El panóptico del Expresidente

Orlando Ortiz Medina*

Mala seña que ahora los profesores vayan a tener que sentirse intimidados, hasta el punto de llegar a abstenerse de expresar sus opiniones o comentarios, por el hecho de que en las aulas de clase parecen haber quedado vestigios de esa especie de cuerpos de seguridad y vigilancia, las redes de informantes y cooperantes, heredados de los ocho años del gobierno de la Seguridad Democrática, que bien podemos asimilar al panóptico de Jeremy Bentham, que luego aplicó a sus estudios sobre los modelos disciplinarios y del ejercicio y control del poder el filósofo francés Michael Foucault. Ya volveremos sobre el tema.

Nada tiene de extraño que en el aula de clases los estudiantes confronten a sus profesores cuando éstos exponen sus ideas o se refieren de manera crítica a hechos o personajes de la historia. Es normal e incluso loable que ello suceda y que no los tomen, como era en otros tiempos, como poseedores exclusivos de la verdad a quienes hay que asumir y recitar literalmente. Como se dice coloquialmente, tragando entero.

Justamente lo que se quiere de la academia es que contribuya a la formación de un pensamiento crítico, tan necesario para un país en el que, como Colombia, predomina la tendencia a imponer y absolutizar verdades, y que no se ha caracterizado propiamente por el respeto a la libertad del pensamiento y las ideas ajenas sino que, por el contrario, allí se fundan muchas de las razones que explican el oprobioso historial de violencia que como nación hemos tenido que padecer.

Lo que sí se torna preocupante es que, antes que un espacio para la crítica y el debate constructivo entre alumnos y profesores, lo que estos últimos expongan en sus clases se convierta en una fuente de amenaza y constreñimiento a sus actividades profesionales. No tiene explicación ni justificación alguna que alguien cuyo nombre ha sido invocado o que por sus ideas y pensamientos haya sido aludido en una sesión de clase, se sienta con el derecho de hacer reclamos o, peor aún, de retar rabiosamente a quien como maestro sólo está actuando conforme lo indica la razón de ser de los recintos de formación académica.

Es como si en su momento a Charles Darwin uno de sus amigos o seguidores lo hubiera llamado a decirle que el profesor de teología estaba poniendo en cuestión su teoría de la evolución y este hubiera respondido amenazando al susodicho con algo así como “si me sigue difamando ‘le doy en la jeta marica’”. Darwin, por el contrario, se hubiera sentido complacido, pues para un intelectual o pensador que se respete será siempre un honor que sus ideas sean expuestas y debatidas en la academia. Claro, lo que pasa es que tiene que ser eso, un intelectual o pensador que se respete, que no corresponde al caso.

Hoy, por la facilidad que permite la tecnología y el acceso a las redes sociales, las clases pueden ser transmitidas en vivo y en directo y llegar de inmediato a quienes para bien o para mal, si es que están vivos, tienen que ver con el asunto; porque la verdad es que de los pensadores ilustres y con merecimientos para ser invocados en las aulas de clase quedan ya muy pocos.

El hecho al que se alude sucedió hace unos días cuando Álvaro Uribe Vélez retó a través del twitter a un profesor de la Universidad Libre de Pereira, que en una de sus clases se refirió a una columna escrita por uno de quienes fueron Ministros del hoy expresidente y senador, sobre un tema que, como el de la acción de tutela, es de interés y debate en la historia reciente de Colombia. El expresidente se enteró gracias a que una seguidora suya, presente en la clase, le transmitió la información, también a través de las redes sociales.

Pareciera un hecho que en sí no debería demandar mayor atención, pero preocupa, como se anotaba al comienzo, que la actitud de la alumna responda a que en las mentes de muchos ciudadanos continúe instalado esa especie de chip imaginario que, en tiempos de la Política de Seguridad Democrática, los quiso convertir en parte de los cuerpos de seguridad y vigilancia del Estado y que hoy siguen fungiendo como tales, sólo que ahora al servicio exclusivo de los intereses no tan santos del señor expresidente. Hay que recordar que no es el primer caso que se presenta; incidentes parecidos han ocurrido contra profesores de las universidades Libre y Javeriana de Bogotá.

Las redes de informantes o cooperantes parecen seguir operando al servicio de su creador como una especie de lente panorámico que le permiten, como en el panóptico de Bentham, además de seguir irradiando la fantasiosa omnipotencia de su figura, mantener abierto su espectro de control y vigilancia tanto sobre sus críticos como de aquellos a quienes acostumbra a enlodar o denigrar.

El panóptico fue una propuesta de diseño arquitectónico para la construcción de las cárceles que hacia fines del siglo XVIII hizo el filósofo Jeremy Bentham (1748-1832). Se trataba de un edificio cuya distribución del espacio permitía que, desde un solo punto de observación, un único vigilante pudiera tener el campo visual del conjunto del edificio y el control de todos quienes allí estuvieran.

Pero, además de reducir los costos y aumentar la eficiencia de las labores de vigilancia, la gracia del panóptico era que quien actuaba como vigilante no podía ser visto por quienes eran vigilados. De esta manera, el vigilante podría no estar o abandonar temporal o definitivamente su lugar y sin embargo los vigilados sentían su presencia; es decir, el diseño del panóptico generaba en los habitantes del lugar la sensación de estar permanentemente observados; real o imaginaria, la mirada del que vigila estaba siempre presente.

Michel Foucault (1926-1984) toma la idea de Bentham y extiende y aplica la comprensión del panóptico al modelo de una sociedad que se organiza con dispositivos a través de los cuales logra controlar y disciplinar a los ciudadanos. Para Foucault, el panóptico, ya no físico o arquitectónico como en el caso de Bentham, se expresa en la escuela, el hospital, el cuartel, los medios, etc., desde donde los administradores del poder controlan las mentes e inducen los comportamientos, las conductas y las actitudes de las personas.

En el caso específico de la seguridad, el panoptismo cumple la función de que cada quien en su lugar de socialización y convivencia (la plaza, la calle, el parque, el restaurante, el teatro, la propia casa o en el aula de clase, como el caso que nos ocupa) se sienta vigilado.

  

Se genera así una especie de halo paranoico y de sentimientos de temor o desconfianza que al final no será más que una forma de constreñimiento para quien simplemente toma tiempo para pensar, disentir, actuar, expresar opiniones, etc.; cada quien tendrá que decir sólo lo que ese otro con presencia omnisciente y que jamás podrá ser visto quiera oír, bajo pena de ser expuesto a señalamiento, destierro, maltrato o castigo, lo que en el caso de Colombia es desplazamiento, tortura, desaparición forzada o incluso homicidio.

Lo ocurrido con los profesores Alfredo Correa de Andreis y Miguel Ángel Beltrán son sólo dos ilustrativos ejemplos. El primero fue asesinado en la ciudad de Barranquilla y el segundo puesto en prisión y luego destituido y proscrito de la academia y la función pública por decisión de la Procuraduría General de la Nación. Su delito fue el de ejercer y defender la libertad de cátedra siendo críticos del establecimiento.

Los alumnos que transmiten al expresidente lo que dicen los profesores en sus clases se revelan entonces como una especie de extensión de su ya exagerado cuerpo de seguridad, que le permite contar con un conjunto de vigilantes anónimos, a través de los cuales controla y escucha opiniones para luego tomarse la libertad de juzgar, condenar y retar a sus protagonistas.

Son los mismos recursos que utilizó para perseguir a opositores, periodistas, magistrados, etc. o los que le posibilitan, incluso como expresidente y ahora senador, conocer de manera privilegiada información que se supone de estricta reserva del Estado, como fue el caso de las coordenadas entregadas por mandos militares cuando se iba a producir el traslado de un integrante de las FARC a la ciudad de La Habana o la que le permitió dar a conocer antes que el Gobierno la noticia de que el general Rubén Darío Alzate había sido retenido por las FARC en el departamento del Chocó.

Lo más grave es que esta vez no se trata, como lo analizó Foucault, del poder ejercido desde el Estado con todos sus aparatos y mecanismos de control; se trata de un personaje que, extasiado de poder, ha hecho suya la famosa frase “el Estado soy yo”, que muy bien y a su antojo utilizó en sus ocho años de gobierno; sin tener en cuenta que su reinado ya terminó y con él sus cuestionadas épocas de gloria y las de infierno de muchos.

Lo ocurrido refleja también la pobre condición de algunos estudiantes, por fortuna no la mayoría, que muy seguramente a falta de argumentos prefieren recurrir a la protección mesiánica y la estirpe rabiosa y amenazante de su líder.

Bentham quiso hacer un aporte desde la arquitectura para reducir los costos de funcionamiento de las cárceles y hacer más eficiente el cuidado de los prisioneros; Foucault fue más allá y quiso mostrar que al fin y al cabo la forma de organización de la sociedad comporta igualmente una forma de encierro en el que el que todos estamos sujetos a los designios de quienes controlan el poder; ¿qué quiere el señor expresidente?

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Economía 2015: mirar hacia adentro

 

Orlando Ortiz Medina*

 

Los acontecimientos registrados a finales del 2014 reafirmaron lo que ya desde hace mucho tiempo se había advertido: que el modelo de crecimiento que ha orientado la economía colombiana en los últimos años es profundamente frágil y que sus resultados no son sostenibles por estar fuertemente supeditados a los vaivenes de la dinámica económica internacional.
 
Ahora que el combustible de la llamada locomotora minera está quemando sus restos, se pone en evidencia lo que significa no haber atendido otras fuentes y sectores de crecimiento, con mayores posibilidades de estimular el consumo y el mercado interno, y cuyo comportamiento no esté necesaria y totalmente determinado por el flujo de comercio y los precios internacionales.
 

Como el nuevo entorno económico se muestra ahora adverso debido a la fuerte caída de los precios del petróleo y a los menores ritmos de crecimiento y la desaceleración de las principales economías del mundo, el país deberá volver ahora la mirada hacia adentro si quiere paliar en algo las consecuencias, que se verán seguramente reflejadas en una afectación sensible de las finanzas públicas, un menor ritmo de crecimiento de la economía y un deterioro del conjunto de sus indicadores externos.

Digamos que podría ser una oportunidad para delinear, ojalá con perspectiva estructural y de largo plazo, un nuevo marco referencia de las políticas de desarrollo y crecimiento económico, que se logre sobreponer a la dependencia de la economía exportadora extractiva, acogiendo sectores como el rural, manufacturero y agroindustrial, así como los de construcción e infraestructura, algunos de los cuales ya dieron señas de vitalidad durante el último año.

 

Para ello es necesario convencerse de que el país cuenta en ellos con un enorme potencial, pero que depende también de la creación de un nuevo entorno y unas condiciones de favorabilidad que sean proclives a las necesidades de cambio en los escenarios en donde se delibera y se deciden las políticas; es decir, que se requiere de una reconfiguración del mapa de poder para evitar que estas –las políticas- sigan siendo el resultado de lo que voceros y apéndice de ciertos sectores deciden, subordinando a intereses privados y particulares el interés general y colectivo.

En principio se esperaba que una de las alternativas a las que acudiría el gobierno para empezar a sentar las bases dirigidas a aminorar los impactos de la crisis del entorno económico mundial estaban por el lado de la reforma tributaria aprobada a final del año; pero otra vez y como siempre no fue más que la ratificación de que somos un país incapaz de pensar para el largo plazo, que sólo pone paños de agua tibia sobre dolencias que si acaso actúan levemente sobre los síntomas, pero que se enajenan a la hora de pensar en actuar sobre las causas y en soluciones definitivas y estructurales.

Fue una reforma que al final tuvo que ocuparse de cómo dejar otra vez tranquilos a los grandes capitales y los poseedores de mayor riqueza en Colombia, que son al fin y al cabo los que siguen imponiendo las reglas de juego y diciéndole al gobierno lo que a su manera de ver y de acuerdo con sus intereses está mal bien o mal hacer. Tal cual pasó con el incremento del salario mínimo, en cuya mesa de negociación no fue posible una decisión concertada y el gobierno terminó acogiendo finalmente la formula propuesta por los empresarios.

Una reforma que tampoco esta vez atendió los llamados en el sentido de que lo que se requiere es que el país cuente con una estructura y un sistema de tributación progresiva, que ojalá en un mediano plazo contribuya a corregir los altos niveles de inequidad que acusa Colombia, que le dé estabilidad a las finanzas del Estado y que sea un verdadero soporte para garantizar niveles de crecimiento económicos elevados y sostenidos.

Los gremios se valieron del mal momento que acusa el entorno económico internacional, y aduciendo que se verían expuestos a mayores problemas de competitividad presionaron al gobierno para impedir que se establecieran nuevos gravámenes sobre los grandes capitales, como sería sensato en un país en donde la mayor carga de financiación de los gastos del Estado sigue corriendo por cuenta de los asalariados de clase media y los sectores de menos ingresos[i].

Lo que sí quedó claro es que la reforma no va a tener mayores impactos sobre el comportamiento general de la economía, al contrario, lo que se espera es que habrá un menor flujo de ingresos a las arcas del Estado, que lo va a poner en aprietos para cumplir con sus compromisos de gasto, cuando sabemos que antes incluso de que ésta hubiera empezado a operar se contabilizaba ya un déficit de 12,5 billones de pesos. Se espera igualmente un menor ingreso de divisas, que tendrá efectos en la devaluación del peso, lo que se tornará a su vez en mayor pago por servicio de la deuda y mayores precios de los productos importados, que son actualmente una alta porción de la canasta de consumo interno y que al final contribuirán a llevar hacia arriba la inflación proyectada para el 2015.

De manera que todo indica que el desempeño esperado para el 2015 no será mejor que el alcanzado en 2014; los resultados de crecimiento que al final obtuvieron las principales economías del mundo y una proyección hacia abajo de las cifras esperadas para 2015, hecha por los principales organismos internacionales, auguran que va a continuar la caída de los precios de las materias primas y la tendencia hacia abajo del volumen de exportaciones, impactos a los que no estará ajena Colombia, cuyas ventas al exterior están representadas en unas tres cuartas partes en materias primas. De acuerdo con la CEPAL[ii], los precios promedio del conjunto de las materias primas mostraron en 2014 una caída de alrededor del 10,5% en comparación con una disminución del 5,2% que se había registrado en 2013.

En general, por el lado del sector externo, el país registra al final de 2014 un aumento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos cercano al 5% del PIB, debido a que se ha venido presentando una tendencia decreciente de las exportaciones al tiempo con mayor valor de las importaciones de bienes y servicios[iii]. Hasta septiembre de 2014 el país registraba un déficit de US$ 6.043 millones de dólares en su balanza de bienes y servicios, en parte explicada por el deterioro en los términos de intercambio en la balanza de bienes, como resultado en lo fundamental de la disminución en los precios de exportación de los principales productos de origen minero.

Se reafirma de esta manera la necesidad de que el país ponga en curso acciones que lleven a una mayor diversificación de la canasta exportadora y ojalá la llegada a un abanico más amplio de compradores. Ello implica la disposición para invertir en investigación y desarrollo tecnológico, decisión para aprovechar la infraestructura y la oferta de recursos internos, así como para el establecimiento de condiciones a la inversión extranjera, de manera que se dirija hacia sectores que, más que para sus propios intereses, sirva sobre todo a los intereses nacionales.

Lo anterior debe ser también congruente con nuevas políticas en materia de generación de empleo, pues no sólo siguen siendo muy elevados los niveles de informalidad sino también la diferencia entre los ingresos de los asalariados de más alta y más baja remuneración. El pobre incremento del salario mínimo es un contrasentido para una economía que lo que requiere son medidas que estimulen el consumo y los niveles de demanda agregada. Pareciera falta de sentido no asumir que una mejora en la remuneración de los asalariados podría ser no sólo una fuente de estímulo al crecimiento de la economía, sino también una contribución a la disminución de la pobreza, la mejora en la distribución del ingreso y el cierre de la brecha entre las elevadas ganancias del capital y el trabajo.

Hay que hacer conciencia de que corregir la inequidad es una tarea que al final beneficiará al conjunto de la economía, y que mantener en donde están los niveles de desigualdad, que algunos con cierto impudor asumen como una condición connatural a las sociedades, es a la larga un freno a su bienestar y desarrollo.

A las puertas del ingreso a una etapa de posconflicto, debe ser clara la disposición para emprender las reformas que el país requiere para absorber los retos que impone el nuevo entorno económico internacional y responder a las demandas y necesidades de una sociedad que, aunque cuenta con enormes posibilidades, recursos y capacidades para reorientar su rumbo, sigue atada a las políticas y la voluntad de unos cuantos, que extasiados en llevar su mirada solamente más allá de las fronteras se olvidan de las bondades y  la riqueza de la tierra que los pisa. 

 

*Economista-Magíster en Estudios Políticos

---

Notas

 

[i] Desigualdad del ingreso y pobreza en Colombia: impacto redistributivo de impuestos y transferencias, Isabelle Joumard y Juliana Londoño Vélez. En: http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/Archivos/Sugerencias/Desigualdad%20del%20ingreso%20y%20pobreza%20en%20Colombia.pdf

[ii] CEPAL: Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2014.

[iii] Banco de la República, Evolución de la Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, enero-septiembre de 20014.

Desescalar el conflicto

Orlando Ortiz Medina*

 

Cifras registradas por OCHA[i] señalan que, mientras avanza el proceso de diálogo y negociación en La Habana, la guerrilla de las FARC ha estado implicada en el 58% del total de las acciones bélicas ocurridas entre febrero de 2012 y junio de 2014. Igualmente, que en este mismo periodo cerca del 53% de los casos de desplazamiento ocurridos en el país se deben a acciones unilaterales de las guerrillas o al enfrentamiento entre estas y la Fuerza Pública, siendo las FARC las más activas y la que más control territorial tienen, si se comparan por ejemplo con el ELN.

Estos datos nos llevan a pensar que si, unilateralmente o por acuerdo, las partes decidieran entrar en un proceso de desescalamiento del conflicto, que no es otra cosa que disminuir la intensidad y la dinámica de las acciones de guerra, se avanzaría desde ya hacia una reducción de los hechos y las consecuencias que mantener el actual estado de confrontación genera. Adicionalmente, es seguro también que ello daría mayor legitimidad, reconocimiento y respaldo al proceso por parte de la ciudadanía, y en general de la comunidad nacional e internacional.

Es cierto que lo acontecido hasta ahora muestra que ha habido avances y que hay un proceso de maduración cada vez más evidente, pero la confianza y el respaldo logrado pueden entrar en declive si al mismo tiempo la sociedad no percibe que ceden también las acciones de guerra.

Para ello es importante que las partes entiendan que negociar en medio del conflicto no implica que toda acción militar conlleve por sí misma un sentido, ni que siempre el poder y los vientos a favor van a estar fundados en la capacidad para debilitar desde el escenario de la guerra la posición de la contraparte en la mesa de negociación. Por el contrario, lo que se espera es que a medida que el proceso avance los actos de guerra vayan cediendo y que el diálogo y la acción política sean los que se consoliden y ganen cada vez más espacio.

Experiencias anteriores han mostrado que cuando unilateralmente las FARC han decretado treguas, las acciones bélicas y las consecuencias de las mismas han disminuido sensiblemente[ii]. Lo anterior ha sido evidente en las cuatro ocasiones en que esto ha ocurrido durante el gobierno de Juan Manuel Santos: en las temporadas navideñas de 2012 y 2013 y en las dos vueltas electorales del primer semestre de 2014. De acuerdo con el CERAC, por efecto de las treguas, la violencia política se redujo casi hasta desaparecer durante las dos vueltas presidenciales. También el informe de OCHA revela que en el segundo trimestre de 2014 se registró una disminución del 24% en el número de acciones bélicas[iii], frente al primer trimestre del mismo año, lo que relaciona directamente con las treguas decretadas por las FARC para la época electoral

Aunque para los expertos y negociadores confrontarse mientras se dialoga es visto como algo normal en el modelo de negociación elegido, y de hecho lo es, no es así y es difícil de aceptar por parte de una persona cualquiera del campo o la ciudad, que es quien padece directamente las consecuencias de las acciones.

Tal vez sea también falta de un ejercicio de pedagogía que llegue al ciudadano con la idea de que el hecho de que quienes están en contienda decidan negociar, así sea en medio del conflicto, es de suyo un avance; que implica por lo menos la aceptación de que el conflicto existe, que quienes son adversarios se han reconocido y validado como interlocutores, y sobre todo que se asume como un hecho posible encontrarle solución por medios que no sigan siendo los de la confrontación armada.

A estas alturas hay que lograr que la ciudadanía conecte lo que está pasando en La Habana con lo que más temprano que tarde espera ver en los campos y ciudades de Colombia; pues a veces pareciera que los dos escenarios no se interpelan, que siguen siendo realidades todavía muy distantes, lo que aumenta el escepticismo y mina los niveles de credibilidad y confianza y hace más difícil que se rompan las barreras construidas a lo largo de tantos años de confrontación.

De lo que se trata es de ganar reconocimiento y legitimidad para un proceso que hasta ahora no busca otra cosa que sacar las armas de la política; que los frentes guerrilleros, sus comandantes y sus bases salgan de la selva y que en adelante sus armas no sean otras que sus ideas, convicciones y propuestas, y que puedan llegar a defenderlas en las plazas públicas y en los espacios institucionales que para ello la constitución ha habilitado.

Las FARC deben entender que algunas de sus acciones no sólo les restan legitimidad y respaldo sino que además les da razones a los enemigos del proceso que no pierden la esperanza de ver en este un fracaso. Tienen ahora más que nunca la responsabilidad y el deber de actuar con el cuidado y la inteligencia debida para calcular el saldo político de sus acciones, de manera que puedan en efecto proyectarse para que en el inmediato futuro de un escenario de pos conflicto ganen en el terreno de las ideas lo que nunca les permitió el escenario de la guerra.

Pero también al presidente Santos le corresponde mantenerse firme y no flaquear ante los embates reiterados de los enemigos de la paz; debe de una vez por todas dejar ver que está efectivamente convencido y evitar mostrarse como ese ambiguo personaje que hace gala de un discurso con el que quisiera tener contentos al mismo tiempo a amigos y enemigos del proceso; sabe que tiene en sus manos y cada vez más cerca una importante posibilidad para que la historia lo recuerde como el hábil y ambicioso jugador que siempre ha apostado a no perder, o como el melifluo, traidor y mentiroso; que así juzgan los que le apuestan a celebrar felices su fracaso.

 

---

[i] http://www.salahumanitaria.co/es/visuals/tendencias-humanitarias-colombia-nov-2012-sep-2014

[ii]http://cerac.org.co/assets/pdf/Products/SemanarioCERAC_CumplimientoCompletoTreguaFARC_Junio22-Julio1.pdf

[iii] Ibíd.

 

 

*Economista- Magíster en Estudios Políticos

 

Post conflicto: ética y economía.

 

Orlando Ortiz Medina*

 
 

Con la esperanza en firme y con una cantidad cada vez mayor de colombianos convencidos de que finalmente se llegará a un acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, avanzan ya las discusiones en torno a la manera como la sociedad y el Estado deberán encarar las secuelas de más de cinco décadas de confrontación armada: lo que será la sociedad del postconflicto.

 
Incluso con cifras que todavía parecen sacadas del sombrero, algunos ya se han atrevido a señalar lo que serán sus costos, el impacto que ello tendrá en la economía y la manera como Estado y sociedad deberán hacerse a los recursos que sin duda se van a necesitar.
 

Ya se advierten medidas que en su momento tomarán su curso, como el incremento o el establecimiento de nuevos impuestos; se hacen llamados a la cooperación internacional para que mantenga su presencia en Colombia y apoye no sólo económica sino políticamente las tareas que quedarán pendientes y se convocará también al sector privado que será sin duda uno de los actores fundamentales.

De allí se espera que lleguen los recursos para la reincorporación de excombatientes, la reparación a las víctimas, los planes de recuperación que habrá que implementar en aquellas regiones que resultaron más afectadas, además de los que se van a necesitar para hacer frente a los coletazos de violencia que seguramente continuarán haciendo parte de la nueva dinámica en la que entrará el país.

Pero la verdad es que, en lo que a economía y post conflicto se refiere, el tema es de mayor factura, mucho más complejo y está más allá de la discusión sobre los posibles costos y sus fuentes de financiación, que en todo caso serán siempre inferiores a los costos de la guerra; sobre todo porque nadie nunca podrá compensar lo que en vidas humanas hasta ahora la sociedad ha tenido que pagar.  El sólo silenciamiento de las armas es de entrada un paso significativo hacia la disminución de los costos que la guerra arrastra.

En la sociedad del post conflicto los asuntos de la economía pasaran antes que nada por hacerse las siguientes reflexiones:

En primer lugar, la continuidad y viabilidad de un modelo de desarrollo -y de las políticas económicas que le fueron consecuentes-, que terminó en la exclusión y la marginalidad de amplios sectores sociales, elevados índices de concentración de la riqueza y la condena de una gran cantidad de ciudadanos a padecer condiciones de pobreza o pobreza extrema, que es finalmente lo que para muchos explica el origen y desarrollo del conflicto.

En segundo lugar, la manera de hacer frente a un entorno en el que prácticas económicas legales e ilegales -explotación indebida de recursos naturales, contrabando, corrupción, lavado de dólares, cultivos de uso ilícito, etc.-, terminaron solapadas y requiriéndose mutuamente, con la participación infortunada de todos los sectores sociales; desde el campesino más pobre que sustituye sus cultivos culturales y tradicionales por la hoja de coca, el personaje que en las grandes ciudades se apropia del espacio público y vende las esquinas o cobra impuestos a los vendedores informales, hasta el gran empresario que actúa en connivencia con personas u organizaciones ligadas con las mafias y los grupos criminales.

En uno y otro caso, significa nada menos que hacer frente a la quiebra ética y moral de una sociedad en la que el afán desmedido de lucro hizo de la actividad económica un escenario más de manifestación del exacerbado individualismo, la mezquindad, la corrupción y la degradación humana.

Muchas entidades del sector privado terminaron en manos de dirigencias inescrupulosas que fraguaron todo tipo de triquiñuelas para poner a su haber los recursos que el Estado delega a su manejo, como los de la salud, por ejemplo, que afecta uno de los derechos que más pesa sobre la vida de los ciudadanos. El propio Estado fue cooptado o capturado por las mafias: entidades del orden nacional, gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, etc., quedaron en manos de organizaciones criminales que pervirtieron todo el sistema de administración y contratación pública y se hicieron con los recursos que debieron ser utilizados para el desarrollo de los territorios y la atención de las necesidades básicas de sus ciudadanos.

Así que de lo que al fin y al cabo se trata es de poner en cuestión y profundizar sobre la relación que existe o debe existir entre dos conceptos que nunca han hallado puntos de encuentro en la sociedad colombiana: ética y economía. La sociedad del post conflicto no podrá seguir siendo aquella en la que éstas sigan siendo lógicas y realidades tan profundamente escindidas; por el contrario, hay que partir de que se requiere de una indisoluble relación entre el ser y el ejercicio económico y el deber ser ético; que hablar de post conflicto implica el arribo a una sociedad imbuida, antes que por el interés egoísta, privado y particular, por la supremacía de una ética pública, la prevalencia del bien y el interés común y colectivo, y por los principios de equidad y de justicia, tan ajenos estos últimos a la realidad colombiana.

Las estructuras oligopólicas y las elevadas tasas de intermediación en el sector bancario, la altísima concentración de la propiedad de la tierra, las desmedidas tasas de ganancia de algunos sectores de la industria y el sector agropecuario, la marcada inequidad en el acceso a ingresos, la mercantilización de los derechos, la existencia de un sistema de tributación altamente  regresivo etc., así como las variadas formas de corrupción y de ilegalidad ya referidas, deben entenderse como realidades en contravía de una sociedad que aspira a entrar en una nueva etapa de su historia y a superar las circunstancias que la llevaron a estados máximos de degradación, la tornaron excesivamente violenta y han mantenido al borde del colapso sus formas de existencia.

Si la transformación de estas condiciones no se produce, Colombia no logrará la madurez ni alcanzará la capacidad social, política e institucional que requiere para la solución de sus conflictos.

Lo anterior demanda la construcción de un nuevo saber, el abono de un nuevo campo de sentidos y significaciones sociales, una mutación de los cimientos y contenidos que han orientado el funcionamiento del Estado, la concepción del desarrollo y las políticas económicas que de él se han derivado; igualmente, del sistema de valores con que los propios ciudadanos han encarado sus lógicas de sobrevivencia.

Implica asumir que ética, economía y política son parte una misma dinámica y de rutas que se reclaman convergentes; que se requiere de una nueva forma de organización y funcionamiento del Estado y de sus instituciones, así como de sus relaciones con la sociedad civil. Por un lado, los ciudadanos deberán tener mayor presencia en la construcción y definición de las políticas y, por otro, el Estado deberá transformar los fundamentos de su legitimidad y recuperar su rol como responsable del interés general y de la construcción de una ética pública y colectiva. Igualmente, como doliente directo de las demandas y necesidades de sus ciudadanos, delegadas hoy al ilusorio papel del mercado y la mano invisible y su supuesta capacidad para equilibrar el acceso al bienestar y la superación de las desigualdades.

Hay finalmente un tercer elemento que es necesario considerar: el casi total agotamiento del aparato productivo interno que ha dejado la aplicación de las políticas neoliberales de las últimas décadas y que exige desde ahora una serie compleja de replanteamientos y rupturas.

Lo que hoy tenemos es una economía con elevados niveles de dependencia externa, pobres indicadores de desarrollo tecnológico y estructuras productivas que, en general, mantienen al país en desventaja en relación con los rangos de competitividad de otras naciones del mundo. Una economía cuyas políticas abandonaron el enorme potencial agrícola, pecuario y manufacturero nacional y que pasó a depender esencialmente de la exportación de productos primarios (en los últimos años en especial del sector minero y de hidrocarburos), cuya capacidad de generación de valor agregado y de empleo estable y de calidad es prácticamente nula.

El abandono del mercado interno como fuente y escenario que en otras épocas sirvió además como medio para la integración de nuestro rico y variado universo de territorios, pasa hoy una cuenta cobro por la enorme deuda que se tiene con algunos de ellos, cuyas capacidades productivas fueron abandonadas a su suerte, que no fue otra que la de caer, bien en la absoluta insolvencia de sus estructuras productivas, bien en las manos de especuladores y rentistas, o de emporios empresariales en cabeza de organizaciones criminales.

Es claro entonces que se requiere también recuperar la dimensión y el potencial de desarrollo que el país tiene en prácticamente todos sus renglones productivos. Existen sectores que reunirían las condiciones para llevar a que las empresas nacionales sean más que casas de ensamble de las empresas multinacionales; que lleven a que la economía dependa menos de los vaivenes de la economía internacional y tengan menos impactos negativos sobre el medio ambiente y las dinámicas sociales, políticas  y culturales.

No se trata para nada de que la economía se sustraiga de avanzar en la búsqueda de condiciones que le permitan alcanzar un crecimiento sostenido ni de lo que significa estar en el marco de una economía globalizada y un comercio internacional cada vez más articulado; pero sí de saber que ello carece de sentido si al mismo tiempo no se recupera el fin y la razón y última y superior del Estado y sus políticas, que es la de garantizar y proteger los intereses nacionales y la vida en condiciones de igualdad y dignidad de todos y cada uno de sus ciudadanos.

Que el conflicto –aun si se supera su expresión armada- va a continuar, es natural y elemental decirlo; pues no hay sin él historias ni realidades posibles. Se verá sí cuál será la capacidad de la sociedad para transformarlo y encontrarle salidas que no sigan siendo ni las de la violencia: hija de una sociedad que se degrada cuando a sus individuos se les va haciendo imposible sentir, sufrir y mirarse en la realidad del otro, ni las de enajenarse sin ser capaz de orientar con autonomía sus propios destinos.

 

*Economista-Magíster en Estudios Políticos

  

 

La Reforma Rural Integral: muchos muertos después.

  
 

Orlando Ortiz Medina*

 

Se necesitaron 220.000 muertos[i], cerca de seis millones de desplazados y despojados de sus tierras, miles de familias campesinas condenadas a la violencia, la pobreza y el atraso, para que el Gobierno y las FARC llegaran a acuerdos, hasta ahora protocolariamente, sobre temas que desde hace más de un siglo han sido objeto de debate en Colombia. Qué dolor que hubiera sido necesario ver correr tanta sangre para volverlos a poner sobre la mesa, cuando la mayoría de ellos ya habían estado inscritos en los planes de desarrollo de casi todas las administraciones o incluso habían hecho curso como leyes de la república.

Cincuenta años de lucha guerrillera son mucho y muy pocos lo logros al final obtenidos para una organización que, como las FARC, vio morir de viejos a sus fundadores sin que hubiera llegado a ver realizada al menos una de sus propuestas. Mientras tanto, eso sí, su guerra se degradó e hizo de ella una organización y un proyecto político marginal y con muy poca o ninguna proyección y legitimidad entre la población por cuyos intereses inició y ha mantenido sus acciones con una tozudez ya históricamente incomprensible. 

Lo acordado en La Habana en materia desarrollo rural no va más allá de lo que desde hace décadas ha debido haber hecho un país ya entrado en la modernidad y profundamente articulado a las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales de un mundo globalizado; nada que no se hubiera reclamado y advertido como necesario desde diferentes sectores de la sociedad: campesinos, indígenas, afrocolombianos, estudiantes, mujeres, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, etc., de los que muchos de sus principales lideres y representantes sacrificaron sus vidas.   

Para tomar sólo unos ejemplos, recordemos aspectos de algunas de las principales leyes de reforma agraria que fueron aprobadas a lo largo del siglo XX.

 

Reconocer los derechos de los trabajadores rurales al dominio de la tierra; formalizar, revisar y modificar la estructura de propiedad de la misma; mejorar las condiciones de productividad; hacer exigible la función de utilidad social y beneficio común y darle al Estado facultades para emprender acciones de expropiación en caso de que esto no se estuviera cumpliendo (extinción de dominio), fue parte sustancial del contenido de la Ley 200 de 1936, hace ya cerca de 80 años.

Luego de casi dos décadas de una situación verdaderamente dramática, desde finales de los años cuarenta y hasta comienzos de la década del sesenta, en el llamado “periodo de la violencia” en Colombia, se promulgó la Ley 135 de 1961 en la que, entre otros, se proponía dotar de tierras a los campesinos pobres e implementar programas de adecuación y mejora de infraestructura y capacidad técnica que les permitiera incorporarse con mayores ventajas a la producción y las dinámicas de mercado; asimismo, que dispusieran de los servicios sociales básicos: salud, educación, agua y saneamiento básico, etc., en un concepto integral y más avanzado de mejora de la calidad de vida. Se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), el Consejo Nacional Agrario, el Fondo Nacional Agrario (FNA) y la figura de los Procuradores Agrarios, con lo que se buscaba dar forma a una institucionalidad que pusiera al sector agropecuario a la altura de un país cuyas dinámicas rurales y urbanas se sentían cada vez más integradas y recíprocamente dependientes.

Tanto la Ley 135 de 1961 como la Ley 200 de 1936, aparte de querer ser una respuesta a los elevados niveles de conflictividad social con saldos cada vez más crecientes y onerosos en varias regiones del territorio nacional, reflejaban el propósito de algunos sectores de la dirigencia política y económica de encaminar propuestas que integraran el campo al desarrollo general del país y lograran su articulación con las dinámicas económicas urbanas que habían logrado un fuerte impulso, sobre todo desde los años veinte.

La Ley 1ª de 1968 introdujo modificaciones a la Ley 135 de 1961 y estableció mecanismos de regulación de las formas de tenencia y explotación, especialmente en lo relacionado con la venta o transferencia de predios; afinó los mecanismos para estimular y dinamizar el mercado de tierras y dio reconocimiento a la organización campesina con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, que jugó un papel preponderante en las luchas agrarias que se libraron particularmente en la década de los setenta.

La ley 160 de 1994 retomó prácticamente todo el contenido de las leyes anteriores, cuando plantea fortalecer el acceso a la propiedad de la tierra al crear subsidios de compra para campesinos que tuvieran condición de asalariados; creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que debía ocuparse con más atención de la pequeña producción campesina, y avanzó, además, en el reconocimiento de los derechos de la mujer campesina e indígena. Buscaba estimular el mercado de tierras creando mecanismos para que los terratenientes negociaran sus tierras de forma directa con campesinos asalariados o a través del INCORA, que podía comprar terrenos para luego ser vendidos a campesinos pobres. Se reglamentó la Unidad Agrícola Familiar UAF y se reafirmó la figura de la extinción de dominio.

 

Igualmente, se crearon las Zonas de Reserva Campesina y las Zonas de Desarrollo Empresarial, con las cuales se quería establecer la titulación de baldíos y de tierras improductivas, muchas de las cuales se encontraban ya en poder de narcotraficantes y paramilitares. Planteaba además sistemas para el fomento de la agroindustria, de manera que el campo fuera avanzando hacia formas cada vez más sofisticadas de agregación de valor a las materias primas y productos primarios, logrando mayores posibilidades de articulación a mercados locales, nacionales e internacionales.

 

Como se puede ver, cada una de estas leyes, al menos en la teoría y con propuestas aparentemente cada vez más avanzadas y de corte más progresista, estuvieron enfocadas a corregir y prevenir la concentración de la propiedad de la tierra, garantizar el acceso a la misma al campesino pobre, disminuir los índices de pobreza y de pobreza extrema, mejorar la productividad y buscar sinergias entre el desarrollo urbano y rural, al tiempo que a servir como medidas de contención a la fuerte conflictividad y la violencia que venía, y aún continua, azotando al campo colombiano.

 

Pero lo cierto es que, al final, no fueron más que papel escrito, letra muerta, pues cada intento de reforma encontró su contrareforma, bien en el mismo ámbito de la ley y el ordenamiento jurídico, vía Congreso de la República; bien en la reacción de los sectores de poder que sintieron amenazados sus intereses y acudieron a la violencia como recurso para evitar que los propósitos reformistas hicieran su curso. Para tomar unos ejemplos, la Ley 200 de 1936 tuvo su contrareforma en la Ley 100 de 1944; la Ley 135 de 1961 en las Leyes 4ª y 5ª de 1973, y en la Ley 6ª de 1975.  Cada una a su manera reversó los propósitos de las anteriores, gracias a nuevos acuerdos entre políticos y terratenientes que a toda costa evitaron que fuera afectada la estructura predominante del latifundio y el poder y dominio que cómodamente ejercían sobre el mismo.

 

Pero más grave fue la contrareforma de los años ochenta, noventa y principios del presente siglo impulsada y dirigida por grupos paramilitares, que en alianza con el narcotráfico, representantes de los terratenientes y ganaderos, miembros de la clase política y agentes del Estado desataron una ola de violencia que dejó cerca de cuatro millones de hectáreas de tierra despojadas, seis millones de personas desplazados y ríos y ríos de sangre abriendo cauce por todo el territorio nacional. Durante esta época, se produjo un fuerte incremento del latifundio que llevó a que Colombia se convirtiera en uno de los países con más elevados índices de concentración de la propiedad de la tierra en el mundo, mucha de ella subutilizada por ser dedicada sólo a actividades de ganadería extensiva o por mantenerse simplemente como patrimonio rentístico.

 

Así que, volviendo a La Habana, el reciente acuerdo sobre Reforma Rural Integral sólo recoge el contenido de reformas ya hechas a lo largo de cerca de casi un siglo, pero que fueron vetadas y echadas por la borda por la persistencia y el atavismo de una clase dirigente, sobre todo la que está ligada a la tierra y a la producción ganadera, que aún hoy se resiste a aceptar que el mundo ya es otro y que las sociedades, o avanzan hacia modelos más democráticos de equidad y de justicia y hacia formas más civilizadas o pacíficas de solución de sus conflictos, o simplemente colapsan.

 

De todas maneras, no es desdeñable la iniciativa de que se den a conocer los documentos de lo que allí se ha pactado; ellos adquieren hoy una connotación esencialmente simbólica, en la medida en que sirven para dar mayor confianza a un país que se siente cada vez más optimista y cree que el proceso esta vez sí puede ser irreversible. Pero sirve sobre todo para callar las voces de quienes, con la idea de insistir en las lógicas de la guerra y deslegitimar el proceso, aseveran que lo que allí se está haciendo es entregar el país a las FARC o negociando en la mesa el camino al comunismo o a lo que torpe y eufemísticamente llaman el Castro-chavismo.

 

Lo anterior no pude ser más necio, maniqueo y alejado de la realidad, pues lo que refleja el acuerdo es que las FARC están hoy muy lejos de ser la guerrilla marxista o de inspiración socialista o comunista que todavía ven ciertos sectores, particularmente de la extrema derecha, siempre negada a aceptar que es necesario convocar distintas voces y maneras de ver y entender el desarrollo del país, para que se pueda, ahora sí, tomar el camino por el que hace tiempo ha debido conducirse. Lo que se propone, en este caso en el punto sobre desarrollo rural, no es nada que no sea más que hacer cumplir lo que desde hace mucho tiempo ha sido acordado, que reposa en los anaqueles del olvido y está expresamente inscrito en la propia constitución nacional. Nada, ya al comienzo se decía, que no sea un saldo en mora con un país que para otros menesteres se reclama moderno y democrático.

 

Sólo queda esperar que los que siempre lo han hecho esta vez no logren sobreponerse y lleven a que el país siga bañado en los ríos de sangre por los que todavía quieren ver que fluyen sin cortapisa sus intereses. No es tarea fácil en un país dividido y que todavía no ha hecho suficiente conciencia de la necesidad de que el conflicto pueda transformarse para avanzar hacia formas de resolución por caminos que no sean los de la guerra y la violencia. En la agenda del cambio van quedando escritas las profundas transformaciones y cambios institucionales, políticos y culturales que aún habrá que emprender para habilitarnos como una sociedad todavía capaz de adelantarse a su propio colapso.

 

---

[i] GMH ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.

 

 

*Economista- Magíster en Estudios Políticos