MAMBRÚ SE FUE A LA GUERRA, SÍ, SÉ QUE VOLVERÁ

Orlando Ortiz Medina*

Este 10 de septiembre, niños y niñas comenzaron a salir de las filas de la guerra, a donde nunca debieron haber llegado. Empieza así el final de una de las peores infamias de esta dura etapa de nuestra historia.

Como todas las generaciones nacidas desde finales de la década del cuarenta, tuvieron la mala suerte de haber llegado a un país que a padres, abuelos y bisabuelos, les ha dejado como herencia la secuela onerosa de una serie sucesiva de guerras y conflictos armados. 

En buena hora, aunque siempre es tarde cuando de salir de la guerra se trata, empezarán a recuperar, al menos en parte, ese poco que les quede de su infancia arrebatada. Sabrán, apenas, que había otras formas posibles de vivir la vida, que existía un mundo distinto en el que jugar a las escondidas o a los soldados libertados era una de esas tantas diversiones callejeras en que otros hicimos nuestros primeros amigos, tuvimos los primeros enamoramientos y disfrutamos creativamente el tiempo.

Desaprenderán de lo enseñado por una sociedad que, teniéndolo todo, no les ofreció sino lo que mezquinamente dispuso para matar sus sueños y, en vez de a disparar un fusil, los hubiera hecho diestros en tocar una guitarra, practicar un deporte, manejar un pincel, pintar un paisaje o dejado simplemente en su bucólica y honrosa vida de labriegos.

Hoy felizmente podemos decir que SÍ sabemos que volverán esos Mambrús y vendrán a encontrarse con una nueva oportunidad de celebración de sus vidas.

La mayoría de estos niños y niñas pertenecen a territorios en donde la guerra fue quedando, qué crudeza decirlo, como el escenario menos hostil y azaroso en el que pudieran realizar sus vidas, incluyendo sus propios hogares y familias. Muchos se internaron en la selva huyendo del maltrato a veces prodigado por sus propios padres o madres, tantos más por haber sufrido abuso o violación sexual, otros simplemente empujados por el hambre y la pobreza.

Son hijos e hijas de una sociedad a la que el silencio y la indiferencia hicieron indolente, terminó arrastrada al acostumbramiento y se olvidó de quienes con menos suerte y oportunidades les correspondió poner los muertos.

Por eso hoy, a las puertas ya de culminar el proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, cabe esperar que la inteligencia, la sensatez y el sentido de humanidad de una sociedad civilizada, guíen la decisión que nos llevará a las urnas el próximo dos de octubre, en el que sin duda es el momento histórico más importante de las últimas décadas y de las generaciones que hoy estamos en la mayoría de edad.  

Los niños y las niñas que hoy salen por fortuna de la guerra, los que abrirán sus ojos por primera vez, los que aún están aprendiendo a caminar, no merecen que se les condene a seguir en la tragedia que también sin merecer nos legaron a nosotros.

No habría mayor impunidad, nada deshonraría más la justicia ni sería más imperdonable que por odios, mezquindades o fundamentalismos de cualquier naturaleza dejáramos pasar el momento de contribuir a cambiar el rumbo de un país que, dirigido siempre hacia el norte de la guerra, tiene hoy la oportunidad –la única que hemos conocido- de reorientar su brújula.

Para unos y otros sería muy costoso aplazar este momento y desconocer el saldo positivo que sin haber culminado ya nos ha reportado este proceso. Queda tiempo todavía para la reflexión y será mucho más el que tendremos para ayudar a sanar las heridas y avanzar en la reconciliación. También para ver realizada la justicia y no dejar de lado  los juicios de responsabilidad; pero no una justicia cifrada en el odio, la sed de venganza o la perfectibilidad de códigos y leyes, que al fin y al cabo nunca o sólo para algunos han funcionado.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

LA CORTE DIJO SÍ

Orlando Ortiz Medina*

Hay que celebrar que la Corte Constitucional aprobó y dio vía libre hoy al plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos a que se ha llegado en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La Corte estuvo a la altura del momento histórico que vive el país e interpretó el deseo de la mayoría de los colombianos que queremos la finalización del absurdo conflicto armado que hemos vivido por más de cincuenta años.

Tanto en aspectos de forma como de contenido el proyecto de Ley Estatutaria ES CONSTITUCIONAL, ha dicho la Corte. Es decir, fue avalado como un MECANISMO LEGAL Y DEMOCRÁTICO a través del cual se podrán pronunciar quienes estén o no a favor de los acuerdos.

No hay momento más histórico que el que ahora estamos viviendo. Quienes hoy tenemos la posibilidad y la responsabilidad de votar estamos decidiendo no sólo por nosotros y el resto de vida que nos quede, sino sobre todo por nuestras próximas generaciones.

Así que se trata ahora de que cada ciudadano o ciudadana se informe, conozca lo que en La Habana se ha acordado, y sensata y libremente -como corresponde a toda decisión política- acuda en la fecha en que se convoque a expresar su opinión.

Vamos a mostrar si seguimos siendo un país mayoritariamente acostumbrado a vivir y recrearse en el dolor de la guerra, o si, por el contrario, independiente de ideologías, credos, razas, pensamientos religiosos, etc., tendremos la sapiencia y la madurez suficiente y logramos convocarnos para que sean las armas y no más vidas las que llevemos a las salas de velación y a las sepulturas.

Es curioso que sean tantas cosas las que dependan la fragilidad o la certeza de un monosílabo: SI o NO. Pero cuánta historia, cuánto en ellos cabe y cuánto con ellos estamos decidiendo. Cincuenta y dos años de guerra, doscientos cincuenta mil muertos, más de siete millones de desplazados, cincuenta mil desaparecidos,… soldados, guerrilleros, paramilitares, obreros, campesinos, estudiantes, en fin, todos seres humanos.

SÍ, vale la pena pensar que SÍ, que no haya un hombre, una mujer, ni momento ni un espacio más para la guerra.          

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Después de la guerra

Orlando Ortiz Medina*

La imposibilidad de salir de más de cincuenta años de confrontación armada sólo reflejaba un país quedado y tozudamente resistente a completar la cuota que le falta para cruzar el umbral de ingreso a la modernidad, al menos en lo que al desarrollo y ejercicio de una cultura política e institucional más a la altura del ya avanzado siglo XXI se refiere.

Tenemos que llenarnos de optimismo y pensar que estamos entrando en una era en que la consolidación de la democracia y la superación de las condiciones que han estado en el centro del conflicto armado van a ser superadas hasta en el más lejano de los municipios. Con los pies en la tierra y sin ingenuidades, debemos convencernos de que lo que ocurrió el pasado 23 de junio significa realmente el punto de inflexión que marcará un nuevo rumbo en la vida social, política, cultural y económica del país, pues, con todo lo que aún está por verse, éste es sin duda el hecho más relevante de los últimos sesenta años.  

Y es que no son sólo las FARC sino el Estado y la sociedad en su conjunto los que ingresarán a una nueva etapa de su vida política. Las primeras porque decidieron dar el paso hacia una nueva comprensión sobre la manera de acceder a la conquista y ejercicio del poder, y la sociedad y el Estado porque tendrán que estar dispuestos a permitir que se abran los espacios y se creen las condiciones para que ello les sea posible, después de tantos años de haber estado proscritas y actuando al margen de la legalidad.

Deberá venir la consolidación de escenarios en los que efectivamente encuentren cabida sectores que en su momento y por distintas razones se sintieron excluidos de las posibilidades de participación política, lo que explica en parte la conformación y permanencia durante tanto tiempo de organizaciones guerrilleras que se formaron desde los años sesenta del siglo pasado y que hizo de las FARC la más poderosa y de más larga existencia en toda la historia nacional.

La violencia de los años cincuenta, el Frente Nacional, el genocidio de la Unión Patriótica, la criminalización y el tratamiento policivo de la protesta social son, entre otros, hechos que pesan en el imaginario de la sociedad colombiana como parte de los factores que justificaron o legitimaron la “vía armada” como el único recurso que quedaba para la defensa de las ideas y las propuestas de quienes hacían política desde la orilla opuesta del establecimiento.

Ahora más que nunca se requiere recuperar los espacios que le dan vida y sentido a la política como lugar de reconocimiento de la diversidad y de construcción de un entorno incluyente y pluralista; esto implica sobre todo una transformación profunda de sus hitos constitutivos, como la edificación de un nuevo prontuario ético, la superación de prácticas que desdibujaron su esencia como el clientelismo y la corrupción, y la revisión de formas de representación fundadas en el nepotismo y en las muy cuestionables virtudes de algunos líderes y colectividades.

Sacar las armas de la política es sin duda un gran paso, pero ello por sí mismo no reelabora sus contenidos, no implica la revisión de sus métodos, no construye nuevas formas de relacionamiento entre los ciudadanos y entre éstos con el Estado; tampoco lleva de suyo a que se modifiquen los factores causantes de la guerra, pues una cosa es que ésta se acabe y otra muy distinta que se acaben los factores que la promovieron o le dieron origen.

De lo que se trata en esencia es de promover los cambios para que la democracia no sea o no se entienda solamente como el producto de tal o cual diseño o arquitectura institucional, o de los mecanismos meramente formales y procedimentales, que es en lo que seguramente y en primera instancia vamos a entrar. Aparte de las transformaciones materiales que inevitablemente habrá que emprender, el asunto de fondo está en el cómo de una reelaboración cultural que dé soporte a un nuevo pensamiento, que corrija actitudes, comportamientos, virtudes ciudadanas; pues no puede haber democracia sin demócratas, como tampoco verdaderas transformaciones políticas e institucionales si no se logra igualmente un cambio de la política y del sujeto que a ella le subyace. Debemos avanzar hacia una sociedad en la que la democracia sea ante todo un estilo de vida y una práctica social y cultural, más que un culto a la religiosidad y a la rigidez jurídica y normativa.

En el caso de las FARC, la reincorporación a la vida civil no podrá verse como un proceso simple de dejación de armas y readaptación a lógicas institucionales, que es como se suelen entender en parte los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración –DDR-. El componente principal o eje articulador está en la construcción de civilidad, que implica la transformación general del entorno social con el que el excombatiente entra en una nueva fase de relacionamiento, es decir, una sociedad que acoja la tarea de resignificar las comprensiones y simbolismos que, en el caso de Colombia y más allá de las FARC, hicieron de la guerra y la política un ejercicio concomitante. 

Las FARC tendrán una ardua tarea para ganarse el apoyo ciudadano con referentes que ya no estarán fundados en la fuerza de las armas. El propósito de construir capital político, lograr visibilidad y capacidad de convocatoria, tendrá necesariamente que –sin dejarlos de lado- trascender los territorios en los que históricamente ha mantenido su presencia y mirar hacia los principales centros urbanos y capitales de departamento que, querámoslo o no, serán los protagonistas en el posacuerdo, por ser donde se ubican los principales centros de poder y decisión.

Jugársela en el terreno de la legalidad, de la lucha partidista, del cabildeo, de la construcción de alianzas, de las aspiraciones de llegar a cargos de elección y representación popular, así como de la ampliación y mantenimiento de una base social de legitimidad y representación, no será un reto menor.

Tendrán incluso que mantener un fuerte trabajo con su propia militancia, pues parte de ella tenderá a dispersarse o querrá incluso dejar la organización para regresar a sus zonas y actividades de origen o buscar opciones diferentes para sus proyectos de vida; pues se sabe que la cohesión y el sentido de pertenencia no necesariamente se mantienen cuando se da el paso de un ejército a una organización civil, de carácter partidista, en donde las estructuras y sistemas de jerarquía asumen otro tipo de connotación, que ya no estarán dentro de las férreas lógicas de disciplina y lealtad que, entre otras por razones de seguridad, son imprescindibles en las formaciones o estructuras militares.

Al Estado, por su parte, le corresponde desplegar todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad de la dirigencia y de sus bases para evitar la mutación hacia nuevos ciclos de violencia; lo que esperamos para la sociedad del posacuerdo terminará siendo fallido si a las FARC no se les permite y facilita consolidar sus espacios para la continuación y realización de sus actividades políticas, si no se garantiza la irreversibilidad del proceso.

El respeto por la vida de las y los excombatientes, su condición, su historia y su pasado comprometen imperativamente a Estado y sociedad, obviamente en un marco de reciprocidad y corresponsabilidad. En cada una y cada uno de ellos hay que reconocer ante todo su condición de sujetos políticos y saber interpretar las razones que los llevaron a alzarse en armas, entendiendo las necesidades y valorando las condiciones y el momento histórico de entonces y el que hoy vivimos.

Será también un trabajo arduo avanzar hacia una sociedad capaz de superar los miedos, los estigmas, las prevenciones, los resentimientos, los dolores heredados de tantos años de guerra que tendrán que transformarse en un nuevo universo de sentidos, emociones, contenidos y formas de actuación en política.

La tarea está igualmente en deshacer, deconstruir imaginarios y lenguajes, en función de generar espacios de encuentro e integración entre personas que de distintas maneras han vivido o padecido el conflicto: víctimas, excombatientes, comunidades receptoras, etc., que serán la base de constitución de una nueva comunidad política y de un futuro diferente, al menos para nuestras próximas generaciones.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

DE QUIEN LLAMA A LA RESISTENCIA CIVIL

Orlando Ortíz Medina*

Difícil digerir que quien hoy enarbola el llamado a la resistencia civil sea justamente el que en la Colombia contemporánea se ha destacado como el más enconado enemigo de la civilidad. Nadie como él representa mejor la estirpe guerrerista y de acendrado militarismo que ha caracterizado pensamiento y acción de una inmensa porción de la sociedad colombiana, incluidos partidos, gobernantes, movimientos armados de izquierda y de derecha, y no menos una buena parte de la sociedad civil, que ha prohijado el uso de las armas y de la violencia como el recurso fundamental para la conquista y defensa de la autoridad y del poder.

En su caso, a Álvaro Uribe hay que abonarle, aunque no celebrarle, el haber logrado convocar en su entorno a esa especie de identidad y sentido común que se ha construido alrededor de que solo fuerza y la acción militar constituyen el fundamento de la seguridad, el orden y la legitimidad del gobierno y el Estado.

En efecto, la significativa acogida de su Política de Seguridad Democrática, se explica justamente como producto del encuentro entre las bases de su propuesta de gobierno y un discurso social erigido históricamente alrededor del militarismo, con el que en su momento pudo fácilmente ponerse en sintonía.

También el país había llegado a una especie desesperanza colectiva luego del fracaso del proceso de negociación con las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), y estaba en boga la llamada cruzada mundial contra el terrorismo promovida por el gobierno norteamericano después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Dos circunstancias adicionales que sumadas a su ya conocido talante autoritario le permitieron copar a su antojo la institucionalidad y los espacios mediáticos, además de poner a su favor a la mayoría de los sectores políticos y sociales, más allá incluso de las fronteras nacionales.   

Terminó así como protagonista de un gobierno en el que las fronteras entre lo civil y lo militar tendieron a desdibujarse, o se confundieron como sangre de una misma vena en los distintos ámbitos de la vida social, política y cultural de la nación. Basta recordar la manera como en su gobierno se entendió y convocó la solidaridad y la cooperación ciudadana, que llevó a la vinculación o mimetización de los civiles en tareas de estricta competencia de las fuerzas armadas y de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, a través de figuras como las Redes de Informantes, los Frentes de Seguridad Ciudadana y los soldados campesinos, principalmente; un híbrido ampliamente cuestionado con el que se quiso hacer de cada ciudadano un policía o un soldado más al servicio de la política de seguridad del Estado.

Así ha entendido Álvaro Uribe la cooperación y la solidaridad a que se deben y se obligan los ciudadanos con el Estado; una curiosa dimensión en la que el estamento y la doctrina militar terminan siendo la fuerza integradora y de cohesión de la sociedad y la nación, y que se invocan a favor del establecimiento y no de la ciudadanía que padece los rigores de la guerra y la violencia.

Si sobre la base de estos principios Uribe logró poner en cuestión la existencia de un conflicto armado en Colombia, sobre ellos mismos propone hoy un llamado a la resistencia contra el proceso de paz, en el que en sus delirios ve a un monstruo de mil cabezas vestido de actos de impunidad, amenazas contra la democracia, el estado de derecho y las instituciones. Claro que en la otra faceta de su enredadora personalidad sabe que lo que hay realmente es una amenaza contra sus intereses personales y familiares, y los de amigos, contertulios y exfuncionarios de su gobierno, algunos prófugos, unos y otros implicados en la comisión de distinto tipo de delitos.  

De manera que lo que subyace en su propuesta es, por el contrario, el deseo de una sociedad dividida, confrontada y enajenada en el ideario de quien ha aprendido a solazarse en sus miedos y en el discurso apocalíptico de la inevitabilidad de la tragedia, si no se acoge a pie juntillas el decálogo de sus postulados dictatoriales.   

Él sabe y aprovecha que tiene a su favor el saldo que todavía le queda de una buena cuota de popularidad, empujada entonces por el desprestigio que de manera simultánea se granjeaban las FARC y, como ya al comienzo se anotó, por ese nexo no difícil de encontrar entre su talante y el de una sociedad acostumbrada a marchar al ritmo de la melodía autoritaria que resuena en sus discursos, y que los medios como áulicos abyectos, temerosos u obligados, reproducen como las máximas del Gran Hermano.

Con su mañoso y eufemístico llamado, que usurpa y manosea el pensamiento de verdaderos líderes y adalides de la civilidad como Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela, entre otros, lo que le interesa realmente es atravesarse para que una solución política y negociada del conflicto armado, en la que nunca ha creído, quede fuera de toda consideración. Asimismo, continuar en su tarea de afianzar conceptos, lenguajes y formas de pensamiento que sigan manteniendo la perversa ecuación amigos-enemigos en todos los niveles de la sociedad, y especialmente en el ámbito de la política, para que la guerra siga siendo no sólo su espacio de divertimiento, sino la brea con la que pavimenta el camino por el que pueda evadirse de sus delitos y responsabilidades.

Ojalá esta vez la sociedad haga caso omiso al llamado de quien sólo se ha caracterizado por su desprecio de las lógicas consensuales, el diálogo, el discernimiento, en fin, su desprecio por la política, esa sí razón de ser de la civilidad y los fundamentos de los Estados y las democracias modernas.

La terminación del conflicto armado por la vía del diálogo y la negociación será un paso fundamental para trascender las posiciones totalitarias que desde una u otra orilla han servido para que en el país se mantenga viva la llama de la guerra y la violencia; es también la posibilidad de recuperar el espacio para la pluralidad y evitar que se siga promoviendo el cercenamiento de cualquier forma de pensamiento o ejercicio de la crítica.

Lo que nos corresponde como individuos y como sociedad es avanzar en la arquitectura de nuevas formas de aprehensión e intervención en la política, en donde la violencia y la respuesta militar como alternativa para la solución de los conflictos sean entendidas como parte de un atavismo histórico y una forma de vida ya proscrita.

Finalmente, en donde la ética civilista, de la que poco conocemos en el ilustre personaje que da lugar a este escrito, sea el verdadero fundamento de la nueva majestad de la sociedad y del Estado.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Elecciones: lo que está en juego.

Orlando Ortíz Medina*

Nunca como ahora la configuración del mapa político y de los sectores que asuman el control de las instituciones y el conjunto del Estado había sido tan relevante. O en las gobernaciones, alcaldías, concejos municipales o asambleas departamentales, así como en las próximas elecciones presidenciales y de Congreso de la República se consolidan las fuerzas políticas dispuestas a sacar adelante el proceso de paz y a llevar a cabo las transformaciones que para el efecto se requieren, o nos veremos abocados a un nuevo e interminable ciclo de violencia que nos habrá de llevar a que como sociedad y como país colapsemos.

Terminado el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC, que al fin y al cabo no irá más allá de ser un asunto esencialmente protocolario, la construcción de la paz pasa a ser de estricta competencia de los ciudadanos, de la manera como se conduzcan en sus decisiones políticas y del protagonismo que alcancen en la refrendación e implementación de los acuerdos. Los cambios no se hacen solos y la concreción de los acuerdos en políticas públicas, programas y proyectos que les den curso y los viabilicen dependen de quienes queden en cabeza de las instituciones.

El ambiente vivido con la actual administración es apenas un pálido reflejo de las complejidades a que se enfrentará ya no sólo Bogotá sino todo el país en el inmediato futuro. Fue evidente lo que cuesta todavía para algunos sectores respetar y asumir que en el juego de la democracia deben y pueden tener cabida propuestas y agendas de gobierno distintas a las que históricamente han gobernado.

El matoneo mediático, las reacciones de grupos de la empresa privada que vieron afectados sus intereses y un fuerte acoso institucional, incluido el intento fallido de destitución y decreto de muerte política por parte del procurador general de la nación, son los hechos más relevantes y en los que más se destacó la creatividad de los que siempre se han reclamado precursores de la democracia, eso sí siempre y cuando sean ellos los que estén acomodados en las sillas del poder.

Por ello resulta absurdo evaluar con el rasero de sus lógicas y decretar con ellas el fracaso de la actual alcaldía, por controvertidos que sean los resultados. Más aún, con un cabildo distrital que se olvidó de los grandes temas de la ciudad para concentrarse fundamentalmente en hacer un bloqueo pendenciero y revanchista de su gestión, que no gratuitamente le cerró el paso a un Plan de Ordenamiento Territorial, paradójicamente reconocido y premiado por organismos internacionales.  

Es claro que si otro hubiera sido el candidato elegido no se le había quitado al sector privado el negocio de las basuras, que les ha ahorrado a los usuarios más de cuarenta y cinco mil millones de pesos y sirvió, además, para mejorar la calidad de vida de la población recicladora. Tampoco se hubiera establecido como derecho el acceso gratuito al mínimo vital de agua, ni tarifas diferenciales en el Transmilenio para beneficio de los estratos 1 y 2. No se hubiera decretado más de un día sin carro como parte de un ejercicio pedagógico dirigido a promover el cuidado y respeto por el medio ambiente, ni creado los Centros de Atención Medica a al Drogodependiente, CAMAD, o abogado por el respeto y el cuidado de los animales, etc. Todas medidas o políticas que en el espacio de la democracia tienen defensores y contradictores, pero que al fin y al cabo son parte de la agenda de un gobierno legitimado en las urnas y que cuenta todavía con un amplio respaldo ciudadano.

Se ha sido mezquino en reconocer liderazgo de Bogotá, nacional e internacional, al poner sobre la mesa los temas claves de lo que son los nuevos paradigmas de ciudad y las agendas del desarrollo: un concepto envolvente e integral de seguridad humana que incluye el cambio climático, el cuidado del agua, la densificación urbana, la defensa de todas las formas de vida, incluida la animal y vegetal, el tratamiento no represivo del consumo de sustancias psicoactivas y la implementación de políticas dirigidas a que se eliminen todas las formas de discriminación, exclusión y segregación social, que es lo que se debe seguir profundizando como fundamento definitivo de la construcción y la consolidación de la paz.

Como las cifras hablan por sí solas, veamos algunas de ellas:

• De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, durante esta administración, Bogotá logró reducir la tasa de homicidios de 23,4 a 17,4 % por cada cien mil habitantes, cifra que no se veía desde al año 1983 y que es la menor entre las cinco ciudades más grandes del país; la media nacional está por encima del 35 %.
• De acuerdo con  la encuesta “Bogotá Cómo Vamos”, las víctimas de delitos como robos y atracos  se redujeron de 39 % en 2009 a 20 % en el 2015.  Aun así y como parece imposible que la realidad supere las creaciones ficticias de los medios, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos se acerca al 60 %. 
• Bogotá sigue siendo la ciudad que más aporta al crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional,  alrededor del 25 % del total.
• En la actual administración, se logró una reducción del 50 % de la pobreza y la pobreza extrema descendió por debajo del 2 %.
• El valor promedio del salario en la ciudad está 19 puntos por encima de la media nacional y la ciudad está también entre las que presenta las menores tasas de desempleo y desigualdad en el país.
• Bogotá es la única ciudad del país en la que la muerte de niños por desnutrición se ha reducido a cero.
• Bogotá es la que muestra mejores registros en materia de cobertura y calidad de la educación en todos los niveles: primaria secundaria, universitaria y de postgrado.
• En términos de inclusión, reconocimiento y respeto de la diversidad, Bogotá ha liderado en el país la implementación de políticas y programas especiales para la población LGBTI, las mujeres y las comunidades indígenas y afrocolombianas, al igual que para las víctimas y la población desmovilizada del conflicto armado.

Estos, que no son resultados de poca significación, se han querido opacar frente a otro tipo de problemáticas en los que innegablemente la ciudad sigue mostrando carencias, especialmente en el tema de la movilidad, cuya solución rebasa los alcances de un gobierno que al respecto heredó uno de los peores desastres y con un rezago que acumula décadas de errores y desaciertos de administraciones anteriores. En todo caso, muestran la validez de que nuevas fuerzas políticas se abran espacio y se sigan consolidando, y con ellas los nuevos proyectos de sociedad, de ciudad y de país.

En las próximas elecciones los bogotanos nos vemos abocados a una situación que redundará ahora y en el inmediato futuro en el acontecer social y político de todo el país, ya sabemos que fundamentalmente desde aquí se está organizando el escenario para las futuras presidenciales.  Por ello deberá seguir marcando la pauta no sólo y como ya se ha demostrado en profundizar la mejora de los indicadores sociales, de inclusión y crecimiento económico, sino también en la consolidación de las nuevas agendas y los nuevos liderazgos políticos. Una salida en contravía llevará será sin duda a un saldo costoso para toda la nación. La opción es Clara.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Del lado de allá, del lado de acá.

Orlando Ortiz Medina*

Del lado de allá, se pasó por encima de los derechos y se ignoró que aun en condición de indocumentados o inmigrantes ilegales, quienes estaban en la frontera eran merecedores del respeto y el trato digno que como seres humanos les asiste. Al gobierno de Venezuela le correspondía acatar las normas y tratados internacionales a las que está obligado, antes de proceder de facto y sin ningún tipo de miramiento sobre la condición de los cientos de familias a las que, sin mediar investigación y sin un debido proceso, se les puso en situación de delincuentes.

Del lado de acá, indigna la hipocresía y la doble moral de los que megáfono o biblia en mano se desplazaron a solidarizarse y a prodigar abrazos y mercados cuando, como  políticos o gobernantes, de ahora o de antes, son también responsables de que éstas personas hayan tenido que abandonar origen, familias, afectos y propiedades.

En el centro, entre el lado de allá y el de acá, en ese lugar de nadie, a menos que de quienes hicieron de él el escenario de sus pillerías, están  los condenados de siempre, los que se deben comer la mierda y sufrir los vejámenes y la desgracia de haber nacido en una tierra que los dejó a la intemperie, que los hizo nómadas, trashumantes y huérfanos de un Estado indolente que hoy quiere lucirse con gestos insulsos de solidaridad y patriotismo, aunque ayer haya sido sordo y mudo ante una población a la que no protegió ni escuchó, y que se vio por ello obligada a abandonar ese lugar ajeno al que retórica y eufemísticamente llaman patria. 

La migración, incluso muchas veces la legal, es uno de los productos de esa geografía configurada por realidades desiguales, por países, sociedades y ciudadanos de primera y de segunda, que dio lugar, además, a la creación de todo tipo de espejismos y contemplaciones quiméricas, muchas de ellas motivadoras del éxodo de quienes empezaron a sentirse relegados en sus propias tierras o viviendo en un país hecho y diseñado a la medida de algunos que no somos nosotros. 

Las fronteras son hoy antes que nada canales de irrigación de las miserias de quienes han optado por arriesgarse a florecer en el herbario de malezas y podredumbre en que terminaron convertidas. Son, en esencia, el lugar de paso de todas las plagas e ignominias que en cada país prosperan al ritmo de la pobreza, las malas políticas, la urgencia de sobrevivir, y sobre todo de la corrupción y la quiebra ética y moral que compromete a funcionarios, gobiernos y sociedades. 

El contrabando, el narcotráfico, la prostitución, la explotación sexual, etc., deslucen a quienes solo huyen en búsqueda de una mejor oportunidad para sus vidas. Pero todos a una deben pagar a quienes, bien como como ilegales o bien como defraudadores de uniformes, chalecos o placas oficiales, del lado de allá y del lado de acá, les cobran peaje como sustitutos de los verdaderos agentes de aduana.

La migración es también un acto de coraje; sobre todo para quienes su partida es un salto al vacío, un viaje hacia ninguna parte y con tiquete sin fecha de regreso; en donde saben que lo único que llevan es la tristeza, el dolor y la rabia por aquello que abandonan y por el miedo de llegar a un lugar al que ni su nostalgia ni su dolor les pertenece.

En las actuales circunstancias de Colombia y Venezuela, duele saber, además, que hay familias en cuya sangre y cuerpos no aparecen trazos que real o imaginariamente les demarquen fronteras: padres y madres colombianas, hijos e hijas venezolanas, y viceversa, que allá y acá echaron raíces intentando reconstruir sus vidas.

Entonces lo que se requiere son gobiernos que, independiente de sus ideologías y diferencias en las concepciones de sociedad y desarrollo, asuman la responsabilidad y el compromiso de garantizar la vida, la integridad y los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, dentro y fuera de sus fronteras. Se trata también de que se revisen las venas rotas por las que hoy fluyen degradadas sus relaciones y se tejen sus entornos, cada vez más en manos de quienes aprovechan para hacer del pillaje y la piratería su forma de vida, que esperemos no lleguen a imitar en su tenebroso estilo a los coyotes y polleros mexicanos.

Ojalá también que, en el caso colombiano, las circunstancias no lleven a que el polifónico as de la ayuda humanitaria, sin duda necesaria en estos momentos, se convierta una vez más en el mecanismo para seguir haciéndole el quite a verdaderas soluciones duraderas y permita que se estire el ya perverso y alargado cordón umbilical que mantiene en la dependencia y el miserabilismo a quienes, a veces con sensatez, pero a veces con odioso oportunismo, terminan pernoctando en la incomodidad de su pobreza.

*Economista- Magister en Estudios Políticos.

El panóptico del Expresidente

Orlando Ortiz Medina*

Mala seña que ahora los profesores vayan a tener que sentirse intimidados, hasta el punto de llegar a abstenerse de expresar sus opiniones o comentarios, por el hecho de que en las aulas de clase parecen haber quedado vestigios de esa especie de cuerpos de seguridad y vigilancia, las redes de informantes y cooperantes, heredados de los ocho años del gobierno de la Seguridad Democrática, que bien podemos asimilar al panóptico de Jeremy Bentham, que luego aplicó a sus estudios sobre los modelos disciplinarios y del ejercicio y control del poder el filósofo francés Michael Foucault. Ya volveremos sobre el tema.

Nada tiene de extraño que en el aula de clases los estudiantes confronten a sus profesores cuando éstos exponen sus ideas o se refieren de manera crítica a hechos o personajes de la historia. Es normal e incluso loable que ello suceda y que no los tomen, como era en otros tiempos, como poseedores exclusivos de la verdad a quienes hay que asumir y recitar literalmente. Como se dice coloquialmente, tragando entero.

Justamente lo que se quiere de la academia es que contribuya a la formación de un pensamiento crítico, tan necesario para un país en el que, como Colombia, predomina la tendencia a imponer y absolutizar verdades, y que no se ha caracterizado propiamente por el respeto a la libertad del pensamiento y las ideas ajenas sino que, por el contrario, allí se fundan muchas de las razones que explican el oprobioso historial de violencia que como nación hemos tenido que padecer.

Lo que sí se torna preocupante es que, antes que un espacio para la crítica y el debate constructivo entre alumnos y profesores, lo que estos últimos expongan en sus clases se convierta en una fuente de amenaza y constreñimiento a sus actividades profesionales. No tiene explicación ni justificación alguna que alguien cuyo nombre ha sido invocado o que por sus ideas y pensamientos haya sido aludido en una sesión de clase, se sienta con el derecho de hacer reclamos o, peor aún, de retar rabiosamente a quien como maestro sólo está actuando conforme lo indica la razón de ser de los recintos de formación académica.

Es como si en su momento a Charles Darwin uno de sus amigos o seguidores lo hubiera llamado a decirle que el profesor de teología estaba poniendo en cuestión su teoría de la evolución y este hubiera respondido amenazando al susodicho con algo así como “si me sigue difamando ‘le doy en la jeta marica’”. Darwin, por el contrario, se hubiera sentido complacido, pues para un intelectual o pensador que se respete será siempre un honor que sus ideas sean expuestas y debatidas en la academia. Claro, lo que pasa es que tiene que ser eso, un intelectual o pensador que se respete, que no corresponde al caso.

Hoy, por la facilidad que permite la tecnología y el acceso a las redes sociales, las clases pueden ser transmitidas en vivo y en directo y llegar de inmediato a quienes para bien o para mal, si es que están vivos, tienen que ver con el asunto; porque la verdad es que de los pensadores ilustres y con merecimientos para ser invocados en las aulas de clase quedan ya muy pocos.

El hecho al que se alude sucedió hace unos días cuando Álvaro Uribe Vélez retó a través del twitter a un profesor de la Universidad Libre de Pereira, que en una de sus clases se refirió a una columna escrita por uno de quienes fueron Ministros del hoy expresidente y senador, sobre un tema que, como el de la acción de tutela, es de interés y debate en la historia reciente de Colombia. El expresidente se enteró gracias a que una seguidora suya, presente en la clase, le transmitió la información, también a través de las redes sociales.

Pareciera un hecho que en sí no debería demandar mayor atención, pero preocupa, como se anotaba al comienzo, que la actitud de la alumna responda a que en las mentes de muchos ciudadanos continúe instalado esa especie de chip imaginario que, en tiempos de la Política de Seguridad Democrática, los quiso convertir en parte de los cuerpos de seguridad y vigilancia del Estado y que hoy siguen fungiendo como tales, sólo que ahora al servicio exclusivo de los intereses no tan santos del señor expresidente. Hay que recordar que no es el primer caso que se presenta; incidentes parecidos han ocurrido contra profesores de las universidades Libre y Javeriana de Bogotá.

Las redes de informantes o cooperantes parecen seguir operando al servicio de su creador como una especie de lente panorámico que le permiten, como en el panóptico de Bentham, además de seguir irradiando la fantasiosa omnipotencia de su figura, mantener abierto su espectro de control y vigilancia tanto sobre sus críticos como de aquellos a quienes acostumbra a enlodar o denigrar.

El panóptico fue una propuesta de diseño arquitectónico para la construcción de las cárceles que hacia fines del siglo XVIII hizo el filósofo Jeremy Bentham (1748-1832). Se trataba de un edificio cuya distribución del espacio permitía que, desde un solo punto de observación, un único vigilante pudiera tener el campo visual del conjunto del edificio y el control de todos quienes allí estuvieran.

Pero, además de reducir los costos y aumentar la eficiencia de las labores de vigilancia, la gracia del panóptico era que quien actuaba como vigilante no podía ser visto por quienes eran vigilados. De esta manera, el vigilante podría no estar o abandonar temporal o definitivamente su lugar y sin embargo los vigilados sentían su presencia; es decir, el diseño del panóptico generaba en los habitantes del lugar la sensación de estar permanentemente observados; real o imaginaria, la mirada del que vigila estaba siempre presente.

Michel Foucault (1926-1984) toma la idea de Bentham y extiende y aplica la comprensión del panóptico al modelo de una sociedad que se organiza con dispositivos a través de los cuales logra controlar y disciplinar a los ciudadanos. Para Foucault, el panóptico, ya no físico o arquitectónico como en el caso de Bentham, se expresa en la escuela, el hospital, el cuartel, los medios, etc., desde donde los administradores del poder controlan las mentes e inducen los comportamientos, las conductas y las actitudes de las personas.

En el caso específico de la seguridad, el panoptismo cumple la función de que cada quien en su lugar de socialización y convivencia (la plaza, la calle, el parque, el restaurante, el teatro, la propia casa o en el aula de clase, como el caso que nos ocupa) se sienta vigilado.

  

Se genera así una especie de halo paranoico y de sentimientos de temor o desconfianza que al final no será más que una forma de constreñimiento para quien simplemente toma tiempo para pensar, disentir, actuar, expresar opiniones, etc.; cada quien tendrá que decir sólo lo que ese otro con presencia omnisciente y que jamás podrá ser visto quiera oír, bajo pena de ser expuesto a señalamiento, destierro, maltrato o castigo, lo que en el caso de Colombia es desplazamiento, tortura, desaparición forzada o incluso homicidio.

Lo ocurrido con los profesores Alfredo Correa de Andreis y Miguel Ángel Beltrán son sólo dos ilustrativos ejemplos. El primero fue asesinado en la ciudad de Barranquilla y el segundo puesto en prisión y luego destituido y proscrito de la academia y la función pública por decisión de la Procuraduría General de la Nación. Su delito fue el de ejercer y defender la libertad de cátedra siendo críticos del establecimiento.

Los alumnos que transmiten al expresidente lo que dicen los profesores en sus clases se revelan entonces como una especie de extensión de su ya exagerado cuerpo de seguridad, que le permite contar con un conjunto de vigilantes anónimos, a través de los cuales controla y escucha opiniones para luego tomarse la libertad de juzgar, condenar y retar a sus protagonistas.

Son los mismos recursos que utilizó para perseguir a opositores, periodistas, magistrados, etc. o los que le posibilitan, incluso como expresidente y ahora senador, conocer de manera privilegiada información que se supone de estricta reserva del Estado, como fue el caso de las coordenadas entregadas por mandos militares cuando se iba a producir el traslado de un integrante de las FARC a la ciudad de La Habana o la que le permitió dar a conocer antes que el Gobierno la noticia de que el general Rubén Darío Alzate había sido retenido por las FARC en el departamento del Chocó.

Lo más grave es que esta vez no se trata, como lo analizó Foucault, del poder ejercido desde el Estado con todos sus aparatos y mecanismos de control; se trata de un personaje que, extasiado de poder, ha hecho suya la famosa frase “el Estado soy yo”, que muy bien y a su antojo utilizó en sus ocho años de gobierno; sin tener en cuenta que su reinado ya terminó y con él sus cuestionadas épocas de gloria y las de infierno de muchos.

Lo ocurrido refleja también la pobre condición de algunos estudiantes, por fortuna no la mayoría, que muy seguramente a falta de argumentos prefieren recurrir a la protección mesiánica y la estirpe rabiosa y amenazante de su líder.

Bentham quiso hacer un aporte desde la arquitectura para reducir los costos de funcionamiento de las cárceles y hacer más eficiente el cuidado de los prisioneros; Foucault fue más allá y quiso mostrar que al fin y al cabo la forma de organización de la sociedad comporta igualmente una forma de encierro en el que el que todos estamos sujetos a los designios de quienes controlan el poder; ¿qué quiere el señor expresidente?

*Economista-Magister en Estudios Políticos