Antes que rescate económico, lo que aquí se propone es una reforma tributaria, con cuentas alegres y resultados inciertos, basada en la captación de más y mayores impuestos y no en la austeridad y reducción del gasto.
Orlando Ortiz Medina*
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| Foto: La Nación |
Pague más y reciba menos
Pues bien, si es de los que va al mercado y compra una libra de tomate que vale $ 3.000, por ejemplo, en adelante a esos $ 3.000 tendrá que adicionarle el 19%, que corresponde al IVA con que quedarán gravados casi todos los productos y servicios de la canasta básica de consumo, si se aprueba el proyecto de ley de “rescate de la economía”, presentado por Abelardo de la Espriella al Congreso de la República. Al igual que con el tomate, le va a pasar si compra aguacate, zanahoria, cebolla, ajo, plátano, banano, lechuga, repollo, naranja, piña, mango, guayaba, papaya, uvas, manzanas, o productos como lentejas, sal, azúcar, garbanzo, fríjol, queso fresco, harina, pasta, chocolate, aceite y siguen más.
El señor que una y otra vez prometió que si llegaba a tocar los impuestos era para bajarlos, se vino con una andanada de alzas que, al grito de Viva Cristo Rey, va a terminar gravando hasta las hostias.
El efecto práctico es que su salario real va a bajar sustancial y sostenidamente, pues, aparte del IVA a los alimentos, que ya es mucho decir, el proyecto milagro establece que en adelante empezarán a pagar renta quienes ganen desde 1,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes -SMLMV- (hoy pagan quienes ganan desde 2,7 SMLMV) después de deducidos los gastos de salud y pensión y el 25% de exención laboral, que también se va a modificar. Pero, además, crea un impuesto adicional, una tarifa marginal del 9% para quienes ganen entre 1,8 y 2,7 SMLMV; 19% para quienes ganen entre 2,7 y 4,2 SMLMV y 28% entre 4,2 y 10,2 SMLMV. Sigue subiendo escalonadamente hasta el 39 % para quienes ganen más de 10,2 SMLMV .
Pero hay más: el aporte a salud de los asalariados ya no será del 4%, sino que estará entre el 5,5% y el 8%. Se elimina la deducción de 72 UVT por dependientes, que actualmente es deducible de la base gravable del impuesto a la renta. A los trabajadores independientes, por su parte, se les aumentará su contribución a la salud, que pasaría de 12% al 15,5%, cuando reciben desde dos SMLMV. Se modificarán igualmente las tasas de retención en la fuente para trabajadores dependientes y pensionados, y para trabajadores independientes que no descuenten costos ni gastos deducibles. El 25% de exención laboral que actualmente se hace sobre un tope de $ 41´375,000 (790 UVT) anuales bajaría a $ 32´996.000 (630 UVT) anuales.
Quienes viven entre los estratos 1 y 3 desde ahora pagarán IVA por el servicio de internet, la compra de un computador, del celular, las boletas de cine y espectáculos. En adelante pagará tarifa plena de IVA la medicina prepagada, así como los pagos a través de plataformas electrónicas, que hasta ahora están exentas para compras inferiores a US 200. Se incrementarán los impuestos a la cerveza, a los refajos y las mezclas de bebidas fermentadas con insumos no alcohólicos. También los juegos de suerte y azar en línea, los vehículos eléctricos, los licores, vinos y aperitivos quedarán con una tarifa del 19 %, una vez sea aprobada la ley. Se grava el componente inflacionario de los CDT y de las cuentas de ahorro. Sube del 20 al 30% el impuesto sobre premios, loterías, rifas y apuestas.
Ni austeridad ni reducción de gastos
Lo que hasta aquí queda claro es el nuevo embuste del presidente, su vicepresidente y su ministro de hacienda, que se desgastan diciendo que el llamado rescate de la economía se concentra en la reducción y la búsqueda de mayor austeridad en los gastos del Estado, que fue por lo que presionaron y le negaron las propuestas al anterior gobierno. Nada más falso. Antes que rescate económico, lo que aquí se propone es una reforma tributaria, con cuentas alegres y resultados inciertos, basada en la captación de más y mayores impuestos y no en la austeridad y reducción del gasto. Nuevos impuestos que, además, castigan más a los que menos tienen y menos ingresos reciben, manteniendo el espíritu regresivo, que ha sido la característica dominante del sistema de tributación en Colombia.
Tal regresividad se confirma con el hecho de que a quienes sí se les reduciría el impuesto a la renta es a las grandes empresas, pues pasaría del 35% al 31%. Se favorece igualmente a los grandes patrimonios, dado que se sube el umbral de pago; actualmente lo pagan quienes tienen valores superiores a $3.070 millones y con la reforma se pagaría a partir de 5.000 millones. Este impuesto, además, desaparecería en 2030. Reducir impuestos a grandes tenedores de riqueza es inexplicable y absurdamente regresivo en contextos de tanta desigualdad como el que existe en Colombia. En esa misma dirección y haciendo eco al ego del Tigre, se propone crear el RUGE, Régimen Único de Gestión Empresarial, que rebajará en 20% la tarifa de renta para proyectos que inicien en 2027 o 2028 y de 26 % en 2029. Una concesión adicional a los grandes empresarios por hacer lo que comúnmente hacen o deben hacer: invertir.
Respecto del recorte del tamaño del Estado, difícil creerle a un presidente que viene haciendo eco al clientelismo, al nepotismo y al amiguismo, que poco aliento deja sobre el supuesto propósito de disminuir los gastos en burocracia, tal como se promete en el paquete de reformas. Valga como ejemplo que gran parte de la nómina de su empresa, De la Espriella Lawyers, hoy son funcionarios del Estado. Tampoco es buen augurio saber que, en su primer mes de gobierno, el gasto en viajes en helicóptero, algunos solo por unas cuadras, ascendieron a $ 2.286 millones. Nada austero el señor presidente.
Lo que sí preocupa, al respecto, son las facultades extraordinarias que se le otorgarían, por seis meses en caso de aprobarse la reforma, para vender activos, modificar la DIAN y suprimir o fusionar ministerios y otras entidades públicas. Muy peligroso dejar estas tareas al arbitrio de un aprendiz de dictador que, por un lado, apenas se está enterando de la organización y el manejo del Estado y, por otro, se orienta más por el dogma y fanatismo ideológico, que emula de su homólogo argentino y de otros tarambanas de su especie.
Ajuste sí, pero no así
No hay duda de que Colombia requiere una propuesta de ajuste fiscal, que hay que garantizar que el Estado cuente con recursos para honrar sus compromisos de deuda, atender los gastos de funcionamiento, mantener la infraestructura pública, asegurar la prestación de bienes o servicios colectivos: seguridad, medio ambiente, agua potable, saneamiento básico, etc.; pero es también cierto que la política fiscal debe establecerse dentro de un marco que, en vez de profundizar, ayude a corregir las enormes brechas que existen tanto entre personas y grupos sociales como entre las regiones y actividades económicas. La llamada propuesta de rescate económico está totalmente en contravía de este propósito.
Ningún gobierno puede venirse con una lluvia de impuestos al desgaire; existen límites cuando hay fallas ya creadas y, más aún, cuando se advierte que sus impactos discriminan en contra de los grupos más vulnerables de la sociedad, afectan el consumo y la inversión y, al final, repercuten negativamente en el conjunto de la actividad productiva. No se debe dejar de lado que son las desigualdades las que, en gran medida, están en la base de los grandes problemas sociales, políticos y de la violencia que el país adolece, por lo que entre más progresiva sea la estructura tributaria, habrá menos personas en situación de pobreza y tendremos un país más estable social y políticamente.
Estamos a merced, por un lado, de un poder legislativo —en su mayoría de los afectos del presidente — que aseguraría la aprobación ¬de la reforma, y por otro, de un movimiento social que logre aglutinar a quienes van a salir más afectados por esta para cerrarle el paso. Son dos lugares por excelencia de la política: uno, el de la democracia representativa, viciado por el trámite de prebendas y el saldo a favor de los grupos de poder que financiaron a sus representantes en el Congreso; otro, el de la democracia directa, los sectores sociales que, con menor presencia en el cuerpo parlamentario, se movilizan en calles, plazas y demás espacios naturales que aseguran su participación. Es un pulso en juego y entre luces y sombras queda por verse el desenlace.
En cualquier circunstancia, lo que se necesita es una sociedad que se convenza de que es deshonroso mantenerse como el tercer país más desigual del mundo, que no hay lugar a que esa situación se siga profundizando y que es muy peligroso el punto al que, entre el autoritarismo, la improvisación, la mediocridad y la payasada del gobernante nos estamos conduciendo.
*Economista-Magister en estudios políticos
