Esta nueva acepción remite al cálculo real, cuando menos más aproximado,
del costo de una canasta familiar, que cubra requerimientos básicos de
subsistencia: alimentación, salud, educación, vestuario, gastos de transporte,
principalmente. No se calcula a partir de una persona, sino de un grupo
familiar, tomando en promedio 3.2 personas por familia y asumiendo que 1.5 de
quienes la componen trabajan.
El de salario mínimo era un concepto en cierta medida arbitrario, tomaba
como referencia solo una persona y siempre había estado por debajo del costo
real de una canasta básica de subsistencia. En otras palabras, era insuficiente
y mantenía las condiciones sobre las cuales se perpetúan los elevados niveles
de inequidad, que es quizá el problema más grande que existe en Colombia. Su incremento,
además, se hacía teniendo en cuenta la tasa de inflación y la productividad,
que no necesariamente respondían al comportamiento del costo de vida.
Se
espera que el nuevo referente de cálculo y el incremento significativo que
implicó impacte positivamente la economía, vía crecimiento del ingreso y de la
demanda, y termine beneficiando a otros grupos de población y sectores
económicos. Asimismo, lo que solo será visible a mediano y largo plazo, que
genere impactos redistributivos, que conjugados con otro conjunto de factores
deberán reflejarse en la disminución de la inequidad y la pobreza y pobreza
extrema.
El salario vital conlleva a una significativa transformación de las
bases filosóficas que han orientado tanto la concepción como el ajuste de la
remuneración de los trabajadores. Da vigencia y contenido al Estado Social de
Derecho; reconoce y se establece sobre dos parámetros clave: dignidad y
calidad de vida, hasta ahora prácticamente ausentes en las mesas de
concertación en Colombia; define nuevos parámetros en la relación salario
(remuneración de los trabajadores) /renta (utilidades de los empresarios) en la
matriz productiva, que hasta ahora ha jugado con ventaja para estos últimos.
Medidas complementarias
Es necesario anotar que el salario no es la única variable a tener en
cuenta en la dinamización y comportamiento de la actividad económica, por lo
que se requiere poner en curso medidas complementarias.
Por ejemplo, ¿Qué hacer frente a aquellos valores que están indexados
(atados) al incremento salarial, que pudieran tener impactos inflacionarios y/o
afectar el ingreso disponible de aquellos a quienes el incremento decretado por
el Gobierno no los cubre o los cubre en menor proporción?
Si se aspira a un gran impacto sobre la demanda agregada, es
necesario garantizar una respuesta adecuada y suficiente de la oferta, que
implica estrategias claras de estímulo a la producción agrícola, pecuaria,
agroindustrial y al sector manufacturero en general. Si no es así, se pueden generar efectos
desestabilizadores.
Hay que pensar en incentivos o tratamientos diferenciales, en especial para
los micros y pequeños empresarios, que pueden hacerse vía créditos de fomento,
apoyo a procesos de transformación tecnológica y políticas dirigidas a mejorar los
escenarios de comercialización e inserción en nuevos mercados, ojalá con
productos que ofrezcan mayores posibilidades de agregación de valor en cada uno
de los eslabones de la cadena de producción.
En relación con el desarrollo agropecuario y sus efectos en cadena sobre
otros sectores, la producción y el consumo alimentario, por ejemplo, es clave que
se continúe con la entrega de tierras a las familias campesinas, en lo que
hasta ahora el Gobierno ha mostrado muy buenos resultados. En esa misma
dirección, continuar con los proyectos de mejora de infraestructura como
carreteras, vías terciarias, disposición de agua para riego, conectividad, sistemas
de transporte e iniciativas de electrificación rural, entre otras.
En fin, se trata de crear la capacidad de respuesta
frente a la situación que se deriva de los nuevos referentes del ajuste
salarial y el aumento que se espera de la demanda efectiva; en otras palabras, que
las empresas reúnan las condiciones que les permitan afrontar y hacer
sostenible el cambio, particularmente en términos de productividad, manteniendo
o en el mejor de los casos aumentando el número de personas vinculadas laboralmente.
Coherencia macroeconómica
Si, como ya se anotaba, el salario no es una única
variable, es necesario que la política salarial esté en coherencia con otras
políticas macroeconómicas que actúan sobre el conjunto de la actividad
productiva. En el propósito de estimular la demanda, por ejemplo, no se puede
continuar con una política monetaria excesivamente restrictiva, la tasa de
interés no puede ser el único instrumento de control de la inflación, en tanto es
insuficiente y termina generando efectos contractivos.
En la misma dirección, frente al impacto esperado
del incremento del salario en los gastos del Estado, hay que insistir en una nueva
ley de financiación; el país necesita reorientar y aumentar su capacidad de
recaudo, lo que es perfectamente factible sin que se generen efectos
desestabilizadores. Infortunadamente, al Congreso le ha faltado sentido de
responsabilidad y le ha fallado a sus ciudadanos llevándolos a asumir
sacrificios que bien pudieran evitarse si no lo dominara su espíritu
obstruccionista y su férrea disposición a que el Gobierno fracase.
La deuda creciente y la situación de déficit en las
finanzas es parte de una situación heredada de gobiernos anteriores, que pueden
corregirse si los diferentes sectores políticos y los gremios económicos están
dispuestos a acoger un pacto fiscal en el que, con verdadero sentido de
patriotismo, piensen en el conjunto de la sociedad y no solamente en sus intereses
gremiales y particulares o en buscar saldos políticos con fines electorales.
Con la negativa a modificar el sistema de recaudo
los gremios y partidos de oposición le han hecho un enorme daño al país, pues son
conscientes de que un presupuesto desequilibrado mina la confianza y credibilidad en el mercado financiero internacional,
con implicaciones adversas sobre los costos y posibilidades de acceso a fuentes
de financiación. La falta de conciencia y los rencores políticos no tienen porque
convertirse en una carga adicional para los ciudadanos.
No hay que proyectar una debacle
Es cierto que la decisión de asumir nuevos referentes para subir el salario
genera una fuerte sacudida, pero no estamos en la antesala de una catástrofe ni
en el camino hacia el fin de los tiempos, como con cierto maniqueísmo lo
presentan sectores de los gremios económicos y los partidos de oposición.
La evidencia ha demostrado que no necesariamente el crecimiento del
salario tiene impactos inflacionarios ni se traduce imperativamente en aumento
del desempleo y la informalidad. Durante los últimos cuatro años (2022-2025) el
salario nominal ha crecido un 62 %, mientras en el
mismo periodo la inflación bajó del 13,2 % al 5,1 %. El
desempleo, por su parte, tuvo un descenso del 10,55% en 2022 al 7% en 2025, la
cifra más baja en el presente siglo. Aunque leve, la tasa nacional de
informalidad ha descendido del 57,9 en el trimestre agosto-octubre de 2022 al
55,5% en el trimestre
agosto-octubre de 2025.
De manera que los datos desestiman las predicciones fatalistas de los
críticos que, sin mirar el conjunto, se quedan en un solo lado de la ecuación: el
del impacto sobre los costos laborales y sobre algunos valores indexados, en
uno y otro caso sin mayor argumentación técnica. Es decir, omiten referirse a
lo que el mayor ingreso disponible implicaría en términos de crecimiento de la
demanda agregada, aumento de la producción, estímulo al desarrollo empresarial y
crecimiento de las personas ocupadas.
Nueva matriz productiva
Respecto a lo anterior, es importante destacar que la nueva fórmula de
incremento salarial se hace sobre una
economía que se ha venido modificando, en el marco de una ruptura con la ortodoxia económica. Se han replanteado los sectores que lideran
el proceso de producción y acumulación, en tanto se transita de un modelo basado
en la primarización de la economía -el extractivismo-, hacia otro que se apoya
en sectores que ofrecen ventajas para el mercado interno, más estabilidad, posibilidades
superiores de reinversión en la economía local y más potencial para la
generación de empleo.
Se refuerza así la idea de que, más allá de la escala de remuneración, la
vinculación de la fuerza de trabajo depende ante todo de la diversificación y
el anclaje de la base productiva con los sectores reales de producción. Es lo que ha ocurrido con el sector agropecuario,
la industria manufacturera, el turismo, el comercio y los servicios, a los que
se ha dado prioridad durante este Gobierno, frente a la que hasta ahora tenía
el de explotación minera.
Mientras que este último participaba en el PIB con un 10% en el tercer trimestre
de 2012, desciende a 4% en el mismo trimestre de 2025. La participación de la agricultura
pasó del 6% al 10% durante el mismo periodo de referencia; el comercio al por
mayor y al por menor pasó del 15% al 19%, comparando también
el tercer trimestre de 2012 y 2025.
El cambio en la matriz productiva ha permitido igualmente una nueva
inserción en las dinámicas económicas internacionales; el país cuenta hoy con
una canasta exportadora más diversificada y menos sujeta a los vaivenes de precios
y los flujos de oferta de los tradicionales commodities. De acuerdo con Giraldo, mientras
entre enero y septiembre del presente año las exportaciones de productos
agropecuarios, alimentos y bebidas contribuyeron con un 30,5% del total
exportado, en 2012 esta cifra era apenas de un 11,23%. Las manufacturas pasaron
de participar con un 17,3% de las exportaciones en 2012 al 21, 8% en 2025. En
el caso de la participación de industrias extractivas la relación es inversa,
cuando pasaron del 65,8% en 2012 al 39,3% en 2025.
En general, el balance de la economía ha mostrado signos muy positivos:
es evidente la reactivación económica, con un ritmo de crecimiento de alrededor
del 3,5%, según reportes de último trimestre del DANE. Tal reactivación, como
se anotó al comienzo, se expresa en la reducción significativa del desempleo,
el descenso en la tasa de inflación y la reducción de la tasa de cambio. De
acuerdo con estimaciones de algunas entidades nacionales e internacionales, se
proyecta un comportamiento igualmente positivo para el nuevo año.
Si cuando se hizo la reforma del 2003, en el gobierno de Alvaro Uribe,
se eliminaron horas extras, se redujo el pago de dominicales y festivos y se
precarizó el sistema de contratación laboral con contratos de prestación de
servicios; es decir, se puso el ajuste económico sobre los hombros de los
trabajadores con el argumento de que iba a reducir el desempleo y la
informalidad, que en efecto no ocurrió, |vale entonces considerar que hoy el
esfuerzo superior esté del lado de los empresarios. Seguro que no van a fenecer
y sí permitirían que avancemos hacia una sociedad menos desigual, más justa y
en donde la democracia no siga siendo solo una aspiración.
Ojalá sepan leer y entender esta nueva etapa de la historia en la que se
encuentra el país y demuestren su grandeza y compromiso, para que al final la
nación entera sea la que termine ganando. También ellos, con la seguridad de que en realidad
no les demanda mayores sacrificios, deben mirar cómo se protege y expande el trabajo
formal y vinculan cada vez más y en mejores condiciones nueva fuerza de trabajo.
Hoy que decirles, con humildad y sin arrogancia, que ya no son solo
ellos los que deciden. Saben que no van a perder, tal vez, solo tal vez, ganarían
un poco menos, pero avanzaremos todos hacia una sociedad mejor. Porque más
equidad y menos pobreza es el camino más seguro hacia la paz.
*Economista-Magister en estudios políticos
