Sobre la reforma a la salud

 Orlando Ortiz Medina* 

Tomada de: Change.org

Nada es nuevo en relación con los más recientes hechos respecto del sistema de salud en Colombia; particularmente la intervención en los últimos días de las EPS Sanitas y Nueva EPS.

Basta recordar que, de acuerdo con la Super intendencia de Salud, entre 2003 y 2015 fueron liquidadas 102 EPS, es decir, que a fecha de hoy alrededor de 120 de estas entidades han sido liquidadas, 13 de ellas solo durante el gobierno de Iván Duque.

Entre las razones se encuentran casos de corrupción (Tal vez de los más sonados es el de SaludCoop), insolvencia económica, elevado número de quejas por parte de los usuarios debido a la precariedad en la prestación del servicio, y en algunos casos problemas relacionados con ineficiencia administrativa.

De manera que el juicio que se le quiere hacer al actual gobierno como responsable de la crisis que afecta al conjunto del sistema es a todas luces insensato y responde antes que nada al propósito de la oposición de querer enlodar su gestión y desdeñar su deseo de dar curso a una reforma que garantice mayor solidez y ofrezca un mejor servicio a los usuarios.

¿Por qué el grito en el cielo se pone hoy y no cuando, como ya se dijo, fue mayor el número de empresas que se tuvieron que intervenir en los anteriores gobiernos? ¿Fue hasta ahora que partidos de oposición, medios de comunicación, gremios y empresas se dieron cuenta de que los colombianos venimos siendo sometidos a un sistema que ha estado lejos de prestar un servicio eficiente, oportuno y de calidad, sobre todo para las poblaciones más desprotegidas y vulnerables?

¿Por qué entonces si, como parece obvio, la crisis ha sido recurrente, los partidos de derecha, que son la mayoría en el Congreso, se encargaron de que la propuesta de reforma fuera hundida en la Comisión Séptima del Senado de la República?

Las razones son claras: por un lado, la privatización del sistema a principios de la década del 90 hizo de la salud un jugoso negocio a cuyo usufructo no quieren renunciar quienes se han ido concentrando como sus principales benefactores; por otro, esos mismos benefactores financiaron las campañas de los partidos cuyos representantes tenían en sus manos la decisión de dejar o no que la reforma fuera aprobada. El Centro Democrático, el Partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador y la Alianza Social Independiente, que conformaban la mayoría en la Comisión Séptima, recibieron dinero de la empresa Keralty, propietaria de la EPS Sánitas, de acuerdo con denuncias hechas por el propio presidente y ratificadas en la edición del domingo 7 de abril por la revista Cambio. 

Este hecho configuraba por lo menos un impedimento ético que, si de ello estuvieran medianamente arropados los congresistas, los hubiera conminado a declararse impedidos a la hora de votar y expresar su decisión.

Así que si la reforma se hundió no fue porque no fuera pertinente y estuviera debidamente justificada, sino por una jugada política y un hecho inmoral en cabeza de los congresistas de la oposición, financiados por una de las empresas con intereses en el negocio.

Si la crisis empezó a manifestarse hace ya más de veinte años, aquí lo único nuevo es un gobierno cuya agenda de reformas quiere poner el interés general y colectivo sobre el de aquellos que durante toda la vida se han lucrado, a costa de quienes han carecido de voceros en los espacios de representación a la hora de tomar las decisiones.

Gustavo Petro es un presidente atenazado por un Congreso cuyas mayorías de la derecha le apuestan al fracaso de su gobierno. Un Congreso que se propone seguir legislando en contravía de los derechos y el bienestar de quienes solo son utilizados para cooptar su voto, y a los que luego los congresistas olvidan para mantenerse al servicio de aquellos a quienes mantienen endosadas sus conciencias.

Era de sobra sabido que este era el sino que iba a marcar el gobierno de Gustavo Petro, bloqueado por unas dirigencias partidistas que se mantienen intactas en sus costumbres, anegadas en  prácticas non santas y con muy baja estofa ética y moral.

Pero, si bien no es nuevo esto de las intervenciones y/o liquidaciones de EPS, lo cierto es que el presidente y su equipo de gobierno asumen una enorme responsabilidad con la reciente decisión de intervenir a dos de las empresas en este campo más representativas. Le va a costar mucho si se muestra inferior a los retos que tales determinaciones le imponen y debe sí o sí asegurar una mejor y más eficiente prestación del servicio a los afiliados.

Si optó por ese camino, le corresponde dotarse del mejor equipo humano posible y disponer de los recursos tecnológicos y financieros que eviten una nueva frustración a los usuarios. Debe saber que es mucho lo que se está jugando y que el universo infinito de enemigos que en torno a él se agrupan están a la orden y en disposición para disparar desde todos los frentes para verlo fenecer en su intento de que por fin algún día la democracia y la vida digna sea una posibilidad para todos y todas en Colombia.

Es también tarea de todos los ciudadanos disponer y manifestarse en su apoyo al gobierno en sus diferentes propuestas de reforma. Hay que entender que frente a los anhelos de cambio, tantas décadas aplazados, existen y van a seguir existiendo barreras muy difíciles de sortear. Los dueños del establecimiento no ahorrarán esfuerzos para cerrarles el paso y dejar que su hálito conservador, el egoísmo de sus intereses y sus ímpetus regresivos sean los que se sigan imponiendo. La derecha en Colombia ha sido siempre enemiga del progreso, mezquina en sus designios y claramente enemiga de quienes más requieren de un Estado de Derecho que esté efectivamente a su servicio.

Bien hace el señor presidente en llamar a todos a quienes hacen parte del sistema de salud en Colombia a que se unan al propósito de reforma: clínicas, hospitales, médicos, enfermeras y demás empleados que no disfrutan de sistemas de contratación estables y con remuneraciones dignas, además de los propios usuarios, deben sumarse a un objetivo que al final no busca otra cosa que el cuidado y la protección de la vida mediante políticas en las que se priorice la prevención, el servicio oportuno, el manejo transparente y la eficiencia y estabilidad financiera. 

Si las reformas se siguen aplazando y el sistema sigue en declive, los únicos responsables de la debacle social a que ello va a conducir serán los partidos que acomodados en el poder y a espaldas de las mayorías se siguen negando como desde hace más de dos siglos a que el país tenga un sistema de distribución más justo y equitativo y en dónde todos los sectores sociales tengan cabida.

Que más de 100 EPS hayan sido liquidadas, que se tenga que hacer una fila de cuatro horas o cien llamadas telefónicas para acceder a una cita que bien puede ser para dos o tres meses después, no importa que sea para una enfermedad que revista gravedad, indica que el sistema debe ser reformado y que el Acetaminofén, la Loratadina o el Ibuprofeno no son la solución.

La supuesta insolvencia financiera de las EPS no tiene explicación más allá de lo que podrían ser las ineficiencias o los manejos turbios de los recursos, algunos ya comprobados por los organismos de control e investigación.

En cualquier caso, no pueden ser los beneficiarios los más perjudicados ni se puede permitir tampoco que sean los de siempre los que sigan imponiendo las reglas de juego. Más de doscientos años de los mismos en el poder deberían considerarse suficientes para que esta vez y con un gobierno realmente diferente no se frustre la posibilidad de un cambio. 

*Economista-Magister en estudios políticos

SOS Ecuador

Orlando Ortiz Medina*

Ecuador es hoy presa de una especie de gobernanza criminal, reflejo de una situación en donde los grupos delincuenciales han resultado más eficientes que los propios gobiernos a la hora de organizar sus redes comerciales y poner a su disposición el tejido institucional.

Un profundo debilitamiento de las instituciones del Estado, una economía en estado crítico y  una angustiosa situación de violencia caracterizan la geografía social y política de Ecuador, en un procesoque suma ya varios años y circunstancias de origen. 

La expansión de las rutas del narcotráfico, cuya metástasis en la región continúa pese a las incontables y fallidas sesiones de quimioterapia de la política antidrogas de los EE. UU.  ha contagiado al país suramericano, con todas las implicaciones que se derivan y que encuentran un factor multiplicador, entre otros, en la corrupción y en los impactos producidos por las políticas económicas y sociales que han orientado al país en los últimos años. 

Ecuador es hoy presa de una especie de gobernanza criminal, reflejo de una situación en donde los grupos delincuenciales han resultado más eficientes que los propios gobiernos a la hora de organizar sus redes comerciales y poner a su disposición el tejido institucional. La manera como han logrado adelgazar, hasta llevar a su mínima expresión, el talante ético y moral de funcionarios civiles y militares, así como de integrantes de las dirigencias políticas, se percibe en un Estado que no cuenta con los mínimos de confianza y legitimidad frente una ciudadanía que lo ve socavado en su soberanía y le exige respuestas que garanticen su seguridad y la realización de sus derechos. 

¿Cómo se llegó a una situación en la que, después de haber sido uno de los países más vivibles y tranquilos, sea hoy uno de los que generan mayor preocupación en América Latina?

En el reverso que se dio a los cambios llevados a cabo durante los gobiernos de Rafael Correa y su llamada revolución ciudadana, 2007-2017, se encuentran en gran parte las razones. Ecuador ya había vivido tensas situaciones de crisis durante el final de la década de los 90 y el primer lustro del nuevo siglo. En 1997 se produjo la destitución del presidente Abdalá Bucaram por parte del Congreso. En el año 2000 las fuerzas armadas derrocaron a Jamil Mahuad, en cuyo gobierno se presentó una de las peores crisis económicas que haya vivido el país y que, entre otras, llevó a la quiebra de muchas entidades financieras y a la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial. En 2005 un golpe de Estado derrocó al presidente Lucio Gutierrez, quien había sido elegido en 2002 y fue también protagonista del golpe de Estado que en el año 2000 derrocó al presidente Jamil Mahuad. 

De manera que Ecuador cerró el siglo pasado y comenzó el nuevo siendo un país profundamente frágil, amenazado por la falta de liderazgo y por tener en curso un modelo de desarrollo cuyos resultados iban en contravía de los sectores sociales más vulnerables y con menor presencia en sus estructuras de poder y representación. Inestabilidad institucional (siete presidentes en solo diez años, de 1996 a 2006), pobres gestiones de gobierno, medidas económicas que lesionaban los intereses nacionales, además de la forma autoritaria con que los diferentes gobiernos respondían a las manifestaciones de inconformidad social, estaban en la base de un país que para entonces parecía inviable. 

En medio de esa crisis se produce la elección de Rafael Correa, quien asume la presidencia en enero de 2007. Correa llega a dar un giro a las políticas neoliberales que dominaron en los 90 en Ecuador y en prácticamente todos los países de América Latina, bajo la égida del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Contrario a sus predecesores, asigna al Estado un rol de interventor y con mayor protagonismo en la orientación y dirección de la economía; promueve la inversión en infraestructura y el impulso de sectores estratégicos y dispone de recursos para el establecimiento de políticas sociales y garantizar a la ciudadanía el acceso a sus derechos. 

En asuntos de seguridad, acude a la modernización del sistema de justicia y al diálogo e incorporación de jóvenes de pandillas a proyectos sociales y culturales, en busca de su rehabilitación e inclusión en las nuevas dinámicas de desarrollo y participación ciudadana. Son acciones inscritas en un concepto de seguridad humana y alejadas de las propuestas que hoy dominan al tenor de la militarización y los continuos estados de excepción. Valga el oxímoron.

Los impactos fueron notorios: según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el país creció en promedio 3.9 %, entre 2007 y 2015, mientras que la región lo hizo un 2.9 %. La tasa de pobreza se redujo de 36.7 % en 2007 al 22.5 % en 2014. La pobreza urbana y la pobreza extrema urbana descendieron cerca de nueve y tres puntos, respectivamente, entre 2008 y 2016. La mortalidad infantil pasó de 24.4 por 1000 en 2005 a 18.3 en 2015. Gracias a la puesta en curso de políticas redistributivas, entre 2007 y 2015 el coeficiente de Gini pasó del 0.55 al 0.47, lo que indica una importante reducción de la desigualdad. En general, y pese a que el país siguió con una elevada dependencia de la economía extractiva, logró en parte cambiar la matriz productiva nacional, con la incorporación de nuevos sectores productivos a las dinámicas de desarrollo. 

Regreso a los noventa. 

Ungido con los votos y los resultados de Rafael Correa, en 2017 llega a la presidencia Lenin Moreno, quien, una vez puesto en la silla presidencial, le voltea la espalda y hace que el país retorne a las fallidas políticas de los años 90. Por el mismo camino siguió Guillermo Lasso, quien sucede a Moreno en 2021 y que, sin terminar su periodo de gobierno, se vio obligado a dimitir en 2023. 

Los nuevos gobiernos retoman las políticas de reducción del gasto público, con las que se castiga especialmente a las políticas sociales. Se promueve la privatización, la liberalización comercial y la flexibilización laboral que deteriora los sistemas de contratación y la calidad del empleo. Asimismo, se vuelve al recorte de impuestos a los grandes capitales, lo que no solo afecta la disponibilidad de recursos del Estado, sino que significa un retroceso frente la idea de avanzar hacia mayores condiciones progresividad en los sistemas de tributación.

Las llamadas políticas de austeridad llevaron a la supresión de ministerios o a algunas de sus dependencias, lo que redujo significativamente la capacidad de funcionamiento del Estado y cuyos efectos se están pagando hoy con creces. Se destaca, por ejemplo, la eliminación del Ministerio de Justicia en 2018, creado durante el Gobierno de Correa, que tenía a su cargo el manejo del sistema penitenciario, hoy en manos de la delincuencia organizada. Lo que se hizo fue relajar los sistemas de control e inteligencia y, aunado a la corrupción, reducir la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana, flagelo que hoy más resienten los ciudadanos ecuatorianos y que de paso logra eclipsar los verdaderos problemas que están en la base de la situación de violencia que vive el país.  

La anterior es una situación que se presenta en el marco de un serio deterioro de los indicadores económicos y sociales. A diciembre de 2023, por nivel de ingresos, el 26 % de los ecuatorianos estaba en situación de pobreza y el 9.8 % en pobreza extrema, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La situación es más grave en las zonas rurales, donde, también por ingresos, para la misma fecha, el 42.2 % de su población vivía en la pobreza y el 23.7 % en pobreza extrema. En uno y otro caso las cifras son superiores a las registradas en 2022. Cerca de cinco millones de personas en Ecuador viven con menos de tres dólares al día, en una situación donde, a enero de 2024, el 54.6 % de los trabajadores se ocupa en la economía informal. 

De manera simultánea, el índice de criminalidad ha crecido inusitadamente. Se pasó de una tasa de 5.84 a 47 homicidios por cien mil habitantes entre 2018 y 2023. Mientras que en 2018 se presentaron 994 homicidios, en 2023 fueron 8008, un promedio de 21 muertes diarias a manos de bandas criminales de distintas nacionalidades, en especial colombianas y mexicanas, que se disputan el comercio de drogas y el control de delitos como la extorsión, la vacuna, el boleteo y el secuestro, dirigidos, como ya se ha dicho, desde los propios centros carcelarios y que han convertido a los jóvenes sin oportunidades en carne de cañón de quienes son los verdaderos protagonistas en la sombra. 

No hay duda de que el enorme conjunto de problemas que vive hoy Ecuador se ha gestado en medio del deterioro moral y el derrumbe de valores. El enorme peso de la delincuencia, que ejerce soberanía en gran parte del territorio y controla las rentas ilegales, con los delitos a ello asociados, configuran una especie de economía política del crimen, en tanto lo que se aprecia es un Estado de derecho prácticamente ausente y una dirigencia sustituida en sus funciones, quebrada en su legitimidad y muy lejos de poder reclamar su hegemonía. 

Medidas de excepción no soluciones 

Las medidas de excepción y la militarización, tan frecuentes como ineficientes, se han convertido en el punto nodal de la nueva política de seguridad. Estas en lo único que son efectivas es en que llevan a un retroceso de los valores y la institucionalidad democrática, reducen los cánones de civilidad e inducen a los ciudadanos a respaldar salidas autoritarias. Solo reafirman los soportes de un establecimiento al que lo que menos le interesa son sus posibilidades de vida y que aspira a seguir viviendo a costa de la negación de los derechos y libertades. 

En ese plano cruzado y complejo de factores lo que se necesita, en primer lugar, es corregir las enormes inequidades y resolver los problemas de exclusión y de pobreza que sirven de alimento al crecimiento de los fenómenos delincuenciales. Esto no es posible si no se replantean políticas sobre las que ya existen evidencias de sus recurrentes fracasos, pero frente a los que las inercias y el hálito conservador de las dirigencias inhibe la posibilidad de los cambios.

Se precisa también de un Estado capaz de proveer el bienestar social, aumentar la provisión de bienes y servicios públicos y cuya operación esté en cabeza de funcionarios orientados por la transparencia y por claros principios éticos. 

En el plano internacional es imperativo que se reconozca el fracaso de la política prohibicionista frente a las drogas liderada por los EE. UU. Como ya se anotó, es un factor que hace parte de la sintomatología y las manifestaciones de la crisis, sobre todo por lo que refiere a la reconfiguración del mapa del narcotráfico. En ese sentido, un diálogo franco y abierto con los países latinoamericanos, que sin ser los principales consumidores son los que siguen poniendo la mayoría de las víctimas, está a la orden del día. Hay que aceptar que, aun sin proponérselo, la transnacionalización del crimen puede ser también el producto de una transnacionalización de las políticas.

Un Estado que se reconozca por su sensatez, políticas que apunten al bienestar y a la seguridad humana, y acuerdos internacionales frente al crimen organizado que prioricen los intereses y necesidades reales de los ciudadanos latinoamericanos, es lo que se pide para Ecuador; una nación que cuenta con todas las posibilidades de superar su crisis, al igual que Colombia y otros países de la región que padecen las mismas angustias. 

*Economista-Magister en estudios políticos

Gan Gan y Gan Gon

 “Ellos solo son dos chicos pilluelos”

Canción de Richie Ray y Bobby Cruz. 

Orlando Ortiz Medina*

Es muy probable que cuando en la universidad fueron compañeros de pupitre eran también los malos del curso; aquellos cuya pobreza a la hora de rendir conocimientos frente a sus profesores y demás condiscípulos se disimula siendo los más sapos y sentándose en las primeras filas. Seguramente eran también de aquellos saboteadores, expertos en hacerle bullying a sus compañeros, robarles las tareas y sentirse los mejores conquistadores del pasillo. 

El ser amigos de picardías en sus años de adolescencia y haberse convertido en hábiles trepadores con sobrada astucia para moverse dentro de los laberintos del poder, le permitió a uno llegar a ser presidente y al otro, gracias a su incondicional camaradería, fiscal general de la nación. Hoy, aunque un tanto a destiempo, los dos pasan a la historia como los funcionarios de peor desempeño en sus cargos, batiendo récords que jamás alguien pensó que pudieran superarse. 

Francisco Barbosa, quién lo creyera, superó con creces en abusos y fechorías a su inmediato antecesor, Néstor Humberto Martínez, bajo cuya gestión hubo hasta muertos con cianuro. 

Iván Duque, ese fue el logro más destacado de su Gobierno, le arrebató el galardón al expresidente Andrés Pastrana, quién con total falta de vergüenza y autoridad moral vocifera sobre los males del país, de los que él es en buena medida responsable. Francisco Barbosa, quién lo creyera, superó con creces en abusos y fechorías a su inmediato antecesor, Néstor Humberto Martínez, bajo cuya gestión hubo hasta muertos con cianuro. 

Duque fue un don nadie que pasó sin pena ni gloria por la presidencia de la República, de la que hizo un paseo, corto para él y largo para el país que tuvo que soportarlo. Jamás dejó entrever talla alguna de mandatario, aunque sí de mandadero, abyecto como se mantuvo al jefe de su partido y a la cáfila autoritaria y delincuencial que lo circunda. Debe, eso sí, reconocerse que nunca ocultó su ineptitud y mediocridad, pues fue siempre claro en hacerlas públicas. Al César lo que es del César…

Pero que haya pasado sin pena ni gloria no quiere decir que no haya hecho daño. Lo hizo y mucho. Hubo un doloroso reversazo en el proceso de paz, que alentó de nuevo el crecimiento de la violencia, ya en gran parte reducido luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Durante su desgobierno se produjo el peor estallido social que se haya visto en las últimas décadas en Colombia, al que trató con la más virulenta represión, dejando decenas de jóvenes muertos y con mutilaciones oculares. Dejó asimismo una economía lastrada, con altísimas cifras de desempleo, inflación e informalidad, además de un déficit fiscal y comercial elevado y un enorme endeudamiento externo, cuyas consecuencias estaremos todavía varios años pagando.

Algo es algo, aunque sí produce un poco de vergüenza saber que se requiera tan poco para llegar a ser presidente de un país tan complicado como Colombia.

De las relaciones de Colombia con el entorno internacional mejor ni hablar. Eso sí, el mundo se enteró de que por lo menos se había leído el cuento de Blancanieves y los siete enanitos, que sabe hacer piruetas con el balón y que, también mediocremente, se atreve a rascar la guitarra. Algo es algo, aunque sí produce un poco de vergüenza saber que se requiera tan poco para llegar a ser presidente de un país tan complicado como Colombia. En efecto, no aprendimos con Pastrana.

Decíamos que dejó a su compañero de grado en la Fiscalía General de la Nación. Lo ternó, lo impuso y le dio instrucciones de cómo actuar y comportarse para evitar que el órgano rector de la justicia cumpliera las funciones para las que fue creado, sobre todo cuando se tratara de acusaciones contra los más cercanos amigos de su Gobierno, en especial de quien desde las pesebreras de sus fincas le manejaba los hilos, inquieto como vive por la cantidad de delitos en los que de vieja data ha venido siendo implicado. 

El amiguis del presidente no fungió nunca como el verdadero responsable de las tareas y responsabilidades adscritas a su cargo, sino como el vocero de intereses personales y partidistas al servicio de quienes ahora o en el pasado utilizaron sus cargos para la comisión de delitos. Es decir, fue puesto en el cargo no para aplicar justicia sino precisamente para evitar que se aplicara.

Barbosa llevó a grados bajo cero la majestad y el grado de confianza en el sistema de aplicación de justicia

Su gestión la dedicó antes que nada a absolver a los más cercanos miembros de su cohorte. Casos como el de la llamada “ñeñepolítica”, por ejemplo, referido al presunto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Duque, terminó finalmente archivado sin mayores explicaciones. Otro ejemplo, tal vez de los más ilustrativos, es el del expresidente Alvaro Uribe, investigado por los delitos de soborno y manipulación de testigos, que ha estado atravesado por todo tipo de maniobras dilatorias con las que se espera que precluya por vencimiento de términos, pese a que hay un suficiente acervo de pruebas que obligarían a que fuera llevado a juicio.

Hay muchos ejemplos más que lo único muestran es que, en el periplo de Barbosa por la fiscalía, la nota común fue hacer mutis por el foro y caso omiso en los resultados de las investigaciones, a menos que se tratara de aquellos a quienes el fiscal y los miembros de su cofradía consideraban enemigos políticos, por lo que había que desmembrarlos en los medios o en los estrados judiciales, groseramente manipulados por ellos. Fue, además, un hábil manipulador de cifras, gracias a su pericia y la de sus subalternos para acomodar a su antojo los algoritmos y obtener resultados tan inflados y artificiales como su ego. 

 El colmo de los colmos fue utilizar parte de su extenso número de escoltas para que fueran a su casa a sacarle a orinar los perros.

Es ello lo que explica que la entidad haya llegado al punto más bajo y de peor calidad en su desempeño. Si Iván Duque dejó el país al garete, Barbosa llevó a grados bajo cero la majestad y el grado de confianza en el sistema de aplicación de justicia. Inmenso daño el que se le ha hecho al país, que tanto le costará volver a recuperarse, máxime cuando hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no ha hecho el nombramiento de su reemplazo y está previsto que, temporalmente y no sabemos hasta cuando, lo suceda en el cargo la vicefiscal Martha Mancera, segura continuadora de la estirpe barbosiana e igualmente objeto de delicadas y tenebrosas acusaciones.

Mancera, de acuerdo con investigaciones de prensa, está acusada de favorecer a grupos delincuenciales en el puerto de Buenaventura, y no va a ser ella quien voltee la escopeta para hacerse el harakiri, cuando seguirá teniendo, como el ahora su exjefe, toda la nómina bajo su control. Si algo faltara, la sucederá en el cargo de vicefiscal otro hórrido personaje, el actual coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes, de sobra conocido por su baja estofa moral e intelectual y su sobrada diligencia cuando se trata de decretar la absolución o prescripción de casos de aquellos a quienes, por su inconmensurable poder, le manejan los dedos a la hora de digitar las cuartillas en las que proclamará sus dictámenes.  

El aliado de copialina de Duque en la universidad sí que se destacó por el abuso en el desempeño de sus funciones y la utilización de bienes y funcionarios de la entidad para sus necesidades personales. El colmo de los colmos fue utilizar parte de su extenso número de escoltas para que fueran a su casa a sacarle a orinar los perros; enviaba personas del servicio adscritas a la fiscalía para que realizaran funciones de empleadas del servicio doméstico en su hogar, y utilizó para su disfrute personal y de sus amigos y familiares el avión de la entidad, incluidos días de descanso, dominicales y festivos. 

Alcanzado el triunfo de Gustavo Petro, primer presidente de Colombia que llega al poder desde la otra orilla del establecimiento, sumó bríos para convertirse en el principal agitador de la oposición.

Eso no fue todo. Alcanzado el triunfo de Gustavo Petro, primer presidente de Colombia que llega al poder desde la otra orilla del establecimiento, sumó bríos para convertirse en el principal agitador de la oposición e iniciar, sin decoro, vergüenza alguna o respeto por la majestad de su cargo, su campaña a la Presidencia de la República. Es una mácula más que puso sobre la institución, con la venia silenciosa de las cortes o de cualquier otro de los órganos de control, que nunca tuvieron a bien llamarle la atención. 

Si con su amigo de lonchera Barbosa fue el más abyecto y genuflexo, con el presidente Gustavo Petro decidió convertirse en su piedra en el zapato, aprovechando cualquier tribuna para venirse lanza en ristre contra sus ideas o propuestas de Gobierno. Se tornó de pronto en el más aguzado investigador, en el prohombre de la moral y el principal defensor y escudero de las mismas instituciones que otrora deshonró con sus acciones impúdicas y sus omisiones, abusos e impertinencias. Nada más grave le puede ocurrir a un país que su administración de justicia se politice y se utilice para perseguir a quienes se consideren enemigos o contradictores, al tiempo que para proteger a quienes sean los miembros o aliados de su séquito. 

El más encumbrado narcisista que haya ocupado un cargo público en toda la historia de Colombia, y ha habido muchos, dejó la sal regada en el piso, no solo de la fiscalía, sino de prácticamente toda la geografía nacional; pues en el mismo saco están la procuraduría, la contraloría y la Defensoría del Pueblo; una muestra fehaciente de la ruptura del equilibrio de poderes, cuyo telón de fondo es en realidad la enseña indeleble de la quiebra ética que gracias a este tipo de funcionarios tienen en vilo nuestra continuidad y estabilidad como nación.  

En mala hora los profesores no notaron o se hicieron los de la vista gorda cuando el par de angelitos desaplicados capaban las clases de ética, si es que ella existió alguna vez en la universidad Sergio Arboleda, de cuyos funcionarios también hemos tenido noticias no precisamente buenas. 

Para aprender lo que no se debe hacer, Gan Gan y Gan Gon nos dejan sus memorias impresas en varios tomos de pasta dura y edición de lujo. Habrá que ver si hay alguien que se atreva a consumir sus pestañas leyendo las epopeyas de estos dos enormes gladiadores de la más baja estirpe de la cultura nacional.

*Economista-Magister en Estudios políticos