El Congreso actúa en contravía de un país que está cambiando

Orlando Ortiz Medina*

Lo que actualmente ocurre está más allá de un asunto puramente coyuntural, el telón de fondo sigue siendo la renuencia de los dueños del establecimiento a que en el país se emprendan reformas que históricamente han sido aplazadas.

Foto: Pressenza, international press agency

Los colombianos apreciamos hoy una mayor tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo. Nada que sorprenda. Es parte del escenario que se configura a partir de 2022 con la llegada a la presidencia de un personaje cuyo origen social y fundamentos ideológicos y programáticos son sustancialmente distintos a los de quienes históricamente han sido mayoría en el Congreso de la República.

La tradición es que la relación entre estos dos poderes esté mediada por el cruce de favores, el trámite de intereses, las lealtades personales y las diferentes formas como los dispositivos de clientela han cooptado la funcionalidad del Estado. Para decirlo sin eufemismos, lo normal ha sido que el Congreso sea del bolsillo del presidente, o viceversa. No hay tal de un sistema de pesos y contrapesos que opere como corresponde a un orden genuinamente democrático. 

De manera que lo que actualmente ocurre está más allá de un asunto puramente coyuntural, el telón de fondo sigue siendo la renuencia de los dueños del establecimiento a que en el país se emprendan las reformas que históricamente han sido aplazadas. Es un hecho que con este nuevo gobierno la agenda de debate es diferente y que al Congreso le toca dedicar menos tiempo a aprobar decretos para conceder la Cruz de Boyacá, rendir honores o inaugurar estatuas; debe, en cambio, acoger la discusión de propuestas en cuya médula estaría la solución de muchos de los grandes problemas que el país padece, algunos de los cuales sirven como alimento de la violencia.   

Colombia sigue siendo el tercer país más desigual del mundo y el primero de América Latina, está entre los que tienen mayores índices de violencia y mantiene una tasa de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema de 33 % y 11,4 %, respectivamente, con índices significativamente superiores en la zona rural. Solo una de cada cuatro personas se pensiona, la informalidad a nivel nacional se mantiene alrededor del 56 % (83% en las zonas rurales) y corresponde a personas cuya precariedad laboral es latente, con muy bajas tasas de remuneración y ausencia casi que total de estabilidad y garantías laborales

Vale recordar que Colombia sigue siendo el tercer país más desigual del mundo y el primero de América Latina, está entre los que tienen mayores índices de violencia y mantiene una tasa de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema de 33 % y 11,4 %, respectivamente, con índices significativamente superiores en la zona rural. Solo una de cada cuatro personas se pensiona, la informalidad a nivel nacional se mantiene alrededor del 56% (83% en las zonas rurales) y corresponde a personas cuya precariedad laboral es latente, con muy bajas tasas de remuneración y ausencia casi que total de estabilidad y garantías laborales.

El esquema de tributación es altamente regresivo -pagan menos impuestos los que más riqueza tienen-, cada vez menos personas tienen posibilidad de acceso a la educación, sobre todo en el nivel superior, tanto por el descuido en que se ha dejado a las universidades públicas, como porque debido a la pobreza en sus hogares los jóvenes se ven obligados a vincularse más temprano a la vida laboral, cuando es que lo logran. 

Pese a que estadísticamente se registra una cobertura satisfactoria de atención en salud, 99,6 %, la prestación del servicio es altamente deficiente para el otorgamiento de citas, la atención de enfermedades terminales o de alto riesgo, la entrega de medicamentos y la disponibilidad de infraestructura y personal especializado, también con una brecha significativa en contra de las personas del campo.

La concentración de la propiedad de la tierra, que ha estado en la base del conflicto social y armado, es la más elevada de América Latina: el 1 % de las fincas de mayor tamaño ocupa el 81 % de la tierra, mientras el 19 % restante se reparte entre el 99 % de las fincas. En lo que a propiedad se refiere, el 10% de los propietarios de las fincas más grandes poseen el 80,57 % del área rural. 

La concentración de la propiedad de la tierra, que ha estado en la base del conflicto social y armado, es la más elevada de América Latina: el 1 % de las fincas de mayor tamaño ocupa el 81 % de la tierra, mientras el 19 % restante se reparte entre el 99 % de las fincas. En lo que a propiedad se refiere, el 10% de los propietarios de las fincas más grandes poseen el 80.57 % del área rural. 

Todo este conjunto de situaciones sería evitable, o al menos en parte se podría corregir, si existieran condiciones de distribución más equitativas y que impidan seguir sosteniendo el régimen de privilegios del que gozan ciertos grupos sociales. Que así fuera es una tarea que le corresponde al Congreso de la República, a lo que, ya se dijo, históricamente se ha negado, debido a que quienes han estado sentados en la curules no representan propiamente a quienes más padecen las consecuencias. 

El asunto es que, de llevarse a cabo, las reformas afectarían intereses muy potentes de los grupos económicos: los grandes propietarios de la tierra, los dueños de las empresas que tienen el control de la salud a través de las EPS, los propietarios de los fondos privados de pensión y los gremios económicos, que consideran un prejuicio y una afrenta a la economía permitir que los trabajadores cuenten con un modelo prestacional y de garantías laborales más justo y equitativo. 

Lo cierto es que estamos frente a un Congreso y unas élites que parecen no haberse dado cuenta de que actúan en contravía de un país que está cambiando y que su tozudez y conservadurismo más temprano que tarde les puede pasar una costosa cuenta de cobro. La comodidad de quienes han vivido a la sombra del bipartidismo y sus derivaciones posteriores está bastante diluida; lo que queda se mantiene solo gracias a sus estructuras clientelares, sus redes de lobby y corrupción y los anclajes locales y regionales que aún guardan con los vicarios de la vieja política.

Un nuevo sistema de representaciones, basado sobre todo en principios identitarios y con especificidades en sus necesidades y demandas ha tomado auge; la conciencia sobre los problemas sociales y la manera de tramitarlos ha ido encontrando cauces diferentes. 

Un nuevo sistema de representaciones, basado sobre todo en principios identitarios y con especificidades en sus necesidades y demandas ha tomado auge; la conciencia sobre los problemas sociales y la manera de tramitarlos ha ido encontrando cauces diferentes. La ciudadanía asume hoy mayores grados de libertad y copa nuevos espacios de manifestación en el escenario público y político, acudiendo a otros mecanismos de participación que en parte reflejan la desconfianza en las instituciones y el declive de quienes hasta ahora se venían considerando sus líderes naturales. Es latente la crisis de una dirigencia que, así mantenga su mayoría en el Congreso, se ve amenazada por la emergencia de estas nuevas formas de expresión y movilización social. 

Es poco inteligente que, en vez de promover o por lo menos afrontar las iniciativas de cambio, se apueste por el fracaso de quien se atreve a proponerlas, huyéndole al discernimiento y saliéndose con jugaditas de los lugares y las reglas del juego democrático. Se prefiere, por el contrario, acudir al uso de un poderoso aparato mediático desde el que se manipula, se falsea, se desprestigia y se encubren las situaciones críticas, con el único propósito de que las cosas se mantengan como están, parados sobre estructuras institucionales y constitucionales en cuya inercia se soportan los defensores de una situación que social y políticamente es cada vez más insostenible. 

la inclusión en las decisiones de política y los destinos de la nación de quienes son sus inmediatos afectados o beneficiarios sería una manera de contribuir a la formación de valores democráticos

Mientras el Congreso se mantenga como una instancia instrumentalizada al servicio de intereses gremiales y corporativos y se le siga huyendo a los recursos de la democracia participativa, continuarán aumentando los factores de desestabilización que nos ponen en riesgo como sociedad y como país. Se requiere por ello y con urgencia acometer las transformaciones institucionales, orientadas a corregir un sistema que, pese a que está atravesado por un complejo cúmulo de anomalías y disparidades, se sigue llamando democrático. 

Sería de paso una manera de avanzar hacia una nueva cultura política -tarea bastante rezagada en Colombia-, en tanto la inclusión en las decisiones de la política y los destinos de la nación de quienes son sus inmediatos afectados sería una manera de contribuir a la formación de valores democráticos, además de la mejor respuesta frente a las prácticas de quienes apenas a su amaño y mezquindad han disfrutado hasta ahora del control del poder.

Hay que aceptar que los cambios sobre los que ha insistido este Gobierno están en la médula de lo que es el Estado Social de Derecho, puesto en cuestión, bien por el recorte a derechos mediante reformas y en Gobiernos anteriores, o bien porque sencillamente jamás han tenido vigencia. Es al respecto que cobra sentido el debate sobre la reforma laboral, a la salud y al régimen de pensiones, que agitan el panorama político y que, ante la negativa del Congreso, ha llevado al Presidente a convocar una consulta ciudadana que va a ser decisiva en el acontecer político que se vislumbra hacia las elecciones de Congreso y presidencia de 2026. 

Hoy más que nunca, el ejercicio de la democracia directa adquiere mayor significación, en tanto amplia el espectro de la participación y el debate público, en donde se espera que el verdadero protagonista sea, como siempre ha debido ser, el pueblo como constituyente primario y titular soberano de la democracia. 

La consigna es clara, o cambia el estado de cosas o el estado de cosas nos cambia. 

*Economista-Magister en estudios políticos  

Consulta sobre la reforma laboral: ¿Por qué y para qué?

Orlando Ortiz Medina*

El poder del Congreso no es absoluto, tiene límites en el cumplimiento de sus funciones y no dispone de mayor autoridad que la de aquellos en cuyo nombre actúa. 

La democracia, en su acepción más plena, remite inevitablemente a la figura del constituyente primario, es decir, al pueblo, depositario superior de la soberanía en el ejercicio del poder. A él ha decidido acudir el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, para consultarle, de manera directa, si está de acuerdo o no con que se apruebe una reforma laboral que devuelva derechos perdidos y dignifique la vida de los (as) trabajadores (as).  

El Congreso de la República, como las Asambleas departamentales, los Concejos Municipales, etc., son instancias delegadas, que forman parte de la democracia indirecta o representativa; en ellas, mediante elección popular, el pueblo delega, aunque nunca cede, su poder. Como tal, están bajo la jerarquía del constituyente primario, a éste deben su existencia, su composición y los asuntos de los que se ocupen. Su poder no es absoluto, tienen límites en el cumplimiento sus funciones y no disponen de mayor autoridad que la de aquellos en cuyo nombre actúan. 

Así lo ordena en Colombia la Constitución política de 1991, que en el primer renglón de su preámbulo dice: “el pueblo, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente… sanciona y promulga la siguiente Constitución…”. Por su parte, el artículo 2 estipula que “son fines esenciales del Estado… facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”. De igual manera, en el artículo 3, se señala que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

El artículo 104 faculta al presidente para que, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, consulte al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional

Para facilitar y hacer posible y transparente la participación del constituyente primario, se cuenta con unas bases legales que la reglamentan. El artículo 103 establece mecanismos como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y revocatoria del mandato. El artículo 104 faculta al presidente para que, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, consulte al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional. Sea lo que sea que el pueblo considere, su decisión será obligatoria. Existen también la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, que regulan y establecen normas para la promoción y protección del ejercicio a la democracia. 

La consulta popular es un mecanismo mediante el que los ciudadanos votan sí o no a una pregunta o un conjunto de preguntas referidas a un tema de interés general y tendrá que cumplir una serie de requisitos para obtener su aprobación: a) La convocatoria deberá ser aprobada por el Senado de la República una vez sea presentada por el Presidente con la firma de todos sus ministros; b) luego del trámite en el Senado, será presentada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien verificará el cumplimiento de los requisitos formales; c) en las elecciones tendrá que participar al menos la tercera parte (33%) del censo electoral, es decir, de quienes en el momento de la elección estén habilitados para votar, aproximadamente 13´518.000 personas en Colombia; y d) de ese mínimo requerido de votantes, por lo menos la mitad más uno deben haber votado por el sí, aproximadamente 6´760.000 colombianos.  

No hay pues ninguna actitud dictatorial, arbitraria o de abuso de poder o autoridad por parte del líder del ejecutivo, como quieren hacerlo ver los miembros de la oposición y algunos medios de comunicación. La propuesta se ciñe estrictamente a los marcos legales y constitucionales y está dentro de las competencias del jefe del Estado. 

Un congreso mayoritariamente en contra, unos medios empeñados en ensombrecer su imagen y acciones de Gobierno, y unas Cortes que dejan al menos un mal sabor en la manera como se están conduciendo, ponen en cuestión la vigencia de las reglas del juego democrático. 

No está de más decir que el presidente ha sido sometido a una serie de barreras institucionales y condicionantes políticos que buscan bloquear su agenda y cerrar el paso a las propuestas de cambio con las que en 2022 fue elegido por la mayoría de los colombianos. Un congreso mayoritariamente en contra, unos medios empeñados en ensombrecer su imagen y acciones de Gobierno, y unas Cortes que dejan al menos un mal sabor en la manera como se están conduciendo, ponen en cuestión la vigencia de las reglas del juego democrático. 

La democracia está en duda cuando los procedimientos y las instancias de decisión, antes que un canal por donde fluyan legal y transparentemente los asuntos del Estado y que competen al interés ciudadano, son un obstáculo a la participación y un bloqueo a las determinaciones. Está en duda cuando las instituciones delegatarias, quienes ocupan sus cargos, no están cumpliendo la misión que constitucionalmente les fue asignada y desvían su obligación de actuar en pro del bienestar colectivo para endosarse en favor de los intereses particulares, lo que lleva a considerar que están ética, política y moralmente impedidos.

La reforma busca resarcir derechos que con propuestas anteriores les fueron conculcados a los trabajadores, cuando se modificó el horario nocturno para el pago de horas extras, se disminuyó el valor del pago por dominicales y festivos, se flexibilizaron las causas de despido, se permitieron sistemas de contratación por horas o por prestación de servicios y sin garantía de continuidad ni pagos prestacionales. No fue cierto que tales medidas llevaron a una aumento y mejora de las condiciones laborales, por el contrario, el desempleo estructural se mantuvo o aumentó frente a sus promedios históricos, creció la informalidad y condujo, en general, a la precarización del empleo en todos los sectores y actividades laborales, aunque con mayor afectación de las poblaciones más pobres y vulnerables. 

No alcanzar el umbral de participación requerido es tal vez el mayor riesgo porque desde los contradictores se va a apostar a que los ciudadanos se abstengan de salir a votar.

Propone que la jornada nocturna se contabilice a partir de las siete de la noche, que se aumente el valor de remuneración en los días de descanso obligatorio, establece medidas de estabilidad laboral y estabilidad reforzada para personas embarazadas, enfermas y pre pensionadas; medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en los lugares de trabajo; aumento de la licencia de paternidad, formalización del trabajo doméstico, mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras rurales y contrato y pago digno a los practicantes del SENA, entre otras. 

Desde luego que, como en cualquier llamado de este alcance y naturaleza, se corren riesgos que el presidente y los sectores progresistas y movimientos sociales que apoyan la convocatoria están dispuestos a asumir. Estamos ante un electorado altamente voluble y manipulable y es muy fuerte la campaña que en su contra van a hacer los partidos de oposición, los gremios y los grandes medios de comunicación. No alcanzar el umbral de participación requerido es tal vez el mayor riesgo porque desde los contradictores se va a apostar a que los ciudadanos se abstengan de salir a votar. En cualquier caso, Colombia necesita seguir avanzando en el fortalecimiento de su cultura política y democrática, para lo que este tipo de iniciativas son un valioso procedimiento a seguir.  

Se requiere de una labor pedagógica con la población trabajadora, desempleada, que vive en la informalidad o que sobrevive por contratos de prestación de servicios y sin garantías de estabilidad laboral. Hay que hacer ver las ventajas de la reforma, tanto para el país como para los trabajadores y evitar que sea manipulada con el cuento, que ya nos hemos comido muchas veces, de que se va a afectar la generación de empleo y que vamos a ser conducidos a una mayor debacle social. Entre mejores sean las condiciones laborales, haya más personas devengando y los salarios y los sistemas prestacionales sean más justos, no hay duda de que mayor dinamización tendrá la economía. Habrá más ingresos, más capacidad de compra y, sobre todo, más familias y personas viviendo con dignidad. 

Hay que votar sí a la reforma.

*Economista-Magister en Estudios políticos