¿Le vamos a besar el culo a Trump?

 

Orlando Ortiz Medina*

Se requiere un nuevo orden internacional que supere la obsolescencia del que actualmente no es más que una simple formalidad y para el presidente gringo un rollo más de papel higiénico.

Foto: Euronews.com

“Me están besando el culo”, dijo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, refiriéndose a los setenta representantes de países que, según él, lo han visitado o llamado para que reconsidere sus medidas arancelarias.

La frase es digna de su estirpe de matón de esquina, del tunante barriobajero que se ufana de estar creando miedo, porque, más allá de los Estados Unidos, para él el mundo es eso, el barrio bajo del que está convencido que puede y va a poner a sus pies, que es lo que en sus delirios imperiales significa “hacer grande a América otra vez”. 

Y es que, si el presidente de la primera potencia mundial es alguien de la estofa del señor Trump -qué vergüenza- es porque, en efecto, la América a la que se refiere (la del Norte porque América es más que los EE. UU.) está siendo muy pequeña; reflejo de una nación que ha perdido valor y reconocimiento y de un pueblo que se muestra en su mayoría carente de honor y de autoestima. No de otra manera se explica que lo hayan elegido pese a haber sido encontrado responsable de 34 delitos, además de ser condenado por abuso sexual. Una ciudadanía que se aprecie y se respete no elige para que la gobierne y represente a un bodrio de ese tamaño. 

En su alebrestado ejercicio de gobierno, sin ningún criterio y rigor técnico, dispuso imponerles aranceles a todos los países, creando un caos que con muy elevadas posibilidades lo puede llevar a que sea él quien tenga que arrodillarse y besarle el culo al presidente chino, su principal rival, que hasta ahora no le ha pestañado de miedo. 

Algo hay de aquello de la mano invisible que mueve los mercados, que sí pudo ver Adam Smith, a la que no se puede sobreponer la mano manchada del fantoche del imperio

No advierte el señor Trump -nadie puede advertir respecto de lo que no sabe- que los mercados, máxime en tiempos de globalización y bajo el dominio de las premisas neoliberales con que han venido funcionando en los últimos cincuenta años, crean sus propias dinámicas, generan sus propias inercias y tienden a institucionalizarse, más allá incluso de la voluntad y las decisiones humanas. Algo hay de aquello de la mano invisible que mueve los mercados, que sí pudo ver Adam Smith, a la que no se puede sobreponer la mano manchada del fantoche del imperio. 

Lo que pasa es que las de Trump no son políticas; las políticas son serias, pensadas, pausadas, analizadas, puestas en contexto, basadas en raciocinios, con evaluaciones previas de impacto y, cuando más, concertadas. No es propiamente eso lo que estamos viendo, pues no hay nada que vaya más allá de su arrogancia, su personalismo y sus pretensiones de ponerse por encima de los acuerdos, las instituciones y los organismos internacionales, en el propósito de reconquistar una hegemonía de la que ya su país no goza frente al resto del mundo.

Frente a lo que en realidad es un chantaje, olvida Trump que ya no son los tiempos en que la unipolaridad, o si acaso la bipolaridad, era la norma; tiempos en los que los demás países estaban siempre prestos a bajarle la cabeza. China, Canadá, México, Dinamarca, cada uno a su medida y dentro de sus posibilidades, en buena hora hoy le están dando una lección para demostrarle que ya no es así. 

Olvida Trump que ya no son los tiempos en que la unipolaridad, o si acaso la bipolaridad, era la norma; tiempos en los que los demás países estaban siempre prestos a bajarle la cabeza.

Por eso amenaza, avanza y recula, aplaza, lanza globos a ver quién, con qué y cómo le responden; juega de manera irresponsable, lo que reafirma su falta de claridad, su improvisación y su ánimo siniestro de poner al mundo en incertidumbre, descontrolar a los inversionistas y crear caos a la espera de un saldo en rojo que en todo caso apueste a su favor.  

Imponer un arancel general del 10% es un sinsentido. Primero, porque no se necesita ser un sabio para considerar que el mundo no es homogéneo y que a todos los países no se les puede medir con un mismo rasero; que cuentan las geografías, las historias, las distancias, los avances tecnológicos, los diferenciales de productividad, las escalas salariales, las estructuras de costos, etc., además de las particularidades de cada una de las miles de posiciones arancelarias que hacen parte del universo del mercado. 

Segundo, porque el argumento de que sus medidas obedecen a que los demás países han venido aprovechándose de su nobleza porque mantienen tasas superavitarias en sus balanzas comerciales con respecto a los EE. UU. no tiene asidero. Si bien en cifras globales su balanza comercial es deficitaria, esta situación no se presenta en todos los casos y no ocurre lo mismo con su balanza de servicios. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, su balanza de bienes es deficitaria, pero no así su balanza de servicios en la que, por el contrario, mantiene superávit. Con América Latina, Estados Unidos tuvo un superávit de 47,300 millones de dólares en 2024, pese a lo cual se le impuso el arancel del 10%;. Con Rusia, en cambio, aunque su balanza comercial es negativa, no le impuso ningún tipo de arancel. Su argumento es entonces falaz y mentiroso. 

La moneda norteamericana sigue siendo la más utilizada en las transacciones internacionales de bienes, es la principal divisa en que se acumulan las reservas internacionales y es también la que predomina en el mercado financiero mundial

Estados Unidos no es solo el simple y débil importador de bienes que hace que el resto del mundo lo abuse, como quiere hacer creer Donal Trump; es, sobre todo, un fuerte exportador de activos, en especial financieros, en los que ha mantenido todo tipo de ventajas que le permiten atraer inversionistas de cualquier lugar del globo: gobiernos, bancos centrales, empresas privadas, que acceden a bonos del Tesoro, acciones o bienes raíces, entre otros, con lo que de paso financia sus importaciones.

Sumado a lo anterior, la moneda norteamericana sigue siendo la más utilizada en las transacciones internacionales de bienes, es la principal divisa en que se acumulan las reservas internacionales y es también la que predomina en el mercado financiero mundial. De manera que no es necesariamente cierto que tener un déficit comercial sea en sí mismo un síntoma negativo del desempeño de una economía. 

Lo que sí es cierto es que el déficit comercial de Estados Unidos se debe a que se ha permitido acceder a productos, intermedios o de consumo final, que le hubieran resultado más costosos de producir en su territorio, dado que los obtiene de países con insumos, costos de transacción y mano de obra más baratos. Esa importación a bajo costo hace que sus empresas sean más competitivas dentro o fuera de sus propios mercados y le reporten al final un beneficio neto a su economía. Adicionalmente, le ayuda a evitar o mitigar brotes inflacionarios y a liberar recursos que orienta a sectores más rentables y estratégicos y en los que posee más ventajas competitivas. No es casual que su economía se haya dirigido a potenciar sectores más intensivos en conocimiento y tecnología: aeroespacial, servicios financieros, salud y tecnologías de la información y la comunicación, principalmente.  

La alocada carrera arancelaria no va a ser suficiente para que Estados Unidos logre un mejor posicionamiento en los mercados internacionales, en tanto no aborda sus problemas reales,

Así es que la alocada carrera arancelaria no va a ser suficiente para que Estados Unidos logre un mejor posicionamiento en los mercados internacionales, en tanto no aborda sus problemas reales, relacionados con su desindustrialización, la sobreespecialización en el mercado financiero y especulativo y su deficiente capacidad productiva y de infraestructura: vías, sistemas de transporte, puertos, que le garanticen soportar una producción industrial a mayor escala. 

Cabe decir que China no depende mayormente de sus exportaciones a los Estados Unidos, su comercio con este país ha disminuido en las últimas décadas, mientras aumenta con la Unión Europea, Rusia, los países asiáticos y, en general, los del sur global. Estados Unidos, en cambio, depende cada vez en mayor proporción de productos de alto valor agregado fabricados en China: maquinaria, productos tecnológicos, farmacéuticos, baterías, productos de energía verde y minerales esenciales son productos que difícilmente las empresas y consumidores estadounidenses podrían sustituir con su producción interna. Los productos que China adquiere de Estados Unidos -especialmente agrícolas y energéticos- son, por el contrario, más fáciles de sustituir mediante compra en otros países.

Los llamados aranceles recíprocos, por su parte, son todavía más antitécnicos, pues los argumentos con que los justifica obedecen a razones que devienen de políticas a las que la administración estadounidense quiere someter a los demás países, como es el caso del tratamiento a la situación migratoria y la lucha contra las drogas, en el que ha tratado de “penalizar” especialmente a México, Canadá y China. Con este último, además, ha desplegado medidas retaliatorias especiales porque le ha respondido con la misma moneda subiéndole también los aranceles a sus productos.  

La vuelta al proteccionismo, el regreso a las industrias nacionales y la recuperación de la producción interna, al menos como las plantea Trump, están fuera de tiempo y descontextualizadas.

Reafirmando que la andanada de Trump no es más que la tozuda intención de reafirmar su poderío y su ánimo expansionista, hay que decir que, en un mundo globalizado, cada vez más interdependiente y en el que los mercados ganan mayor autonomía, decisiones unilaterales y autoritarias son no solo improcedentes sino insostenibles. La vuelta al proteccionismo, el regreso a las industrias nacionales y la recuperación de la producción interna, al menos como las plantea Trump, están fuera de tiempo y descontextualizadas. No estamos en el modelo de expansión y consolidación del capitalismo del siglo XIX o de principios del XX; el mapa y los referentes de poder de la geopolítica mundial son otros y no hay potencia alguna que pueda reclamar su dominio pleno y simultáneo en todos los campos: económico, tecnológico, político o militar. 

Se requiere un nuevo orden internacional que supere la obsolescencia del que actualmente no es más que una simple formalidad y para el presidente gringo un rollo más de papel higiénico. Un orden que no funcione, como hasta ahora, sobre la base de intereses y posiciones dominantes que han hecho del planeta una conjunción de brechas e inequidades, en medio de guerras que cambian sus patrones y se revitalizan contra la posibilidad de una sociedad en la que las formas de organización, los sistemas de producción y los estilos de vida se armonicen en formas de convivencia más justas y más amables con el ser humano y los demás bienes y seres de la naturaleza. 

No es por la vía de las guerras, ni arancelarias ni de ningún tipo, como EE. UU. o cualquier otra nación podrá ahora imponer su supremacía. Mucho menos, y ojalá quienes han estado acostumbrados a hacerlo se abstengan, besando el culo de quien ni siquiera merece una volteada de pelo.

*Economista-Magister en Estudios Políticos 

Ecuador 2025: segunda vuelta, segunda oportunidad para la democracia

Orlando Ortiz Medina*

En medio de un panorama tan difícil, es enorme la responsabilidad de la ciudadanía ecuatoriana frente a la elección de su nuevo (a) mandatario (a). Cualquiera que sea la opción que elija, y ojalá la sensatez y sapiencia la ilumine, esperemos que no sea la aceptación del sacrificio de sus derechos y libertades a cambio de promesas quiméricas de seguridad hasta incumplidas, pero tan en boga en estos tiempos

Foto tomada se InSight Crime

En una de las peores crisis de su historia, Ecuador realiza la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales este 13 de abril. A tono con el ciclo electoral que en los últimos tiempos hemos venido presenciando, una vez más se enfrentan dos posiciones que reflejan la polarización que se vive en el mundo.

Por un lado, quienes se ubican en el extremo liderado por los grupos conservadores y las élites empresariales, negacionistas del Estado y de tendencia claramente autoritaria; por otro, los de izquierda o progresistas, cuya base principal de apoyo son los sectores populares y movimientos sociales de diferentes orígenes, más cercanos al pluralismo, la preservación de la democracia y la defensa del Estado como agente regulador de la economía y garante de los derechos sociales y ciudadanos. 

Al primer grupo pertenece el actual presidente y candidato Daniel Noboa Azin, del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), miembro de la familia más rica del Ecuador, productora y comercializadora de banano. Al segundo, la candidata Luisa González Alcivar, del Movimiento Revolución Ciudadana, ligado a lo que en Ecuador se conoce como el “correísmo”, por el apoyo y liderazgo que mantiene del exiliado expresidente Rafael Correa, quien gobernó entre 2010 y 2017. 

El resultado es difícil de predecir dada la escasa diferencia que hubo entre una y otro en la primera vuelta. Apenas el 0,17 % más, a favor de Daniel Noboa, quien obtuvo el 44.17 % de la votación, sobre el 44 % de González. Fue prácticamente un empate técnico, sin embargo, hipotéticamente con una ventaja para González, teniendo en cuenta que el líder indígena del movimiento Pachakutik Leonidas Iza, quien quedó en tercer lugar con el 5,29 % de los votos, se le ha unido para la segunda vuelta.  

Aunque con los diferentes niveles que existen entre regiones y países, Ecuador padece hoy de los mismos males que aquejan al mundo: deterioro de la actividad económica, elevados índices de inseguridad y violencia, fuertes afectaciones por el cambio climático, emisión y recepción de población migrante y una aguda crisis institucional que han llevado a una profunda inestabilidad política y social y al declive general de las condiciones de vida de su población. 

El tema de mayor preocupación para la ciudadanía ecuatoriana es sin duda el de la seguridad. El país está prácticamente tomado por bandas delincuenciales que se enfrentan por el control de territorios y economías ilegales, especialmente el narcotráfico, en paralelo con delitos como el secuestro, el boleteo y la extorsión

El tema de mayor preocupación para la ciudadanía ecuatoriana es sin duda el de la seguridad. El país está prácticamente tomado por bandas delincuenciales que se enfrentan por el control de territorios y economías ilegales, especialmente el narcotráfico, en paralelo con delitos como el secuestro, el boleteo y la extorsión, que han llevado a generar desplazamientos internos e incluso la salida de sus ciudadanos hacia otros países de la región, de Norteamérica o de Europa.

Después de haber sido considerado uno de los más seguros de América Latina en 2017, al final del Gobierno de Rafael Correa, la tasa de muertes violentas pasó de 5,79 a 38,8 por cada cien mil habitantes en 2024, según InSight Crime. Los más afectados son los (as) jóvenes, a quienes el desempleo y la falta de oportunidades de acceso o permanencia en el sistema educativo los hace más vulnerables y de fácil cooptación por parte de las bandas criminales.

A lo anterior se suman los elevados niveles de corrupción y la violencia ejercida por agentes del Estado, comprometidos en la violación de los derechos humanos, en actuación connivente con grupos delincuenciales que, por demás, han permeado el aparato de justicia, mantienen el control de los centros carcelarios y han sobrepasado su capacidad ofensiva y de intimidación frente a las de las instituciones y la fuerza pública. 

Por su parte, la economía en 2024 estuvo prácticamente en recesión -con tres trimestres consecutivos en decrecimiento- y cerró con una contracción general de 2,5 %, de acuerdo con datos del Banco Mundial. La desaceleración se explica en medidas como el incremento de tres puntos en el IVA y el aumento de los precios de la gasolina, que afectaron los niveles de consumo e inversión, especialmente en los sectores de producción manufacturera y de servicios. A lo anterior se sumó el efecto de los apagones ocasionados por la crisis energética, debida a su vez a la inmensa sequía que se vive en gran parte de su territorio. 

Se mantienen elevados niveles de desempleo e informalidad, esta última por encima del 50 %, además de una caída en el valor real de los ingresos laborales -3 % en 2024- y un indicador de pobreza que asciende al 31,9 %

Sus niveles de endeudamiento han venido en aumento, llegó en 2024 a un 56 % del PIB, con el agravante de que es deuda con obligación de corto plazo, lo que compromete seriamente su estabilidad financiera y fiscal, por la menor disponibilidad de recursos que ello significa para la inversión en otro tipo de actividades, sobre todo las relacionadas con la atención social y de impulso a la dinamización de la economía. Asimismo, se mantienen elevados niveles de desempleo e informalidad, esta última por encima del 50 %, además de una caída en el valor real de los ingresos laborales -3 % en 2024- y un indicador de pobreza que asciende al 31,9 %.  

Este panorama no refleja más que la incompetencia y la falta de efectividad de las políticas del actual presidente y candidato Noboa, que asumió el cargo en noviembre de 2023, así como de quienes lo antecedieron a partir de 2017, Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), sucesores de Correa y con los que desde entonces el país dio el giro a la derecha y a la terrible debacle en que hoy se encuentra.  Hay que recordar que la asunción de Noboa en 2023 fue para terminar el periodo de Guillermo Lasso, quien debido a un juicio político en su contra se vio obligado a disolver la asamblea nacional y a convocar elecciones presidenciales anticipadas, conforme a la figura de “muerte cruzada” que permite la constitución ecuatoriana. 

Pese a su discurso de mano dura, Noboa no ha logrado ser efectivo en el combate a la delincuencia. El modelo de seguridad, basado fundamentalmente en la militarización y respaldado en decretos de estado de excepción, de paso utilizados para la persecución de líderes y la imposición de cercos a la movilización y protesta social, ha ido perdiendo la batalla frente al poder cada vez mayor de las organizaciones delincuenciales. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en enero de este año se registraron 781 homicidios, 276 más que los 505 registrados en 2024 y 247 más que los 534 de 2023, año en el que Ecuador se situó a la cabeza en el índice de muertes violentas de Latinoamérica. 

El enorme peso de la delincuencia es en sí misma el resultado de una crisis ética y moral que sacude las bases del establecimiento, de la falta de liderazgo que ha dejado al desgaire a las instituciones y al Estado de derecho

No habrá lugar a la seguridad si no se implementan estrategias dirigidas a atacar seriamente los problemas estructurales que se acusan, cuya solución ha sido aplazada por los últimos gobiernos. El enorme peso de la delincuencia es en sí misma el resultado de una crisis ética y moral que sacude las bases del establecimiento, de la falta de liderazgo que ha dejado al desgaire a las instituciones y al Estado de derecho, y de un modelo de desarrollo ajeno a los intereses de las mayorías de población: indígenas, obreros, campesinos, estudiantes, desempleados, trabajadores informales, amas de casa, cuyas necesidades y derechos han ido quedando por fuera de las agendas de gobierno. 

Así como requiere revisar y modificar su matriz productiva y de fuentes energéticas, Ecuador debe revisar su matriz de distribución del ingreso y la riqueza, en tanto lo hace insostenible la enorme desigualdad y las profundas inequidades que configuran su cartografía económica y social.  No son viables sociedades que mantengan brechas tan elevadas en materia de educación, de acceso a recursos productivos, de inversión en infraestructura y sin que se destinen recursos a la investigación y el desarrollo tecnológico, con criterios igualmente democráticos y no solo para el usufructo de las grandes marcas o patentes, nacionales o internacionales.  

El próximo 13 de abril sabremos si los ecuatorianos, sumidos en la frustración, la desesperanza y la falta de confianza en las instituciones y sus dirigencias, optan por el cambio o por la continuidad de un sistema de gobierno autoritario, basado en la privatización, el exceso de reverencia en el mercado, el recorte del Estado, y bajo la quimera de un concepto de seguridad cuyas lógicas no han arrojado resultados.  

Después de ocho años de gobierno de una derecha que dejó sumir a la nación en el estado deplorable en que hoy se encuentra, un triunfo de la candidata Luisa González podría ser un respiro para la democracia y el camino hacia una nueva institucionalidad, capaz de convertirse en vehículo idóneo para el trámite de los conflictos y la respuesta a las demandas ciudadanas, lo que pasa por el diseño de una nueva idea de sociedad y por la recuperación y fortalecimiento del rol del Estado, destruido por los gobiernos anteriores.

En medio de un panorama tan difícil, es enorme la responsabilidad de la ciudadanía ecuatoriana frente a la elección de su nuevo (a) mandatario (a). Cualquiera que sea la opción que elija, y ojalá la sensatez y sapiencia la ilumine, esperemos que no sea la aceptación del sacrificio de sus derechos y libertades a cambio de promesas quiméricas de seguridad hasta ahora incumplidas, pero tan en boga en estos tiempos. 

*Economista-Magister en Estudios Políticos

El Congreso actúa en contravía de un país que está cambiando

Orlando Ortiz Medina*

Lo que actualmente ocurre está más allá de un asunto puramente coyuntural, el telón de fondo sigue siendo la renuencia de los dueños del establecimiento a que en el país se emprendan reformas que históricamente han sido aplazadas.

Foto: Pressenza, international press agency

Los colombianos apreciamos hoy una mayor tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo. Nada que sorprenda. Es parte del escenario que se configura a partir de 2022 con la llegada a la presidencia de un personaje cuyo origen social y fundamentos ideológicos y programáticos son sustancialmente distintos a los de quienes históricamente han sido mayoría en el Congreso de la República.

La tradición es que la relación entre estos dos poderes esté mediada por el cruce de favores, el trámite de intereses, las lealtades personales y las diferentes formas como los dispositivos de clientela han cooptado la funcionalidad del Estado. Para decirlo sin eufemismos, lo normal ha sido que el Congreso sea del bolsillo del presidente, o viceversa. No hay tal de un sistema de pesos y contrapesos que opere como corresponde a un orden genuinamente democrático. 

De manera que lo que actualmente ocurre está más allá de un asunto puramente coyuntural, el telón de fondo sigue siendo la renuencia de los dueños del establecimiento a que en el país se emprendan las reformas que históricamente han sido aplazadas. Es un hecho que con este nuevo gobierno la agenda de debate es diferente y que al Congreso le toca dedicar menos tiempo a aprobar decretos para conceder la Cruz de Boyacá, rendir honores o inaugurar estatuas; debe, en cambio, acoger la discusión de propuestas en cuya médula estaría la solución de muchos de los grandes problemas que el país padece, algunos de los cuales sirven como alimento de la violencia.   

Colombia sigue siendo el tercer país más desigual del mundo y el primero de América Latina, está entre los que tienen mayores índices de violencia y mantiene una tasa de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema de 33 % y 11,4 %, respectivamente, con índices significativamente superiores en la zona rural. Solo una de cada cuatro personas se pensiona, la informalidad a nivel nacional se mantiene alrededor del 56 % (83% en las zonas rurales) y corresponde a personas cuya precariedad laboral es latente, con muy bajas tasas de remuneración y ausencia casi que total de estabilidad y garantías laborales

Vale recordar que Colombia sigue siendo el tercer país más desigual del mundo y el primero de América Latina, está entre los que tienen mayores índices de violencia y mantiene una tasa de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema de 33 % y 11,4 %, respectivamente, con índices significativamente superiores en la zona rural. Solo una de cada cuatro personas se pensiona, la informalidad a nivel nacional se mantiene alrededor del 56% (83% en las zonas rurales) y corresponde a personas cuya precariedad laboral es latente, con muy bajas tasas de remuneración y ausencia casi que total de estabilidad y garantías laborales.

El esquema de tributación es altamente regresivo -pagan menos impuestos los que más riqueza tienen-, cada vez menos personas tienen posibilidad de acceso a la educación, sobre todo en el nivel superior, tanto por el descuido en que se ha dejado a las universidades públicas, como porque debido a la pobreza en sus hogares los jóvenes se ven obligados a vincularse más temprano a la vida laboral, cuando es que lo logran. 

Pese a que estadísticamente se registra una cobertura satisfactoria de atención en salud, 99,6 %, la prestación del servicio es altamente deficiente para el otorgamiento de citas, la atención de enfermedades terminales o de alto riesgo, la entrega de medicamentos y la disponibilidad de infraestructura y personal especializado, también con una brecha significativa en contra de las personas del campo.

La concentración de la propiedad de la tierra, que ha estado en la base del conflicto social y armado, es la más elevada de América Latina: el 1 % de las fincas de mayor tamaño ocupa el 81 % de la tierra, mientras el 19 % restante se reparte entre el 99 % de las fincas. En lo que a propiedad se refiere, el 10% de los propietarios de las fincas más grandes poseen el 80,57 % del área rural. 

La concentración de la propiedad de la tierra, que ha estado en la base del conflicto social y armado, es la más elevada de América Latina: el 1 % de las fincas de mayor tamaño ocupa el 81 % de la tierra, mientras el 19 % restante se reparte entre el 99 % de las fincas. En lo que a propiedad se refiere, el 10% de los propietarios de las fincas más grandes poseen el 80.57 % del área rural. 

Todo este conjunto de situaciones sería evitable, o al menos en parte se podría corregir, si existieran condiciones de distribución más equitativas y que impidan seguir sosteniendo el régimen de privilegios del que gozan ciertos grupos sociales. Que así fuera es una tarea que le corresponde al Congreso de la República, a lo que, ya se dijo, históricamente se ha negado, debido a que quienes han estado sentados en la curules no representan propiamente a quienes más padecen las consecuencias. 

El asunto es que, de llevarse a cabo, las reformas afectarían intereses muy potentes de los grupos económicos: los grandes propietarios de la tierra, los dueños de las empresas que tienen el control de la salud a través de las EPS, los propietarios de los fondos privados de pensión y los gremios económicos, que consideran un prejuicio y una afrenta a la economía permitir que los trabajadores cuenten con un modelo prestacional y de garantías laborales más justo y equitativo. 

Lo cierto es que estamos frente a un Congreso y unas élites que parecen no haberse dado cuenta de que actúan en contravía de un país que está cambiando y que su tozudez y conservadurismo más temprano que tarde les puede pasar una costosa cuenta de cobro. La comodidad de quienes han vivido a la sombra del bipartidismo y sus derivaciones posteriores está bastante diluida; lo que queda se mantiene solo gracias a sus estructuras clientelares, sus redes de lobby y corrupción y los anclajes locales y regionales que aún guardan con los vicarios de la vieja política.

Un nuevo sistema de representaciones, basado sobre todo en principios identitarios y con especificidades en sus necesidades y demandas ha tomado auge; la conciencia sobre los problemas sociales y la manera de tramitarlos ha ido encontrando cauces diferentes. 

Un nuevo sistema de representaciones, basado sobre todo en principios identitarios y con especificidades en sus necesidades y demandas ha tomado auge; la conciencia sobre los problemas sociales y la manera de tramitarlos ha ido encontrando cauces diferentes. La ciudadanía asume hoy mayores grados de libertad y copa nuevos espacios de manifestación en el escenario público y político, acudiendo a otros mecanismos de participación que en parte reflejan la desconfianza en las instituciones y el declive de quienes hasta ahora se venían considerando sus líderes naturales. Es latente la crisis de una dirigencia que, así mantenga su mayoría en el Congreso, se ve amenazada por la emergencia de estas nuevas formas de expresión y movilización social. 

Es poco inteligente que, en vez de promover o por lo menos afrontar las iniciativas de cambio, se apueste por el fracaso de quien se atreve a proponerlas, huyéndole al discernimiento y saliéndose con jugaditas de los lugares y las reglas del juego democrático. Se prefiere, por el contrario, acudir al uso de un poderoso aparato mediático desde el que se manipula, se falsea, se desprestigia y se encubren las situaciones críticas, con el único propósito de que las cosas se mantengan como están, parados sobre estructuras institucionales y constitucionales en cuya inercia se soportan los defensores de una situación que social y políticamente es cada vez más insostenible. 

la inclusión en las decisiones de política y los destinos de la nación de quienes son sus inmediatos afectados o beneficiarios sería una manera de contribuir a la formación de valores democráticos

Mientras el Congreso se mantenga como una instancia instrumentalizada al servicio de intereses gremiales y corporativos y se le siga huyendo a los recursos de la democracia participativa, continuarán aumentando los factores de desestabilización que nos ponen en riesgo como sociedad y como país. Se requiere por ello y con urgencia acometer las transformaciones institucionales, orientadas a corregir un sistema que, pese a que está atravesado por un complejo cúmulo de anomalías y disparidades, se sigue llamando democrático. 

Sería de paso una manera de avanzar hacia una nueva cultura política -tarea bastante rezagada en Colombia-, en tanto la inclusión en las decisiones de la política y los destinos de la nación de quienes son sus inmediatos afectados sería una manera de contribuir a la formación de valores democráticos, además de la mejor respuesta frente a las prácticas de quienes apenas a su amaño y mezquindad han disfrutado hasta ahora del control del poder.

Hay que aceptar que los cambios sobre los que ha insistido este Gobierno están en la médula de lo que es el Estado Social de Derecho, puesto en cuestión, bien por el recorte a derechos mediante reformas y en Gobiernos anteriores, o bien porque sencillamente jamás han tenido vigencia. Es al respecto que cobra sentido el debate sobre la reforma laboral, a la salud y al régimen de pensiones, que agitan el panorama político y que, ante la negativa del Congreso, ha llevado al Presidente a convocar una consulta ciudadana que va a ser decisiva en el acontecer político que se vislumbra hacia las elecciones de Congreso y presidencia de 2026. 

Hoy más que nunca, el ejercicio de la democracia directa adquiere mayor significación, en tanto amplia el espectro de la participación y el debate público, en donde se espera que el verdadero protagonista sea, como siempre ha debido ser, el pueblo como constituyente primario y titular soberano de la democracia. 

La consigna es clara, o cambia el estado de cosas o el estado de cosas nos cambia. 

*Economista-Magister en estudios políticos  

Consulta sobre la reforma laboral: ¿Por qué y para qué?

Orlando Ortiz Medina*

El poder del Congreso no es absoluto, tiene límites en el cumplimiento de sus funciones y no dispone de mayor autoridad que la de aquellos en cuyo nombre actúa. 

La democracia, en su acepción más plena, remite inevitablemente a la figura del constituyente primario, es decir, al pueblo, depositario superior de la soberanía en el ejercicio del poder. A él ha decidido acudir el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, para consultarle, de manera directa, si está de acuerdo o no con que se apruebe una reforma laboral que devuelva derechos perdidos y dignifique la vida de los (as) trabajadores (as).  

El Congreso de la República, como las Asambleas departamentales, los Concejos Municipales, etc., son instancias delegadas, que forman parte de la democracia indirecta o representativa; en ellas, mediante elección popular, el pueblo delega, aunque nunca cede, su poder. Como tal, están bajo la jerarquía del constituyente primario, a éste deben su existencia, su composición y los asuntos de los que se ocupen. Su poder no es absoluto, tienen límites en el cumplimiento sus funciones y no disponen de mayor autoridad que la de aquellos en cuyo nombre actúan. 

Así lo ordena en Colombia la Constitución política de 1991, que en el primer renglón de su preámbulo dice: “el pueblo, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente… sanciona y promulga la siguiente Constitución…”. Por su parte, el artículo 2 estipula que “son fines esenciales del Estado… facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”. De igual manera, en el artículo 3, se señala que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

El artículo 104 faculta al presidente para que, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, consulte al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional

Para facilitar y hacer posible y transparente la participación del constituyente primario, se cuenta con unas bases legales que la reglamentan. El artículo 103 establece mecanismos como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y revocatoria del mandato. El artículo 104 faculta al presidente para que, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, consulte al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional. Sea lo que sea que el pueblo considere, su decisión será obligatoria. Existen también la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, que regulan y establecen normas para la promoción y protección del ejercicio a la democracia. 

La consulta popular es un mecanismo mediante el que los ciudadanos votan sí o no a una pregunta o un conjunto de preguntas referidas a un tema de interés general y tendrá que cumplir una serie de requisitos para obtener su aprobación: a) La convocatoria deberá ser aprobada por el Senado de la República una vez sea presentada por el Presidente con la firma de todos sus ministros; b) luego del trámite en el Senado, será presentada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien verificará el cumplimiento de los requisitos formales; c) en las elecciones tendrá que participar al menos la tercera parte (33%) del censo electoral, es decir, de quienes en el momento de la elección estén habilitados para votar, aproximadamente 13´518.000 personas en Colombia; y d) de ese mínimo requerido de votantes, por lo menos la mitad más uno deben haber votado por el sí, aproximadamente 6´760.000 colombianos.  

No hay pues ninguna actitud dictatorial, arbitraria o de abuso de poder o autoridad por parte del líder del ejecutivo, como quieren hacerlo ver los miembros de la oposición y algunos medios de comunicación. La propuesta se ciñe estrictamente a los marcos legales y constitucionales y está dentro de las competencias del jefe del Estado. 

Un congreso mayoritariamente en contra, unos medios empeñados en ensombrecer su imagen y acciones de Gobierno, y unas Cortes que dejan al menos un mal sabor en la manera como se están conduciendo, ponen en cuestión la vigencia de las reglas del juego democrático. 

No está de más decir que el presidente ha sido sometido a una serie de barreras institucionales y condicionantes políticos que buscan bloquear su agenda y cerrar el paso a las propuestas de cambio con las que en 2022 fue elegido por la mayoría de los colombianos. Un congreso mayoritariamente en contra, unos medios empeñados en ensombrecer su imagen y acciones de Gobierno, y unas Cortes que dejan al menos un mal sabor en la manera como se están conduciendo, ponen en cuestión la vigencia de las reglas del juego democrático. 

La democracia está en duda cuando los procedimientos y las instancias de decisión, antes que un canal por donde fluyan legal y transparentemente los asuntos del Estado y que competen al interés ciudadano, son un obstáculo a la participación y un bloqueo a las determinaciones. Está en duda cuando las instituciones delegatarias, quienes ocupan sus cargos, no están cumpliendo la misión que constitucionalmente les fue asignada y desvían su obligación de actuar en pro del bienestar colectivo para endosarse en favor de los intereses particulares, lo que lleva a considerar que están ética, política y moralmente impedidos.

La reforma busca resarcir derechos que con propuestas anteriores les fueron conculcados a los trabajadores, cuando se modificó el horario nocturno para el pago de horas extras, se disminuyó el valor del pago por dominicales y festivos, se flexibilizaron las causas de despido, se permitieron sistemas de contratación por horas o por prestación de servicios y sin garantía de continuidad ni pagos prestacionales. No fue cierto que tales medidas llevaron a una aumento y mejora de las condiciones laborales, por el contrario, el desempleo estructural se mantuvo o aumentó frente a sus promedios históricos, creció la informalidad y condujo, en general, a la precarización del empleo en todos los sectores y actividades laborales, aunque con mayor afectación de las poblaciones más pobres y vulnerables. 

No alcanzar el umbral de participación requerido es tal vez el mayor riesgo porque desde los contradictores se va a apostar a que los ciudadanos se abstengan de salir a votar.

Propone que la jornada nocturna se contabilice a partir de las siete de la noche, que se aumente el valor de remuneración en los días de descanso obligatorio, establece medidas de estabilidad laboral y estabilidad reforzada para personas embarazadas, enfermas y pre pensionadas; medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en los lugares de trabajo; aumento de la licencia de paternidad, formalización del trabajo doméstico, mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras rurales y contrato y pago digno a los practicantes del SENA, entre otras. 

Desde luego que, como en cualquier llamado de este alcance y naturaleza, se corren riesgos que el presidente y los sectores progresistas y movimientos sociales que apoyan la convocatoria están dispuestos a asumir. Estamos ante un electorado altamente voluble y manipulable y es muy fuerte la campaña que en su contra van a hacer los partidos de oposición, los gremios y los grandes medios de comunicación. No alcanzar el umbral de participación requerido es tal vez el mayor riesgo porque desde los contradictores se va a apostar a que los ciudadanos se abstengan de salir a votar. En cualquier caso, Colombia necesita seguir avanzando en el fortalecimiento de su cultura política y democrática, para lo que este tipo de iniciativas son un valioso procedimiento a seguir.  

Se requiere de una labor pedagógica con la población trabajadora, desempleada, que vive en la informalidad o que sobrevive por contratos de prestación de servicios y sin garantías de estabilidad laboral. Hay que hacer ver las ventajas de la reforma, tanto para el país como para los trabajadores y evitar que sea manipulada con el cuento, que ya nos hemos comido muchas veces, de que se va a afectar la generación de empleo y que vamos a ser conducidos a una mayor debacle social. Entre mejores sean las condiciones laborales, haya más personas devengando y los salarios y los sistemas prestacionales sean más justos, no hay duda de que mayor dinamización tendrá la economía. Habrá más ingresos, más capacidad de compra y, sobre todo, más familias y personas viviendo con dignidad. 

Hay que votar sí a la reforma.

*Economista-Magister en Estudios políticos

¿A qué juega el señor Presidente?

Orlando Ortiz Medina*

¿Estamos frente a un presidente que se declara amarrado por las inercias de una institucionalidad que finalmente se le impuso como una camisa de fuerza?

Tomado de Revista Sur

Entrando ya en su última etapa de gobierno, el presidente Gustavo Petro parece dispuesto a recomponer sus relaciones con el Congreso buscando superar el bloqueo que se le ha impuesto para no dejarlo avanzar en sus reformas.

Lo cierto es que lo hace caminando en arenas movedizas y en lo que bien podría terminar siendo un salto al vacío; pues no solo no tiene garantía de que efectivamente logre este propósito, sino que en ese tránsito se han develado fracturas con su equipo de trabajo y con algunos de los movimientos o sectores políticos que fueron definitivos para su triunfo en las elecciones de 2022. Asimismo, ha aumentado la incertidumbre sobre la posible continuidad del Pacto Histórico en 2026, sin duda el que mayor trascendencia ha tenido en los últimos años, si de las comunidades hasta ahora más olvidadas y al margen de los espacios de representación se trata. 

¿Se está preguntando cómo seguir jugando con las negras mientras debe pensar desde las blancas? 

Lo ocurrido en el cuestionado Consejo de ministros del pasado 4 de febrero inquietó a propios y extraños sobre lo que puede estar pasando por su cabeza y la manera como se propone retomar el control sobre los cuadros que se están moviendo en el tablero. ¿Se está preguntando cómo seguir jugando con las negras mientras debe pensar desde las blancas? 

¿Estamos frente a un presidente que se declara amarrado por las inercias de una institucionalidad que finalmente se le impuso como una camisa de fuerza? ¿Un presidente de cuyo entorno político no pudo liberarse y que no le deja otra opción para tramitar sus reformas que el mercado de prebendas, transacciones y otorgamiento de cuotas burocráticas, que es justamente el tipo de anclajes en que se ha soportado el establecimiento?  ¿Hasta dónde puede ceder o tensar la cuerda con la oposición sin sacrificar sus principios ni la relación y el apoyo de los círculos más afines a su plataforma ideológica y programática?

Las respuestas a estas preguntas no son fáciles y deben llevar a consideraciones que, sin que puedan desmarcarse de las urgencias que agobian, deben ir más allá de lo que significa un periodo de gobierno.

En el fondo, lo que va quedando en el ambiente es saber si, tanto desde el presidente como desde los contradictores de su propio entorno político, se es consciente de lo que está en juego

 En el fondo, lo que va quedando en el ambiente es saber si, tanto desde el presidente como desde los contradictores de su propio entorno político, se es consciente de lo que está en juego en una situación en la que, por primera vez, el país ha marcado un punto de inflexión en su historia política, que es lo que significa la llegada de un presidente de izquierda a la jefatura del Estado. Más aún, que ello es el resultado de un proceso bastante largo de acumulación de fuerzas que trasciende los actuales liderazgos, en el que nuevas organizaciones y formas de representación, con nuevas agendas de discusión, han sido los verdaderos protagonistas, en el anhelo de sobreponerse a más de doscientos años de hegemonía de unas élites ajenas a sus intereses. 

A quienes forman parte de la estructura de Gobierno, empezando por su gran líder, les asiste entonces una enorme responsabilidad a la hora de leer el momento histórico y las consecuencias que se puedan derivar de sus actuaciones. En el triunfo de 2022 concurrió un movimiento social diverso y, en general, desmarcado de afiliaciones y liderazgos políticos, aunque claramente comprometido con la decisión de empujar los cambios que se necesitan para superar una democracia a medias y un Estado capturado por las mafias y los intereses privados; barreras que impiden superar las enormes condiciones de exclusión e inequidad, además de la dolorosa situación de violencia en que ha transcurrido la mayor parte de la historia de Colombia. 

Más que la sumatoria para un favorable resultado electoral, la emergencia de ambientalistas, jóvenes, mujeres, comunidades diversas, líderes comunales, campesinos, estudiantes, pueblos indígenas y afrocolombianos, como actores de primer orden en el lugar de las deliberaciones y las decisiones políticas es el resultado de una sociedad que se ha venido transformando y de una cultura política que avanza y ha logrado ampliar y reconfigurar el mapa de las representaciones políticas.

Es claro que estamos en el escenario de la política, lugar en el que se dirimen los asuntos del poder, en el que es válida la construcción de alianzas, entablar negociaciones, hacer acuerdos e incluso concesiones cuando se trate de despejar caminos que permitan avanzar. 

Es ahí en donde se deben concentrar las miradas y abrir la inteligencia para mantener una apuesta en la que no se puede ser inferior a las circunstancias, sin dejar de tener en cuenta que se actúa dentro los límites de una institucionalidad confeccionada a la medida, no de los que llegan, sino de los que no se quieren ir, y que se está lejos todavía tener unas bases programáticas y una capacidad de convocatoria suficientemente consolidada.  

Es claro que estamos en el escenario de la política, lugar en el que se dirimen los asuntos del poder, en el que es válida la construcción de alianzas, entablar negociaciones, hacer acuerdos e incluso concesiones cuando se trate de despejar caminos que permitan avanzar. Pero lo es también que es un juego en el que se enfrentan límites que obligan a pensar en cómo actuar, cómo comunicar y cómo no perder el norte frente a apuestas en las que en Colombia ya se ha avanzado. 

En ese orden de ideas, preocupan los más recientes acontecimientos, incluido el referido Consejo de ministros, que no han sido propiamente una puesta en escena de quienes aspiran a dejar un saldo a favor, ni de sí mismos ni de sus realizaciones. ¿Qué estaba pensando el señor presidente cuando, sin que lo dijera, se reveló en el Consejo de ministros como el protagonista de una crisis en la que de paso ponía en la picota pública a su grupo más cercano de colaboradores?

Si se trataba de una evaluación del quehacer de sus funcionarios, se careció de rigor técnico, se hizo alusión a unas cifras de las que nunca se explicó a qué exactamente se referían, qué tipo de indicadores se estaban midiendo, a qué respondían las metas no cumplidas, tampoco las cumplidas. Fue una presentación en exceso simple, sin contexto, sin análisis y, más grave aún, frente a la que los supuestos responsables no tuvieron mayor oportunidad de reaccionar porque la palabra estuvo bajo el estricto dominio del señor Presidente, a quien pareció olvidársele que no era otra que su propia gestión la que se estaba evaluando. 

¿Debemos decir que la izquierda y los sectores progresistas se están quedando cortos para hacer frente al quiebre histórico que está viviendo Colombia? 

Sorprende por demás que no hubiera hablado nada de los logros, que sí los ha habido durante su mandato, y que es justamente lo que tenía que mostrarle a una audiencia, en general desinformada, y a la que seguramente poco le interesaban los temas más bien sin sentido que ocuparon la mayor parte de su tiempo.

Preocupa que frente a un escenario tan complejo y en el que son tantas cosas las que están por resolver, lo que más haya quedado para las murmuraciones de la tribuna sea la presencia de nuevo en el gabinete de un señor como Armando Benedetti o la continuidad en el mismo de la señora Laura Saravia; dos lunares que han resultado tan costosos que alcanzan para anegar en aguas turbias, no solo las realizaciones de un equipo de trabajo, sino las esperanzas de esa parte del país que todavía, desde la otra orilla del establecimiento, sigue creyendo y pujando por el cambio. 

¿Debemos decir que la izquierda y los sectores progresistas se están quedando cortos para hacer frente al quiebre histórico que está viviendo Colombia? Con optimismo debemos pensar que no, que lo que ocurre es propio de los ires y venires de la política, en medio también de un proceso de aprendizaje en el que, ojalá, en el balance final los costos no vayan a estar por encima de los resultados.

Vale de todas maneras traer a colación la famosa frase de Jorge Eliecer Gaitán de que “el pueblo es superior a sus dirigentes”; de pronto sirva de llamado de atención a los líderes o representantes, o que así se han proclamado, para que no vayan a dejar al descuido el sueño de una ciudadanía cuya voluntad de transformación sigue latente y que no espera de ellos menos que su buen juicio, su sensatez y su grandeza. 

*Economista-Magister en estudios políticos

Catatumbo S.O.S

Orlando Ortiz Medina*

Aquí no es un gobierno el que está fallando, sino la tozudez de unos grupos a los que los dejó la historia, se degradaron en su guerra o se desviaron en sus propósitos. 

Foto tomada de Caracol radio

Lamentable la situación que vive hoy el Catatumbo. El ELN muestra de nuevo su torpeza y ceguera política y se suma al sueño de la extrema derecha de que el propósito de paz del presidente Petro fracase, porque eso le da réditos para deslegitimar a su gobierno y despejar el camino que le permita recuperar la presidencia en las elecciones de 2026. 

Flaco favor le hace el ELN a la paz, al primer gobierno de izquierda que después de mucho esfuerzo y muchos muertos logramos en Colombia, y gran favor le hace a quienes siempre nos han gobernado y se han atravesado como un palo en la rueda para no permitir que los anhelos de cambio sigan adelante.

El presidente Petro ha mostrado toda su voluntad, desde el primer minuto de su gobierno ha sido coherente con su propuesta de campaña, ha dispuesto todo, incluso con cierta dosis de laxitud, para que los procesos de diálogo se lleven a cabo y avancemos hacia una salida política al conflicto armado. Pero ello no es posible si no se encuentra reciprocidad, si desde la otra orilla no se dispone del mismo propósito y no se actúa con coherencia y con honestidad, que es lo que no ha dejado ver el ELN. 

El presidente Petro ha mostrado toda su voluntad, desde el primer minuto de su gobierno ha sido coherente con su propuesta de campaña, ha dispuesto todo, incluso con cierta dosis de laxitud, para que los procesos de diálogo se lleven a cabo y avancemos hacia una salida política al conflicto armado

Se equivoca el ELN si piensa que el país le va a comprar una propuesta de paz en la que no muestra interés alguno en cesar la confrontación e ir dando pasos serios hacia el desescalamiento del conflicto. 

No se ha dado cuenta del daño terrible que está causando en los territorios, no se ha dado cuenta de que hay una sociedad civil cansada de la guerra porque es ella la principal víctima y la más damnificada. No entiende que es precisamente a esa sociedad a la que hay que proteger y fortalecer y con la que hay que contar para acabar con el dominio hegemónico de las élites políticas y económicas tradicionales, lo que no será posible en el marco de una guerra que, si alguna vez lo tuvo, perdió razón de ser y sentido histórico.

Los que celebran este recrudecimiento de la guerra, que siempre han celebrado, los baluartes de la derecha y la extrema derecha, pasan saliva y beben en el cáliz de su sangre, mientras reclaman lo que nunca ellos lograron. Quién si no ellos son los responsables del estado de postración, desigualdad, miseria y violencia que han dejado después de más de doscientos años de gobiernos corruptos e incapaces. Ese fue el país que Gustavo Petro heredó y no se puede pedir ahora que en tres años se resuelvan las infamias acumuladas en más de dos siglos.

Hay que mantener el apoyo al gobierno nacional, respaldar la decisión de romper los diálogos con el ELN, declarar el estado de conmoción en la región y hacer presencia con la fuerza pública

¿Que este gobierno perdió el control en el Catatumbo? ¿Cuándo acaso los gobiernos anteriores lo tuvieron? Todos los gobiernos anteriores le cedieron la soberanía del Estado a los grupos armados de uno u otro cuño. ¿Que de lo que se trata es de llevar inversión social y garantizar sus derechos a los pobladores? Claro que sí, pero ¿por qué hasta ahora se acuerdan de ello los vocingleros de la oposición y nunca durante sus gobiernos se ocuparon de ello? 

Hay que mantener el apoyo al gobierno nacional, respaldar la decisión de romper los diálogos con el ELN, declarar el estado de conmoción en la región y hacer presencia con la fuerza pública. Por supuesto que la ruptura del proceso de diálogo no es una noticia que nos alegre, pero la insistencia en la guerra de la organización armada no deja otra alternativa. 

De todas maneras, la voluntad de paz y la disposición al diálogo debe mantenerse en firme. Aquí no es un gobierno el que está fallando, sino la tozudez de unos grupos a los que los dejó la historia, se degradaron en su guerra o se desviaron en sus propósitos. 

Señores del ELN, el uribismo y toda la extrema derecha les deben estar prendiendo velitas. Pero no propiamente para velar a sus muertos.

*Economista-Magister en estudios políticos 

Queda claro, no es suficiente ganar la presidencia

 Orlando Ortiz Medina*

Si algo ha ocurrido es que a la ciudadanía le ha ido quedando claro que no basta ganar la presidencia y que es imperativo que los partidos y sectores sociales alternativos conquisten también las mayorías en el próximo Congreso.

Tomada de redes sociales

Una nueva salida en falso y una jugada perversa y en contra de los sectores sociales más vulnerables se produjo el 11 de diciembre en el Congreso de la República, en la sesión conjunta de las Comisiones III y IV de Senado y Cámara de Representantes, en la que se hundió el Proyecto de Ley de financiamiento presentado por el presidente Gustavo Petro. 

Lo que ocurrió no fue nada distinto a lo que se esperaba en un Congreso cuya mayoría está en cabeza de los partidos de la oposición y que no ha hecho otra cosa que establecer un bloqueo sistemático a las políticas de cambio que ha tratado de poner en curso este Gobierno. Las bancadas del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal, con la anuencia también de algunos integrantes del Partido Verde, cerraron, una vez más, el camino por el que se pretendía avanzar hacia un sistema de tributación más progresivo, que era lo que se buscaba con el llamado a que los sectores de más altos ingresos hicieran un mayor esfuerzo tributario y contribuyeran de esta manera a cerrar la enormes brechas de desigualdad que en todos los niveles aún persisten en Colombia.   

Lo cierto es que su ansia destructiva y la saña que muestran en contra de esa parte de la población que sí está convencida de la necesidad de los cambios les pueden pasar factura y llevarlos a perder por partida doble en las próximas elecciones.

El resultado es que algunos de los programas sociales, que son los que están en la base del cambio que el país necesita, quedarán desfinanciados. De nuevo se salió con las suyas la Derecha y una parte de ese Centro desteñido, que pretenden que con ello van a seguir ganando en su propósito de desprestigiar y de lograr que nada le funcione a la coalición progresista que gobierna hoy en Colombia, creyendo que de esa manera abonan el camino que les llevará a recuperar el poder en 2026.

Lo cierto es que su ansia destructiva y la saña que muestran en contra de esa parte de la población que sí está convencida de la necesidad de los cambios les pueden pasar factura y llevarlos a perder por partida doble en las próximas elecciones. Pues si algo ha ocurrido es que a la ciudadanía le ha ido quedando claro que no basta ganar la presidencia y que es imperativo que los partidos y sectores sociales alternativos conquisten también las mayorías en el próximo Congreso. Es un gran aprendizaje saber que nada se logra con un presidente chantajeado y maniatado por unas élites y sus representaciones partidistas, que se niegan a salir del estado de confort que les ha permitido mantener sus ambiciones particulares por encima de los de las mayorías nacionales. 

Una vez más ha quedado demostrado que los sectores que más demandan atención : los desempleados, las amas de casa, los sin pensión, los de pensiones pírricas, los campesinos, los indígenas, los afrocolombianos, los jóvenes que ni pudieron continuar sus estudios ni tienen una oportunidad laboral, etc., no están debida y suficientemente representados en una instancia de tanto significado para la democracia como es el Congreso de la República. Por el contrario, se sigue legislando mayoritariamente en contra de sus intereses, lo que exige una reconfiguración más drástica del mapa de representaciones, que hoy continua en cabeza de las viejas maquinarias partidistas, los partidos Liberal y Conservador, y sus nuevas configuraciones: Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, que son, en esencia, vino viejo en odres nuevos.   

La manera como se ha querido afectar al gobierno bloqueando su acceso a recursos y su disposición para atender gastos que socialmente se consideran prioritarios no tiene justificación.

La manera como se ha querido afectar al gobierno bloqueando su acceso a recursos y su disposición para atender gastos que socialmente se consideran prioritarios no tiene justificación. El país ha mostrado un desempeño económico satisfactorio en estos dos últimos años. La pobreza ha disminuido, la inflación ha caído sustancialmente, el desempleo ha cedido, la tasa de cambio se ha mantenido estable y se ha cumplido con el pago de la deuda externa. Tendremos un cierre de año con crecimiento positivo y un 2025 que augura todavía mejores resultados. Todo esto es reconocido por Tirios y Troyanos. Justo es entonces permitir que también se avance en materia de políticas redistributivas, que fue precisamente a lo que se le puso el palo en la rueda en la sesión del 11 de diciembre en las sesiones conjuntas de Cámara y Senado. 

No gratuitamente la economía colombiana fue reconocida como la sexta de mejor desempeño entre los países de la OCDE en 2024 por la revista de The Economist, por encima incluso de países como Israel, Suiza, Corea del Sur, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos y Alemania. Es también el único país de Suramérica que aparece entre los diez primeros de la lista. Son lugares que nunca se habían ocupado y que dan cuenta del esfuerzo serio y la actitud responsable que ha tenido el Gobierno, luego del lamentable estado en que la dejó la administración anterior y pese a que ha tenido que trasegar en medio de una muy difícil coyuntura internacional.

Gustavo Petro está demostrando que es posible apropiar políticas que lleven hacia una economía en cada vez mejores niveles de estabilidad y equilibrio, que avance a su vez hacia mejores indicadores de equidad, sin necesidad de sacrificar a ninguno de los sectores sociales, en especial a aquellos que están en peores condiciones de vulnerabilidad. 

 Hay que terminar de convencerse de que estamos en una transición y que esto apenas está comenzando.

Contrasta lo anterior con lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en Argentina, en donde si bien el gobierno de Javier Milei ha logrado bajar la inflación y disminuir el gasto público, lo ha hecho a unos costos sociales enormes y muy onerosos para la democracia , que también más temprano que tarde le pasarán factura a su gobierno y en su conjunto a la sociedad argentina. Baste con decir que solo en el primer semestre de 2024, comparado con el mismo semestre de 2023, la pobreza en Argentina se elevó en cerca de trece puntos porcentuales y que aún su economía se mantiene en recesión.

Nada que sorprenda cuando los logros de Milei se han obtenido a costa del cierre de dependencias oficiales, entre ellas algunos ministerios, el recorte de la nómina y los salarios de los trabajadores públicos, la disminución de las mesadas pensionales, la paralización de obras públicas y el recorte de subsidios que atendían necesidades de los sectores más empobrecidos. 

Adicionalmente, y contrario a lo que se vaticinaba, el manejo de la economía y la defensa de la responsabilidad social del Estado se ha hecho en el marco del pleno respeto y acogimiento al Estado de Derecho y las normas institucionales. Nada ha habido que desconozca o atente contra el equilibrio de poderes y que no pase por las instancias que el fuero y el debate público exigen a la hora de tramitar las reformas. Justamente es ahí donde ha estado el nudo gordiano del que se han valido los defensores a ultranza de un establecimiento que mantiene los amarres y los vicios de antaño, configurados a la medida de quienes se siguen resistiendo a que se pongan en cuestión sus privilegios. 

Vendrá un año muy difícil por el golpe que los partidos tradicionales le han dado a la iniciativa del gobierno, que tendrá que ver cómo jugársela para no ceder en su propósito de atender las necesidades de los sectores más vulnerables y seguir adelante para que se pueda hacer efectiva la implementación de sus propuestas.

Habrá que pensar muy bien entonces la decisión de voto para Congreso y Presidencia de la República en 2026, pues la única manera de seguir avanzando en los cambios es que se avance también en la reconfiguración del mapa político, no solo en el Congreso y el ejecutivo, que de suyo sería ya un gran logro, sino en general en el conjunto de la geografía y el mapa político nacional. Hay que terminar de convencerse de que estamos en una transición y que esto apenas está comenzando. 

*Economista-Magister en Estudios políticos