Char y las nuevas añejas dirigencias

Orlando Ortiz Medina*

Colombia está hoy  en el peor de los mundos; no solo por los efectos letales y dolorosos del Covid 19, que deja ya cerca de 10000 personas fallecidas, sino también por el grave estado de postración moral y profundización de la quiebra ética en la que durante este Gobierno nos hemos venido sumiendo, por la forma en que con sus malos ejemplos se derruyen los cimientos y valores supremos de la democracia.

La situación es en extremo calamitosa con un Presidente cuya legalidad y legitimidad están duramente cuestionadas, debido a una supuesta compra de votos con dineros provenientes del narcotráfico y por recibir para su campaña, contrario a la norma, donaciones de una familia venezolana; con la Vicepresidenta de la República enmarañada por vínculos de sus familiares o por negocios realizados directamente por ella con reconocidas figuras, también del narcotráfico, y con un Embajador de la República al que, en pleno ejercicio de su cargo, le descubren un laboratorio de producción de cocaína en el patio de su casa.

Al inventario se suma la figura del Fiscal General de la Nación, deslucido en su cargo por mostrarse como un personaje que no reúne las virtudes de transparencia e imparcialidad que se le exigen para estar al frente de uno de los órganos principales de administración de justicia. Su amistad y su abyección al Presidente de la República acentúa la desconfianza de una ciudadanía que no espera resultados transparentes de las investigaciones que le corresponde realizar a su despacho, sobre el ingreso de dineros de dudosa procedencia a su campaña. Los intentos de ocultar o manipular información que ya es de público conocimiento han sido evidentes y, para completar, abusa de su poder haciendo uso indebido de los bienes y recursos del Estado, infringiendo normas con argucias arrogantes y utilizando la condición de menor de edad de su hija.  

A  la sombra del Fiscal y por las mismas sendas, se deja ir el Contralor General de la República, con quien se liga por el amiguismo que los mantiene familiarmente cercanos e intercambiando favores en las dependencias y funciones a su cargo. Recién se ha conocido de un negocio de fabricación de tapabocas por cerca de mil trescientos millones de pesos, con una empresa en cuya dirección, de acuerdo con investigaciones, lo que figura es un taller de reparación de motocicletas. El asunto es que la compra fue firmada por la esposa del Contralor, subalterna hasta hace pocos días del Fiscal General, cuya esposa es a su vez subalterna del Contralor. Todo aparte de los paseos de las dos familias con recursos del erario y en fechas restringidas por la cuarentena.

Por si algo nos quedaba por ver, se elige como presidente del Congreso de la República a Arturo Char, un personaje sobre quien cursa también una investigación por la presunta comisión de delitos electorales, por la que en pocos días, ya en ejercicio de su cargo, deberá rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Además, ha tenido familiares vinculados con el paramilitarismo y en su función como congresista sólo es conocido por su irrelevancia, ya que nunca ha presentado un solo proyecto de ley y tiene un elevado número de ausencias en las sesiones de trabajo parlamentarias. A todo señor, todo honor.

Estamos pues en manos de una dirigencia que, aunque muy bien acomodada, se muestra cada vez más carente de virtudes, infecta, profundamente desvalorizada y con pocos activos a su favor para regir los destinos del país; en un momento en que lo que se requiere es insuflar el ánimo que nos ayude a superar el estado de angustia y depresión colectiva en que nos encontramos.

Mientras el encierro agobia, la evolución del contagio genera cada vez mayor temor y se agotan las fuentes de subsistencia para una gran parte de los ciudadanos, la moral de las instituciones sigue colapsando y no se advierte nada que nos permita pensar que estamos al menos cerca de ver la luz al final del túnel. Nos vemos en una crisis institucional y de liderazgo muy profunda, con ejecutivo, legislativo y parte al menos de los órganos de control y del poder judicial, en cabeza de personajes arrogantes, desdeñosos y carentes ante todo de la sabiduría y la estatura ética que los enaltezca para lucir la dignidad de sus cargos.

Presidencia y Congreso actúan solo para mostrarse obsecuentes con esa parte del país que continúa atada a las lógicas del caudillismo y las castas familiares que, fundadas exclusivamente en sus derechos de propiedad, controlan todos los hilos del poder y nos ratifican como una nación premoderna y lejos todavía de contar con una cultura política y un sistema institucional verdaderamente civilizado y democrático.

Eso es lo que simboliza la elección de Arturo Char como presidente del Congreso, miembro de un clan familiar que controla el sistema empresarial, los medios de comunicación, los cargos principales de representación política y hasta la fanaticada del fútbol en la costa Caribe. Aparte entonces de la debacle moral, el país se mantiene en las inercias de un pasado cuyos umbrales civilizatorios otras sociedades superaron hace más de dos siglos. 

Para reforzar estas inercias, la estirpe presidencialista de nuestro sistema político ha vuelto a relucir y la crisis  ocasionada por el Covid 19 se ha utilizado para que, al amparo de la declaratoria de emergencia económica y social, haya fluido una disentería de decretos que atentan contra la división y la independencia de poderes, razón y fundamento de cualquier sistema democrático. Al Congreso, no solo sanitaria sino políticamente se lo ha declarado en cuarentena y a los miembros de los partidos de oposición se los mantiene literalmente confinados y con el tapabocas bien asegurado; más que para que se protejan del contagio, para que eviten incomodar al reyezuelo en que ha terminado convertido el jefe del ejecutivo. Y eso que no gobierna en nombre propio.

Con una democracia en estado de excepción y con el predominio de personajes de la talla de Arturo Char en el Congreso de la República, el Presidente tiene aseguradas las mayorías para que, sin ningún óbice, sean aprobadas las iniciativas que él y su partido presentarán en la nueva legislatura. La misma y vieja guardia bipartidista, solo que hoy diseminada en nuevos rótulos, conserva su hegemonía para seguir legislando a espaldas de una nación sumida en el letargo de quienes se niegan a emprender las transformaciones que se requieren para salir de la situación que nos mantiene como una democracia en ciernes y a una gran parte de sus ciudadanos viviendo en condiciones de miseria y exclusión.

Para mantener su imagen, el Presidente se exhibe en una alocución diaria  de televisión, con la que sólo busca distraer de la pobre condición de su jefatura, que pasará sin gloria y nos dejará seguramente con la pena de sobrevivir en un país enfrascado en la peor de las crisis. Si la historia lo recordará, será porque, en el año del coronavirus, no había motivos para izar el pabellón nacional en la celebración del Día de la Independencia, sino más bien la bandera roja con la que miles de familias llamaban la atención para indicar que estaban padeciendo hambre.

Solo resta mantener la esperanza y que no desfallezcamos quienes, en medio de tantas vicisitudes, creemos que es posible seguir pensando en otro modelo de sociedad y en nuevas formas de liderazgo que pongan sobre fundamentos éticos el ejercicio del poder y de la función pública, para que las estirpes añejas de nuestra actual dirigencia no vuelvan a tener, ojalá, una segunda oportunidad sobre la tierra.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Post conflicto: ética y economía.

 

Orlando Ortiz Medina*

 
 

Con la esperanza en firme y con una cantidad cada vez mayor de colombianos convencidos de que finalmente se llegará a un acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, avanzan ya las discusiones en torno a la manera como la sociedad y el Estado deberán encarar las secuelas de más de cinco décadas de confrontación armada: lo que será la sociedad del postconflicto.

 
Incluso con cifras que todavía parecen sacadas del sombrero, algunos ya se han atrevido a señalar lo que serán sus costos, el impacto que ello tendrá en la economía y la manera como Estado y sociedad deberán hacerse a los recursos que sin duda se van a necesitar.
 

Ya se advierten medidas que en su momento tomarán su curso, como el incremento o el establecimiento de nuevos impuestos; se hacen llamados a la cooperación internacional para que mantenga su presencia en Colombia y apoye no sólo económica sino políticamente las tareas que quedarán pendientes y se convocará también al sector privado que será sin duda uno de los actores fundamentales.

De allí se espera que lleguen los recursos para la reincorporación de excombatientes, la reparación a las víctimas, los planes de recuperación que habrá que implementar en aquellas regiones que resultaron más afectadas, además de los que se van a necesitar para hacer frente a los coletazos de violencia que seguramente continuarán haciendo parte de la nueva dinámica en la que entrará el país.

Pero la verdad es que, en lo que a economía y post conflicto se refiere, el tema es de mayor factura, mucho más complejo y está más allá de la discusión sobre los posibles costos y sus fuentes de financiación, que en todo caso serán siempre inferiores a los costos de la guerra; sobre todo porque nadie nunca podrá compensar lo que en vidas humanas hasta ahora la sociedad ha tenido que pagar.  El sólo silenciamiento de las armas es de entrada un paso significativo hacia la disminución de los costos que la guerra arrastra.

En la sociedad del post conflicto los asuntos de la economía pasaran antes que nada por hacerse las siguientes reflexiones:

En primer lugar, la continuidad y viabilidad de un modelo de desarrollo -y de las políticas económicas que le fueron consecuentes-, que terminó en la exclusión y la marginalidad de amplios sectores sociales, elevados índices de concentración de la riqueza y la condena de una gran cantidad de ciudadanos a padecer condiciones de pobreza o pobreza extrema, que es finalmente lo que para muchos explica el origen y desarrollo del conflicto.

En segundo lugar, la manera de hacer frente a un entorno en el que prácticas económicas legales e ilegales -explotación indebida de recursos naturales, contrabando, corrupción, lavado de dólares, cultivos de uso ilícito, etc.-, terminaron solapadas y requiriéndose mutuamente, con la participación infortunada de todos los sectores sociales; desde el campesino más pobre que sustituye sus cultivos culturales y tradicionales por la hoja de coca, el personaje que en las grandes ciudades se apropia del espacio público y vende las esquinas o cobra impuestos a los vendedores informales, hasta el gran empresario que actúa en connivencia con personas u organizaciones ligadas con las mafias y los grupos criminales.

En uno y otro caso, significa nada menos que hacer frente a la quiebra ética y moral de una sociedad en la que el afán desmedido de lucro hizo de la actividad económica un escenario más de manifestación del exacerbado individualismo, la mezquindad, la corrupción y la degradación humana.

Muchas entidades del sector privado terminaron en manos de dirigencias inescrupulosas que fraguaron todo tipo de triquiñuelas para poner a su haber los recursos que el Estado delega a su manejo, como los de la salud, por ejemplo, que afecta uno de los derechos que más pesa sobre la vida de los ciudadanos. El propio Estado fue cooptado o capturado por las mafias: entidades del orden nacional, gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, etc., quedaron en manos de organizaciones criminales que pervirtieron todo el sistema de administración y contratación pública y se hicieron con los recursos que debieron ser utilizados para el desarrollo de los territorios y la atención de las necesidades básicas de sus ciudadanos.

Así que de lo que al fin y al cabo se trata es de poner en cuestión y profundizar sobre la relación que existe o debe existir entre dos conceptos que nunca han hallado puntos de encuentro en la sociedad colombiana: ética y economía. La sociedad del post conflicto no podrá seguir siendo aquella en la que éstas sigan siendo lógicas y realidades tan profundamente escindidas; por el contrario, hay que partir de que se requiere de una indisoluble relación entre el ser y el ejercicio económico y el deber ser ético; que hablar de post conflicto implica el arribo a una sociedad imbuida, antes que por el interés egoísta, privado y particular, por la supremacía de una ética pública, la prevalencia del bien y el interés común y colectivo, y por los principios de equidad y de justicia, tan ajenos estos últimos a la realidad colombiana.

Las estructuras oligopólicas y las elevadas tasas de intermediación en el sector bancario, la altísima concentración de la propiedad de la tierra, las desmedidas tasas de ganancia de algunos sectores de la industria y el sector agropecuario, la marcada inequidad en el acceso a ingresos, la mercantilización de los derechos, la existencia de un sistema de tributación altamente  regresivo etc., así como las variadas formas de corrupción y de ilegalidad ya referidas, deben entenderse como realidades en contravía de una sociedad que aspira a entrar en una nueva etapa de su historia y a superar las circunstancias que la llevaron a estados máximos de degradación, la tornaron excesivamente violenta y han mantenido al borde del colapso sus formas de existencia.

Si la transformación de estas condiciones no se produce, Colombia no logrará la madurez ni alcanzará la capacidad social, política e institucional que requiere para la solución de sus conflictos.

Lo anterior demanda la construcción de un nuevo saber, el abono de un nuevo campo de sentidos y significaciones sociales, una mutación de los cimientos y contenidos que han orientado el funcionamiento del Estado, la concepción del desarrollo y las políticas económicas que de él se han derivado; igualmente, del sistema de valores con que los propios ciudadanos han encarado sus lógicas de sobrevivencia.

Implica asumir que ética, economía y política son parte una misma dinámica y de rutas que se reclaman convergentes; que se requiere de una nueva forma de organización y funcionamiento del Estado y de sus instituciones, así como de sus relaciones con la sociedad civil. Por un lado, los ciudadanos deberán tener mayor presencia en la construcción y definición de las políticas y, por otro, el Estado deberá transformar los fundamentos de su legitimidad y recuperar su rol como responsable del interés general y de la construcción de una ética pública y colectiva. Igualmente, como doliente directo de las demandas y necesidades de sus ciudadanos, delegadas hoy al ilusorio papel del mercado y la mano invisible y su supuesta capacidad para equilibrar el acceso al bienestar y la superación de las desigualdades.

Hay finalmente un tercer elemento que es necesario considerar: el casi total agotamiento del aparato productivo interno que ha dejado la aplicación de las políticas neoliberales de las últimas décadas y que exige desde ahora una serie compleja de replanteamientos y rupturas.

Lo que hoy tenemos es una economía con elevados niveles de dependencia externa, pobres indicadores de desarrollo tecnológico y estructuras productivas que, en general, mantienen al país en desventaja en relación con los rangos de competitividad de otras naciones del mundo. Una economía cuyas políticas abandonaron el enorme potencial agrícola, pecuario y manufacturero nacional y que pasó a depender esencialmente de la exportación de productos primarios (en los últimos años en especial del sector minero y de hidrocarburos), cuya capacidad de generación de valor agregado y de empleo estable y de calidad es prácticamente nula.

El abandono del mercado interno como fuente y escenario que en otras épocas sirvió además como medio para la integración de nuestro rico y variado universo de territorios, pasa hoy una cuenta cobro por la enorme deuda que se tiene con algunos de ellos, cuyas capacidades productivas fueron abandonadas a su suerte, que no fue otra que la de caer, bien en la absoluta insolvencia de sus estructuras productivas, bien en las manos de especuladores y rentistas, o de emporios empresariales en cabeza de organizaciones criminales.

Es claro entonces que se requiere también recuperar la dimensión y el potencial de desarrollo que el país tiene en prácticamente todos sus renglones productivos. Existen sectores que reunirían las condiciones para llevar a que las empresas nacionales sean más que casas de ensamble de las empresas multinacionales; que lleven a que la economía dependa menos de los vaivenes de la economía internacional y tengan menos impactos negativos sobre el medio ambiente y las dinámicas sociales, políticas  y culturales.

No se trata para nada de que la economía se sustraiga de avanzar en la búsqueda de condiciones que le permitan alcanzar un crecimiento sostenido ni de lo que significa estar en el marco de una economía globalizada y un comercio internacional cada vez más articulado; pero sí de saber que ello carece de sentido si al mismo tiempo no se recupera el fin y la razón y última y superior del Estado y sus políticas, que es la de garantizar y proteger los intereses nacionales y la vida en condiciones de igualdad y dignidad de todos y cada uno de sus ciudadanos.

Que el conflicto –aun si se supera su expresión armada- va a continuar, es natural y elemental decirlo; pues no hay sin él historias ni realidades posibles. Se verá sí cuál será la capacidad de la sociedad para transformarlo y encontrarle salidas que no sigan siendo ni las de la violencia: hija de una sociedad que se degrada cuando a sus individuos se les va haciendo imposible sentir, sufrir y mirarse en la realidad del otro, ni las de enajenarse sin ser capaz de orientar con autonomía sus propios destinos.

 

*Economista-Magíster en Estudios Políticos