Humor insurrecto

 

Orlando Ortiz Medina*

 

El yerro lo que hizo fue actuar como activador de una especie de desahogo o impulso catártico, que bien podría asimilarse a una jornada de movilización social 

 

Así lo querí, fue el gazapo que se le salió al señor presidente Duque en el homenaje que se le rendía al recientemente fallecido Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a causa del COVID-19.    

Más tardó en difundirse la noticia que el comienzo de la nutrida maratón memiática que desde el mismo momento se produjo y a los pocos minutos ya le había dado no sabemos cuántas vueltas a Colombia.

Lo ocurrido es algo que no se puede entender sino como el reflejo de lo que para muchos colombianos representa el presidente y la manera como están valorando su gestión; el desfogue de humor se concatena con el evento casuístico, en un entorno que claramente se devela hostil a su imagen. Es ello y no otra cosa lo que llevó a que el lapsus terminara siendo la puesta en escena de una improvisada comedia de creación colectiva.

El yerro, como tal, es realmente insignificante, en otras circunstancias y con otro personaje no tendría mayor trascendencia; pero si en este caso dio lugar a que el presidente se convirtiera en rey de burlas, es porque lo que hizo fue actuar como activador de una especie de desahogo o impulso catártico, que bien podría asimilarse a una jornada de movilización social, como la del 21 de noviembre de 2019, por ejemplo.

Bien es sabido que el chiste, la caricatura o la burla a través de la parodia o la comedia han sido siempre un recurso para retar el poder, además de convertirse en un parámetro de medición de las tareas de quien lo ejerce.

Es claro que el descontento social y político que se vislumbra actualmente en Colombia ha encontrado en el humor un cauce ideal; las desafortunadas salidas del presidente lo que han hecho es abrir espacios de expresión a una ciudadanía que se siente convocada por el conjunto de males que en diferentes flancos se han venido exacerbando, y porque no ve en su Gobierno la capacidad para identificar alternativas que generen al menos un asomo de solución.

Es cierto, a veces con pesar, que Colombia es un país acostumbrado a recrearse en sus tragedias (es curiosamente una de sus formas de resiliencia), pero las divertidas creaciones memiáticas que se ponen en escena son también un llamado de atención en el que se dan cita una variada gama de actores que, sin ensayos ni coreografías, dan lugar a una representación igualmente dramática, en  tanto evocan el sentir de un momento profundamente angustioso de la vida nacional. 

Dos millones doscientas mil personas contagiadas por el COVID-19, más de cincuenta mil fallecidas y un sistema de atención en UCI prácticamente desbordado; sin certeza de cuándo se iniciará el proceso de inmunización, porque de lo único que estamos seguros es de que somos de los últimos países de la fila para acceder a la vacuna; quien desde afuera funge como principal protagonista de esta tragicomedia no ha logrado organizar su libreto, sólo se muestra como un cínico improvisador a la hora de presentar las condiciones de negociación y los cronogramas de entrega, no sabemos si ya efectivamente pactados, con los proveedores comerciales o a través del mecanismo COVAX.

Lo más seguro es que tengamos que esperar no sabemos cuántas miles más de vidas sacrificadas antes de que se baje el telón, por la incompetencia de quien terminará siendo nada más que un letal verdugo para quienes debemos soportarlo como gobernante. Lo anterior, en un escenario que se complica todavía más con el deplorable inicio del año, que cierra el primer mes con un saldo de veintidós feminicidios, ocho masacres, dieciocho líderes sociales y tres firmantes del acuerdo de paz asesinados.

En este contexto, y en un país que lleva tanto tiempo tratando de superar la violencia y redimir la insurrección armada, bien vale celebrar la fuerza de ese humor insurrecto con que hoy se manifiesta la ciudadanía.    

Bienvenido el ingenio y la creatividad como vehículo de expresión de la inconformidad, que la imaginación trascienda desde todos los rincones y en todas las formas posibles y se consolide como una forma más de rechazo a la mediocridad de quienes, vestidos de héroes o salvadores, nos hacen víctimas de sus pantomimas y nos sacrifican con sus artificiosas actuaciones.

Eso sí, que no se llegue al punto de que se opaque la real dimensión de las problemáticas y se convierta en un desvío de la búsqueda de respuestas, que no termine siendo un elemento que paralice o quite fuerza a esa reacción ciudadana que se está acumulando para que se sumen nuevas voces a ese elenco de actores que desde el anonimato se rebela contra el mal hablado bufón de la comedia y su cohorte.

Carecen de razón los que consideran que este azote de creación humorística es una manifestación de indolencia o un irrespeto a la figura del presidente; no es cierto, nada de lo ocurrido se ubica en este plano; más vale que en la tras escena él y sus coristas dimensionen el alcance y significado de estas manifestaciones, y entiendan el llamado de una ciudadanía que, si bien se recrea con su ineptitud, no siente menos sobre sus hombros la gravedad de la tragedia.

Economista-Magister en Estudios políticos

La nueva procuradora, ¿Quién controla a quién?

 Orlando Ortiz Medina*

Oído el discurso del presidente, quedan serias preocupaciones sobre la independencia que vaya a tener la señora procuradora.

Px Here

Bastante desfachatado, aunque no sorprende, estuvo el señor Duque en el discurso de posesión de la nueva procuradora general de la Nación Margarita Cabello Blanco, quien fue su subalterna como ministra de la Cartera de Justicia entre junio de 2019 y agosto de 2020.

Todo indica que en su nuevo cargo, para el que él mismo la ternó, espera que le siga siendo tan obsecuente como lo fue durante el paso por su Gobierno, y como lo están siendo quienes ocupan otras posiciones importantes del Estado: el señor fiscal, el señor contralor, el señor registrador nacional  y el señor defensor del pueblo. La única diferencia es que quien llega ahora es una señora, la cuota de género que le faltaba para completar la nómina de servidores en que tiene convertidos a los principales órganos del control.

Prácticamente le dijo cómo debía comportarse y le dictó la agenda que debe cumplir, sin rubor ni reparo de que ahora son él y sus funcionarios los que quedarán bajo su control, en tanto la señora asume como cabeza del Ministerio Público, cuya tarea es justamente hacer seguimiento y velar por la idoneidad y transparencia de quienes son responsables  de las funciones del Estado.

Que su papel es estar del lado de la institucionalidad, fue lo primero que le dijo y es también lo que lo que más preocupa, porque no nos queda claro qué fue exactamente lo que quiso decirle, cuando de marras se sabe que, fiel a la estirpe de su mentor, él mismo se cree la institucionalidad y considera que nada puede haber que no esté bajo el lente de su mirada panóptica. Quién controla a quién, ahí está el detalle.

Fue por eso notoria la manera como en el mismo discurso despidió con sátiras al saliente procurador Carrillo Flórez, de quien, si bien no podemos decir que fue una lumbrera en cuanto a resultados de su gestión se refiere, sí debemos reconocer que tampoco endosó las funciones de su cago a los propósitos dictatoriales del Ejecutivo.

Decirle que su deber como procuradora es estar de lado de la institucionalidad, de la que de suyo forma parte, es una advertencia de Perogrullo para quien ya ha trasegado por varios cargos públicos de relevancia.

Lo que se hubiera querido escuchar de un verdadero demócrata era la recomendación de que supiera tomar la distancia necesaria para honrar su cargo y cumplir con honorabilidad su misión, que no es la de seguir las directrices del jefe del ejecutivo, de quien debe guardar la independencia.

En ejercicio de sus funciones, y cuando las circunstancias lo demanden, la procuradora sí puede y está en su deber de cuestionar la institucionalidad, si considera que es inoperante o que quienes ocupan sus cargos cometen agravios contra las normas del derecho o faltan a su compromiso ético.

Pero el presidente fue más allá y se aseguró de ponerla en cintura con la posición de su Gobierno y las directrices de su partido frente al Acuerdo de Paz.  

A nombre de la protección de los derechos de las víctimas, de las que realmente poco se ha ocupado,  hizo eco de su discurso de que no debe haber impunidad con los victimarios, que en su lenguaje sabemos que no es otra cosa que su deseo de seguir interponiéndose al rol que ha venido cumpliendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que nunca ha visto con buenos ojos y que tozudamente sigue desconociendo como parte hoy del engranaje del sistema de aplicación de justicia en Colombia.  

Eso sí, le hizo también un llamado para que trate con especial consideración a los miembros de la fuerza pública que han cometido delitos, no sin antes advertir que “no se puede ver al Ministerio Público poniendo en tela de juicio a quienes todos los días dan la vida por los colombianos”. ¡Qué tal!

No solo sí se puede, habría que decirle al señor presidente, sino que se está haciendo tarde para  enjuiciar e introducir las reformas que sean necesarias en instituciones cuyos agentes o soldados se salen reiteradamente del marco del respeto a los derechos humanos. El asesinato de Dimar Torres, firmante del acuerdo de paz; la violación de una niña indígena por parte de siete soldados; el asesinato de Dilan Cruz en las protestas de noviembre de 2019, y la masacre cometida por la Policía las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, son solo unos de sus más caros ejemplos y la muestra fehaciente de que sí, bien vale un cuestionamiento.

Oído el discurso del presidente, quedan serias preocupaciones sobre la independencia que vaya a tener la señora procuradora. Mucho da para creer que puede ser una copia en versión femenina de lo que, en especial, ha sido el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, que tanta vergüenza produce por la pobreza de autonomía que ha mostrado respecto del poder ejecutivo, estando al frente del principal órgano de investigación judicial en el país.

La nueva procuradora tendrá a su cargo varias investigaciones por acciones irregulares o delitos cometidos por funcionarios del Gobierno del que ella ha formado parte. A lo sumo tendría que declararse impedida en algunos casos, cuyos procesos están ya en su despacho, entre ellos el del senador Eduardo Enrique Pulgar, su amigo de vieja data y parte del clan político que domina en la costa Caribe, del que la señora Cabello ha sido uno de sus alfiles.

Preocupa cada vez más la falta de un sistema de pesos y contrapesos en el sistema institucional colombiano. El equilibrio en la división de poderes sigue siendo poco más que una ficción, cuando las actuaciones y decisiones de los órganos de control se identifican con el sello de origen de un partido o un sector político, que desdice de la esencia y el valor de la democracia.

Ojalá no nos vayamos a ver de nuevo en la época oscurantista del entonces procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, de quien Margarita Cabello es discípula, que usó y abusó de su cargo e hizo del Ministerio Público un despacho confesional, enajenándolo a su credo religioso y poniéndolo al servicio de las huestes conservadoras y su conciliábulo de la extrema derecha.  

 Economista-Magister en Estudios Políticos

Despenalización del aborto, lecciones para América Latina

Orlando Ortiz Medina

La despenalización reconoce la existencia de un ámbito de autonomía individual en el que el Estado no debe intervenir, y acoge como fuente del derecho que cada persona es dueña de sus decisiones, cuando de su proyecto de vida y del desarrollo de su libre personalidad se trata. 

Wikimedia commons

La despenalización total del aborto en Argentina, que seguramente tendrá efectos para el resto de países de América Latina, debe entenderse como resultado de la confluencia de un conjunto de factores, frente a los que vale la pena detenerse por lo que cada uno representa, en un momento en que el mundo reclama fuerzas e ideas de cambio capaces de conducirnos hacia una nueva civilización.

I.

Un primer elemento a considerar es la manera en que reafirma el alcance de la movilización social como protagonista del cambio que, en el caso de las mujeres argentinas, adquirió una importante dimensión política, logra un avance significativo en materia de reconocimiento de derechos y, aunque queda mucho por verse, será a futuro un elemento clave de transformación cultural. 

Fue un proceso de acumulación de fuerzas del movimiento de mujeres que lleva alrededor de treinta años recorriendo el camino, que culminó con lo que representa sin duda un notable éxito. La convocatoria de un número cada vez mayor de organizaciones les permitió hacerse a un liderazgo de dimensión nacional, con el que lograron sacudir los cimientos del poder político, redimir el protagonismo de la iglesia católica y de otros grupos religiosos, principales opositores a la medida, y vencer la resistencia de sectores civiles profundamente conservadores que aún tienen gran peso en la cultura de la sociedad argentina.

De esta forma se convierten en un grupo de presión en las calles y en muchos otros espacios de deliberación, hasta alcanzar una opinión favorable con la que consiguieron encausar políticamente su propuesta, incidir en la configuración de la agenda legislativa y hacer que los distintos sectores representados en el Congreso tuvieran que ocuparse de la discusión del proyecto, que ya había sido presentado nueve veces, pero solo una vez discutido y votado negativamente por el Senado en el 2018.

Hay que reconocer que en el trámite y aprobación del proyecto hubo otro tipo de variables que jugaron a su favor. Por un lado, una composición más progresista del Congreso, incluida una nueva mirada de algunos de los legisladores que lo habían negado en 2018, convencidos hoy de que la prohibición y penalización no muestra efectos positivos para evitar o disminuir el número de abortos, que se estiman alrededor de cuatrocientos cincuenta mil al año en Argentina.

Por otro lado, el hecho de que su presentación haya venido directamente del Presidente de la República, Alberto Fernández, aunado al liderazgo de la expresidenta Cristina Fernández, que representa al sector más progresista del peronismo, le dio también mayor fuerza, tanto dentro como fuera del ámbito legislativo.  

Queda claro, entonces, que la movilización social, la creación de una opinión favorable y las circunstancias de la coyuntura política son variables necesarias a considerar y parte de las condiciones que siempre habrá que abonar, cuando se trata de apostar a ganar en el espacio por excelencia de la deliberación política, que es el Congreso de la República.

II.

Otro aspecto a destacar es lo que la aprobación de esta ley significa en cuanto al reconocimiento de los derechos individuales, en este caso en particular de las mujeres, aunque, en general, sienta doctrina para el conjunto de los derechos.  

La despenalización del aborto reconoce la existencia de un ámbito de autonomía individual en el que el Estado no debe intervenir y acoge como fuente del derecho que cada persona es dueña de sus decisiones, cuando de su proyecto de vida y del desarrollo de su libre personalidad se trata. En este caso, asume que no se puede imponer a la mujer la obligación de ser madre, si ello no está dentro de sus propósitos.

Es también un avance al restarle poder a los rasgos de absolutismo que todavía se heredan en los países latinoamericanos, y otros en el mundo, porque otorga a los individuos la facultad de negarse a aceptar sin fórmula de juicio lo que quieren seguir siendo imposiciones arbitrarias de parte del Estado. Se asume, con razón, que no son los tiempos de un Estado omnipresente y omnímodo, sino que existen límites que le impiden hacerse dueño absoluto de la vida de las personas (Gaviria,2002).  

Es importante decir que la ley no desconoce los derechos ni atenta contra los principios o creencias de quienes se oponen a la realización del aborto, pues nadie estará obligado a practicárselo; lo que hace es reconocer y darle vida jurídica a los derechos de una parte de la ciudadanía que hasta ahora había sido privada de los mismos. En fin, admite que las creencias o preceptos que unos viven como obligación moral no pueden convertirse en deber jurídico o base de aplicación de la justicia para otros.

La despenalización no busca tampoco promover o ser un estímulo para la realización del aborto, se trata de dar respuesta a un problema de afectación pública, en el que la prohibición y el castigo no han evitado que se produzca sino que ha obligado a las mujeres a someterse a él de manera clandestina y en condiciones adversas para su salud física y emocional.

Al respecto, la implementación deja unos retos interesantes por lo que significa en materia de educación, apropiación de nuevos patrones culturales, asunción de roles de hombres y mujeres, y uso del raciocinio, en este caso en lo que al ejercicio de la sexualidad se refiere, para que, en lo posible, se pueda evitar que la práctica del aborto tenga que producirse.

Se resalta entonces que, en el marco de los derechos y el dominio de la persona sobre su proyecto de vida, la nueva ley reconoce el aborto como un fenómeno de alta complejidad, asociado a razones de orden histórico, sociológico, psicológico, cultural, económico e incluso político y religioso, que pesan sobre todo en las poblaciones con más altos niveles de vulnerabilidad.

III.

Un aspecto de especial relevancia es lo que significa en el avance hacia una sociedad secular y un Estado realmente laico, al ser la iglesia, en sus diferentes expresiones, una de las principales derrotadas y la que más se resiente con la decisión del Congreso argentino, por el peso que tradicionalmente ha tenido en la cultura de América Latina y el rol, cada vez mayor, que juega en los acontecimientos políticos.

Valdría esperar que esta fuera una oportunidad para que una iglesia hasta ahora mantenida en el más acendrado conservadurismo entre en una etapa de reflexión, se ponga a tono con el nuevo universo de comprensiones a que el proceso de modernización y secularización de la sociedad ha conducido, sea capaz de reconocer la emergencia de otras maneras de ver y entender el mundo y reconozca la diversidad y el pluralismo como condición imperativa de una nueva sociedad.

Los sectores conservadores, civiles o religiosos, no pueden seguir concibiendo el proceso de secularización de la sociedad como una afrenta, pues, ante el reconocimiento de los derechos, los dogmas religiosos o las ataduras de la fe se hacen cada vez más insostenibles y ponen en riesgo las propias posibilidades de la iglesia para mantener a sus fieles. Es claro que la iglesia no solo ha perdido adeptos, en especial entre la población joven, sino que muchas de las mujeres que se practican abortos son creyentes y asisten comúnmente a los oficios religiosos.

Posiciones menos inflexibles vendrían bien en estos tiempos en que el deshacer de viejos paradigmas y el impulso de transformaciones culturales son una garantía para asegurar la convivencia y el bienestar de individuos y sociedades.      

IV.

Queda todavía un camino largo por recorrer y son muchos los retos por vencer para la implementación de esta ley; se enfrentará a todo tipo de obstáculos, sobre todo las barreras culturales y la presión con mayor rigor de las iglesias. Adicionalmente, la adecuación del sistema de salud, al que se sumará seguramente la resistencia de gran parte del cuerpo médico, haciendo uso de su derecho a la objeción de conciencia, que en todo caso no podrá servir de pretexto para evitar su entrada en vigencia.

Lo importante será insistir en que, en vez de una tipificación penal, se requieren políticas y programas de salud pública que contemplen programas de educación desde edades bien tempranas para hombres y mujeres, asistencia en las diferentes modalidades de planificación familiar y, en cada caso que sea necesario, atención prioritaria e integral a las mujeres que por cualquier razón tomen la decisión de interrumpir su embarazo.

 

*Economista-Magister en Estudios políticos

Referencias bibliográficas

Gaviria, C. (2002), Sentencias-herejías constitucionales. Colombia, Fondo de Cultura Económica.