En medio de una crisis sostenida, tanto de los partidos tradicionales como de las nuevas expresiones de la derecha y la extrema derecha, los movimientos progresistas y de izquierda ganan terreno y consolidan su liderazgo en el escenario político nacional.
Orlando Ortiz Medina*
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| Foto Senado de la República |
En medio de una crisis sostenida, tanto de los partidos tradicionales como de las nuevas expresiones de la derecha y la extrema derecha, los movimientos progresistas y de izquierda ganan terreno y consolidan su liderazgo en el escenario político nacional.
Así lo demuestran las encuestas y sondeos de opinión realizados con ocasión de la campaña electoral y la elevada imagen de favorabilidad del presidente Gustavo Petro, que prácticamente se mantiene en el mismo nivel que al comienzo de su mandato. El impacto de sus políticas, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, es señal de una sociedad que está cambiando y de una ciudadanía que no está dispuesta a permitir regresiones.
En este contexto, nunca como ahora la elección del Congreso había adquirido tanta relevancia, con un electorado más informado y consciente de la importancia que tiene la decisión de votar por uno u otro de quienes aspiran a erigirse como sus representantes en el legislativo.
Junto con el ejecutivo y el judicial, los tres poderes cumplen la función de garantizar que exista un sistema de pesos y contrapesos, como condición esencial para el funcionamiento de la democracia. Pese a esto, lo que ha predominado en Colombia es un acuerdo tácito de toma y dame, especialmente entre el ejecutivo y el legislativo, que ha desgastado la independencia y el ideario democrático como fuerza vinculante de las ramas del poder público.
Senadores y representantes terminaron en un tejemaneje de transacciones que, por un lado, garantizan gobernabilidad al ejecutivo y, por otro, aseguran a congresistas prebendas, contratos y recursos que les permitan mantener el apoyo de las bases de sus partidos y en sus feudos locales y regionales. Más aún, muchos se posicionan en sus cargos como representantes de grupos particulares, especialmente de sectores empresariales u otros grupos de poder, para quienes cumplen la tarea de evitar que pasen leyes o reformas que puedan afectar sus intereses.
Un cambio de escenario
La experiencia con el actual gobierno marcó, en parte, una ruptura histórica, aunque no necesariamente para bien de la democracia. Lo que era un maridaje entre el congreso y el ejecutivo tornó hacia un propósito puramente obstruccionista por parte de los legisladores de la oposición, que sumados son mayoría, bloqueando una a una las iniciativas del Gobierno.
En las elecciones del próximo domingo convergen dos retos fundamentales: primero, garantizar la continuidad de la agenda social iniciada por el Gobierno de Gustavo Petro; segundo, profundizar el proceso de cambio y mejorar la calidad de la democracia
Propuestas que concitaban el interés general fueron negadas sin agotar los trámites en las respectivas comisiones o en las sesiones plenarias, como también sin los criterios técnicos y estudios serios de sus alcances en la búsqueda de respuestas a los grandes problemas del país.
La reforma laboral, la reforma pensional -todavía en espera tras la demanda interpuesta por la candidata Paloma Valencia-, la reforma a la salud, dos propuestas de Ley de Financiamiento y la propuesta de Ley de Jurisdicción Agraria, para tomar solo las principales, fueron sometidas a un largo viacrucis y en su mayoría hundidas por un cuerpo parlamentario al que apenas lo mueve un ánimo revanchista y el interés de ver un Gobierno conducido al fracaso.
Una agenda que debe continuar
En las elecciones del próximo domingo convergen dos retos fundamentales: primero, garantizar la continuidad de la agenda social iniciada por el Gobierno de Gustavo Petro; segundo, profundizar el proceso de cambio y mejorar la calidad de la democracia con unas elecciones no solo más transparentes sino en las que las fuerzas progresistas alcancen mayor representación.
Sin embargo, lo anterior no es posible si el dominio parlamentario lo mantienen los residuos de los partidos Liberal o Conservador que, sobreviviendo de sus estructuras y prácticas clientelistas, siguen siendo un freno al progreso que el país requiere. Lo mismo ocurre con el Partido de la U, Cambio Radical e incluso algunas expresiones del Partido Verde, para no nombrar otras colectividades de menor factura, que no tendrán otra misión que la de seguir engrosando el palo en la rueda. Poco que agregar respecto del Centro Democrático, que ha demandado todas las reformas, se consagra como la máxima expresión de la degradación de valores en la política y permanece anclado a la idea de que todo en Colombia es un asunto de soluciones militares.
Como proyecto político nacido de la confluencia de sectores sociales y expresiones políticas y culturales que representan la diversidad del país, el Pacto Histórico es el único que ha trazado una agenda orientada a fortalecer la democracia. Es un propósito de largo plazo, pero con una ciudadanía cada vez más dispuesta y a la que la evidencia de los cambios ha convencido de que, si se continúan renovando las dirigencias, otra sociedad sí es posible.
La tarea queda pendiente.
*Economista-Magister en estudios políticos
