REFORMA TRIBUTARIA, EQUIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Orlando Ortiz Medina*

El congreso se apresta a debatir el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda. Las ideas con las cuales se ha querido vender y promocionar la propuesta van en dos direcciones: por un lado, estimular la creación y formalización de nuevos empleos y, por otro, buscar que la sociedad avance hacia mayores condiciones de equidad; propósitos sin duda loables, pero sobre todo necesarios, si tenemos en cuenta que en ellos se explican en gran medida las causas del conflicto social y armado que se vive en Colombia.

En efecto, Colombia es actualmente el segundo país más desigual de América Latina, después de Bolivia, y el séptimo más desigual del mundo, después incluso de países de los que suelen difundirse imágenes tan dramáticas, como Haití y Angola.

Es también en América Latina uno de los países que presentan más elevados grados de concentración de la propiedad de la tierra, situación que se ve agravada además, por su bajo porcentaje de utilización para fines productivos, debido a que está en su mayoría dedicada a la ganadería extensiva (un gran potrero por cada vaca), o es mantenida apenas a manera de lote de engorde por parte de sus propietarios.

En cuanto al empleo se refiere, aparte de una tasa de desempleo que aunque en los últimos años haya mejorado se sigue manteniendo alrededor de un 10%, los niveles de informalidad bordean ya el 70% del total de los puestos de trabajo generados, lo que refleja el creciente deterioro del mercado laboral.

De manera que si llegaran a ser ciertos los propósitos de avanzar hacia una sociedad que refleje mayores condiciones de equidad y mejor calidad de su mercado de trabajo, estaríamos dando pasos de gigante y desactivando en grado sumo no sólo los factores generadores de pobreza y de pobreza extrema que hoy están al rededor del 32% y del 15%, respectivamente, sino de paso las fuentes principales de su inestabilidad política y social.

Una reforma, o en general un sistema fiscal o de tributación, contribuye a la equidad cuando se caracteriza por tener una estructura de carácter progresivo, es decir, cuando está diseñada de tal manera que quienes ganan y tienen más, pagan más que quienes ganan y tienen menos.

Es exactamente diferente a lo que hasta ahora ha ocurrido en Colombia, en donde, en general, las reformas tributarias que se han hecho en los últimos años han tenido como propósito la búsqueda de menores gravámenes para los grandes contribuyentes, incluidas empresas y personas naturales, respaldadas en el argumento de que una menor carga fiscal, en particular por la vía de la reducción de los costos laborales, es una manera de contribuir a la generación de empleo; el mismo argumento que se trae a colación en la propuesta que ahora cursa en el congreso.

Esta reducción de gravámenes se ha concretado a través de la disminución de tarifas o mediante una serie cada vez mayor de mecanismos de exención tributaria, que ha llevado al establecimiento de un sistema de privilegios, en donde al final las grandes empresas y las personas naturales más pudientes, que en muchos casos son las mismas, hacen una contribución al fisco sensiblemente inferior a la de las personas asalariadas.

Lo anterior obedece también a que el sistema de tributación está diseñado de tal manera que el Estado asegura el pago de impuestos por parte de los asalariados a través del mecanismo de retención en la fuente, que imperativamente se hace efectivo al momento de que estos reciban su pago; cosa que no ocurre con el predial o el impuesto sobre la renta, sobre el que suelen establecerse todo tipo de maniobras de evasión o elusión. Esto, porque cuentan además con la complicidad y ayuda de notarios y contadores, incapaces muchos de cumplir con su juramento de guardianes de la fe y la ética pública. 

Como el Estado debe buscar la forma de compensar los ingresos que se dejan de captar, lo normal es que en las propuestas de reforma ello se traduzca, bien en el recorte de los gastos, que en el marco del actual modelo significa el castigo principalmente a los gastos sociales; en el establecimiento de nuevos tipos de impuesto o en el incremento de algunos de los ya existentes.

La actual propuesta de reforma no muestra una filosofía diferente. Se insiste en la idea de que hay que mantener e incluso a aumentar los beneficios para las empresas y grandes contribuyentes, y trae nuevos impuestos que van a recaer ante todo sobre las personas de ingresos medios.  

Se propone, por ejemplo, una reducción del impuesto de renta del 33 al 25% para las personas jurídicas y al mismo tiempo una disminución del 13,5 de los costos de los parafiscales, que pasarían del 29,5 al 16%. Los ocho puntos menos que se dejan de captar por la disminución del impuesto a la renta serían reemplazados por un nuevo impuesto llamado Impuesto para la Equidad, que consiste en el pago de una tasa del 8% sobre el valor final de las utilidades. Se crea por otro lado el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional IMAN, que a partir de un valor base gravaría la renta de personas naturales, con montos entre el 5% y el 16%, de acuerdo con el valor de los ingresos.  

Aunque este último refleja sin duda un criterio mayor de progresividad, no parece viable y aceptable el monto a partir del cual se empieza establecer, cuando se pretende poner a pagar a personas cuyos ingresos apenas superen –cifra sin precisar- alrededor de los tres millones de pesos. Se reitera aquí la idea ya expuesta de que lo que se deja de recibir por las exenciones establecidas para los grandes contribuyentes, se compensa ampliando la base de tributación, esta vez con la incorporación de impuestos adicionales para las personas de ingresos medios. 

La propuesta traería, además, beneficios adicionales para los grandes contribuyentes, a través de la reducción del impuesto a las ganancias ocasionales, en especial los que se refieren a herencias y donaciones, y venta de activos poseídos por más de dos años. Estos últimos se reducirían de una tarifa del 33% al 15% en el caso de venta de sociedades y del 10% en el caso de venta de activos. ¿Cuántos pobres o personas de medianos ingresos dejan grandes herencias, hacen donaciones o transfieren compañías a sus hijos, esposas u otros familiares?

En cuanto al IVA, la idea en principio es una simplificación del sistema, al pasar de siete a solamente tres tarifas, creando una nueva y eliminando cinco de las ya existentes. En este aspecto hay elementos positivos –la simplificación del sistema lo es en sí mismo-, como la reducción de la tarifa que pagan las semillas y los insumos de las cadenas agropecuarias, que pasarían de una tarifa del 16% al 5%, sin duda un estímulo para un sector que ha sido tan golpeado en los últimos años. Pero preocupa asimismo la propuesta de aumentar, por ejemplo, el IVA a la medicina prepagada; que pasaría del 10% al 16%, impuesto que afectaría sobre todo a los asalariados de ingresos medios. Se crean igualmente algunos impuestos al consumo y un impuesto adicional especial al consumo de lujo, que sustituiría las tarifas del 20%, 25% y 35%, que se buscan eliminar con la actual propuesta de reforma.

Generación y Formalización de Empleo

La ecuación que se asume es que, si se bajan los costos de la nómina, los empresarios se verían estimulados para enganchar nuevos trabajadores. Pero no sólo eso, el enganche de nuevas plazas se hará además, en condiciones de contratación formal que redundaría de manera positiva no sólo en la cantidad sino en la calidad del empleo.

Hay que decir que tal propósito podría resultar siendo ilusorio y al final tan sólo lleve a que se aumenten aún más los niveles de inequidad; pues en aritmética simple lo único que está claro y garantizado en la propuesta es que habrá menos costos para los empleadores. El resto es asunto que estará por verse.

Lo cierto es que no hay una relación causal directa entre el costo de la nómina y la cantidad de personal del que dispone o debe disponer una empresa. El tamaño de planta o el número de trabajadores es algo que está atado y depende de la dinámica general de la economía, de cuáles son los sectores que la impulsan y, en términos más concretos, de los volúmenes generales de demanda agregada, que es en últimas lo que define los stocks de producción necesarios y lo que le otorga capacidad al sistema para el enganche de trabajadores adicionales.

De todas maneras los empleadores tendrán que seguir pagando parafiscales y así sea menor el monto continuaran considerándolo como una carga onerosa para sus empresas. En la lógica racional y utilitarista propia del llamado espíritu empresarial, la minimización de los costos y la maximización del beneficio no es un asunto al que se vaya a renunciar, pues implicaría ceder al juicio capital del ser empresario: si las condiciones lo permiten, cualquier reducción posible de costos debe verse como una oportunidad de incrementar el beneficio. Quién lo discute. Adicionalmente, no hay imperativos para que los empresarios compensen las atenciones que a través de las reformas les ha venido haciendo el Estado y los lleve a que, en efecto, contraten nuevos trabajadores y en condiciones menos adversas que las de los últimos años.

El cuento de que la disminución de los costos laborales estimularía la generación de más y mejores empleos ya nos lo dijeron con las reformas emprendidas desde los años 90, en particular con la Ley 100 de 1992, la Ley 50 de 1993 y la Ley 789 de 2002, principalmente; que flexibilizaron los sistemas de contratación, modificaron los sistemas de salud y seguridad social, y eliminaron el pago de horas extras, dominicales y festivos. Lo cierto, como las cifras lo demuestran, es que el desempleo no disminuyó; por el contrario, hubo periodos en los que se elevó considerablemente, al igual que aumentaron y siguen aumentando los índices de informalidad laboral. Lo que hoy es absolutamente claro es que este tipo de reformas estuvieron imbricadas de un destacadísimo espíritu antiempleo, tanto en volumen como en calidad.

Pero hay más, no se puede dejar de lado la idea de que tener mayores estándares de producción basados en el uso preferente de tecnologías de punta y menos en el de mano de obra es otro factor que se adiciona al pesimismo de las bondades ofrecidas por la reforma, respecto de la generación y formalización del empleo; pues es lógico que las empresas se sientan impelidas a estar a tono en el concierto de la competitividad internacional, que no se basa propiamente en el uso intensivo de mano de obra.  

Las políticas de crecimiento de los últimos años en Colombia no han estado fundadas propiamente sobre los sectores tradicionalmente generadores de empleo: agrícola y manufacturero, principalmente. Ambos han estado relegados a un papel secundario, con signos serios de atraso tecnológico, pocas posibilidades de innovación y viéndose afectados por la entrada cada vez mayor de productos importados, contra los cuales a los productores nacionales, en especial a los pequeños y medianos, les es imposible competir.

Mientras la dinámica del crecimiento siga dependiendo de sectores como la minería y los servicios, el primero destacado además por sus efectos depredadores, no podrá esperarse una verdadera reactivación del empleo. No, independiente de las bondades y esperanzas que se cifren en tal o cual propuesta de reforma de corte institucional o legislativo. Mejor dicho, no es posible una mejora en la cantidad y la calidad del empleo centrada en las condiciones de la oferta, en este caso los costos de la mano de obra, sino se revisan al mismo tiempo las condiciones que promuevan y estimulen su demanda.

Así que, antes que seguir estimulando el proceso de reprimarización, acentuado en las regiones como economías de enclave, sobre todo con el sector minero, es necesaria la diversificación de la producción y el mercado nacional, y por esa vía de la canasta exportadora, agregando a ella más productos de la industria manufacturera y de los sectores agrícola y pecuario.

La generación de empleo es un asunto que depende también de que se eliminen las enormes brechas regionales, pues hay municipios y departamentos olvidados y abandonados a su suerte, que necesitan fuertes dosis de inversión en infraestructura pública, educación, ampliación del espectro de servicios tecnológicos y financieros y mayor conectividad, al lado de una gestión pública transparente y eficiente.

Si el texto de reforma que finalmente se discuta en el congreso no da visos de traducirse efectivamente en mayor equidad, más ingreso disponible para el consumo de manera que se estimule la demanda, efectos ciertos en términos de formalización y mejoras en la remuneración salarial, se reivindicarían los congresistas si más bien deciden archivarlo.

*Economista- Magíster en Estudios Políticos

El Hundimiento de la Reforma al Sistema de Justicia: “La necesidad no tiene ley”

El Hundimiento de la Reforma al Sistema de Justicia: “La necesidad no tiene ley”

Orlando Ortiz Medina*

Que “la necesidad no tiene ley” parece ser el adagio latino (necessitas legem non habet) del que se valió el Presidente de la República para, sin que le asistieran facultades, haber objetado y devuelto el acto legislativo que reformaba la Constitución Nacional y que alcanzó a ser aprobado en el Congreso de la República.

Fue finalmente ese el recurso al que a última hora acudió, lo que de paso fue una de sus excelentes ‘lavadas de manos’, argumentando la inconveniencia del alijo y la necesidad de defensa de un orden constitucional que, en efecto, quiso ser manoseado y reconfigurado a la medida de los delincuentes o de sus compinches, que investidos de legisladores ocupan curules en el parlamento.

Y lo que dice el adagio, de acuerdo con la interpretación de Giorgio Agamben (2005-2006), en cuyas tesis me apoyo para estas reflexiones, es que o “la necesidad no reconoce ley alguna” o que “la necesidad crea su propia ley”; en cualquier caso, la conclusión es la misma:”la necesidad no se somete a la ley”.

Pero, continuando con Agamben, “la teoría de la necesidad no es otra cosa que una teoría de la excepción, en virtud de la cual un caso singular es sustraído a la obligación de observar la ley” –el subrayado es mío-. En caso de necesidad, la ley decae o, por el contrario, se vuelve ella misma la fuente del derecho.

Si de sobrevivir se trata, refiriéndose al orden jurídico y constitucional, el derecho mismo puede o debe ser suspendido; sin que para ello se requiera –esa es la paradoja- fundamento o soporte jurídico alguno. He ahí el estado de excepción en la cumbre de su expresión figurativa.

Así que fue precisamente a la validación y uso de esta figura a lo que acabamos de asistir cuando el propio Congreso, los Partidos, las altas Cortes y la casi totalidad de la sociedad terminaron avalando e incluso celebrando, una decisión en cabeza y sin fundamento jurídico por parte del jefe del ejecutivo.

El Estado de Excepción, esa condición permanente de las democracias modernas a la que ya también y mucho antes Carl Schmit (2001) se había referido, revela su nitidez precisamente en el momento en que se crea esa “zona ambigua” en que los procedimientos de facto pasan a ser de derecho o, al mismo tiempo, cuando ocurre el movimiento inverso en que el derecho es suspendido y las normas jurídicas se indeterminan en meros actos de facto (Agamben 2005 pg 61).

¿Fue eso o no lo que ocurrió con el reciente hundimiento del fallo legislativo que reformaba el Sistema de Justicia?

Por razones que llamó de inconveniencia, el Presidente lo objetó y lo devolvió al congreso sin que tuviera facultades constitucionales para ello; el Congreso, por su parte, acató la solicitud y acudió a su llamado a sesiones extras para reversar lo que en su seno había sido una decisión mayoritaria. De manera que una acción extrajurídica del ejecutivo anuló una acción jurídica emanada del legislativo; un golpe de astucia y de conveniencia política y personal para el Presidente de la República terminó avalado por sus amigos, contradictores y por la sociedad en general; no importa que se saltara por encima de lo que ha ido quedando de la trasquilada Constitución de 1991, luego de tantas reformas.

Unos que arguyeron, quién les creyera, haber sido engañados; otros que con argumentos no menos hipócritas o baladíes recularon al verse expuestos a la picota pública; la mayoría, que ajena a la pestilencia del Congreso, quería evitar el derrame de impunidad, la vergüenza y la indignación que iba producir que tantos delincuentes y por tan graves delitos no sólo quedaran libres sino que dejaran establecido el andamiaje para ahora y a futuro poder seguir delinquiendo y evadiendo la justicia

En fin, todos a una como en Fuenteovejuna firmando un cheque en blanco al ejecutivo, sin calcular que lo que hoy terminó viéndose con buenos ojos, mañana, y para asuntos que sí pudieran llegar ser de factura decente, podrían significar mayor revés y causa de remordimiento.

Sociedad y legislativo hicieron así una bondadosa contribución al ejecutivo; claro, hablamos de un legislativo avergonzado, puesto en sorna y que a falta de honra no tenía más que bajar la cabeza, y de una ciudadanía que, tal vez apostándole al mal menor, prefería eso a dejar pasar el paquete chileno con el que los HP quisieron asaltarla.

Quedó pues claro que el principio democrático de la división de poderes continúa profundamente devaluado y sobre todo que en Colombia, de entre ellos, “que venga el diablo y escoja”; porque del caso que nos ocupa ninguno de los tres salió bien librado. Esto último para no dejar de nombrar a los magistrados que con la reforma lograban ampliar su periodo de permanencia en el cargo y al mismo tiempo su edad de jubilación.

Pero, asimismo, que los otrora grandes partidos siguen liderados por unos monigotes que concilian con la corrupción y que se muestran incapacitados tanto para afrontar la debacle y descomposición que a su interior los asalta, como para medirse a los grandes temas que el país ha venido aplazando y de los que de todas maneras se tendrá que ocupar.

Eso sí, y nunca para bien de la democracia, es claro también que la figura del ejecutivo y del poder presidencial, con el Estado de Excepción como el fundamento de su soberanía, se sigue fortaleciendo; sobre todo frente a un poder legislativo cada vez más vacío de argumentos y lejos, muy lejos, de las medidas éticas y morales que requiere alcanzar para ganar su legitimidad, estando como está, como rehén de las mafias y las bandas criminales allí representadas.

Reconforta de todas maneras la actitud y la airada reacción de muchos sectores sociales, algunos medios de comunicación y otras fuentes de opinión, así como de los partidos que se negaron a hacerse cómplices de ese acto indecoroso que quiso consagrar la impunidad y darle el beneplácito a la corrupción. Es una muestra de que el país conserva todavía una reserva ética y una capacidad de indignación, que tendrá que seguirse manifestando para que el Congreso de la República se purgue de una vez por todas de esa plaga ignominiosa que en mala hora ha llegado a ocupar sus curules.

Es precisamente la capacidad de respuesta y movilización de la sociedad civil lo que hay que fortalecer, cualquiera que sea el origen de los actos de autoritarismo o atentados contra la democracia que se nos quiera imponer.

*Economista- Magíster en Estudios Políticos

Referencias Bibliográficas

Agamben G, 2005, Estado de Excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora.

Agamben G, 2206, Homo Sacer, España, Pre-Textos.  

Schmit C, 2001, Teología Política, México, Fondo de Cultura Económica.

Rosa Elvira Cely. Una más.

Orlando Ortiz Medina*

Era mujer, era pobre, madre soltera; trabajaba en el sector informal, en donde sobrevive alrededor del sesenta por ciento de la población colombiana. A los 35 años de edad, apenas estaba validando su bachillerato, que esperaba terminar para iniciar estudios universitarios, porque todavía tenía la esperanza de llegar a ser una mujer profesional y asegurar un mejor futuro para su hija ya casi adolescente.

Hay pues una primera causa asociada con su muerte: la de padecer el síndrome de muchas de las mujeres y familias colombianas, el de la pobreza, porque en una sociedad como la nuestra ser pobres nos expone a mayores peligros; nada al respecto tan ilustrativo como el caso de Rosa Elvira. 

Fue tal vez por esto que, una vez conocida la agresión que finalmente le produjo la muerte, se ofrecieron diez millones de recompensa a quien diera pistas sobre el paradero de sus victimarios, cuando dos semanas antes se había ofrecido una suma cincuenta veces mayor a quien informara sobre los que atentaron contra un político que fue víctima también de un hecho de violencia. Aunque parezca algo puramente simbólico, es claro que una persona del origen y la condición social de Rosa Elvira vale menos que la de un cuestionado personaje de la vida nacional. Lo cierto es que, aun con todo lo importante o cuestionado que pudiera ser uno, y de menor condición social la otra, son un ciudadano y una ciudadana a quienes la sociedad y el Estado les debe igual valoración, dignidad, obligación de protección y respeto a sus derechos.

Es precisamente el de “ausencia de Estado” el segundo síntoma que debemos asociar a las causas de su muerte. La ultrajaron y asesinaron en un lugar en pleno centro de la ciudad, en un emblemático parque convertido en tierra de nadie y en el que no es el primer hecho de violencia que se presenta. Fue tardíamente encontrada por la Policía, con quien logró comunicarse gracias al valeroso aliento que mantuvo para resistir, pero que no le bastó porque el tristemente célebre 123 tampoco esta vez se hizo efectivo. La llevaron luego a un hospital bastante alejado de donde fue encontrada, pese a que a solo dos minutos había al menos tres centros hospitalarios que le hubieran podido brindar una atención más eficaz y sobre todo oportuna. Pero, ya se dijo, era pobre, luego no tenía seguro y había entonces que conducirla a uno de esos centros en donde se atiende con criterios de caridad y no respondiendo al derecho que como ciudadana le asistía y a la obligación de Estado de garantizarlo.

Si ello era poco, la atención que finalmente se le brindó inició cerca de tres horas después de haber ingresado de urgencias al centro hospitalario. Que un pobre requiera atención de urgencia no significa nada para un sistema en el que la salud es otro más de los asuntos de los que se encarga el mercado, y en el que, dependiendo del “cuánto tienes, cuánto vales”, se te asignará un turno en el que, como en el caso de Rosa Elvira, haces fila para ver si alcanzas o no a librarte de la muerte. Ella no alcanzó.

Pero las fallas del Estado no se producen precisamente el día en que se cometieron los hechos, pues aquel a quien todavía se le llama el supuesto asesino, hacía algunos años había estado en prisión y dejado luego en libertad, pese a tener en su contra acusaciones por asesinato y por la violación de dos de sus hijastras. El sistema de justicia conceptuó en su momento que el sujeto en cuestión era un enfermo mental y que con la sola promesa de que se iba someter a un tratamiento psiquiátrico podía quedar libre. No advirtió lo que una y otra vez han dicho los científicos y expertos sobre estos casos y este tipo de personajes: que un violador o un criminal de esta naturaleza es potencialmente reincidente y que representa por lo tanto un peligro para la sociedad. Si hubiera sido por atender a sus derechos, que también le asisten, y no se le podía mantener en la cárcel, no tenía tampoco que estar en la calle deambulando como Pedro por su casa sino mantenido en un lugar especial y sometido a estricta y permanente vigilancia.

Así que Rosa Elvira sobre todo es víctima de un Estado que una vez más yerra en sus actuaciones para desgracia de sus propios ciudadanos, y en este en caso en particular de sus mujeres.  

Pero hay un tercer y más grave síntoma que se asocia a las causas de su muerte, el que padece una sociedad capaz de producir sujetos de esta naturaleza, que ha hecho imperativa la necesidad de matar y de hacer daño como prurito de fundación y exaltación del yo, que, en especial a las mujeres, las ha dejado expuestas para que sobre ellas caigan o se desinhiban las perversiones, agresiones, frustraciones o ínfulas de un poder construido para someter y dominar. Esa era a lo mejor la manera como el asesino exaltaba su identidad, como manifestaba su orgullo, su condición de macho, su narcisismo y su ego alterado en el que fundaba la personalidad que lo llevó sin ningún pudor a cometer los atropellos que cometió, e incluso a celebrarlos frente a los estrados de la justicia.

Una sociedad cuyas instituciones y algunas de sus dirigencias se resisten todavía a superar los dogmas que mantienen las asimetrías e inequidades sociales y culturales promotoras del autoritarismo y la violencia; que naturaliza las agresiones, banaliza el mal y que llegó a ser incapaz de reconocer en cada muerte una tragedia; que quiere ver en cada sujeto tan solo a un instrumento de dominación y manipulación y que terminó siendo más tolerante y permisiva con los victimarios que con las víctimas. La misma y la de los mismos –algunos muy de moda- que a nombre de Dios, de la ley, de la moral o de la patria promueven la intolerancia, matan o incitan a matar, a exaltar odios o a ejercer venganza.  

Ojalá que la indignación que provocó este nuevo hecho de violencia contra las mujeres no pase, como suele ocurrir, tan pronto al olvido; pero que más allá de la indignación se entienda y se asuma que de lo que se trata es de una sociedad que requiere refundarse; lo que significa allanar los caminos para imprimir los cambios institucionales y deshacer los patrones sociales y culturales que la rigen. Tarea que como país y como sociedad nos compromete a todos, pero en la que juegan un papel destacado las instituciones de educación, los medios de comunicación, los propios organismos del Estado y del gobierno, tan culpables siempre, a pesar de lo que hacen, pero sobre todo de lo que dejan de hacer.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Memoria de mis putas tristes

Memoria de mis putas tristes

Orlando Ortiz Medina*

Cualquiera que haya ido a Cartagena habrá sido objeto de una oferta, tan casual en la ciudad colonial como en cualquier otra ciudad o municipio de Colombia, en donde, así como una lata de cerveza, una cajetilla de cigarrillos o una caja de tabacos, le ofrecen sin rubor “chicas a bajo precio”; de la edad que usted quiera y puesta en el sitio que usted disponga: un bar, la playa o en la habitación del hotel; costo del domicilio y el cafisho incluido. Que el cuerpo y los servicios sexuales sean uno más de los productos y mercancías a los que se pueda acceder en el universo del mercado no es pues noticia, menos en lugares en donde el turismo es tan atractivo como en la muy bien presentada al mundo ciudad de Cartagena.

De manera que, el hecho que terminó marcando la recién celebrada Cumbre de las Américas no debería generar mayor misterio; ya lo dijeron en los Estados Unidos, fue sólo “un acto de indisciplina” de algunos -muy pocos porque en total eran mil- de los agentes de seguridad del presidente Obama. No se violaron leyes colombianas, no se irrespetó a su gobierno, no se cometió ningún delito (ellos no cometen delitos); no es nada que no se pueda subsanar con un despido o sanción ejemplarizante a los desobedientes muchachos.

Lo que sí es irrefutable es que son cientos de mujeres las que ejercen el que es conocido como el oficio más antiguo del mundo; oficio que en Colombia ha venido creciendo a medida que aumenta también la pobreza y que, en especial para las adolescentes e incluso para muchas niñas, es el único que les va quedando como alternativa para solventar su sobrevivencia.

Aunque no se reconozca, en nuestras ciudades hay una relación directa entre prostitución y pobreza; muchas de las mujeres que ejercen como trabajadoras sexuales son el soporte económico de sus familias: padres, madres, hermanos o hermanas; otras son madres solteras y casi todas víctimas también de violencia intrafamiliar, lo que se constituye en un factor adicional que las empuja al desempeño de su trabajo.

“La pobreza me obliga”, suelen argumentar cuando se trata de justificar su labor. Y cómo no creerles en una ciudad que, como Cartagena, es el más vergonzoso y fiel reflejo de una realidad polarizada, en extremos en los que la opulencia, el derroche y el esnobismo de unos cuantos se confronta con la pobreza, el dolor y la humillación e infelicidad a que se está condenando a muchos otros.

Basta con darse una vuelta por los barrios de la zona sur oriental de la ciudad, anegados en la pobreza, olvidados por el Estado y con una precaria infraestructura de servicios públicos; para tener una idea del envés de la ciudad bonita. Aquella por la que no se invita a pasear a quienes vienen a las cumbres o a tantos otros eventos nacionales o internacionales que recurrentemente allí se celebran y de donde tal vez provengan la mayoría de mujeres que ofrecen sus servicios sexuales, a la sombra de las murallas que ya no son para defendernos de los todavía vigentes embates coloniales.

Claro, hay quienes argumentan que el ejercicio de la prostitución tiene hoy diferentes visos y que no es solamente un asunto derivado de las condiciones de pobreza; que hay quienes la ejercen pese a no sufrir condiciones económicas precarias; mujeres de estratos altos o de cierta condición económica prestan también sus servicios a cotizados consumidores; las llamadas prepago, entre quienes, es lo que se dice, se encuentran prestigiosas modelos, actrices y damas de cierta posición. De todas maneras, así ganen más y ejerzan un oficio de su libre albedrío, se trata de mujeres que por mejorar su condición económica se obligan a vender su cuerpo.

Al fin y al cabo, al menos en Colombia, la prostitución es un oficio no prohibido y del que, entre otros, se lucran propietarios de bares y burdeles que explotan como los que más a sus empleadas; mujeres que trabajan sin ninguna garantía de estabilidad, sin ningún tipo de prestaciones sociales; obligadas a mantener al día y por su propia cuenta sus certificados médicos, lo cual está bien, pero que es tan costoso y exigente para una profesión al mismo tiempo tan riesgosa.

En relación con la actitud de los agentes de seguridad del presidente Obama, que podría haber sido la de los agentes de seguridad del presidente de cualquier otra nación poderosa, o incluso de Colombia, pues no es solamente un asunto de los norteamericanos; no es más que la refrendación de una situación ya de sobra conocida: que es la manera como asumen que deben comportarse con personas, y en este caso con mujeres, que provienen o viven en las cloacas o en el patio trasero de su naciones; lo que en su ignorancia todavía  consideran como países del tercer mundo.

Pactar un precio por el servicio y luego no pagarles, o pagarles menos, que fue lo que generó el escándalo y puso al descubierto el “acto de indisciplina”, no hace más que simbolizar la idea que de nuestras mujeres y en general de nuestros ciudadanos tienen ciertos badulaques extranjeros: que somos personas de segunda y que, como en este caso estaban con mujeres que además de colombianas eran putas, o viceversa, de ellas se podían burlar y pasarse por encima de su integridad y de sus derechos.

¿Qué es entonces lo que produce una reacción tan airada en los medios norteamericanos? Nada que verdaderamente indigne –aunque en estos casos lo de menos podría ser indignarse- o lleve a alguna reflexión sobre el imaginario que aún se sostiene sobre la cultura y la vida de nuestras naciones, o a una reflexión sobre el drama de muchas mujeres que, cualquiera que sean las circunstancias, están siendo empujadas a ejercer la prostitución. Por el contrario, el incidente ya está siendo utilizado como eslogan publicitario de una compañía aérea, Spirit, que con mujeres semidesnudas como fondo ofrece viajes de turismo a Cartagena. Más aún, lo que tampoco sorprende, busca ser capitalizado por el Partido Republicano, en la campaña electoral, en curso en los EEUU.

Nada, en fin, que no sea la preocupación por lo que ello signifique para la imagen de la nación que ha querido mostrarse como el ejemplo y adalid de la moral y la decencia en el mundo, o más que un asunto de seguridad nacional, porque “la pilatuna” de sus agentes pudo haber puesto en riesgo también la de su presidente y dejado en evidencia que, pese a su parafernalia, una y otra son vulnerables.

Ya se sabe que los organismos de inteligencia tienen la información de las mujeres que estuvieron implicadas; algunas ya han sido entrevistadas y se está averiguando si pudo haber alguna perteneciente a “bandas terroristas” del país o de cualquier otra parte del mundo. Así que, puestos de nuevo en su senda los dispositivos de seguridad y después de algunos despidos y sanciones, el asunto quedará resuelto; será materia de olvido como ¿los resultados? de la Cumbre misma. 

En Colombia el caso no pasará de ser un asunto de menor cuantía, mientras la pobreza, que cuando menos avergüenza a su presidente –eso fue lo que dijo-, seguirá condenando y arrastrando a muchas mujeres al maltrato y la soledad de su oficio. No habrá nada que no siga siendo parte del paisaje y la cotidianidad de cualquiera de sus municipios o ciudades; asunto del folclor y fuente de inspiración para el humor, la caricatura y los comentarios banales. De lo que verdaderamente debería llamar a la reflexión no irá quedando nada, ni en las páginas de los periódicos, ni en las agendas de sus gobernantes, ni siquiera en la memoria de sus putas tristes.

*Economista-Magíster en Estudios Políticos

Qué Buena Cumbre

QUÉ BUENA CUMBRE

Orlando Ortiz Medina*

Tal vez sea esta la primera de esas cumbres, o acontecimientos de similar naturaleza, de la que no se pueda decir que, como siempre, hubo un rotundo fracaso y que no pasó de ser más que otro de esos eventos de carácter protocolario; y ello pese a que, en realidad, la agenda de discusión, por lo menos la oficial, terminó relegada a un segundo plano, lo que a mi juicio fue precisamente su principal logro. Temas como reducción de la pobreza, integración en materia de infraestructura, desastres naturales, seguridad y acceso a tecnologías, que eran los de la agenda oficial, han sido siempre la parte sustancial de estos encuentros, pero de los cuales al final poco es lo que en realidad se concreta, a no ser por los esfuerzos que en su fuero interno y de acuerdo con sus dinámicas, capacidades y condiciones políticas adelanten cada uno de los países.

Así que, paradójicamente, lo que más se destaca al término esta VI Cumbre de la Américas es justamente que no haya habido consenso y ni siquiera ambiente para la firma de una declaración conjunta por parte de todos los mandatarios asistentes. Lo que ocurrió, es la manifestación más clara y contundente de que las cosas han cambiado, de que América Latina ha avanzado y que las posiciones hegemónicas son cada vez más un asunto del pasado y producto de momentos distintos por los que pasaron la relaciones entre los países del continente, en particular de los de América Latina y el Caribe con los EEUU.

Otros son los tiempos en que los acuerdos o declaraciones finales quedaban signadas por las posiciones abyectas de nuestros países y gobernantes que miraban con temor o con cierta y humillante pleitesía a los gobiernos y mandatarios norteamericanos. Una especie de sentimiento de inferioridad, falta de autoestima y de acatamiento sumiso de las políticas impuestas por sus agendas, o por los organismos que siempre han controlado, Banco Mundial o FMI, por ejemplo; había sido hasta ahora la nota común.

Ese no fue el caso esta vez; la agenda que previamente había sido concertada terminó eclipsada por temas que la mayoría de los gobiernos de América Latina consideraban de mayor importancia; bien porque es allí donde más sienten afectados sus intereses y los de sus conciudadanos: la lucha contra las drogas, o bien por que en ellos ven, de alguna manera, puesta en juego su integración, autodeterminación y soberanía: Cuba y las Malvinas.   

Por eso la agenda oficial fue un asunto de menor importancia y no llamó la atención requerida ni siquiera por parte de lo medios. Debemos decir entonces, no sé si pecando de excesivo optimismo, que lo que ocurrió en esta Cumbre constituye un punto de quiebre y una clara manifestación, no sólo de que los países de América Latina han venido ganando mayor autonomía e independencia frente a la condición omnipotente de los EEUU, sino que, consecuentemente, este último ha venido perdiendo su poder hegemónico y de control en el continente.

Fue una cumbre con una importante carga de contenidos y manifestaciones especialmente simbólicas, pero no por ello menos significativas. No hubo una presencia física del presidente del Ecuador Rafael Correa, pero fue eso mismo lo hizo un protagonista de la Cumbre, porque no hay duda de que el eco de su ausencia estuvo de manera permanente en el recinto de discusión, dadas las razones que adujo para no asistir: el veto a Cuba. Aparte de la expectativa por su arribo a Cartagena y el impresionante despliegue de seguridad, el presente Obama no fue esta vez el protagonista; se le vio más bien relegado y casi que limitado a escuchar las demandas y críticas de los otros gobernantes. Si los comparamos, se vio más en pantalla al presidente de Bolivia Evo Morales, quien secundó todo el tiempo la posición de Ecuador y Venezuela. El presidente del Perú Ollanta Humala regresó a su país la noche anterior a la culminación oficial del evento; la presidenta Cristina Fernández se marchó también unas horas antes; ya vinimos ya cumplimos, pareció ser el mensaje, que de hecho ratificó el embajador de Argentina a través de su Twitter.  

En general, en la cumbre tuvieron más audiencia los mandatarios de países que hace ya varios lustros vienen liderando una posición contra hegemónica a los EEUU; en especial los países del ALBA, que esta vez, y para algunos temas, contaron también con el apoyo de países como Colombia, Guatemala y México, principalmente, que unieron sus voces a la idea de revisar la política de lucha contra las drogas y se sumaron al llamado de que Cuba no siga siendo una nación excluida. De manera que podemos decir que se anotaron un triunfo; pues los temas que lograron incluir en la agenda quedaron posicionados en la mesa de discusión internacional y ya no será fácil, ni siquiera para el gobierno norteamericano, pasar frente a ellos de soslayo. La revisión de la política de lucha contra las drogas basada en el prohibicionismo y la criminalización podría iniciar, ahora sí en serio, el camino hacia que se reconozca su obsolescencia. La práctica de los vetos y exclusiones, que no suelen ser más que una negación o desconocimiento de la diversidad y la pluralidad, y que mucho conlleva de prejuicios de carácter ideológico, tendrá que ser revisada, incluso en el seno mismo de la OEA. 

America Latina y el Caribe pusieron esta vez su agenda, tal vez porque los gobernantes de hoy sienten más el dolor por el ingente número de vidas que se han sacrificado, hasta ahora sin mayores resultados, en la lucha contra las drogas; o porque creen que dichos recursos podrían tener otros destinos para atender necesidades tanto más apremiantes como la salud, la educación o la generación de empleo más digno y mejor remunerado, por ejemplo. En la Cumbre quedó claro que en las agendas que orienten las políticas de desarrollo del hemisferio, los países latinoamericanos no van a seguir siendo los tradicionales convidados de piedra y que cualquier tipo de política o medida que se vaya a emprender tendrá que ser consultada, deberá contar con su anuencia y poner en orden de prioridad sus intereses y los de sus pueblos. Igualmente, después de la cumbre, los Estados Unidos deberán tener más claro lo que desde hace mucho les ha venido diciendo América Latina: que es muy alta su cuota de responsabilidad frente a este flagelo, como quiera que es el principal consumidor; que las políticas, no siempre claras, que ha emprendido para prevenir o combatir el consumo no solo han sido insuficientes sino que, está demostrado, tampoco son ni van a ser eficaces, y que no es enviando armas, municiones y soldados a nuestros países como el asunto se va a solucionar.

En cuanto al presidente Santos, anfitrión en la Cumbre, debemos decir que salió muy bien librado. No sólo porque en la organización del evento parece ser que fue todo un éxito la parte logística sino porque logró mostrarse y consolidar su posición de liderazgo, en lo que ha venido empeñado desde el comienzo de su mandato. Fue, como se sabe que es, un buen jugador; quedó muy bien con el presidente Obama, con quien concretó temas relacionados con el TLC; logró la ampliación del periodo de las visas para los colombianos y pudo manejar con habilidad la situación que desde un comienzo hizo sentir ruidos por la no invitación de Cuba a la Cumbre. Pero asimismo, quedó muy bien con el conjunto de países de América Latina y el Caribe.

Fue desde antes de la realización de la cumbre uno de los que lideró el tema sobre la necesidad de iniciar un diálogo tendiente a revisar la política antidrogas; se unió a las voces de quienes se oponen a que Cuba siga siendo excluida; dijo cosas significativas, como que América Latina debería sentir vergüenza por ser uno de los continentes con más desigualdad en el mundo, ojalá él sienta en serio esa vergüenza. En las palabras de finalización y clausura de la cumbre, dijo tener un sesgo especial por uno de los temas de la agenda oficial, el de la reducción de la pobreza, con el cual se comprometió e invitó a los demás países a comprometerse de verdad con el tema.

A los visitantes les mostró la parte bonita, de la bonita ciudad de Cartagena.   La ciudad estaba pulcra, sus calles “limpias”, incluso de los indigentes y vendedores ambulantes que suelen afear la ciudad; a ellos, como es costumbre, se les recoge y esconde unos días antes cuando hay este tipo de celebraciones.    

Al fin de cuentas, y pese a su carácter eminentemente simbólico y protocolario, de la cumbre podemos hacer un buen balance. Sobre todo para América Latina que le ratificó al mundo, y en particular a los EEUU, que hoy su geografía y el mapa de sus realidades y dinámicas políticas e institucionales configuran otros escenarios; de hecho hoy tenemos un líder indígena y al menos tres mujeres a la cabeza de algunos de sus gobiernos.

Reconociendo la importancia de las relaciones que hay que mantener con el país del norte: económicas, sociales, políticas, culturales; la apuesta es por seguir ganando espacios y mayor protagonismo en los temas de discusión. Ya se sabe que es posible tener diálogos más abiertos y en donde las agendas no terminen convertidas en una camisa de fuerza. Sólo con posiciones más dialógicas, ojalá poco o nada henchidas de fundamentalismo o cargas ideológicas -de uno y otro lado-, el futuro de los americanos: los del norte, los del sur y los del centro, podrá ser algún día mejor.

*Economista- Magíster en Estudios Políticos