarse para que una solución política y negociada del conflicto armado, en la que nunca ha creído, quede fuera de toda consideración. Asimismo, continuar en su tarea de afianzar conceptos, lenguajes y formas de pensamiento que sigan manteniendo la perversa ecuación amigos-enemigos en todos los niveles de la sociedad, y especialmente en el ámbito de la política, para que la guerra siga siendo no sólo su espacio de divertimiento, sino la brea con la que pavimenta el camino por el que pueda evadirse de sus delitos y responsabilidades.

Ojalá esta vez la sociedad haga caso omiso al llamado de quien sólo se ha caracterizado por su desprecio de las lógicas consensuales, el diálogo, el discernimiento, en fin, su desprecio por la política, esa sí razón de ser de la civilidad y los fundamentos de los Estados y las democracias modernas.

La terminación del conflicto armado por la vía del diálogo y la negociación será un paso fundamental para trascender las posiciones totalitarias que desde una u otra orilla han servido para que en el país se mantenga viva la llama de la guerra y la violencia; es también la posibilidad de recuperar el espacio para la pluralidad y evitar que se siga promoviendo el cercenamiento de cualquier forma de pensamiento o ejercicio de la crítica.

Lo que nos corresponde como individuos y como sociedad es avanzar en la arquitectura de nuevas formas de aprehensión e intervención en la política, en donde la violencia y la respuesta militar como alternativa para la solución de los conflictos sean entendidas como parte de un atavismo histórico y una forma de vida ya proscrita.

Finalmente, en donde la ética civilista, de la que poco conocemos en el ilustre personaje que da lugar a este escrito, sea el verdadero fundamento de la nueva majestad de la sociedad y del Estado.



*Economista-Magister en Estudios Políticos