Dictadura Constitucional

 

La arquitectura del Estado se adecua y faculta al gobernante para actuar de manera ordinaria con instrumentos que en otras circunstancias responderían a situaciones de facto o de excepción.

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Corporación Jurídica Libertad

Las reformas institucionales que se han venido presentando por vía del ejecutivo o el Congreso de la República, así como el tratamiento dado a la protesta en el marco de la movilización ciudadana que se presenta desde el mes de abril, reafirman que en Colombia nos mantenemos en un régimen de dictadura, encriptado en la formalidad de un modelo de democracia constitucional. 

La arquitectura del Estado se adecua y faculta al gobernante para actuar de manera ordinaria con instrumentos que en otras circunstancias responderían a situaciones de facto o de excepción. Si el Estado de derecho termina siendo incómodo para quienes necesitan asegurar su permanencia en el poder, entonces se reordena para ponerlo a la medida de sus necesidades. No es la constitución sino el mismo poder en ejercicio el que establece sus límites . 

Esta es la salida que se ha planteado frente a la aguda crisis de representación y legitimidad a la que se enfrenta hoy la dirigencia en Colombia. Con la cooptación de los órganos de control por parte del ejecutivo, la ruptura del equilibrio de poderes y la cesión de funciones judiciales a organismos administrativos, así como de responsabilidades de los entes civiles a los cuerpos militares y de policía, se atenta contra el Estado de derecho y se debilita cada vez más el sistema democrático.

La seguridad, la salvaguarda del orden y un concepto de soberanía fundado en premisas estrictamente jurídicas se refieren exclusivamente al Estado o al régimen y no al cuerpo social en su conjunto. La seguridad ciudadana se subsume y el orden como posibilidad de convivencia en el marco del respeto a los derechos no se vislumbra. La soberanía del constituyente primario, premisa fundante de la democracia, termina anegada y cualquiera de sus manifestaciones se asimila a terrorismo, vandalismo o propósitos de desestabilización a los que el Estado responde con represión y restricción de los derechos.  

Las medidas de excepción establecidas al amparo de la declaratoria de emergencia económica durante la pandemia, la aprobación del proyecto de ley que reforma el código disciplinario de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, la promulgación del Decreto 575 que autoriza la militarización de las ciudades y la propuesta de reforma al Decreto 003 de 2021, con la que el Gobierno se autofaculta para reglamentar la protesta ciudadana, son los más recientes ejemplos de cómo en Colombia se ha ido reafirmando un régimen de dictadura rodeado de garantías constitucionales . 

La reforma al código disciplinario de la -PGN-, que le otorga funciones judiciales y de policía y la autoriza para investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, pone en serio peligro la democracia; es ni más ni  menos que dejar la permanencia y futuro de estos últimos al arbitrio de un funcionario cuyo nombramiento es de origen político, al ser ternado por el Presidente y escogido luego por los sectores políticos mayoritarios en el congreso, que normalmente son parte del mismo circuito de poder. 

La -PGN- queda inscrita en un híbrido curioso de competencias de carácter administrativo y judicial que, a juzgar por la tradición, en Colombia terminará siendo nada más que una manera perversa de emitir fallos políticos con ropaje judicial. Tal cual pasó en 2013 con el alcalde de Bogotá Gustavo Petro (2012-2015), destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años, por quien en su momento era el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. 

Para bien de la democracia, el fallo del Procurador tuvo que ser revocado por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, al considerarlo violatorio de la Convención Americana, que, en su artículo 23, establece que una entidad de carácter administrativo, como es la –PGN-, no está facultada para destituir y suspender los derechos políticos a quienes son elegidos por voto popular, en tanto ello solo procede por condena previa establecida por un juez penal.

De manera que el proyecto de ley ya aprobado y en espera de sanción presidencial, no sólo contraría lo dictaminado por la CIDH en el caso de Gustavo Petro, sino que lo que esta dejó taxativamente prohibido pasa ahora a ser parte del ordenamiento constitucional. En este se establece la creación una sala especial de jueces cuyo nombramiento y control dependerán directamente del (la) procurador (a), lo que, de paso, pondrá en vilo los principios de imparcialidad, autonomía e independencia, a los que se deben como rectores de la justicia penal. La línea directa que tendrán con el ejecutivo, a través del procurador, a juzgar por su trámite de nombramiento, será siempre un óbice para garantizar el cumplimiento de estos preceptos. 

Con la propuesta de modificación del Decreto 003 de 2021, por su parte, será el Gobierno el que decida cuándo una manifestación es legítima y en qué casos puede o no ser permitida, lo que viola el artículo 37 de la Constitución nacional, que garantiza la protesta ciudadana. Una muestra más del abuso del poder por parte del ejecutivo, que además reforma mediante decreto presidencial algo que solo puede hacerse por vía del legislativo, como lo establecen también la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 15 y 21, respectivamente. 

El Decreto 575 de 2021 reafirma la vena militarista del régimen en Colombia, al autorizar el despliegue del ejército en algunas ciudades y departamentos para contener las manifestaciones de protesta que se adelantan en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril. Con ello no solo se pasa por encima de los alcaldes y gobernadores, que son la primera autoridad en sus ámbitos territoriales, sino que se transgrede una vez más el espíritu civilista de la Constitución. 

Por si algo faltaba, en una ceremonia de ascenso a oficiales de la policía, Duque anunció que presentará un proyecto de ley antidisturbios y antivandalismo para reglamentar la manifestación pública, en la próxima legislatura del congreso. Aún no sabemos exactamente en qué consiste, pero no  hay que dar por descontado que sea una evocación del famoso Estatuto de Seguridad de finales de la década del setenta, que legalizó los abusos de la fuerza pública y resultó tan oneroso para los derechos humanos, tal cual se ha vivido en estos días de fuerte agitación social y con el saldo de personas desaparecidas, asesinadas o abusadas sexualmente, que ha ido quedando.

Estamos pues al arbitrio de un orden constitucional secuestrado por el ímpetu dictatorial de un partido que ha ido enquistándose en todos los ramales del Estado para acomodarlo a su antojo y, al mismo tiempo, de un Estado social de derecho anegado por las pulsiones regresivas de unas élites que insisten en mantener el estado de cosas, pero en cuyos moldes no está dispuesto a permanecer un país mayoritariamente cansado y que reclama con urgencia el viraje hacia un nuevo orden. 

La multitud hoy en las calles es apenas el comienzo de un movimiento de insurgencia civil que sabe a qué se está enfrentando y que no será inferior a los retos que convoca este momento de crisis. Qué ganancia ésta la de proceso de paz, vale decir, cuando de un conflicto armado de más de cincuenta años trasegamos hacia un escenario en el que es el poder ciudadano el que se asume como protagonista de primera línea, como nunca durante tantos años había sido alcanzado.

Si por un lado están los que se aferran tozudamente al establecimiento e insisten cada vez más en afinarle las espuelas al régimen de dictadura, por otro están quienes, movidos por los vientos de cambio, ya no volverán a arriar las velas; por el contrario, seguirán insistiendo en abrir los caminos que nos lleven definitivamente por las sendas de la democracia. 

*Economista-Magister en Estudios políticos

 Sánchez, C, Castellanos E, El disfraz constitucional: el constitucionalismo relativo. En revista papel político, volumen 14, N° 1, enero-junio de 2009, pp. 13-38. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Schmitt, C. (2006),  La Dictadura. Buenos Aires, Editorial Struhart & Cia

El Paro Nacional, una moneda al aire.

 

Lo que vemos en últimas en esta larga jornada de movilización social es un modelo de sociedad cuyos cimientos se sacuden y ponen sobre la mesa la necesidad de un nuevo orden; una ruptura cuya tracción hacia los extremos se desborda en manifestaciones de violencia, ante la negativa de quienes han ocupado siempre las posiciones de privilegio en el tablero de juego y tampoco hoy se ven dispuestos a mover las  fichas. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto EFE. Tomado de El Tiempo.

La imagen que mejor explica lo que ocurre hoy en Colombia es la de Iván Duque autoentrevistándose a través de una máquina, y en un idioma, el inglés, que no habla la mayoría colombianos.

Esta refleja el autismo  en que vive el señor presidente; el grado profundo de soledad y ensimismamiento en que se encuentra y su falta de conexión con sus ciudadanos  y la realidad que los circunda. Nos habla de alguien que se ha ido quedando sin interlocutores, que se muestra cada vez más alejado de los problemas que le corresponde encarar, y a quien la única opción que le va quedando es la de responderse a sí mismo sus preguntas y pedirle a su espejo que le califique su gestión.

Si lo primero que se requiere para encontrar el camino que nos lleve a la solución de los problemas es que se reconozca su existencia y las fuentes verdaderas de su origen, muy mal nos vemos en lo que a la actitud del presidente y su Gobierno se refiere. Mientras siga empeñado en demostrar que lo que ocurre en Colombia es producto de una conspiración internacional en su contra y no la quiebra de un orden político y social que tiene base en su propia crisis de liderazgo y en la de una dirigencia claramente escindida de unas mayorías a las que definitivamente no representan, no habrán a la vista alternativas posibles. 

No es culpando a Nicolás Maduro, a Vladimir Putin, al grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo o, en el interior, a su antecesor Juan Manuel Santos o al principal líder de la oposición Gustavo Petro, como va a conseguir el presidente sacar al país del estado en que se encuentra; tampoco va a lograr lavarse las manos ante a una comunidad nacional e internacional cuya inteligencia insulta, si es que piensa que le va a copiar la insensatez de su discurso.

Duque es un presidente sin agenda, enajenado en pensamiento, palabra y obra, por quienes desde afuera le manejan los hilos; extorsionado por la coalición de partidos que le aseguran su gobernabilidad en el Congreso; secuestrado por su jefe el expresidente Álvaro Uribe, principal responsable del enanismo al que ha sido llevada su gestión. Además está comprometido hasta la médula con los representantes de los grupos económicos que, mientras con una mano le entregaron los dineros para financiar su campaña, con la otra le confirieron el decálogo de tareas a las que quedaba obligado.

En medio de este panorama es muy difícil advertir las opciones de salida, porque lo que estamos es en un escenario en el que, de un lado están los inamovibles de quienes históricamente han mantenido su capacidad de maniobra para resistirse al cambio y, del otro, los que, hasta ahora excluidos, se alzan para manifestar su indisposición y evitar que esa situación se siga manteniendo. Es el cara y sello  de una moneda que está al aire y que no sabemos por qué lado va a caer. Qué peligro.

Lo que vemos en últimas en esta larga jornada de movilización social es un modelo de sociedad cuyos cimientos se sacuden y ponen sobre la mesa la necesidad de un nuevo orden; una ruptura cuya tracción hacia los extremos se desborda en manifestaciones de violencia, ante la negativa de quienes han ocupado siempre las posiciones de privilegio en el tablero de juego y tampoco hoy se ven dispuestos a mover las  fichas.    

Esto explica por qué, pasados cuarenta días de iniciada la movilización, el proceso de negociación entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno nacional no avanza. 

Para el Gobierno, los puntos que hay que poner sobre la mesa no son de fácil factura en tanto no obedecen a situaciones coyunturales; por el contrario, exigen reformas de fondo y requieren de trámites institucionales de cierto calado y elevada complejidad política; más todavía cuando, como ya se dijo, tocan intereses poderosos. La reforma laboral y al sistema de pensiones, la reforma al sistema de salud, la exigencia de un sistema de tributación más progresivo y equitativo, para referir solo algunos, son de la espina dorsal del modelo de desarrollo y totalmente del resorte de los grupos económicos que controlan las dirigencias de los partidos y sus representaciones en el Congreso. 

A lo anterior se agrega el incumplimiento del acuerdo de paz pactado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC, que el actual presidente y su partido han desconocido, lo que refuerza la lista de pendientes en cuyas causas están en gran medida cifradas las razones de la movilización ciudadana.

El Comité Nacional de Paro, por su parte, no tiene el control ni la autoridad sobre todos los sectores que se movilizan, en particular los jóvenes, que no se sienten interpelados ni reconocen en él al protagonista legítimo de sus demandas. En medio de una profunda desconfianza en las instituciones, tienen exigencias que no son tampoco de menor envergadura, como la reforma de la policía, por ejemplo, justa y necesaria cuando han sido ellos las principales víctimas de sus atropellos y de la violación de sus derechos. 

Mientras el Gobierno ha expedido del Decreto 575 de 2021 con el que ordena militarizar algunas ciudades y departamentos, restringiendo todavía más la vigencia de los derechos y pasándose por encima de la autoridad de los gobernantes locales, para el Comité del Paro la desmilitarización y el respeto a la movilización es una condición imperativa para seguir adelante con las negociaciones. 

Nos encontramos así en un momento en que las partes se han levantado de una mesa de negociación en la que ni están todos los que son ni son todos los que están. El proceso no avanza y el ambiente se deteriora cada día más, sobre todo cuando la movilización continúa con afectaciones en algunos sectores de la economía y con un saldo cada vez mayor de muertos, desaparecidos y peligrosas acciones de civiles armados que han decidido salir a apoyar la labor de la policía en algunas de las principales ciudades.   

Finalmente, no se puede dejar de considerar un hecho que complejiza todavía más el asunto, el papel que el paro pueda jugar en la campaña electoral para Congreso y Presidencia de la república, respectivamente. En una u otra dirección, las fuerzas políticas en contienda tendrán en cuenta lo que este momento de agitación social pueda significar en las decisiones de los electores, cada quien intentará capitalizar, bien a favor de sus propuestas o bien para fustigar o deslegitimar a sus adversarios. 

La crisis de representatividad y legitimidad que viven la derecha y la extrema derecha, sin duda la más alta en toda la historia de Colombia, podría abonar el camino para que se modifique el mapa representación en el Congreso de la República y un Gobierno de izquierda tome el relevo en el 2022. De manera que un nuevo bloque histórico podría estarse fraguando en medio de la enorme crisis política y social que toma lugar en la movilización ciudadana que hoy sacude al país.

Frente a ello, la derecha hará todo el esfuerzo para no perder el control en las instancias de poder; sobre todo el uribismo, la fuerza política en torno a la cual se concentra el núcleo más duro de los defensores del establecimiento, y que está acostumbrado a nutrirse de las situaciones de crisis y violencia para hacerlas rentables a sus intereses políticos y electorales. Esa ha sido su manera de sintonizar con el imaginario de una sociedad acostumbrada a asimilar el orden con la defensa del statu quo, la democracia con la existencia formal de las instituciones y la seguridad con la represión y el autoritarismo, con lo que en la últimas décadas ha logrado mantenerse en el control casi absoluto de los órganos del Estado. 

El desenlace está por verse, solo nos queda esperar que esta innecesaria y elevada cuota de sangre que hoy tiene a Colombia ocupando las primeras páginas de los principales diarios del mundo, sea la muestra de que una nueva sociedad está naciendo, al menos para nuestras próximas generaciones. 

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Cali, a millas siento tu aroma

En la Loma de la Dignidad en Cali, en el Portal de la Resistencia en Bogotá, en el Parque de la Resistencia en Medellín y en cualquier otra de las ciudades de Colombia, se sacuden las mentes y el ímpetu joven, el latir de un nuevo país que parece estar naciendo

Orlando Ortiz Medina*

A millas siento tu aroma, cualquiera justo razona, que Cali es Cali señoras, señores, lo demás es loma; dice una de las más entonadas canciones del grupo Niche, refiriéndose a la ciudad alma y nervio de sus melodías que, fusionadas con los ritmos acompasados de los cuerpos de hombres y mujeres, han construido la identidad de la que se conoce como la capital mundial de la salsa. 

Y sí, a millas se siente hoy el aroma efervescente de la ciudad que se levanta como epicentro de una jornada de movilización ciudadana sin antecedentes en la historia de Colombia. También conocida como la sucursal del cielo, en homenaje a la belleza de sus mujeres, la ciudad de olor a caña, tabaco y brea hiede hoy al humo de la pólvora desprendida de las armas con las que los agentes del Estado y algunos civiles seguidores del partido de Gobierno han respondido al descontento popular. El sonido de los timbales, los bombos y los clarinetes es reemplazado por el ruido enardecido de las aspas de los helicópteros, las motos oficiales o las sirenas temerarias de las tanquetas policiales. 

Esta vez son Cali y otras ciudades del departamento del Valle las que han puesto el grito más alto para hacer eco de la situación de duelo, angustia y desespero de miles y miles de personas que en todo el territorio nacional se toman las calles para decir no más a un Gobierno que apenas se ocupa de mirar cómo tapa el sol con un dedo, ante su incapacidad de dar respuesta al clímax de una agitada situación social que durante mucho tiempo se había mantenido represada.

¿Por qué Cali? 

Como parte de los principales centros urbanos e industriales de Colombia, terceros en importancia después de Bogotá-Cundinamarca y Antioquia, Cali y el departamento del Valle están en medio de un entorno muy complejo, en donde, aparte de su propios problemas, se ven afectados por otros que repercuten en su geografía, asociados con el conflicto social y armado interno y el abandono del Estado en zonas de la costa pacífica y el sur de Colombia. 

Cali es lugar de acogida de familias desplazadas de los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó, principalmente, a las que se suma hoy una gran cantidad de población migrante. Allí ha tomado forma un conglomerado humano diverso y pluricultural, que en su mayoría se alberga en las zonas periféricas de la ciudad y vive en las peores condiciones de pobreza y exclusión. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, según información publicada en el diario local El País, “cerca del 44,5 % de los habitantes de la capital del Valle viven en asentamientos precarios y unas 800.000 personas en invasiones” .

Pobreza y desempleo

De acuerdo con el más reciente informe de pobreza publicado por el DANE , de los más de dos millones de habitantes que tiene Cali, el 36,3 % vive en situación de pobreza monetaria y un 15,1 % en situación de pobreza monetaria extrema, índices que subieron 14,4 y 8,6 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2019 y 2020, por encima de los promedios nacionales, que fueron de 6,8 para pobreza monetaria y 5.5 para pobreza monetaria extrema. El desempleo, por su parte, es en Cali del 18, 6%, cinco puntos por encima el promedio nacional, que es de 13,8 %, y la tasa de informalidad está alrededor del 50 %.   

Una historia de segregación y exclusión

Pero sus dolores, nada nuevos, son herencia del proceso de configuración de sus formas de explotación económica, ligadas con las relaciones hacendatarias y esclavistas heredadas de la época colonial alrededor del cultivo de la caña de azúcar, producto traído de Santo Domingo en el siglo XVI por Sebastián de Belalcázar , personaje cuya estatua fue precisamente derribada en estos días por los representantes de las comunidades indígenas. Este último hecho tiene una profunda connotación simbólica y contribuye a explicar que lo que ocurre en Colombia responde a una serie de situaciones históricamente acumuladas, que los hechos más recientes simplemente están permitiendo develar.

Fue la producción de la caña de azúcar y sus derivados industriales lo que dio lugar al desarrollo de las grandes exportaciones comerciales en el Cauca y el Valle del Cauca. En el marco de una estructura de propiedad latifundista y con el monocultivo como base de su agricultura, tuvo lugar el desplazamiento de la producción agroalimentaria y el desarraigo o despojo de pequeños propietarios o productores que, especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se vieron obligados a ceder o vender su tierras para irse a vivir de la informalidad y el rebusque en los centros urbanos . 

Cauca y Valle del Cauca fueron territorios en gran parte poblados por descendientes de las  comunidades negras esclavizadas traídas de África, con las que se sustituyó a la población indígena, diezmada por la ruda explotación a la que fue sometida por el conquistador español y después por las élites republicanas que aún hoy mantienen el control de las estructuras de dominación.

Los mismos que están a la cabeza de los grandes conglomerados económicos, controlan o forman parte de lo que han sido o queda de las colectividades políticas tradicionales, tienen cooptada la institucionalidad y son portadoras, además, de un imaginario racista, excluyente y discriminatorio, en especial contra las poblaciones indígenas y afrocolombianas que, aun en ese escenario de segregación, son la base principal de la fuerza de trabajo de la capital y del departamento. 

El desborde de la crisis

Los desequilibrios entre una oferta de mano de obra en aumento debido a la llegada de personas desplazadas de otras regiones del país, a las que se suman los expulsados de otros sectores económicos que con la apertura económica de los años noventa minaron gran parte del potencial productivo nacional, y una demanda decreciente ocasionada por los mayores desarrollos tecnológicos, fueron sumiendo a Cali y el Valle del Cauca en una crisis con ribetes sociales cada vez más profundos.

El desempleo, el aumento de la informalidad, la pobreza y la miseria, como lo demuestran las cifras, exacerbadas además por efecto de la pandemia, se complejizan con el surgimiento de variadas formas de violencia y delincuencia, de una u otra forma asociadas con el deterioro social y el impacto que otro tipo de fenómenos como el narcotráfico, por ejemplo, han jugado en la cartografía de sus problemas.

La realidad de una ciudad modernizada, pero anclada todavía en patrones coloniales de exclusión económica, social y cultural, que hoy no están dispuestos a seguir soportando quienes han estado del lado más débil de la balanza, resumen el saldo de una deuda social cuya cuenta de cobro se tramita a través del estado de tensión que hoy vive Colombia y que no fortuitamente ha tenido como caja de resonancia la ciudad de Cali. 

La juventud como protagonista

Quienes principalmente se movilizan son los jóvenes porque son los que más se resienten de un modelo de desarrollo y sociedad en los que no han encontrado cabida; que se ven sin futuro, sin confianza en unas instituciones y formas de organización en las que no están representados, que son víctimas de un régimen que los ha estigmatizado y perseguido, como lo demuestra el que en estos días hayan sido el blanco principal de la represión policial.

Son parte también de una generación que aprendió que la democracia no es el mero cascarón institucional que de cuando en cuando los convoca a validar las falencias del establecimiento, sino que espera que se traduzca en posibilidades verdaderas de participación, les ofrezca un lugar digno en las dinámicas de producción, inclusión en el sistema educativo, derecho a la salud y espacios para hacer realidad sus sueños en disciplinas como el arte, el deporte, la cultura, etc., con lo que hoy principalmente se está manifestando en las calles.

Se equivocan quienes siguen pensando que lo que ocurre en Cali, como en otras ciudades de Colombia, es un asunto de vándalos o que obedece a una ya vacua idea de polarización entre amigos o enemigos de a una solución de guerra o salida negociada a un conflicto, con la que durante tantas décadas nos dejamos distraer de los verdaderos problemas de Colombia. Son esos problemas los que hoy convocan a una ciudadanía que ha entendido que cuando las instituciones fallan o son solo un disimulo de la democracia, están las calles y las nuevas formas de representación para garantizar su ejercicio.

En la Loma de la Dignidad en Cali, en el Portal de la Resistencia en Bogotá, en el Parque de la Resistencia en Medellín y en cualquier otra de las ciudades de Colombia, se sacuden las mentes y el ímpetu joven, el latir de un nuevo país que parece estar naciendo. Hagamos lo que diga el corazón, dice otra canción del grupo Niche. 

*Economista-Magister en Estudios políticos

[1] https://www.elpais.com.co/cali/las-invasiones-se-dispararon-en-cali-durante-la-cuarentena-por-el-coronavirus.html

[1] DANE, presentación pobreza monetaria en Colombia, resultados 2020. Abril 29 de 2021

[1] https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-92/la-cana-de-azucar-en-el-valle-del-cauca

[1] Ayala-Osorio, G. (2019). El monocultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca (Valle del Cauca, Colombia): un enclave que desnaturaliza la vida ecosistémica. Forum. Revista Departamento de Ciencia Política, (15), 37-66. https://doi.org/10.15446/frdcp.n15.72452

Señor Duque, no dispare

Por las calles de Colombia se moviliza hoy una ciudadanía variopinta, un conjunto de  voces polifónicas que reclaman un espacio para la realización de sus derechos, 

Orlando Ortiz Medina*

El derecho  a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Así reza el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. “…las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en su vida, honra, bienes,…” reza el artículo 2.  

Pese al mandato taxativo de la constitución, que el presidente de la república juró cumplir, hacer cumplir y defender, 47 personas han muerto a manos de la policía durante los 10 días de protesta social que se lleva a cabo en Colombia desde el 28 de abril. Además, se cuentan 963 detenciones arbitrarias, 135 personas desaparecidas, 1023 heridas y 12 casos de violencia sexual. Un balance espeluznante y una respuesta inusitada contra una legítima jornada de protesta ciudadana que, de acuerdo con el artículo 37, está también garantizada por la Constitución Nacional.

El Estado de Derecho está siendo entonces tanto menos que una realidad ficcional, como desde un comienzo lo ha venido siendo el ejercicio de gobierno del señor Duque. En verdad cuesta mucho llamarlo presidente. 

La movilización se produce inicialmente como parte de un levantamiento contra la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno, pero que tan solo fue la gota que rebozó la copa en que se acumulaban un conjunto de situaciones de tensión, ocasionadas por el difícil momento que vive una ciudadanía preocupada e indignada por el acelerado deterioro de sus condiciones de vida, reflejado en el incremento del hambre, la pobreza y el desempleo,  exacerbados por los efectos de la pandemia. 

Como el presidente que no ha sido, Duque ha elevado a las más altas cumbres la ineptitud, la indolencia y sobre todo la desconexión que tienen con la realidad del país quienes durante toda nuestra historia republicana han manejado a su antojo las riendas del Estado y configurado a imagen y semejanza de sus ambiciones y deseos el mapa político, económico y social de la nación. 

La crisis de hoy radica en que esa realidad se les está saliendo de las manos. Los partidos y las dirigencias tradicionales lejos están de convocar o asumir la representación de las mayorías nacionales, la emergencia de una diáspora de nuevas identidades socava su legitimidad y se muestra dispuesta a que se  produzca un relevo, la paciencia se agota, la dimensión de los problemas toma cuerpo en la conciencia de cada ciudadano o ciudadana que busca un lugar y una forma de manifestarse superando miedos, incluido el de enfrentarse ante la rabiosa y criminal reacción del régimen.   

Por las calles de Colombia se moviliza hoy una ciudadanía variopinta, un conjunto de  voces polifónicas que reclaman un espacio para la realización de sus derechos, seguridad y dignidad para sus vidas; las mismas que forman parte de esos nuevos tres millones y medio de personas que en el último año han caído en la pobreza, las que intentan sobrevivir de la informalidad, las que solo tienen para suplir una comida al día y los miles de jóvenes que no han podido ingresar o han tenido que abandonar sus estudios. A  ellos se suman los que se duelen de la muerte de sus familiares y amigos debido a la pandemia, en donde la precariedad del sistema de salud y la pobreza con que el Gobierno ha encarado la situación es la que explica en buena parte la razón de su partida. 

Detenga la masacre señor Duque; no son vándalos los que decidieron hacerse oír; no haga blanco de su ineptitud, su cinismo y su indolencia a quienes no les ha quedado otra alternativa que exponer su vida en las calles; que la sangre de las decenas de jóvenes asesinados no sea lo que justifique su paseo por la presidencia; devuelva la policía y el ejército a sus cuarteles porque afuera están actuando como fieras enloquecidas; regálele al país un minuto de liderazgo, al menos en esta hora aciaga en que, por el fracaso de su gestión, Colombia está de luto. 

Piense en que su falta de honestidad al haber aceptado ocupar un cargo para el que no reunía las condiciones es lo que lo hace el único responsable del horrible momento que vive Colombia; no ponga sus armas a discreción contra una juventud inerme que solo ha salido a reclamar el derecho a tener un presente en paz y a que no se le niegue la posibilidad de seguir soñando en cómo labrar un futuro más promisorio. 

Si tuviera entereza y fuera cierto que está dispuesto a hacer algo por Colombia, lo más razonable sería que hoy mismo usted presentara su renuncia; le convendría y se expondría menos a tener que salir por la puerta de atrás, como seguro irá a pasar si se espera hasta el siete de agosto de 2022. Ojalá le alcanzara la sensatez para que deje algo bueno en la historia que pueda honrar su nombre. 

Usted que permanentemente invoca al Dios en el que cree, sin faltarle al respeto que merecen sus creencias, recuerde que el quinto de sus mandamientos le dice “no matarás”; pídale a ese Dios que  lo ha acompañado cuando le ha quedado grande proteger y defender la vida, que se apiade de su conciencia y lo ilumine para que le quede más grande ayudar a producir la muerte.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Réquiem por Keynes y por la reforma tributaria 

La propuesta no hace más que reafirmar lo lejos y desconectado que está el señor Duque de la situación por la que el país y el mundo atraviesan; ni siquiera el sentido común le alcanza para advertir que en vez de apagar está atizando el fuego, en un momento en que el país está ad portas de un profundo estallido social que nadie sabe a dónde podría conducirnos. 

Orlando Ortiz Medina*

John Maynard Keynes (1883-1949), fue el economista británico que en los años 30 del siglo pasado logró oxigenar al capitalismo en el momento en que pasaba por la más grande crisis que hasta entonces se había vivido, luego de terminada la primera guerra mundial.

En el mundo las industrias estaban paralizadas, el desempleo llegaba a cifras inmanejables, los bancos habían perdido liquidez ante la imposibilidad de los acreedores de pagar sus créditos, las bolsas de valores se desplomaron, la pobreza aumentaba en todos los sectores, la depresión, no solo económica, cundía en todas las capas de población; parecía el apocalipsis. 

  

Hoy, en un contexto que ya venía siendo crítico y vino a ser afianzado por la pandemia, vivimos una situación con características similares; aunque con distintas magnitudes, la depresión económica afecta a todo los países del mundo, la quiebra o parálisis de las empresas no cede, la informalidad y el desempleo arrastran a millones de personas a la pobreza, la desigualdad crece y la crisis sanitaria sigue cobrando la vida de millones de personas. 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, en 2020 la economía mundial se contrajo cerca de 4.5 puntos, siendo la peor caída desde la década de 1920. En su más reciente informe, la Comisión Económica para América Latina ¬¬–CEPAL-, da cuenta de que en América Latina, la región más afectada del planeta, en 2020 se cerraron 2,7 millones de empresas y se presentó una caída del 7.7% en su economía, la cifra más elevada durante los últimos 120 años. El número de personas pobres en la región paso de 192 a 209 millones entre 2019 y 2020; de ellas 78 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, ocho millones más que en 2019 . 

En Colombia, por su parte, el DANE  reportó una caída del 6,8% del PB durante 2020 y 3,75 millones de personas desempleadas, que corresponde una tasa promedio de desempleo de 15,9%, aunque algunas ciudades están por encima de esa cifra. La tasa de informalidad bordea el 65% y la pobreza monetaria aumentó de 29 % en 2019 a 31,5% a final de 2020, cerca del 30% de la cual está en situación de pobreza extrema, es decir, un 14,3% del total de la población del país. 

El escenario es muy preocupante cuando la solución al tema de la pandemia se ve todavía muy lejos, a juzgar por la lentitud con que avanza el proceso de vacunación, especialmente en Latinoamérica, que a pesar de tener solo el 8,4% de la población mundial, participa con el 28% de las muertes por Covid-19 y solo el 3,2% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna . Sería más rápido si no hubiera acaparamiento por parte de los países ricos -el 80% de la producción ha sido comprado por ellos- y si frente al cálculo egoísta de los laboratorios que controlan las patentes de producción se prefiriera la vida de los millones de seres humanos de los que nos estamos despidiendo mientras se llenan sus arcas. Ese, el de la quiebra ética y moral de los que subsumen la vida al cálculo económico es, más que la pandemia, el peor desastre de la humanidad.  

Pero preocupa también por la incertidumbre que existe sobre lo atinadas o no que puedan ser las medidas de los gobiernos, tanto para impulsar la recuperación de las economías como para dar respuesta a los enormes problemas sociales que la crisis sanitaria ha ido acrecentando. Lo cierto es que no será en el corto plazo y que superará cualquier cálculo que las lógicas tecnocráticas de las oficinas de planeación pudieran presentarnos. 

Como parece estar ocurriendo ahora, por lo menos en Colombia, la teoría económica vigente en la gran depresión de los años treinta se quedó sin bases para dar una respuesta adecuada a la solución de la crisis. Los llamados economistas neoclásicos, entonces en boga, partían de que el libre albedrio del mercado se encargaba de generar los ajustes y llevar la economía a situaciones de equilibrio; las crisis se consideraban transitorias y los mercados: de trabajo, de bienes y servicios, de capitales, principalmente, encontrarían por sí mismos y llegado el momento su punto de estabilidad. 

En consonancia con lo anterior, el rol del Estado era secundario e incluso su intervención se consideraba contraproducente para la buena marcha de la economía. Punto nodal de lo que hoy se conoce como neoliberalismo.  

Fue entonces cuando Keynes, retando los postulados neoclásicos, puso sobre la mesa nuevos propuestas que, aunque con resistencia, fueron asumidas por los gobiernos de las grandes potencias y de prácticamente todos los países. Se apartó de la tesis de la transitoriedad de las crisis, desestimó el poder del mercado para corregir por sí mismo las fallas y reivindicó el papel del Estado para moderar los auges y caídas de la actividad económica.

El punto sustancial de Keynes es que la dinámica de la economía descansa en el hecho de que haya los niveles de demanda suficientes para absorber la capacidad productiva y garantizar los canales por donde fluyan los mercados de bienes y servicios; en otras palabras, contar con consumidores con ingreso disponible y capacidad de compra, lo que solo el mercado no resuelve. De ahí el papel fundamental del Estado a través de políticas, especialmente fiscales, que incentiven la inversión y eviten el encarecimiento de los bienes de consumo, de los equipos, insumos, materias primas, etc., para mantener en vigor las dinámicas productivas y corregir además los desequilibrios sociales. 

Contrasta lo anterior con la propuesta de reforma de tributaria presentada por el gobierno al Congreso de la República, que eufemísticamente llama de solidaridad sostenible. Una reforma que vuelve a golpear a los sectores medios y de más bajos ingresos, en cuyos hombros quiere descargar el peso del desequilibrio entre los ingresos y gastos del Estado, que se busca atribuir a los efectos de la pandemia, pero que en realidad es el resultado de un manejo equivocado de sus finanzas, expresado en el despilfarro, la corrupción, el gasto inoportuno e innecesario, entre otros en burocracia, y la cantidad de exenciones que se mantienen sobre los niveles empresariales de más alto rango.

Contrario a lo que expuso Keynes, la propuesta del gobierno, antes que alentar el crecimiento de la economía irá a profundizar la crisis. La idea de extender el IVA a bienes de consumo básico, gravar los  servicios públicos y extender el impuesto a la renta para un mayor número de asalariados, en un momento especialmente tan crítico, limitará más la capacidad  de crecimiento de la demanda y con ello la posibilidad de que el país se conduzca por una senda de crecimiento y de estímulo a la producción y al empleo.  

Peor aún, es una propuesta que va profundizar las desigualdades y a condenar todavía más a la exclusión a una mayor porción de los ciudadanos: los que van a descender de la clase media, los altamente vulnerables que caerán en la pobreza y los que ya se están sumando a las cifras crecientes de pobreza extrema porque ya ni siquiera pueden ejercer en la informalidad y han quedado por fuera del mercado de trabajo debido a su edad o a que no reúnen las condiciones de calificación requeridas.

La propuesta no hace más que reafirmar lo lejos y desconectado que está el señor Duque de la situación por la que el país y el mundo atraviesan; ni siquiera el sentido común le alcanza para advertir que en vez de apagar está atizando el fuego, en un momento en que el país está ad portas de un profundo estallido social que nadie sabe a dónde podría conducirnos. Es tan evidente su falta de criterio para hacer frente a la crisis, como tan sobrada su abyección a la ortodoxia neoliberal del FMI y el Banco Mundial y sus políticas de ajuste, de cuyas políticas lo único que va quedando es el oneroso saldo social y la práctica destrucción del aparato productivo nacional.

Lo que se requiere es de medidas dirigidas a lograr una más equitativa redistribución del ingreso, perfectamente posible a través de un sistema de tributación progresivo, donde paguen más lo que tienen más; que eliminen las exenciones que se mantienen sobre grandes capitales, cuyo peso es protuberante sobre el déficit fiscal; que controle la evasión y la elusión; además, un gobierno austero y capaz de leer el momento que no solo el país sino el mundo entero enfrenta para dirigir a donde y como corresponde la captación de los ingresos y la dirección de los gastos.

 

La  idea de que es una propuesta para la solidaridad sostenible es tan falaz como absurdo y desatinado que hoy se nos convoque a pagar la culpa de quienes por gobernar de espaldas al país y de rodillas ante los intereses de unos pocos hoy solo tengan para mostrarnos el saldo en rojo de las cuentas del Estado. Más absurdo todavía que al mismo tiempo se decida invertir quince billones de pesos en la compra de aviones de combate que terminarán oxidándose en los hangares del aeropuerto militar, y que miles de millones de pesos se destinen a maquillar la deslucida imagen del gobernante con nuevos noticieros o programas diarios de televisión, que podrían tener un mejor destino si se pensara en las necesidades más urgentes que nos acusan. 

Vale en este momento un réquiem por el alma y el retorno, por lo menos transitorio, del pensamiento de Keynes, que ilumine con algo de sensatez a un gobernante que en mala hora todavía le queda tiempo para seguir agobiándonos con sus disparates; también de paso un réquiem por la desatinada propuesta de reforma tributaria, que por fortuna parece haber nacido muerta.  

*Economista-Magister en estudios políticos  

[1] CEPAL, https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
[2] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim20.pdf
[3] https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210403-covid19-america-latina-cien-dias-vacunacion-tercera-ola

Caballero inútil

 

Orlando Ortiz Medina*

A Margarita Rosa la muestra como una pieza decorativa, es una actriz famosa, muy bella y tiene bonita voz, nada más;  es “un gancho”, una especie de señuelo, un canto de sirena para atraer incautos, pueblo, vulgo,  populacho, nadie que sea como él, rico, erudito e ilustrado

En su columna de hoy en el portal Los Danieles, Antonio Caballero nos muestra cómo se estrella la calidad de quien es una buena pluma contra la pobreza de sus contenidos.

Caballero se muestra hoy como aquel de quien se dice que tiene un mar de conocimientos pero solo un milímetro de profundidad. Con una serie de epítetos, insultos y frases arrogantes se despacha contra Gustavo Petro, Margarita Rosa, Gustavo Bolívar,  la Colombia Humana y el Pacto Histórico. Contra ellos y ella se deja venir como un tropelero de cantina que dispara o lanza botellas, así no tenga claro cuál es el blanco al que dispara: politiquero, farsante, demagogo, ambicioso, ingenua, novata..., 

No dice nada que merezca al menos una vana reflexión, ni siquiera se formula o formula una pregunta seria sobre el tema del que aparentemente se ocupa la columna, que va mucho más allá de Petro, Bolívar y Margarita Rosa;  ante todo porque se trata de un momento en el que, gústele o entiéndalo él o no, la política colombiana se ve bastante agitada ante la posibilidad de que, en efecto, un nuevo Pacto Histórico se sobreponga a la caduca y perversa hegemonía de los que hasta ahora nos han gobernado y que, tal vez también a Caballero, los tiene con cierto nerviosismo. De eso, que es realmente lo importante, no se ocupa el afamado columnista.

La magistral pluma de Caballero, así como la extensa erudición y cultura general que posee, nos recuerda la figura del burro que camina con una biblioteca encima; lo muestra insulso, vacuo, ignorante; porque si hay hoy una propuesta clara frente a las próximas elecciones es la que presenta la Colombia Humana, y con ella el Pacto Histórico, de lo que, aparte de nombrarlo con sorna, no le merece un solo comentario. 

En su “reflexión” no tiene cabida el hecho de que por primera vez el Frente Nacional, que aún está vigente, pueda ser derrotado; no le dice nada que la Colombia Humana está proponiendo un nuevo modelo económico que supere el oneroso extractivismo que es parte de la bancarrota en que se encuentra la economía nacional; tampoco que tiene una propuesta frente a los efectos del cambio climático, que propone devolverle a los ciudadanos el derecho a la salud, a la educación, a un empleo digno y, más aún, a que se les respete la vida, que es lo mínimo que necesitamos y esperamos los colombianos de ese nuevo Pacto Histórico al que Caballero simplemente ridiculiza. 

Para Caballero, el Pacto Histórico es solo ficción, claro, como lo es para todos los abierta o camufladamente defensores del statu quo, como lo es él, heredero de terratenientes y acaparadores de tierra, niño rico y señor que ha vivido siempre entre las mieles del poder, escribidor cómodo de sillón que nunca ha tenido que pasar las afugias de la mayoría de quienes pensamos que sí, que Colombia necesita y está hoy a punto de dar el paso y romperle el espinazo al viejo Pacto de los que durante más de doscientos años se han venido defecando en un país que ya no aguanta más insanias, las mismas que la pluma magistral -pero al fin y al cabo inofensiva- de Caballero ha criticado. 

A Margarita Rosa la muestra como una pieza decorativa, es una actriz famosa, muy bella y tiene bonita voz, nada más;  es “un gancho”, una especie de señuelo, un canto de sirena para atraer incautos, pueblo, vulgo,  populacho, nadie que sea como él, rico, erudito e ilustrado. Como es actriz y es bella, Margarita ni sabe ni tiene derecho a opinar, es, para Caballero, de esas bonitas bobitas, además de ingenua y novata, a las que les va mejor quedarse calladas porque crispan la sabiduría del arrogante y machote columnista al que la opinión de una mujer, por ser bella e inteligente, escandaliza.  

Uno de los más reconocidos columnistas de Colombia desluce en buena medida la presentación de este domingo del portal de Los Danieles, no tanto por su opinión, a la que tiene todo el derecho y merece su respeto, sino porque, después de tanto que lo hemos leído, viene hoy a asaltarnos y dejarnos con una pregunta: ¿de qué sirve una buena pluma en la cabeza de un Caballero inútil?

*Economista-Magister en Estudios Políticos

      

MAMBRÚ SE FUE A LA GUERRA

 

Orlando Ortiz Medina*

Tanto por su incapacidad para golpear a sus verdaderos enemigos, explicada en la mediocridad de sus resultados de inteligencia y operacionales, que le toca maquillar y completar con la sangre de inocentes, como ocurrió con los 6402 casos de asesinatos extrajudiciales; como por la participación demostrada de algunos de sus integrantes en el asesinato de firmantes del acuerdo de paz, lo que vemos es a un ejército que sigue revelándose como la más vergonzosa de las instituciones en Colombia.

Como el personaje de la célebre canción infantil, Mambrú, muchos niños y niñas de Colombia se siguen yendo a la guerra. También como Mambrú regresan hechos trizas, aunque en este caso no en una caja de oro con tapa de cristal, sino en las horribles bolsas plásticas en que empacan sus cuerpos, o lo que queda de estos, los mismos que se encargan de bombardearlos, como ocurrió recientemente por parte del ejército nacional en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare. 

Los matan porque, de acuerdo con el señor ministro de Defensa Nacional, Diego Molano, son “máquinas de guerra”; los mismos a los que cuando fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de la protección de la infancia en Colombia, consideraba, como en efecto lo son, víctimas del reclutamiento forzado. 

Curioso el giro comprensivo que de uno a otro cargo ha dado el señor ministro, que no es otra cosa que una hábil maniobra para justificar a la luz del Derecho Internacional Humanitario -DIH- lo que en realidad fue una acción desmedida y carente de rigor en las tareas de inteligencia requeridas para este tipo de operativos. 

Lo más seguro es que el objetivo de alto valor estratégico al que esperaban llegar con el bombardeo, alias Gentil Duarte, comandante de uno de los grupos disidentes de las antiguas FARC, esté ahora en su guarida riéndose del desacierto que con tanto bombo celebraron el ministro y los comandantes militares, mientras que dos familias lloran la pérdida de sus niñas de apenas 15 y 16 años, cuya muerte en el operativo fue confirmada.  

Indigna la insania y la indolencia del señor Molano, que no solo muestra la doble faz de su moral de vividor como funcionario del Estado, sino que contradice también la incendiaria retórica del jefe de su partido de que: “en Colombia no hay conflicto armado”, cuya existencia sería el único argumento válido para, en el caso que nos ocupa, invocar el DIH. 

Si no hay conflicto armado no hay combatientes y no aplica el DIH, lo que invalidaría en derecho la acción del ejército y dejaría también sin piso las declaraciones del ministro, que de paso ignora que Colombia es firmante de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y del Protocolo Facultativo de la Convención del año 2000 relativo a la participación de los niños en conflictos armados, ratificado y obligado a cumplir por el Estado colombiano.   

La Convención exhorta a la adhesión al interés superior de los niños y niñas y al deber  de los Estados de garantizar sus derechos con medidas que promuevan su desarrollo y eviten que sean cooptados o utilizados por parte de los grupos armados. En caso de que esto último ocurra, los conmina a disponer de la atención y los servicios necesarios para lograr el regreso al seno de la sociedad y de sus hogares, además de promover la recuperación de su salud física y mental. El Protocolo establece los dieciocho años como edad mínima para el reclutamiento obligatorio.

Hay que decir que lo que se dispone en la Convención y en el Protocolo Facultativo está precedido por lo ya estipulado en  el IV Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, del cual los niños y niñas son beneficiarios, y el Protocolo II adicional de 1977, cuya finalidad es impedir que los niños y niñas participen en los conflictos armados y los considera sujetos de protección especial, aun si estuvieran participando directamente en las hostilidades. 

Puesto todo esto en el escenario de la realidad colombiana, en especial en las zonas rurales, lo único que tendríamos para decir es que aquí es poco y nada lo que se hace en materia de lo que dispone la legislación para la protección de la infancia, pese a que, como ya se anotó, Colombia, siempre acuciosa cuando de las formalidades se trata, ha ratificado todos los tratados internacionales. Se obedece pero no se cumple.

Somos un país en el que las formas de sobrevivencia y las lógicas de integración de los niños y niñas a sus territorios han tenido lugar en un ambiente en el que la guerra, qué dolor y qué vergüenza decirlo, fue quedando como el menos arriesgado de los escenarios para la realización de sus proyectos de vida, incluidas sus propias familias, en donde suelen también estar expuestos a todo tipo de formas de violencia: maltrato físico, violación y abuso sexual, principalmente, que es lo que finalmente los lleva a abandonar sus hogares y a buscar un lugar “más seguro” y de reconocimiento y representación en las estructuras de los grupos armados.

Son estos últimos los que han puesto las reglas de juego y definido los hitos alrededor de los cuales se han construido sus valores, pensamientos y condiciones simbólicas y materiales de vida; han sido ellos sus referentes de autoridad y los protagonistas de una institucionalidad fantasmagórica y paralela, que es al fin y al cabo la que ha gobernado en sus entornos. 

De manera que el señalamiento del ministro como “máquinas de guerra” no solo es una afrenta a la memoria de las niñas sacrificadas y una burla a sus padres, madres y familiares que los lloran, sino un lavado de manos y el desconocimiento de la responsabilidad de un Estado que los ha condenado al abandono y la pobreza, y que ha cedido a los grupos armados y delincuenciales el ejercicio de su  soberanía.

Tanto por su incapacidad para golpear a sus verdaderos enemigos, explicada en la mediocridad de sus resultados de inteligencia y operacionales, que maquillan y completan con la sangre de inocentes, como ocurrió con los 6402 casos de asesinatos extrajudiciales, como por la participación demostrada de algunos de sus integrantes en el asesinato de firmantes del acuerdo de paz, lo que vemos es a un ejército que sigue revelándose como la más vergonzosa de las instituciones en Colombia.

Es claro que en el operativo de Calamar se violó el principio de precaución que obligaba a prever la presencia de las dos menores que en ese momento se encontraban en el lugar, razón para que se hubiera suspendido o pensado al menos en una alternativa que evitara al máximo que las niñas salieran afectadas. Pero es mucho pedir lo que solo sería propio de un ejército que se destaque por su profesionalismo, respetuoso del derecho y que no haya llegado al grado deshumanización y degradación ética que hoy muestran los soldados colombianos desde sus más elevada jerarquías. 

Se violó también el principio de proporcionalidad que llama a guardar medidas para la protección de personas y bienes civiles sujetos de especial protección, incluso de quienes estén presentes en el escenario de las operaciones en calidad de combatientes. Se deja de lado el principio de humanidad que pide no hacer uso de los medios e instrumentos de la guerra que no sean necesarios, con el fin de causar el menor daño posible al enemigo. En el caso que nos ocupa no hubo propiamente un combate, sino un ataque a un grupo desprevenido en el que, como se confirmó, no solo no estaba el objetivo contra el que supuestamente estaba dirigido el operativo, sino que había menores de edad.

Recordémosle a quienes tienen en sus manos las armas y uniformes de la nación que son ellos los primeros llamados a honrarlas y a no ponerse al nivel de aquellos a los que, en efecto, tienen la obligación militar y moral de combatir, y que desde luego no pretendemos exonerar de su responsabilidad.  

De lo que se trata, finalmente, no es como dijo el ministro de la eliminación de lo que él llama “máquinas de guerra”, sino de la transformación de los entornos en los han visto trascurrir sus vidas, mostrándoles que hay otros destinos posibles y dejando atrás esa idea de futuro izada en el autoritarismo y  el poder de las armas, en el que tanto el Estado como quienes lo retan con sus acciones delictivas o con la pretensión de derrocarlo siguen erradamente cifrando sus esperanzas. 

Si la guerra no hubiera llegado a vivir a su casa, Mambrú nunca se hubiera ido con ella. 

*Economista-Magister en Estudios políticos