El inocente que no pudo serlo

No convocará a una marcha en su nombre esa sociedad para la que ahora simplemente es un sicario; no habrá discursos ni velas encendidas por ese niño muerto en vida

Orlando Ortiz Medina*

Doloroso y repudiable el atentado del que fue víctima el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La violencia, tan propia de nuestra historia; tan de codo con nuestro devenir político; se ensaña otra vez desde sus oscuros laberintos y sus anónimos protagonistas. Enemigos agazapados de la paz, se les llamaba en otros tiempos. 

Pero no menos doloroso y repudiable es saber que el responsable material del atentado haya sido un niño de apenas de catorce años de edad. Uno más de entre los tantos a los que logra reclutar el crimen, aprovechando su pobreza, su orfandad y el mundo de exclusión y sin futuro al que un país y una sociedad infame e indolente los sigue condenando. Tan tristes eran las imágenes del candidato cubriéndose en su sangre, como la del niño tirado en el piso con la bota de un policía aprisionándole su pierna herida, un civil pisando su cabeza y varias armas apuntándole, frente a una horda de no se sabe quiénes que lo agredían e interrogaban en el lugar de su captura, cual si fueran los encargados de la aplicación de la justicia.   

El niño, según los informes de prensa, es huérfano de una madre que murió con apenas 23 años. Su padre está en Europa adonde, dicen, viajó para vincularse como soldado en la guerra de Ucrania; se fue a seguir en la batalla para labrarse una vida que no pudo ser en su propio suelo; se fue dejando a su hijo, a quien a lo sumo pensaba también asegurarle un destino desempeñándose como mercenario de un conflicto del que, a no ser por la necesidad de sobrevivir, a los dos les es ajeno. 

El escenario no puede ser otro que el de esa Colombia en la que Estado, gobiernos, dirigencias y partidos han sido incapaces de ofrecerles un destino diferente a los niños y jóvenes, a quienes les ha tocado desenvolverse en un contexto en el que se transcurre más cerca de la prisión o de la muerte que de la posibilidad de realizar sus vidas. 

Al menos no es más culpable que la sociedad que lo produjo, en la que se hizo más fácil aprender a manejar un arma o ingresar y permanecer en una banda delincuencial que a un colegio o una universidad.

Todo este panorama nos tiene que llevar a decir -aunque a muchos les cueste- que ese niño, por la sola razón de ser niño, no es más que un inocente, “el inocente que no pudo serlo”, como diría el poeta Gonzalo Arango en su célebre texto “Elegía a Desquite”. Al menos no es más culpable que la sociedad que lo produjo, en la que se hizo más fácil aprender a manejar un arma o ingresar y permanecer en una banda delincuencial que a un colegio o una universidad.

Sin que se le quiera eximir de responsabilidades, antes que un agresor, el niño también es una víctima, forjada en el abandono, en el entorno de un mundo sin afectos, carente de oportunidades y en un ambiente en donde los valores se trivializan y cualquier alternativa es válida para enfrentar ese plano cruzado de circunstancias al que lleva la pobreza. “Lo hice por plata para ayudar a mi familia”, fue lo primero que dijo al momento de su captura.  

Ahora irá a prisión, bueno, no a prisión, se supone, sino a un centro de protección bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al que, valga decir, se le hizo tarde para protegerlo. Para él será una cárcel, pues allí pasará unos años en contra de su voluntad, lejos de lo poco que quedaba de su familia y sobre todo de una libertad que le fue mezquina y lo único que le permitió fue terminar tendido en una calle herido por su osadía y bajo la amenaza de unas armas que, como la que él empuñaba, hacía tiempo ya lo habían hecho prisionero. 

Sobran razones para rechazar el atentado y expresar manifestaciones de solidaridad con el senador Uribe, a lo que se han unido medios de comunicación, autoridades, gremios empresariales, políticos de diferente origen, redes sociales, etc.; pero esas manifestaciones de rechazo y solidaridad no están completas si no se hacen igualmente por este niño a quien, sin mayor reflexión, sencillamente se condena. 

Nadie, o muy pocos y sin mayor eco, se ha ocupado de preguntar por el futuro de ese niño cuyas lesiones de existencia no serán menores que las de quien fue blanco de su ataque. No convocará a una marcha en su nombre esa sociedad para la que ahora simplemente es un sicario; no habrá discursos ni velas encendidas por ese niño muerto en vida; nadie se está preguntando por su abuela y demás familiares para quienes estos momentos no deber ser menos dolorosos. Nadie parece recordar que éste no es el primero -y tampoco será el último- de los niños y jóvenes que debido a los entornos en que viven y a la precariedad de sus condiciones son fácilmente instrumentalizados por los grupos criminales.

En los medios de comunicación se le expuso sin prudencia y se violaron los protocolos que están obligados a cumplir cuando de los niños se trata; como es frecuente, el sensacionalismo, el morbo y la indolencia se sobreponen a la ética periodística.

Por el contrario, en los medios de comunicación se le expuso sin prudencia y se violaron los protocolos que están obligados a cumplir cuando de los niños se trata; como es frecuente, el sensacionalismo, el morbo y la indolencia se sobreponen a la ética periodística. Y a la mala tarea de algunos medios se sumó el oportunismo, la irresponsabilidad -también la indolencia- y falta de principios de algunos (as) candidatos (as) que convirtieron la entrada de la Clínica Santafé en una tarima de campaña.

Si por toda esta fauna fuera, ya el crimen, los móviles y los autores intelectuales están plenamente identificados, pese a que las entidades autorizadas de la investigación, aparte de la captura en flagrancia del niño, apenas han dado unos pasos en la identificación de uno o dos más de los responsables materiales, que es hasta donde en Colombia normalmente se llega. 

Mientras tanto, los llamados a una mayor punitivización de la justicia para los menores de edad se han puesto a la orden del día, incluida la pena de muerte. Lo cierto es que, si en eso es que se insiste, seguirán pendientes las verdaderas soluciones; ni la cárcel, ni el aumento de penas serán la solución o la manera de prevenir este tipo de hechos para quienes, aparte de sus carencias materiales, han crecido entre las falencias de una cultura sin referentes de legalidad, mucho menos de ética, y en la que han sido testigos de que actuar por fuera de la ley y de los marcos institucionales es la estrategia más pronta para sobrevivir, lucrarse, tener poder o sentirse representado.  

Contra Miguel Uribe atentaron quienes se resisten a pensar, y a permitir pensar, que otra sociedad, otras formas de vida y otras maneras de ver e imaginar el país son posibles; los mismos que insisten en naturalizar que los colombianos estamos condenados a vivir el sino trágico de la violencia y a continuar bajo la salvaguarda de una dirigencia, tan adulta como renegada, que no se deja de considerar suprema e irremplazable.

*Economista-Magister en estudios políticos 

Reforma laboral, qué gran paso

 

Orlando Ortiz Medina*

El Gobierno y su bancada en el Congreso se mantuvo firme, dejó ver su caudal argumentativo y supo exponer ante la opinión la justeza de una propuesta que solo pretendía devolver derechos que el uribismo y los sectores empresariales le habían arrebatado en el 2002 a los trabajadores. 

Foto: Razón Pública

Un gran logro para los trabajadores se dio con la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la República. Aunque fue una tarea nada fácil, pues fue inicialmente hundida en la Comisión Séptima por los partidos de oposición, que quedaron convencidos de que el trámite iba a terminar ahí y se iban a salir con las suyas. En buena hora el presidente se jugó la carta de la consulta popular, la cual encontró un decidido respaldo en prácticamente todos los sectores sociales, que se manifestaron en calles y plazas de diferentes ciudades del país. 

Fue tal el respaldo ciudadano a la iniciativa popular, que la derecha y todo su séquito de apoyo, incluido el llamado centro, se asustó y tuvo que jugársela, con triquiñuelas incluidas, para que la propuesta retornara a discusión a través de la Comisión Cuarta, en la cual hizo trámite y fue aprobada para darle paso a la discusión en plenaria.

El Gobierno y su bancada en el Congreso se mantuvo firme, dejó ver su caudal argumentativo y supo exponer ante la opinión la justeza de una propuesta que solo pretendía devolver derechos que el uribismo y los sectores empresariales le habían arrebatado en el 2002 a los trabajadores. 

Con la propuesta hasta ahora aprobada, pues falta el trámite de conciliación del texto en las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, se recupera para los trabajadores el pago de horas extras, el pago al 100% por trabajar en dominicales y festivos y se mejoran las condiciones de contratación. Se evitó, por ejemplo, que se hubiera aprobado la contratación por horas, que sin duda habría significado un mayor deterioro y precarización del trabajo.

Se logró también que a los estudiantes del SENA se les reconozca el contrato laboral durante sus períodos de práctica, con todas las garantías sociales y prestacionales. Nada más justo con aquellos cuyas labores y responsabilidades no se distinguen para nada de las tareas que en las empresas cumple cualquier trabajador.

En buena hora el presidente se jugó la carta de la consulta popular, la cual encontró un decidido respaldo en prácticamente todos los sectores sociales, que se manifestaron en calles y plazas de diferentes ciudades del país. 

Otro resultado importante consagrado en la reforma es que más de 70 mil madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadores(as) de hogares infantiles serán vinculados formalmente como empleados oficiales. Una decisión que hace justicia y dignifica a quienes, en condiciones siempre muy adversas, han brindado atención y cuidado a la infancia en Colombia. 

Hay que reconocer el apoyo que tuvo la propuesta por parte de otros partidos, o de sectores de ellos, que sumaron y fueron definitivos para lograr finalmente los votos que hoy dan paso a la aprobación. Tal es el caso de algunos representantes del Partido Verde, Comunes y algunos del Partido Liberal. 

Pero así como se reconoce a quienes estuvieron del lado de los cambios que dan curso a la agenda de Gobierno, no se debe obviar el rechazo hacia los que se hicieron elegir con un discurso progresista y supuestamente amigo de los trabajadores, para traicionarlos después y ponerse del lado de quienes siguen dispuestos a pasarse por encima de sus derechos. Esperemos que los electores sepan quiénes son y cuál es la respuesta que se les debe dar de cara al próximo debate electoral. Los JP, las Katherine, las Angélicas, etc., no deberán volver a usurpar el voto y defraudar la conciencia de los que, con humildad y depositando en ellos(as) su confianza, les entregaron su respaldo con la esperanza ver sus intereses representados. Frustrante.

Buen trabajo el de la bancada progresista y muy bien puesto en escena el respaldo popular que ha tenido la propuesta, que ojalá termine de coronar su éxito en el paso ya más corto que todavía le queda en el Congreso. Ojalá que en la conciliación en las dos cámaras el articulado se siga enriqueciendo. Aún hay lugar para ello.

Surtido el trámite de conciliación, el texto aprobado pasará a sanción presidencial y luego a control de constitucionalidad por parte de la Corte. Por ahora no se advierten amenazas de demanda, ni por temas de fondo ni por posibles vicios de trámite que, aparte del propio concepto de la autoridad constitucional, pudieran generar algún impase que lleve a su hundimiento, negación de alguna parte del articulado o devolución al Congreso para subsanación o enmienda, tal como acaba de ocurrir con la reforma pensional.

Se ha transitado por un camino pedregoso, con muchos obstáculos. También, hay que decirlo, con no pocos errores, aprendiendo y ganando experiencia. Pero vemos que se avanza, se ganan cosas y, sobre todo, se va demostrando que no hay que desfallecer. Que sí, que el cambio es posible y que lo vamos a tener que seguir sufriendo porque vale la pena. 

Esto hasta ahora empieza.

*Economista-Magister en estudios políticos 

Sí, señores senadores, voten a conciencia

Orlando Ortiz Medina*

Tiene que bajarse de la nube el senador Cepeda, pues ni en el Congreso han estado propiamente los guardianes de la democracia, ni es cierto que el pueblo confíe en su carácter

Foto El Tiempo

En una carta dirigida a los congresistas, luego del discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro el 1 de mayo, día en que radicó también la propuesta de consulta popular en el Senado de la República, el presidente de esta corporación, Efraín Cepeda, advierte sobre los supuestos peligros que esta convocatoria representa para la democracia, de la cual ahora se proclama como máximo adalid y defensor. 

Olvida el senador que el llamado a la consulta popular tiene su origen en la actuación improcedente y antidemocrática de la comisión séptima del Senado, que hundió la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno, cerrando la posibilidad de que fuera discutida en la plenaria del órgano legislativo, como corresponde a un verdadero orden democrático. De esa comisión forma parte el Partido Conservador, al que pertenece Cepeda. 

La actuación de la comisión, que le podría resultar siendo un tiro en el pie, tan solo ratifica la negligencia de los sectores que se oponen a que se implementen las reformas que garanticen los derechos de quienes, desde la otra orilla del establecimiento, han quedado al descuido de las decisiones de un Congreso que, contrario a lo que afirma Cepeda en su carta, muy lejos ha estado de “actuar con plena conciencia de su deber y de haber sido la voz del pueblo”.

Según el presidente del Congreso, es una amenaza proponer que se rompa la dinámica que ha dominado en el recinto parlamentario; se refiere al clientelismo, el nepotismo, los favores políticos y el servilismo a favor de intereses privados, sin los cuales el senador no hubiera podido llegar tantas veces a ocupar su curul. 

No es ninguna embestida contra los pilares del Estado. Lo que hace el presidente de la República es un llamado a que el Congreso cumpla su función y se ocupe seriamente de tramitar las propuestas presentadas, cualquiera que sea su origen político o institucional.  

Lo que pasa es que a la democracia en Colombia le ha cogido la tarde, vivimos en un país en el que se le ha temido a dejarla florecer, estamos aún lejos de contar con un cuerpo parlamentario que encarne la diversidad y el país de regiones y pluriétnico, al que apenas se le dio identidad formal a partir de la constitución del 91, pero a cuya vigencia se le han puesto todas las trabas posibles. 

Hoy vemos una ciudadanía más comprometida, más consciente de sus derechos, con mayor protagonismo, con más presencia en la arena pública y cada vez más desmarcada de las dirigencias partidistas que la han mantenido silenciada.

Tiene que bajarse de la nube el senador Cepeda, pues ni en el Congreso han estado propiamente los guardianes de la democracia, ni es cierto que el pueblo confíe en su carácter. De lo que hemos sido testigos es de una suma de promesas incumplidas que han llevado a que el país se deshaga en un mar de inequidades, violencias, corrupción, despilfarro de recursos y caos institucional, además de su falta de autonomía, cuando ha estado al servicio de mafias, organizaciones paramilitares y voceros de carteles del narcotráfico.  

Tal vez en lo único que acierta Cepeda es en que nos encontramos en un momento decisivo, claro que no por las razones que él arguye, sino por la evidencia de que el país sigue avanzando en un proceso de cambio. Hoy vemos una ciudadanía más comprometida, más consciente de sus derechos, con mayor protagonismo, con más presencia en la arena pública y cada vez más desmarcada de las dirigencias partidistas que la han mantenido silenciada.

Tampoco Colombia es la misma de antes. Quien ocupa hoy la silla presidencial no es vocero de las dirigencias de las que cada vez es más notorio su sello de caducidad, sino de sectores que se han venido consolidando como nuevos actores políticos y se movilizan por una agenda de derechos que, por primera vez, es el eje de un programa de gobierno, hoy en cabeza de Gustavo Petro. Fue esa su bandera de campaña electoral, y aun con las talanqueras a que está siendo sometida, sigue siendo respaldada por la mayoría de los colombianos. 

Cepeda llama a los congresistas a “resistir con plena conciencia de su deber”. Los pájaros tirándole a las escopetas, como se dice popularmente, pues el verdadero acto de resistencia es la convocatoria para que las instituciones de la democracia no sigan siendo usadas como el patrimonio de unos cuantos, que es lo que significa la actuación del minúsculo grupo que se sobrepuso al trámite de la reforma. 

Nunca, dice en su carta el senador Cepeda, el gobierno había presionado al legislativo con tal intensidad, quizás también en este caso podríamos darle la razón, si entendemos que siempre el legislativo ha estado en el bolsillo del ejecutivo o viceversa, por lo que tales presiones no han sido necesarias. Hoy, por el contrario, lo que vemos es en plenas funciones el sistema de pesos y contrapesos, que es la esencia y la razón de ser de la democracia. 

Sí, señores senadores, la democracia no se negocia; voten según su conciencia, como también les pide Cepeda, y no según la de quienes quisieron comprársela cuando financiaron sus campañas o les ofrecieron cualquier dádiva para que legislaran en su nombre. 

La acogida que ha tenido el llamado a la consulta popular es una reedición del estallido social de 2021. Es decir, una nueva manifestación de la inconformidad popular y de su reclamo para que los cambios que se requieren para consolidar la democracia y hacer efectivo el ejercicio de los derechos no sigan siendo negados por una dirigencia que se muestra fuera de órbita, que no ha sabido leer una realidad que la desborda y a la que se le agotó la fanfarria demagógica que hasta ahora la ha sostenido en el poder. 

*Economista-Magister en estudios políticos

¿Le vamos a besar el culo a Trump?

 

Orlando Ortiz Medina*

Se requiere un nuevo orden internacional que supere la obsolescencia del que actualmente no es más que una simple formalidad y para el presidente gringo un rollo más de papel higiénico.

Foto: Euronews.com

“Me están besando el culo”, dijo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, refiriéndose a los setenta representantes de países que, según él, lo han visitado o llamado para que reconsidere sus medidas arancelarias.

La frase es digna de su estirpe de matón de esquina, del tunante barriobajero que se ufana de estar creando miedo, porque, más allá de los Estados Unidos, para él el mundo es eso, el barrio bajo del que está convencido que puede y va a poner a sus pies, que es lo que en sus delirios imperiales significa “hacer grande a América otra vez”. 

Y es que, si el presidente de la primera potencia mundial es alguien de la estofa del señor Trump -qué vergüenza- es porque, en efecto, la América a la que se refiere (la del Norte porque América es más que los EE. UU.) está siendo muy pequeña; reflejo de una nación que ha perdido valor y reconocimiento y de un pueblo que se muestra en su mayoría carente de honor y de autoestima. No de otra manera se explica que lo hayan elegido pese a haber sido encontrado responsable de 34 delitos, además de ser condenado por abuso sexual. Una ciudadanía que se aprecie y se respete no elige para que la gobierne y represente a un bodrio de ese tamaño. 

En su alebrestado ejercicio de gobierno, sin ningún criterio y rigor técnico, dispuso imponerles aranceles a todos los países, creando un caos que con muy elevadas posibilidades lo puede llevar a que sea él quien tenga que arrodillarse y besarle el culo al presidente chino, su principal rival, que hasta ahora no le ha pestañado de miedo. 

Algo hay de aquello de la mano invisible que mueve los mercados, que sí pudo ver Adam Smith, a la que no se puede sobreponer la mano manchada del fantoche del imperio

No advierte el señor Trump -nadie puede advertir respecto de lo que no sabe- que los mercados, máxime en tiempos de globalización y bajo el dominio de las premisas neoliberales con que han venido funcionando en los últimos cincuenta años, crean sus propias dinámicas, generan sus propias inercias y tienden a institucionalizarse, más allá incluso de la voluntad y las decisiones humanas. Algo hay de aquello de la mano invisible que mueve los mercados, que sí pudo ver Adam Smith, a la que no se puede sobreponer la mano manchada del fantoche del imperio. 

Lo que pasa es que las de Trump no son políticas; las políticas son serias, pensadas, pausadas, analizadas, puestas en contexto, basadas en raciocinios, con evaluaciones previas de impacto y, cuando más, concertadas. No es propiamente eso lo que estamos viendo, pues no hay nada que vaya más allá de su arrogancia, su personalismo y sus pretensiones de ponerse por encima de los acuerdos, las instituciones y los organismos internacionales, en el propósito de reconquistar una hegemonía de la que ya su país no goza frente al resto del mundo.

Frente a lo que en realidad es un chantaje, olvida Trump que ya no son los tiempos en que la unipolaridad, o si acaso la bipolaridad, era la norma; tiempos en los que los demás países estaban siempre prestos a bajarle la cabeza. China, Canadá, México, Dinamarca, cada uno a su medida y dentro de sus posibilidades, en buena hora hoy le están dando una lección para demostrarle que ya no es así. 

Olvida Trump que ya no son los tiempos en que la unipolaridad, o si acaso la bipolaridad, era la norma; tiempos en los que los demás países estaban siempre prestos a bajarle la cabeza.

Por eso amenaza, avanza y recula, aplaza, lanza globos a ver quién, con qué y cómo le responden; juega de manera irresponsable, lo que reafirma su falta de claridad, su improvisación y su ánimo siniestro de poner al mundo en incertidumbre, descontrolar a los inversionistas y crear caos a la espera de un saldo en rojo que en todo caso apueste a su favor.  

Imponer un arancel general del 10% es un sinsentido. Primero, porque no se necesita ser un sabio para considerar que el mundo no es homogéneo y que a todos los países no se les puede medir con un mismo rasero; que cuentan las geografías, las historias, las distancias, los avances tecnológicos, los diferenciales de productividad, las escalas salariales, las estructuras de costos, etc., además de las particularidades de cada una de las miles de posiciones arancelarias que hacen parte del universo del mercado. 

Segundo, porque el argumento de que sus medidas obedecen a que los demás países han venido aprovechándose de su nobleza porque mantienen tasas superavitarias en sus balanzas comerciales con respecto a los EE. UU. no tiene asidero. Si bien en cifras globales su balanza comercial es deficitaria, esta situación no se presenta en todos los casos y no ocurre lo mismo con su balanza de servicios. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, su balanza de bienes es deficitaria, pero no así su balanza de servicios en la que, por el contrario, mantiene superávit. Con América Latina, Estados Unidos tuvo un superávit de 47,300 millones de dólares en 2024, pese a lo cual se le impuso el arancel del 10%;. Con Rusia, en cambio, aunque su balanza comercial es negativa, no le impuso ningún tipo de arancel. Su argumento es entonces falaz y mentiroso. 

La moneda norteamericana sigue siendo la más utilizada en las transacciones internacionales de bienes, es la principal divisa en que se acumulan las reservas internacionales y es también la que predomina en el mercado financiero mundial

Estados Unidos no es solo el simple y débil importador de bienes que hace que el resto del mundo lo abuse, como quiere hacer creer Donal Trump; es, sobre todo, un fuerte exportador de activos, en especial financieros, en los que ha mantenido todo tipo de ventajas que le permiten atraer inversionistas de cualquier lugar del globo: gobiernos, bancos centrales, empresas privadas, que acceden a bonos del Tesoro, acciones o bienes raíces, entre otros, con lo que de paso financia sus importaciones.

Sumado a lo anterior, la moneda norteamericana sigue siendo la más utilizada en las transacciones internacionales de bienes, es la principal divisa en que se acumulan las reservas internacionales y es también la que predomina en el mercado financiero mundial. De manera que no es necesariamente cierto que tener un déficit comercial sea en sí mismo un síntoma negativo del desempeño de una economía. 

Lo que sí es cierto es que el déficit comercial de Estados Unidos se debe a que se ha permitido acceder a productos, intermedios o de consumo final, que le hubieran resultado más costosos de producir en su territorio, dado que los obtiene de países con insumos, costos de transacción y mano de obra más baratos. Esa importación a bajo costo hace que sus empresas sean más competitivas dentro o fuera de sus propios mercados y le reporten al final un beneficio neto a su economía. Adicionalmente, le ayuda a evitar o mitigar brotes inflacionarios y a liberar recursos que orienta a sectores más rentables y estratégicos y en los que posee más ventajas competitivas. No es casual que su economía se haya dirigido a potenciar sectores más intensivos en conocimiento y tecnología: aeroespacial, servicios financieros, salud y tecnologías de la información y la comunicación, principalmente.  

La alocada carrera arancelaria no va a ser suficiente para que Estados Unidos logre un mejor posicionamiento en los mercados internacionales, en tanto no aborda sus problemas reales,

Así es que la alocada carrera arancelaria no va a ser suficiente para que Estados Unidos logre un mejor posicionamiento en los mercados internacionales, en tanto no aborda sus problemas reales, relacionados con su desindustrialización, la sobreespecialización en el mercado financiero y especulativo y su deficiente capacidad productiva y de infraestructura: vías, sistemas de transporte, puertos, que le garanticen soportar una producción industrial a mayor escala. 

Cabe decir que China no depende mayormente de sus exportaciones a los Estados Unidos, su comercio con este país ha disminuido en las últimas décadas, mientras aumenta con la Unión Europea, Rusia, los países asiáticos y, en general, los del sur global. Estados Unidos, en cambio, depende cada vez en mayor proporción de productos de alto valor agregado fabricados en China: maquinaria, productos tecnológicos, farmacéuticos, baterías, productos de energía verde y minerales esenciales son productos que difícilmente las empresas y consumidores estadounidenses podrían sustituir con su producción interna. Los productos que China adquiere de Estados Unidos -especialmente agrícolas y energéticos- son, por el contrario, más fáciles de sustituir mediante compra en otros países.

Los llamados aranceles recíprocos, por su parte, son todavía más antitécnicos, pues los argumentos con que los justifica obedecen a razones que devienen de políticas a las que la administración estadounidense quiere someter a los demás países, como es el caso del tratamiento a la situación migratoria y la lucha contra las drogas, en el que ha tratado de “penalizar” especialmente a México, Canadá y China. Con este último, además, ha desplegado medidas retaliatorias especiales porque le ha respondido con la misma moneda subiéndole también los aranceles a sus productos.  

La vuelta al proteccionismo, el regreso a las industrias nacionales y la recuperación de la producción interna, al menos como las plantea Trump, están fuera de tiempo y descontextualizadas.

Reafirmando que la andanada de Trump no es más que la tozuda intención de reafirmar su poderío y su ánimo expansionista, hay que decir que, en un mundo globalizado, cada vez más interdependiente y en el que los mercados ganan mayor autonomía, decisiones unilaterales y autoritarias son no solo improcedentes sino insostenibles. La vuelta al proteccionismo, el regreso a las industrias nacionales y la recuperación de la producción interna, al menos como las plantea Trump, están fuera de tiempo y descontextualizadas. No estamos en el modelo de expansión y consolidación del capitalismo del siglo XIX o de principios del XX; el mapa y los referentes de poder de la geopolítica mundial son otros y no hay potencia alguna que pueda reclamar su dominio pleno y simultáneo en todos los campos: económico, tecnológico, político o militar. 

Se requiere un nuevo orden internacional que supere la obsolescencia del que actualmente no es más que una simple formalidad y para el presidente gringo un rollo más de papel higiénico. Un orden que no funcione, como hasta ahora, sobre la base de intereses y posiciones dominantes que han hecho del planeta una conjunción de brechas e inequidades, en medio de guerras que cambian sus patrones y se revitalizan contra la posibilidad de una sociedad en la que las formas de organización, los sistemas de producción y los estilos de vida se armonicen en formas de convivencia más justas y más amables con el ser humano y los demás bienes y seres de la naturaleza. 

No es por la vía de las guerras, ni arancelarias ni de ningún tipo, como EE. UU. o cualquier otra nación podrá ahora imponer su supremacía. Mucho menos, y ojalá quienes han estado acostumbrados a hacerlo se abstengan, besando el culo de quien ni siquiera merece una volteada de pelo.

*Economista-Magister en Estudios Políticos 

Ecuador 2025: segunda vuelta, segunda oportunidad para la democracia

Orlando Ortiz Medina*

En medio de un panorama tan difícil, es enorme la responsabilidad de la ciudadanía ecuatoriana frente a la elección de su nuevo (a) mandatario (a). Cualquiera que sea la opción que elija, y ojalá la sensatez y sapiencia la ilumine, esperemos que no sea la aceptación del sacrificio de sus derechos y libertades a cambio de promesas quiméricas de seguridad hasta incumplidas, pero tan en boga en estos tiempos

Foto tomada se InSight Crime

En una de las peores crisis de su historia, Ecuador realiza la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales este 13 de abril. A tono con el ciclo electoral que en los últimos tiempos hemos venido presenciando, una vez más se enfrentan dos posiciones que reflejan la polarización que se vive en el mundo.

Por un lado, quienes se ubican en el extremo liderado por los grupos conservadores y las élites empresariales, negacionistas del Estado y de tendencia claramente autoritaria; por otro, los de izquierda o progresistas, cuya base principal de apoyo son los sectores populares y movimientos sociales de diferentes orígenes, más cercanos al pluralismo, la preservación de la democracia y la defensa del Estado como agente regulador de la economía y garante de los derechos sociales y ciudadanos. 

Al primer grupo pertenece el actual presidente y candidato Daniel Noboa Azin, del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), miembro de la familia más rica del Ecuador, productora y comercializadora de banano. Al segundo, la candidata Luisa González Alcivar, del Movimiento Revolución Ciudadana, ligado a lo que en Ecuador se conoce como el “correísmo”, por el apoyo y liderazgo que mantiene del exiliado expresidente Rafael Correa, quien gobernó entre 2010 y 2017. 

El resultado es difícil de predecir dada la escasa diferencia que hubo entre una y otro en la primera vuelta. Apenas el 0,17 % más, a favor de Daniel Noboa, quien obtuvo el 44.17 % de la votación, sobre el 44 % de González. Fue prácticamente un empate técnico, sin embargo, hipotéticamente con una ventaja para González, teniendo en cuenta que el líder indígena del movimiento Pachakutik Leonidas Iza, quien quedó en tercer lugar con el 5,29 % de los votos, se le ha unido para la segunda vuelta.  

Aunque con los diferentes niveles que existen entre regiones y países, Ecuador padece hoy de los mismos males que aquejan al mundo: deterioro de la actividad económica, elevados índices de inseguridad y violencia, fuertes afectaciones por el cambio climático, emisión y recepción de población migrante y una aguda crisis institucional que han llevado a una profunda inestabilidad política y social y al declive general de las condiciones de vida de su población. 

El tema de mayor preocupación para la ciudadanía ecuatoriana es sin duda el de la seguridad. El país está prácticamente tomado por bandas delincuenciales que se enfrentan por el control de territorios y economías ilegales, especialmente el narcotráfico, en paralelo con delitos como el secuestro, el boleteo y la extorsión

El tema de mayor preocupación para la ciudadanía ecuatoriana es sin duda el de la seguridad. El país está prácticamente tomado por bandas delincuenciales que se enfrentan por el control de territorios y economías ilegales, especialmente el narcotráfico, en paralelo con delitos como el secuestro, el boleteo y la extorsión, que han llevado a generar desplazamientos internos e incluso la salida de sus ciudadanos hacia otros países de la región, de Norteamérica o de Europa.

Después de haber sido considerado uno de los más seguros de América Latina en 2017, al final del Gobierno de Rafael Correa, la tasa de muertes violentas pasó de 5,79 a 38,8 por cada cien mil habitantes en 2024, según InSight Crime. Los más afectados son los (as) jóvenes, a quienes el desempleo y la falta de oportunidades de acceso o permanencia en el sistema educativo los hace más vulnerables y de fácil cooptación por parte de las bandas criminales.

A lo anterior se suman los elevados niveles de corrupción y la violencia ejercida por agentes del Estado, comprometidos en la violación de los derechos humanos, en actuación connivente con grupos delincuenciales que, por demás, han permeado el aparato de justicia, mantienen el control de los centros carcelarios y han sobrepasado su capacidad ofensiva y de intimidación frente a las de las instituciones y la fuerza pública. 

Por su parte, la economía en 2024 estuvo prácticamente en recesión -con tres trimestres consecutivos en decrecimiento- y cerró con una contracción general de 2,5 %, de acuerdo con datos del Banco Mundial. La desaceleración se explica en medidas como el incremento de tres puntos en el IVA y el aumento de los precios de la gasolina, que afectaron los niveles de consumo e inversión, especialmente en los sectores de producción manufacturera y de servicios. A lo anterior se sumó el efecto de los apagones ocasionados por la crisis energética, debida a su vez a la inmensa sequía que se vive en gran parte de su territorio. 

Se mantienen elevados niveles de desempleo e informalidad, esta última por encima del 50 %, además de una caída en el valor real de los ingresos laborales -3 % en 2024- y un indicador de pobreza que asciende al 31,9 %

Sus niveles de endeudamiento han venido en aumento, llegó en 2024 a un 56 % del PIB, con el agravante de que es deuda con obligación de corto plazo, lo que compromete seriamente su estabilidad financiera y fiscal, por la menor disponibilidad de recursos que ello significa para la inversión en otro tipo de actividades, sobre todo las relacionadas con la atención social y de impulso a la dinamización de la economía. Asimismo, se mantienen elevados niveles de desempleo e informalidad, esta última por encima del 50 %, además de una caída en el valor real de los ingresos laborales -3 % en 2024- y un indicador de pobreza que asciende al 31,9 %.  

Este panorama no refleja más que la incompetencia y la falta de efectividad de las políticas del actual presidente y candidato Noboa, que asumió el cargo en noviembre de 2023, así como de quienes lo antecedieron a partir de 2017, Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), sucesores de Correa y con los que desde entonces el país dio el giro a la derecha y a la terrible debacle en que hoy se encuentra.  Hay que recordar que la asunción de Noboa en 2023 fue para terminar el periodo de Guillermo Lasso, quien debido a un juicio político en su contra se vio obligado a disolver la asamblea nacional y a convocar elecciones presidenciales anticipadas, conforme a la figura de “muerte cruzada” que permite la constitución ecuatoriana. 

Pese a su discurso de mano dura, Noboa no ha logrado ser efectivo en el combate a la delincuencia. El modelo de seguridad, basado fundamentalmente en la militarización y respaldado en decretos de estado de excepción, de paso utilizados para la persecución de líderes y la imposición de cercos a la movilización y protesta social, ha ido perdiendo la batalla frente al poder cada vez mayor de las organizaciones delincuenciales. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en enero de este año se registraron 781 homicidios, 276 más que los 505 registrados en 2024 y 247 más que los 534 de 2023, año en el que Ecuador se situó a la cabeza en el índice de muertes violentas de Latinoamérica. 

El enorme peso de la delincuencia es en sí misma el resultado de una crisis ética y moral que sacude las bases del establecimiento, de la falta de liderazgo que ha dejado al desgaire a las instituciones y al Estado de derecho

No habrá lugar a la seguridad si no se implementan estrategias dirigidas a atacar seriamente los problemas estructurales que se acusan, cuya solución ha sido aplazada por los últimos gobiernos. El enorme peso de la delincuencia es en sí misma el resultado de una crisis ética y moral que sacude las bases del establecimiento, de la falta de liderazgo que ha dejado al desgaire a las instituciones y al Estado de derecho, y de un modelo de desarrollo ajeno a los intereses de las mayorías de población: indígenas, obreros, campesinos, estudiantes, desempleados, trabajadores informales, amas de casa, cuyas necesidades y derechos han ido quedando por fuera de las agendas de gobierno. 

Así como requiere revisar y modificar su matriz productiva y de fuentes energéticas, Ecuador debe revisar su matriz de distribución del ingreso y la riqueza, en tanto lo hace insostenible la enorme desigualdad y las profundas inequidades que configuran su cartografía económica y social.  No son viables sociedades que mantengan brechas tan elevadas en materia de educación, de acceso a recursos productivos, de inversión en infraestructura y sin que se destinen recursos a la investigación y el desarrollo tecnológico, con criterios igualmente democráticos y no solo para el usufructo de las grandes marcas o patentes, nacionales o internacionales.  

El próximo 13 de abril sabremos si los ecuatorianos, sumidos en la frustración, la desesperanza y la falta de confianza en las instituciones y sus dirigencias, optan por el cambio o por la continuidad de un sistema de gobierno autoritario, basado en la privatización, el exceso de reverencia en el mercado, el recorte del Estado, y bajo la quimera de un concepto de seguridad cuyas lógicas no han arrojado resultados.  

Después de ocho años de gobierno de una derecha que dejó sumir a la nación en el estado deplorable en que hoy se encuentra, un triunfo de la candidata Luisa González podría ser un respiro para la democracia y el camino hacia una nueva institucionalidad, capaz de convertirse en vehículo idóneo para el trámite de los conflictos y la respuesta a las demandas ciudadanas, lo que pasa por el diseño de una nueva idea de sociedad y por la recuperación y fortalecimiento del rol del Estado, destruido por los gobiernos anteriores.

En medio de un panorama tan difícil, es enorme la responsabilidad de la ciudadanía ecuatoriana frente a la elección de su nuevo (a) mandatario (a). Cualquiera que sea la opción que elija, y ojalá la sensatez y sapiencia la ilumine, esperemos que no sea la aceptación del sacrificio de sus derechos y libertades a cambio de promesas quiméricas de seguridad hasta ahora incumplidas, pero tan en boga en estos tiempos. 

*Economista-Magister en Estudios Políticos

El Congreso actúa en contravía de un país que está cambiando

Orlando Ortiz Medina*

Lo que actualmente ocurre está más allá de un asunto puramente coyuntural, el telón de fondo sigue siendo la renuencia de los dueños del establecimiento a que en el país se emprendan reformas que históricamente han sido aplazadas.

Foto: Pressenza, international press agency

Los colombianos apreciamos hoy una mayor tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo. Nada que sorprenda. Es parte del escenario que se configura a partir de 2022 con la llegada a la presidencia de un personaje cuyo origen social y fundamentos ideológicos y programáticos son sustancialmente distintos a los de quienes históricamente han sido mayoría en el Congreso de la República.

La tradición es que la relación entre estos dos poderes esté mediada por el cruce de favores, el trámite de intereses, las lealtades personales y las diferentes formas como los dispositivos de clientela han cooptado la funcionalidad del Estado. Para decirlo sin eufemismos, lo normal ha sido que el Congreso sea del bolsillo del presidente, o viceversa. No hay tal de un sistema de pesos y contrapesos que opere como corresponde a un orden genuinamente democrático. 

De manera que lo que actualmente ocurre está más allá de un asunto puramente coyuntural, el telón de fondo sigue siendo la renuencia de los dueños del establecimiento a que en el país se emprendan las reformas que históricamente han sido aplazadas. Es un hecho que con este nuevo gobierno la agenda de debate es diferente y que al Congreso le toca dedicar menos tiempo a aprobar decretos para conceder la Cruz de Boyacá, rendir honores o inaugurar estatuas; debe, en cambio, acoger la discusión de propuestas en cuya médula estaría la solución de muchos de los grandes problemas que el país padece, algunos de los cuales sirven como alimento de la violencia.   

Colombia sigue siendo el tercer país más desigual del mundo y el primero de América Latina, está entre los que tienen mayores índices de violencia y mantiene una tasa de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema de 33 % y 11,4 %, respectivamente, con índices significativamente superiores en la zona rural. Solo una de cada cuatro personas se pensiona, la informalidad a nivel nacional se mantiene alrededor del 56 % (83% en las zonas rurales) y corresponde a personas cuya precariedad laboral es latente, con muy bajas tasas de remuneración y ausencia casi que total de estabilidad y garantías laborales

Vale recordar que Colombia sigue siendo el tercer país más desigual del mundo y el primero de América Latina, está entre los que tienen mayores índices de violencia y mantiene una tasa de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema de 33 % y 11,4 %, respectivamente, con índices significativamente superiores en la zona rural. Solo una de cada cuatro personas se pensiona, la informalidad a nivel nacional se mantiene alrededor del 56% (83% en las zonas rurales) y corresponde a personas cuya precariedad laboral es latente, con muy bajas tasas de remuneración y ausencia casi que total de estabilidad y garantías laborales.

El esquema de tributación es altamente regresivo -pagan menos impuestos los que más riqueza tienen-, cada vez menos personas tienen posibilidad de acceso a la educación, sobre todo en el nivel superior, tanto por el descuido en que se ha dejado a las universidades públicas, como porque debido a la pobreza en sus hogares los jóvenes se ven obligados a vincularse más temprano a la vida laboral, cuando es que lo logran. 

Pese a que estadísticamente se registra una cobertura satisfactoria de atención en salud, 99,6 %, la prestación del servicio es altamente deficiente para el otorgamiento de citas, la atención de enfermedades terminales o de alto riesgo, la entrega de medicamentos y la disponibilidad de infraestructura y personal especializado, también con una brecha significativa en contra de las personas del campo.

La concentración de la propiedad de la tierra, que ha estado en la base del conflicto social y armado, es la más elevada de América Latina: el 1 % de las fincas de mayor tamaño ocupa el 81 % de la tierra, mientras el 19 % restante se reparte entre el 99 % de las fincas. En lo que a propiedad se refiere, el 10% de los propietarios de las fincas más grandes poseen el 80,57 % del área rural. 

La concentración de la propiedad de la tierra, que ha estado en la base del conflicto social y armado, es la más elevada de América Latina: el 1 % de las fincas de mayor tamaño ocupa el 81 % de la tierra, mientras el 19 % restante se reparte entre el 99 % de las fincas. En lo que a propiedad se refiere, el 10% de los propietarios de las fincas más grandes poseen el 80.57 % del área rural. 

Todo este conjunto de situaciones sería evitable, o al menos en parte se podría corregir, si existieran condiciones de distribución más equitativas y que impidan seguir sosteniendo el régimen de privilegios del que gozan ciertos grupos sociales. Que así fuera es una tarea que le corresponde al Congreso de la República, a lo que, ya se dijo, históricamente se ha negado, debido a que quienes han estado sentados en la curules no representan propiamente a quienes más padecen las consecuencias. 

El asunto es que, de llevarse a cabo, las reformas afectarían intereses muy potentes de los grupos económicos: los grandes propietarios de la tierra, los dueños de las empresas que tienen el control de la salud a través de las EPS, los propietarios de los fondos privados de pensión y los gremios económicos, que consideran un prejuicio y una afrenta a la economía permitir que los trabajadores cuenten con un modelo prestacional y de garantías laborales más justo y equitativo. 

Lo cierto es que estamos frente a un Congreso y unas élites que parecen no haberse dado cuenta de que actúan en contravía de un país que está cambiando y que su tozudez y conservadurismo más temprano que tarde les puede pasar una costosa cuenta de cobro. La comodidad de quienes han vivido a la sombra del bipartidismo y sus derivaciones posteriores está bastante diluida; lo que queda se mantiene solo gracias a sus estructuras clientelares, sus redes de lobby y corrupción y los anclajes locales y regionales que aún guardan con los vicarios de la vieja política.

Un nuevo sistema de representaciones, basado sobre todo en principios identitarios y con especificidades en sus necesidades y demandas ha tomado auge; la conciencia sobre los problemas sociales y la manera de tramitarlos ha ido encontrando cauces diferentes. 

Un nuevo sistema de representaciones, basado sobre todo en principios identitarios y con especificidades en sus necesidades y demandas ha tomado auge; la conciencia sobre los problemas sociales y la manera de tramitarlos ha ido encontrando cauces diferentes. La ciudadanía asume hoy mayores grados de libertad y copa nuevos espacios de manifestación en el escenario público y político, acudiendo a otros mecanismos de participación que en parte reflejan la desconfianza en las instituciones y el declive de quienes hasta ahora se venían considerando sus líderes naturales. Es latente la crisis de una dirigencia que, así mantenga su mayoría en el Congreso, se ve amenazada por la emergencia de estas nuevas formas de expresión y movilización social. 

Es poco inteligente que, en vez de promover o por lo menos afrontar las iniciativas de cambio, se apueste por el fracaso de quien se atreve a proponerlas, huyéndole al discernimiento y saliéndose con jugaditas de los lugares y las reglas del juego democrático. Se prefiere, por el contrario, acudir al uso de un poderoso aparato mediático desde el que se manipula, se falsea, se desprestigia y se encubren las situaciones críticas, con el único propósito de que las cosas se mantengan como están, parados sobre estructuras institucionales y constitucionales en cuya inercia se soportan los defensores de una situación que social y políticamente es cada vez más insostenible. 

la inclusión en las decisiones de política y los destinos de la nación de quienes son sus inmediatos afectados o beneficiarios sería una manera de contribuir a la formación de valores democráticos

Mientras el Congreso se mantenga como una instancia instrumentalizada al servicio de intereses gremiales y corporativos y se le siga huyendo a los recursos de la democracia participativa, continuarán aumentando los factores de desestabilización que nos ponen en riesgo como sociedad y como país. Se requiere por ello y con urgencia acometer las transformaciones institucionales, orientadas a corregir un sistema que, pese a que está atravesado por un complejo cúmulo de anomalías y disparidades, se sigue llamando democrático. 

Sería de paso una manera de avanzar hacia una nueva cultura política -tarea bastante rezagada en Colombia-, en tanto la inclusión en las decisiones de la política y los destinos de la nación de quienes son sus inmediatos afectados sería una manera de contribuir a la formación de valores democráticos, además de la mejor respuesta frente a las prácticas de quienes apenas a su amaño y mezquindad han disfrutado hasta ahora del control del poder.

Hay que aceptar que los cambios sobre los que ha insistido este Gobierno están en la médula de lo que es el Estado Social de Derecho, puesto en cuestión, bien por el recorte a derechos mediante reformas y en Gobiernos anteriores, o bien porque sencillamente jamás han tenido vigencia. Es al respecto que cobra sentido el debate sobre la reforma laboral, a la salud y al régimen de pensiones, que agitan el panorama político y que, ante la negativa del Congreso, ha llevado al Presidente a convocar una consulta ciudadana que va a ser decisiva en el acontecer político que se vislumbra hacia las elecciones de Congreso y presidencia de 2026. 

Hoy más que nunca, el ejercicio de la democracia directa adquiere mayor significación, en tanto amplia el espectro de la participación y el debate público, en donde se espera que el verdadero protagonista sea, como siempre ha debido ser, el pueblo como constituyente primario y titular soberano de la democracia. 

La consigna es clara, o cambia el estado de cosas o el estado de cosas nos cambia. 

*Economista-Magister en estudios políticos  

Consulta sobre la reforma laboral: ¿Por qué y para qué?

Orlando Ortiz Medina*

El poder del Congreso no es absoluto, tiene límites en el cumplimiento de sus funciones y no dispone de mayor autoridad que la de aquellos en cuyo nombre actúa. 

La democracia, en su acepción más plena, remite inevitablemente a la figura del constituyente primario, es decir, al pueblo, depositario superior de la soberanía en el ejercicio del poder. A él ha decidido acudir el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, para consultarle, de manera directa, si está de acuerdo o no con que se apruebe una reforma laboral que devuelva derechos perdidos y dignifique la vida de los (as) trabajadores (as).  

El Congreso de la República, como las Asambleas departamentales, los Concejos Municipales, etc., son instancias delegadas, que forman parte de la democracia indirecta o representativa; en ellas, mediante elección popular, el pueblo delega, aunque nunca cede, su poder. Como tal, están bajo la jerarquía del constituyente primario, a éste deben su existencia, su composición y los asuntos de los que se ocupen. Su poder no es absoluto, tienen límites en el cumplimiento sus funciones y no disponen de mayor autoridad que la de aquellos en cuyo nombre actúan. 

Así lo ordena en Colombia la Constitución política de 1991, que en el primer renglón de su preámbulo dice: “el pueblo, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente… sanciona y promulga la siguiente Constitución…”. Por su parte, el artículo 2 estipula que “son fines esenciales del Estado… facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”. De igual manera, en el artículo 3, se señala que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

El artículo 104 faculta al presidente para que, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, consulte al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional

Para facilitar y hacer posible y transparente la participación del constituyente primario, se cuenta con unas bases legales que la reglamentan. El artículo 103 establece mecanismos como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y revocatoria del mandato. El artículo 104 faculta al presidente para que, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, consulte al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional. Sea lo que sea que el pueblo considere, su decisión será obligatoria. Existen también la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, que regulan y establecen normas para la promoción y protección del ejercicio a la democracia. 

La consulta popular es un mecanismo mediante el que los ciudadanos votan sí o no a una pregunta o un conjunto de preguntas referidas a un tema de interés general y tendrá que cumplir una serie de requisitos para obtener su aprobación: a) La convocatoria deberá ser aprobada por el Senado de la República una vez sea presentada por el Presidente con la firma de todos sus ministros; b) luego del trámite en el Senado, será presentada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien verificará el cumplimiento de los requisitos formales; c) en las elecciones tendrá que participar al menos la tercera parte (33%) del censo electoral, es decir, de quienes en el momento de la elección estén habilitados para votar, aproximadamente 13´518.000 personas en Colombia; y d) de ese mínimo requerido de votantes, por lo menos la mitad más uno deben haber votado por el sí, aproximadamente 6´760.000 colombianos.  

No hay pues ninguna actitud dictatorial, arbitraria o de abuso de poder o autoridad por parte del líder del ejecutivo, como quieren hacerlo ver los miembros de la oposición y algunos medios de comunicación. La propuesta se ciñe estrictamente a los marcos legales y constitucionales y está dentro de las competencias del jefe del Estado. 

Un congreso mayoritariamente en contra, unos medios empeñados en ensombrecer su imagen y acciones de Gobierno, y unas Cortes que dejan al menos un mal sabor en la manera como se están conduciendo, ponen en cuestión la vigencia de las reglas del juego democrático. 

No está de más decir que el presidente ha sido sometido a una serie de barreras institucionales y condicionantes políticos que buscan bloquear su agenda y cerrar el paso a las propuestas de cambio con las que en 2022 fue elegido por la mayoría de los colombianos. Un congreso mayoritariamente en contra, unos medios empeñados en ensombrecer su imagen y acciones de Gobierno, y unas Cortes que dejan al menos un mal sabor en la manera como se están conduciendo, ponen en cuestión la vigencia de las reglas del juego democrático. 

La democracia está en duda cuando los procedimientos y las instancias de decisión, antes que un canal por donde fluyan legal y transparentemente los asuntos del Estado y que competen al interés ciudadano, son un obstáculo a la participación y un bloqueo a las determinaciones. Está en duda cuando las instituciones delegatarias, quienes ocupan sus cargos, no están cumpliendo la misión que constitucionalmente les fue asignada y desvían su obligación de actuar en pro del bienestar colectivo para endosarse en favor de los intereses particulares, lo que lleva a considerar que están ética, política y moralmente impedidos.

La reforma busca resarcir derechos que con propuestas anteriores les fueron conculcados a los trabajadores, cuando se modificó el horario nocturno para el pago de horas extras, se disminuyó el valor del pago por dominicales y festivos, se flexibilizaron las causas de despido, se permitieron sistemas de contratación por horas o por prestación de servicios y sin garantía de continuidad ni pagos prestacionales. No fue cierto que tales medidas llevaron a una aumento y mejora de las condiciones laborales, por el contrario, el desempleo estructural se mantuvo o aumentó frente a sus promedios históricos, creció la informalidad y condujo, en general, a la precarización del empleo en todos los sectores y actividades laborales, aunque con mayor afectación de las poblaciones más pobres y vulnerables. 

No alcanzar el umbral de participación requerido es tal vez el mayor riesgo porque desde los contradictores se va a apostar a que los ciudadanos se abstengan de salir a votar.

Propone que la jornada nocturna se contabilice a partir de las siete de la noche, que se aumente el valor de remuneración en los días de descanso obligatorio, establece medidas de estabilidad laboral y estabilidad reforzada para personas embarazadas, enfermas y pre pensionadas; medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en los lugares de trabajo; aumento de la licencia de paternidad, formalización del trabajo doméstico, mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras rurales y contrato y pago digno a los practicantes del SENA, entre otras. 

Desde luego que, como en cualquier llamado de este alcance y naturaleza, se corren riesgos que el presidente y los sectores progresistas y movimientos sociales que apoyan la convocatoria están dispuestos a asumir. Estamos ante un electorado altamente voluble y manipulable y es muy fuerte la campaña que en su contra van a hacer los partidos de oposición, los gremios y los grandes medios de comunicación. No alcanzar el umbral de participación requerido es tal vez el mayor riesgo porque desde los contradictores se va a apostar a que los ciudadanos se abstengan de salir a votar. En cualquier caso, Colombia necesita seguir avanzando en el fortalecimiento de su cultura política y democrática, para lo que este tipo de iniciativas son un valioso procedimiento a seguir.  

Se requiere de una labor pedagógica con la población trabajadora, desempleada, que vive en la informalidad o que sobrevive por contratos de prestación de servicios y sin garantías de estabilidad laboral. Hay que hacer ver las ventajas de la reforma, tanto para el país como para los trabajadores y evitar que sea manipulada con el cuento, que ya nos hemos comido muchas veces, de que se va a afectar la generación de empleo y que vamos a ser conducidos a una mayor debacle social. Entre mejores sean las condiciones laborales, haya más personas devengando y los salarios y los sistemas prestacionales sean más justos, no hay duda de que mayor dinamización tendrá la economía. Habrá más ingresos, más capacidad de compra y, sobre todo, más familias y personas viviendo con dignidad. 

Hay que votar sí a la reforma.

*Economista-Magister en Estudios políticos