Tenemos, por decir lo menos, un presidente de mentiras y un país expuesto a una enorme capacidad de daño.
Orlando Ortiz Medina*
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| Foto: Cedar News |
Mocasines, camisa, corbata o pistola son, indistintamente, una representación de su arrogancia; un dispositivo que adiciona a su vanidad; una puesta en escena para llenar sus vacíos, suplir sus caprichos y lucir sus necedades. Lo que definitivamente no reflejan sus atuendos y excéntricos comportamientos es grandeza de estadista, que es lo que pretende simular. Tenemos, por decir lo menos, un presidente de mentiras y un país expuesto a una enorme capacidad de daño.
El continuo giro alrededor del enclave narcisista que lo domina le impide entrar en contacto con la tumultuosa realidad que lo circunda. Su gobierno se mueve al calor de la necesidad de abonar el culto de su imagen, refrendar su poder, henchir su ego y convenir aplausos. No importa que se le vea lejos de contar con el conocimiento, la experiencia, seriedad y responsabilidad que se demanda para afrontar los problemas de un país de tan pesada complejidad como Colombia.
Para De la Espriella, gobernar es darse palmaditas en el hombro y no tener otra interlocución que la que guarda con su espejo, carcelero de su imagen. Es a él al único que consulta para descubrirse una y otra vez en las que, cree, son sus hazañas. Lástima, como dice el poeta Juan Manuel Roca, que los espejos no reflexionan antes de devolvernos su imagen (deberían hacerlo), pues no siempre son sinceros .
Si en campaña fue desde religioso hasta animador de piñatas, como gobernante luce un disfraz para cada ocasión, confeccionado a la medida del vendedor de ilusiones con que se hizo al cargo. Es impulsivo, imprudente, con ínfulas dictatoriales y sin la gala de quien tiene la tarea de representar a una nación, a la que está ahogando en sus insolencias.
El desvergonzado gesto de huir —a oscuras y a hurtadillas, como roedor culpable— del recinto en que se realizaba su posesión como presidente fue un anuncio de lo que iba a ser su mandato. Su aparición, minutos después, a través de una pantalla en una guarnición militar dejó claro que iba a gobernar al ritmo de sus caprichos y del brillo de las pistolas, pasándose por encima de los límites que la Constitución le impone. Ignoró, además, el decoro y los principios y valores a los que está obligado como persona y como gobernante, cuando dejó abandonado al pleno del Congreso y a la nómina de invitados nacionales e internacionales que asistían al evento. Reafirmó, de paso, la impronta militarista que ronronea en los oídos de quienes han sido los amos del poder en Colombia.
Con Abelardo de la Espriella la democracia está en riesgo. Más rápido de lo que hubiéramos podido imaginar, avanza el cierre de los espacios participativos y se advierte una peligrosa demolición de las instituciones. Frente al Congreso, las Cortes, los jueces de la república, los medios de comunicación y los llamados de la oposición se muestra ajeno y no exhibe más que su odiosa y grosera personalidad. Es un patán que se viste de lujo, pero transpira humor de ropa humedecida en vertederos.
Su gobierno se mueve al calor de la necesidad de abonar el culto de su imagen, refrendar su poder, henchir su ego y convenir aplausos.
Exalta constantemente una azarosa simbología de violencia, bajo premisas basadas, entre otras, en el fundamentalismo religioso, que utiliza a sabiendas del peligroso contenido que inoculan; especialmente en Colombia, en donde en otros tiempos, al grito de «¡Viva Cristo rey!», los púlpitos y las sotanas de un clero retardatario aplaudió e hizo eco de quienes mochaban cabezas, desocupaban a cuchilladas los vientres de mujeres embarazadas y cortaban lenguas por ser coloradas y no azules. De ello bien podría hablarnos algún miembro de su gabinete, su secretario en la presidencia o su ficha en el Congreso, todos de la genealogía de un llamado «Monstruo» que gobernó a principios de los años cincuenta del siglo pasado. Omito su nombre porque solo nombrarlo causa miedo.
Su gabinete no está compuesto propiamente por personas expertas en lo que requieren los cargos. Cada ministro, ministra o cualquier miembro de su equipo es, antes que nada, parte de la insufrible carga ideológica que aureola su gobierno, fundada en el conservadurismo extremo, el fanatismo religioso —al que se convirtió para llegar a ser presidente— y la orientación ultraderechista que quiere imponer a toda costa como parte de lo que denomina la batalla cultural.
Dentro de esa catadura fundamentalista quedaron inscritos los Ministerios de Educación, de Cultura, la Cancillería, el Ministerio de Vivienda, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto Caro y Cuervo, que son parte de los que ahora fungen como altares de la llamada patria milagro, por donde desfilan sheriffs y camanduleros a los que se les ha encomendado la misión de refundar el lenguaje y construir un nuevo diccionario, a tono con un discurso que desconoce la realidad de un país diverso, así como los derechos de grupos y sectores de población que han puesto sangre y vidas en su tarea de conquistarlos.
Orígenes, historias de vida, conceptos, creencias, raíces, pertenencias culturales, géneros, identidades, orientaciones sexuales, libertades sobre el cuerpo y la reproducción, así como manifestaciones artísticas y culturales en el campo de las letras, el teatro, la danza, la música, la pintura, etc., pretenden ser anegados en el marco de una arenga unanimista y canónica que quiere imponer la mediocre y atrasada burocracia que ha hecho al control de las instituciones.
Es penosa la situación en que se encuentra postrado el país: amenazas, persecuciones, hostigamiento, actuaciones deshumanizantes que degradan el ejercicio de gobierno y que a lo único que llaman es a la reafirmación de la violencia como única razón de la existencia del Estado y único camino para la solución de los problemas. En un país como Colombia, en donde la violencia, el crimen y el poder de las mafias ha sido un medio expedito de ascenso y representación, un personaje de la estirpe y el pasado de Abelardo de la Espriella no es propiamente abono para la democracia.
Se requiere un presidente que actúe conforme a derecho y sea respetuoso de los límites que fijan los marcos institucionales, así como los valores y principios que imponen la ética y el sentido de humanidad en el ejercicio del poder. Los caprichos, la arrogancia o el deseo de venganza del mandatario no pueden llevar a la ciudadanía a un estado permanente de miedo y de zozobra. No es válido exaltar una obra de gobierno que se mida, y de la que se ufanen, por la celebración de la muerte. En la guerra, vencedores, vencidos y hasta el más saciado en su sed de triunfo son víctimas; nadie gana; ni los muertos ni la sangre son, para ningún país, brillo que enaltezca.
No se trata de hacer de la guerra un juego ni de que el presidente se muestre como Rambo o el protagonista de una película de vaqueros. Se trata, sí, de dar cuerpo a una política de seguridad, que en efecto se requiere, pero como parte de un conjunto más amplio de políticas basadas en una adecuada lectura de contexto y con la capacidad de dar respuesta a los factores que dan lugar a la generación de violencia, asociados en su mayoría a causas estructurales.
La seguridad no es el realce -más bien el morbo- de una estética de la guerra que para los ciudadanos significa inestabilidad física, emocional, social, incluso política, independiente de que en ella se recree el presidente. Es también la solución de la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la garantía de los derechos, la superación de las deficiencias y las inequidades regionales. Es decir, es la conjunción con una agenda social, cuánto mejor si está basada en el diálogo, la participación ciudadana y la formación de consensos.
Capturar, dar de baja o extraditar un delincuente no son nada novedoso ni significan mayores proezas; son golpes de rutina que realmente no logran debilitar el poder ni las estructuras de sus organizaciones. Cientos o miles de delincuentes a lo largo de décadas han sido dados de baja o extraditados, pero luego se reproducen como reflejo de unas políticas que, pese a rebasar varios gobiernos, han resultado inútiles. Es una clara muestra del fracaso de quienes, en Colombia y más allá, persisten en su tozudez o se hacen los de la vista gorda, porque se arriesgarían a perder si de verdad tomaran el toro por los cuernos. Nada agrega que contemos con un presidente pantallero y armado de pistola.
Mientras tanto, el país se mantiene a la espera de la propuesta con que se iba a enfrentar la problemática de la salud y a la presentación de un presupuesto de austeridad para corregir el déficit fiscal, reducir el endeudamiento y asegurar los gastos de funcionamiento e inversión del Estado. Con apenas dos meses de avance del gobierno ya sabemos que eso no va a ser y que todo era parte de la demagógica estrategia de campaña.
No es válido exaltar una obra de gobierno que se mida, y de la que se ufanen, por la celebración de la muerte.
El presupuesto presentado no solo no disminuyó, sino que se incrementó en sesenta billones. Tampoco se reduce, como se había prometido, el tamaño del Estado, puesto que aumentarán los gastos en burocracia. También se han anunciado crecidos montos de endeudamiento que castigarán el bolsillo de todos los colombianos. Eso sí, se recortarán los recursos dirigidos al componente social del gasto: salud, educación, cultura, agricultura y el Departamento de Prosperidad social, mientras se aumentan los rubros destinados a los ministerios de Hacienda y de Defensa. Se recortan los gastos de inversión del Estado y se calcula que, antes que disminuir, el déficit fiscal llegará al 9,4 % del PIB (alrededor de tres puntos más que el valor actual) y la deuda llegará a un 66 %, significativamente superior al saldo heredado del anterior Gobierno.
Si en su interior la patria milagro es un mar de angustias e incertidumbre, hacia el mundo es solo una parcela endosada a la agenda de Estados Unidos y el libreto de su lunático gobernante, al que el presidente de Colombia le copia o le copia so pena de ser reprendido —por qué no aprehendido— si llegare a hacer caso omiso a sus dictados.
Por eso Medellín es la sede del Escudo de las Américas, una iniciativa política y militar para cuidarle, no solo la espalda, sino las bases militares, los recursos naturales y todo lo que en América Latina esté incluido en el saco de las ambiciones del mandatario gringo. Por eso también se le dio un lugar secundario a la atención de las secuelas del terremoto, al ocuparse primero de firmar un acuerdo que autoriza la realización de operaciones militares entre los dos países, pasándose por la faja la debida autorización del Congreso de la República. Se restablecieron las relaciones diplomáticas con Israel, al que se reconoció su soberanía en los Altos del Golán y se autorizó el traslado de la embajada de Colombia a Jerusalén. Se retiró la demanda que cursa contra ese país en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), se reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y se ha puesto en cuestión la participación de Colombia en organismos como la ONU, la misma CIJ y otros escenarios internacionales.
El milagro va a ser que nos quede patria mientras jugamos a ser parias en la arena internacional y mantenemos la penosa humillación a que está sometido Abelardo de la Espriella, tramitando deportaciones, amenazando con o solicitando quitar visas a críticos u opositores, incluyendo a comunicadores, líderes, mandatarios regionales o jueces de la república que pongan en cuestión sus autoritarias decisiones y actitudes.
Además, anticipándose a lo que se puede venir, está en curso una propuesta de reglamentación de la protesta social que recuerda la Ley de los Caballos de 1888, el Estado de Sitio que se respaldaba en el artículo 121 de la Constitución de 1886 y, a su amparo, el tenebroso Estatuto de Seguridad del Gobierno de Julio César Turbay Ayala, a finales de la década de los setenta del siglo pasado. Sabemos lo que estas medidas significaron en materia de represión de la movilización ciudadana y de cualquier asomo de manifestación en contra de las iniciativas del gobierno.
Se le teme a que, de seguir como vamos, Colombia se está convirtiendo en un peligroso barril de pólvora que, más temprano que tarde, podría conducir a un nuevo estallido social con consecuencias que, si se acude a la sensatez, pudieran evitarse.
*Economista-Magister en estudios políticos
