El estallido gremial

Orlando Ortiz Medina*

Como la pobre viejecita del famoso cuento de Rafael Pombo, los camioneros paralizaron el país porque, según ellos, se están quedando “sin nadita que comer” 

Durante cuatro días el país fue paralizado por uno de los gremios económicos más importantes y con mayor poder de daño e intimidación en Colombia, el de los transportadores de carga. Fue esa su respuesta al incremento en el precio del ACPM, cuya cifra se había mantenido congelada desde hace casi cinco años. 

Durante ese tiempo, el resto de los colombianos hemos tenido que asumir el alza del precio de la gasolina, los alimentos, los arriendos, la ropa, el calzado, los costos de acceso a la salud, la educación, la recreación y en general de todo el paquete de bienes y servicios que componen nuestra canasta básica de consumo, cada día más básica. 

En otras palabras, los grandes propietarios del transporte de carga han venido gozando de un enorme privilegio frente al resto de los colombianos que, aparte de haber sido afectados con las alzas ya referidas, hemos debido asumir el costo que para las finanzas de la nación implica que el precio del ACPM no haya sido tocado desde enero de 2020. Pero, aun así, como la pobre viejecita del famoso cuento de Rafael Pombo, los camioneros paralizaron el país porque, según ellos, se están quedando “sin nadita que comer”. 

Para entender el problema hay que ponerlo en contexto, pues es el resultado de un conjunto de factores que ha llevado a una situación desde todo punto de vista insostenible, que en cualquier momento tenía que develarse. Aquí lo que está en juego son decisiones técnicamente equivocadas, posiciones económicas dominantes, así como jugadas e intereses políticos. 

Terminamos entonces pagando la gasolina y el ACPM nacional como si hubieran sido obtenidos con petróleo importado, aunque su producción con petróleo extraído de nuestro propio subsuelo haya tenido un costo significativamente más bajo

Una metodología de cálculo de precio antitécnica e insostenible

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC-, que es el que está en el centro del asunto, fue creado y adscrito al Ministerio de Hacienda en 2007, con el propósito de poner en armonía los precios nacionales con los internacionales, en este caso específicamente con el precio del petróleo, que es el insumo de cuya refinación se extrae la gasolina o el ACPM. Es justo en ese propósito en donde se presenta el primer escollo técnico, pues, en vez de tener como referencia los costos de producción interna, como en principio y en sana lógica corresponde para la fijación del precio, a este se le dejó atado a la variación del precio internacional. De manera que, cuando el precio internacional sube, automáticamente y en la misma proporción sube también el precio interno, independiente de lo que internamente ocurra con los costos. 

Terminamos entonces pagando la gasolina y el ACPM nacional como si hubieran sido obtenidos con petróleo importado, aunque su producción con petróleo extraído de nuestro propio subsuelo haya tenido un costo significativamente más bajo. De acuerdo con el exministro Luis Fernando Velasco, un barril de petróleo cuyo costo de producción está hoy entre USD 26 y USD 28, lo hemos pagado este año a un promedio de USD 80. 

Pues bien, en la medida en que lo que ha ocurrido es que el precio interno se ha quedado rezagado respecto al precio internacional, se ha generado un enorme desbalance en el FEPC, que ha tenido que ser cubierto con plata del erario, es decir, con los impuestos que todos le pagamos al fisco, en tanto a los transportadores no se les exigió ningún tipo de pago o cuota de compensación; por el contrario, como ya se anotó, el presidente Iván Duque decidió congelarles el precio.

Ese es el segundo escollo técnico, pues no es posible mantener un fondo para cubrir situaciones de déficit sin una fuente de recursos que lo alimente. Hay que anotar que, en el caso de la gasolina, esta situación sí se ha corregido porque, de manera escalonada, el precio por galón ha venido subiendo. El porqué no en el caso del ACPM nos lo explican los cuatro días de parálisis a la que los dueños del transporte sometieron al país.   

Después del paro al país le quedó claro que el descongelamiento del precio de los combustibles es un imperativo, por el efecto que sigue causando sobre las finanzas de la nación y porque se dejan de atender necesidades prioritarias de otros sectores y poblaciones. 

El FEPC cerró en 2023 con un déficit de alrededor de treinta y ocho billones de pesos que le quedó como una papa caliente al nuevo Gobierno, el cual de manera responsable ha estado haciendo todo lo posible por saldarlo y evitar que el país se conduzca hacia una situación todavía más crítica, aun asumiendo el costo económico y político que ello le significa. Su posición desde un comienzo ha sido clara al considerar que lo que hay hasta ahora establecido es manifiestamente antitécnico e insostenible, además de ser un subsidio injustamente asignado a quienes ni lo necesitan ni lo merecen, e injustamente cargado al bolsillo de quienes ni lo deben ni tienen por qué pagarlo. 

Por demás, hay que entender lo difícil que resulta que los precios internos estén atados a los vaivenes de una economía internacional sacudida por guerras y conflictos regionales, crecientes flujos migratorios, fuertemente afectada por el cambio climático, inestabilidad política y que no supera todavía los impactos de la pandemia.

El cierre de vías, el bloqueo de las entradas a las principales ciudades y todo lo que ello significa en materia de movilidad, parálisis de la producción y abastecimiento de productos, tuvo claramente la intención de poner al Gobierno contra la pared y bloquear y deslegitimar su agenda programática.

Cálculos políticos

Teniendo en cuenta que las medidas que ha querido implementar el actual Gobierno tocan los intereses de los grandes empresarios, hay que inferir que detrás del paro se mueven, por supuesto, los intereses, el oportunismo y el cálculo político. 

Cuando Duque decidió congelar el precio de los combustibles, lo hizo a sabiendas de que subirlo le iba a costar mucho por la baja popularidad que en el momento le afectaba -estando además en plena época de pandemia- y por los cálculos electorales frente a la próxima campaña presidencial, que ya empezaba a calentar motores. Fue una medida populista y terriblemente irresponsable. Calculó en votos lo que el alza le podría significar para la continuidad de su partido en el poder, no solo por el impacto que en su momento iba a tener sobre la mayoría de los sectores sociales, sino porque le implicaba la pérdida de apoyo de los grandes transportadores, con quienes siempre ha compartido intereses y afinidad política. 

Pero el paro es también parte de ese afán desestabilizador que desde la derecha y la extrema derecha se ha venido agitando con el propósito de que las políticas de este Gobierno sean conducidas al fracaso. Con un apoyo mediático sin precedentes, acudiendo a las falsas noticias, la manipulación y la desinformación, los partidos de oposición, incluidas sus representaciones en el Congreso, se han alineado en una campaña sistemática de bloqueo y desprestigio de sus propuestas. La movilización convocada por los transportadores estaba en línea con ese objetivo. El cierre de vías, el bloqueo de las entradas a las principales ciudades y todo lo que ello significa en materia de movilidad, parálisis de la producción y abastecimiento de productos, tuvo claramente la intención de poner al Gobierno contra la pared y bloquear y deslegitimar su agenda programática.

Hubo, hay que reconocerlo, un manejo adecuado de la protesta, se mostró que es posible el camino del diálogo y la concertación en el marco del respeto a las instituciones, al derecho a la movilización y al cumplimiento de las reglas democrática

Con todo, no se puede afirmar que los cálculos les hayan salido bien. Primero, porque después del paro al país le quedó claro que el descongelamiento del precio de los combustibles es un imperativo, por el efecto que sigue causando sobre las finanzas de la nación y porque se dejan de atender necesidades prioritarias de otros sectores y poblaciones. Segundo, porque dejó al desnudo una serie de anomalías relacionadas con el abuso que se comete con los pequeños propietarios y con los pagos injustos y el desconocimiento de los derechos laborales de quienes contratan como conductores.  

Hubo, hay que reconocerlo, un manejo adecuado de la protesta, se mostró que es posible el camino del diálogo y la concertación en el marco del respeto a las instituciones, al derecho a la movilización y al cumplimiento de las reglas democráticas; esta fue una de las mejores lecciones que dejó frente al paro la actitud del Gobierno. 

Lo que se vivió en esos cuatro días no fue para nada, como algunos han querido hacer ver, un nuevo estallido social; fue más bien un estallido gremial; la manifestación de un sector que quiere sobreponer sus intereses particulares por encima de los de una sociedad que no quiere seguir siendo excluida, y los de un Gobierno que busca orientar sus políticas por una senda sostenida de crecimiento, al tiempo que avanzar hacia un sistema de financiación y asignación de recursos en los que se llegue con prioridad a los sectores que en las escalas económica y social presentan mayores desventajas.

Los cambios se necesitan 

Lo cierto por ahora es que el problema se mantiene y que la afectación a las finanzas del Estado se va a seguir produciendo. El incremento logrado de ochocientos pesos, diferido a dos cuotas de aquí al mes de diciembre, no cubre las necesidades de financiación y el FEPC va a seguir con el déficit que compromete la estabilidad económica del país para los próximos años, en un escenario que se avizora complicado para el 2025 y con un Congreso, como ya se dijo, en su mayoría dispuesto a interponerse en la gestión del Gobierno. 

Además, el paro llamó la atención sobre otros aspectos de la movilización de carga en Colombia. Por ejemplo, el de su necesaria diversificación; en lo que ha estado empeñado este Gobierno, mediante la recuperación del sistema fluvial y sobre todo férreo. Ha quedado en evidencia que la falta de una red multimodal facilita el establecimiento de posiciones dominantes, como la que actualmente tienen los dueños del transporte por carretera, que controlan el 90% del total de la que se moviliza en el país.

Asimismo, se reafirma que hay que avanzar hacia un sistema de transporte movido con energías limpias y que disminuya la dependencia de los hidrocarburos, cuyo peso en los costos del transporte no solo va a ser cada vez mayor, sino que mantenerlos subsidiados contradice las propuestas que en materia de transición energética ha venido proyectando el actual Gobierno. 

Hay otros temas, como que el trazado y el estado de las vías hacen que el país sea poco competitivo en materia de movilidad desde y hacia los puertos embarque; tanto las distancias como lo tiempos son superiores a los de otros países, algo que tiene que ser revisado, al igual que la renovación y actualización tecnológica de la flota de vehículos.

En conclusión, aunque con la disposición al diálogo y la concertación, el Presidente debe mantenerse firme en su intención de lograr, no solo el equilibrio y la estabilidad de las cuentas de la nación, sino que los sistemas de financiación y asignación de los recursos no sigan concentrados en los sectores que económica, social y políticamente han logrado una mayor acumulación de poder. Son esos, además, los imperativos para lograr el cambio al que la mayoría de los electores le apostaron con esta nueva marca de gobierno, y para que la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia sean posibles en Colombia.

*Economista-Magister en estudios políticos

Dos años de Petro ¿para dónde vamos?

Orlando Ortiz Medina*

Lo que vive hoy Colombia es un quiebre histórico cuyas realizaciones y consolidación demandan todavía un largo tiempo para encontrar el rumbo que logre sobreponerse a un modelo que es económica, social, ambiental y políticamente insostenible.  

Viene el cambio

El 7 de agosto de 2022 se protocolizó por primera vez el arribo de un presidente de izquierda en Colombia. La llegada a la Presidencia de la República de alguien venido de la otra orilla del establecimiento fue un hecho supremamente destacado, frente a un régimen que durante más de doscientos años había estado en cabeza de lo más encumbrado de los sectores sociales y las élites económicas. 

El triunfo de Gustavo Petro debe entenderse como el culmen de un proceso acumulativo de factores que en los últimos años ha dado lugar a cambios significativos en el acontecer y la cultura política colombiana. Si bien ha sido un proceso lento, con toda serie de ires y venires, el final de la primera y el comienzo de esta segunda década del milenio ha marcado un parteaguas que, con mucho todavía por hacer, parece poner al país en una senda definitiva de transformaciones. 

Empecemos por decir que el acuerdo que llevó a la desmovilización de las FARC, con todas sus falencias y las trabas que desde los sectores afectos al viejo orden se han erguido para que no pueda llevarse a cabo, fue un hito importante para la comprensión y el ejercicio de la política en Colombia; pues no solo se le devolvió a ésta el sentido y la razón de ser, sino que dio lugar a que se recuperaran para la agenda del debate público puntos claves que la confrontación sostenida durante muchos años en torno a la búsqueda negociada de la paz o la continuación de la guerra había eclipsado.

El estallido social de 2021 fue un asomo de lo que políticamente se iba a expresar en el más próximo escenario político, que fueron justamente las elecciones de 2022

La lucha contra el hambre y la pobreza, la inequidad, la cobertura universal en el acceso a la salud y la educación, la posibilidad de una jubilación digna para un mayor número de ciudadanos y la garantía de derechos laborales para los trabajadores, así como la reorientación del actual modelo de desarrollo por sus impactos negativos en el medio ambiente y la exclusión de amplios sectores de la población ocupan hoy un lugar preponderante en la opinión pública colombiana.

A lo anterior se suma el hecho de que nuevos sectores de población logran abrirse espacio para la participación política y que hay una reconfiguración de las formas de representación, nutridas en parte de la crisis que agobia a las tradicionales formaciones partidistas, cuyo respaldo se fue minando en medio de su conversión en lánguidas estructuras burocráticas, permeadas por la corrupción, por el agotamiento de sus prácticas políticas y por la mayor conciencia y consenso ciudadano ante lo poco y nada que históricamente han representado sus intereses. 

Especialmente desde el segundo semestre de 2019, empieza a manifestarse el acumulado de un movimiento social que, con un contenido diverso de sectores y reivindicaciones, se toma las calles y cuya mayor expresión es el estallido social de 2021. Este fue una voz de alarma en un momento en que la población se resentía no solo de las inadecuadas y torpes políticas del gobierno de entonces, sino de los efectos que a nivel mundial venía causando la pandemia del covid-19. Fue también un asomo de lo que políticamente se iba a expresar en el más próximo escenario político, que fueron justamente las elecciones de 2022; un proceso en el que toma curso la politización de las demandas de una ciudadanía que se pone en escena y que una confluencia de partidos de izquierda, en buena hora, logra capitalizar para llevar a la presidencia y vicepresidencia a Gustavo Petro y a Francia Márquez, en lo que sin duda es el punto de inflexión más importante en la historia reciente de Colombia.

Una agenda ambiciosa con muchas barreras

Petro hace su campaña con una agenda que toca los puntos más sensibles de esa parte de la sociedad convencida de la necesidad del relevo de una clase política a la que ve como responsable de la situación en que se encuentra. Una agenda que, además, busca estar en sintonía con las demandas que la comunidad internacional reclama, en especial frente a la urgencia de dar respuesta a los desafíos del cambio climático y el avance hacia un sistema de producción basado en el uso de tecnologías limpias y menos dependiente de la explotación y uso de combustibles fósiles. Propone también un nuevo tipo de diplomacia, menos genuflexa de la que en el país venimos acostumbrados y que aboga sobre todo por la reorientación de la política de lucha contra las drogas y por un posicionamiento diferente de Colombia en el propósito de encontrar salidas negociadas a los conflictos regionales y las confrontaciones bélicas, poniendo en el centro la autonomía de las naciones y el respeto a los derechos humanos.  

Es un conjunto de apuestas sin duda ambiciosas y con muchas exigencias para que puedan ser llevadas a cabo en tiempo tan corto y en un escenario claramente adverso a sus fundamentos políticos y programáticos. El triunfo de una nueva fuerza política era impensable para unas élites acostumbradas a estar sin tropiezos en las estructuras de poder y negadas recurrentemente a hacer los cambios que el país requiere para salirle al paso a sus problemas más apremiantes y estructurales. Petro y Francia son algo así como una especie de intrusos que lograron atravesarse en el largo ciclo de dominación que hasta ahora han mantenido los sectores hegemónicos, que ven en ellos a alguien que puede poner en riesgo su estabilidad y la del establecimiento.

Con una institucionalidad y un Congreso mayoritariamente controlado por sus adversarios políticos, además de los poderes de facto de quienes tienen todo a su haber para bloquear sus reformas, era de esperar que el nuevo Gobierno se iba a encontrar con serias talanqueras para avanzar en sus propuestas al ritmo que los sectores que lo eligieron, y él mismo, quisieran haber tenido. Apoyados por una fuerte presión mediática, parlamentarios de la oposición, instituciones y gremios económicos han sido una camisa de fuerza que le impide moverse o hace por lo menos más lenta la implementación de su agenda de cambio. Reformas como la de la salud o la laboral, por ejemplo, tocan beneficios de grupos económicos con amplio influjo en el corpus y la débil conciencia de algunas representaciones políticas, lo que obviamente iba a hacer muy difícil su aprobación.  

Miedos infundados

Distinto a lo que vaticinaban, y en lo que siguen insistiendo sus contradictores, Petro no llega como el portavoz de una agenda antisistema, dirigida a acabar con el modelo económico y con quienes intentaron sembrar el pánico durante la campaña. No hay tal del supuesto espíritu expropiador ni del que se iba a pasar por encima de las leyes y las normas constitucionales; por el contrario, en sus propuestas no hay nada que se aparte ni vaya más allá de lo que reclama un Estado social de derecho, que al final lo que va a lograr es fortalecer el andamiaje del statu quo, que tanto preocupa a sus detractores.

En materia de defensa de las instituciones Petro ha sido más papista que el Papa, ha respetado la propiedad y la iniciativa privada, ha sometido sus propuestas al Congreso de la República y ha acatado las disposiciones de organismos como la Corte Constitucional, pese a que algunas de sus decisiones han afectado sus propuestas, especialmente en materia económica.

La oposición ha gozado de todas las garantías y no ha tenido la fuerza pública en las calles asesinando o sacándole los ojos a sus manifestantes, como ocurrió en el Gobierno de Iván Duque y durante prácticamente todos los gobiernos anteriores, en los que se estigmatizó y se criminalizó la protesta social. Ha estado además entre las tenazas de unos organismos de control que actúan como voceros de la oposición, tal cual la Fiscalía del malhadado señor Barbosa, ya ido para fortuna de la justicia, y de una Procuraduría y una Contraloría no menos adversas y que no honran las funciones a las que les corresponde ceñirse.  

Un desempeño económico satisfactorio

Si hay algo que destacar contra toda evidencia y que, mientras cierra la boca a quienes actuaron como aves de mal agüero y despierta críticas de algunos de quienes lo eligieron, es que, en materia de política económica, el Gobierno de Petro se ha mantenido fiel a los cánones del modelo neoliberal. El enfoque monetarista -que está en su base-, orientado desde del Banco de la República, y que ha adoptado una política contraccionista mediante la elevación inusitada de las tasas de interés, ha sido fielmente acatado por su ministro de Hacienda. Se han asumido también con juicio las restricciones que establece el Marco Fiscal de Mediano Plazo, con lo que ello implica en materia de gasto e inversión, cuyo recorte afecta el cumplimiento de sus metas económicas y el propósito de llegar con sus programas de justicia y equidad a un más amplio grupo de sectores sociales. 

Lo anterior se ha logrado con el sacrificio en algunos sectores, como la elevación del precio de la gasolina, a lo que se ha visto obligado para recuperar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que Duque dejó con un déficit de 36 billones de pesos. Ha honrado el pago de la abultada deuda externa que, con vencimiento de corto plazo, dejó pactada también Duque. La tasa de cambio ha tenido un comportamiento estable y en general con tendencia a la baja. Para pena y furia de sus enemigos, gracias a la reforma tributaria, hoy no solo se tiene un sistema de tributación más progresivo, sino que se ha logrado avanzar hacia una mayor estabilidad y un comportamiento positivo de los principales indicadores macroeconómicos. 

La pobreza monetaria pasó de 36,6% en 2022 a 33% en 2023, lo que significa que 1.623.788 personas salieron el último año de la pobreza en Colombia. Este dato es más significativo en las zonas rurales, en donde la pobreza tuvo una reducción de 4,7 puntos, al pasar de 45,9 en 2022 a 41,2% en 2023. Ha habido tambien una reducción de la desigualdad de ingresos, ya que en 2023 el coeficiente de Gini a nivel nacional fue de 0,546, mientras en 2022 era de 0,556. La inflación pasó de 13,1% anual en diciembre de 2022 a 6,86% en julio de 2024. Los datos del segundo trimestre de este año muestran que la economía avanza por una senda positiva, al registrar un crecimiento del 2,1%, y se espera que consolide su tendencia en los próximos trimestres. Todo en un contexto mundial nada fácil, en el que todavía se sienten los efectos de la pandemia y los impactos de la guerra en Ucrania, Rusia y Oriente Medio. 

La paz esquiva  

El tema de la paz es quizá el mayor escollo para el gobierno. Pese a sus esfuerzos, la mano tendida que ha desplegado a los grupos armados y los procesos de diálogo que avanzan con algunas organizaciones armadas, los resultados son todavía inciertos. El panorama de la negociación está bastante enmarañado, debido a la diversidad y la fragmentación de los grupos armados ilegales y delincuenciales, y al peso que en el conflicto sigue teniendo el control de territorios para la apropiación de rentas ilegales, tanto por parte de estructuras que tienen su origen en los grupos insurgentes: el ELN, las disidencias de las FARC y los reincidentes de estas mismas que se reúnen en la Nueva Marquetalia, o los heredados de las organizaciones paramilitares, como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, principalmente.  

Hay que decir también que no han sido muy claras la agenda ni la metodología de abordaje del proceso y que tampoco el Gobierno ha encontrado un ambiente político favorable, porque sus contradictores le apuestan todo a su fracaso en este y en otros temas. Siempre ha sido evidente que en Colombia hay sectores que se han servido de la guerra y la violencia para conquistar y mantenerse en el poder. También que, habiendo vivido en medio de reiterados ciclos de confrontación, atravesados por fracturas sociales y políticas profundas, en los que las causas, los escenarios y los actores se han renovado, difícilmente se pueden esperar cambios prontos sin tener en cuenta las inevitables fisuras y la gradualidad de los procesos.

Lo que  se necesita 

Si bien lo hasta ahora logrado por el Gobierno de Gustavo Petro no responde al total de las expectativas de sus electores, las bases de los movimientos que lo eligieron le han mantenido su apoyo. Esto denota la persistencia de esa parte del país que sabe que se requieren y es necesario empujar los cambios. Lo que lo que vive hoy Colombia es un quiebre histórico cuyas realizaciones y consolidación demandan todavía un largo tiempo para encontrar el rumbo que logre sobreponerse a un modelo ques es económica, social, ambiental y políticamente insostenible.  

Lo que está en juego es una nueva forma de vida y sociedad que ponga cortapisa a ésta en la que estamos viviendo, en donde la exclusión y la violencia han sido prohijadas moral, económica y políticamente. Los movimientos sociales, que siguen siendo el soporte de las transformaciones, deben afianzar su capacidad de convocatoria y liderazgo, no perder el norte de su agenda política y su estrategia de poder, lo que demanda afinar sus sistemas de comunicación y la manera de vincularse orgánicamente con sus bases. 

Si bien el tiempo y las circunstancias no están todas a favor, habrá que dejar sentadas las condiciones que justifiquen la permanencia de un gobierno y su propósito de consolidar un proyecto de gobernanza más justo, equitativo y democrático para Colombia.

Hay que seguir pensando en un presente y un futuro que no puede seguir anclado al pasado y a las inercias que arrastran unas estructuras y dirigencias que quieren mantenerse en un país que se ha negado a la paz y a la posibilidad de realización de la vida.  

*Economista-Magister en estudios políticos 

El Darién, síntesis de una crisis global

 Orlando Ortiz Medina*

La experiencia ha mostrado que entre más se endurezcan los regímenes y más barreras se establezcan para evitar el paso de migrantes, más aguda será la problemática y más difícil será para los propios Estados enfrentar y controlar la situación.

Ninguno de quienes han logrado pasar su espesa selva recomienda hacer la travesía por el Darién; es mejor no hacerlo, dicen, mucho menos si se piensa llevar niños o si se trata de mujeres en estado de embarazo, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. De haber sabido lo que les iba a tocar que vivir, no lo hubiera hecho.

Lo más duro, cuentan en informes de prensa y relatos periodísticos, fue encontrarse con cadáveres por el camino, algunos ya descompuestos o simplemente restos de personas que habían sido devoradas por animales de la región. Alumbramientos, familias que fueron estafadas o asaltadas y a las que despojaron de sus pertenencias; niños (as) que lloraban por hambre y mujeres que fueron violadas o abusadas sexualmente por quienes hacen parte de una cofradía indolente que se aprovecha de la penosa situación de quienes se desplazan en busca del todavía llamado sueño americano.

El Darién es una región de 575.000 hectáreas, convertida hoy en una de las rutas más difíciles y peligrosas del mundo para el tráfico irregular de personas, no obstante estar cubierta por un manto valioso de ríos, montañas y extensas zonas boscosas, además de ser poseedora de una fauna y flora rica y abundante y tener el privilegio de estar entre las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico. 

El cruce de población migrante no es allí un fenómeno nuevo, pues, si bien los primeros registros oficiales datan de 2010, su comienzo se produce desde la década de los noventa, especialmente con personas que huían de la violencia y el conflicto armado en Colombia. En las dos primeras décadas del presente siglo las cifras se vinieron en aumento, con una composición más variada de nacionalidades, en principio por personas, sobre todo, de origen cubano y haitiano. 

Comparado con el 2022 -en el que se registraron 248.000 personas- en 2023 la cantidad de migrantes de distintas nacionalidades que pasaron por el Darién aumentó en un 110%.

Es, sin embargo, a partir de 2015 cuando el fenómeno toma mayor fuerza y empieza una nueva fase de reconfiguración, como producto de la crisis que afecta a la República Bolivariana de Venezuela, de donde proviene hoy la mayor parte de quienes cruzan esta frontera. De 8.885 migrantes registrados en el 2015 se pasó a 520.000 en 2023, una cantidad sesenta veces superior y que por ahora no detiene su escalada. De esta cifra, el 69% son venezolanos, el 12% ecuatorianos, el 10% haitianos, el 5% chinos y un 4% colombianos, de acuerdo con Migración Colombia. El 60% de ellos ingresaron por la frontera con Venezuela y el resto, en su mayoría, por la frontera con Ecuador. 

De acuerdo también con Migración Colombia, comparado con el 2022 -en el que se registraron 248.000 personas- en 2023 la cantidad de migrantes de distintas nacionalidades que pasaron por el Darién aumentó en un 110%. En lo que va corrido de 2024, entre enero y junio, la cifra alcanzaba ya 196.371 personas, 297% más que en el mismo periodo de 2023. Vale decir que alrededor del 20% corresponde a niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos separados o no acompañados, una población que ha venido aumentando y que está entre la más expuesta a todo tipo de riesgos y padecimientos en las rutas de tránsito. 

Se resalta igualmente que, si bien el flujo de migrantes de América Latina sigue siendo el que más se destaca, ha aumentado igualmente el de personas provenientes de otras regiones, especialmente Asia, África y Oriente Medio, lo que llama a no perder de vista que a lo que realmente nos enfrentamos es a una crisis internacional sin precedentes y de proporciones cada vez mayores. Más adelante volvemos sobre el tema. 

Mulino, una agenda regresiva

Frente a esta situación, el recientemente posesionado presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció tomar medidas para “evitar que la selva del Darién siga siendo un lugar de paso para la población migrante”, fenómeno que se ha intensificado especialmente en los últimos cuatro años. 

Repatriación, militarización de la frontera e instalación de muros o cercas de alambre son medidas que generan una honda preocupación, pues se trata de una respuesta que no consulta la realidad de los ciudadanos en su país de origen y carece de un análisis serio de las consecuencias que pudiera llegar a tener. 

La experiencia ha mostrado que entre más se endurezcan los regímenes y más barreras se establezcan para evitar el paso de migrantes, más aguda será la problemática y más difícil será para los propios Estados enfrentar y controlar la situación. Es un hecho que lo que de ello deviene es que la migración irregular tiende a aumentar y que, al final, a lo que va a llevar es a presionar a que, encomendados a sus dioses, su suerte y sus quimeras, los migrantes acudan a cualquier otro tipo de alternativas, sin importar el riesgo que les pueda acarrear su decidida búsqueda de una nueva opción para sus vidas.

Aquí lo único cierto es que habrá más pasos ilegales, se llenarán más las arcas de los grupos delincuenciales que, más que los Estados, son los que ejercen la soberanía en las fronteras; será mayor la corrupción de los agentes oficiales, más abultado el contrabando y más candentes los problemas sociales en los países expulsores, de paso o receptores; tres características que posee, no propiamente para envidia y vanagloria, ese lugar de ensueño que, a pesar de todo, sigue siendo Colombia. 

También lo es que las propuestas de Mulino muestran a uno más de esa cohorte de nuevos mandatarios que se han convertido en los portavoces de una agenda regresiva, que se pasa sin rubor por encima de los derechos de la población migrante y refugiada, y que guarda todavía la absurda creencia de una superioridad fundada en el ideario de la disminuida hegemonía de occidente y su misión bíblica de mantener el dominio sobre el mundo.  

Se ponen en entredicho el derecho de asilo, el debido proceso, el derecho a una audiencia justa y la obligación también moral que asiste a los Estados de atender bajo la tutela de los principios humanitarios a personas refugiadas y migrantes.

Las medidas del nuevo mandatario desconocen la legislación internacional y las disposiciones de las propias leyes panameñas en materia de derechos de la población refugiada y migrante. Se pasa por encima de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, en particular lo que prescribe sobre las obligaciones de los Estados de garantizar su protección y la prohibición de devolver a sus lugares de origen a quienes, por una u otra razón su vida, integridad o libertad corran peligro. 

Se ponen en entredicho el derecho de asilo, el debido proceso, el derecho a una audiencia justa y la obligación también moral que asiste a los Estados de atender bajo la tutela de los principios humanitarios a personas refugiadas y migrantes. Desconoce que para su repatriación tienen que ser aceptadas por su país de origen, lo que implica procesos de conversación, negociación y acuerdos previos con los Estados referentes de donde proceden los flujos migratorios, que no es claro que existan o se estén llevando a cabo, máxime con el universo cada vez mayor de causas y lugares de procedencia.  

Las fronteras: símbolos de exclusión 

Lo que corresponde es situar y entender la migración en el contexto de crisis que, en su conjunto, vive el planeta y en las consecuencias de un modelo de civilización y desarrollo cuyos saldos de inequidad, pobreza, inseguridad, hambre, sequías y guerras fraguadas en el apetito de dominios imperiales, están en la base de lo que obliga a las personas a abandonar sus países. No es posible frenar ese éxodo de millones y millones de personas que se arriesgan a caer en el vacío en un mundo que en su devenir no va dejando más que profundas fracturas sociales, resentidas hoy, además, por el reacomodamiento de las hegemonías, las culturas y el desmoronamiento de las jerarquías políticas .

La migración seguirá siendo una realidad si el sentido de humanidad continua su proceso de degradación y si la vida de miles de seres humanos sigue siendo la más barata de las mercancías que se ofrenda en esa extensa vitrina de mercado en que la globalización ha convertido al mundo.

Ninguna política de control migratorio va a ser efectiva si no está dentro de un marco que la vincule imperativamente con la superación de las causas que generan los flujos migratorios

Asimismo, si las fronteras se enarbolan sobre todo como símbolos de exclusión de aquellos a quienes por suerte les tocó asumir la condición de extraños a los que se desprecia por su condición social, su nacionalidad, su género, su raza, su pertenencia étnica, su adscripción religiosa o su color de piel. También, de quienes para que se les conceda el paso tienen que ocultar las cicatrices que dejan en sus manos y pies la tosquedad de la manigua o el rastro físico y psicológico que llevan en sus cuerpos las mujeres que fueron víctimas de violación por parte de uno o varios de esos personajes que actúan en nombre o en contra de la ley. Porque si la migración terminó siendo un correlato perverso de la globalización, la frontera demarca cada vez más el mapa y la cartografía de un poder que trasunta el discurso de quienes se mantienen convencidos de la existencia de razas, culturas y nacionalidades superiores, que devienen en marcas institucionales con trazos asimétricos y variadas formas exclusión, discursos de odio y manifestaciones xenofóbicas.

Una solución global

En tanto que es un asunto trasnacional, la respuesta al fenómeno migratorio no es algo en el que medidas unilaterales puedan llegar a tener éxito y debe tratarse necesariamente en el marco de un diálogo multilateral y de la búsqueda de acuerdos que conciten respuestas globales, o cuando menos regionales, entre quienes comparten la situación en sus fronteras. Debe llevar también a que los países definan o ajusten sus normas institucionales y sus políticas de gestión y respuesta a la migración, siempre en el marco del respeto a los derechos y los acuerdos internacionales que comprometan humana y moralmente a los organismos y Estados responsables.

Deben ser soluciones sostenibles, que rebasen políticas o medidas temporales que van siendo insuficientes y fácilmente desbordadas por la magnitud de la situación. Más aún, que vayan más allá de medidas en las que la preocupación por la seguridad de los principales países receptores, en este caso los EE. UU., sea el único punto de la agenda, y en consecuencia la militarización y el trato humillante y represivo sea considerado como la más viable o la única respuesta. Son justamente esas las medidas que empezaron a ponerse en curso en la frontera entre Colombia y Panamá.

Le va a ser muy difícil y le va a costar mucho al gobierno panameño controlar una frontera tan larga - doscientos sesenta y seis kilómetros- y una selva tan espesa con cuatro cercas de alambre de 80 metros, como las que ya se han instalado. Ninguna política de control migratorio va a ser efectiva si no está dentro de un marco que la vincule imperativamente con la superación de las causas que generan los flujos migratorios: inequidad, pobreza, hambre, inseguridad, etc., y si no es parte, a su vez, de la de necesidad de trabajar para que el mundo se disponga a la construcción de una humanidad que, aunque diversa, sea capaz de converger en la búsqueda de una cierta justicia planetaria. 

*Economista-Magister en Estudios Políticos 

Un féretro es la imagen de la democracia en Colombia

Orlando Ortiz Medina*

Lo ocurrido en la marcha es una muestra de los trazos que todavía quedan de esa escisión heredada de la llamada época de La Violencia en Colombia, en cuyos imaginarios navega todavía el subconsciente de muchos colombianos.

Foto tomada del diario El País, de Cali

Un féretro con una corona encima fue una de las muchas imágenes exhibidas durante la marcha convocada por el uribismo y otros partidos de oposición el pasado 21 de abril. La imagen es espeluznante y eriza la piel en un país en el que violencia y política han corrido de la mano con un saldo terriblemente trágico, donde miles y miles de estas cajas mortuorias, no precisamente vacías, históricamente han desfilado por campos y ciudades.

El uso de esta lúgubre enseña simbólica no es sorpresa en un país en el que, desde mediados de la década de los cuarenta del siglo pasado, la violencia política ha dejado alrededor de nueve millones de víctimas, entre las que se cuentan cinco candidatos presidenciales y casi toda la militancia de un partido político, la Unión Patriótica, cuyos pocos sobrevivientes forman parte hoy de la coalición que por primera vez en Colombia llevó a un líder de izquierda, Gustavo Petro, a la presidencia de la República.   

Evoca los cerca de trescientos mil muertos de la época de la confrontación bipartidista en la que, enervados por el odio y arrastrados por sus dirigencias, conservadores y liberales hicieron de la muerte un festín y acudieron a todo tipo de prácticas para salir de aquellos a quienes, antes que contradictores, consideraron enemigos a los que había que liquidar. Evoca también los otros tantos miles de muertos que ha dejado la confrontación con las organizaciones insurgentes -ya algunas desmovilizadas-, surgidas en su mayoría durante el llamado periodo del Frente Nacional, como respuesta a la proscripción de que fueron objeto cualquiera de las fuerzas políticas no inscritas bajo la égida bipartidista, que ha sido tal cual la égida del establecimiento. 

De manera que lo ocurrido en la marcha es una muestra de los trazos que todavía quedan de esa escisión heredada de la llamada época de La Violencia en Colombia, en cuyos imaginarios navega todavía el subconsciente de muchos colombianos. Vale decir que para algunos puede que se ubique realmente en el más puro nivel de su conciencia. El asesinato recurrente de líderes sociales, comunales, ambientales, firmantes del Acuerdo de paz y defensores de derechos humanos, para nombrar solo unos de los más considerados no afectos al establecimiento, sigue dando cuenta de ello. 

Cuesta entender que en una marcha en la que se proclamaba la defensa de las instituciones se haga un llamado, así sea simbólico, a matar al presidente de la República.

Quienes acompañaban a los cargueros del féretro coreaban la consigna de “Petro, en serio, te vas pal cementerio”, expresada con un don tan natural que parecía un simple cántico de infantes, sin advertir el mensaje tremendamente violento que estaban promoviendo. Cuesta entender que en una marcha en la que se proclamaba la defensa de las instituciones se haga un llamado, así sea simbólico, a matar al presidente de la República. Desdice totalmente de lo que se proclamaba como una marcha pacífica y en la que se han ufanado en destacar el comportamiento cívico de quienes concurrieron. Nada más contrario a lo que realmente ocurrió.

La marcha, totalmente legítima como corresponde en un sistema democrático, contó con el respeto absoluto de parte del Gobierno. No fue este el caso de lo ocurrido en gobiernos anteriores, que estigmatizaron y criminalizaron la protesta social, respondiendo a las manifestaciones con el uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades militares y de policía. Basta solo recordar el más de un centenar de jóvenes asesinados y otros tantos mutilados ocularmente durante las jornadas de protesta ocurridas entre los meses de abril y junio de 2021, durante el gobierno de Iván Duque, para tomar solo el caso más reciente y lamentable. 

Colombia es un país en donde la violencia ha estado siempre imbricada en su historia y ha sido fácilmente acogida por una dirigencia tozudamente negada a que se impriman los cambios durante tanto tiempo aplazados, lo que explica en buena medida las razones de la confrontación de la cual pareciera imposible salir. 

Es la misma dirigencia a la que la sola idea de que alguien ajeno al establecimiento pueda llegar a las más altas instancias del poder la mantiene estresada y le suena delirante, en tanto no concibe otra cosa que la fidelidad al viejo orden, hecho a su medida. Es al fin y al cabo la sustancia de una premisa antidemocrática, en la que cualquier opción diferente se considera un exabrupto, el riesgo de un salto al vacío o la inminencia de un fracaso. Nada nuevo es posible, ni siquiera pensable. 

Fue esa la lógica establecida desde mediados del siglo XIX, cuando alrededor de los intereses de comerciantes, terratenientes, caudillos, familias y castas locales y regionales tuvo su origen la conformación de los partidos tradicionales que, aunque difuminados hoy en otras colectividades partidarias, siguen siendo en esencia los mismos. Vino viejo en odres nuevos. 

Dentro de ese universo la violencia tomó visos de naturalización e identidad y terminó siendo un instrumento útil y la vía más expedita para el acaparamiento de tierras, la extracción de rentas legales e ilegales, la apropiación de los presupuestos públicos, etc., además de cumplir su función como soporte y fuente de legitimación de las hegemonías y estructuras de poder, también legales e ilegales, que dominan en los territorios. Fue así como se impusieron las reglas de juego y como otras fuerzas políticas y formas de representación quedaron condenadas al destierro o listas para ser llevadas y exhibidas en cajas mortuorias. 

Es la puesta en escena de ese híbrido que somos de ufanos celebrantes de la democracia y de la vida, al tiempo que danzantes acuciosos de la negación del otro y de la acogida sin rubor a la paz perpetua de los cementerios. 

Proclamar la muerte del presidente de la república, así sea con una manifestación alegórica, fue un hecho tan propio del paisaje como, en el caso de Bogotá, los árboles tocados por la lluvia que iban quedando atrás con el paso de la marcha. Es la puesta en escena de ese híbrido que somos de ufanos celebrantes de la democracia y de la vida, al tiempo que danzantes acuciosos de la negación del otro y de la acogida sin rubor a la paz perpetua de los cementerios. 

Es, finalmente, el reflejo de una sociedad a la que le ha costado dar forma a otro tipo de hitos integradores, a nuevos referentes de identidad, que permitan que se abran espacios en los que el valor y la defensa de la vida y no la negación o eliminación del otro den lugar a formas de convivencia en las que justamente ser, pensar, creer y tener historias y pertenencias políticas distintas sea el sustrato fundante del ejercicio de la libertad y de un nuevo país en el que, en las marchas, los féretros al hombro no sean propiamente los que simbolicen la manera de diferenciarnos; y sobre todo de entendernos. 

*Economista-Magister en Estudios políticos 

Sobre la reforma a la salud

 Orlando Ortiz Medina* 

Tomada de: Change.org

Nada es nuevo en relación con los más recientes hechos respecto del sistema de salud en Colombia; particularmente la intervención en los últimos días de las EPS Sanitas y Nueva EPS.

Basta recordar que, de acuerdo con la Super intendencia de Salud, entre 2003 y 2015 fueron liquidadas 102 EPS, es decir, que a fecha de hoy alrededor de 120 de estas entidades han sido liquidadas, 13 de ellas solo durante el gobierno de Iván Duque.

Entre las razones se encuentran casos de corrupción (Tal vez de los más sonados es el de SaludCoop), insolvencia económica, elevado número de quejas por parte de los usuarios debido a la precariedad en la prestación del servicio, y en algunos casos problemas relacionados con ineficiencia administrativa.

De manera que el juicio que se le quiere hacer al actual gobierno como responsable de la crisis que afecta al conjunto del sistema es a todas luces insensato y responde antes que nada al propósito de la oposición de querer enlodar su gestión y desdeñar su deseo de dar curso a una reforma que garantice mayor solidez y ofrezca un mejor servicio a los usuarios.

¿Por qué el grito en el cielo se pone hoy y no cuando, como ya se dijo, fue mayor el número de empresas que se tuvieron que intervenir en los anteriores gobiernos? ¿Fue hasta ahora que partidos de oposición, medios de comunicación, gremios y empresas se dieron cuenta de que los colombianos venimos siendo sometidos a un sistema que ha estado lejos de prestar un servicio eficiente, oportuno y de calidad, sobre todo para las poblaciones más desprotegidas y vulnerables?

¿Por qué entonces si, como parece obvio, la crisis ha sido recurrente, los partidos de derecha, que son la mayoría en el Congreso, se encargaron de que la propuesta de reforma fuera hundida en la Comisión Séptima del Senado de la República?

Las razones son claras: por un lado, la privatización del sistema a principios de la década del 90 hizo de la salud un jugoso negocio a cuyo usufructo no quieren renunciar quienes se han ido concentrando como sus principales benefactores; por otro, esos mismos benefactores financiaron las campañas de los partidos cuyos representantes tenían en sus manos la decisión de dejar o no que la reforma fuera aprobada. El Centro Democrático, el Partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador y la Alianza Social Independiente, que conformaban la mayoría en la Comisión Séptima, recibieron dinero de la empresa Keralty, propietaria de la EPS Sánitas, de acuerdo con denuncias hechas por el propio presidente y ratificadas en la edición del domingo 7 de abril por la revista Cambio. 

Este hecho configuraba por lo menos un impedimento ético que, si de ello estuvieran medianamente arropados los congresistas, los hubiera conminado a declararse impedidos a la hora de votar y expresar su decisión.

Así que si la reforma se hundió no fue porque no fuera pertinente y estuviera debidamente justificada, sino por una jugada política y un hecho inmoral en cabeza de los congresistas de la oposición, financiados por una de las empresas con intereses en el negocio.

Si la crisis empezó a manifestarse hace ya más de veinte años, aquí lo único nuevo es un gobierno cuya agenda de reformas quiere poner el interés general y colectivo sobre el de aquellos que durante toda la vida se han lucrado, a costa de quienes han carecido de voceros en los espacios de representación a la hora de tomar las decisiones.

Gustavo Petro es un presidente atenazado por un Congreso cuyas mayorías de la derecha le apuestan al fracaso de su gobierno. Un Congreso que se propone seguir legislando en contravía de los derechos y el bienestar de quienes solo son utilizados para cooptar su voto, y a los que luego los congresistas olvidan para mantenerse al servicio de aquellos a quienes mantienen endosadas sus conciencias.

Era de sobra sabido que este era el sino que iba a marcar el gobierno de Gustavo Petro, bloqueado por unas dirigencias partidistas que se mantienen intactas en sus costumbres, anegadas en  prácticas non santas y con muy baja estofa ética y moral.

Pero, si bien no es nuevo esto de las intervenciones y/o liquidaciones de EPS, lo cierto es que el presidente y su equipo de gobierno asumen una enorme responsabilidad con la reciente decisión de intervenir a dos de las empresas en este campo más representativas. Le va a costar mucho si se muestra inferior a los retos que tales determinaciones le imponen y debe sí o sí asegurar una mejor y más eficiente prestación del servicio a los afiliados.

Si optó por ese camino, le corresponde dotarse del mejor equipo humano posible y disponer de los recursos tecnológicos y financieros que eviten una nueva frustración a los usuarios. Debe saber que es mucho lo que se está jugando y que el universo infinito de enemigos que en torno a él se agrupan están a la orden y en disposición para disparar desde todos los frentes para verlo fenecer en su intento de que por fin algún día la democracia y la vida digna sea una posibilidad para todos y todas en Colombia.

Es también tarea de todos los ciudadanos disponer y manifestarse en su apoyo al gobierno en sus diferentes propuestas de reforma. Hay que entender que frente a los anhelos de cambio, tantas décadas aplazados, existen y van a seguir existiendo barreras muy difíciles de sortear. Los dueños del establecimiento no ahorrarán esfuerzos para cerrarles el paso y dejar que su hálito conservador, el egoísmo de sus intereses y sus ímpetus regresivos sean los que se sigan imponiendo. La derecha en Colombia ha sido siempre enemiga del progreso, mezquina en sus designios y claramente enemiga de quienes más requieren de un Estado de Derecho que esté efectivamente a su servicio.

Bien hace el señor presidente en llamar a todos a quienes hacen parte del sistema de salud en Colombia a que se unan al propósito de reforma: clínicas, hospitales, médicos, enfermeras y demás empleados que no disfrutan de sistemas de contratación estables y con remuneraciones dignas, además de los propios usuarios, deben sumarse a un objetivo que al final no busca otra cosa que el cuidado y la protección de la vida mediante políticas en las que se priorice la prevención, el servicio oportuno, el manejo transparente y la eficiencia y estabilidad financiera. 

Si las reformas se siguen aplazando y el sistema sigue en declive, los únicos responsables de la debacle social a que ello va a conducir serán los partidos que acomodados en el poder y a espaldas de las mayorías se siguen negando como desde hace más de dos siglos a que el país tenga un sistema de distribución más justo y equitativo y en dónde todos los sectores sociales tengan cabida.

Que más de 100 EPS hayan sido liquidadas, que se tenga que hacer una fila de cuatro horas o cien llamadas telefónicas para acceder a una cita que bien puede ser para dos o tres meses después, no importa que sea para una enfermedad que revista gravedad, indica que el sistema debe ser reformado y que el Acetaminofén, la Loratadina o el Ibuprofeno no son la solución.

La supuesta insolvencia financiera de las EPS no tiene explicación más allá de lo que podrían ser las ineficiencias o los manejos turbios de los recursos, algunos ya comprobados por los organismos de control e investigación.

En cualquier caso, no pueden ser los beneficiarios los más perjudicados ni se puede permitir tampoco que sean los de siempre los que sigan imponiendo las reglas de juego. Más de doscientos años de los mismos en el poder deberían considerarse suficientes para que esta vez y con un gobierno realmente diferente no se frustre la posibilidad de un cambio. 

*Economista-Magister en estudios políticos

SOS Ecuador

Orlando Ortiz Medina*

Ecuador es hoy presa de una especie de gobernanza criminal, reflejo de una situación en donde los grupos delincuenciales han resultado más eficientes que los propios gobiernos a la hora de organizar sus redes comerciales y poner a su disposición el tejido institucional.

Un profundo debilitamiento de las instituciones del Estado, una economía en estado crítico y  una angustiosa situación de violencia caracterizan la geografía social y política de Ecuador, en un procesoque suma ya varios años y circunstancias de origen. 

La expansión de las rutas del narcotráfico, cuya metástasis en la región continúa pese a las incontables y fallidas sesiones de quimioterapia de la política antidrogas de los EE. UU.  ha contagiado al país suramericano, con todas las implicaciones que se derivan y que encuentran un factor multiplicador, entre otros, en la corrupción y en los impactos producidos por las políticas económicas y sociales que han orientado al país en los últimos años. 

Ecuador es hoy presa de una especie de gobernanza criminal, reflejo de una situación en donde los grupos delincuenciales han resultado más eficientes que los propios gobiernos a la hora de organizar sus redes comerciales y poner a su disposición el tejido institucional. La manera como han logrado adelgazar, hasta llevar a su mínima expresión, el talante ético y moral de funcionarios civiles y militares, así como de integrantes de las dirigencias políticas, se percibe en un Estado que no cuenta con los mínimos de confianza y legitimidad frente una ciudadanía que lo ve socavado en su soberanía y le exige respuestas que garanticen su seguridad y la realización de sus derechos. 

¿Cómo se llegó a una situación en la que, después de haber sido uno de los países más vivibles y tranquilos, sea hoy uno de los que generan mayor preocupación en América Latina?

En el reverso que se dio a los cambios llevados a cabo durante los gobiernos de Rafael Correa y su llamada revolución ciudadana, 2007-2017, se encuentran en gran parte las razones. Ecuador ya había vivido tensas situaciones de crisis durante el final de la década de los 90 y el primer lustro del nuevo siglo. En 1997 se produjo la destitución del presidente Abdalá Bucaram por parte del Congreso. En el año 2000 las fuerzas armadas derrocaron a Jamil Mahuad, en cuyo gobierno se presentó una de las peores crisis económicas que haya vivido el país y que, entre otras, llevó a la quiebra de muchas entidades financieras y a la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial. En 2005 un golpe de Estado derrocó al presidente Lucio Gutierrez, quien había sido elegido en 2002 y fue también protagonista del golpe de Estado que en el año 2000 derrocó al presidente Jamil Mahuad. 

De manera que Ecuador cerró el siglo pasado y comenzó el nuevo siendo un país profundamente frágil, amenazado por la falta de liderazgo y por tener en curso un modelo de desarrollo cuyos resultados iban en contravía de los sectores sociales más vulnerables y con menor presencia en sus estructuras de poder y representación. Inestabilidad institucional (siete presidentes en solo diez años, de 1996 a 2006), pobres gestiones de gobierno, medidas económicas que lesionaban los intereses nacionales, además de la forma autoritaria con que los diferentes gobiernos respondían a las manifestaciones de inconformidad social, estaban en la base de un país que para entonces parecía inviable. 

En medio de esa crisis se produce la elección de Rafael Correa, quien asume la presidencia en enero de 2007. Correa llega a dar un giro a las políticas neoliberales que dominaron en los 90 en Ecuador y en prácticamente todos los países de América Latina, bajo la égida del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Contrario a sus predecesores, asigna al Estado un rol de interventor y con mayor protagonismo en la orientación y dirección de la economía; promueve la inversión en infraestructura y el impulso de sectores estratégicos y dispone de recursos para el establecimiento de políticas sociales y garantizar a la ciudadanía el acceso a sus derechos. 

En asuntos de seguridad, acude a la modernización del sistema de justicia y al diálogo e incorporación de jóvenes de pandillas a proyectos sociales y culturales, en busca de su rehabilitación e inclusión en las nuevas dinámicas de desarrollo y participación ciudadana. Son acciones inscritas en un concepto de seguridad humana y alejadas de las propuestas que hoy dominan al tenor de la militarización y los continuos estados de excepción. Valga el oxímoron.

Los impactos fueron notorios: según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el país creció en promedio 3.9 %, entre 2007 y 2015, mientras que la región lo hizo un 2.9 %. La tasa de pobreza se redujo de 36.7 % en 2007 al 22.5 % en 2014. La pobreza urbana y la pobreza extrema urbana descendieron cerca de nueve y tres puntos, respectivamente, entre 2008 y 2016. La mortalidad infantil pasó de 24.4 por 1000 en 2005 a 18.3 en 2015. Gracias a la puesta en curso de políticas redistributivas, entre 2007 y 2015 el coeficiente de Gini pasó del 0.55 al 0.47, lo que indica una importante reducción de la desigualdad. En general, y pese a que el país siguió con una elevada dependencia de la economía extractiva, logró en parte cambiar la matriz productiva nacional, con la incorporación de nuevos sectores productivos a las dinámicas de desarrollo. 

Regreso a los noventa. 

Ungido con los votos y los resultados de Rafael Correa, en 2017 llega a la presidencia Lenin Moreno, quien, una vez puesto en la silla presidencial, le voltea la espalda y hace que el país retorne a las fallidas políticas de los años 90. Por el mismo camino siguió Guillermo Lasso, quien sucede a Moreno en 2021 y que, sin terminar su periodo de gobierno, se vio obligado a dimitir en 2023. 

Los nuevos gobiernos retoman las políticas de reducción del gasto público, con las que se castiga especialmente a las políticas sociales. Se promueve la privatización, la liberalización comercial y la flexibilización laboral que deteriora los sistemas de contratación y la calidad del empleo. Asimismo, se vuelve al recorte de impuestos a los grandes capitales, lo que no solo afecta la disponibilidad de recursos del Estado, sino que significa un retroceso frente la idea de avanzar hacia mayores condiciones progresividad en los sistemas de tributación.

Las llamadas políticas de austeridad llevaron a la supresión de ministerios o a algunas de sus dependencias, lo que redujo significativamente la capacidad de funcionamiento del Estado y cuyos efectos se están pagando hoy con creces. Se destaca, por ejemplo, la eliminación del Ministerio de Justicia en 2018, creado durante el Gobierno de Correa, que tenía a su cargo el manejo del sistema penitenciario, hoy en manos de la delincuencia organizada. Lo que se hizo fue relajar los sistemas de control e inteligencia y, aunado a la corrupción, reducir la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana, flagelo que hoy más resienten los ciudadanos ecuatorianos y que de paso logra eclipsar los verdaderos problemas que están en la base de la situación de violencia que vive el país.  

La anterior es una situación que se presenta en el marco de un serio deterioro de los indicadores económicos y sociales. A diciembre de 2023, por nivel de ingresos, el 26 % de los ecuatorianos estaba en situación de pobreza y el 9.8 % en pobreza extrema, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La situación es más grave en las zonas rurales, donde, también por ingresos, para la misma fecha, el 42.2 % de su población vivía en la pobreza y el 23.7 % en pobreza extrema. En uno y otro caso las cifras son superiores a las registradas en 2022. Cerca de cinco millones de personas en Ecuador viven con menos de tres dólares al día, en una situación donde, a enero de 2024, el 54.6 % de los trabajadores se ocupa en la economía informal. 

De manera simultánea, el índice de criminalidad ha crecido inusitadamente. Se pasó de una tasa de 5.84 a 47 homicidios por cien mil habitantes entre 2018 y 2023. Mientras que en 2018 se presentaron 994 homicidios, en 2023 fueron 8008, un promedio de 21 muertes diarias a manos de bandas criminales de distintas nacionalidades, en especial colombianas y mexicanas, que se disputan el comercio de drogas y el control de delitos como la extorsión, la vacuna, el boleteo y el secuestro, dirigidos, como ya se ha dicho, desde los propios centros carcelarios y que han convertido a los jóvenes sin oportunidades en carne de cañón de quienes son los verdaderos protagonistas en la sombra. 

No hay duda de que el enorme conjunto de problemas que vive hoy Ecuador se ha gestado en medio del deterioro moral y el derrumbe de valores. El enorme peso de la delincuencia, que ejerce soberanía en gran parte del territorio y controla las rentas ilegales, con los delitos a ello asociados, configuran una especie de economía política del crimen, en tanto lo que se aprecia es un Estado de derecho prácticamente ausente y una dirigencia sustituida en sus funciones, quebrada en su legitimidad y muy lejos de poder reclamar su hegemonía. 

Medidas de excepción no soluciones 

Las medidas de excepción y la militarización, tan frecuentes como ineficientes, se han convertido en el punto nodal de la nueva política de seguridad. Estas en lo único que son efectivas es en que llevan a un retroceso de los valores y la institucionalidad democrática, reducen los cánones de civilidad e inducen a los ciudadanos a respaldar salidas autoritarias. Solo reafirman los soportes de un establecimiento al que lo que menos le interesa son sus posibilidades de vida y que aspira a seguir viviendo a costa de la negación de los derechos y libertades. 

En ese plano cruzado y complejo de factores lo que se necesita, en primer lugar, es corregir las enormes inequidades y resolver los problemas de exclusión y de pobreza que sirven de alimento al crecimiento de los fenómenos delincuenciales. Esto no es posible si no se replantean políticas sobre las que ya existen evidencias de sus recurrentes fracasos, pero frente a los que las inercias y el hálito conservador de las dirigencias inhibe la posibilidad de los cambios.

Se precisa también de un Estado capaz de proveer el bienestar social, aumentar la provisión de bienes y servicios públicos y cuya operación esté en cabeza de funcionarios orientados por la transparencia y por claros principios éticos. 

En el plano internacional es imperativo que se reconozca el fracaso de la política prohibicionista frente a las drogas liderada por los EE. UU. Como ya se anotó, es un factor que hace parte de la sintomatología y las manifestaciones de la crisis, sobre todo por lo que refiere a la reconfiguración del mapa del narcotráfico. En ese sentido, un diálogo franco y abierto con los países latinoamericanos, que sin ser los principales consumidores son los que siguen poniendo la mayoría de las víctimas, está a la orden del día. Hay que aceptar que, aun sin proponérselo, la transnacionalización del crimen puede ser también el producto de una transnacionalización de las políticas.

Un Estado que se reconozca por su sensatez, políticas que apunten al bienestar y a la seguridad humana, y acuerdos internacionales frente al crimen organizado que prioricen los intereses y necesidades reales de los ciudadanos latinoamericanos, es lo que se pide para Ecuador; una nación que cuenta con todas las posibilidades de superar su crisis, al igual que Colombia y otros países de la región que padecen las mismas angustias. 

*Economista-Magister en estudios políticos

Gan Gan y Gan Gon

 “Ellos solo son dos chicos pilluelos”

Canción de Richie Ray y Bobby Cruz. 

Orlando Ortiz Medina*

Es muy probable que cuando en la universidad fueron compañeros de pupitre eran también los malos del curso; aquellos cuya pobreza a la hora de rendir conocimientos frente a sus profesores y demás condiscípulos se disimula siendo los más sapos y sentándose en las primeras filas. Seguramente eran también de aquellos saboteadores, expertos en hacerle bullying a sus compañeros, robarles las tareas y sentirse los mejores conquistadores del pasillo. 

El ser amigos de picardías en sus años de adolescencia y haberse convertido en hábiles trepadores con sobrada astucia para moverse dentro de los laberintos del poder, le permitió a uno llegar a ser presidente y al otro, gracias a su incondicional camaradería, fiscal general de la nación. Hoy, aunque un tanto a destiempo, los dos pasan a la historia como los funcionarios de peor desempeño en sus cargos, batiendo récords que jamás alguien pensó que pudieran superarse. 

Francisco Barbosa, quién lo creyera, superó con creces en abusos y fechorías a su inmediato antecesor, Néstor Humberto Martínez, bajo cuya gestión hubo hasta muertos con cianuro. 

Iván Duque, ese fue el logro más destacado de su Gobierno, le arrebató el galardón al expresidente Andrés Pastrana, quién con total falta de vergüenza y autoridad moral vocifera sobre los males del país, de los que él es en buena medida responsable. Francisco Barbosa, quién lo creyera, superó con creces en abusos y fechorías a su inmediato antecesor, Néstor Humberto Martínez, bajo cuya gestión hubo hasta muertos con cianuro. 

Duque fue un don nadie que pasó sin pena ni gloria por la presidencia de la República, de la que hizo un paseo, corto para él y largo para el país que tuvo que soportarlo. Jamás dejó entrever talla alguna de mandatario, aunque sí de mandadero, abyecto como se mantuvo al jefe de su partido y a la cáfila autoritaria y delincuencial que lo circunda. Debe, eso sí, reconocerse que nunca ocultó su ineptitud y mediocridad, pues fue siempre claro en hacerlas públicas. Al César lo que es del César…

Pero que haya pasado sin pena ni gloria no quiere decir que no haya hecho daño. Lo hizo y mucho. Hubo un doloroso reversazo en el proceso de paz, que alentó de nuevo el crecimiento de la violencia, ya en gran parte reducido luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Durante su desgobierno se produjo el peor estallido social que se haya visto en las últimas décadas en Colombia, al que trató con la más virulenta represión, dejando decenas de jóvenes muertos y con mutilaciones oculares. Dejó asimismo una economía lastrada, con altísimas cifras de desempleo, inflación e informalidad, además de un déficit fiscal y comercial elevado y un enorme endeudamiento externo, cuyas consecuencias estaremos todavía varios años pagando.

Algo es algo, aunque sí produce un poco de vergüenza saber que se requiera tan poco para llegar a ser presidente de un país tan complicado como Colombia.

De las relaciones de Colombia con el entorno internacional mejor ni hablar. Eso sí, el mundo se enteró de que por lo menos se había leído el cuento de Blancanieves y los siete enanitos, que sabe hacer piruetas con el balón y que, también mediocremente, se atreve a rascar la guitarra. Algo es algo, aunque sí produce un poco de vergüenza saber que se requiera tan poco para llegar a ser presidente de un país tan complicado como Colombia. En efecto, no aprendimos con Pastrana.

Decíamos que dejó a su compañero de grado en la Fiscalía General de la Nación. Lo ternó, lo impuso y le dio instrucciones de cómo actuar y comportarse para evitar que el órgano rector de la justicia cumpliera las funciones para las que fue creado, sobre todo cuando se tratara de acusaciones contra los más cercanos amigos de su Gobierno, en especial de quien desde las pesebreras de sus fincas le manejaba los hilos, inquieto como vive por la cantidad de delitos en los que de vieja data ha venido siendo implicado. 

El amiguis del presidente no fungió nunca como el verdadero responsable de las tareas y responsabilidades adscritas a su cargo, sino como el vocero de intereses personales y partidistas al servicio de quienes ahora o en el pasado utilizaron sus cargos para la comisión de delitos. Es decir, fue puesto en el cargo no para aplicar justicia sino precisamente para evitar que se aplicara.

Barbosa llevó a grados bajo cero la majestad y el grado de confianza en el sistema de aplicación de justicia

Su gestión la dedicó antes que nada a absolver a los más cercanos miembros de su cohorte. Casos como el de la llamada “ñeñepolítica”, por ejemplo, referido al presunto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Duque, terminó finalmente archivado sin mayores explicaciones. Otro ejemplo, tal vez de los más ilustrativos, es el del expresidente Alvaro Uribe, investigado por los delitos de soborno y manipulación de testigos, que ha estado atravesado por todo tipo de maniobras dilatorias con las que se espera que precluya por vencimiento de términos, pese a que hay un suficiente acervo de pruebas que obligarían a que fuera llevado a juicio.

Hay muchos ejemplos más que lo único muestran es que, en el periplo de Barbosa por la fiscalía, la nota común fue hacer mutis por el foro y caso omiso en los resultados de las investigaciones, a menos que se tratara de aquellos a quienes el fiscal y los miembros de su cofradía consideraban enemigos políticos, por lo que había que desmembrarlos en los medios o en los estrados judiciales, groseramente manipulados por ellos. Fue, además, un hábil manipulador de cifras, gracias a su pericia y la de sus subalternos para acomodar a su antojo los algoritmos y obtener resultados tan inflados y artificiales como su ego. 

 El colmo de los colmos fue utilizar parte de su extenso número de escoltas para que fueran a su casa a sacarle a orinar los perros.

Es ello lo que explica que la entidad haya llegado al punto más bajo y de peor calidad en su desempeño. Si Iván Duque dejó el país al garete, Barbosa llevó a grados bajo cero la majestad y el grado de confianza en el sistema de aplicación de justicia. Inmenso daño el que se le ha hecho al país, que tanto le costará volver a recuperarse, máxime cuando hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no ha hecho el nombramiento de su reemplazo y está previsto que, temporalmente y no sabemos hasta cuando, lo suceda en el cargo la vicefiscal Martha Mancera, segura continuadora de la estirpe barbosiana e igualmente objeto de delicadas y tenebrosas acusaciones.

Mancera, de acuerdo con investigaciones de prensa, está acusada de favorecer a grupos delincuenciales en el puerto de Buenaventura, y no va a ser ella quien voltee la escopeta para hacerse el harakiri, cuando seguirá teniendo, como el ahora su exjefe, toda la nómina bajo su control. Si algo faltara, la sucederá en el cargo de vicefiscal otro hórrido personaje, el actual coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes, de sobra conocido por su baja estofa moral e intelectual y su sobrada diligencia cuando se trata de decretar la absolución o prescripción de casos de aquellos a quienes, por su inconmensurable poder, le manejan los dedos a la hora de digitar las cuartillas en las que proclamará sus dictámenes.  

El aliado de copialina de Duque en la universidad sí que se destacó por el abuso en el desempeño de sus funciones y la utilización de bienes y funcionarios de la entidad para sus necesidades personales. El colmo de los colmos fue utilizar parte de su extenso número de escoltas para que fueran a su casa a sacarle a orinar los perros; enviaba personas del servicio adscritas a la fiscalía para que realizaran funciones de empleadas del servicio doméstico en su hogar, y utilizó para su disfrute personal y de sus amigos y familiares el avión de la entidad, incluidos días de descanso, dominicales y festivos. 

Alcanzado el triunfo de Gustavo Petro, primer presidente de Colombia que llega al poder desde la otra orilla del establecimiento, sumó bríos para convertirse en el principal agitador de la oposición.

Eso no fue todo. Alcanzado el triunfo de Gustavo Petro, primer presidente de Colombia que llega al poder desde la otra orilla del establecimiento, sumó bríos para convertirse en el principal agitador de la oposición e iniciar, sin decoro, vergüenza alguna o respeto por la majestad de su cargo, su campaña a la Presidencia de la República. Es una mácula más que puso sobre la institución, con la venia silenciosa de las cortes o de cualquier otro de los órganos de control, que nunca tuvieron a bien llamarle la atención. 

Si con su amigo de lonchera Barbosa fue el más abyecto y genuflexo, con el presidente Gustavo Petro decidió convertirse en su piedra en el zapato, aprovechando cualquier tribuna para venirse lanza en ristre contra sus ideas o propuestas de Gobierno. Se tornó de pronto en el más aguzado investigador, en el prohombre de la moral y el principal defensor y escudero de las mismas instituciones que otrora deshonró con sus acciones impúdicas y sus omisiones, abusos e impertinencias. Nada más grave le puede ocurrir a un país que su administración de justicia se politice y se utilice para perseguir a quienes se consideren enemigos o contradictores, al tiempo que para proteger a quienes sean los miembros o aliados de su séquito. 

El más encumbrado narcisista que haya ocupado un cargo público en toda la historia de Colombia, y ha habido muchos, dejó la sal regada en el piso, no solo de la fiscalía, sino de prácticamente toda la geografía nacional; pues en el mismo saco están la procuraduría, la contraloría y la Defensoría del Pueblo; una muestra fehaciente de la ruptura del equilibrio de poderes, cuyo telón de fondo es en realidad la enseña indeleble de la quiebra ética que gracias a este tipo de funcionarios tienen en vilo nuestra continuidad y estabilidad como nación.  

En mala hora los profesores no notaron o se hicieron los de la vista gorda cuando el par de angelitos desaplicados capaban las clases de ética, si es que ella existió alguna vez en la universidad Sergio Arboleda, de cuyos funcionarios también hemos tenido noticias no precisamente buenas. 

Para aprender lo que no se debe hacer, Gan Gan y Gan Gon nos dejan sus memorias impresas en varios tomos de pasta dura y edición de lujo. Habrá que ver si hay alguien que se atreva a consumir sus pestañas leyendo las epopeyas de estos dos enormes gladiadores de la más baja estirpe de la cultura nacional.

*Economista-Magister en Estudios políticos