Cadena perpetua hecha trizas

Orlando Ortiz Medina*

Ahí está su cadena perpetua, señores del Gobierno, ahí les quedó claro la vacuidad y lo insulso de la medida que con un tinte más político y maniqueo que otra cosa recién aprobaron sus mayorías en el Congreso de la República. 

Bastaron muy pocos días, luego de aprobada la Ley, para que con la violación de una niña indígena por parte de siete miembros del ejército nacional, la tozudez de los hechos demostrara, y de qué horrible  manera,  que no son el tipo y la magnitud de las penas las que sirven para prevenir y redimir el delito.

La evidencia se impuso para decirnos que con medidas de corte demagógico y populista lo único que se hace es dejar de lado las verdaderas causas de fenómenos tan graves como éste, que se originan sobre todo en la falta de políticas de protección, estando como estamos en una geografía generalizada de violencia y con un entorno social y cultural profusamente adverso para garantizar la seguridad de las y los menores de edad.

Más grave todavía que quienes enrostraron lo inútiles que al final resultan los castigos pensados sobre todo para ganar eco en las tribunas, fueron nada menos que hombres que vestían los uniformes y las armas del Estado: soldados de la patria, tan bien ponderados y consentidos por el partido al que el Gobierno representa y a los que siempre ha buscado encubrir en sus delitos. No en vano, más tardó en conocerse la noticia de la violación de la niña indígena, que el trino de la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en alertar al Ministerio de Defensa sobre un posible falso positivo, que no buscara más que enlodar el nombre del ya poco glorioso Ejército Nacional.

A tanto llega el fanatismo ideológico y el deseo de proteger a la cohorte que le garantiza su permanencia en el poder que, incluso siendo mujer y madre, además de ocupar una curul en el Congreso de la República, deja ver primero su indolencia con una niña y un hecho que solo una mente tan estrecha y una desfachatez como la suya pudo poner en duda. 

Hay que decir que la congresista se retractó luego de que los soldados hubieran aceptado sus cargos, argumentando que fue de su parte una reacción ligera y emocional. Conociéndola como la conocemos, ni siquiera vale preguntarse en qué lugar de su aparato digestivo habitan sus emociones. 

Aunque el desenlace que finalmente se tenga apenas comienza a elucidarse y es objeto de discusión por parte de juristas, se sabe que en la imputación de cargos se asumió que en el hecho hubo consentimiento de la niña, razón por la que el delito tipificado, con la anuencia del Fiscal General de la Nación, fue acceso carnal abusivo y no acceso carnal violento, lo que podría  atenuar la pena para los responsables. Todo porque, según ellos, la niña no opuso resistencia o  porque fue ella quien los había ido a visitar, dado que “uno de los soldados le había caído bien”, tal como lo dijo en su columna de la revista Semana la periodista Salud Hernández Mora. Es decir, que pudo ser la niña la propia responsable de su violación. Se cae de su peso, y suena por demás absurdo, que una niña de once años hubiera podido resistir a siete hombres armados, así hubiera sido uno o así estuvieran desarmados. 

Se olvida que en una menor de once años no hay consentimiento que valga y que el hecho no ocurrió en la casa de los siete enanitos del cuento de Blanca Nieves, que en ocasiones nos ha recordado el presidente Duque, sino en el lugar en donde se resguardaban siete hombres armados y uniformados que tenían la obligación de protegerla.     

El día de la aprobación de la cadena perpetua para violadores, dijo Yohana Jiménez, principal promotora de la Ley, que se partía en dos la historia de Colombia, que era el principio del fin de la violencia contra los niños y las niñas. Pero ya sabemos que no solo no se partió en dos la historia de Colombia, sino que, haciendo eco a un trillado lema de Gobierno, lo que empezó fue a hacerse trizas, antes de entrar en vigencia, el propósito que inspiraba la Ley: salirle al paso a uno de los delitos de mayor ocurrencia y con los más elevados índices de impunidad en el país.

No sobra entonces volver a decir que no se trata de llegar hasta el hartazgo de una proliferación normativa, pues el país cuenta ya con los mecanismos e instrumentos jurídicos suficientes para castigar este tipo de delitos. Lo que se requiere es garantizar su aplicación con la oportunidad y  diligencia debida y que no sean utilizados con oportunismo e interés politiquero, que es solo otra manera de ponerse del lado de los delincuentes.

La aplicación de justicia es más que un asunto de técnica jurídica, se trata también del impulso de transformaciones culturales, en cuya falta están en buena medida explicadas las causas de este y otro tipo de delitos. Racismo, machismo, clasismo, etc., además de la simbología y el poder de que se arroga quien ostenta un cargo, porta un uniforme o, peor aún, exhibe un arma, son telón de fondo que suelen obviarse a la hora de elucidar el leitmotiv de los hechos.  

En el caso particular que nos ocupa, habrá que preguntar sobre los protocolos de enrolamiento de los miembros del ejército y los procesos de instrucción y formación que tiene para ellos la institución, porque, si existen, deben de estar fallando cuando los vemos tambien implicados en hechos de corrupción, divirtiéndose con el sacrificio de animales, como sucedió hace unos días cuando vimos a un soldado lanzar por los aires a un perro en un batallón en Puerres Nariño, o cometiendo asesinatos de civiles indefensos, como pasó con el desmovilizado de las FARC, Dimar Torres, en  Norte de Santander.

Unos y otros no pueden verse como hechos aislados, sino como el reflejo de una situación  calamitosa que pone en vilo la legitimidad y la capacidad de gestión de la estructura de mando, tanto como la factura ética y moral de la institución que representan.  

Cuesta pensar que en la doctrina del ejército y en el ideario de sus superiores brille aún la vieja idea de que a los soldados, listos como deben estar para la guerra, les corresponde ante todo ser indómitos, ajenos al miedo, indolentes y faltos de sentimientos, porque es ello lo que los pone a la altura y evita reducir su osadía y disposición frente al combate. Mala insignia para un país tan de manera recurrente sumido en el dolor y que padece casi a diario de las malas acciones de quienes ocupan cargos públicos, incluidas las más altas distinciones del Gobierno o el Estado.  

Probablemente la cadena perpetua no pasará el control constitucional, pero eso es ya un asunto secundario, lo importante sería que  el delito no vaya a quedar impune y no se vaya a ser laxo con quienes lo cometieron; que ojalá llegue el día en que en Risaralda o en cualquiera de las ciudades y departamentos del país, como quería la indígena Emberá, las niñas puedan salir felices a recoger guayabas.

*Economista-Magister en Estudios políticos

Covid 19, el orden en cuestión

Covid 19, el orden en cuestión

Orlando Ortiz Medina*

Si las consecuencias de la pandemia no son un llamado a la refundación del pensamiento, la antesala de una transformación cultural y el ingreso a un nuevo umbral de la civilización, tanto más pesarán sobre la historia y la conciencia humana las miles de vida sacrificadas en los diferentes países del mundo. 

Y es que, si bien el virus tiene por sí mismo su cuota de responsabilidad, no menos la tiene el escenario en el que emprende su propagación, que facilita su velocidad de crecimiento y la letalidad de sus efectos. El virus saca a flote las dolencias de una humanidad ya enferma por la manera como se ha organizado, gestionado y controlado el pensamiento y la forma de vida de los ciudadanos. Así que el componente sanitario es solo uno de los factores que vienen a sumarse a otro tipo de pandemias, no menos letales y ya enquistadas en el discurrir de las sociedades. 

Empecemos por decir que en medio de unas instituciones profundamente debilitadas, inconexas  y en cabeza de  mandatarios en cuyas prioridades no está el respeto y el valor de la vida, más lentas son las respuestas y más amplio y cómodo el cauce por donde fluye el saldo doloroso que ya hemos venido presenciando. Nunca antes la política y la posibilidad de la vida se habían visto tan entrelazadas como ahora que, antes que del cuerpo médico o científico, dependemos de las decisiones de gobernantes desprovistos de cualquier criterio o contenido ético, y que se arrogan la autoridad de decidir, invocando el “interés nacional”, a quiénes corresponde salvar o sacrificar primero. 

A lo anterior, sumemos las marcadas condiciones de desigualdad e inequidad social que hacen más vulnerables a ciertos sectores sociales, los excluidos de siempre, las miles de familias que aún no tienen un sistema básico de higiene o de acceso agua potable, los desempleados, los trabajadores informales, los que viven del rebusque o todos a los que por su situación de pobreza no tienen otra opción que dejar a la suerte que los mate la pandemia o encerrarse a morir de hambre.  

La conservación de la vida se convirtió en un privilegio e hizo inevitable recurrir, como en la tesis darwiniana, a la selección de las especies. Tal cual se ha visto reflejado en la precariedad del sistema de salud pública, cuyo colapso en algunos países llevó a que el personal médico tuviera que jugar entre sus pacientes el turno para la morgue ante la insuficiencia de camas o unidades de cuidados intensivos. Se crean así y se legitiman una serie de categorías arbitrarias que no hacen más que confirmar otro hito de discriminación sobre aquellos a quienes consideran viejos o enfermos y que se extiende incluso a grupos poblacionales como los migrantes, los pobres y los negros. Qué horror. 

Es allí donde, sin saber todavía para dónde nos conducimos, asistimos al quiebre histórico de un modelo de civilización que hizo del individualismo, la segregación, la depredación de la naturaleza, el consumismo exacerbado y el desprecio por la vida la divisa principal de su cultura. 

Quienes pensaban que éramos parte de una realidad totalmente aprehensible y controlable, que teníamos asegurada no solo la existencia sino la mejor de las formas de existencia, se han quedado sin fundamento. Hoy somos como especie mucho menos de lo que nos creíamos, la humanidad está en ciernes, encerrada, temerosa, dispuesta incluso a aceptar el recorte de sus libertades y a vivir bajo el control de un Estado que aprovechará para fortalecer sus mecanismos de represión y control disciplinario, que tan necesarios le van a ser ante el rebrote de la movilización social, que sin duda será otra consecuencia inevitable de la pandemia, si es que a ella sobrevivimos.

Al empuje de un virus, nos llegó la hora de poner en cuestión el orden de cosas existente, de deconstruir y resignificar los valores, sentidos, estilos y prácticas de vida que hemos llevado en ese estado de confort en el que nos encontrábamos y que hoy nos muestra frágiles para dar respuesta a una crisis que pone en vilo a la humanidad entera.

Estamos obligados a reelaborar el discurso de verdad que hasta ahora ha hegemonizado el devenir de la historia, es imprescindible que nos apropiemos de un nuevo conjunto de comprensiones en el que se asuma que la posibilidad de preservación de la vida -no solo humana sino de todas las especies del planeta- es parte de la tarea inaplazable de una profunda refundación ética que admita que situaciones como la pobreza, la inequidad y la falta, en este caso, de un sistema universal de salud pública no deberían existir porque no hay nada material, moral, ni políticamente que las justifique; que si existen es porque son resultado de las creaciones, las decisiones y de las indolencias y las mezquindades humanas.

Así, entonces, tendrá que ponérsele otra cara al desarrollo; hay que sacarle el acelerador a la desbocada carrera de depredación y uso abusivo de los recursos naturales; superar el dogma de que desarrollo es economía y que economía es crecimiento ilimitado y producción superflua de bienes materiales; asumir que el progreso tecnológico no necesariamente resuelve los problemas y atiende las necesidades humanas, sino que a veces, por el contrario, es origen de nuevas calamidades como los devastadores efectos producidos sobre el cambio climático. 

Se requiere además de una economía armonizada con un Estado al que se reasigne un rol activo y no el de pasivo espectador en que lo dejo convertido el discurso neoliberal en las últimas cuatro décadas. Un Estado que recupere su primacía frente al discurso dominante del mercado, a cuyas lógicas terminaron subordinadas todas las políticas y programas de gobierno y en general las decisiones y posibilidades de realización de la vida.

Nada falta ya para demostrar que el mercado definitivamente no es un mecanismo democrático para el ordenamiento de las sociedades; por el contrario, es una fuente permanente de desequilibrios que ha dejado en el desamparo a un amplio número sectores sociales. Si la salud, la educación, la vivienda... que fueron conquistas de los trabajadores, se van a seguir viendo como mercancías al alcance solo de quienes dispongan de recursos para comprarlas, el saldo en pobreza y desigualdades va a seguir aumentando, y con ello los niveles de convulsión social y exposición al riesgo de miles de personas excluidas, frente a contingencias tan dolorosas como la que hoy nos tiene haciendo este tipo de reflexiones. 

Si fuera verdad que después de esta crisis diéramos paso a una transformación cultural y a una  nueva de civilización, podríamos decir que hemos honrado las miles de vidas que se han sacrificado. Que la sentencia letal del virus sea un llamado a que los gobernantes pongan los pies sobre  la tierra, porque  si no cambiamos, la naturaleza tarde o temprano nos volverá a pasar  factura, pero ya será demasiado tarde. 

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Estado de Emergencia

Orlando Ortiz Medina*

En un sistema democrático, los estados de excepción (llámese en este caso estado de emergencia) siempre serán polémicos, aún ahora en el que parece plenamente justificado por la grave situación que atraviesa el país, debido a la pandemia del coronavirus. El estado de emergencia faculta al Presidente para tomar medidas extraordinarias, sin que tenga que consultar con los otros órganos del poder; una especie de presidencialismo o dictadura legalmente autorizada, que suele derivar en abusos cuando lleva al desconocimiento de normas elementales de la democracia o a afectar el ejercicio de los derechos.

Es lo que ha ocurrido con el Decreto 0418 del 3 de marzo de 2020, con el que el presidente Iván Duque desconoce el ejercicio de gobierno y la autonomía de los gobernantes locales, así como de quienes los eligieron con sus votos. Fue claramente un hábil artificio de su parte para zanjar sus diferencias con las medidas anunciadas por algunos alcaldes y gobernadores, que no están más que dejando ver su inconformidad con la falta de rigor y la poca confianza que genera la actuación del gobierno nacional. Es decir, aunque con el ropaje legal que le permite el estado de emergencia, se trató evidentemente de una salida autoritaria, frente a la que no solo algunos alcaldes y gobernadores sino las propias comunidades de los municipios interesados, han manifestado su rechazo.

Aunque sean en efecto decisiones polémicas, el toque de queda, la intención de cerrar el ingreso a algunos departamentos y el simulacro de aislamiento durante el fin de semana al que llama la Alcaldesa de Bogotá responden a una legítima preocupación de quienes saben lo que significaría un contagio masivo de sus ciudadanos. Ellos, más que nadie, son conscientes de que no tendrían la capacidad de respuesta para salirle al paso a una posible exacerbación de la crisis, pues ninguno de nuestros municipios y ciudades cuentan con la infraestructura hospitalaria requerida, no hay camas ni Unidades de Cuidados Intensivos suficientes, no hay el personal médico requerido, ni siquiera los que están cuentan con los aditamentos, materiales o insumos que necesitan para poder llevar a cabo sus actividades científicas y profesionales.

A lo anterior, habría que sumar las precarias condiciones de comunidades que, entre muchas otras falencias, no cuentan si quiera con el servicio de agua potable para lavarse las manos, que es lo mínimo y en lo que más se insiste en las campañas de prevención. Tampoco hay alcantarillado, sistemas de saneamiento básico y de disposición final de residuos, etc., lo que agravaría aún más los efectos de la pandemia letal y gratuitamente cedida por nuestros visitantes extranjeros, o por colombianos provenientes del exterior, gracias a que tampoco fue debidamente controlado su ingreso por los aeropuertos del país, especialmente en la ciudad de Bogotá. Es patente la escasez de productos básicos como alcohol, gel desinfectante, tapabocas y guantes, suponiendo, además, que todas las personas dispusieran de los recursos para acceder a ellos. Sabemos que no es así. 

Es claro y entendible que en esta situación de angustia, desespero y estrés colectivo nadie esté dispuesto a poner los muertos y no van a ser los mandatarios locales los que asuman en ese aspecto cuotas de responsabilidad frente a sus ciudadanos, que son a quienes primero social y constitucionalmente se deben.

Desde las alejadas oficinas del Palacio de Nariño, al Presidente y sus Ministros no parece alcanzarles ni la vista ni la vara para medir las consecuencias que tendría una rápida y prolongada expansión del virus. ¿Quién más entonces que los gobernantes locales para tomar las decisiones y las medidas de prevención que consideren pertinentes, frente a una situación de calamidad tan grande como a la que se podrían estar enfrentando? La experiencia internacional ha sido elocuente, el aislamiento es la medida más efectiva y tal vez la única posible; no hay que darle largas, Italia y España se relajaron y demoraron en darle curso, pero al final tuvieron que acogerla, sólo que después de miles de contagiados y muchos muertos ya inscritos en su actas de defunción.  

No hay que desconocer, incluso independiente de la pandemia, que existe una distancia entre el grado de reconocimiento y legitimidad que tienen los gobernantes locales por parte de la ciudadanía y el que tiene el gobierno nacional, agravado por la situación de un Presidente que vive su propio viacrucis en medio de denuncias de corrupción, compra de votos para su elección y, en general, un muy bajo nivel de aceptación por su deslucido ejercicio de gobierno.

Hoy más que nunca, el Presidente tiene la oportunidad de mostrar que no está gobernando sólo para ciertos sectores, como desde el comienzo de su mandato se le ha señalado, en especial por su estrecha cercanía con los gremios económicos. Tiene por ello que despejar el manto de dudas que suscita con el decreto de emergencia, en el que parece advertirse una nueva cesión a sus intereses, cuando algunos de ellos han señalado como disparatadas las medidas tomadas por los gobernantes locales.

Es cierto que nos debe preocupar el deterioro de la situación económica, que al final nos terminará afectando a todos, pero debe entenderse que, por encima de quienes ven  en ella sus principales preocupaciones, primero está la salud y la vida de las personas. El reclamo de muchos sectores para que se cierre el aeropuerto de Bogotá, por donde ha entrado orondo el coronavirus, está inscrito dentro de esa polémica. Ojalá sepa administrar lo poco que le queda de legitimidad y reconocimiento entre la ciudadanía; que se le encienda el bombillo y encuentre luces para administrar de manera inteligente la crisis que en mala hora le sobrevino a su ya de por sí enmarañada agenda.

Finalmente, y saliéndonos un poco de estas reflexiones tan directas, es necesario ir más allá y pensar que, en medio del caos y la incertidumbre, nos van a quedar muchas tareas por hacer, que van a poner a prueba nuestra capacidad de reinventarnos. Porque la vida después de la pandemia ya no será igual.

Habrá consecuencias letales, ya las estamos viendo, pero igualmente muchos aprendizajes, pues vendrán serias mutaciones, entraremos en un nuevo umbral del desarrollo y seguramente de transformaciones culturales. Tal vez nos quedemos con nuevas maneras de saludar, las urgencias posiblemente ya no serán las que antes creíamos, habremos aprendido que la dimensión del tiempo es otra, que la vida es lo primero y que todo en ella puede ser leve; que el largo plazo es una ilusión; que raza, color, religión, estatus social, género, no cuentan; nunca debieron haber contado a la hora de enfrentar los males de los que podemos ser víctimas. Tal vez ahora diferenciemos menos el espacio de la casa y del trabajo; entenderemos de manera diferente eso de las nacionalidades, ahora que somos una sola nación enferma; aprenderemos a utilizar más responsablemente las redes y sabremos que, más allá de bienes, orgullos y vanidades, todos somos igualmente vulnerables.

Un poco de angustia o miedo seguro que en estos días nos habrá afectado; nos habremos acercado más y manifestado mayor preocupación por nuestros familiares, amigos y personas cercanas; tal vez nos habremos arrepentido y vuelto sobre aquellos a quienes hemos hecho daño. Estamos renovando el valor de la solidaridad y de los afectos y somos más convencidos de lo imprescindible que es unir esfuerzos para responder a esta y otras crisis sobrevinientes.

Es lo único que nos queda después de que una simple sopa de murciélago servida en un plato chino nos hizo caer en la cuenta de que la solidez de la civilización, la fuerza del progreso, la entereza que teníamos sobre la bondad  de los logros científicos y tecnológicos no son más que una vana ilusión; sabemos que la humanidad pende de un hilo en un momento en el que, como decía Shakespeare, el tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan… pero, continúa Shakespeare, porque tambien para quienes aman, el tiempo es eternidad.

*Economista-Magister en Estudios Políticos.

Semana sin Coronell

Orlando Ortiz Medina*

Deplorable, además de torpe y vergonzosa, la salida del periodista Daniel Coronell de la revista Semana.

Coronell se va con la frente en alto después de anticiparse a su despido con una potente  lección de dignidad y estatura ética para quienes ejercen el periodismo y para el propio medio al que prestaba sus servicios.  La causa de su despido fue haberle exigido a sus jefes que explicaran su decisión de engavetar una investigación en la que se hacía evidente el propósito del gobierno de reeditar la tenebrosa época de los llamados falsos positivos, en la que más de cuatro mil civiles inocentes fueron asesinados a manos de miembros de las fuerzas armadas para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate.

La decisión de Semana ratifica que, en Colombia, antes que periodismo, lo que existe es una caricatura de periodismo, sobre todo aquel que regentan las directivas de los grandes medios, abyectos al poder y temerosos a la hora de honrar la misión a la que deben su existencia.

Bien ido Coronell de una casa editorial  que no merecía seguir alimentándose de los servicios de quien, al lado de uno o dos más de sus columnistas, le daba altura a su revista y le garantizaba un gran caudal de lectores y suscriptores; era su cara de mostrar, literalmente, su traje dominguero.

La decisión de Semana no merece sino el rechazo de quienes, más allá de sus posturas ideológicas, amigos o lectores o no de Coronell, defienden la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y el rol e imparcialidad de los medios como soporte inexorable de la democracia. Bien vale que cada ciudadano y ciudadana muestren su indignación y reaccionen frente a un hecho que reafirma la etapa de regresión en que actualmente se encuentra el país. No merece ser leído o escuchado un medio que banaliza su rol y deshonra a sus lectores cuando se autocensura y, peor aún, cuando con inusitada torpeza pone un cierre en la boca de uno de sus más afamados columnistas.

A Coronell -y al periodismo- lo enaltece su abrupta salida de Semana; quien reúne las virtudes que su profesión demanda, más aún cuando del periodismo investigativo y de opinión se trata, encontrará siempre un espacio y mantendrá el respeto y la fidelidad de sus lectores, aun de quienes lo siguen para increparlo, pues es también de eso que se trata, son los gajes del oficio.

La investigación sobre las directrices emanadas de la cúpula militar ya habían sido publicadas por el New York Times y causado un revuelo internacional que puso en la mira al ya de por sí débil y cuestionado gobierno del presidente Duque. De manera que a estas alturas no había nada que no se supiera y la salida de Coronell solo sirvió para mostrar que, dolorosamente, Colombia sigue padeciendo de un fuerte déficit de democracia porque sus principales medios de comunicación se mantienen en manos de una suerte de gurús a los que les cuesta mucho deshacer sus miedos y ser capaces de actuar con independencia, en este caso de un gobierno que, con muy poco que decir si de aciertos se trata, mucho tiene sí de capacidad para comprar conciencias o para hacerse sin escrúpulos y por el medio que sea al silencio de sus críticos.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Es cuestión de dignidad

Orlando Ortiz Medina*

Es cuestión de dignidad que el señor presidente de la República o, en su defecto, su canciller se pronuncien frente a los recientes hechos de presión que los Estados Unidos, a través de su embajada, han hecho para tratar de incidir en decisiones que corresponden estrictamente al fuero interno de las instituciones y la sociedad colombiana. Se trata de las objeciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP), presentadas por él mismo al Congreso de la República, y del pronunciamiento que se espera de la Corte Constitucional frente a la posibilidad de que se retorne al uso del glifosato para la erradicación de los cultivos de uso ilícito.

Es lo poco que puede esperar una ciudadanía que mayoritariamente hace rato dejó de sentirse como parte de una de esas republiquetas a las que ciertos Estados miraban como insignificantes gusarapos y sobre las que se sentían autorizados para obligarlas a obrar, sí o sí, en consecuencia con sus propios caprichos e  intereses.  

Que un Estado, por poderoso que sea, pretenda incidir en decisiones que afectan la autonomía y soberanía de una nación es, además de un atavismo, un hecho que rebasa todos los límites de la arrogancia y la insolencia, más aún cuando se trata de su sistema de aplicación de justicia y cuando lo que está en juego es nada menos que la consolidación de la paz, la preservación de su orden interno y la salud y seguridad de sus ciudadanos.

Al embajador Kevin Whitaker se le fue la mano cuando quiso con un desayuno, y ahora con la suspensión de las visas, llamar al orden y poner bajo chantaje a algunos congresistas y a miembros de las Cortes; parece no haber notado que un buen número de quienes hoy ocupan cargos en las instituciones republicanas han superado la abyección y pusilanimidad características de otras épocas, y que honrando su cargo están lejos de permitir que sus conciencias sean compradas con jugo de naranja, chocolate y huevos con tocineta. Lástima que no sean todos.  

Whitaker hace honor a su presidente, le copia de su vena autoritaria, cree como él que América Latina es todavía lo que siempre han considerado los EEUU: su patio trasero, su conejillo de indias, su despensa, el piloto de prueba de sus laboratorios, la causa de sus desgracias, el leimotiv de su seguridad nacional. Pero cree también, y en eso hay que concederle algo de razón, que los presidentes de los países latinoamericanos son sus súbditos y que puede por ello manosearlos a su antojo y pasearlos como a perritos con lazo por los puntos de su agenda y los jardines de su arrogancia. No todos, por fortuna, se dejan atar sus cuellos.

Volviendo sobre Colombia, al asunto de la dignidad y a la espera de que su presidente se pronuncie, me estoy refiriendo a Iván Duque, es lastimoso decir que el lazo sí está bien atado y que nos vamos a quedar viendo un chispero; atentos ad infinitum a que tal manifestación se produzca, aferrados a la esperanza de que un asomo de decoro asalte su humanidad y logre elevar en algo su escasa dote de estadista, tal cual la valoró el presidente Trump, quien de todas maneras le regaló un cumplido afirmando que era un buen hombre… algo es algo.

Pero difícil pedirle muestra alguna de dignidad, autonomía y defensa de la soberanía de un país a quien sólo está puesto en la silla por encargo y con la misión de esperar que le muevan los hilos, dictándole lo que debe o no hacer. Difícil para quien ni dentro de sus propios predios ha logrado el respeto y reconocimiento de su investidura y que por lo único que se ha destacado es por haberse convertido en rey de burlas y protagonista de primer orden para memes y caricaturas.

Estamos mal, muy mal, pues, aparte del cuestionado manejo de sus relaciones internacionales, en donde además de todo se ha mostrado como un gobernante faltón y líder de propuestas que, por ejemplo frente a la crisis venezolana, no han sido más que actos fallidos, el país se encuentra en un momento preocupante y peligroso de regresión. Los grupos armados y las bandas criminales han vuelto a ocupar espacios que ya habían perdido; han retornado las masacres y se han acrecentado de nuevo los desplazamientos; el asesinato de líderes sociales crece y crece sin que en el gobierno se advierta una real voluntad de respuesta; el proceso de paz, el hecho  político más importante de los últimos cincuenta años, no encuentra cabida en el orden del día de un gobierno al que los defensores a ultranza del establecimiento le han impuesto la agenda, hoy más cómodos y con el camino a sus anchas para atravesarse y evitar que tomen curso los acuerdos que allí fueron pactados.

La actual legislatura del Congreso pasará con más pena que gloria, porque a la hora de los grandes debates que la sociedad quiere oír para sentirse incursa en el camino hacia las reformas que la consoliden como una república verdaderamente moderna y democrática, han sido más efectivas estrategias como el ausentismo y la marrullería, cuando no el insulto, que pesa más ahora que la solidez de los argumentos.

El presidente nominado vive una seria crisis de gobernabilidad; a sus aliados en el Congreso, incluidos algunas veces los propios miembros de su partido, les resulta más fructífero y políticamente correcto hacerle el favor de ayudar a que se le hundan sus propuestas porque las saben livianas en su contenido y muy pesadas eso sí para sus intereses y las de aquellos a quienes representan.

Si en el concierto internacional no queremos dejar de ser mirados como una nación borrega y liliputiense, en el interior nos reafirmamos en la siempre aplazada espera por la consolidación de la democracia, a la que nunca de manera seria se le ha rendido culto en Colombia. Frente a los hechos esperanzadores y de cierto optimismo que nos había dejado el acuerdo de paz y la capacidad de resistencia de algunos movimientos sociales, se siente con vehemencia la reacción del conservadurismo y el poder criminal de quienes siempre se han opuesto a que se superen las inercias que nos mantienen como una nación, además de injusta, dolorosamente enlutada y más cerca de la barbarie que de lo que todavía siguen llamando civilización.

*Economista-Magíster en Estudios Políticos

Venezuela: del concierto al desconcierto

Orlando Ortiz Medina*

Después del concierto pasamos al desconcierto por la malograda intención de resquebrajar la fidelidad de la guardia nacional venezolana a su presidente, lo que terminó siendo un revés para Juan Guaidó y quienes lo acompañaban en ese propósito.

El fracaso del ingreso de la carga de alimentos y otros bienes enviados desde los EEUU y la ruptura de relaciones políticas y diplomáticas con Colombia son, por las consecuencias que puedan desencadenar, las noticias a destacar del pasado 23 de febrero, antes que el éxito esperado de una mal llamada intervención humanitaria que, por el contrario, para lo único que sirvió fue para aumentar las tensiones y los niveles de riesgo de quienes como migrantes, repatriados o como ciudadanos de una u otra de las dos naciones están sufriendo las consecuencias de la torpeza de sus gobernantes y de los cercos de intereses a los que mantienen atadas sus actuaciones.

El que no haya sido posible la entrada de los camiones da cuenta de que la Guardia Nacional -pese a algunas deserciones individuales- se mantiene fiel a Nicolás Maduro y le otorga la tranquilidad que necesita para negarse a ceder a las presiones que algunos sectores de la comunidad internacional y grupos internos de oposición le vienen haciendo. La ruptura definitiva de relaciones políticas y diplomáticas con Colombia, su vecino inmediato y el principal de los aliados entre los países que apoyan la política de intervención de los EEUU, reflejan, por su parte, la configuración de un escenario en el que aparentemente se produce el agotamiento de las vías de diálogo.

Esta es la antesala perfecta para que, más temprano que tarde, pueda darse paso a una acción militar de parte de los EEUU o de una fuerza aliada, con consecuencias todavía imprevisibles, aunque en cualquier caso trágicas e inconvenientes para América Latina e incluso más allá de la región y el continente.

Estamos pues frente a la posibilidad de una guerra civil interna o a un conflicto de carácter internacional, en el que Colombia sería el primer afectado, y que sencillamente muestra la poca capacidad que como Estados, como naciones, en fin, como seres humanos o como sociedades, hemos logrado alcanzar para encarar civilizadamente la solución de nuestros conflictos.

De fondo, lo cierto es que somos parte de una sociedad que a escala planetaria ha ido quebrando la fuerza vinculante de las instituciones y de las normas y protocolos del derecho internacional, así como el rol de ciertas entidades y organismos de carácter supranacional, que muy faltos de creatividad se han mostrado para contribuir a encontrar salidas inteligentes frente a conflictos como el que hoy vivimos con Venezuela. Mucho, así parece, les cuesta a estos últimos aportar en la comprensión de la complejidad de la crisis y en la creación de entornos y rutas de abordaje que eviten desenlaces que puedan terminar siendo onerosos.

Cada quien habla, busca obrar y se arroga presentes y futuros a nombre de pueblos, patrias, ciudadanos, víctimas… pero sin ir más allá de acomodar su discurso al juego de sus propios intereses, o de aquellos que representan, en medio de ambiciones de dominio geopolítico, usufructo de recursos naturales y control de dinámicas y juegos de mercado, que es lo que final y verdaderamente está en juego.

Luego de los más recientes sucesos, por ejemplo, muchas voces afirman que Nicolás Maduro traspasó la línea roja y acabó con lo poco o nada de legitimidad y autoridad política y moral que le quedaba, lo que justificaría ya sin rodeos la intervención militar en los próximos días. Lejos podemos estar de darle la razón a Nicolás Maduro y validar su permanencia en el poder, pero menos seguros estamos de que quienes así lo juzgan tengan, ellos sí, la legitimidad y la autoridad política y moral que predican; asimismo, de que conocen y acatan que hay líneas rojas que tampoco pueden traspasar, y si en verdad les asisten razones para proclamarse defensores de derechos y democracias que tampoco viven, respetan o hacen respetar dentro de sus propios dominios.

Nada se puede aceptar que deje al descuido la libre autodeterminación de los pueblos, la soberanía de las naciones, el respeto a los Estados y, hoy más que nunca, la sindéresis que deben tener los gobernantes y los organismos internacionales para actuar de manera que se evite un derramamiento de sangre que simplemente sería inútil, como ya ha quedado de sobra demostrado en otras latitudes, donde el país de origen del mismo promotor de “todas las opciones están consideradas” ha dirigido sus intervenciones.

El desencadenamiento de una guerra o de cualquier tipo de intervención militar debe quedar descartado frente a la crisis de Venezuela; la vida de cientos o miles de ciudadanos venezolanos, eventualmente de colombianos o norteamericanos, o quizá de otras naciones, no puede quedar en manos de la intemperancia de un señor de mechón amarillo y agresiva elegancia, de la falta de agenda de otro de cabello prematuramente cano y pensamiento enajenado, o del temor a perder el poder de aquel a quien, literalmente, cada vez le queda menos petróleo para mantenerse al frente de un país que ya no puede decir que gobierna. 

Peor sería poner a Colombia como cabeza de playa para una intervención de los EEUU o de una coalición internacional, no puede el presidente Duque actuar en esa dirección a nombre de todos los colombianos, que seguramente en mayoría se muestran contrarios a una decisión de esa naturaleza. Más allá de circunstancias coyunturales, que lo son con la permanencia en el poder de Nicolás Maduro, sería un contrasentido histórico con un pueblo que en otros momentos ha sido solidario con miles de colombianos que, aunque en circunstancias diferentes, también se vieron obligados a migrar para sortear una mejor oportunidad para sus vidas, de igual manera negada dentro de su propio suelo.

Bien nos iría si la crisis fronteriza cediera, cuando más pronto mejor, para que el señor Duque libere tiempo y comience a gobernar en Colombia, en donde, entre otras calamidades, mientras algunos ríos se le secan otros se le desbordan, afectando en todo caso a quienes más lo necesitan, siempre víctimas como han sido del abandono del Estado. Más aún, en donde, a propósitos de vidas, paz y derechos humanos, casi a diario un líder social ha sido asesinado en lo que va corrido del año.

Ya es bastante con haber prestado el territorio para que uno a uno se birlaran los principios humanitarios, otra vergüenza a la que el señor presidente se somete, pero que al parecer no le importa en su ya consabida inclinación a desconocer los acuerdos y protocolos internacionales.  

Ojalá el nuevo aire que el fracaso de esta operación significa para Nicolás Maduro no se torne en una tempestad, en la que no solo en Venezuela sino también en Colombia terminemos ahogando las pocas esperanzas de paz que nos van quedando.

Esperemos que sea la sensatez y el interés por la defensa de la  paz y de la vida lo que, ojalá, sirva de faro a quienes aquí y allá tenemos acomodados en los sillones del poder. Querámoslo o no, tienen en sus manos gran parte del destino de nuestras naciones.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Consulta anticorrupción, la cifra es lo de menos

Orlando Ortiz Medina*

 Los casi doce millones de votos alcanzados en la consulta del 26 de agosto, con los que, como en plebiscito del dos de octubre de 2016, nos faltaron cinco pal´ peso, al final solo reafirman una cosa: perdimos los que venimos insistiendo en la necesidad de la moralización del país y el fortalecimiento de la democracia, y ganó de nuevo el país quedado en la apatía, el acostumbramiento y la complacencia mayoritaria de una sociedad postrada ante quienes han sido sus padrinos y corruptores políticos, de los que al mismo tiempo ha alimentado su avaricia o logrado sostener su precaria y cuestionable sobrevivencia.

Los resultados, una vez más, demuestran la despreocupación casi generalizada de una ciudadanía que ha visto hacer de la política otra más de las formas de degradación de una humanidad deslucida en sus principios y valores, avanzados ya más de tres lustros del siglo XXI. Una degradación que ha lesionado profundamente las formas de cohesión e integración social y que terminó siendo, además, caldo de cultivo de la violencia y la perversión de la gestión pública, en donde hoy están las principales barreras para que se produzcan los cambios requeridos hacia el ingreso al umbral civilizatorio que, en prácticamente en todo el mundo, reclama la comunidad política.

Se validó otra vez la patente de corso de particulares o agentes de Estado que estimulan y celebran la comisión de delitos, y de los que, antes que llamar y comprometer al ciudadano con su rechazo, lo involucran en prácticas que hacen del mismo un aplicado borrego, especializados como están en banalizar el rol de las instituciones jurídicas y estimular costumbres contrarias a las reglas del derecho.

Quienes celebran la cifra de votación alcanzada, elevada solo si se compara con anteriores eventos electorales, deberían pensar que ello no es más que un lánguido consuelo, si se tiene en cuenta que la participación no representa más de un 32% del potencial electoral, cifra realmente insignificante, tratándose de un país en el que la corrupción –principal objeto de la convocatoria- es hoy su flagelo más deplorable.

Pero la cifra es lo de menos cuando se trata de un asunto de mayor complejidad y que al final es el reflejo de la quiebra ética que, a todos los niveles, vive la sociedad colombiana. Agentes del gobierno o el Estado, dirigencias políticas, sector privado y sociedad civil, en distintas proporciones, por omisión o compromiso, están incursas en el declive moral que nos acusa.  

Por donde quiera que se las mire, lo que las cifras muestran es que seguimos siendo una sociedad indolente, tolerante con la corrupción y sin mayor capacidad de indignación y reacción frente a los hechos a los que cotidianamente nos someten bandidos de carrera con títulos dudosos y galardones en el pecho, quienes con sus intríngulis y triquiñuelas han logrado la validación y legitimación de un régimen y un sistema de organización de la sociedad y del Estado por cuyas venas no fluye más que el pus de su degradación y sus embustes. 

El tema de fondo tiene que ver con la cultura política y el acumulado de un saber social en el que, sobre prácticas anómalas, se han sostenido históricamente unas fuerzas y hegemonías políticas que, aunque estén claramente en decadencia, se mantienen todavía incrustadas en los fundos de la burocracia, con el arrastre concomitante de sus vicios.

Así que, más allá de un conjunto de reformas legislativas, de lo que se trata es de un profundo proceso de transformación cultural que lleve a la clausura de la institucionalidad vigente y a la vindicación de nuevas formas de convivencia que, en el orden material y simbólico, refunden los cimientos del poder y den lugar a un nuevo sujeto y saber colectivo, inscrito en una renovada escala de valores y capaz de poner en cuestión los imaginarios que han confiscado el pensamiento y comportamiento de los electores.

Es la apuesta por un país de hombres y mujeres cuyas virtudes conduzcan a un nuevo universo de sentidos, entendiendo que las actitudes y el comportamiento ético no deviene de los conjuntos normativos ni es asunto de leyes o de tal o cual articulado; al fin y al cabo, mucho de aquello sobre lo que se propone legislar ya se prescribe en las normas. Lo que corresponde es que medios, instituciones, centros educativos, personas y organizaciones sociales y políticas se comprometan con un ejercicio de pedagogía social, cuyo propósito final sea refundar el pensamiento y por esa vía la cultura política.

Una sociedad en donde, más que la formalidad de un conjunto de instrumentos que reglamenten la participación, la democracia sea asumida como un estilo de vida, una conducta que trascienda la rigidez de las formas jurídicas y los esquemas institucionales. Es decir, en donde más que una grafía de procedimientos, el ejercicio de la política sea el punto de convergencia del comportamiento y las actitudes cotidianas de los ciudadanos, respetando sus procedencias, sus formas de vida y sus identidades sociales y culturales.

*Economista-Magister en Estudios políticos.