Orlando Ortiz Medina*
Lo que vive hoy Colombia es un quiebre histórico cuyas realizaciones y consolidación demandan todavía un largo tiempo para encontrar el rumbo que logre sobreponerse a un modelo que es económica, social, ambiental y políticamente insostenible.
El 7 de agosto de 2022 se protocolizó por primera vez el arribo de un presidente de izquierda en Colombia. La llegada a la Presidencia de la República de alguien venido de la otra orilla del establecimiento fue un hecho supremamente destacado, frente a un régimen que durante más de doscientos años había estado en cabeza de lo más encumbrado de los sectores sociales y las élites económicas.
El triunfo de Gustavo Petro debe entenderse como el culmen de un proceso acumulativo de factores que en los últimos años ha dado lugar a cambios significativos en el acontecer y la cultura política colombiana. Si bien ha sido un proceso lento, con toda serie de ires y venires, el final de la primera y el comienzo de esta segunda década del milenio ha marcado un parteaguas que, con mucho todavía por hacer, parece poner al país en una senda definitiva de transformaciones.
Empecemos por decir que el acuerdo que llevó a la desmovilización de las FARC, con todas sus falencias y las trabas que desde los sectores afectos al viejo orden se han erguido para que no pueda llevarse a cabo, fue un hito importante para la comprensión y el ejercicio de la política en Colombia; pues no solo se le devolvió a ésta el sentido y la razón de ser, sino que dio lugar a que se recuperaran para la agenda del debate público puntos claves que la confrontación sostenida durante muchos años en torno a la búsqueda negociada de la paz o la continuación de la guerra había eclipsado.
El estallido social de 2021 fue un asomo de lo que políticamente se iba a expresar en el más próximo escenario político, que fueron justamente las elecciones de 2022
La lucha contra el hambre y la pobreza, la inequidad, la cobertura universal en el acceso a la salud y la educación, la posibilidad de una jubilación digna para un mayor número de ciudadanos y la garantía de derechos laborales para los trabajadores, así como la reorientación del actual modelo de desarrollo por sus impactos negativos en el medio ambiente y la exclusión de amplios sectores de la población ocupan hoy un lugar preponderante en la opinión pública colombiana.
A lo anterior se suma el hecho de que nuevos sectores de población logran abrirse espacio para la participación política y que hay una reconfiguración de las formas de representación, nutridas en parte de la crisis que agobia a las tradicionales formaciones partidistas, cuyo respaldo se fue minando en medio de su conversión en lánguidas estructuras burocráticas, permeadas por la corrupción, por el agotamiento de sus prácticas políticas y por la mayor conciencia y consenso ciudadano ante lo poco y nada que históricamente han representado sus intereses.
Especialmente desde el segundo semestre de 2019, empieza a manifestarse el acumulado de un movimiento social que, con un contenido diverso de sectores y reivindicaciones, se toma las calles y cuya mayor expresión es el estallido social de 2021. Este fue una voz de alarma en un momento en que la población se resentía no solo de las inadecuadas y torpes políticas del gobierno de entonces, sino de los efectos que a nivel mundial venía causando la pandemia del covid-19. Fue también un asomo de lo que políticamente se iba a expresar en el más próximo escenario político, que fueron justamente las elecciones de 2022; un proceso en el que toma curso la politización de las demandas de una ciudadanía que se pone en escena y que una confluencia de partidos de izquierda, en buena hora, logra capitalizar para llevar a la presidencia y vicepresidencia a Gustavo Petro y a Francia Márquez, en lo que sin duda es el punto de inflexión más importante en la historia reciente de Colombia.
Una agenda ambiciosa con muchas barreras
Petro hace su campaña con una agenda que toca los puntos más sensibles de esa parte de la sociedad convencida de la necesidad del relevo de una clase política a la que ve como responsable de la situación en que se encuentra. Una agenda que, además, busca estar en sintonía con las demandas que la comunidad internacional reclama, en especial frente a la urgencia de dar respuesta a los desafíos del cambio climático y el avance hacia un sistema de producción basado en el uso de tecnologías limpias y menos dependiente de la explotación y uso de combustibles fósiles. Propone también un nuevo tipo de diplomacia, menos genuflexa de la que en el país venimos acostumbrados y que aboga sobre todo por la reorientación de la política de lucha contra las drogas y por un posicionamiento diferente de Colombia en el propósito de encontrar salidas negociadas a los conflictos regionales y las confrontaciones bélicas, poniendo en el centro la autonomía de las naciones y el respeto a los derechos humanos.
Es un conjunto de apuestas sin duda ambiciosas y con muchas exigencias para que puedan ser llevadas a cabo en tiempo tan corto y en un escenario claramente adverso a sus fundamentos políticos y programáticos. El triunfo de una nueva fuerza política era impensable para unas élites acostumbradas a estar sin tropiezos en las estructuras de poder y negadas recurrentemente a hacer los cambios que el país requiere para salirle al paso a sus problemas más apremiantes y estructurales. Petro y Francia son algo así como una especie de intrusos que lograron atravesarse en el largo ciclo de dominación que hasta ahora han mantenido los sectores hegemónicos, que ven en ellos a alguien que puede poner en riesgo su estabilidad y la del establecimiento.
Con una institucionalidad y un Congreso mayoritariamente controlado por sus adversarios políticos, además de los poderes de facto de quienes tienen todo a su haber para bloquear sus reformas, era de esperar que el nuevo Gobierno se iba a encontrar con serias talanqueras para avanzar en sus propuestas al ritmo que los sectores que lo eligieron, y él mismo, quisieran haber tenido. Apoyados por una fuerte presión mediática, parlamentarios de la oposición, instituciones y gremios económicos han sido una camisa de fuerza que le impide moverse o hace por lo menos más lenta la implementación de su agenda de cambio. Reformas como la de la salud o la laboral, por ejemplo, tocan beneficios de grupos económicos con amplio influjo en el corpus y la débil conciencia de algunas representaciones políticas, lo que obviamente iba a hacer muy difícil su aprobación.
Miedos infundados
Distinto a lo que vaticinaban, y en lo que siguen insistiendo sus contradictores, Petro no llega como el portavoz de una agenda antisistema, dirigida a acabar con el modelo económico y con quienes intentaron sembrar el pánico durante la campaña. No hay tal del supuesto espíritu expropiador ni del que se iba a pasar por encima de las leyes y las normas constitucionales; por el contrario, en sus propuestas no hay nada que se aparte ni vaya más allá de lo que reclama un Estado social de derecho, que al final lo que va a lograr es fortalecer el andamiaje del statu quo, que tanto preocupa a sus detractores.
En materia de defensa de las instituciones Petro ha sido más papista que el Papa, ha respetado la propiedad y la iniciativa privada, ha sometido sus propuestas al Congreso de la República y ha acatado las disposiciones de organismos como la Corte Constitucional, pese a que algunas de sus decisiones han afectado sus propuestas, especialmente en materia económica.
La oposición ha gozado de todas las garantías y no ha tenido la fuerza pública en las calles asesinando o sacándole los ojos a sus manifestantes, como ocurrió en el Gobierno de Iván Duque y durante prácticamente todos los gobiernos anteriores, en los que se estigmatizó y se criminalizó la protesta social. Ha estado además entre las tenazas de unos organismos de control que actúan como voceros de la oposición, tal cual la Fiscalía del malhadado señor Barbosa, ya ido para fortuna de la justicia, y de una Procuraduría y una Contraloría no menos adversas y que no honran las funciones a las que les corresponde ceñirse.
Un desempeño económico satisfactorio
Si hay algo que destacar contra toda evidencia y que, mientras cierra la boca a quienes actuaron como aves de mal agüero y despierta críticas de algunos de quienes lo eligieron, es que, en materia de política económica, el Gobierno de Petro se ha mantenido fiel a los cánones del modelo neoliberal. El enfoque monetarista -que está en su base-, orientado desde del Banco de la República, y que ha adoptado una política contraccionista mediante la elevación inusitada de las tasas de interés, ha sido fielmente acatado por su ministro de Hacienda. Se han asumido también con juicio las restricciones que establece el Marco Fiscal de Mediano Plazo, con lo que ello implica en materia de gasto e inversión, cuyo recorte afecta el cumplimiento de sus metas económicas y el propósito de llegar con sus programas de justicia y equidad a un más amplio grupo de sectores sociales.
Lo anterior se ha logrado con el sacrificio en algunos sectores, como la elevación del precio de la gasolina, a lo que se ha visto obligado para recuperar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que Duque dejó con un déficit de 36 billones de pesos. Ha honrado el pago de la abultada deuda externa que, con vencimiento de corto plazo, dejó pactada también Duque. La tasa de cambio ha tenido un comportamiento estable y en general con tendencia a la baja. Para pena y furia de sus enemigos, gracias a la reforma tributaria, hoy no solo se tiene un sistema de tributación más progresivo, sino que se ha logrado avanzar hacia una mayor estabilidad y un comportamiento positivo de los principales indicadores macroeconómicos.
La pobreza monetaria pasó de 36,6% en 2022 a 33% en 2023, lo que significa que 1.623.788 personas salieron el último año de la pobreza en Colombia. Este dato es más significativo en las zonas rurales, en donde la pobreza tuvo una reducción de 4,7 puntos, al pasar de 45,9 en 2022 a 41,2% en 2023. Ha habido tambien una reducción de la desigualdad de ingresos, ya que en 2023 el coeficiente de Gini a nivel nacional fue de 0,546, mientras en 2022 era de 0,556. La inflación pasó de 13,1% anual en diciembre de 2022 a 6,86% en julio de 2024. Los datos del segundo trimestre de este año muestran que la economía avanza por una senda positiva, al registrar un crecimiento del 2,1%, y se espera que consolide su tendencia en los próximos trimestres. Todo en un contexto mundial nada fácil, en el que todavía se sienten los efectos de la pandemia y los impactos de la guerra en Ucrania, Rusia y Oriente Medio.
La paz esquiva
El tema de la paz es quizá el mayor escollo para el gobierno. Pese a sus esfuerzos, la mano tendida que ha desplegado a los grupos armados y los procesos de diálogo que avanzan con algunas organizaciones armadas, los resultados son todavía inciertos. El panorama de la negociación está bastante enmarañado, debido a la diversidad y la fragmentación de los grupos armados ilegales y delincuenciales, y al peso que en el conflicto sigue teniendo el control de territorios para la apropiación de rentas ilegales, tanto por parte de estructuras que tienen su origen en los grupos insurgentes: el ELN, las disidencias de las FARC y los reincidentes de estas mismas que se reúnen en la Nueva Marquetalia, o los heredados de las organizaciones paramilitares, como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, principalmente.
Hay que decir también que no han sido muy claras la agenda ni la metodología de abordaje del proceso y que tampoco el Gobierno ha encontrado un ambiente político favorable, porque sus contradictores le apuestan todo a su fracaso en este y en otros temas. Siempre ha sido evidente que en Colombia hay sectores que se han servido de la guerra y la violencia para conquistar y mantenerse en el poder. También que, habiendo vivido en medio de reiterados ciclos de confrontación, atravesados por fracturas sociales y políticas profundas, en los que las causas, los escenarios y los actores se han renovado, difícilmente se pueden esperar cambios prontos sin tener en cuenta las inevitables fisuras y la gradualidad de los procesos.
Lo que se necesita
Si bien lo hasta ahora logrado por el Gobierno de Gustavo Petro no responde al total de las expectativas de sus electores, las bases de los movimientos que lo eligieron le han mantenido su apoyo. Esto denota la persistencia de esa parte del país que sabe que se requieren y es necesario empujar los cambios. Lo que lo que vive hoy Colombia es un quiebre histórico cuyas realizaciones y consolidación demandan todavía un largo tiempo para encontrar el rumbo que logre sobreponerse a un modelo ques es económica, social, ambiental y políticamente insostenible.
Lo que está en juego es una nueva forma de vida y sociedad que ponga cortapisa a ésta en la que estamos viviendo, en donde la exclusión y la violencia han sido prohijadas moral, económica y políticamente. Los movimientos sociales, que siguen siendo el soporte de las transformaciones, deben afianzar su capacidad de convocatoria y liderazgo, no perder el norte de su agenda política y su estrategia de poder, lo que demanda afinar sus sistemas de comunicación y la manera de vincularse orgánicamente con sus bases.
Si bien el tiempo y las circunstancias no están todas a favor, habrá que dejar sentadas las condiciones que justifiquen la permanencia de un gobierno y su propósito de consolidar un proyecto de gobernanza más justo, equitativo y democrático para Colombia.
Hay que seguir pensando en un presente y un futuro que no puede seguir anclado al pasado y a las inercias que arrastran unas estructuras y dirigencias que quieren mantenerse en un país que se ha negado a la paz y a la posibilidad de realización de la vida.
*Economista-Magister en estudios políticos
