Zuluaga, usted no es el Estado

¿Qué lleva a Zuluaga a pensar que los alcaldes, elegidos popularmente, son súbditos y sujetos de obediencia debida al jefe del ejecutivo? 

Orlando Ortiz Medina*

Caricatura tomada de Razón Pública

El candidato a la presidencia por el Centro        Democrático Oscar Iván Zuluaga, en una visita  reciente a Cali, dijo en una entrevista que, de  llegar a la Presidencia de la República, su primera tarea sería citar un consejo de seguridad para demostrarle al Alcalde de esa ciudad, Jorge Iván Ospina, que, en sus palabras: “quien manda aquí soy yo”; y a la pregunta hecha  por su entrevistador Daniel García Arizabaleta, candidato al Senado por el mismo partido, de “¿y si no asistiera?”  Zuluaga,  en un tono propio del que estamos acostumbrados a escucharle a los seguidores y miembros del uribismo, respondió: “listo, lo mandamos a la mierda”.  

Olvida que en Colombia existe un orden constitucional al que tendría que acogerse, en caso, por fortuna bastante incierto, de que llegará a ser el nuevo presidente de la República.

Es una crasa muestra de soberbia y envanecimiento, pero sobre todo de ignorancia, la del candidato de la extrema derecha, cuando olvida que en Colombia existe un orden constitucional al que tendría que acogerse, en caso, por fortuna bastante incierto, de que llegará a ser el nuevo presidente de la República. Si resulta elegido, tendrá que tragarse sus palabras y dejar de lado sus ímpetus dictatoriales para someterse a la legalidad y las reglas de juego de la democracia.

Sus declaraciones son el reflejo de que él y a quienes representa se mantienen atados a un pensamiento conservador y más que nada regresivo, que nos devuelve a las que fueron las premisas del antiguo régimen, más de 200 años atrás, en donde la voluntad del monarca, de lo que Zuluaga tiene más bien poco, estaba por encima de las instituciones y de las leyes.  

Ignora Zuluaga que el Estado y la democracia moderna surgen justamente frente a la necesidad de poner límites al personalismo de los gobernantes. 

Ignora Zuluaga que el Estado y la democracia moderna surgen justamente frente a la necesidad de poner límites al personalismo de los gobernantes, para lo que se refundaron e invirtieron las fuentes de emanación y legitimación del poder trasladando su titularidad a los ciudadanos, hoy el constituyente primario, que en este caso está representado en quienes soberanamente eligieron al mandatario local. 

¿Qué lleva a Zuluaga a pensar que los alcaldes, elegidos popularmente, son súbditos y sujetos de obediencia debida al jefe del ejecutivo? La respuesta no puede ser otra que el hecho de ser un fiel representante de la vena autoritaria de su jefe y su estela de seguidores, quienes siempre se han sentido facultados para ponerse por encima del Estado de derecho.  

Con sus declaraciones, Zuluaga muestra que viene con la idea de reeditar la tristemente célebre Política de Seguridad Democrática, tan onerosa para el país por su estela de violencia, desinstitucionalización, resquebrajamiento del orden democrático y ralentización de la búsqueda de la paz, que sigue estando en el orden de prioridades para la sociedad colombiana. 

La afirmación de que su primera actuación como presidente sería convocar a un consejo de seguridad para decir quién manda y luego llamar “al general tal y al general tal”, nos devuelve a la sesgada visión de que los problemas que nos aquejan como sociedad: desigualdad, hambre, desempleo, falta de acceso a salud y educación, etc., exacerbados durante el actual Gobierno y fuente de la movilización social vivida en la mayoría de las ciudades colombianas, encuentra solución en una propuesta de seguridad entendida en la militarización de las ciudades, que tuvo en Cali su máxima expresión.  

 Ratifica, además, su ceguera para reconocer que el país cambió, que el discurso guerrerista ya no cala en una ciudadanía que hoy espera soluciones distintas a la guerra, como testigo del fracaso de una política que a lo único que ha llevado es a aumentar de nuevo los índices de violencia, expresados en el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y el afianzamiento de los grupos armados y delincuenciales en una vasta porción del territorio nacional. 

Se agotaron los tiempos de nutrirse política y electoralmente del dolor de una sociedad ciertamente agobiada por la violencia, de la que su partido ha sido uno de sus principales protagonistas.

No advierte que se agotaron los tiempos de nutrirse política y electoralmente del dolor de una sociedad ciertamente agobiada por la violencia, de la que su partido ha sido uno de sus principales protagonistas, tal como lo ha demostrado  al oponerse férreamente al acuerdo de paz. Por fortuna, el escenario y las circunstancias son otras y los ciudadanos ya no se sienten interpelados por quien, antes que como estadista, se manifiesta como un gañán de calle para anunciar que está dispuesto a sobreponerse a su voluntad.  

Zuluaga, bastante deslucido en las puestas en escena de su campaña, les da muy pocas esperanzas a sus jefes y seguidores de que puedan mantenerse en el poder. Con toda seguridad este será su último gobierno, al que por lo único que lo recordarán con agradecimiento los colombianos es porque pasará a la historia como el glorioso sepulturero de su partido.

Queda mucho todavía por verse, vienen las elecciones a Congreso, las consultas interpartidistas, las dos vueltas presidenciales, pero no nos equivocamos al decir que, no solo por la crisis del uribismo, nos vemos en un país en donde se advierte la emergencia de un nuevo bloque histórico producto, por un lado, de un movimiento social que se consolida en torno a un conjunto variado de nuevas expresiones organizativas y, por otro, de la inopia en la que va quedando la tradicional representación partidista -etérea, difusa, corroída y cada vez más desconectada de los problemas nacionales- a la que la historia hoy le está pasando factura. 

Si los vientos de cambio se siguen abriendo paso, pueblos indígenas y afrocolombianos, campesinos, mujeres, jóvenes, animalistas, comunidad LGTBIQ+, líderes comunales, movimientos políticos alternativos... marcarán lo que, por primera vez, sería un punto de inflexión para que Colombia avance hacia un nuevo umbral de la civilización, la cultura política y la consolidación de la paz y la democracia. Que así sea.

*Economista-Magister en estudios políticos

Estado-policía

Video tomado del canal de YouTube de Pacifista Colombia.

 

Orlando Ortiz Medina*

 

Ni ser vándalo es una condición inherente al ser de quienes por su indignación hicieron blanco a los bienes públicos, ni el calificativo de manzana podrida puede utilizarse para tratar a quienes actúan en nombre de un Estado.

Lo ocurrido en los últimos días en Colombia es una  muestra de cómo el Estado de derecho se ha convertido en un mero cascarón institucional que encubre la existencia de un verdadero régimen policivo.

Es así cuando los propios agentes del Estado se pasan por la faja el acatamiento de las normas, se burla el sistema de división de poderes, se suprimen las libertades, se compra, copta o silencia la prensa, y los mecanismos de control disciplinario y represivo se sobreponen en la manera como se establecen las relaciones con los ciudadanos.

Nos vemos frente una crisis de confianza en las instituciones, están en cuestión la legitimidad y la autoridad de quienes encabezan las distintas posiciones del Gobierno o el Estado, principalmente la del Presidente de la República, que no logra asumir el liderazgo y en todos los órdenes nos deja ver como un país a la deriva. Hay una crisis de representación y de hegemonía que consecuentemente está dando paso a un estado de dictadura encriptada en el formalismo de una democracia de procedimientos,  pero vacía en esencia de sus valores y contenidos. 

La reacción ciudadana frente al brutal asesinato del abogado Javier Ordoñez por parte de dos agentes de la Policía en Bogotá fue producto del acumulado de una serie de situaciones de tensión frente a las  que la ciudadanía no ha encontrado ni las respuestas ni los canales institucionales para  tramitarlas.

De ello pueden dar cuenta los vendedores ambulantes, los artistas callejeros, la comunidad LGTBIQ+, las mujeres, los jóvenes, todos de alguna manera víctimas de agresiones que van desde la tortura y el maltrato físico, el decomiso o daño de sus pertenencias, el abuso sexual, hasta la detención arbitraria y la práctica aplicación de la pena de muerte, como ocurrió con el abogado Ordóñez y trece personas más que fueron asesinadas las noches del 9 y 10 de septiembre.

La reacción de la policía es parte de la sintomatología de un cuerpo institucional que no solo está profundamente degradado, sino que es también la vena por donde principalmente se conduce la sangre del régimen, sobre todo en un Gobierno de cuyas propuestas la ciudadanía se siente cada vez más distanciada y en cabeza de un gobernante con las manos atadas a quienes desde afuera le manejan los hilos y que no encuentra otra salida que la exacerbación del uso de la fuerza para contener el descontento que inevitablemente se produce.

Su actuación se asemejó más a la de una banda de forajidos que a la de la institución encargada de resguardar el orden y garantizar la seguridad. Antes que hacer acatar y respetar la ley, su misión fue demostrar que se siente facultada para pasarse por encima de la misma, respaldada en la impronta militarista que le ha dado cuerpo en Colombia, contrario a cualquier país civilizado y democrático en donde cumple funciones de naturaleza estrictamente civil.

Abrieron fuego indiscriminado contra personas que siendo o no parte de la protesta circulaban a esa hora por las calles, ingresaron a los barrios rompiendo puertas y ventanas y agrediendo verbalmente  a sus vecinos, patearon en gavilla a personas que estaban heridas en el suelo y en pleno estado de indefensión. Hay suficiente ilustración de estos hechos en los videos que circulan en las redes y que han sido recopilados por organizaciones de derechos humanos y por la misma alcaldesa de la ciudad.

Los protocolos nacionales e internacionales que limitan el uso de la fuerza y prohíben las armas de fuego en el control a las protestas no fueron acatados; se olvidaron de que dentro de sus funciones de Policía están también las de promover, proteger y abstenerse ellos mismos de violar los derechos humanos, en especial el derecho a la vida y la dignidad de las personas.

La  reducción de los hechos  a simples acciones de vándalos, en el caso de los manifestantes, o de manzanas podridas cuando de la Policía se trata, es un intento torpe de tapar el sol con un dedo y buscar disfrazar lo que realmente corresponde a un estado de crisis de la democracia en Colombia. 

Habría que preguntarse, al menos como hipótesis, si en un escenario como el que se ha vivido en estos últimos meses y frente a una actuación tan brutal, era posible esperar una reacción no violenta. Hay que tener en cuenta que a todo lo ya descrito se suman el impacto de las recientes masacres, los efectos de la pandemia y sus secuelas de desempleo, hambre, encierro, imposibilidad de seguir estudiando por parte de muchos jóvenes, etc., todo un conjunto de hechos que conllevan también factores de orden psíquico y emocional, de los que en algún momento se esperaba su estallido.

Fue un fenómeno espontáneo de indignación colectiva cuyas interpretaciones no pueden ser usadas para encubrir la incompetencia de un Gobierno; la acepción de vándalos o de manzanas podridas solo busca simplificar y reconducir discursivamente la dimensión y comprensión de los hechos.

Ni ser vándalo es una condición inherente al ser de quienes por su indignación hicieron blanco a los bienes públicos, ni el calificativo de manzana podrida puede utilizarse para tratar eufemísticamente a quienes actúan en nombre de un Estado y de una doctrina a la que deben su comportamiento.

Aquí se trata, en su mayoría, de una juventud que constantemente ha sido agredida, se siente desprotegida, no encuentra canales para expresar su inconformidad y no ve salidas respecto a las diferentes situaciones a las que se ha venido enfrentando. Asimismo, de una institución que, antes que ganarse el respeto y la legitimidad, ha cosechado el odio entre los ciudadanos.

Así que lo que está en el centro de las preocupaciones es la ruptura institucional  y el anegamiento casi que total de las condiciones para el ejercicio de la democracia, que se ha afianzado con el actual Gobierno; algo que tenderá a hacerse más insostenible si al Presidente no se le prenden las neuronas e intenta salir del oscuro callejón por el que, prisionero del extremismo de las cabezas de su partido, se está conduciendo.

Los vacíos de autoridad y la falta de realizaciones no se pueden llenar con salidas autoritarias, no es aumentando el número de policías como se va a recuperar la confianza ciudadana y se le va a salir al paso a la desesperación y el descontento que carga una gran parte de la sociedad.  

Será inevitable que las fuerzas políticas y sociales distintas al partido de Gobierno se sigan sintiendo llamadas a defender el Estado de derecho y a evitar que el desborde autoritario continúe quebrando los propósitos de paz que, contrario a la tozudez del gobierno, reclama la mayoría de los colombianos.

No es la quietud la que nos va a librar de llevarnos al abismo si seguimos en manos de un personaje que como Presidente ha resultado bastante asintomático, mientras que como policía, ahora con uniforme, se muestra cada vez más elocuente.

 

*Economista-Magister en Estudios políticos