Colombia cambiará de rumbo

Debemos decir que estamos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente, en medio de una campaña electoral en donde se advierte una más aguda confrontación por la posible sustitución del pacto hegemónico que se ha mantenido durante prácticamente toda nuestra vida republicana.

Orlando Ortiz Medina*

Foto tomada de Revista Semana

Cumplida la primera jornada electoral de 2022, en la que ya se definió la composición del Congreso y los candidatos de las diferentes coaliciones partidistas, los resultados vaticinan que lo más probable es que Colombia se dirige de manera inevitable hacia un cambio de rumbo.   

Como se esperaba, Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, confirmó a Francia Márquez como su compañera de fórmula a la presidencia de la República. 

No pudo ser mejor la decisión, Francia es sin duda la revelación en la actual coyuntura política del país; no precisamente porque sea nueva en el escenario, pues, pese a su juventud, tiene ya una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional como lideresa ambiental y representante destacada de la población afrocolombiana, sino sobre todo porque ella simboliza el cambio social, político y cultural que hemos venido presenciando en los últimos años.

En la voz de Francia se escucha a quienes se manifestaron en el estruendoso e inédito cacerolazo del 21 de noviembre de 2019 y a todos los que se movilizaron contra la violencia, el hambre, la pobreza y el desempleo entre los meses de abril y junio de 2021.

Mujer, madre cabeza de hogar, afro, ambientalista, víctima de la violencia, hija de uno de los tantos territorios abandonados por el Estado, es, como ella misma lo dice, la representante de "los nadies", pero de los nadies que hoy salen del anonimato y se levantan como parte de esas nuevas identidades que toman cuerpo en una fuerza política alternativa, dispuesta a que se reconfigure el mapa del poder en Colombia. 

Las viejas dirigencias partidistas se encuentran sumidas en su más profunda crisis de liderazgo y legitimidad, su proyecto excluyente ha hecho aguas y su desconexión con las grandes mayorías es cada vez más latente.

Con todo y ello, debemos decir que estamos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente, en medio de una campaña electoral en donde se advierte una más aguda confrontación por la posible sustitución del pacto hegemónico que se ha mantenido durante prácticamente toda nuestra vida republicana.

Las viejas dirigencias partidistas se encuentran sumidas en su más profunda crisis de liderazgo y legitimidad, su proyecto excluyente ha hecho aguas y su desconexión con las grandes mayorías es cada vez más latente. Si algo les queda de aliento es apenas para mover algunos clanes familiares o cacicazgos regionales con los que logran mantener sus cuotas de representación y su poder de extorsión en el Congreso de la República, así como ocurrió en las elecciones del pasado 13 de marzo.

A lo anterior, se suma, vale decirlo, que el acuerdo de paz firmado con las FARC le dio espacio en la agenda a los verdaderos problemas nacionales y le abrió paso a otras fuerzas sociales y formas de representación política hasta ahora invisibilizadas por el conflicto armado.  

Que una persona como Gustavo Petro o, más aún, Francia Márquez, lleguen a ocupar la presidencia y vicepresidencia de la República es poco más que una blasfemia que no están dispuestos a permitir. 

Frente a ello, se declaran en resistencia quienes se niegan a aceptar que sea posible un relevo de las dirigencias, porque asumen que por derecho propio son los eternos titulares del poder y que sus linajes están por encima del orden constitucional. En tal sentido, que una persona como Gustavo Petro o, más aún, Francia Márquez, lleguen a ocupar la presidencia y vicepresidencia de la República es poco más que una blasfemia que no están dispuestos a permitir. 

Aunque hayan pregonado siempre ser la encarnación de valores y principios democráticos, ahora encuentran que la democracia tiene límites y en este caso consisten en que una fórmula que consideran ajena a sus intereses tenga la posibilidad de ser Gobierno. El país debe mantenerse en favor de sus caprichos y requerimientos, tal cual quiso el exsenador Uribe al solicitar el reconteo de los votos en las recientes elecciones de Congreso, que, en principio, el Registrador acató juiciosamente, porque para ellos sus deseos son órdenes.

De esta manera, durante lo que queda de la campaña, todo el establecimiento se volcará a mirar cómo cierra el paso a los sectores sociales que se expresan fundamentalmente a través del Pacto Histórico, considerando incluso la posibilidad de un fraude o, como en otras ocasiones ha ocurrido, de un acto de violencia que liquide por lo bajo las posibilidades del cambio. Esperemos que esto no ocurra, pero, por su historia, en Colombia estamos.

El camino hacia la primera y segunda vuelta, si es que hay necesidad de esta última, va a estar bastante intrincado. El reagrupamiento de fuerzas ya ha tomado sus primeros visos con la alineación de la derecha y extrema derecha en torno a Federico Gutiérrez, que por el momento suma los votos de los integrantes de Compromiso Colombia y del renunciado candidato del uribismo Oscar Iván Zuluaga, aunque éste afirme que su vinculación no se haya hecho a nombre de su partido.

Gutiérrez es sin duda la figura del continuismo, la nueva versión de Iván Duque, aunque quiera mostrarse independiente, sobre todo por la pésima imagen con que va a terminar el actual gobernante y el desprestigio en que ha caído el jefe de su partido, Alvaro Uribe Vélez, que hoy, antes que nada, es una mala compañía. 

El Centro, con una campaña bastante fallida, se mantiene de todas maneras en el juego y a la espera de  poder remontar los magros resultados que tuvo en la consulta y en las últimas elecciones parlamentarias. Más que una coalición conformada alrededor de un programa de Gobierno que tuviera poder de convocatoria, fue una confluencia no articulada de individualidades con ambiciones presidenciales, cuyos egos y personalismos terminó dando más relieve a su confrontación que al sello de identidad con el que han querido diferenciarse: el alejamiento de lo que a sí mismos llaman los extremos. 

De todas maneras, de pasar a segunda vuelta, lo cual en verdad es poco probable, Sergio Fajardo tendría opciones de conquistar la presidencia porque contaría seguro con los votos de la derecha y la extrema derecha, que se le van a unir con tal de cerrarle el paso a un posible triunfo de Gustavo Petro. 

En buena hora el Pacto Histórico no endosó su fórmula vicepresidencial ni su posible triunfo en las elecciones presidenciales en acuerdos burocráticos con los partidos, que no deja de tener cierto tufillo de extorsión en gracia al caudal de votantes alcanzado. Resultaba mejor mostrar coherencia y mantener la sintonía con lo que las mayorías ciudadanas hoy están reclamando: el alejamiento de las viejas dirigencias y su necesidad de consolidarse como el punto de convergencia de las demandas de los sectores alternativos.   

A Federico Gutiérrez no le ayuda ser, aunque lo niegue, la nueva ficha con que el uribismo espera mantenerse en el poder

No hay nada todavía que pueda ser cantado, aunque sean evidentes las ventajas del Pacto Histórico, por su elevada votación en la Consulta y sus buenos resultados en las elecciones del Congreso; a Federico Gutiérrez no le ayuda ser, aunque lo niegue, la nueva ficha con que el uribismo espera mantenerse en el poder. Fajardo no logra convencer todavía como candidato, entre otras porque nunca ha sido claro cuál es en realidad su propuesta de Gobierno. 

Rodolfo Hernández parece morderle todavía algunos votos a la derecha, pero lo más seguro es que termine desinflándose, en la medida en que se han ido definiendo los que serán verdaderos finalistas en contienda. Ingrid Betancur pasará sin pena ni gloria y tal vez volvamos a verla dentro de otros cuatro años, ojalá haciéndole menos daño a quienes en un principio se propuso arropar en el manto contaminado de su fórmula salvadora. 

Lo mejor para Petro sería ganar en primera vuelta, lo cual, aunque difícil, no es descartable. El entusiasmo que ha generado su campaña y el momento político que estamos viviendo, con prácticamente todas las fuerzas sociales reunidas en torno a su propuesta, sumado al liderazgo nacional y el toque diferenciador que le ha imprimido Francia Márquez, le están dando un impulso que bien podría manifestarse a su favor en los resultados del próximo 29 de mayo.   

En cualquier caso, lo importante sería que cada ciudadano y ciudadana se sientan partícipes de esa necesidad de cambio que el país requiere y salgan a ejercer su derecho al voto. Nunca habíamos estado tan cerca de concedernos el derecho a que una nueva generación de dirigentes asuma el liderazgo en la búsqueda de soluciones a los ingentes problemas que acusan al país. Los de siempre ya han tenido todas las oportunidades y solo las han usufructuado a su favor, sin importar que hoy nos tengan sumidos en la más cruda violencia, la desigualdad, la pobreza y un estado de enajenación que hasta ahora nos ha hecho cómplices de nuestras más caras falencias. Es la hora de cambiar el rumbo.

*Economista-Magister en estudios políticos

Zuluaga, usted no es el Estado

¿Qué lleva a Zuluaga a pensar que los alcaldes, elegidos popularmente, son súbditos y sujetos de obediencia debida al jefe del ejecutivo? 

Orlando Ortiz Medina*

Caricatura tomada de Razón Pública

El candidato a la presidencia por el Centro        Democrático Oscar Iván Zuluaga, en una visita  reciente a Cali, dijo en una entrevista que, de  llegar a la Presidencia de la República, su primera tarea sería citar un consejo de seguridad para demostrarle al Alcalde de esa ciudad, Jorge Iván Ospina, que, en sus palabras: “quien manda aquí soy yo”; y a la pregunta hecha  por su entrevistador Daniel García Arizabaleta, candidato al Senado por el mismo partido, de “¿y si no asistiera?”  Zuluaga,  en un tono propio del que estamos acostumbrados a escucharle a los seguidores y miembros del uribismo, respondió: “listo, lo mandamos a la mierda”.  

Olvida que en Colombia existe un orden constitucional al que tendría que acogerse, en caso, por fortuna bastante incierto, de que llegará a ser el nuevo presidente de la República.

Es una crasa muestra de soberbia y envanecimiento, pero sobre todo de ignorancia, la del candidato de la extrema derecha, cuando olvida que en Colombia existe un orden constitucional al que tendría que acogerse, en caso, por fortuna bastante incierto, de que llegará a ser el nuevo presidente de la República. Si resulta elegido, tendrá que tragarse sus palabras y dejar de lado sus ímpetus dictatoriales para someterse a la legalidad y las reglas de juego de la democracia.

Sus declaraciones son el reflejo de que él y a quienes representa se mantienen atados a un pensamiento conservador y más que nada regresivo, que nos devuelve a las que fueron las premisas del antiguo régimen, más de 200 años atrás, en donde la voluntad del monarca, de lo que Zuluaga tiene más bien poco, estaba por encima de las instituciones y de las leyes.  

Ignora Zuluaga que el Estado y la democracia moderna surgen justamente frente a la necesidad de poner límites al personalismo de los gobernantes. 

Ignora Zuluaga que el Estado y la democracia moderna surgen justamente frente a la necesidad de poner límites al personalismo de los gobernantes, para lo que se refundaron e invirtieron las fuentes de emanación y legitimación del poder trasladando su titularidad a los ciudadanos, hoy el constituyente primario, que en este caso está representado en quienes soberanamente eligieron al mandatario local. 

¿Qué lleva a Zuluaga a pensar que los alcaldes, elegidos popularmente, son súbditos y sujetos de obediencia debida al jefe del ejecutivo? La respuesta no puede ser otra que el hecho de ser un fiel representante de la vena autoritaria de su jefe y su estela de seguidores, quienes siempre se han sentido facultados para ponerse por encima del Estado de derecho.  

Con sus declaraciones, Zuluaga muestra que viene con la idea de reeditar la tristemente célebre Política de Seguridad Democrática, tan onerosa para el país por su estela de violencia, desinstitucionalización, resquebrajamiento del orden democrático y ralentización de la búsqueda de la paz, que sigue estando en el orden de prioridades para la sociedad colombiana. 

La afirmación de que su primera actuación como presidente sería convocar a un consejo de seguridad para decir quién manda y luego llamar “al general tal y al general tal”, nos devuelve a la sesgada visión de que los problemas que nos aquejan como sociedad: desigualdad, hambre, desempleo, falta de acceso a salud y educación, etc., exacerbados durante el actual Gobierno y fuente de la movilización social vivida en la mayoría de las ciudades colombianas, encuentra solución en una propuesta de seguridad entendida en la militarización de las ciudades, que tuvo en Cali su máxima expresión.  

 Ratifica, además, su ceguera para reconocer que el país cambió, que el discurso guerrerista ya no cala en una ciudadanía que hoy espera soluciones distintas a la guerra, como testigo del fracaso de una política que a lo único que ha llevado es a aumentar de nuevo los índices de violencia, expresados en el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y el afianzamiento de los grupos armados y delincuenciales en una vasta porción del territorio nacional. 

Se agotaron los tiempos de nutrirse política y electoralmente del dolor de una sociedad ciertamente agobiada por la violencia, de la que su partido ha sido uno de sus principales protagonistas.

No advierte que se agotaron los tiempos de nutrirse política y electoralmente del dolor de una sociedad ciertamente agobiada por la violencia, de la que su partido ha sido uno de sus principales protagonistas, tal como lo ha demostrado  al oponerse férreamente al acuerdo de paz. Por fortuna, el escenario y las circunstancias son otras y los ciudadanos ya no se sienten interpelados por quien, antes que como estadista, se manifiesta como un gañán de calle para anunciar que está dispuesto a sobreponerse a su voluntad.  

Zuluaga, bastante deslucido en las puestas en escena de su campaña, les da muy pocas esperanzas a sus jefes y seguidores de que puedan mantenerse en el poder. Con toda seguridad este será su último gobierno, al que por lo único que lo recordarán con agradecimiento los colombianos es porque pasará a la historia como el glorioso sepulturero de su partido.

Queda mucho todavía por verse, vienen las elecciones a Congreso, las consultas interpartidistas, las dos vueltas presidenciales, pero no nos equivocamos al decir que, no solo por la crisis del uribismo, nos vemos en un país en donde se advierte la emergencia de un nuevo bloque histórico producto, por un lado, de un movimiento social que se consolida en torno a un conjunto variado de nuevas expresiones organizativas y, por otro, de la inopia en la que va quedando la tradicional representación partidista -etérea, difusa, corroída y cada vez más desconectada de los problemas nacionales- a la que la historia hoy le está pasando factura. 

Si los vientos de cambio se siguen abriendo paso, pueblos indígenas y afrocolombianos, campesinos, mujeres, jóvenes, animalistas, comunidad LGTBIQ+, líderes comunales, movimientos políticos alternativos... marcarán lo que, por primera vez, sería un punto de inflexión para que Colombia avance hacia un nuevo umbral de la civilización, la cultura política y la consolidación de la paz y la democracia. Que así sea.

*Economista-Magister en estudios políticos

Salario 10,07%, alimentos 17,23%

 Orlando Ortiz Medina*

“No me gusta presumir cuando compro cosas caras, 

Pero ayer fui al mercado y me compré dos libras de queso”

De un mensaje de Facebook. 

La papa tuvo un crecimiento del 111%; el precio de la carne de res se elevó en 33%, los aceites comestibles en 47,48 %, la carne de aves 26,35 %, el plátano 21,06%, las frutas frescas 24,29%, los huevos 18,3% y la leche 12,79%.

Imagen tomada de Mi bolsillo Colombia

Mucha alharaca ha hecho el gobierno con el incremento del salario mínimo de 10,07% para el 2022. A primera vista la cifra parece significativa puesto que son 4,45 puntos por encima del índice de inflación, 5,62%, según el Índice de Precios al Consumidor de diciembre de 2021 del DANE, que crean la ilusión de un incremento real para quienes devengan el mínimo legal vigente. Lo cierto es que, si nos asumimos con el espíritu de un perfeccionista y vamos con mayor rigor a los detalles, nos encontramos con realidades que están lejos de ser tan halagüeñas. 

Recordemos que la tasa de inflación es el valor promedio de la variación de los precios del conjunto de bienes y servicios que conforman la canasta familiar, en un periodo determinado. Algunos rubros o productos quedan por encima o por debajo de ese promedio general y afectan de manera diferenciada  a los consumidores, según sean sus necesidades de consumo y el valor de sus ingresos. 

Al cierre del 2021 el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, por ejemplo, subió el 17,23%, es decir, 11,61 puntos por encima de la tasa promedio de inflación (5,62) y 7,16 puntos por encima del aumento del salario (10,07). La papa tuvo un crecimiento del 111%, el precio de la carne de res se elevó en 33%, los aceites comestibles en 47,48 %, la carne de aves 26,35%, el plátano 21,06%, las frutas frescas 24,29%, los huevos 18,3% y la leche 12,79%. Una situación que se agrava por el aumento, también por encima del promedio, de los precios del transporte, 5,69%; electricidad 9,92%, y combustible para vehículos 11,32%, para tomar solo algunos de los que más pesan en el costo de la canasta general.      

De acuerdo con los niveles de ingreso, el informe citado del DANE indica que la variación anual del IPC para los sectores más pobres fue 6,85%, vulnerables 6,85%, clase media 5,78% y sectores de ingresos altos 4,39%. Sobra explicar lo que ello significa en el aumento de la desigualdad.

Como se aprecia, tanto por la afectación según los niveles de ingreso, como por el de los productos que más aportaron al incremento de los precios (papa, carne, plátano, huevos, aceite…) base de la dieta alimentaria de la mayoría de los colombianos de más bajos recursos, son estos los que resultan más afectados, puesto que inevitablemente dedican la mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos. 

La situación es preocupante cuando, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Bancos de Alimentos y la ANDI, en Colombia, antes de la pandemia el 54,2% de los hogares vivía ya en inseguridad alimentaria, 560.000 niños menores de 5 años sufría desnutrición crónica y más de 21 millones de personas tenían dificultades para comprar la comida. Por su parte, la Encuesta Pulso Social del DANE señala que antes de la pandemia el 90% de los hogares comía 3 veces al día, indicador que bajó a 68,9% en noviembre de 2021; los que comen solo dos veces al día subió del 9,6% al 29% y los que consumen solo una vez pasó del 0,6% al 1,9%. 

Las Causas 

Hay que decir que la ola inflacionaria y el peso mayor del grupo de los alimentos se presentan en prácticamente todo el mundo. En su más reciente informe, la FAO reportó que el crecimiento global del precio de los alimentos en 2021 fue del 28,1%, el más alto en los diez últimos años. Igual situación se vive, aunque con diferencias, en la mayoría de países de América Latina, que fue la región más afectada del planeta.

Las razones son multicausales, aunque se explican en mayor medida por los efectos de la pandemia. La reactivación del consumo presentada durante 2021, luego de la contracción que se produjo en el 2020, tuvo un impacto sobre los precios, en un escenario en el que la oferta global de productos se redujo por las dificultades para mantener los ritmos de producción y por las disrupciones generadas en la cadena de suministros. Se destaca la insuficiente disposición de contenedores y el aumento de los costos de fletes y transporte, afectados a su vez por el alza de los precios de los combustibles y en general, de los servicios de energía.  

Productos como el maíz, el trigo, el sorgo, la soya, así como cárnicos, lácteos y sus derivados, entre otros, que en su momento fueron claves en la producción agroalimentaria en Colombia, hoy son comprados con precios elevados a productores extranjeros.

Pero, en Colombia, como en general en América Latina, el peso del rubro de alimentos en la tasa de inflación se explica también por otro tipo de factores. Es el caso del alto consumo de productos e insumos importados, resultado de un modelo de desarrollo que antes que apoyar la producción y el mercado interno, prefirió abrir las puertas a los bienes producidos en otras plazas, con el consiguiente deterioro de la producción nacional, especialmente en los sectores agrícola y pecuario, aunque también en el de la industria manufacturera.

En el caso del sector agropecuario, productos como el maíz, el trigo, el sorgo, la soya, así como cárnicos, lácteos y sus derivados, entre otros, que en su momento fueron claves en la producción agroalimentaria en Colombia, hoy son comprados con precios elevados a productores extranjeros, cuando bien podrían ser producidos internamente. 

Se partió de que, por vía de una mayor competencia, la apertura llevaría a un sector agrícola más competitivo, pero no se tuvo en cuenta que ello requería del alistamiento de condiciones que mejoraran la capacidad productiva, además de contar con un portafolio más diverso de productos que permitiera atender la demanda interna e incursionar al mismo tiempo con opciones de éxito en los mercados internacionales. 

Los sectores agrícola y manufacturero pasaron a jugar un papel secundario, mientras cobraron realce los sectores minero y de explotación petrolera, además del sector financiero, muy pobres en la generación de empleo y excesivamente dependientes de la volatilidad internacional.

Por el contrario, a lo que se llegó fue a un escenario de cada vez mayores desventajas con el mundo desarrollado y a poner a nuestros países en una situación de máxima vulnerabilidad. No se dedicaron los recursos suficientes para la investigación en ciencia y tecnología; antes que diversificar, se promovió el monocultivo y se renunció a la autonomía y soberanía alimentaria; se produjo una recomposición en las estructuras de producción nacional en la que los sectores agrícola y manufacturero pasaron a jugar un papel secundario, mientras cobraron realce los sectores minero y de explotación petrolera, además del sector financiero, muy pobres en la generación de empleo y excesivamente dependientes de la volatilidad internacional. Respecto de esto último, basta considerar la inestabilidad de los tipos de cambio, que tanto impacto ha tenido sobre los precios de los insumos y productos importados.  

Otro factor que contribuyó al incremento de los precios es la mayor liquidez que se inyectó a la economía, producto de los recursos que fue necesario transferir para atender los efectos de la pandemia. Unas trasferencias no precisamente bien dirigidas, puesto que no llegaron a quienes con más urgencia las requerían. En Colombia los grandes empresarios fueron los que más resultaron beneficiados. 

Salidas posibles, perspectivas inciertas

En Colombia, contener la inflación causada por los precios de los alimentos es posible si se reconoce su enorme potencial en materia de consumo y producción agroalimentaria, que pasa por revisar el modelo de desarrollo que ha dominado en las últimas décadas y valorar la posibilidad de establecer ciertos niveles de protección frente al ingreso de productos importados. Lo dicho no implica, por supuesto, dejar de lado la oportunidad de alcanzar también un mejor posicionamiento de compra y venta en los mercados internacionales. 

Para ello se requiere orientar inversión hacia sectores estratégicos, con perspectivas de mediano y largo plazo, que hagan más competitivos los productos nacionales en el mercado. Son acciones que se deben complementar con programas que estimulen el acceso a tierra para los campesinos, los provean de asesoría y asistencia técnica, faciliten la obtención de crédito y ofrezcan condiciones para el almacenamiento, transporte y comercialización de sus productos. Lo anterior en el marco de proyectos de mejora de infraestructura como carreteras, vías de acceso, disposición de agua para riego, sistemas de transporte e iniciativas de electrificación rural.  

La pandemia continúa y no se descartan nuevas variantes que prolongarían los impactos negativos sobre la producción y el comercio internacional.

Deben, además, estar en coherencia con otras políticas macroeconómicas que promuevan en conjunto la actividad productiva. El manejo de la tasa de interés no puede ser el único instrumento de control de la inflación, pues es insuficiente y puede terminar más bien en efectos contractivos. Igual ocurre con medidas que solo busquen la consolidación y el equilibrio fiscal. Mientras el aumento de las tasas de interés encarece el dinero, es decir el crédito, lo que lleva al alza los costos de inversión para los empresarios o a restar posibilidades a los consumidores, una política fiscal restrictiva puede ser un freno a la generación de empleo y al crecimiento de la demanda agregada. 

Tampoco el solo incremento del salario alcanza para corregir el conjunto de anomalías que enfrenta la economía, en Colombia no pasó de ser un distractor para la época navideña y una salida demagógica y oportunista frente a la contienda electoral en curso.

Es mucho más lo que hay que hacer en un escenario que hacia 2022 no deja mucho espacio para el optimismo, puesto que el contexto no es el más favorable. La pandemia continúa y no se descartan nuevas variantes que prolongarían los impactos negativos sobre la producción y el comercio internacional. Se pronostica una caída del crecimiento y una inflación al alza, con un peso todavía mayor del grupo de alimentos. Se mantendrá igualmente la inestabilidad de los tipos de cambio, el aumento de los precios de la energía y, con ello, de los fletes y el transporte que tanto están pesando en el comportamiento económico mundial. 

La Cepal estima una desaceleración mundial para 2022, que pasará al 4,9% de  crecimiento del PIB, después del 5,5% alcanzado en 2021. Para América Latina, proyecta un crecimiento del 2,1% en 2022, luego de crecer 6,2% promedio el año pasado. En Colombia, de acuerdo con el mismo organismo, el crecimiento pasará del 9,5% en 2021 a solo el 3,7% en 2022. No se debe dejar de lado  que la elevada cifra de 2021 no obedece más que a la pobre base de comparación con el 2020, en donde hubo un decrecimiento de -6,8%. El Caribe crecerá 6,1% (excluyendo Guyana), América Central 4,5% y América del Sur lo hará solo en 1,4%. 

Tenemos año electoral en medio de una ola creciente de inseguridad y de violencia, y un presidente que cuenta los días para salir y continuar oficialmente el largo periodo de vacaciones en que convirtió su mandato.

Es seguro que la contracción de la producción tendrá impactos negativos sobre las finanzas de los Estados, lo que es complicado cuando lo que se requiere es disponer de recursos para seguir atendiendo los efectos de la pandemia y la implementación de programas que promuevan el crecimiento. Más preocupante cuando el aumento del empleo no ha ido paralelo con el ritmo de la economía y se mantiene todavía en cifras superiores a las que se tenían antes de la pandemia. 

Colombia vive una latente tensión social iniciada en 2019 y tuvo su máxima expresión entre los meses de abril y junio de 2021. Tenemos año electoral en medio de una ola creciente de inseguridad y de violencia, y un presidente que cuenta los días para salir y continuar oficialmente el largo periodo de vacaciones en que convirtió su mandato. De manera que, aparte de la celebración que en el mes de agosto hará la mayoría de colombianos en homenaje a su salida, las cosas no pintan bien. Ojalá este año a las y los electores nos ilumine la sabiduría y le demos al país la oportunidad de cambio que durante tantos años ha estado esperando.

*Economista-Magister en estudios políticos 

"Tengo fe en Chile”

A Edgardo Condeza Vaccaro, con quien compartí y aprendí durante sus años de exilio en Colombia.  A todos los chilenos y chilenas que vivieron en Colombia y felizmente regresaron a su patria. Aquí se quedaron sus abrazos.

Orlando Ortiz Medina* 

Foto tomada de: 24 horas/noticias bbc

"Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

Son palabras del presidente de Chile Salvador Allende, minutos antes de ofrendar su vida, el 11 de septiembre de 1973, día en que las fuerzas armadas, en cabeza del comandante en jefe del ejército Augusto Pinochet, se tomaban por asalto el Palacio de La Moneda para usurpar el mando que legítimamente le había delegado la mayoría del pueblo chileno. Erguido y con la frente en alto, Allende prefirió su muerte antes que deshonrar su dignidad y la de quienes lo habían elegido en democracia.  

Corrían los tiempos de la Guerra Fría y, para América Latina, de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, con la que el gobierno norteamericano buscando preservar su dominio y hegemonía promovía la instauración de dictaduras en casi todos los países de esta parte del continente.

En ese  marco, los EEUU no podían concebir que un Gobierno de orientación socialista, el primero en el mundo que llegaba por el sistema democrático y la vía electoral, tuviera cabida en América Latina. Fue así que en las oficinas de la Casa Blanca y en las de esa asociación para delinquir que ha sido la Agencia Central de Inteligencia -CIA-, con la complicidad del sector empresarial, las fuerzas armadas y las élites chilenas, se cocinó el golpe de Estado contra Salvador Allende. 

La estrategia consistió en desestabilizar el Gobierno, para lo que era necesario “hacer chillar a la economía chilena” , como le dijo en su momento el presidente Richard Nixon a su secretario de Estado Henry Kissinger. Había que financiar la oposición, promover el terrorismo, animar y dar respaldo a los militares arrodillados a los designios del imperio. El cometido se cumplió y la voluntad de los chilenos y chilenas fue pisoteada y bañada en sangre.  

Los casi diecisiete años que los militares se mantuvieron en el poder dejaron un saldo de miles de personas detenidas y torturadas; alrededor de mil quinientas asesinadas; una cifra similar de detenidos desaparecidos, se sabe que muchos de ellos arrojados al mar; además de alrededor de doscientas mil personas obligadas a permanecer en el exilio en diferentes países del mundo. 

Pero, más allá de las escabrosas cifras de violaciones a los derechos humanos que se acaban de referir, Chile, bajo el manto de la dictadura, se convirtió desde entonces en el laboratorio de implementación de un nuevo modelo de desarrollo que se expandiría luego por el resto de países de América Latina. Bajo la égida del Fondo Monetario Internacional -FMI-, el Banco Mundial -BM- y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el neoliberalismo, como así se le conoce, se impuso como la cartilla a seguir por la mayoría de Gobiernos del continente. 

Lo que hasta ahora habían sido derechos conquistados por los trabajadores y que dieron nombre a lo que se conocía como el estado de bienestar: la salud, la educación, los ahorros pensionales, entre otros, se convirtieron en productos de mercado y en un jugoso negocio, en especial para los grupos financieros que pasaron a ser los protagonistas de primer orden en el desempeño económico. 

Se decretaron inusitadas medidas de apertura para el ingreso de productos del exterior, que afectaron la producción interna y llevaron a la quiebra a muchos sectores de la agricultura y la industria nacional. Nuestros países retomaron el rol de simples exportadores de materias primas, especialmente de los sectores agrícola y minero; así mismo, el de proveedores de mano de obra de buena calidad y bajo costo. La búsqueda de equilibrio en los ingresos y gastos del Estado, el control del déficit y la austeridad fiscal, que en verdad nunca ha sido cierto, se tradujo en el recorte del gasto social del Estado y en regresivos sistemas de impuestos que pesaron sobre todo en los sectores más vulnerables.

La riqueza se concentró, se profundizaron las desigualdades; el trabajo y las fuentes de ingresos se volvieron en su mayoría informales o con sistemas de contratación tan extremadamente flexibles que a muy pocos garantizan estabilidad. Es cada vez menor el número de trabajadores que aspiran a disfrutar de una pensión. Las personas de los sectores más pobres quedaron prácticamente vedadas para aspirar a sus estudios secundarios o universitarios. La paz, la seguridad, el medio ambiente, incluso para muchos el acceso al agua, bienes por excelencia públicos, quedaron bajo la órbita del mercado y tan solo alcance de quienes estuvieran en posibilidad de comprarlos.

Más allá de lo económico, el neoliberalismo se convirtió además en una forma de pensamiento, un saber social que naturalizó el individualismo y promovió unas lógicas de convivencia basadas en la competencia, el consumismo y el arribismo sobre todo de una clase media que terminó siendo feliz viviendo al debe y ahorcada eternamente por la soga de los bancos.

En fin, las prioridades del Estado cambiaron y se abandonó de plano el cumplimiento de su función y responsabilidad social; pasó a ser no más que el garante de una seguridad policiva al servicio de los dueños del establecimiento, concentrados alrededor de las élites y los grandes conglomerados económicos nacionales y transnacionales.  

Más allá de lo económico, el neoliberalismo se convirtió además en una forma de pensamiento, un saber social que naturalizó el individualismo y promovió unas lógicas de convivencia basadas en la competencia, el consumismo y el arribismo sobre todo de una clase media que terminó siendo feliz viviendo al debe y ahorcada eternamente por la soga de los bancos. Se hizo común aquello de que quien es pobre es porque carece de iniciativa o le falta espíritu emprendedor; a esto último se orientó la configuración de los programas educativos y de formación en colegios y universidades. Con la tecnocracia como nueva manera de concebir la producción de saber, en el neoliberalismo cada individuo terminó asimilado a una empresa o a un apéndice de ella. El cuánto tienes, cuánto vales, es lo que decide tu existencia.

Esa lógica de competencia y endoso al libre mercado socavó también los fundamentos de la democracia, pues el liberalismo pregonado en lo económico se conjuga con un conservadurismo en lo político, que se expresó en el ataque a cualquier forma de representación colectiva, el recorte de las libertades y la represión de las demandas de una ciudadanía a la que se excluyó de los procesos decisorios y se le continuó haciendo víctima de los desmanes de las fuerzas militares y de la Policía. Asesinatos, mutilaciones oculares, detenciones arbitrarias, abuso y violación sexual, especialmente de mujeres, tal cual ocurrió durante el reciente estallido social que durante cerca de tres meses afectó a Colombia. Todo nuevo pensamiento o aspiración de cambio ha sido considerado como contrario  al desarrollo y amenaza contra el sistema, por ello, todo pensamiento o aspiración de cambio fue entonces criminalizado.

Esas son la antesala y la razón del triunfo de Gabriel Boric en las recientes elecciones celebradas en Chile. El eco de una ciudadanía indignada y cansada con el deterioro de sus condiciones de vida, que en buena hora acumuló fuerzas y las hizo sentir en las urnas, y el clímax tanto tiempo aplazado del deseo de borrar la huella y acabar con los anhelos de persistencia de los nostálgicos de la dictadura, que en buena hora fueron derrotados. Es igualmente el producto de un sentimiento colectivo que logra encausarse políticamente como la contracara del modelo neoliberal que, así como vio la luz, empezará a fenecer en Chile y esperamos que en el conjunto de América Latina. 

Boric se consagra como el vocero de esa masa multicolor que, liderada especialmente por las y los jóvenes, se volcó a las calles para decir no más al modelo heredado de la dictadura. “Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y espíritu de lucha”, decía Allende en su última proclama, agradeciendo a los jóvenes que entonces, como ahora, habían sido artífices de su triunfo. Premonitorias palabras y qué mejor manera de rendir homenaje a su memoria y a todas las víctimas de la dictadura, cuando son ellos los que todavía hoy se encargan de empujar el cambio.

Boric se consagra como el vocero de esa masa multicolor que, liderada especialmente por las y los jóvenes, se volcó a las calles para decir no más al modelo heredado de la dictadura. “Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y espíritu de lucha”, decía Allende en su última proclama, agradeciendo a los jóvenes que entonces, como ahora, habían sido artífices de su triunfo. 

El movimiento social de Chile recoge una masa crítica altamente politizada y que no necesariamente ha tenido origen en los partidos o en cualquier otra forma de expresión o representación política;  por el contrario, son en gran parte una manifestación de su rechazo; una multitud, más bien acéfala, que no se ha sentido representada y que piensa que los Gobiernos progresistas que sucedieron a la dictadura fueron más bien tímidos a la hora de tocar los fundamentos del modelo que hoy los tiene en las calles. No por nada la constitución que todavía rige es la que desde hace cuarenta años fue confeccionada por la dictadura y cuya reforma o derogación será una de las primeras tareas que en 2022 deberá encarar el nuevo presidente. 

Es también una manifestación contracultural, el florecer de un nuevo saber y pensamiento liderado por una juventud que, si bien no vivió en carne propia los desmanes de la dictadura, sí que ha padecido sus secuelas. Ahí se aprecia la confluencia de múltiples identidades y formas de organización que se movilizan porque reconocen su papel transformador, reivindican el valor y el sentido de la política y resitúan el logos de la democracia. 

El acceso a seguridad social, una mejor redistribución del ingreso y la riqueza, el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, la equidad de género, la economía del cuidado, los derechos de la comunidad LGTBIQ+, el cambio climático, el derecho a una salud y educación pública y de calidad, para tomar solo algunos, condensan la agenda de esa sociedad que apuesta por pasar a un nuevo umbral civilizatorio, al nuevo estadio de una modernidad de la que hasta ahora solo muy pocos han disfrutado de sus logros. 

Lo que se viene para Boric no es nada fácil, pues recibe a un país enormemente dividido y que desde hace cinco décadas enfrenta a dos propuestas de sociedad. Queda por ver cuánto y cómo va a poder emprender las reformas frente a un modelo que mantiene defensores a ultranza  y harán hasta lo imposible por bloquear sus pretensiones de cambio. 

No son los tiempos en los que se produjo el derrocamiento y asesinato del presidente chileno a comienzos de los años 70; no estamos en el marco de la Guerra Fría ni de la Doctrina de Seguridad Nacional; queda entonces esperar que el giro a la izquierda, de nuevo legítimamente conquistado por las y los ciudadanos chilenos, sea respetado esta vez y se acate su soberanía y voluntad. Amanecerá y veremos, porque si bien Biden no es Nixon, los Estados Unidos siguen siendo los Estados Unidos. 

Terminemos con Salvador Allende porque hoy se recupera el sentido de las que fueron sus últimas palabras, ya con el cañón de su fusil bajo el mentón: “Tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile!, ¡Viva el pueblo!, ¡Vivan los trabajadores!”

Dictadura Constitucional

 

La arquitectura del Estado se adecua y faculta al gobernante para actuar de manera ordinaria con instrumentos que en otras circunstancias responderían a situaciones de facto o de excepción.

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Corporación Jurídica Libertad

Las reformas institucionales que se han venido presentando por vía del ejecutivo o el Congreso de la República, así como el tratamiento dado a la protesta en el marco de la movilización ciudadana que se presenta desde el mes de abril, reafirman que en Colombia nos mantenemos en un régimen de dictadura, encriptado en la formalidad de un modelo de democracia constitucional. 

La arquitectura del Estado se adecua y faculta al gobernante para actuar de manera ordinaria con instrumentos que en otras circunstancias responderían a situaciones de facto o de excepción. Si el Estado de derecho termina siendo incómodo para quienes necesitan asegurar su permanencia en el poder, entonces se reordena para ponerlo a la medida de sus necesidades. No es la constitución sino el mismo poder en ejercicio el que establece sus límites . 

Esta es la salida que se ha planteado frente a la aguda crisis de representación y legitimidad a la que se enfrenta hoy la dirigencia en Colombia. Con la cooptación de los órganos de control por parte del ejecutivo, la ruptura del equilibrio de poderes y la cesión de funciones judiciales a organismos administrativos, así como de responsabilidades de los entes civiles a los cuerpos militares y de policía, se atenta contra el Estado de derecho y se debilita cada vez más el sistema democrático.

La seguridad, la salvaguarda del orden y un concepto de soberanía fundado en premisas estrictamente jurídicas se refieren exclusivamente al Estado o al régimen y no al cuerpo social en su conjunto. La seguridad ciudadana se subsume y el orden como posibilidad de convivencia en el marco del respeto a los derechos no se vislumbra. La soberanía del constituyente primario, premisa fundante de la democracia, termina anegada y cualquiera de sus manifestaciones se asimila a terrorismo, vandalismo o propósitos de desestabilización a los que el Estado responde con represión y restricción de los derechos.  

Las medidas de excepción establecidas al amparo de la declaratoria de emergencia económica durante la pandemia, la aprobación del proyecto de ley que reforma el código disciplinario de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, la promulgación del Decreto 575 que autoriza la militarización de las ciudades y la propuesta de reforma al Decreto 003 de 2021, con la que el Gobierno se autofaculta para reglamentar la protesta ciudadana, son los más recientes ejemplos de cómo en Colombia se ha ido reafirmando un régimen de dictadura rodeado de garantías constitucionales . 

La reforma al código disciplinario de la -PGN-, que le otorga funciones judiciales y de policía y la autoriza para investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, pone en serio peligro la democracia; es ni más ni  menos que dejar la permanencia y futuro de estos últimos al arbitrio de un funcionario cuyo nombramiento es de origen político, al ser ternado por el Presidente y escogido luego por los sectores políticos mayoritarios en el congreso, que normalmente son parte del mismo circuito de poder. 

La -PGN- queda inscrita en un híbrido curioso de competencias de carácter administrativo y judicial que, a juzgar por la tradición, en Colombia terminará siendo nada más que una manera perversa de emitir fallos políticos con ropaje judicial. Tal cual pasó en 2013 con el alcalde de Bogotá Gustavo Petro (2012-2015), destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años, por quien en su momento era el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. 

Para bien de la democracia, el fallo del Procurador tuvo que ser revocado por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, al considerarlo violatorio de la Convención Americana, que, en su artículo 23, establece que una entidad de carácter administrativo, como es la –PGN-, no está facultada para destituir y suspender los derechos políticos a quienes son elegidos por voto popular, en tanto ello solo procede por condena previa establecida por un juez penal.

De manera que el proyecto de ley ya aprobado y en espera de sanción presidencial, no sólo contraría lo dictaminado por la CIDH en el caso de Gustavo Petro, sino que lo que esta dejó taxativamente prohibido pasa ahora a ser parte del ordenamiento constitucional. En este se establece la creación una sala especial de jueces cuyo nombramiento y control dependerán directamente del (la) procurador (a), lo que, de paso, pondrá en vilo los principios de imparcialidad, autonomía e independencia, a los que se deben como rectores de la justicia penal. La línea directa que tendrán con el ejecutivo, a través del procurador, a juzgar por su trámite de nombramiento, será siempre un óbice para garantizar el cumplimiento de estos preceptos. 

Con la propuesta de modificación del Decreto 003 de 2021, por su parte, será el Gobierno el que decida cuándo una manifestación es legítima y en qué casos puede o no ser permitida, lo que viola el artículo 37 de la Constitución nacional, que garantiza la protesta ciudadana. Una muestra más del abuso del poder por parte del ejecutivo, que además reforma mediante decreto presidencial algo que solo puede hacerse por vía del legislativo, como lo establecen también la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 15 y 21, respectivamente. 

El Decreto 575 de 2021 reafirma la vena militarista del régimen en Colombia, al autorizar el despliegue del ejército en algunas ciudades y departamentos para contener las manifestaciones de protesta que se adelantan en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril. Con ello no solo se pasa por encima de los alcaldes y gobernadores, que son la primera autoridad en sus ámbitos territoriales, sino que se transgrede una vez más el espíritu civilista de la Constitución. 

Por si algo faltaba, en una ceremonia de ascenso a oficiales de la policía, Duque anunció que presentará un proyecto de ley antidisturbios y antivandalismo para reglamentar la manifestación pública, en la próxima legislatura del congreso. Aún no sabemos exactamente en qué consiste, pero no  hay que dar por descontado que sea una evocación del famoso Estatuto de Seguridad de finales de la década del setenta, que legalizó los abusos de la fuerza pública y resultó tan oneroso para los derechos humanos, tal cual se ha vivido en estos días de fuerte agitación social y con el saldo de personas desaparecidas, asesinadas o abusadas sexualmente, que ha ido quedando.

Estamos pues al arbitrio de un orden constitucional secuestrado por el ímpetu dictatorial de un partido que ha ido enquistándose en todos los ramales del Estado para acomodarlo a su antojo y, al mismo tiempo, de un Estado social de derecho anegado por las pulsiones regresivas de unas élites que insisten en mantener el estado de cosas, pero en cuyos moldes no está dispuesto a permanecer un país mayoritariamente cansado y que reclama con urgencia el viraje hacia un nuevo orden. 

La multitud hoy en las calles es apenas el comienzo de un movimiento de insurgencia civil que sabe a qué se está enfrentando y que no será inferior a los retos que convoca este momento de crisis. Qué ganancia ésta la de proceso de paz, vale decir, cuando de un conflicto armado de más de cincuenta años trasegamos hacia un escenario en el que es el poder ciudadano el que se asume como protagonista de primera línea, como nunca durante tantos años había sido alcanzado.

Si por un lado están los que se aferran tozudamente al establecimiento e insisten cada vez más en afinarle las espuelas al régimen de dictadura, por otro están quienes, movidos por los vientos de cambio, ya no volverán a arriar las velas; por el contrario, seguirán insistiendo en abrir los caminos que nos lleven definitivamente por las sendas de la democracia. 

*Economista-Magister en Estudios políticos

 Sánchez, C, Castellanos E, El disfraz constitucional: el constitucionalismo relativo. En revista papel político, volumen 14, N° 1, enero-junio de 2009, pp. 13-38. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Schmitt, C. (2006),  La Dictadura. Buenos Aires, Editorial Struhart & Cia

El Paro Nacional, una moneda al aire.

 

Lo que vemos en últimas en esta larga jornada de movilización social es un modelo de sociedad cuyos cimientos se sacuden y ponen sobre la mesa la necesidad de un nuevo orden; una ruptura cuya tracción hacia los extremos se desborda en manifestaciones de violencia, ante la negativa de quienes han ocupado siempre las posiciones de privilegio en el tablero de juego y tampoco hoy se ven dispuestos a mover las  fichas. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto EFE. Tomado de El Tiempo.

La imagen que mejor explica lo que ocurre hoy en Colombia es la de Iván Duque autoentrevistándose a través de una máquina, y en un idioma, el inglés, que no habla la mayoría colombianos.

Esta refleja el autismo  en que vive el señor presidente; el grado profundo de soledad y ensimismamiento en que se encuentra y su falta de conexión con sus ciudadanos  y la realidad que los circunda. Nos habla de alguien que se ha ido quedando sin interlocutores, que se muestra cada vez más alejado de los problemas que le corresponde encarar, y a quien la única opción que le va quedando es la de responderse a sí mismo sus preguntas y pedirle a su espejo que le califique su gestión.

Si lo primero que se requiere para encontrar el camino que nos lleve a la solución de los problemas es que se reconozca su existencia y las fuentes verdaderas de su origen, muy mal nos vemos en lo que a la actitud del presidente y su Gobierno se refiere. Mientras siga empeñado en demostrar que lo que ocurre en Colombia es producto de una conspiración internacional en su contra y no la quiebra de un orden político y social que tiene base en su propia crisis de liderazgo y en la de una dirigencia claramente escindida de unas mayorías a las que definitivamente no representan, no habrán a la vista alternativas posibles. 

No es culpando a Nicolás Maduro, a Vladimir Putin, al grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo o, en el interior, a su antecesor Juan Manuel Santos o al principal líder de la oposición Gustavo Petro, como va a conseguir el presidente sacar al país del estado en que se encuentra; tampoco va a lograr lavarse las manos ante a una comunidad nacional e internacional cuya inteligencia insulta, si es que piensa que le va a copiar la insensatez de su discurso.

Duque es un presidente sin agenda, enajenado en pensamiento, palabra y obra, por quienes desde afuera le manejan los hilos; extorsionado por la coalición de partidos que le aseguran su gobernabilidad en el Congreso; secuestrado por su jefe el expresidente Álvaro Uribe, principal responsable del enanismo al que ha sido llevada su gestión. Además está comprometido hasta la médula con los representantes de los grupos económicos que, mientras con una mano le entregaron los dineros para financiar su campaña, con la otra le confirieron el decálogo de tareas a las que quedaba obligado.

En medio de este panorama es muy difícil advertir las opciones de salida, porque lo que estamos es en un escenario en el que, de un lado están los inamovibles de quienes históricamente han mantenido su capacidad de maniobra para resistirse al cambio y, del otro, los que, hasta ahora excluidos, se alzan para manifestar su indisposición y evitar que esa situación se siga manteniendo. Es el cara y sello  de una moneda que está al aire y que no sabemos por qué lado va a caer. Qué peligro.

Lo que vemos en últimas en esta larga jornada de movilización social es un modelo de sociedad cuyos cimientos se sacuden y ponen sobre la mesa la necesidad de un nuevo orden; una ruptura cuya tracción hacia los extremos se desborda en manifestaciones de violencia, ante la negativa de quienes han ocupado siempre las posiciones de privilegio en el tablero de juego y tampoco hoy se ven dispuestos a mover las  fichas.    

Esto explica por qué, pasados cuarenta días de iniciada la movilización, el proceso de negociación entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno nacional no avanza. 

Para el Gobierno, los puntos que hay que poner sobre la mesa no son de fácil factura en tanto no obedecen a situaciones coyunturales; por el contrario, exigen reformas de fondo y requieren de trámites institucionales de cierto calado y elevada complejidad política; más todavía cuando, como ya se dijo, tocan intereses poderosos. La reforma laboral y al sistema de pensiones, la reforma al sistema de salud, la exigencia de un sistema de tributación más progresivo y equitativo, para referir solo algunos, son de la espina dorsal del modelo de desarrollo y totalmente del resorte de los grupos económicos que controlan las dirigencias de los partidos y sus representaciones en el Congreso. 

A lo anterior se agrega el incumplimiento del acuerdo de paz pactado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC, que el actual presidente y su partido han desconocido, lo que refuerza la lista de pendientes en cuyas causas están en gran medida cifradas las razones de la movilización ciudadana.

El Comité Nacional de Paro, por su parte, no tiene el control ni la autoridad sobre todos los sectores que se movilizan, en particular los jóvenes, que no se sienten interpelados ni reconocen en él al protagonista legítimo de sus demandas. En medio de una profunda desconfianza en las instituciones, tienen exigencias que no son tampoco de menor envergadura, como la reforma de la policía, por ejemplo, justa y necesaria cuando han sido ellos las principales víctimas de sus atropellos y de la violación de sus derechos. 

Mientras el Gobierno ha expedido del Decreto 575 de 2021 con el que ordena militarizar algunas ciudades y departamentos, restringiendo todavía más la vigencia de los derechos y pasándose por encima de la autoridad de los gobernantes locales, para el Comité del Paro la desmilitarización y el respeto a la movilización es una condición imperativa para seguir adelante con las negociaciones. 

Nos encontramos así en un momento en que las partes se han levantado de una mesa de negociación en la que ni están todos los que son ni son todos los que están. El proceso no avanza y el ambiente se deteriora cada día más, sobre todo cuando la movilización continúa con afectaciones en algunos sectores de la economía y con un saldo cada vez mayor de muertos, desaparecidos y peligrosas acciones de civiles armados que han decidido salir a apoyar la labor de la policía en algunas de las principales ciudades.   

Finalmente, no se puede dejar de considerar un hecho que complejiza todavía más el asunto, el papel que el paro pueda jugar en la campaña electoral para Congreso y Presidencia de la república, respectivamente. En una u otra dirección, las fuerzas políticas en contienda tendrán en cuenta lo que este momento de agitación social pueda significar en las decisiones de los electores, cada quien intentará capitalizar, bien a favor de sus propuestas o bien para fustigar o deslegitimar a sus adversarios. 

La crisis de representatividad y legitimidad que viven la derecha y la extrema derecha, sin duda la más alta en toda la historia de Colombia, podría abonar el camino para que se modifique el mapa representación en el Congreso de la República y un Gobierno de izquierda tome el relevo en el 2022. De manera que un nuevo bloque histórico podría estarse fraguando en medio de la enorme crisis política y social que toma lugar en la movilización ciudadana que hoy sacude al país.

Frente a ello, la derecha hará todo el esfuerzo para no perder el control en las instancias de poder; sobre todo el uribismo, la fuerza política en torno a la cual se concentra el núcleo más duro de los defensores del establecimiento, y que está acostumbrado a nutrirse de las situaciones de crisis y violencia para hacerlas rentables a sus intereses políticos y electorales. Esa ha sido su manera de sintonizar con el imaginario de una sociedad acostumbrada a asimilar el orden con la defensa del statu quo, la democracia con la existencia formal de las instituciones y la seguridad con la represión y el autoritarismo, con lo que en la últimas décadas ha logrado mantenerse en el control casi absoluto de los órganos del Estado. 

El desenlace está por verse, solo nos queda esperar que esta innecesaria y elevada cuota de sangre que hoy tiene a Colombia ocupando las primeras páginas de los principales diarios del mundo, sea la muestra de que una nueva sociedad está naciendo, al menos para nuestras próximas generaciones. 

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Cali, a millas siento tu aroma

En la Loma de la Dignidad en Cali, en el Portal de la Resistencia en Bogotá, en el Parque de la Resistencia en Medellín y en cualquier otra de las ciudades de Colombia, se sacuden las mentes y el ímpetu joven, el latir de un nuevo país que parece estar naciendo

Orlando Ortiz Medina*

A millas siento tu aroma, cualquiera justo razona, que Cali es Cali señoras, señores, lo demás es loma; dice una de las más entonadas canciones del grupo Niche, refiriéndose a la ciudad alma y nervio de sus melodías que, fusionadas con los ritmos acompasados de los cuerpos de hombres y mujeres, han construido la identidad de la que se conoce como la capital mundial de la salsa. 

Y sí, a millas se siente hoy el aroma efervescente de la ciudad que se levanta como epicentro de una jornada de movilización ciudadana sin antecedentes en la historia de Colombia. También conocida como la sucursal del cielo, en homenaje a la belleza de sus mujeres, la ciudad de olor a caña, tabaco y brea hiede hoy al humo de la pólvora desprendida de las armas con las que los agentes del Estado y algunos civiles seguidores del partido de Gobierno han respondido al descontento popular. El sonido de los timbales, los bombos y los clarinetes es reemplazado por el ruido enardecido de las aspas de los helicópteros, las motos oficiales o las sirenas temerarias de las tanquetas policiales. 

Esta vez son Cali y otras ciudades del departamento del Valle las que han puesto el grito más alto para hacer eco de la situación de duelo, angustia y desespero de miles y miles de personas que en todo el territorio nacional se toman las calles para decir no más a un Gobierno que apenas se ocupa de mirar cómo tapa el sol con un dedo, ante su incapacidad de dar respuesta al clímax de una agitada situación social que durante mucho tiempo se había mantenido represada.

¿Por qué Cali? 

Como parte de los principales centros urbanos e industriales de Colombia, terceros en importancia después de Bogotá-Cundinamarca y Antioquia, Cali y el departamento del Valle están en medio de un entorno muy complejo, en donde, aparte de su propios problemas, se ven afectados por otros que repercuten en su geografía, asociados con el conflicto social y armado interno y el abandono del Estado en zonas de la costa pacífica y el sur de Colombia. 

Cali es lugar de acogida de familias desplazadas de los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó, principalmente, a las que se suma hoy una gran cantidad de población migrante. Allí ha tomado forma un conglomerado humano diverso y pluricultural, que en su mayoría se alberga en las zonas periféricas de la ciudad y vive en las peores condiciones de pobreza y exclusión. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, según información publicada en el diario local El País, “cerca del 44,5 % de los habitantes de la capital del Valle viven en asentamientos precarios y unas 800.000 personas en invasiones” .

Pobreza y desempleo

De acuerdo con el más reciente informe de pobreza publicado por el DANE , de los más de dos millones de habitantes que tiene Cali, el 36,3 % vive en situación de pobreza monetaria y un 15,1 % en situación de pobreza monetaria extrema, índices que subieron 14,4 y 8,6 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2019 y 2020, por encima de los promedios nacionales, que fueron de 6,8 para pobreza monetaria y 5.5 para pobreza monetaria extrema. El desempleo, por su parte, es en Cali del 18, 6%, cinco puntos por encima el promedio nacional, que es de 13,8 %, y la tasa de informalidad está alrededor del 50 %.   

Una historia de segregación y exclusión

Pero sus dolores, nada nuevos, son herencia del proceso de configuración de sus formas de explotación económica, ligadas con las relaciones hacendatarias y esclavistas heredadas de la época colonial alrededor del cultivo de la caña de azúcar, producto traído de Santo Domingo en el siglo XVI por Sebastián de Belalcázar , personaje cuya estatua fue precisamente derribada en estos días por los representantes de las comunidades indígenas. Este último hecho tiene una profunda connotación simbólica y contribuye a explicar que lo que ocurre en Colombia responde a una serie de situaciones históricamente acumuladas, que los hechos más recientes simplemente están permitiendo develar.

Fue la producción de la caña de azúcar y sus derivados industriales lo que dio lugar al desarrollo de las grandes exportaciones comerciales en el Cauca y el Valle del Cauca. En el marco de una estructura de propiedad latifundista y con el monocultivo como base de su agricultura, tuvo lugar el desplazamiento de la producción agroalimentaria y el desarraigo o despojo de pequeños propietarios o productores que, especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se vieron obligados a ceder o vender su tierras para irse a vivir de la informalidad y el rebusque en los centros urbanos . 

Cauca y Valle del Cauca fueron territorios en gran parte poblados por descendientes de las  comunidades negras esclavizadas traídas de África, con las que se sustituyó a la población indígena, diezmada por la ruda explotación a la que fue sometida por el conquistador español y después por las élites republicanas que aún hoy mantienen el control de las estructuras de dominación.

Los mismos que están a la cabeza de los grandes conglomerados económicos, controlan o forman parte de lo que han sido o queda de las colectividades políticas tradicionales, tienen cooptada la institucionalidad y son portadoras, además, de un imaginario racista, excluyente y discriminatorio, en especial contra las poblaciones indígenas y afrocolombianas que, aun en ese escenario de segregación, son la base principal de la fuerza de trabajo de la capital y del departamento. 

El desborde de la crisis

Los desequilibrios entre una oferta de mano de obra en aumento debido a la llegada de personas desplazadas de otras regiones del país, a las que se suman los expulsados de otros sectores económicos que con la apertura económica de los años noventa minaron gran parte del potencial productivo nacional, y una demanda decreciente ocasionada por los mayores desarrollos tecnológicos, fueron sumiendo a Cali y el Valle del Cauca en una crisis con ribetes sociales cada vez más profundos.

El desempleo, el aumento de la informalidad, la pobreza y la miseria, como lo demuestran las cifras, exacerbadas además por efecto de la pandemia, se complejizan con el surgimiento de variadas formas de violencia y delincuencia, de una u otra forma asociadas con el deterioro social y el impacto que otro tipo de fenómenos como el narcotráfico, por ejemplo, han jugado en la cartografía de sus problemas.

La realidad de una ciudad modernizada, pero anclada todavía en patrones coloniales de exclusión económica, social y cultural, que hoy no están dispuestos a seguir soportando quienes han estado del lado más débil de la balanza, resumen el saldo de una deuda social cuya cuenta de cobro se tramita a través del estado de tensión que hoy vive Colombia y que no fortuitamente ha tenido como caja de resonancia la ciudad de Cali. 

La juventud como protagonista

Quienes principalmente se movilizan son los jóvenes porque son los que más se resienten de un modelo de desarrollo y sociedad en los que no han encontrado cabida; que se ven sin futuro, sin confianza en unas instituciones y formas de organización en las que no están representados, que son víctimas de un régimen que los ha estigmatizado y perseguido, como lo demuestra el que en estos días hayan sido el blanco principal de la represión policial.

Son parte también de una generación que aprendió que la democracia no es el mero cascarón institucional que de cuando en cuando los convoca a validar las falencias del establecimiento, sino que espera que se traduzca en posibilidades verdaderas de participación, les ofrezca un lugar digno en las dinámicas de producción, inclusión en el sistema educativo, derecho a la salud y espacios para hacer realidad sus sueños en disciplinas como el arte, el deporte, la cultura, etc., con lo que hoy principalmente se está manifestando en las calles.

Se equivocan quienes siguen pensando que lo que ocurre en Cali, como en otras ciudades de Colombia, es un asunto de vándalos o que obedece a una ya vacua idea de polarización entre amigos o enemigos de a una solución de guerra o salida negociada a un conflicto, con la que durante tantas décadas nos dejamos distraer de los verdaderos problemas de Colombia. Son esos problemas los que hoy convocan a una ciudadanía que ha entendido que cuando las instituciones fallan o son solo un disimulo de la democracia, están las calles y las nuevas formas de representación para garantizar su ejercicio.

En la Loma de la Dignidad en Cali, en el Portal de la Resistencia en Bogotá, en el Parque de la Resistencia en Medellín y en cualquier otra de las ciudades de Colombia, se sacuden las mentes y el ímpetu joven, el latir de un nuevo país que parece estar naciendo. Hagamos lo que diga el corazón, dice otra canción del grupo Niche. 

*Economista-Magister en Estudios políticos

[1] https://www.elpais.com.co/cali/las-invasiones-se-dispararon-en-cali-durante-la-cuarentena-por-el-coronavirus.html

[1] DANE, presentación pobreza monetaria en Colombia, resultados 2020. Abril 29 de 2021

[1] https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-92/la-cana-de-azucar-en-el-valle-del-cauca

[1] Ayala-Osorio, G. (2019). El monocultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca (Valle del Cauca, Colombia): un enclave que desnaturaliza la vida ecosistémica. Forum. Revista Departamento de Ciencia Política, (15), 37-66. https://doi.org/10.15446/frdcp.n15.72452