Foto tomada de: 24 horas/noticias bbc |
viernes, 31 de diciembre de 2021
"Tengo fe en Chile”
sábado, 3 de julio de 2021
Dictadura Constitucional
La arquitectura del Estado se adecua y faculta al gobernante para actuar de manera ordinaria con instrumentos que en otras circunstancias responderían a situaciones de facto o de excepción.
Orlando Ortiz Medina*
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Foto: Corporación Jurídica Libertad |
La arquitectura del Estado se adecua y faculta al gobernante para actuar de manera ordinaria con instrumentos que en otras circunstancias responderían a situaciones de facto o de excepción. Si el Estado de derecho termina siendo incómodo para quienes necesitan asegurar su permanencia en el poder, entonces se reordena para ponerlo a la medida de sus necesidades. No es la constitución sino el mismo poder en ejercicio el que establece sus límites .
Esta es la salida que se ha planteado frente a la aguda crisis de representación y legitimidad a la que se enfrenta hoy la dirigencia en Colombia. Con la cooptación de los órganos de control por parte del ejecutivo, la ruptura del equilibrio de poderes y la cesión de funciones judiciales a organismos administrativos, así como de responsabilidades de los entes civiles a los cuerpos militares y de policía, se atenta contra el Estado de derecho y se debilita cada vez más el sistema democrático.
La seguridad, la salvaguarda del orden y un concepto de soberanía fundado en premisas estrictamente jurídicas se refieren exclusivamente al Estado o al régimen y no al cuerpo social en su conjunto. La seguridad ciudadana se subsume y el orden como posibilidad de convivencia en el marco del respeto a los derechos no se vislumbra. La soberanía del constituyente primario, premisa fundante de la democracia, termina anegada y cualquiera de sus manifestaciones se asimila a terrorismo, vandalismo o propósitos de desestabilización a los que el Estado responde con represión y restricción de los derechos.
Las medidas de excepción establecidas al amparo de la declaratoria de emergencia económica durante la pandemia, la aprobación del proyecto de ley que reforma el código disciplinario de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, la promulgación del Decreto 575 que autoriza la militarización de las ciudades y la propuesta de reforma al Decreto 003 de 2021, con la que el Gobierno se autofaculta para reglamentar la protesta ciudadana, son los más recientes ejemplos de cómo en Colombia se ha ido reafirmando un régimen de dictadura rodeado de garantías constitucionales .
La reforma al código disciplinario de la -PGN-, que le otorga funciones judiciales y de policía y la autoriza para investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, pone en serio peligro la democracia; es ni más ni menos que dejar la permanencia y futuro de estos últimos al arbitrio de un funcionario cuyo nombramiento es de origen político, al ser ternado por el Presidente y escogido luego por los sectores políticos mayoritarios en el congreso, que normalmente son parte del mismo circuito de poder.
La -PGN- queda inscrita en un híbrido curioso de competencias de carácter administrativo y judicial que, a juzgar por la tradición, en Colombia terminará siendo nada más que una manera perversa de emitir fallos políticos con ropaje judicial. Tal cual pasó en 2013 con el alcalde de Bogotá Gustavo Petro (2012-2015), destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años, por quien en su momento era el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Para bien de la democracia, el fallo del Procurador tuvo que ser revocado por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, al considerarlo violatorio de la Convención Americana, que, en su artículo 23, establece que una entidad de carácter administrativo, como es la –PGN-, no está facultada para destituir y suspender los derechos políticos a quienes son elegidos por voto popular, en tanto ello solo procede por condena previa establecida por un juez penal.
De manera que el proyecto de ley ya aprobado y en espera de sanción presidencial, no sólo contraría lo dictaminado por la CIDH en el caso de Gustavo Petro, sino que lo que esta dejó taxativamente prohibido pasa ahora a ser parte del ordenamiento constitucional. En este se establece la creación una sala especial de jueces cuyo nombramiento y control dependerán directamente del (la) procurador (a), lo que, de paso, pondrá en vilo los principios de imparcialidad, autonomía e independencia, a los que se deben como rectores de la justicia penal. La línea directa que tendrán con el ejecutivo, a través del procurador, a juzgar por su trámite de nombramiento, será siempre un óbice para garantizar el cumplimiento de estos preceptos.
Con la propuesta de modificación del Decreto 003 de 2021, por su parte, será el Gobierno el que decida cuándo una manifestación es legítima y en qué casos puede o no ser permitida, lo que viola el artículo 37 de la Constitución nacional, que garantiza la protesta ciudadana. Una muestra más del abuso del poder por parte del ejecutivo, que además reforma mediante decreto presidencial algo que solo puede hacerse por vía del legislativo, como lo establecen también la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 15 y 21, respectivamente.
El Decreto 575 de 2021 reafirma la vena militarista del régimen en Colombia, al autorizar el despliegue del ejército en algunas ciudades y departamentos para contener las manifestaciones de protesta que se adelantan en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril. Con ello no solo se pasa por encima de los alcaldes y gobernadores, que son la primera autoridad en sus ámbitos territoriales, sino que se transgrede una vez más el espíritu civilista de la Constitución.
Por si algo faltaba, en una ceremonia de ascenso a oficiales de la policía, Duque anunció que presentará un proyecto de ley antidisturbios y antivandalismo para reglamentar la manifestación pública, en la próxima legislatura del congreso. Aún no sabemos exactamente en qué consiste, pero no hay que dar por descontado que sea una evocación del famoso Estatuto de Seguridad de finales de la década del setenta, que legalizó los abusos de la fuerza pública y resultó tan oneroso para los derechos humanos, tal cual se ha vivido en estos días de fuerte agitación social y con el saldo de personas desaparecidas, asesinadas o abusadas sexualmente, que ha ido quedando.
Estamos pues al arbitrio de un orden constitucional secuestrado por el ímpetu dictatorial de un partido que ha ido enquistándose en todos los ramales del Estado para acomodarlo a su antojo y, al mismo tiempo, de un Estado social de derecho anegado por las pulsiones regresivas de unas élites que insisten en mantener el estado de cosas, pero en cuyos moldes no está dispuesto a permanecer un país mayoritariamente cansado y que reclama con urgencia el viraje hacia un nuevo orden.
La multitud hoy en las calles es apenas el comienzo de un movimiento de insurgencia civil que sabe a qué se está enfrentando y que no será inferior a los retos que convoca este momento de crisis. Qué ganancia ésta la de proceso de paz, vale decir, cuando de un conflicto armado de más de cincuenta años trasegamos hacia un escenario en el que es el poder ciudadano el que se asume como protagonista de primera línea, como nunca durante tantos años había sido alcanzado.
Si por un lado están los que se aferran tozudamente al establecimiento e insisten cada vez más en afinarle las espuelas al régimen de dictadura, por otro están quienes, movidos por los vientos de cambio, ya no volverán a arriar las velas; por el contrario, seguirán insistiendo en abrir los caminos que nos lleven definitivamente por las sendas de la democracia.
*Economista-Magister en Estudios políticos
Sánchez, C, Castellanos E, El disfraz constitucional: el constitucionalismo relativo. En revista papel político, volumen 14, N° 1, enero-junio de 2009, pp. 13-38. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
Schmitt, C. (2006), La Dictadura. Buenos Aires, Editorial Struhart & Cia
miércoles, 9 de junio de 2021
El Paro Nacional, una moneda al aire.
Lo que vemos en últimas en esta larga jornada de movilización social es un modelo de sociedad cuyos cimientos se sacuden y ponen sobre la mesa la necesidad de un nuevo orden; una ruptura cuya tracción hacia los extremos se desborda en manifestaciones de violencia, ante la negativa de quienes han ocupado siempre las posiciones de privilegio en el tablero de juego y tampoco hoy se ven dispuestos a mover las fichas.
Orlando Ortiz Medina*
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Foto EFE. Tomado de El Tiempo. |
jueves, 27 de mayo de 2021
Cali, a millas siento tu aroma
En la Loma de la Dignidad en Cali, en el Portal de la Resistencia en Bogotá, en el Parque de la Resistencia en Medellín y en cualquier otra de las ciudades de Colombia, se sacuden las mentes y el ímpetu joven, el latir de un nuevo país que parece estar naciendo
Orlando Ortiz Medina*
Y sí, a millas se siente hoy el aroma efervescente de la ciudad que se levanta como epicentro de una jornada de movilización ciudadana sin antecedentes en la historia de Colombia. También conocida como la sucursal del cielo, en homenaje a la belleza de sus mujeres, la ciudad de olor a caña, tabaco y brea hiede hoy al humo de la pólvora desprendida de las armas con las que los agentes del Estado y algunos civiles seguidores del partido de Gobierno han respondido al descontento popular. El sonido de los timbales, los bombos y los clarinetes es reemplazado por el ruido enardecido de las aspas de los helicópteros, las motos oficiales o las sirenas temerarias de las tanquetas policiales.
Esta vez son Cali y otras ciudades del departamento del Valle las que han puesto el grito más alto para hacer eco de la situación de duelo, angustia y desespero de miles y miles de personas que en todo el territorio nacional se toman las calles para decir no más a un Gobierno que apenas se ocupa de mirar cómo tapa el sol con un dedo, ante su incapacidad de dar respuesta al clímax de una agitada situación social que durante mucho tiempo se había mantenido represada.
¿Por qué Cali?
Como parte de los principales centros urbanos e industriales de Colombia, terceros en importancia después de Bogotá-Cundinamarca y Antioquia, Cali y el departamento del Valle están en medio de un entorno muy complejo, en donde, aparte de su propios problemas, se ven afectados por otros que repercuten en su geografía, asociados con el conflicto social y armado interno y el abandono del Estado en zonas de la costa pacífica y el sur de Colombia.
Cali es lugar de acogida de familias desplazadas de los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó, principalmente, a las que se suma hoy una gran cantidad de población migrante. Allí ha tomado forma un conglomerado humano diverso y pluricultural, que en su mayoría se alberga en las zonas periféricas de la ciudad y vive en las peores condiciones de pobreza y exclusión. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, según información publicada en el diario local El País, “cerca del 44,5 % de los habitantes de la capital del Valle viven en asentamientos precarios y unas 800.000 personas en invasiones” .
Pobreza y desempleo
De acuerdo con el más reciente informe de pobreza publicado por el DANE , de los más de dos millones de habitantes que tiene Cali, el 36,3 % vive en situación de pobreza monetaria y un 15,1 % en situación de pobreza monetaria extrema, índices que subieron 14,4 y 8,6 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2019 y 2020, por encima de los promedios nacionales, que fueron de 6,8 para pobreza monetaria y 5.5 para pobreza monetaria extrema. El desempleo, por su parte, es en Cali del 18, 6%, cinco puntos por encima el promedio nacional, que es de 13,8 %, y la tasa de informalidad está alrededor del 50 %.
Una historia de segregación y exclusión
Pero sus dolores, nada nuevos, son herencia del proceso de configuración de sus formas de explotación económica, ligadas con las relaciones hacendatarias y esclavistas heredadas de la época colonial alrededor del cultivo de la caña de azúcar, producto traído de Santo Domingo en el siglo XVI por Sebastián de Belalcázar , personaje cuya estatua fue precisamente derribada en estos días por los representantes de las comunidades indígenas. Este último hecho tiene una profunda connotación simbólica y contribuye a explicar que lo que ocurre en Colombia responde a una serie de situaciones históricamente acumuladas, que los hechos más recientes simplemente están permitiendo develar.
Fue la producción de la caña de azúcar y sus derivados industriales lo que dio lugar al desarrollo de las grandes exportaciones comerciales en el Cauca y el Valle del Cauca. En el marco de una estructura de propiedad latifundista y con el monocultivo como base de su agricultura, tuvo lugar el desplazamiento de la producción agroalimentaria y el desarraigo o despojo de pequeños propietarios o productores que, especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se vieron obligados a ceder o vender su tierras para irse a vivir de la informalidad y el rebusque en los centros urbanos .
Cauca y Valle del Cauca fueron territorios en gran parte poblados por descendientes de las comunidades negras esclavizadas traídas de África, con las que se sustituyó a la población indígena, diezmada por la ruda explotación a la que fue sometida por el conquistador español y después por las élites republicanas que aún hoy mantienen el control de las estructuras de dominación.
Los mismos que están a la cabeza de los grandes conglomerados económicos, controlan o forman parte de lo que han sido o queda de las colectividades políticas tradicionales, tienen cooptada la institucionalidad y son portadoras, además, de un imaginario racista, excluyente y discriminatorio, en especial contra las poblaciones indígenas y afrocolombianas que, aun en ese escenario de segregación, son la base principal de la fuerza de trabajo de la capital y del departamento.
El desborde de la crisis
Los desequilibrios entre una oferta de mano de obra en aumento debido a la llegada de personas desplazadas de otras regiones del país, a las que se suman los expulsados de otros sectores económicos que con la apertura económica de los años noventa minaron gran parte del potencial productivo nacional, y una demanda decreciente ocasionada por los mayores desarrollos tecnológicos, fueron sumiendo a Cali y el Valle del Cauca en una crisis con ribetes sociales cada vez más profundos.
El desempleo, el aumento de la informalidad, la pobreza y la miseria, como lo demuestran las cifras, exacerbadas además por efecto de la pandemia, se complejizan con el surgimiento de variadas formas de violencia y delincuencia, de una u otra forma asociadas con el deterioro social y el impacto que otro tipo de fenómenos como el narcotráfico, por ejemplo, han jugado en la cartografía de sus problemas.
La realidad de una ciudad modernizada, pero anclada todavía en patrones coloniales de exclusión económica, social y cultural, que hoy no están dispuestos a seguir soportando quienes han estado del lado más débil de la balanza, resumen el saldo de una deuda social cuya cuenta de cobro se tramita a través del estado de tensión que hoy vive Colombia y que no fortuitamente ha tenido como caja de resonancia la ciudad de Cali.
La juventud como protagonista
Quienes principalmente se movilizan son los jóvenes porque son los que más se resienten de un modelo de desarrollo y sociedad en los que no han encontrado cabida; que se ven sin futuro, sin confianza en unas instituciones y formas de organización en las que no están representados, que son víctimas de un régimen que los ha estigmatizado y perseguido, como lo demuestra el que en estos días hayan sido el blanco principal de la represión policial.
Son parte también de una generación que aprendió que la democracia no es el mero cascarón institucional que de cuando en cuando los convoca a validar las falencias del establecimiento, sino que espera que se traduzca en posibilidades verdaderas de participación, les ofrezca un lugar digno en las dinámicas de producción, inclusión en el sistema educativo, derecho a la salud y espacios para hacer realidad sus sueños en disciplinas como el arte, el deporte, la cultura, etc., con lo que hoy principalmente se está manifestando en las calles.
Se equivocan quienes siguen pensando que lo que ocurre en Cali, como en otras ciudades de Colombia, es un asunto de vándalos o que obedece a una ya vacua idea de polarización entre amigos o enemigos de a una solución de guerra o salida negociada a un conflicto, con la que durante tantas décadas nos dejamos distraer de los verdaderos problemas de Colombia. Son esos problemas los que hoy convocan a una ciudadanía que ha entendido que cuando las instituciones fallan o son solo un disimulo de la democracia, están las calles y las nuevas formas de representación para garantizar su ejercicio.
En la Loma de la Dignidad en Cali, en el Portal de la Resistencia en Bogotá, en el Parque de la Resistencia en Medellín y en cualquier otra de las ciudades de Colombia, se sacuden las mentes y el ímpetu joven, el latir de un nuevo país que parece estar naciendo. Hagamos lo que diga el corazón, dice otra canción del grupo Niche.
*Economista-Magister en Estudios políticos
[1] DANE, presentación pobreza monetaria en Colombia, resultados 2020. Abril 29 de 2021
[1]
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-92/la-cana-de-azucar-en-el-valle-del-cauca
[1] Ayala-Osorio, G. (2019). El monocultivo de la caña de
azúcar en el valle geográfico del río Cauca (Valle del Cauca, Colombia): un
enclave que desnaturaliza la vida ecosistémica. Forum. Revista
Departamento de Ciencia Política, (15), 37-66.
https://doi.org/10.15446/frdcp.n15.72452
domingo, 9 de mayo de 2021
Señor Duque, no dispare
Por las calles de Colombia se moviliza hoy una ciudadanía variopinta, un conjunto de voces polifónicas que reclaman un espacio para la realización de sus derechos,
Orlando Ortiz Medina*
El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Así reza el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. “…las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en su vida, honra, bienes,…” reza el artículo 2.Pese al mandato taxativo de la constitución, que el presidente de la república juró cumplir, hacer cumplir y defender, 47 personas han muerto a manos de la policía durante los 10 días de protesta social que se lleva a cabo en Colombia desde el 28 de abril. Además, se cuentan 963 detenciones arbitrarias, 135 personas desaparecidas, 1023 heridas y 12 casos de violencia sexual. Un balance espeluznante y una respuesta inusitada contra una legítima jornada de protesta ciudadana que, de acuerdo con el artículo 37, está también garantizada por la Constitución Nacional.
El Estado de Derecho está siendo entonces tanto menos que una realidad ficcional, como desde un comienzo lo ha venido siendo el ejercicio de gobierno del señor Duque. En verdad cuesta mucho llamarlo presidente.
La movilización se produce inicialmente como parte de un levantamiento contra la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno, pero que tan solo fue la gota que rebozó la copa en que se acumulaban un conjunto de situaciones de tensión, ocasionadas por el difícil momento que vive una ciudadanía preocupada e indignada por el acelerado deterioro de sus condiciones de vida, reflejado en el incremento del hambre, la pobreza y el desempleo, exacerbados por los efectos de la pandemia.
Como el presidente que no ha sido, Duque ha elevado a las más altas cumbres la ineptitud, la indolencia y sobre todo la desconexión que tienen con la realidad del país quienes durante toda nuestra historia republicana han manejado a su antojo las riendas del Estado y configurado a imagen y semejanza de sus ambiciones y deseos el mapa político, económico y social de la nación.
La crisis de hoy radica en que esa realidad se les está saliendo de las manos. Los partidos y las dirigencias tradicionales lejos están de convocar o asumir la representación de las mayorías nacionales, la emergencia de una diáspora de nuevas identidades socava su legitimidad y se muestra dispuesta a que se produzca un relevo, la paciencia se agota, la dimensión de los problemas toma cuerpo en la conciencia de cada ciudadano o ciudadana que busca un lugar y una forma de manifestarse superando miedos, incluido el de enfrentarse ante la rabiosa y criminal reacción del régimen.
Por las calles de Colombia se moviliza hoy una ciudadanía variopinta, un conjunto de voces polifónicas que reclaman un espacio para la realización de sus derechos, seguridad y dignidad para sus vidas; las mismas que forman parte de esos nuevos tres millones y medio de personas que en el último año han caído en la pobreza, las que intentan sobrevivir de la informalidad, las que solo tienen para suplir una comida al día y los miles de jóvenes que no han podido ingresar o han tenido que abandonar sus estudios. A ellos se suman los que se duelen de la muerte de sus familiares y amigos debido a la pandemia, en donde la precariedad del sistema de salud y la pobreza con que el Gobierno ha encarado la situación es la que explica en buena parte la razón de su partida.
Detenga la masacre señor Duque; no son vándalos los que decidieron hacerse oír; no haga blanco de su ineptitud, su cinismo y su indolencia a quienes no les ha quedado otra alternativa que exponer su vida en las calles; que la sangre de las decenas de jóvenes asesinados no sea lo que justifique su paseo por la presidencia; devuelva la policía y el ejército a sus cuarteles porque afuera están actuando como fieras enloquecidas; regálele al país un minuto de liderazgo, al menos en esta hora aciaga en que, por el fracaso de su gestión, Colombia está de luto.
Piense en que su falta de honestidad al haber aceptado ocupar un cargo para el que no reunía las condiciones es lo que lo hace el único responsable del horrible momento que vive Colombia; no ponga sus armas a discreción contra una juventud inerme que solo ha salido a reclamar el derecho a tener un presente en paz y a que no se le niegue la posibilidad de seguir soñando en cómo labrar un futuro más promisorio.
Si tuviera entereza y fuera cierto que está dispuesto a hacer algo por Colombia, lo más razonable sería que hoy mismo usted presentara su renuncia; le convendría y se expondría menos a tener que salir por la puerta de atrás, como seguro irá a pasar si se espera hasta el siete de agosto de 2022. Ojalá le alcanzara la sensatez para que deje algo bueno en la historia que pueda honrar su nombre.
Usted que permanentemente invoca al Dios en el que cree, sin faltarle al respeto que merecen sus creencias, recuerde que el quinto de sus mandamientos le dice “no matarás”; pídale a ese Dios que lo ha acompañado cuando le ha quedado grande proteger y defender la vida, que se apiade de su conciencia y lo ilumine para que le quede más grande ayudar a producir la muerte.
*Economista-Magister en Estudios Políticos
jueves, 29 de abril de 2021
Réquiem por Keynes y por la reforma tributaria
La propuesta no hace más que reafirmar lo lejos y desconectado que está el señor Duque de la situación por la que el país y el mundo atraviesan; ni siquiera el sentido común le alcanza para advertir que en vez de apagar está atizando el fuego, en un momento en que el país está ad portas de un profundo estallido social que nadie sabe a dónde podría conducirnos.
Orlando Ortiz Medina*
[2] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim20.pdf
[3] https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210403-covid19-america-latina-cien-dias-vacunacion-tercera-ola
domingo, 25 de abril de 2021
Caballero inútil
Orlando Ortiz Medina*
A Margarita Rosa la muestra como una pieza decorativa, es una actriz famosa, muy bella y tiene bonita voz, nada más; es “un gancho”, una especie de señuelo, un canto de sirena para atraer incautos, pueblo, vulgo, populacho, nadie que sea como él, rico, erudito e ilustrado
En su columna de hoy en el portal Los Danieles, Antonio Caballero nos muestra cómo se estrella la calidad de quien es una buena pluma contra la pobreza de sus contenidos.
Caballero se muestra hoy como aquel de quien se dice que tiene un mar de conocimientos pero solo un milímetro de profundidad. Con una serie de epítetos, insultos y frases arrogantes se despacha contra Gustavo Petro, Margarita Rosa, Gustavo Bolívar, la Colombia Humana y el Pacto Histórico. Contra ellos y ella se deja venir como un tropelero de cantina que dispara o lanza botellas, así no tenga claro cuál es el blanco al que dispara: politiquero, farsante, demagogo, ambicioso, ingenua, novata...,
No dice nada que merezca al menos una vana reflexión, ni siquiera se formula o formula una pregunta seria sobre el tema del que aparentemente se ocupa la columna, que va mucho más allá de Petro, Bolívar y Margarita Rosa; ante todo porque se trata de un momento en el que, gústele o entiéndalo él o no, la política colombiana se ve bastante agitada ante la posibilidad de que, en efecto, un nuevo Pacto Histórico se sobreponga a la caduca y perversa hegemonía de los que hasta ahora nos han gobernado y que, tal vez también a Caballero, los tiene con cierto nerviosismo. De eso, que es realmente lo importante, no se ocupa el afamado columnista.
La magistral pluma de Caballero, así como la extensa erudición y cultura general que posee, nos recuerda la figura del burro que camina con una biblioteca encima; lo muestra insulso, vacuo, ignorante; porque si hay hoy una propuesta clara frente a las próximas elecciones es la que presenta la Colombia Humana, y con ella el Pacto Histórico, de lo que, aparte de nombrarlo con sorna, no le merece un solo comentario.
En su “reflexión” no tiene cabida el hecho de que por primera vez el Frente Nacional, que aún está vigente, pueda ser derrotado; no le dice nada que la Colombia Humana está proponiendo un nuevo modelo económico que supere el oneroso extractivismo que es parte de la bancarrota en que se encuentra la economía nacional; tampoco que tiene una propuesta frente a los efectos del cambio climático, que propone devolverle a los ciudadanos el derecho a la salud, a la educación, a un empleo digno y, más aún, a que se les respete la vida, que es lo mínimo que necesitamos y esperamos los colombianos de ese nuevo Pacto Histórico al que Caballero simplemente ridiculiza.
Para Caballero, el Pacto Histórico es solo ficción, claro, como lo es para todos los abierta o camufladamente defensores del statu quo, como lo es él, heredero de terratenientes y acaparadores de tierra, niño rico y señor que ha vivido siempre entre las mieles del poder, escribidor cómodo de sillón que nunca ha tenido que pasar las afugias de la mayoría de quienes pensamos que sí, que Colombia necesita y está hoy a punto de dar el paso y romperle el espinazo al viejo Pacto de los que durante más de doscientos años se han venido defecando en un país que ya no aguanta más insanias, las mismas que la pluma magistral -pero al fin y al cabo inofensiva- de Caballero ha criticado.
A Margarita Rosa la muestra como una pieza decorativa, es una actriz famosa, muy bella y tiene bonita voz, nada más; es “un gancho”, una especie de señuelo, un canto de sirena para atraer incautos, pueblo, vulgo, populacho, nadie que sea como él, rico, erudito e ilustrado. Como es actriz y es bella, Margarita ni sabe ni tiene derecho a opinar, es, para Caballero, de esas bonitas bobitas, además de ingenua y novata, a las que les va mejor quedarse calladas porque crispan la sabiduría del arrogante y machote columnista al que la opinión de una mujer, por ser bella e inteligente, escandaliza.
Uno de los más reconocidos columnistas de Colombia desluce en buena medida la presentación de este domingo del portal de Los Danieles, no tanto por su opinión, a la que tiene todo el derecho y merece su respeto, sino porque, después de tanto que lo hemos leído, viene hoy a asaltarnos y dejarnos con una pregunta: ¿de qué sirve una buena pluma en la cabeza de un Caballero inútil?
*Economista-Magister en Estudios Políticos
domingo, 21 de marzo de 2021
MAMBRÚ SE FUE A LA GUERRA
Orlando Ortiz Medina*
Tanto por su incapacidad para golpear a sus verdaderos enemigos, explicada en la mediocridad de sus resultados de inteligencia y operacionales, que le toca maquillar y completar con la sangre de inocentes, como ocurrió con los 6402 casos de asesinatos extrajudiciales; como por la participación demostrada de algunos de sus integrantes en el asesinato de firmantes del acuerdo de paz, lo que vemos es a un ejército que sigue revelándose como la más vergonzosa de las instituciones en Colombia.
sábado, 30 de enero de 2021
Humor insurrecto
Orlando Ortiz Medina*
El yerro lo que hizo fue actuar como activador de una especie de
desahogo o impulso catártico, que bien podría asimilarse a una jornada de
movilización social
Más tardó en difundirse la
noticia que el comienzo de la nutrida maratón memiática que desde el mismo
momento se produjo y a los pocos minutos ya le había dado no sabemos cuántas
vueltas a Colombia.
Lo ocurrido es algo que no se
puede entender sino como el reflejo de lo que para muchos colombianos
representa el presidente y la manera como están valorando su gestión; el
desfogue de humor se concatena con el evento casuístico, en un entorno que claramente
se devela hostil a su imagen. Es ello y no otra cosa lo que llevó a que el
lapsus terminara siendo la puesta en escena de una improvisada comedia de
creación colectiva.
El yerro, como tal, es realmente
insignificante, en otras circunstancias y con otro personaje no tendría mayor
trascendencia; pero si en este caso dio lugar a que el presidente se convirtiera
en rey de burlas, es porque lo que hizo fue actuar como activador de una
especie de desahogo o impulso catártico, que bien podría asimilarse a una jornada
de movilización social, como la del 21 de noviembre de 2019, por ejemplo.
Bien es sabido que el chiste, la
caricatura o la burla a través de la parodia o la comedia han sido siempre un
recurso para retar el poder, además de convertirse en un parámetro de medición
de las tareas de quien lo ejerce.
Es claro que el descontento
social y político que se vislumbra actualmente en Colombia ha encontrado en el
humor un cauce ideal; las desafortunadas salidas del presidente lo que han
hecho es abrir espacios de expresión a una ciudadanía que se siente convocada por
el conjunto de males que en diferentes flancos se han venido exacerbando, y porque
no ve en su Gobierno la capacidad para identificar alternativas que generen al
menos un asomo de solución.
Dos millones doscientas mil personas
contagiadas por el COVID-19, más de cincuenta mil fallecidas y un sistema de
atención en UCI prácticamente desbordado; sin certeza de cuándo se iniciará el
proceso de inmunización, porque de lo único que estamos seguros es de que somos
de los últimos países de la fila para acceder a la vacuna; quien desde afuera funge
como principal protagonista de esta tragicomedia no ha logrado organizar su
libreto, sólo se muestra como un cínico improvisador a la hora de presentar las
condiciones de negociación y los cronogramas de entrega, no sabemos si ya
efectivamente pactados, con los proveedores comerciales o a través del
mecanismo COVAX.
Lo más seguro es que tengamos que
esperar no sabemos cuántas miles más de vidas sacrificadas antes de que se baje
el telón, por la incompetencia de quien terminará siendo nada más que un letal
verdugo para quienes debemos soportarlo como gobernante. Lo anterior, en un escenario
que se complica todavía más con el deplorable inicio del año, que cierra el
primer mes con un saldo de veintidós feminicidios, ocho masacres, dieciocho líderes
sociales y tres firmantes del acuerdo de paz asesinados.
En este contexto, y en un país
que lleva tanto tiempo tratando de superar la violencia y redimir la
insurrección armada, bien vale celebrar la fuerza de ese humor insurrecto con
que hoy se manifiesta la ciudadanía.
Bienvenido el ingenio y la
creatividad como vehículo de expresión de la inconformidad, que la imaginación
trascienda desde todos los rincones y en todas las formas posibles y se
consolide como una forma más de rechazo a la mediocridad de quienes, vestidos
de héroes o salvadores, nos hacen víctimas de sus pantomimas y nos sacrifican
con sus artificiosas actuaciones.
Eso sí, que no se llegue al punto
de que se opaque la real dimensión de las problemáticas y se convierta en un
desvío de la búsqueda de respuestas, que no termine siendo un elemento que
paralice o quite fuerza a esa reacción ciudadana que se está acumulando para
que se sumen nuevas voces a ese elenco de actores que desde el anonimato se
rebela contra el mal hablado bufón de
la comedia y su cohorte.
Carecen de razón los que
consideran que este azote de creación humorística es una manifestación de
indolencia o un irrespeto a la figura del presidente; no es cierto, nada de lo
ocurrido se ubica en este plano; más vale que en la tras escena él y sus
coristas dimensionen el alcance y significado de estas manifestaciones, y
entiendan el llamado de una ciudadanía que, si bien se recrea con su ineptitud,
no siente menos sobre sus hombros la gravedad de la tragedia.
Economista-Magister en Estudios políticos
sábado, 16 de enero de 2021
La nueva procuradora, ¿Quién controla a quién?
Orlando Ortiz Medina*
Oído el discurso del presidente, quedan serias preocupaciones sobre la independencia que vaya a tener la señora procuradora.
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Px Here |
Todo indica que en su nuevo
cargo, para el que él mismo la ternó, espera que le siga siendo tan obsecuente como
lo fue durante el paso por su Gobierno, y como lo están siendo quienes ocupan
otras posiciones importantes del Estado: el señor fiscal, el señor contralor,
el señor registrador nacional y el señor
defensor del pueblo. La única diferencia es que quien llega ahora es una señora,
la cuota de género que le faltaba para completar la nómina de servidores en que
tiene convertidos a los principales órganos del control.
Prácticamente le dijo cómo debía
comportarse y le dictó la agenda que debe cumplir, sin rubor ni reparo de que ahora
son él y sus funcionarios los que quedarán bajo su control, en tanto la señora asume
como cabeza del Ministerio Público, cuya tarea es justamente hacer seguimiento
y velar por la idoneidad y transparencia de quienes son responsables de las funciones del Estado.
Que su papel es estar del lado de
la institucionalidad, fue lo primero que le dijo y es también lo que lo que más
preocupa, porque no nos queda claro qué fue exactamente lo que quiso decirle,
cuando de marras se sabe que, fiel a la estirpe de su mentor, él mismo se cree
la institucionalidad y considera que nada puede haber que no esté bajo el lente
de su mirada panóptica. Quién controla a quién, ahí está el detalle.
Fue por eso notoria la manera
como en el mismo discurso despidió con sátiras al saliente procurador Carrillo
Flórez, de quien, si bien no podemos decir que fue una lumbrera en cuanto
a resultados de su gestión se refiere, sí debemos reconocer que tampoco endosó las
funciones de su cago a los propósitos dictatoriales del Ejecutivo.
Decirle que su deber como procuradora
es estar de lado de la institucionalidad, de la que de suyo forma parte, es una
advertencia de Perogrullo para quien ya ha trasegado por varios cargos públicos
de relevancia.
Lo que se hubiera querido
escuchar de un verdadero demócrata era la recomendación de que supiera tomar la
distancia necesaria para honrar su cargo y cumplir con honorabilidad su misión,
que no es la de seguir las directrices del jefe del ejecutivo, de quien debe
guardar la independencia.
En ejercicio de sus funciones, y
cuando las circunstancias lo demanden, la procuradora sí puede y está en su deber
de cuestionar la institucionalidad, si considera que es inoperante o que quienes
ocupan sus cargos cometen agravios contra las normas del derecho o faltan a su
compromiso ético.
Pero el presidente fue más allá y
se aseguró de ponerla en cintura con la posición de su Gobierno y las
directrices de su partido frente al Acuerdo de Paz.
A nombre de la protección de los
derechos de las víctimas, de las que realmente poco se ha ocupado, hizo eco de su discurso de que no debe haber
impunidad con los victimarios, que en su lenguaje sabemos que no es otra cosa
que su deseo de seguir interponiéndose al rol que ha venido cumpliendo la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), a la que nunca ha visto con buenos ojos y que tozudamente
sigue desconociendo como parte hoy del engranaje del sistema de aplicación de justicia
en Colombia.
Eso sí, le hizo también un
llamado para que trate con especial consideración a los miembros de la fuerza
pública que han cometido delitos, no sin antes advertir que “no se puede ver
al Ministerio Público poniendo en tela de juicio a quienes todos los días dan
la vida por los colombianos”. ¡Qué tal!
No solo sí se puede, habría que decirle
al señor presidente, sino que se está haciendo tarde para enjuiciar e introducir las reformas que sean necesarias
en instituciones cuyos agentes o soldados se salen reiteradamente del marco del
respeto a los derechos humanos. El asesinato de Dimar Torres, firmante del
acuerdo de paz; la violación de una niña indígena por parte de siete soldados;
el asesinato de Dilan Cruz en las protestas de noviembre de 2019, y la masacre
cometida por la Policía las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, son
solo unos de sus más caros ejemplos y la muestra fehaciente de que sí, bien
vale un cuestionamiento.
Oído el discurso del presidente, quedan
serias preocupaciones sobre la independencia que vaya a tener la señora procuradora.
Mucho da para creer que puede ser una copia en versión femenina de lo que, en
especial, ha sido el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, que tanta vergüenza
produce por la pobreza de autonomía que ha mostrado respecto del poder ejecutivo,
estando al frente del principal órgano de investigación judicial en el país.
La nueva procuradora tendrá a su
cargo varias investigaciones por acciones irregulares o delitos cometidos por
funcionarios del Gobierno del que ella ha formado parte. A lo sumo tendría que
declararse impedida en algunos casos, cuyos procesos están ya en su despacho, entre
ellos el del senador Eduardo Enrique Pulgar, su amigo de vieja data y parte del
clan político que domina en la costa Caribe, del que la señora Cabello ha sido uno
de sus alfiles.
Preocupa cada vez más la falta de
un sistema de pesos y contrapesos en el sistema institucional colombiano. El equilibrio
en la división de poderes sigue siendo poco más que una ficción, cuando las actuaciones
y decisiones de los órganos de control se identifican con el sello de origen de
un partido o un sector político, que desdice de la esencia y el valor de la democracia.
Ojalá no nos vayamos a ver de nuevo
en la época oscurantista del entonces procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, de
quien Margarita Cabello es discípula, que usó y abusó de su cargo e hizo del Ministerio
Público un despacho confesional, enajenándolo a su credo religioso y poniéndolo
al servicio de las huestes conservadoras y su conciliábulo de la extrema
derecha.