La convención del Pacto Histórico y la nueva legislatura del Congreso de la República

La consulta, que es, en general, una manera de contribuir a fortalecer la democracia, será una primera medición de cuánto el proyecto progresista ha calado en la ciudadanía

Orlando Ortiz Medina*

Foto: El Tiempo

Dos eventos significativos para la izquierda y el movimiento progresista tuvieron lugar el pasado fin de semana: la convención nacional del Pacto Histórico y la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Entre luces y sombras, una y otra terminarán de marcar el camino que llevará a decidir sobre su continuidad o el retorno de la derecha o la extrema derecha en 2026.  

La Convención fue en sí misma un hecho positivo. Primero, porque dio cuenta de una izquierda dispuesta a mantenerse en la cabeza del ejecutivo y consciente de que ello solo será posible si llega unida a la primera vuelta. Segundo, porque la convocatoria a la consulta, que es, en general, una manera de contribuir a fortalecer la democracia, será una primera medición de cuánto el proyecto progresista ha calado en la ciudadanía y del respaldo con que cuenta, ya en la etapa final de su primer periodo de gobierno. Tenemos que lograr más de un millón de votos en la consulta, dijo en su intervención la precandidata Susana Muhamad. 

La nueva legislatura en el Congreso, por su parte, marca un derrotero definitivo para el Gobierno y su bancada, que tendrán que saber jugársela para lograr la aprobación de las reformas todavía pendientes, especialmente la de la salud, que al lado de la laboral y la pensional terminarían de configurar la victoria de por lo menos parte de las principales promesas de campaña. 

Igualmente, se espera la presentación de una nueva propuesta de reforma tributaria, necesaria no precisamente para el Gobierno, sino en la que deberían sentirse convocados todos los partidos y sectores económicos, pues se trata de superar el desbalance en los ingresos y gastos del Estado, que se viene acumulando desde mandatos anteriores y que, de no corregirse, podría comprometer la estabilidad de la economía, pese a que la mayoría de sus indicadores se desenvuelve entre saldos positivos. 

Se presentó ya una propuesta de reforma al sistema de justicia, con la que se aspira a disponer de un nuevo marco jurídico para el sometimiento de las organizaciones delincuenciales, como parte de la política de paz total, que es tal vez el punto más crítico y en donde se acusa un mayor déficit de logros. 

Junto a estas, hay otras propuestas de reforma que, si bien no suscitan tanta atención, no son menos importantes, como la que busca modificar el sistema de transferencias de recursos a las regiones -ley de competencias- y la que propone el establecimiento de un nuevo sistema de tarifas de energía, que llevaría a un sistema de cobro más progresivo con la modificación de los subsidios y la disminución de los costos para los estratos 1,2 y 3. 

La democracia, hay que decirlo, va dejando de ser un mero sistema formal y de procedimientos y comienza a materializarse en realizaciones que afectan directamente la vida de las personas.  

En cualquier caso, seguirá siendo un pulso difícil frente una oposición a la que, antes que sumarse a iniciativas para que el país avance, le resulta más beneficioso apostar a que el Gobierno fracase. De hecho, aún sin que se conozca todavía un primer borrador, ya el recién elegido presidente de la comisión tercera del Senado, Jairo Castellanos, anunció que a la nueva propuesta de reforma tributaria “se le dará cristiana sepultura”. 

Aunque con lunares, el balance es satisfactorio

En la instalación de las sesiones del Congreso, el presidente hizo un balance de su gestión en el que reflejó los alcances de un programa fundado sobre bases filosóficas distintas a las que habían caracterizado a prácticamente todos los gobiernos anteriores. Un programa en el que se ha invertido el orden de prioridades, en tanto esta vez es pensado desde y para los sectores más excluidos y en el que se le ha ido dando contenido al Estado Social de Derecho, que hasta ahora no había sido más que un artículo muy bien redactado en la Constitución nacional.  La democracia, de esta manera, va dejando de ser un mero sistema formal, de procedimientos, y comienza a materializarse en elaboraciones que afectan directamente la vida de las personas.  

Un sistema de tributación más progresivo, devolución de derechos a los trabajadores, posibilidad de una vida más digna para quienes no lograron acceder a una pensión de vejez, ampliación de cobertura y gratuidad en las universidades públicas y un pago más justo a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, fue parte de lo que se destacó como resultado de las reformas que contra viento y marea y con la movilización popular se logró que fueran aprobadas en el Congreso. Al lado de ello, un balance económico que terminó de anegar los augurios con que quisieron malograr las propuestas los partidos de oposición, a quienes las cifras les enrostran hoy su mala saña y los dejan sin argumentos, que en realidad nunca fueron tales. No sobra recordar este video de Francisco Santos.

Por supuesto que se reconocen lunares y que no todo ha podido llevarse a acabo. Ya se ha hecho referencia a la situación de desbalance fiscal, que al lado del crecimiento del endeudamiento externo demandan hoy una especial atención. En todo caso, es una responsabilidad de la que no se puede eximir al Congreso, que se ha opuesto a las alternativas presentadas por el ejecutivo para allegar nuevos recursos, como los recortes a la aprobada reforma tributaria de 2022 y el hundimiento de la ley de financiamiento, a los que se sumó la decisión de la Corte de tumbar la propuesta de reforma el sistema general de regalías. Unos y otros afectaron la disposición de recursos con que se esperaba contar para cubrir los gastos de funcionamiento y cumplir con las demás responsabilidades. 

El tema, también ya referido, en donde se encuentran las mayores falencias, es el de la paz total.  El presidente se fue muy lejos y con una meta quizá muy pretenciosa para un plazo tan corto y en un escenario tan adverso como el de Colombia. No midió con suficiente tino el alcance frente a un conflicto cada vez más degradado, con diferentes expresiones territoriales, una diáspora de contendientes cada vez más dispersa y sin interlocutores claros, que si algo no ha mostrado es su disposición a abandonar el camino de la violencia, inscrita fundamentalmente en prácticas delincuenciales. Se le abona la intención y la buena voluntad al señor presidente, pero se le fueron las luces cuando pensó resolver en cuatro años lo que otros no han logrado en décadas.

Además, no se ha visto para nada bien la inestabilidad en el gabinete; ha sido muy largo el desfile de ministros(as), lo que pone en cuestión la estabilidad de los programas y el diseño de la estrategia que articula en su conjunto los planes de gobierno. Nombramientos cuestionados y una comunicación muchas veces errática, tanto hacia la opinión como al interior del equipo de trabajo, han opacado en parte los logros y han sido un plato servido para ayudarle a organizar la agenda a una oposición ávida de culpas y siempre pronta para causar heridas y dejar cicatrices. 

Lograr que se mantenga el ideario de avanzar con una agenda de transformaciones estructurales es la tarea tanto de los (as) hasta ahora precandidatos (as) como de la bancada progresista en el Congreso.

Lo que viene 

Lograr mantener el ideario de avanzar con una agenda de transformaciones estructurales es la tarea tanto de los(as) hasta ahora precandidatos(as) como de la bancada progresista en el Congreso. Lo que ocurra en las elecciones parlamentarias y de presidencia en 2026 nos dirá si es cierto que el país está viviendo una verdadera metamorfosis, que contamos hoy con una ciudadanía más consciente de sus problemas, que actúa con mayores grados de libertad y que mantiene su disposición de seguirlos tramitando en la arena política. En fin, si efectivamente se ha logrado mover el péndulo que durante más de doscientos años nos mantuvo pegados a la derecha.  

En buena hora los partidos y organizaciones de izquierda tomaron la decisión de acudir a una consulta popular abierta para que sean las bases -militantes o simpatizantes- las que decidan quién será el candidato o candidata que mejor representa sus intereses y reúne las condiciones para estar en una contienda que desde ya se advierte muy difícil.

Tal cual se hará con las listas para Cámara y Senado de la República, con lo que, ojalá y así sea, se espera salirle al paso a las fallas que se cometieron para definir la actual representación, en donde ni son todos(as) los que están ni están todos(as) los(as) que son. Hubo, dicen quienes saben, egoísmo, clientelismo, nepotismo, amiguismo, bolígrafo y más ismos, que llevaron a ocupar curules a algunos(as) de los(as) que no volvimos a saber y de los que no propiamente se puede hablar de su lucidez parlamentaria.  

Cada precandidato(a) debe hacer de su campaña parte de un proceso de acumulación de fuerzas y confirmar que el movimiento progresista no ha sido inferior a sus retos y que mantiene el respaldo de una ciudadanía dispuesta a evitar un retroceso en 2026. Al país le resultaría muy costoso una regresión en materia de derechos y volver a los cantos de guerra que desde ya se pregonan por parte de quienes insisten en mantenerse en lógicas que han naturalizado la exclusión, la pobreza y la precariedad democrática, sin duda las fuentes principales del cultivo de la violencia.  

Colombia debe continuar su trayecto hacia la consolidación del nuevo bloque histórico, en el que ha ido encontrando lugar el país diverso y hasta ahora proscrito por los rectores de un establecimiento a quienes todavía les cuesta aceptar, no solo su decadencia, sino que es posible otro mundo si nos permitimos pensar más allá de lo que hasta ahora solo se ha hecho a su imagen y semejanza. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

La teología de la regla fiscal

Si bien hay que estudiar cómo reducir los gastos, el asunto clave está en que Colombia domina un sistema fiscal regresivo y en el que la captación de ingresos es sustancialmente inferior a las posibilidades que el país ofrece. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Más Colombia

Como se esperaba, las calificadoras de riesgo le pusieron matrícula condicional y le bajaron la nota al país, luego de que el Ministerio de Hacienda se acogiera a la fórmula de escape, en la búsqueda de alternativas para enfrentar la creciente situación de desequilibrio en las finanzas del Estado. Tanto Standard & Poor’s (S&P) como Moody’s, dos de la más reconocidas en el mundo, emitieron sentencia en días recientes, considerando que esta decisión genera dudas sobre la viabilidad fiscal y en general sobre el conjunto de indicadores macroeconómicos en Colombia. 

Las consecuencias son claras, estar en rojo en la libreta de notas de las calificadoras significa mayor dificultad para acceder a créditos de la banca y de organismos multilaterales. Si se obtienen, será superior el costo, en tanto el país quedará señalado como deudor de mayor riesgo; se alertarán también los inversionistas, que argumentarán precaución a la hora de dirigir sus recursos, ya que se vienen a la baja los indicadores de confianza de quienes figuren en sus listas. 

En el orden interno, los costos superiores del endeudamiento externo podrían impactar el crédito a inversionistas y consumidores, con efectos sobre los niveles de demanda, el crecimiento del PIB y la generación de empleo. En paralelo, mayores obligaciones por concepto de la deuda significarían menos recursos para la inversión social y otras responsabilidades del Estado. En fin, una pedrada en la cabeza para los incluidos en la lista de desaplicados, que no se compadece con el supuesto altruismo de los organismos y calificadoras. ¡Qué tal si no! 

La regla no es sagrada.  

La determinación del Ministerio de Hacienda debe verse más allá de una circunstancia puramente técnica y basada en los fundamentos, esencialmente teóricos y doctrinarios, que soportan las decisiones de los autonombrados regentes del ordenamiento económico internacional y la subsecuente deriva sobre el manejo de la economía y la soberanía de los Estados. Terminamos dominados por una especie de teología laica (Maldonado, 2023), cuyas doctrinas se han acogido como criterios de verdad y convirtieron en fuentes de autoridad a las calificadoras y a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). El recetario del FMI y las políticas de ajuste aplicadas desde el siglo pasado en los años 80 siguen siendo el texto bíblico que deben acoger los países en desarrollo para no poner en riesgo sus opciones de financiación. 

Pero lo cierto es que, como cualquier disciplina, el manejo de la economía no puede estar sujeto a dogmas o a cualquier fundamentalismo o rigidez normativa (Porcher, 2023), pues no es posible prescindir de las dinámicas propias de cada país; de cómo en cada uno se expresa un entorno internacional cada vez más incierto y volátil; de lo que obliga la particularidad de los marcos institucionales, los objetivos de gobierno y las implicaciones en otros frentes con los que indefectiblemente el desempeño de la economía está articulado.  

Si bien el propósito de la regla fiscal es loable -racionalmente nadie quisiera gastar más de lo que tiene-, no lo es que limite la actuación de un gobierno. La búsqueda del equilibrio en las finanzas deberá ser siempre un propósito, pero la estabilidad macroeconómica va mucho más allá, pues al Estado le asisten responsabilidades como la de proveer bienes públicos, garantizar cobertura de derechos, disponer de recursos de seguridad y defensa, honrar el pago de la deuda, hacer transferencias a las regiones y otra serie de obligaciones de las que no puede prescindir y que se sobreponen a la sola determinación de asegurar el cumplimiento de una regla.

No hay modelos inflexibles. Así como políticas expansivas del gasto pueden traer efectos negativos, también pueden generar estímulo al crecimiento, creación de empleo, acceso a ingresos, reducir incluso la necesidad de endeudamiento y abrir mejores posibilidades de recaudo a mediano y largo plazo. Todo depende del manejo, la previsión y el destino que se dé a los recursos, los rubros a los que estén dirigidos y el estimado entre el costo y la rentabilidad presente y futura, que no se puede sustraer de lo que social e incluso políticamente representan o podrían llegar a representar. La economía es mucho más que un algoritmo numérico.  

El llamado a disminuir los gastos, sobre lo que primero se presiona, será siempre sensato, pero podría significar complicaciones adicionales si no se tiene en cuenta su efecto en indicadores más complejos como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la inestabilidad social, etc., relacionados imperativamente con las decisiones de política económica. Responsabilidad fiscal también es el cumplimiento del Estado Social de Derecho. Vale recordar, por ejemplo, que en su artículo 366 la Constitución Nacional establece que: “… en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación…”. Es decir, es más que asegurar la tranquilidad a los organismos financieros y los estándares de las calificadoras. 

Una crisis heredada

No hay que dejar de lado que la actual situación es en gran medida herencia de mandatos anteriores, especialmente el de Iván Duque, que dejaron elevados saldos de deuda, de alto costo y cumplimiento a corto plazo, además del enorme déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), $36 billones de pesos, cuyo pago aún está en curso y a los que se suman otras obligaciones que, como ocurre en todos los gobiernos, se dejan para pagos en vigencias futuras.

Adicionalmente, el Gobierno ha enfrentado todo tipo de barreras cuando ha acudido a buscar opciones que permitan el flujo de ingresos dirigidos a solventar la disfunción en el frente fiscal. Se hicieron recortes a la propuesta de reforma tributaria aprobada en 2022, como la de establecer mayores gravámenes a las pensiones elevadas, la supresión de exenciones a las empresas y la de establecer más impuestos a los poseedores de grandes riquezas.

La Corte Constitucional, por su parte, tumbó la propuesta de reforma al sistema general de regalías que actualmente permite que sean descontadas del pago del impuesto a la renta, en el caso de las industrias extractivas. Fue hundida en el Congreso la Ley de financiamiento. Todo ello ha tenido impacto directo en la actual situación fiscal y ha generado obstáculos al Plan de Gastos e Inversión del Gobierno, que explica en parte por qué se torna imposible el cumplimiento de la regla fiscal (González, 2025).  

No es sensato decir que el crecimiento del déficit obedece a falta de previsión del Gobierno, por el contrario, ha habido un manejo responsable de la economía; se han cumplido los compromisos con los acreedores, así como las obligaciones internas, pese a un recaudo de ingresos inferior al proyectado. Este último es resultado también de un crecimiento del producto menor al esperado, especialmente en 2023, en el marco de una coyuntura internacional difícil, principalmente en el mercado de materias primas y de los principales productos de exportación. En todo caso, los indicadores macroeconómicos muestran, en general, cifras positivas, como la reducción de la inflación, el desempleo, la pobreza, entre los que más se destacan.

Más que cumplir la regla.  

Colombia tiene falencias tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Faltan herramientas de planeación, mejorar capacidades técnicas y afinar criterios que aseguren eficiencia en los sistemas de captación y asignación de los recursos. Hay que enfrentar situaciones que han instrumentalizado el manejo del presupuesto a favor de intereses políticos, en todos los niveles de gobierno; asimismo, implementar medidas de control de la evasión a la par con un decidido enfrentamiento a la corrupción, que tanto le significa al país.   

Pero todo lo anterior no será suficiente si no se altera al mismo tiempo la matriz o función de producción y de financiamiento que domina en el conjunto de la economía, así como la función social y la matriz de poder que les subyace y que ha impedido que se pongan en curso los cambios estructuralmente requeridos. 

Desde la función de producción, se requieren políticas dirigidas a que el país cuente con un portafolio más diverso de productos, que lleve a superar la excesiva dependencia del sector financiero y de explotación de hidrocarburos, poco fértiles en la generación de empleo y que nos mantienen al vaivén de lo que ocurre con las cotizaciones internacionales. Una sólida estructura fiscal es igualmente una adecuada articulación de los sectores de producción y la coherencia con otros frentes de la política macroeconómica; comprende, además, objetivos de política social, que en el caso de Colombia deben orientarse a corregir las profundas inequidades y superar la exclusión que se vive entre diferentes regiones y grupos sociales. 

Si bien hay que estudiar cómo reducir los gastos: lo que sería posible mediante ajustes en funcionamiento, disminución de burocracia, asignaciones más equitativas, prioridad en la inversión y en rubros que potencien el desarrollo, etc., el punto clave, sin embargo, está por el lado de los ingresos, en tanto que en Colombia domina un sistema fiscal regresivo y en el que la captación de ingresos es sustancialmente inferior a las posibilidades que el país ofrece. 

Ha sido imposible el paso a una estructura fiscal en donde quienes más tienen capacidad de pago le aporten más recursos al fisco. No existe una ponderación justa y equilibrada para el establecimiento de gravámenes entre unos y otros sectores, entre unas y otras regiones; todo está ligado a los juegos de poder, el peso político y la capacidad de lobby. No hay siquiera un sistema de cuentas, catastro o registros que permitan una valoración seria de las tenencias y las capacidades de pago.

Con todo, se puede decir que no es necesariamente cierto que exonerarse de cumplir la regla fiscal lleve en sí a una hecatombe, pues, como ya se ha mencionado, otros criterios y variables se tienen en cuenta a la hora de tomar las decisiones de deuda o inversión. La regla fiscal no es intrínsecamente buena (Lozano, 2016), aunque tampoco lo contrario, por lo que es de la institucionalidad fiscal y de su integración con el conjunto de la política económica de lo que hay que ocuparse. Es un hecho que se seguirá imponiendo como una medida de control a las finanzas públicas, pero, así como fijar la meta no asegura su cumplimiento, tampoco que se cumpla es en sí mismo un indicador suficiente de bienestar de la economía. Hay que revisar y modificar las sagradas escrituras.   

*Economista-Magister en estudios políticos