Los colombianos apreciamos hoy una mayor tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo. Nada que sorprenda. Es parte del escenario que se configura a partir de 2022 con la llegada a la presidencia de un personaje cuyo origen social y fundamentos ideológicos y programáticos son sustancialmente distintos a los de quienes históricamente han sido mayoría en el Congreso de la República.
La tradición es que la relación entre estos dos poderes esté mediada por el cruce de favores, el trámite de intereses, las lealtades personales y las diferentes formas como los dispositivos de clientela han cooptado la funcionalidad del Estado. Para decirlo sin eufemismos, lo normal ha sido que el Congreso sea del bolsillo del presidente, o viceversa. No hay tal de un sistema de pesos y contrapesos que opere como corresponde a un orden genuinamente democrático.
De manera que lo que actualmente ocurre está más allá de un asunto puramente coyuntural, el telón de fondo sigue siendo la renuencia de los dueños del establecimiento a que en el país se emprendan las reformas que históricamente han sido aplazadas. Es un hecho que con este nuevo gobierno la agenda de debate es diferente y que al Congreso le toca dedicar menos tiempo a aprobar decretos para conceder la Cruz de Boyacá, rendir honores o inaugurar estatuas; debe, en cambio, acoger la discusión de propuestas en cuya médula estaría la solución de muchos de los grandes problemas que el país padece, algunos de los cuales sirven como alimento de la violencia.
Colombia sigue siendo el tercer país más desigual del mundo y el primero de América Latina, está entre los que tienen mayores índices de violencia y mantiene una tasa de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema de 33 % y 11,4 %, respectivamente, con índices significativamente superiores en la zona rural. Solo una de cada cuatro personas se pensiona, la informalidad a nivel nacional se mantiene alrededor del 56 % (83% en las zonas rurales) y corresponde a personas cuya precariedad laboral es latente, con muy bajas tasas de remuneración y ausencia casi que total de estabilidad y garantías laborales
Vale recordar que Colombia sigue siendo el tercer país más desigual del mundo y el primero de América Latina, está entre los que tienen mayores índices de violencia y mantiene una tasa de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema de 33 % y 11,4 %, respectivamente, con índices significativamente superiores en la zona rural. Solo una de cada cuatro personas se pensiona, la informalidad a nivel nacional se mantiene alrededor del 56% (83% en las zonas rurales) y corresponde a personas cuya precariedad laboral es latente, con muy bajas tasas de remuneración y ausencia casi que total de estabilidad y garantías laborales.
El esquema de tributación es altamente regresivo -pagan menos impuestos los que más riqueza tienen-, cada vez menos personas tienen posibilidad de acceso a la educación, sobre todo en el nivel superior, tanto por el descuido en que se ha dejado a las universidades públicas, como porque debido a la pobreza en sus hogares los jóvenes se ven obligados a vincularse más temprano a la vida laboral, cuando es que lo logran.
Pese a que estadísticamente se registra una cobertura satisfactoria de atención en salud, 99,6 %, la prestación del servicio es altamente deficiente para el otorgamiento de citas, la atención de enfermedades terminales o de alto riesgo, la entrega de medicamentos y la disponibilidad de infraestructura y personal especializado, también con una brecha significativa en contra de las personas del campo.
La concentración de la propiedad de la tierra, que ha estado en la base del conflicto social y armado, es la más elevada de América Latina: el 1 % de las fincas de mayor tamaño ocupa el 81 % de la tierra, mientras el 19 % restante se reparte entre el 99 % de las fincas. En lo que a propiedad se refiere, el 10% de los propietarios de las fincas más grandes poseen el 80,57 % del área rural.
La concentración de la propiedad de la tierra, que ha estado en la base del conflicto social y armado, es la más elevada de América Latina: el 1 % de las fincas de mayor tamaño ocupa el 81 % de la tierra, mientras el 19 % restante se reparte entre el 99 % de las fincas. En lo que a propiedad se refiere, el 10% de los propietarios de las fincas más grandes poseen el 80.57 % del área rural.
Todo este conjunto de situaciones sería evitable, o al menos en parte se podría corregir, si existieran condiciones de distribución más equitativas y que impidan seguir sosteniendo el régimen de privilegios del que gozan ciertos grupos sociales. Que así fuera es una tarea que le corresponde al Congreso de la República, a lo que, ya se dijo, históricamente se ha negado, debido a que quienes han estado sentados en la curules no representan propiamente a quienes más padecen las consecuencias.
El asunto es que, de llevarse a cabo, las reformas afectarían intereses muy potentes de los grupos económicos: los grandes propietarios de la tierra, los dueños de las empresas que tienen el control de la salud a través de las EPS, los propietarios de los fondos privados de pensión y los gremios económicos, que consideran un prejuicio y una afrenta a la economía permitir que los trabajadores cuenten con un modelo prestacional y de garantías laborales más justo y equitativo.
Lo cierto es que estamos frente a un Congreso y unas élites que parecen no haberse dado cuenta de que actúan en contravía de un país que está cambiando y que su tozudez y conservadurismo más temprano que tarde les puede pasar una costosa cuenta de cobro. La comodidad de quienes han vivido a la sombra del bipartidismo y sus derivaciones posteriores está bastante diluida; lo que queda se mantiene solo gracias a sus estructuras clientelares, sus redes de lobby y corrupción y los anclajes locales y regionales que aún guardan con los vicarios de la vieja política.
Un nuevo sistema de representaciones, basado sobre todo en principios identitarios y con especificidades en sus necesidades y demandas ha tomado auge; la conciencia sobre los problemas sociales y la manera de tramitarlos ha ido encontrando cauces diferentes.
Un nuevo sistema de representaciones, basado sobre todo en principios identitarios y con especificidades en sus necesidades y demandas ha tomado auge; la conciencia sobre los problemas sociales y la manera de tramitarlos ha ido encontrando cauces diferentes. La ciudadanía asume hoy mayores grados de libertad y copa nuevos espacios de manifestación en el escenario público y político, acudiendo a otros mecanismos de participación que en parte reflejan la desconfianza en las instituciones y el declive de quienes hasta ahora se venían considerando sus líderes naturales. Es latente la crisis de una dirigencia que, así mantenga su mayoría en el Congreso, se ve amenazada por la emergencia de estas nuevas formas de expresión y movilización social.
Es poco inteligente que, en vez de promover o por lo menos afrontar las iniciativas de cambio, se apueste por el fracaso de quien se atreve a proponerlas, huyéndole al discernimiento y saliéndose con jugaditas de los lugares y las reglas del juego democrático. Se prefiere, por el contrario, acudir al uso de un poderoso aparato mediático desde el que se manipula, se falsea, se desprestigia y se encubren las situaciones críticas, con el único propósito de que las cosas se mantengan como están, parados sobre estructuras institucionales y constitucionales en cuya inercia se soportan los defensores de una situación que social y políticamente es cada vez más insostenible.
la inclusión en las decisiones de política y los destinos de la nación de quienes son sus inmediatos afectados o beneficiarios sería una manera de contribuir a la formación de valores democráticos
Mientras el Congreso se mantenga como una instancia instrumentalizada al servicio de intereses gremiales y corporativos y se le siga huyendo a los recursos de la democracia participativa, continuarán aumentando los factores de desestabilización que nos ponen en riesgo como sociedad y como país. Se requiere por ello y con urgencia acometer las transformaciones institucionales, orientadas a corregir un sistema que, pese a que está atravesado por un complejo cúmulo de anomalías y disparidades, se sigue llamando democrático.
Sería de paso una manera de avanzar hacia una nueva cultura política -tarea bastante rezagada en Colombia-, en tanto la inclusión en las decisiones de la política y los destinos de la nación de quienes son sus inmediatos afectados sería una manera de contribuir a la formación de valores democráticos, además de la mejor respuesta frente a las prácticas de quienes apenas a su amaño y mezquindad han disfrutado
hasta ahora del control del poder.
Hay que aceptar que los cambios sobre los que ha insistido este Gobierno están en la médula de lo que es el Estado Social de Derecho, puesto en cuestión, bien por el recorte a derechos mediante reformas y en Gobiernos anteriores, o bien porque sencillamente jamás han tenido vigencia. Es al respecto que cobra sentido el debate sobre la reforma laboral, a la salud y al régimen de pensiones, que agitan el panorama político y que, ante la negativa del Congreso, ha llevado al Presidente a convocar una consulta ciudadana que va a ser decisiva en el acontecer político que se vislumbra hacia las elecciones de Congreso y presidencia de 2026.
Hoy más que nunca, el ejercicio de la democracia directa adquiere mayor significación, en tanto amplia el espectro de la participación y el debate público, en donde se espera que el verdadero protagonista sea, como siempre ha debido ser, el pueblo como constituyente primario y titular soberano de la democracia.
La consigna es clara, o cambia el estado de cosas o el estado de cosas nos cambia.
*Economista-Magister en estudios políticos
