viernes, 21 de octubre de 2016

Plebiscito, paz y reforma tributaria


Orlando Ortiz Medina*

Empecemos por decir que no hay una relación, al menos una relación directa, entre el plebiscito, los resultados del 2 de octubre, lo que aún está por resolverse y la propuesta de reforma tributaria recientemente presentada por el Gobierno.

Con o sin plebiscito, con o sin conflicto armado, independiente de que hubiera ganado el SÍ o el NO, éste o cualquier gobierno está en la obligación y responsabilidad de acudir a las medidas que sean necesarias para hacerse a los recursos que requiere para suplir sus gastos de inversión y funcionamiento. Cosa distinta es que el momento en que los dos hechos se presentan coincidan en un ambiente de fuerte tensión y agitación política que, quiérase o no, se van a traslapar y a ser utilizados por los detractores del Gobierno, y especialmente del acuerdo de paz, tal como ya se hizo por parte del uribismo en la campaña para las elecciones del 2 de octubre.

De manera que no hay que dejarse llamar a engaños y seguir siendo utilizado, como ya se advierte en la marcha convocada por el Centro Democrático para el próximo 29 de octubre, en la que para defender el resultado de las elecciones plebiscitarias se usa como telón de fondo el rechazo al contenido de la propuesta de reforma.  

Por supuesto que esta no es un asunto menor; frente a ella no podremos ser ajenos y tendrá que tener sus propios momentos de discernimiento y debate, incluidas posibles acciones de movilización y rechazo, conocido ya el texto y las implicaciones que, de llegar a aprobarse, va a tener sobre el bolsillo de los colombianos.

Una reforma tributaria no es mala en sí misma, pues como cualquier persona o familia, el Estado tendrá siempre que pensar en cómo y de qué fuentes se provee de los ingresos para su sostenimiento y cómo dirige y organiza sus gastos. Pero de lo que se trata hoy es de estar alerta para que el tema fundamental de la búsqueda de una paz estable y definitiva para Colombia no se vaya a subordinar otro tipo de intereses, que con intenciones maniqueas o aún con la legitimidad que les pueda asistir terminen llevándolo a un segundo plano. El riesgo es alto e incluso explicable cuando se trata de los asuntos del bolsillo y más aún cuando la guerra y sus desastres no parecen interesar a una inmensa mayoría de los colombianos, tal cual quedó demostrado en las elecciones del plebiscito.

Es cierto que el momento de presentarla no es el más oportuno para el presidente Santos y está por verse si finalmente o en qué condiciones logra finalmente su aprobación en el Congreso de la República. Ya sabemos lo que allí se mueve, todo menos la sensatez, honradez y coherencia de muchos que desde uno u otro partido buscarán actuar en su propio beneficio, máxime cuando estamos ya entrando en una etapa electoral que moverá sin duda sus decisiones. Hay pues una amalgama difícil entre el SÍ inevitable de una reforma tributaria y el NO necesario a la guerra, en donde en lo único que nos queda por creer es en la sapiencia de esa ciudadanía que hoy se moviliza y que ojalá se sepa conducir e imponer para que el desenlace no sea en ningún sentido adverso a la mayoría de los colombianos.   

De la reforma tendremos que preguntarnos sobre lo que en ella se propone, qué tan efectiva es para enfrentar las problemáticas que busca resolver, cómo y a quiénes en mayor o menor medida va a afectar y, pregunta crucial, qué tanto contribuye a corregir las enormes desigualdades que están en la base de un modelo de tributación que históricamente ha puesto el peso de la sostenibilidad del Estado sobre los hombros de los sectores más vulnerables y de más bajos ingresos. Pregunta esta última clave y definitiva por lo que tiene que ver también con la construcción de las bases de una paz sostenible y duradera para Colombia.

Asimismo, qué se dice frente a situaciones tan graves como la corrupción, la evasión o la elusión, que de no existir seguramente nos exonerarían de la necesidad de éste nuevo paquete de medidas, tan drásticas como la que se vienen. Igualmente, de la capacidad de ahorro de que se debe dotar el Estado, por ejemplo mediante la disminución de tanto gasto ineficiente y de los costos abultados de su burocracia, en la que el recorte a los indecorosos salarios de los congresistas sería una de las primeras medidas a emprender.

Plebiscito, reforma tributaria y paz son hoy los componentes de una ecuación difícil de resolver, cuya salida definirá si como sociedad somos capaces de encontrar alternativas para evitar que sigamos ahogándonos en nuestros propios ríos de sangre, corrupción y despilfarro.

Habrá que evaluar la responsabilidad que le asiste a un gobierno o, mejor, a los gobiernos de por lo menos los últimos veinte años que dejaron llevar al país a la situación en que hoy se encuentra; un creciente saldo en rojo entre sus ingresos y sus gastos que de no corregirse o no tomarse a tiempo las medidas necesarias nos llevarían a una sin salida con costos y consecuencias todavía superiores.

Un errado manejo de política económica que nos puso a beber de una sola fuente, a “mamar de una sola teta” como se dice popularmente: los ingresos provenientes del sector minero, en especial de los precios del petróleo, de los que ingenuamente se pensó que iban a continuar eternamente su escalada alcista, mientras se descuidaron sectores como los de la producción agrícola o industrial, que siempre y en cualquier caso garantizan mayor autonomía y posibilidades más reales de dinamizar el desarrollo y el mercado interno.

Habrá que evaluar también qué dice la reforma sobre las inadecuadas exenciones de que gozan ciertos sectores empresariales y a los que se suma su capacidad de maniobra y la de sus contadores para ayudarles a evadir y a eludir sus impuestos, qué pasa con las llamadas zonas francas y los paraísos fiscales, en los que no son propiamente los más pobres los que colocan sus ingresos. Desde ya se tendrá que decir que no puede ser el impuesto al valor agregado IVA, el sustento fundamental de la nueva reforma porque él es justamente el que más duro cae sobre los consumidores de más bajos ingresos.

Todo eso y mucho más se tendrá que decir o preguntar, pues el debate sobre la tributaria apenas comienza, pero en lo que más nos corresponde hoy insistir, con o sin reforma, es en la inevitable necesidad de ponerle fin a la guerra, que por barata que fuera no nos aguantaría ningún impuesto más, o ¿Quién se atreve a hacer el cálculo de lo que pueda costarnos una sola y nueva vida que se pierda?

*Economista-Magister en Estudios Políticos


sábado, 1 de octubre de 2016

¿Por qué no?


Orlando Ortiz Medina*


Las elecciones de este domingo conllevan una enorme responsabilidad para quienes tenemos la oportunidad, quizás única, de decir o no al acuerdo para la terminación del conflicto armado que durante más de cincuenta años ha segado la vida de miles y miles de colombianos.

Vamos a definir si las próximas generaciones continúan dentro de los mismos marcos de la guerra y la violencia que a nosotros nos ha tocado vivir o pueden por el contrario trascender hacia formas de convivencia en donde la fraternidad, la solidaridad, el respecto y la solución pacífica de los conflictos sean sus referentes.

Estamos frente a una decisión fundamentalmente ética; pues más allá de partidos, de quienes gobiernan o quienes se les oponen; más allá de ideologías o credos religiosos, de odios e intereses particulares, estamos decidiendo sobre todo de la posibilidad de la vida y, casi nada, de la vida de los otros; posiblemente de quienes todavía no han nacido, lo que con más severidad nos compromete. ¿De qué se trata la ética sino fundamentalmente de la pregunta por la vida?

Aunque para muchos pueda sonar desatinado, los reclamos frente a una supuesta impunidad, el déficit en la aplicación de justicia o la posible elegibilidad política de los Integrantes de la FARC, entre otros, pueden al final resultar siendo menores y no ser más que la permanencia en un pasado que todavía nos persigue e impide salir de la estela de odio y de venganza en que nos hemos mantenido.

No podemos olvidar que si de algo se ha nutrido la historia de Colombia y nuestra vida personal y colectiva es de altísimas cuotas de impunidad y de injusticia. ¿Podrá haber algo más injusto que atravesársele a una sociedad que busca alternativas para evitar que la guerra y la violencia continúen? ¿Qué puede ser más insensato que negarse a la oportunidad de ser protagonista en el cumplimiento de una tarea, hasta ahora aplazada, de sacar las armas de la política y darle el sentido que le corresponde en una sociedad verdaderamente civilizada?

Nos quedan unas horas para pensar una decisión que no permite equivocarnos. Va a ser muy costoso si, más allá de nuestras diferencias, no coincidimos en que la prolongación de esta guerra a ninguno nos conviene y que avalar este acuerdo no nos compromete más que con la necesidad de dejar atrás esta historia bañada en sangre.

¿Por qué insistir en el país acostumbrado a la infelicidad de la guerra, inmune ante el dolor? ¿Por qué no decirnos y decirle al mundo que , que somos una sociedad capaz de reinventarse y en la que en adelante van a pesar más la sensatez que los odios y los deseos de venganza? ¿Que sabemos lo que vale y significa la defensa y la protección de la vida? ¿Por qué no?



*Economista-Magister en Estudios Políticos