Al fin bajó el salario de los (as) congresistas

Si algo ha dejado claro la legislatura que termina es la importancia de contar con parlamentarios que no sean de los que siempre han sido mayoría y, en consecuencia, un freno a las alternativas de cambio

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Diario El País, Cali

En buen momento y en una acertada decisión, el Gobierno ha expedido el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026 que, con la eliminación de la prima especial de servicios, reduce el salario de los congresistas. 

Varios intentos se habían hecho en el seno del propio Congreso para corregir lo que significa una enorme inequidad frente a otros sectores en la asignación salarial, pero, ni bobos que fueran, a través del ausentismo, el rompimiento del cuórum en el momento de las votaciones y otro conjunto de argucias, los opositores a la medida, empaquetados en las diferentes versiones de los partidos de derecha, y algunos del Verde, lograron imponerse y proteger su abultado estipendio por el loable sacrificio que hacen por el bien de la patria. 

La prima especial de servicios -el sobresueldo-, que a partir de la próxima legislatura dejarán de recibir los congresistas, fue establecida desde 2013 través del Decreto 2170, que sustituía las llamadas primas de localización, de vivienda y de salud que ya venían disfrutando los congresistas. 

En su momento inició con un valor de siete millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($7.898.445), reajustable anualmente en el mismo porcentaje que subiera el salario básico y considerado como componente del factor salarial para la liquidación de las primas de servicios y de navidad. A fecha de hoy ese valor asciende aproximadamente a dieciséis millones de pesos ($ 16´000.000), suma nada despreciable a la que se les hizo acreedores a los padres de la patria, con cargo al fisco nacional. 

Varios intentos se habían hecho en el seno del propio Congreso para corregir lo que significa una enorme inequidad frente a otros sectores en la asignación salarial.

La derogación del Decreto 2170 de 2013, que procede con la expedición del 0030 del 19 de enero de 2026, firmado por el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas, representa para el país un ahorro de cerca de cincuenta y seis mil millones de pesos anuales ($56.000´000.000).

Viene bien esa platica en el momento en que se discuten afugias fiscales y cuando buena parte del país, entre ellos un buen número de congresistas, se contorsiona por el aumento de trescientos veintisiete mil pesos ($327.000) que se ha hecho a los trabajadores que devengan el salario mínimo, más el auxilio de transporte que crece en cerca de cincuenta mil pesos ($50.000). El total devengado será de dos millones de pesos ($2´000.000), veinticinco veces menos de lo que hasta ahora recibe un congresista. 

No sobra recordar que los honorables parlamentarios se benefician, además, con viáticos para transporte y vivienda, tiquetes aéreos, seguros de vida, auxilio funerario, acceso especial a pensión, apoyo para telefonía, camionetas blindadas, servicio de escoltas, etc. A lo anterior se suma el pago para sus Unidades de Trabajo Legislativo -UTL-, un grupo remunerado de asesores de entre seis y diez integrantes que les ayuda a sobrellevar sus pesadas cargas laborales, cuyo pago, por supuesto, corre también a cuenta del erario, al que le significa una cuantiosa erogación. 

Dejemos aparte eventuales “atenciones” que pudieran recibir de lobistas, banqueros, empresarios, caciques regionales, etc., que los acostumbran a premiar si deciden jugar del lado de sus intereses.   

Como a los congresistas les fue imposible legislar en contra de sus buenas mesadas y en bien del país al que, de todas maneras, quisieran ver con sus finanzas equilibradas, fue necesario hacerlo vía decreto del ejecutivo. Esto se corresponde con esa especie de cruzada contra la desigualdad -subirle a los que menos y restarle a los que más- en el que este Gobierno se ha comprometido.  

Aparte de contribuir a allanar los caminos para avanzar hacia la racionalidad en el gasto público y la sostenibilidad fiscal, se pone también en sintonía con la idea de dar prevalencia al interés general, promover la solidaridad y encaminar medidas que beneficien a los sectores que se encuentran en mayores desventajas o viven situaciones de más riesgo y vulnerabilidad.   

No sobra decir que el hecho de que, ante la negativa de un sector mayoritario del Congreso, esta medida hubiera tenido que conducirse vía decreto del ejecutivo, es un elemento a considerar para la conformación del nuevo cuerpo legislativo que se elegirá el próximo ocho de marzo. El país necesita renovar su representación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. 

Si algo ha dejado claro la legislatura que termina es la importancia de contar con parlamentarios que no sean de los que siempre han sido mayoría y, en consecuencia, un freno a las alternativas de cambio.

De sobra ha quedado demostrado el espíritu negacionista, conservador y regresivo que todavía domina en el Congreso. El mismo que quiso hundir la reforma laboral, que no ha dejado hacer realidad la reforma a la salud, que tiene demandada la reforma pensional y que considera populista y se duele del incremento con que se benefició a los trabajadores. En cambio no le duelen las cuestionables cifras a las que se elevan las remuneraciones de los que ocupan, algunos solo ocupan, las sillas del que hacia adelante habrá que enaltecer como el verdadero recinto de la democracia. 

De esto último se trata el voto que debemos depositar en las próximas elecciones. 

*Economista-Magister en estudios políticos