Sí o sí a la ley de financiamiento

Siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo, la tributación no juega prácticamente ningún rol en mejorar la redistribución y reducir la desigualdad y la pobreza, que es lo que da sentido a la intervención del Estado.

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Radio Nacional

Sí o sí se requiere la aprobación de la ley de financiamiento en Colombia. No es un capricho del Gobierno ni debe convertirse en una más de las formas como la oposición establece su veto, cualesquiera que sean sus iniciativas. El déficit fiscal es una situación que viene desde mandatos anteriores, especialmente el de Iván Duque, y al que con todo el sentido de responsabilidad esta administración le ha venido haciendo frente. 

No se trata de decir “no admitiremos nuevos impuestos para los colombianos”, como demagógicamente pronuncian los voceros de algunos partidos. Colombia necesita aumentar su tasa de recaudo y tiene de dónde y con qué. Basta un sistema de tributación en donde los grandes tenedores de riqueza hagan contribuciones más justas de acuerdo con sus capacidades y no se castigue con mayor rigor a los sectores de medianos y más bajos ingresos.

Es de doble moral que se trate de bloquear la aprobación de la ley, mientras se reclama a su vez por la situación de déficit que cerraría el año alrededor del 7% del PIB. Decir que el periodo electoral no es el mejor momento para discutir una iniciativa de esta naturaleza es cierto solo si son los criterios e intereses políticos inmediatos los que se sobreponen y se deja de lado la seriedad con que debe abocarse el tema, independiente de cuál sea el sello del próximo o los próximos gobiernos.

Lo esperable, por el contrario, sería que, al margen de coyunturas y búsqueda de saldos electorales, quienes aspiran a ser elegidos destapen sus cartas y muestren qué tanto están dispuestos a encarar una salida de fondo al problema de las finanzas de la nación. Es inexplicable que lo indicado sea hacerle el quite al debate y eximirse de responsabilidades, tal cual ha estado ocurriendo en las comisiones del Congreso.   

Una institucionalidad fiscal débil

En general, Colombia adolece de una débil institucionalidad fiscal. Dentro de ello comprendemos una pobre cultura de tributación, una reglamentación que termina jugando en contra de los intereses del Estado y falta de mecanismos adecuados de control a la evasión y la corrupción. A lo anterior se suma la resistencia a acoger principios rectores como la equidad en la asignación de los recursos y la progresividad en su captación -el que más tiene más paga-, que es donde se encuentran las principales fallas. 

Así se explican los bajos niveles de recaudo, la imposibilidad de responder a las necesidades de gasto y la poca confianza ciudadana que mina la legitimidad del sistema, porque además se considera injusto y desincentiva el cumplimiento de las obligaciones en prácticamente todos los grupos de contribuyentes, los ámbitos sectoriales y las unidades territoriales.

La tasa de recaudo es muy baja 

En comparación con la media de los países de la OCDE, de la cual forma parte, la tasa de recaudo de Colombia, como proporción del PIB, está 11,7 puntos por debajo. Mientras en el organismo internacional, según datos de 2023, es de 33.9%, en el país es de 22,2%, incluidas las contribuciones a la seguridad social. Es incluso inferior al de algunas economías latinoamericanas, como Brasil, cuya tasa es 32,0%; Jamaica 29.0%; Argentina 27.8%; Uruguay 27.4%, Bolivia 23.9% y El Salvador 22.8%, para tomar solo algunos ejemplos. 

Los bajos niveles de captación se acentúan con la cantidad de exenciones y regímenes especiales, sobre todo para las empresas o personas de más altos ingresos y con mayores patrimonios, que significan una pérdida importante de recursos para la nación. De acuerdo con Carrero: “Se estima que el 1% más rico en Colombia concentra el 20% de los ingresos anuales y al menos entre el 70% y el 85% del ingreso bruto de ese 1% no estuvo gravado plenamente en la última década, bien sea por deducciones, exenciones o tratamientos especiales, entre otros”.

Los mecanismos de exención son asimismo una fuente de evasión; un estudio de Fedesarrollo, calcula que, solo en lo que respecta a la renta de personas jurídicas, el costo fiscal de la evasión en 2018 alcanzó un 5,7% del PIB.  

Bajo impacto redistributivo

Otra característica de la tributación en Colombia es el peso superior que tienen los impuestos indirectos, tales como el IVA, el impuesto al consumo y los ingresos laborales, que afectan especialmente a las personas de medios y más bajos ingresos. A 2022 este tipo de impuestos representaban un 35% del total, mientras los directos, principalmente renta y patrimonio, que gravan a los más sectores con mayor riqueza, representan un 34%. 

De ahí se deriva que, siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo, la tributación no juega prácticamente ningún rol en mejorar la redistribución y reducir la desigualdad y la pobreza, que es lo que da sentido a la intervención del Estado. Al contrario, la regresividad se acentúa entre más altos son los niveles de ingreso, en tanto disminuyen sus tasas efectivas a causa de los beneficios a los que tienen acceso.

Un agravante es que la mayor parte de los impuestos directos recae sobre las empresas y no sobre las personas naturales. De acuerdo con la OCDE, mientras que en sus países miembros la media de impuestos y contribuciones a cargo de las personas naturales explican más de un 50% del recaudo, en Colombia esa cifra no llega al 20%. En cambio, la cuarta parte de sus impuestos los recauda a través de las empresas, cifra dos veces y media mayor a la de la OCDE. Este es un factor que puede desincentivar la actividad o creación de nuevas empresas, en especial las micros y pequeñas, que son las más afectadas y las que más contribuyen a la generación de empleo.

Impuestos verdes y saludables 

Un tema que no se debe omitir es el de la necesidad de fortalecer los impuestos verdes, que, al igual que en los impuestos saludables, en el país se ha avanzado muy poco. Es asumir que la responsabilidad fiscal tiene que ver con la necesidad de anticiparse a riesgos ambientales o en el sistema de salud, que puedan, por ejemplo, demandar mayor gasto del Estado o afectar los niveles de captación por impactos posibles en la estructura productiva. Este tipo de impuestos se corresponden con la idea de que las empresas tienen una responsabilidad social y se deben a la tarea de contribuir a mitigar los efectos negativos que sus actividades producen. 

El recaudo por concepto de impuestos verdes es muy bajo en Colombia. Como porcentaje del PIB, mientras que el recaudo promedio en los países de la OCDE es del 2,3%, en Latinoamérica y el Caribe es del 1,0% y en Colombia alcanza apenas el 0,8%. Se debe a la baja la carga que se aplica a la contaminación por combustibles fósiles, a que el consumo de carbón no está incluido dentro del impuesto al carbono y porque, paradójicamente, el Gobierno otorga subsidios al precio al consumidor de la gasolina y el diésel. 

Armonización con tributos territoriales

Es fundamental abrir rutas que armonicen las estructuras de tributación nacional y territorial para robustecer el modelo de financiación del Estado, en lo que el país presenta un gran atraso. Esto sumado a otro tipo de falencias, como la falta de un catastro actualizado que permite a los dueños de los poderes regionales mantener subvaloradas sus propiedades y autoeximirse del pago de impuestos, incluido el de industria y comercio, gracias a su influjo en la administración de hacienda.  

La necesidad de la Ley de financiamiento

Es evidente que captar menos de lo que se puede y se requiere, cuando al mismo tiempo se tiene una alta porción de gasto inflexible (alrededor del 85%) y elevados niveles de endeudamiento, mantendrá siempre las finanzas en una situación de déficit. Se trata de asegurar que el Estado cuente con recursos suficientes y sostenibles para atender sus necesidades de gasto e inversión y dar respuesta a las demandas sociales y el impulso de la actividad económica. 

Cualquier reforma exige una revisión de las deducciones, rentas exentas, tasas diferenciales o ingresos no constitutivos de renta, que han generado una injustificada brecha en beneficio de las personas jurídicas o naturales con mayor capacidad de pago y un sacrificio enorme para los recursos del Estado.  

Esta debe complementarse con acciones dirigidas a hacer más eficiente el gasto, mediante la priorización de proyectos sostenibles y de alto impacto, en zonas y sectores especialmente relevantes para la economía nacional y en los ámbitos territoriales. Asimismo, se debe fortalecer el control a la evasión y la corrupción con castigos ejemplares, de manera que se logre mayor legitimidad y confianza en el sistema por parte de la ciudadanía. Se deben tomar medidas frente a los llamados paraísos fiscales, a través de los que algunos pesos pesados de la economía sacan su riqueza y prefieren pagar intereses a otros países, pese a que se consideren de los más excelsos patriotas.  

La propuesta del Gobierno

En la propuesta del Gobierno se busca, en primer lugar, cubrir el hueco que se advierte en el presupuesto aprobado por el Congreso para 2026. También, avanzar hacia el cumplimiento del principio de progresividad y sostenibilidad fiscal, así como a la recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, que solo puede pensarse mediante un proceso gradual.   

Atendiendo al principio de progresividad, se propone un impuesto a patrimonios superiores a $2.600 millones, pero cuyos efectos mayores estarán a partir de $6.200 millones. De suyo está decir que este no es un impuesto que alcance a tocar a la clase baja o media, ni siquiera a algunos niveles de las clases altas. De igual manera, un impuesto a personas jurídicas, con mayores tasas a las instituciones financieras, un impuesto al carbón y otro al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Se prevé igualmente un aumento del impuesto por ganancias ocasionales y por premios, rifas y apuestas.  

La propuesta está orientada a que quienes poseen mayor riqueza aporten más recursos, con el propósito de que se avance también en la reducción de los niveles de desigualdad y de pobreza. Como corresponde, la reforma es coherente con el espíritu que anima a un gobierno progresista, cuya columna vertebral es avanzar en el establecimiento de cambios estructurales en favor de los sectores hasta más desprotegidos. 

Aun así, y tal como están las cosas, lo más probable es que, con ánimo obstruccionista y criterios electoreros la propuesta sea hundida en las comisiones económicas del Congreso. Será un contrasentido siendo que allí mismo se aprobó el presupuesto para 2026 y saben que la aprobación de la ley es imperativa, pues obedece a un sentido de responsabilidad con un país en el que, es tozudo negarlo, la economía muestra en general un desempeño más que positivo.

Se debe asumir que la política fiscal es más que un modelo de financiación y obedece también al diseño de un modelo de sociedad en la que se supere cualquier tipo de exclusión, se abone el camino hacia el cumplimiento del Estado Social de Derecho y se permita la materialización efectiva de la democracia.

Esto exige el convencimiento de que el déficit es evitable y que es posible encontrar soluciones estructurales, pero se requiere contar con las condiciones políticas, el poder y la capacidad de incidencia y decisión de los interesados en que los cambios se produzcan. Por eso es inminente una recomposición de los sectores que hasta ahora han mantenido su dominio en el Congreso de la República. 

Ojalá que un acto de sensatez y de verdadero patriotismo orienten a las mayorías del Congreso para que, más allá de la inmediatez y del cálculo de las oportunidades políticas, decidan ponerse a la altura de las responsabilidades que el país demanda. 

*Economista-Magister en estudios políticos

Los (as) niños (as) del Guaviare

Es claro así que ningún gobierno y en ninguna circunstancia se puede pasar por alto que la guerra tiene límites y que, como ya se anotó, existen personas de especial protección, como en este caso eran los (as) niños (as).

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Portales de temas de DIH

A nombre del Estado, o cuando menos a nombre del Gobierno, el Presidente Gustavo Petro debe ofrecer disculpas al país y a las familias de los niños y niñas que fueron víctimas en un operativo contra las disidencias de las FARC en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare.

Toda acción militar debe llevarse a cabo teniendo en cuenta protocolos previos de investigación e inteligencia, que aseguren las condiciones para realizarla sin que constituyan violación a los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario.

Si había niños (as) en el blanco del ataque el operativo no debió llevarse a cabo y no vale decir que no se sabía de su presencia en el mismo, pues de eso se trata el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Es imperativo el acogimiento a los principios humanitarios y a lo que prescriben las normas nacionales e internacionales, máxime en un Gobierno que se debe a una propuesta diferente de encarar el conflicto en Colombia.

El Estado colombiano es firmante y ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño de 1989, así como el Protocolo Facultativo de la Convención del año 2000, relativo a la participación de los niños en conflictos armados, y está obligado a cumplirlo.

Lo que dispone la Convención y el protocolo facultativo está precedido por lo estipulado en el IV Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, del cual los niños y niñas son beneficiarios (as). Asimismo, el Protocolo II adicional de 1977, cuya finalidad es impedir que los niños y niñas participen en los conflictos armados y los consideren sujetos de protección especial, aun si estuvieran participando directamente en las hostilidades.       

Es claro así que ningún gobierno y en ninguna circunstancia se puede pasar por alto que la guerra tiene límites y que, como ya se anotó, existen personas de especial protección, como en este caso eran los (as) niños (as).

No se desconoce que el Presidente está presionado por quienes desde la oposición le exigen resultados; los mismos que hoy condenan hechos que, como este -ciertamente lamentable y condenable-, antes aplaudían. Pero no puede caer en la trampa de dejarse llevar a una confrontación ciega en la que, como en la mayoría de las veces, personas inocentes terminan siendo víctimas.

Es preferible hacer oídos sordos a quienes, hipócritamente, siguen reivindicando los hechos de guerra, que solo cuestionan cuando les sirven para deslegitimar al Gobierno y sumar a sus pretensiones políticas.

La búsqueda de soluciones negociadas es algo en lo que se debe insistir y mantener en prioridad, sin que ello implique bajar la guardia y renunciar al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, sobre todo cuando se trata de enfrentar a quienes, argumentando causas nobles, no son más que expresiones delincuenciales y artífices de una guerra cada vez más degradada.

En cualquier caso, debemos guardar la coherencia y no permitir que el cumplimiento de los derechos quede subordinado a quienes, desde una u otra orilla, se esfuerzan por alcanzar sus realizaciones a costa de que el país se mantenga anegado en la violencia.  

*Economista-magister en estudios políticos 

La romería a Llano Grande

Los ahora copartidarios hicieron las pases y volvieron a prometer lo que uno durante cuatro y otro durante ocho años no hicieron mientras fueron los anfitriones de Palacio.

Orlando Ortiz Medina*

Foto: El Espectador

La hacienda Llano Grande, en el municipio de Rio Negro, Antioquia, se ha convertido por estos días en la sede de campaña de los sectores políticos de la derecha y la extrema derecha, que se han puesto en alerta ante una posible nueva derrota en las próximas elecciones presidenciales y del Congreso de la República.

Por la que ha sido casa de habitación y recinto carcelario, están desfilando candidatos y candidatas que, como al Oráculo de Delfos, llegan a consultar y pedirle permiso, bendición y consejo a su propietario, quien oficia como mentor, mientras aprovecha para resarcir su imagen, cuidar sus pesebreras y tratar de amarrar a quienes puedan sumarle haberes a lo que queda de sus miserias políticas. 

Al diestro montador de equinos, encantador de serpientes y hábil administrador de motosierras todavía le queda autoridad sobre ciertos aspirantes a quienes, además de falta de autoestima, ideas, programas y partido, les preocupa que los cambios que está viviendo el país lleven a que se mantenga la tendencia progresista en el próximo periodo presidencial.

Estos saben bien que, pese a su obstructiva oposición, los hechos los rebasan y la ciudadanía valora los resultados de las políticas del actual Gobierno, especialmente en materia económica y social, y lo que ello significa en la profundización de la democracia. 

pese a su obstructiva oposición, los hechos los rebasan y la ciudadanía valora los resultados de las políticas del actual Gobierno, 

La más reciente visita fue la de un señor con bastón de viejito, voz de niño entrando en la pubertad, moral extraviada y pensión de expresidente, que en ocasiones no tan lejanas reseñaba a su ahora contertulio como un triple mentiroso. Su máxima obra, no se le puede quitar el mérito, fue la célebre mansión conocida como “La catedral”, construida con recursos del Estado para poner bajo su cuidado y consentir al más peligroso de los narcotraficantes que ha habido en Colombia. 

Los ahora copartidarios hicieron las pases y volvieron a prometer lo que uno durante cuatro y otro durante ocho años no hicieron mientras fueron los anfitriones de Palacio. Que se ocuparán de lo social, dijeron al salir de su encuentro los que hicieron de la salud y las pensiones un jugoso negocio para el sector privado, llevaron a su mínima expresión la educación pública y recortaron los derechos de los trabajadores, que enfrentando todo tipo de obstáculos este Gobierno ha tratado de recuperar.

Ya anteriormente había pasado a tomar oxígeno y respirar verde una señora a la que cada cuatro años vemos descender de un boeing procedente de París. Ella, quien siempre ha proclamado que su misión en la vida es tejer, no importa si son discordias, llega de nuevo a hacer parte de esas cofradías exaltadas de patriotismo que en estas épocas se convocan para “salvar al país”. 

Lo hizo igualmente un exministro, sobrino de un condenado a cadena perpetua por narcotráfico en los Estados Unidos. Fue embajador en ese mismo país y en Colombia estuvo en la cartera de Defensa, con un saldo muy pobre en materia de seguridad, la que ahora propone como su bandera de campaña y condición imperativa para lograr la felicidad de la patria. Pero su peor infortunio es que, por designios del oráculo, le haya tocado amarrar su candidatura al sello del partido de la célebre francocolombiana que, se dice popularmente, es como subirse a un avión fallando. 

Lo que interesa es si están dispuestos a ser parte de ese hatajo que el rey del pastoreo quiere armar para atravesarse a ese nuevo país que está naciendo y que ha puesto en cuestión su lugar en la escala de privilegios. 

También fue la candidata periodista, quien, a falta de argumentos y propuestas, a menos que no sean las de que va a echar plomo a diestra y siniestra, mejor si fuera lamiendo suela y con tropas extranjeras, ha convertido el nombre del actual presidente en un fastidioso cotorreo, culpándolo desde el homicidio del mar muerto hasta de los cólicos de la Divina Cleopatra. 

Al confesor llegó asimismo quien fue su ministra de Defensa, célebre por la Operación Orión y por ser víctima de una tragedia familiar: la de su hermano condenado por ingreso de heroína a los Estados Unidos. La misma que fue vicepresidenta en el periodo de un dictadorcito inane, que, si bien ocupó el sillón del palacio, nunca pasó de ser un aspirante a presidente. Él aún no se ha sumado a la procesión, intuye que, tal como cuando se paseó por su cargo, seguirá siendo una figurilla ignorada. 

Han sido más los concurrentes, como un abogado experto en defender indefendibles, que cuenta con mucha gracia cómo elevaba gatos envueltos en pólvora para satisfacer sus pulsiones de muerte, tal como ahora promete destripar a quienes considere de izquierda. Es un minúsculo ostentoso, que en el mundo de una farándula en decadencia se hace llamar tigre, aunque no llegue a ser siquiera una cagarruta de los mininos que sacrificaba.  

Además, contó el casero del oráculo, ha tenido llamadas y distinto tipo de conversaciones con otros líderes que le copian, o a los que pide que le copien, no importa su laya o procedencia. Lo que interesa es si están dispuestos a ser parte de ese hatajo que el rey del pastoreo quiere armar para atravesarse a ese nuevo país que está naciendo y que ha puesto en cuestión su lugar en la escala de privilegios. 

Que dos septuagenarios expresidentes pretendan convocar a la construcción de una nueva Colombia es poco menos que un chiste, además de un colosal cinismo, pues no solo son parte responsable de esa gran estela de problemas que todavía el país arrastra, sino deslucidos ideólogos de un pasado al que pretenden retornarlo.  

Ya no encaja un pacto de gobernabilidad en cabeza de una dirigencia vetusta e incapaz siquiera de reconocer el estado crítico en que se encuentra.

El país ha cambiado. Los trabajadores han visto aumentar su salario real, muchas más personas pueden hoy soñar con que van a lograr una jubilación, los adultos mayores están recibiendo un apoyo que les ayuda a vivir en una condición más digna, más jóvenes confían en que pueden ingresar a la universidad, los campesinos y campesinas están viendo renacer el campo, los afros y los indígenas ven que hay mayor inversión en sus territorios. 

Aunque les cuesta decirlo, incluso los grandes empresarios deben reconocer que han tenido un buen saldo en las utilidades de sus firmas; bien pueden certificarlo banqueros, comerciantes, industriales, inversionistas del sector agropecuario, turístico, etc. Son los resultados de un manejo acertado y responsable de la economía, que contradijo los malos augurios -más que nada deseos- que la oposición advirtió como seguro camino a una bancarrota.  

Por fortuna el país cuenta hoy con una ciudadanía más calificada, que ha valorado los cambios y entiende lo difícil que ha sido para el gobierno llevarlos pronto y a buen término. Esto sin desconocer las falencias ni negar los desaciertos, que son parte del aprendizaje de una primera experiencia que invita a corregir y a asegurar a futuro una más asertiva gestión. 

Aparte de la incisiva manipulación mediática y el enorme poder que mantienen los poderes de facto, no hay pues nada que favorezca a quienes no entienden que deben dejar de hablarle al pasado. Ya no encaja un pacto de gobernabilidad en cabeza de una dirigencia vetusta e incapaz siquiera de reconocer el estado crítico en que se encuentra. Más aún cuando sigue dependiendo de las consejas de una divinidad subjudice, a la que en cualquier momento podría tocarle volver a lucir su traje color naranja o su piyama de rayas. 

Los electores saben que Llano Grande podría ser otra versión de la cueva de Alí Babá y sus consabidos contertulios; asimismo, que la romería tiene más un aire de conspiración para regresarnos a un pasado en el que ya tantas afugias padecimos, antes que la intención sensata de competir en democracia por el bienestar de una nación que, estamos seguros, insistirá en seguir adelante. 

*Economista-Magíster en estudios políticos 

Señor Trump, suba el volumen.

Mamdani es la contracara de lo que representa el arrogante y secuaz presidente de los Estados Unidos, a quien, por decir lo menos, los electores neoyorquinos le han asestado una sonora bofetada

Orlando Ortiz Medina* 

Foto: France 24

El triunfo de Zohran Mamdani en New York es una lección, una voz de aliento y un mensaje que debe celebrar el mundo entero. Demuestra que siempre están con vida opciones de resistencia, capaces de retar y sobreponerse a discursos que se reclaman hegemónicos y se creen incólumes e invencibles.

No es cualquier cosa el triunfo de un candidato socialista en la llamada Gran Manzana, que es en efecto uno de los grandes centros en donde se albergan parte de los más poderosos símbolos del poder y el capitalismo mundial.

Mamdani es la contracara de lo que representa el arrogante y secuaz presidente de los Estados Unidos, a quien, por decir lo menos, los electores neoyorquinos le han asestado una sonora bofetada.

Es un orgulloso migrante nacido en África, hijo de padres de origen indio, musulmán y activista por la causa palestina, comprometido con la defensa de los derechos de los trabajadores, las mujeres, los grupos étnicos y las comunidades diversas.

Es osado en sus propuestas y, en el contexto que vive su país, gobernado por un sociópata megalómano de la más baja estofa ética y moral, serán muchas las adversidades que tendrá que enfrentar para lograr sus resultados. Pero es parte de esas generaciones que encuentran sentido en comprometerse en la afrenta contra quienes pretenden que la humanidad regrese a tiempos bárbaros de libertades simuladas y autoritarismos reales.

Mal día debe estar pasando el innombrable peluquín del país del norte que, no solo en New York, vivió un rechazo a su peligroso y nefando estilo de gobierno, sus malogradas políticas económicas y el perverso saldo que en materia social están dejando.

Contra Donald Trump y su círculo de forajidos se manifestaron esta vez los que, allá y en otros países del mundo, están dispuestos a no dejar que las huestes neofascistas y retardatarias se pasen por encima de los derechos y las reservas de la democracia que aún quedan por defender.

El triunfo del candidato socialista es también un llamado al propio Partido Demócrata, que ha ido perdiendo norte y afectos dentro de su propia militancia, que no ve en él el compromiso para defender sus necesidades e intereses y lo nota más alineado con la regresión conservadora.

Complace saber que la extrema derecha, que sin duda ha venido ganando terreno en diferentes lugares del mundo, no tiene, como cree, el camino despejado para moverse a sus anchas y consumar sus propósitos de dominio. 

En el caso de Colombia, que tanto viene siendo objeto de la insolencia y los ímpetus dictatoriales del mandatario gringo, es un aire adicional confirmar que la insistencia en el cambio y la derrota de las derechas por parte de las fuerzas progresistas sigue siendo un camino, no solo posible, sino necesario. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

Consulta del Pacto Histórico: una izquierda más cohesionada y con mayores posibilidades de triunfo

    

La izquierda en Colombia es hoy una fuerza política con mayor vocación de poder y enormes posibilidades de triunfo, y no una expresión marginal o a la sombra de quienes históricamente han tenido el control de la opinión y monopolizado hasta su degradación las instituciones del Estado.

Orlando Ortiz Medina*

Foto:Telesur

Con 2´700.000 votos, el Pacto Histórico logró un resultado altamente positivo en la consulta popular del pasado 26 de octubre. Es una cifra significativa si se tiene en cuenta el poco tiempo de campaña, por todas las barreras que hubo que superar, especialmente ante el Consejo Nacional Electoral, para llevarla a cabo. 

Lo es también si se compara con eventos de similar naturaleza realizados en periodos anteriores, especialmente la consulta del Partido Liberal en 2017, que no alcanzó los 800.000 votos, o la del Polo Democrático en 2009 en la que se contabilizaron menos de 500.000. Además, por ser una elección en frío -que no coincide con ningún otro evento electoral-, se dispone de menor infraestructura y condiciones logísticas; por ejemplo, una menor cantidad de puestos y mesas de votación que limitaron la participación de un gran número de personas, especialmente de las zonas rurales.

Visto así, el caudal real de los votos logrados en la consulta pudo haber estado alrededor de los tres millones. Pero, más allá de las cifras, que desde luego son importantes, son otros los aspectos a destacar de esta jornada que prácticamente abre el camino hacia las elecciones de Congreso y Presidencia de la República en 2026.

Una izquierda fortalecida

Lo primero a resaltar es que hoy el país tiene una izquierda con mayor protagonismo y capacidad de representación en el escenario político, más cohesionada, con mayor solidez organizativa y en la que el perfeccionamiento de sus mecanismos de democracia interna le aseguran una más calificada participación de sus bases. 

La afinación de sus principios democráticos incluye la paridad de género en la configuración de las listas al Congreso de la República, mediante el sistema de cremallera, que alterna hombres y mujeres en el orden de inclusión, lo que significa también un avance en el sistema de organización partidista y en general de la cultura política en Colombia.

Adicionalmente, la nueva nómina de aspirantes a Cámara y Senado elegida el 26 de octubre deja ver una composición en la que tuvieron cabida tanto diversas colectividades políticas de la izquierda y el progresismo, como sectores sociales que sin estar necesariamente adscritos a ellas aspiran a tener representación en el Congreso. 

Así las cosas, la izquierda en Colombia es hoy una fuerza política con mayor vocación de poder y enormes posibilidades de triunfo, y no una expresión marginal o a la sombra de quienes históricamente han tenido el control de la opinión y monopolizado hasta su degradación las instituciones del Estado.

Una izquierda que, a diferencia de otras fuerzas políticas, ha construido una agenda más conectada con los grandes problemas nacionales y al mismo tiempo en sintonía con los cambios y demandas que imponen las dinámicas internacionales.  Asimismo, que ha sido prohijada por un movimiento social cada vez más protagónico, con el que avanza en un proceso en el que se resignifican y depuran las prácticas políticas, que de paso le ha permitido ganar terreno e irse sobreponiendo a las viejas estructuras hegemónicas.    

La votación alcanzada es una clara manifestación de respaldo al Gobierno de Gustavo Petro y del ánimo de continuidad con el proceso de cambio que le asiste a los sectores políticos y sociales que lo llevaron a la presidencia en 2022. 

Respaldo a Gustavo Petro

La votación alcanzada es una clara manifestación de respaldo al Gobierno de Gustavo Petro y del ánimo de continuidad con el proceso de cambio que le asiste a los sectores políticos y sociales que lo llevaron a la presidencia en 2022. Es una manera de reconocer que ha mantenido su coherencia y que ha jugado su capital político a favor de sectores que, por primera vez, saben que cuentan con un representante en cabeza del ejecutivo. 

Hay una ciudadanía que reconoce las reformas sociales que han estado en la médula del Gobierno, incluidas las políticas económicas, claramente orientadas a mejorar la calidad de vida, disminuir la desigualdad y la pobreza y sacar de la exclusión a sectores que estaban condenados a la marginalidad. 

Logros como la reforma laboral, la reforma pensional, el aumento significativo del salario real de los trabajadores, la mejora en el sistema de remuneración a miembros de las fuerzas militares, la gratuidad en el acceso a las universidades públicas y la entrega de un subsidio permanente de vejez a miles de madres comunitarias, constituyen, entre otros, un legado importante de las políticas de Gustavo Petro. 

No es fortuita una reducción de la pobreza monetaria que llega a su cifra más baja desde 2012, una tasa de desempleo que alcanza el nivel más bajo en lo que va del presente siglo  y, aunque leve, una reducción también de la tasa de informalidad.

Ha habido también una significativa reducción de la inflación, que, como se sabe, con su incremento golpea especialmente a los sectores de más bajos ingresos. Su reducción ha sido de alrededor de 8 puntos en el actual gobierno, al llegar al 5.18 en septiembre de 2025, luego de haber cerrado en 13.12 en 2022.

Vale resaltar, además, el crecimiento significativo que ha tenido el sector agropecuario, 7.1% en 2025, incluyendo la entrega de tierras y la formalización de 1.5 millones de hectáreas, lo que sin duda ha impactado en las condiciones de vida especialmente de la población campesina. 

Existe un acople entre el gobierno nacional y las regiones y sectores sociales que hoy se sienten más representados.

Todo este conjunto de factores explica, en parte, el amplio apoyo reflejado en las urnas, en el que hay que relievar el importante crecimiento en las zonas tradicionalmente más apartadas del país (Nariño, Cauca, Chocó, algunas regiones de la Amazonía y la costa atlántica, principalmente). Esto tiene un significado especial porque es allí en donde viven las personas en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Una confirmación del acople que existe entre el gobierno nacional y las regiones y sectores sociales que hoy se sienten más representados.

Puede leerse también como un indicador del foco que ha puesto este Gobierno en corregir los sesgos centralistas y contribuir a cerrar las brechas derivadas de la forma como se han orientado las estrategias de desarrollo y las políticas de asignación presupuestales.

Claramente esta vez se habló con más fuerza desde los territorios. Sin embargo, es necesario un análisis más detallado de lo que ocurrió en algunas de las principales ciudades y departamentos, tales como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Meta, en donde hubo una reducción significativa de la participación, teniendo en cuenta que son definitivas tanto para las elecciones legislativas como las de la presidencia de la república.

Iván Cepeda Castro, la continuidad del cambio 

El triunfo de Iván Cepeda en la consulta lo posiciona como uno de los candidatos más opcionados para disputar la presidencia en 2026. Es un referente especial de líder, ajeno a todo tipo de arrogancias, despojado de cualquier ánimo caudillista y respetuoso siempre a la hora de confrontar a sus adversarios. Es alguien sin mácula, de una estatura ética a toda prueba, con carácter tranquilo, sosegado y suficientemente conocido por su lucha contra la desigualdad, la defensa de los derechos humanos y de los intereses de los sectores más desprotegidos.  

Una de sus mayores fortalezas como candidato es el estrecho vínculo que mantiene con los sectores sociales que luchan por una mayor representatividad y protagonismo en Colombia, y que han sido la espina dorsal del Gobierno de Gustavo Petro

Si bien su historia, sus ideas, sus propuestas, tienen el sello de una izquierda militante y comprometida, es ajeno a posiciones sectarias y dogmáticas, lo que guarda coherencia con su formación del filósofo que se toma el tiempo para discernir y saber cómo y en qué momento expresa sus opiniones, siempre dentro de la sindéresis y el respeto a sus contertulios o contradictores. Ética y democracia son en él, antes que nada, una forma de vida. 

Una de sus mayores fortalezas como candidato es el estrecho vínculo que mantiene con los sectores sociales que luchan por una mayor representatividad y protagonismo en Colombia, y que han sido la espina dorsal del Gobierno de Gustavo Petro. Indígenas, campesinos, jóvenes, estudiantes, ambientalistas, mujeres, comunidades diversas, el movimiento de víctimas, etc., reconocen en Iván a una persona de toda su confianza y una segura representación de sus intereses. 

Iván hará sus balances y sopesará fortalezas y debilidades. Con ánimo constructivo seguirá cosechando sobre lo que se ha logrado avanzar en esta primera experiencia de un gobierno de izquierda en Colombia, que está demostrando que es posible gobernar para todo un país y no solo para quienes hasta ahora se habían sostenido en sus privilegios. 

La tarea ahora es seguir trabajando con todo el entusiasmo para que en la consulta que se realizará el próximo mes de marzo Iván Cepeda se posicione como el candidato del frente amplio y, ojalá, en mayo en la primera vuelta se consagre como el nuevo presidente de la república. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

C-amargo: El nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

 Nada cómodos se deben sentir quienes, nutridos de valores y portadores de las más excelsas condiciones personales y profesionales, sí han puesto su profesión al servicio del derecho y la defensa de las instituciones y no de los intereses políticos o particulares de quienes le favorecieron con su voto.

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Ámbito jurídico 

El senado de la República eligió como magistrado de la Corte Constitucional al señor Carlos Camargo Assis; un nuevo revés para la democracia y la ratificación de la profunda escisión que existe en Colombia entre la ética y la política.

Porque sí, es cierto que fue elegido en abierta votación en el Senado de la República y que obtuvo una amplia mayoría frente a sus competidores; pero también lo es que la democracia es algo más que un algoritmo y un sistema de procedimientos, y que lo que realmente la instituye es el conjunto de principios y valores que rodean las decisiones.  

Y si de esto último se trata, no son propiamente Camargo y los mentores de su cuestionado ascenso a las cimas de la burocracia, ni sus electores de ayer en el Senado, los depositarios de las mejores virtudes. 

Camargo ha sido uno de los más ilustres representantes de quienes llegan a sus cargos con la única tarea de sellar su deshonra y dejar en el piso la majestad de las instituciones a las que en mala hora se las ingenian para llegar. 

Para la muestra, vale decir que fue deformado en las mismas aulas por las que pasaron Iván Duque y Francisco Barbosa. Expresidente uno y exfiscal el otro, son célebres por la mediocridad de su gestión y, sobre todo, por haber sido de los más ilustres representantes de quienes llegan a sus cargos con la única tarea de sellar su deshonra y dejar en el piso la majestad de las instituciones a las que en mala hora se las ingenian para llegar. 

El exdirector de la Federación Nacional de Departamentos, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, exdefensor del Pueblo, y ahora exvicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ha llegado a ocupar sus puestos no propiamente por sus méritos, que al parecer nadie obtiene en La Sergio, sino porque ha sido un hábil trepador, ficha clave de los roscogramas y que, saltando y asaltando competencias, ha sido colocado por y sabido colocar a sus amigos y familiares gracias a las ganancias obtenidas en el sucio mercado de favores.  

Así que el resultado de la votación no fue ninguna sorpresa, pues ya estaba cantado y era parte de las deudas que con letras de cambio tenían en su elección la fecha de vencimiento. Lo cierto es que sí se pone en cuestión la probidad de la alta corporación a la que acaba de ser elegido y que se desluce el trabajo de quienes ahora, o en otros momentos, juiciosamente se han ocupado del estudio y la promulgación de sus dictámenes. 

Por su trayectoria y su hoja de vida, y tanto más por lo que se conoce de su comportamiento en las posiciones ocupadas, no era él la mejor opción para entrar a ser parte de quienes se ocupan como guardianes de la constitución y el Estado de Derecho.

Nada cómodos se deben sentir quienes, nutridos de valores y portadores de las más excelsas condiciones personales y profesionales, sí han puesto su profesión al servicio del derecho y la defensa de las instituciones y no de los intereses políticos o particulares de quienes le favorecieron con su voto. 

La elección de Camargo Assis ratifica la sustancia de la que mayoritariamente está hecho el Congreso de la República y la poca valía y respeto que, debido a ello, les merece a los ciudadanos. Por su trayectoria y su hoja de vida, y tanto más por lo que se conoce de su comportamiento en las posiciones ocupadas, no era él la mejor opción para entrar a ser parte de quienes se ocupan como guardianes de la constitución y el Estado de Derecho.

Sobra ya hacer una comparación con quienes eran sus competidores, especialmente la actual magistrada del Tribunal del Valle, María Balanta, que siendo de lejos la más indicada para ser elegida, no reunía el caudal que le dio la victoria a Camargo: su capacidad para moverse entre las aguas infectas de los inodoros de la vieja política. 

Definitivamente el país sigue preso de una dirigencia retardataria, incapaz a sí misma de renovarse, de entender que no se puede seguir manteniendo en el hedor de sus propias miserias y que debe dejar de insistir en poner palos en la rueda a un país que puja por seguir allanando el camino de sus transformaciones políticas y culturales.

En mala hora la Corte Constitucional tiene que acoger a su nuevo inquilino, un malhadado exponente de aquellos a quienes una sociedad civilizada y una clase política honrada ya le habría expedido su certificado de caducidad y dejado para su exhibición en la percha del olvido.

*Economista-Magister en estudios políticos

Miguel Uribe Turbay, la seguridad de vuelta al ruedo

Parece de ingenuos pensar que a nadie y para nada sirve un crimen como éste. Lo cierto es que así no piensan quienes lo cometieron y esperan recoger sus envenenados frutos. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Revista Semana

El lamentable fallecimiento del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, reafirma que se mantiene indemne el poder y la capacidad de daño de quienes se oponen a que se avance hacia nuevos umbrales de civilización y de superación de la cultura de la muerte que ha oscurecido en su devenir a la sociedad colombiana.

Con el asesinato de Uribe Turbay, sus responsables abren otra herida, con la que recargan los odios y la polarización que nos confronta, no casualmente en el momento en que avanza la campaña al Congreso y la presidencia de la República.

El repulsivo maridaje entre violencia y política pareciera ser para Colombia un sino insuperable. No es el primer candidato ni el primer líder político o social en ser asesinado. No es la primera vez que una campaña electoral se mancha de sangre y enluta al país. No es tampoco la primera vez que con un acto de esta naturaleza se pretende enrutar el resultado de las elecciones, que solo debería depender del debate de las ideas, los programas de gobierno y la experiencia, capacidad e idoneidad ética y profesional de quienes aspiran a ser elegidos (as). 

Infortunadamente, el magnicidio de Uribe Turbay vuelve a llevar a un segundo plano los temas centrales a discutir sobre el rumbo que debe tomar el país en los próximos años, mientras nos enreda nuevamente en el esponjoso tema de la seguridad como eje del debate electoral. Una seguridad que se espera establecer bajo la premisa de un régimen autoritario y que ponga en cuestión las instituciones y el estado de derecho, que finalmente consagraría la victoria de quienes saben que en un país exacerbado de rencores y tensiones la producción de miedo es un recurso siempre al alcance para conmover y movilizar al electorado.

Volvemos a ser presa de la tozudez de quienes todavía no conciben que sus poderes no sean vitalicios, que se resisten a dejar que otro país sea posible y que prefieren pernoctar en el culto a la muerte, a expensas de un país al que han acostumbrado a ver nacer sus héroes en la pira de su sacrificio. 

El crimen es una nueva proclama de los voceros del eterno retorno a un estado de cosas que se resiste a fenecer y a dejar que cobre vida el ideario de otras voces y otros sectores, que con justicia reclaman su derecho de pertenencia y representación, en una sociedad que le ha quitado a la política su esencia como fundamento del entendimiento y la convivencia humana, y profundamente quebrada en sus valores y fundamentos éticos. 

Tal cual lo reflejan las reacciones que desde uno y otro lado del espectro ideológico se han generado, y la manera en que el hecho está siendo aprovechado por quienes buscan réditos en la contienda electoral, sin importar el dolor de la familia y sin respeto alguno a la memoria del candidato sacrificado. 

De ello hacen eco unos medios de comunicación, cuyos directores, presentadores o comentaristas se han convertido en una especie de cabecillas de barras bravas, que con micrófonos a discreción se emparentan con los promotores del odio y dejan al descuido cualquier asomo de cordura y responsabilidad. 

La muerte de quien es uno más de los miles de líderes sociales o políticos asesinados en Colombia no parece ser en realidad lo que más les ha preocupado. Lejos de comprometerse con una reflexión seria y ponderada, algunos comunicadores se mostraron más interesados en cómo fustigar y endilgar culpas, sin un ápice de decoro en un momento en el que lo que menos se requiere es ahondar el duelo y no sumar para que se profundice el desequilibrio en la balanza.

Estuvieron, por ejemplo, más pendientes de la caza de un gazapo o un error de sintaxis que hubiera podido cometer en el momento de pronunciarse sobre el hecho el señor Presidente, que del contenido mismo de su declaración. La gramática de las formas que a cuenta de la mezquindad y el deseo de hacer daño subsume a la preocupación por la gramática de la vida. 

Uribe Turbay era un precandidato presidencial; tenía el derecho a expresar sus ideas, a disentir, como en efecto lo hacía, con el actual gobierno; incluso a tener diferencias con sus propios colegas de partido, que no eran menores, y a haber hecho pronunciamientos cuestionables frente a situaciones de violencia que se produjeron contra otras personas en Colombia. Pero no era su sacrificio el que iba a reivindicar su pensamiento y a consagrar el triunfo de sus ideas, pues ni su muerte corrige sus errores ni tampoco lo convierte en un modelo a seguir.

No solo se sacó del camino a un candidato, sino que se le dio un golpe a los anhelos de cambio en los que se viene insistiendo en Colombia. Los funámbulos de la violencia aspiran a seguirse sosteniendo en la cuerda tensada a su favor por los desequilibrios de un país hecho a su imagen y semejanza, secuestrado por su egoísmo y por su negativa a permitir que su enaltecida lívido del poder encuentre una válvula de escape que no siga siendo la de solazarse en el dolor de los otros.

Parece de ingenuos pensar que a nadie y para nada sirve un crimen como éste. Lo cierto es que así no piensan quienes lo cometieron y esperan recoger sus envenenados frutos. Ojalá que esta vez la fuerza de la vida ahogue su cosecha. 

*Economista-Magister en estudios políticos

La convención del Pacto Histórico y la nueva legislatura del Congreso de la República

La consulta, que es, en general, una manera de contribuir a fortalecer la democracia, será una primera medición de cuánto el proyecto progresista ha calado en la ciudadanía

Orlando Ortiz Medina*

Foto: El Tiempo

Dos eventos significativos para la izquierda y el movimiento progresista tuvieron lugar el pasado fin de semana: la convención nacional del Pacto Histórico y la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Entre luces y sombras, una y otra terminarán de marcar el camino que llevará a decidir sobre su continuidad o el retorno de la derecha o la extrema derecha en 2026.  

La Convención fue en sí misma un hecho positivo. Primero, porque dio cuenta de una izquierda dispuesta a mantenerse en la cabeza del ejecutivo y consciente de que ello solo será posible si llega unida a la primera vuelta. Segundo, porque la convocatoria a la consulta, que es, en general, una manera de contribuir a fortalecer la democracia, será una primera medición de cuánto el proyecto progresista ha calado en la ciudadanía y del respaldo con que cuenta, ya en la etapa final de su primer periodo de gobierno. Tenemos que lograr más de un millón de votos en la consulta, dijo en su intervención la precandidata Susana Muhamad. 

La nueva legislatura en el Congreso, por su parte, marca un derrotero definitivo para el Gobierno y su bancada, que tendrán que saber jugársela para lograr la aprobación de las reformas todavía pendientes, especialmente la de la salud, que al lado de la laboral y la pensional terminarían de configurar la victoria de por lo menos parte de las principales promesas de campaña. 

Igualmente, se espera la presentación de una nueva propuesta de reforma tributaria, necesaria no precisamente para el Gobierno, sino en la que deberían sentirse convocados todos los partidos y sectores económicos, pues se trata de superar el desbalance en los ingresos y gastos del Estado, que se viene acumulando desde mandatos anteriores y que, de no corregirse, podría comprometer la estabilidad de la economía, pese a que la mayoría de sus indicadores se desenvuelve entre saldos positivos. 

Se presentó ya una propuesta de reforma al sistema de justicia, con la que se aspira a disponer de un nuevo marco jurídico para el sometimiento de las organizaciones delincuenciales, como parte de la política de paz total, que es tal vez el punto más crítico y en donde se acusa un mayor déficit de logros. 

Junto a estas, hay otras propuestas de reforma que, si bien no suscitan tanta atención, no son menos importantes, como la que busca modificar el sistema de transferencias de recursos a las regiones -ley de competencias- y la que propone el establecimiento de un nuevo sistema de tarifas de energía, que llevaría a un sistema de cobro más progresivo con la modificación de los subsidios y la disminución de los costos para los estratos 1,2 y 3. 

La democracia, hay que decirlo, va dejando de ser un mero sistema formal y de procedimientos y comienza a materializarse en realizaciones que afectan directamente la vida de las personas.  

En cualquier caso, seguirá siendo un pulso difícil frente una oposición a la que, antes que sumarse a iniciativas para que el país avance, le resulta más beneficioso apostar a que el Gobierno fracase. De hecho, aún sin que se conozca todavía un primer borrador, ya el recién elegido presidente de la comisión tercera del Senado, Jairo Castellanos, anunció que a la nueva propuesta de reforma tributaria “se le dará cristiana sepultura”. 

Aunque con lunares, el balance es satisfactorio

En la instalación de las sesiones del Congreso, el presidente hizo un balance de su gestión en el que reflejó los alcances de un programa fundado sobre bases filosóficas distintas a las que habían caracterizado a prácticamente todos los gobiernos anteriores. Un programa en el que se ha invertido el orden de prioridades, en tanto esta vez es pensado desde y para los sectores más excluidos y en el que se le ha ido dando contenido al Estado Social de Derecho, que hasta ahora no había sido más que un artículo muy bien redactado en la Constitución nacional.  La democracia, de esta manera, va dejando de ser un mero sistema formal, de procedimientos, y comienza a materializarse en elaboraciones que afectan directamente la vida de las personas.  

Un sistema de tributación más progresivo, devolución de derechos a los trabajadores, posibilidad de una vida más digna para quienes no lograron acceder a una pensión de vejez, ampliación de cobertura y gratuidad en las universidades públicas y un pago más justo a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, fue parte de lo que se destacó como resultado de las reformas que contra viento y marea y con la movilización popular se logró que fueran aprobadas en el Congreso. Al lado de ello, un balance económico que terminó de anegar los augurios con que quisieron malograr las propuestas los partidos de oposición, a quienes las cifras les enrostran hoy su mala saña y los dejan sin argumentos, que en realidad nunca fueron tales. No sobra recordar este video de Francisco Santos.

Por supuesto que se reconocen lunares y que no todo ha podido llevarse a acabo. Ya se ha hecho referencia a la situación de desbalance fiscal, que al lado del crecimiento del endeudamiento externo demandan hoy una especial atención. En todo caso, es una responsabilidad de la que no se puede eximir al Congreso, que se ha opuesto a las alternativas presentadas por el ejecutivo para allegar nuevos recursos, como los recortes a la aprobada reforma tributaria de 2022 y el hundimiento de la ley de financiamiento, a los que se sumó la decisión de la Corte de tumbar la propuesta de reforma el sistema general de regalías. Unos y otros afectaron la disposición de recursos con que se esperaba contar para cubrir los gastos de funcionamiento y cumplir con las demás responsabilidades. 

El tema, también ya referido, en donde se encuentran las mayores falencias, es el de la paz total.  El presidente se fue muy lejos y con una meta quizá muy pretenciosa para un plazo tan corto y en un escenario tan adverso como el de Colombia. No midió con suficiente tino el alcance frente a un conflicto cada vez más degradado, con diferentes expresiones territoriales, una diáspora de contendientes cada vez más dispersa y sin interlocutores claros, que si algo no ha mostrado es su disposición a abandonar el camino de la violencia, inscrita fundamentalmente en prácticas delincuenciales. Se le abona la intención y la buena voluntad al señor presidente, pero se le fueron las luces cuando pensó resolver en cuatro años lo que otros no han logrado en décadas.

Además, no se ha visto para nada bien la inestabilidad en el gabinete; ha sido muy largo el desfile de ministros(as), lo que pone en cuestión la estabilidad de los programas y el diseño de la estrategia que articula en su conjunto los planes de gobierno. Nombramientos cuestionados y una comunicación muchas veces errática, tanto hacia la opinión como al interior del equipo de trabajo, han opacado en parte los logros y han sido un plato servido para ayudarle a organizar la agenda a una oposición ávida de culpas y siempre pronta para causar heridas y dejar cicatrices. 

Lograr que se mantenga el ideario de avanzar con una agenda de transformaciones estructurales es la tarea tanto de los (as) hasta ahora precandidatos (as) como de la bancada progresista en el Congreso.

Lo que viene 

Lograr mantener el ideario de avanzar con una agenda de transformaciones estructurales es la tarea tanto de los(as) hasta ahora precandidatos(as) como de la bancada progresista en el Congreso. Lo que ocurra en las elecciones parlamentarias y de presidencia en 2026 nos dirá si es cierto que el país está viviendo una verdadera metamorfosis, que contamos hoy con una ciudadanía más consciente de sus problemas, que actúa con mayores grados de libertad y que mantiene su disposición de seguirlos tramitando en la arena política. En fin, si efectivamente se ha logrado mover el péndulo que durante más de doscientos años nos mantuvo pegados a la derecha.  

En buena hora los partidos y organizaciones de izquierda tomaron la decisión de acudir a una consulta popular abierta para que sean las bases -militantes o simpatizantes- las que decidan quién será el candidato o candidata que mejor representa sus intereses y reúne las condiciones para estar en una contienda que desde ya se advierte muy difícil.

Tal cual se hará con las listas para Cámara y Senado de la República, con lo que, ojalá y así sea, se espera salirle al paso a las fallas que se cometieron para definir la actual representación, en donde ni son todos(as) los que están ni están todos(as) los(as) que son. Hubo, dicen quienes saben, egoísmo, clientelismo, nepotismo, amiguismo, bolígrafo y más ismos, que llevaron a ocupar curules a algunos(as) de los(as) que no volvimos a saber y de los que no propiamente se puede hablar de su lucidez parlamentaria.  

Cada precandidato(a) debe hacer de su campaña parte de un proceso de acumulación de fuerzas y confirmar que el movimiento progresista no ha sido inferior a sus retos y que mantiene el respaldo de una ciudadanía dispuesta a evitar un retroceso en 2026. Al país le resultaría muy costoso una regresión en materia de derechos y volver a los cantos de guerra que desde ya se pregonan por parte de quienes insisten en mantenerse en lógicas que han naturalizado la exclusión, la pobreza y la precariedad democrática, sin duda las fuentes principales del cultivo de la violencia.  

Colombia debe continuar su trayecto hacia la consolidación del nuevo bloque histórico, en el que ha ido encontrando lugar el país diverso y hasta ahora proscrito por los rectores de un establecimiento a quienes todavía les cuesta aceptar, no solo su decadencia, sino que es posible otro mundo si nos permitimos pensar más allá de lo que hasta ahora solo se ha hecho a su imagen y semejanza. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

La teología de la regla fiscal

Si bien hay que estudiar cómo reducir los gastos, el asunto clave está en que Colombia domina un sistema fiscal regresivo y en el que la captación de ingresos es sustancialmente inferior a las posibilidades que el país ofrece. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Más Colombia

Como se esperaba, las calificadoras de riesgo le pusieron matrícula condicional y le bajaron la nota al país, luego de que el Ministerio de Hacienda se acogiera a la fórmula de escape, en la búsqueda de alternativas para enfrentar la creciente situación de desequilibrio en las finanzas del Estado. Tanto Standard & Poor’s (S&P) como Moody’s, dos de la más reconocidas en el mundo, emitieron sentencia en días recientes, considerando que esta decisión genera dudas sobre la viabilidad fiscal y en general sobre el conjunto de indicadores macroeconómicos en Colombia. 

Las consecuencias son claras, estar en rojo en la libreta de notas de las calificadoras significa mayor dificultad para acceder a créditos de la banca y de organismos multilaterales. Si se obtienen, será superior el costo, en tanto el país quedará señalado como deudor de mayor riesgo; se alertarán también los inversionistas, que argumentarán precaución a la hora de dirigir sus recursos, ya que se vienen a la baja los indicadores de confianza de quienes figuren en sus listas. 

En el orden interno, los costos superiores del endeudamiento externo podrían impactar el crédito a inversionistas y consumidores, con efectos sobre los niveles de demanda, el crecimiento del PIB y la generación de empleo. En paralelo, mayores obligaciones por concepto de la deuda significarían menos recursos para la inversión social y otras responsabilidades del Estado. En fin, una pedrada en la cabeza para los incluidos en la lista de desaplicados, que no se compadece con el supuesto altruismo de los organismos y calificadoras. ¡Qué tal si no! 

La regla no es sagrada.  

La determinación del Ministerio de Hacienda debe verse más allá de una circunstancia puramente técnica y basada en los fundamentos, esencialmente teóricos y doctrinarios, que soportan las decisiones de los autonombrados regentes del ordenamiento económico internacional y la subsecuente deriva sobre el manejo de la economía y la soberanía de los Estados. Terminamos dominados por una especie de teología laica (Maldonado, 2023), cuyas doctrinas se han acogido como criterios de verdad y convirtieron en fuentes de autoridad a las calificadoras y a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). El recetario del FMI y las políticas de ajuste aplicadas desde el siglo pasado en los años 80 siguen siendo el texto bíblico que deben acoger los países en desarrollo para no poner en riesgo sus opciones de financiación. 

Pero lo cierto es que, como cualquier disciplina, el manejo de la economía no puede estar sujeto a dogmas o a cualquier fundamentalismo o rigidez normativa (Porcher, 2023), pues no es posible prescindir de las dinámicas propias de cada país; de cómo en cada uno se expresa un entorno internacional cada vez más incierto y volátil; de lo que obliga la particularidad de los marcos institucionales, los objetivos de gobierno y las implicaciones en otros frentes con los que indefectiblemente el desempeño de la economía está articulado.  

Si bien el propósito de la regla fiscal es loable -racionalmente nadie quisiera gastar más de lo que tiene-, no lo es que limite la actuación de un gobierno. La búsqueda del equilibrio en las finanzas deberá ser siempre un propósito, pero la estabilidad macroeconómica va mucho más allá, pues al Estado le asisten responsabilidades como la de proveer bienes públicos, garantizar cobertura de derechos, disponer de recursos de seguridad y defensa, honrar el pago de la deuda, hacer transferencias a las regiones y otra serie de obligaciones de las que no puede prescindir y que se sobreponen a la sola determinación de asegurar el cumplimiento de una regla.

No hay modelos inflexibles. Así como políticas expansivas del gasto pueden traer efectos negativos, también pueden generar estímulo al crecimiento, creación de empleo, acceso a ingresos, reducir incluso la necesidad de endeudamiento y abrir mejores posibilidades de recaudo a mediano y largo plazo. Todo depende del manejo, la previsión y el destino que se dé a los recursos, los rubros a los que estén dirigidos y el estimado entre el costo y la rentabilidad presente y futura, que no se puede sustraer de lo que social e incluso políticamente representan o podrían llegar a representar. La economía es mucho más que un algoritmo numérico.  

El llamado a disminuir los gastos, sobre lo que primero se presiona, será siempre sensato, pero podría significar complicaciones adicionales si no se tiene en cuenta su efecto en indicadores más complejos como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la inestabilidad social, etc., relacionados imperativamente con las decisiones de política económica. Responsabilidad fiscal también es el cumplimiento del Estado Social de Derecho. Vale recordar, por ejemplo, que en su artículo 366 la Constitución Nacional establece que: “… en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación…”. Es decir, es más que asegurar la tranquilidad a los organismos financieros y los estándares de las calificadoras. 

Una crisis heredada

No hay que dejar de lado que la actual situación es en gran medida herencia de mandatos anteriores, especialmente el de Iván Duque, que dejaron elevados saldos de deuda, de alto costo y cumplimiento a corto plazo, además del enorme déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), $36 billones de pesos, cuyo pago aún está en curso y a los que se suman otras obligaciones que, como ocurre en todos los gobiernos, se dejan para pagos en vigencias futuras.

Adicionalmente, el Gobierno ha enfrentado todo tipo de barreras cuando ha acudido a buscar opciones que permitan el flujo de ingresos dirigidos a solventar la disfunción en el frente fiscal. Se hicieron recortes a la propuesta de reforma tributaria aprobada en 2022, como la de establecer mayores gravámenes a las pensiones elevadas, la supresión de exenciones a las empresas y la de establecer más impuestos a los poseedores de grandes riquezas.

La Corte Constitucional, por su parte, tumbó la propuesta de reforma al sistema general de regalías que actualmente permite que sean descontadas del pago del impuesto a la renta, en el caso de las industrias extractivas. Fue hundida en el Congreso la Ley de financiamiento. Todo ello ha tenido impacto directo en la actual situación fiscal y ha generado obstáculos al Plan de Gastos e Inversión del Gobierno, que explica en parte por qué se torna imposible el cumplimiento de la regla fiscal (González, 2025).  

No es sensato decir que el crecimiento del déficit obedece a falta de previsión del Gobierno, por el contrario, ha habido un manejo responsable de la economía; se han cumplido los compromisos con los acreedores, así como las obligaciones internas, pese a un recaudo de ingresos inferior al proyectado. Este último es resultado también de un crecimiento del producto menor al esperado, especialmente en 2023, en el marco de una coyuntura internacional difícil, principalmente en el mercado de materias primas y de los principales productos de exportación. En todo caso, los indicadores macroeconómicos muestran, en general, cifras positivas, como la reducción de la inflación, el desempleo, la pobreza, entre los que más se destacan.

Más que cumplir la regla.  

Colombia tiene falencias tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Faltan herramientas de planeación, mejorar capacidades técnicas y afinar criterios que aseguren eficiencia en los sistemas de captación y asignación de los recursos. Hay que enfrentar situaciones que han instrumentalizado el manejo del presupuesto a favor de intereses políticos, en todos los niveles de gobierno; asimismo, implementar medidas de control de la evasión a la par con un decidido enfrentamiento a la corrupción, que tanto le significa al país.   

Pero todo lo anterior no será suficiente si no se altera al mismo tiempo la matriz o función de producción y de financiamiento que domina en el conjunto de la economía, así como la función social y la matriz de poder que les subyace y que ha impedido que se pongan en curso los cambios estructuralmente requeridos. 

Desde la función de producción, se requieren políticas dirigidas a que el país cuente con un portafolio más diverso de productos, que lleve a superar la excesiva dependencia del sector financiero y de explotación de hidrocarburos, poco fértiles en la generación de empleo y que nos mantienen al vaivén de lo que ocurre con las cotizaciones internacionales. Una sólida estructura fiscal es igualmente una adecuada articulación de los sectores de producción y la coherencia con otros frentes de la política macroeconómica; comprende, además, objetivos de política social, que en el caso de Colombia deben orientarse a corregir las profundas inequidades y superar la exclusión que se vive entre diferentes regiones y grupos sociales. 

Si bien hay que estudiar cómo reducir los gastos: lo que sería posible mediante ajustes en funcionamiento, disminución de burocracia, asignaciones más equitativas, prioridad en la inversión y en rubros que potencien el desarrollo, etc., el punto clave, sin embargo, está por el lado de los ingresos, en tanto que en Colombia domina un sistema fiscal regresivo y en el que la captación de ingresos es sustancialmente inferior a las posibilidades que el país ofrece. 

Ha sido imposible el paso a una estructura fiscal en donde quienes más tienen capacidad de pago le aporten más recursos al fisco. No existe una ponderación justa y equilibrada para el establecimiento de gravámenes entre unos y otros sectores, entre unas y otras regiones; todo está ligado a los juegos de poder, el peso político y la capacidad de lobby. No hay siquiera un sistema de cuentas, catastro o registros que permitan una valoración seria de las tenencias y las capacidades de pago.

Con todo, se puede decir que no es necesariamente cierto que exonerarse de cumplir la regla fiscal lleve en sí a una hecatombe, pues, como ya se ha mencionado, otros criterios y variables se tienen en cuenta a la hora de tomar las decisiones de deuda o inversión. La regla fiscal no es intrínsecamente buena (Lozano, 2016), aunque tampoco lo contrario, por lo que es de la institucionalidad fiscal y de su integración con el conjunto de la política económica de lo que hay que ocuparse. Es un hecho que se seguirá imponiendo como una medida de control a las finanzas públicas, pero, así como fijar la meta no asegura su cumplimiento, tampoco que se cumpla es en sí mismo un indicador suficiente de bienestar de la economía. Hay que revisar y modificar las sagradas escrituras.   

*Economista-Magister en estudios políticos 

El inocente que no pudo serlo

No convocará a una marcha en su nombre esa sociedad para la que ahora simplemente es un sicario; no habrá discursos ni velas encendidas por ese niño muerto en vida

Orlando Ortiz Medina*

Doloroso y repudiable el atentado del que fue víctima el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La violencia, tan propia de nuestra historia; tan de codo con nuestro devenir político; se ensaña otra vez desde sus oscuros laberintos y sus anónimos protagonistas. Enemigos agazapados de la paz, se les llamaba en otros tiempos. 

Pero no menos doloroso y repudiable es saber que el responsable material del atentado haya sido un niño de apenas de catorce años de edad. Uno más de entre los tantos a los que logra reclutar el crimen, aprovechando su pobreza, su orfandad y el mundo de exclusión y sin futuro al que un país y una sociedad infame e indolente los sigue condenando. Tan tristes eran las imágenes del candidato cubriéndose en su sangre, como la del niño tirado en el piso con la bota de un policía aprisionándole su pierna herida, un civil pisando su cabeza y varias armas apuntándole, frente a una horda de no se sabe quiénes que lo agredían e interrogaban en el lugar de su captura, cual si fueran los encargados de la aplicación de la justicia.   

El niño, según los informes de prensa, es huérfano de una madre que murió con apenas 23 años. Su padre está en Europa adonde, dicen, viajó para vincularse como soldado en la guerra de Ucrania; se fue a seguir en la batalla para labrarse una vida que no pudo ser en su propio suelo; se fue dejando a su hijo, a quien a lo sumo pensaba también asegurarle un destino desempeñándose como mercenario de un conflicto del que, a no ser por la necesidad de sobrevivir, a los dos les es ajeno. 

El escenario no puede ser otro que el de esa Colombia en la que Estado, gobiernos, dirigencias y partidos han sido incapaces de ofrecerles un destino diferente a los niños y jóvenes, a quienes les ha tocado desenvolverse en un contexto en el que se transcurre más cerca de la prisión o de la muerte que de la posibilidad de realizar sus vidas. 

Al menos no es más culpable que la sociedad que lo produjo, en la que se hizo más fácil aprender a manejar un arma o ingresar y permanecer en una banda delincuencial que a un colegio o una universidad.

Todo este panorama nos tiene que llevar a decir -aunque a muchos les cueste- que ese niño, por la sola razón de ser niño, no es más que un inocente, “el inocente que no pudo serlo”, como diría el poeta Gonzalo Arango en su célebre texto “Elegía a Desquite”. Al menos no es más culpable que la sociedad que lo produjo, en la que se hizo más fácil aprender a manejar un arma o ingresar y permanecer en una banda delincuencial que a un colegio o una universidad.

Sin que se le quiera eximir de responsabilidades, antes que un agresor, el niño también es una víctima, forjada en el abandono, en el entorno de un mundo sin afectos, carente de oportunidades y en un ambiente en donde los valores se trivializan y cualquier alternativa es válida para enfrentar ese plano cruzado de circunstancias al que lleva la pobreza. “Lo hice por plata para ayudar a mi familia”, fue lo primero que dijo al momento de su captura.  

Ahora irá a prisión, bueno, no a prisión, se supone, sino a un centro de protección bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al que, valga decir, se le hizo tarde para protegerlo. Para él será una cárcel, pues allí pasará unos años en contra de su voluntad, lejos de lo poco que quedaba de su familia y sobre todo de una libertad que le fue mezquina y lo único que le permitió fue terminar tendido en una calle herido por su osadía y bajo la amenaza de unas armas que, como la que él empuñaba, hacía tiempo ya lo habían hecho prisionero. 

Sobran razones para rechazar el atentado y expresar manifestaciones de solidaridad con el senador Uribe, a lo que se han unido medios de comunicación, autoridades, gremios empresariales, políticos de diferente origen, redes sociales, etc.; pero esas manifestaciones de rechazo y solidaridad no están completas si no se hacen igualmente por este niño a quien, sin mayor reflexión, sencillamente se condena. 

Nadie, o muy pocos y sin mayor eco, se ha ocupado de preguntar por el futuro de ese niño cuyas lesiones de existencia no serán menores que las de quien fue blanco de su ataque. No convocará a una marcha en su nombre esa sociedad para la que ahora simplemente es un sicario; no habrá discursos ni velas encendidas por ese niño muerto en vida; nadie se está preguntando por su abuela y demás familiares para quienes estos momentos no deber ser menos dolorosos. Nadie parece recordar que éste no es el primero -y tampoco será el último- de los niños y jóvenes que debido a los entornos en que viven y a la precariedad de sus condiciones son fácilmente instrumentalizados por los grupos criminales.

En los medios de comunicación se le expuso sin prudencia y se violaron los protocolos que están obligados a cumplir cuando de los niños se trata; como es frecuente, el sensacionalismo, el morbo y la indolencia se sobreponen a la ética periodística.

Por el contrario, en los medios de comunicación se le expuso sin prudencia y se violaron los protocolos que están obligados a cumplir cuando de los niños se trata; como es frecuente, el sensacionalismo, el morbo y la indolencia se sobreponen a la ética periodística. Y a la mala tarea de algunos medios se sumó el oportunismo, la irresponsabilidad -también la indolencia- y falta de principios de algunos (as) candidatos (as) que convirtieron la entrada de la Clínica Santafé en una tarima de campaña.

Si por toda esta fauna fuera, ya el crimen, los móviles y los autores intelectuales están plenamente identificados, pese a que las entidades autorizadas de la investigación, aparte de la captura en flagrancia del niño, apenas han dado unos pasos en la identificación de uno o dos más de los responsables materiales, que es hasta donde en Colombia normalmente se llega. 

Mientras tanto, los llamados a una mayor punitivización de la justicia para los menores de edad se han puesto a la orden del día, incluida la pena de muerte. Lo cierto es que, si en eso es que se insiste, seguirán pendientes las verdaderas soluciones; ni la cárcel, ni el aumento de penas serán la solución o la manera de prevenir este tipo de hechos para quienes, aparte de sus carencias materiales, han crecido entre las falencias de una cultura sin referentes de legalidad, mucho menos de ética, y en la que han sido testigos de que actuar por fuera de la ley y de los marcos institucionales es la estrategia más pronta para sobrevivir, lucrarse, tener poder o sentirse representado.  

Contra Miguel Uribe atentaron quienes se resisten a pensar, y a permitir pensar, que otra sociedad, otras formas de vida y otras maneras de ver e imaginar el país son posibles; los mismos que insisten en naturalizar que los colombianos estamos condenados a vivir el sino trágico de la violencia y a continuar bajo la salvaguarda de una dirigencia, tan adulta como renegada, que no se deja de considerar suprema e irremplazable.

*Economista-Magister en estudios políticos 

Reforma laboral, qué gran paso

 

Orlando Ortiz Medina*

El Gobierno y su bancada en el Congreso se mantuvo firme, dejó ver su caudal argumentativo y supo exponer ante la opinión la justeza de una propuesta que solo pretendía devolver derechos que el uribismo y los sectores empresariales le habían arrebatado en el 2002 a los trabajadores. 

Foto: Razón Pública

Un gran logro para los trabajadores se dio con la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la República. Aunque fue una tarea nada fácil, pues fue inicialmente hundida en la Comisión Séptima por los partidos de oposición, que quedaron convencidos de que el trámite iba a terminar ahí y se iban a salir con las suyas. En buena hora el presidente se jugó la carta de la consulta popular, la cual encontró un decidido respaldo en prácticamente todos los sectores sociales, que se manifestaron en calles y plazas de diferentes ciudades del país. 

Fue tal el respaldo ciudadano a la iniciativa popular, que la derecha y todo su séquito de apoyo, incluido el llamado centro, se asustó y tuvo que jugársela, con triquiñuelas incluidas, para que la propuesta retornara a discusión a través de la Comisión Cuarta, en la cual hizo trámite y fue aprobada para darle paso a la discusión en plenaria.

El Gobierno y su bancada en el Congreso se mantuvo firme, dejó ver su caudal argumentativo y supo exponer ante la opinión la justeza de una propuesta que solo pretendía devolver derechos que el uribismo y los sectores empresariales le habían arrebatado en el 2002 a los trabajadores. 

Con la propuesta hasta ahora aprobada, pues falta el trámite de conciliación del texto en las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, se recupera para los trabajadores el pago de horas extras, el pago al 100% por trabajar en dominicales y festivos y se mejoran las condiciones de contratación. Se evitó, por ejemplo, que se hubiera aprobado la contratación por horas, que sin duda habría significado un mayor deterioro y precarización del trabajo.

Se logró también que a los estudiantes del SENA se les reconozca el contrato laboral durante sus períodos de práctica, con todas las garantías sociales y prestacionales. Nada más justo con aquellos cuyas labores y responsabilidades no se distinguen para nada de las tareas que en las empresas cumple cualquier trabajador.

En buena hora el presidente se jugó la carta de la consulta popular, la cual encontró un decidido respaldo en prácticamente todos los sectores sociales, que se manifestaron en calles y plazas de diferentes ciudades del país. 

Otro resultado importante consagrado en la reforma es que más de 70 mil madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadores(as) de hogares infantiles serán vinculados formalmente como empleados oficiales. Una decisión que hace justicia y dignifica a quienes, en condiciones siempre muy adversas, han brindado atención y cuidado a la infancia en Colombia. 

Hay que reconocer el apoyo que tuvo la propuesta por parte de otros partidos, o de sectores de ellos, que sumaron y fueron definitivos para lograr finalmente los votos que hoy dan paso a la aprobación. Tal es el caso de algunos representantes del Partido Verde, Comunes y algunos del Partido Liberal. 

Pero así como se reconoce a quienes estuvieron del lado de los cambios que dan curso a la agenda de Gobierno, no se debe obviar el rechazo hacia los que se hicieron elegir con un discurso progresista y supuestamente amigo de los trabajadores, para traicionarlos después y ponerse del lado de quienes siguen dispuestos a pasarse por encima de sus derechos. Esperemos que los electores sepan quiénes son y cuál es la respuesta que se les debe dar de cara al próximo debate electoral. Los JP, las Katherine, las Angélicas, etc., no deberán volver a usurpar el voto y defraudar la conciencia de los que, con humildad y depositando en ellos(as) su confianza, les entregaron su respaldo con la esperanza ver sus intereses representados. Frustrante.

Buen trabajo el de la bancada progresista y muy bien puesto en escena el respaldo popular que ha tenido la propuesta, que ojalá termine de coronar su éxito en el paso ya más corto que todavía le queda en el Congreso. Ojalá que en la conciliación en las dos cámaras el articulado se siga enriqueciendo. Aún hay lugar para ello.

Surtido el trámite de conciliación, el texto aprobado pasará a sanción presidencial y luego a control de constitucionalidad por parte de la Corte. Por ahora no se advierten amenazas de demanda, ni por temas de fondo ni por posibles vicios de trámite que, aparte del propio concepto de la autoridad constitucional, pudieran generar algún impase que lleve a su hundimiento, negación de alguna parte del articulado o devolución al Congreso para subsanación o enmienda, tal como acaba de ocurrir con la reforma pensional.

Se ha transitado por un camino pedregoso, con muchos obstáculos. También, hay que decirlo, con no pocos errores, aprendiendo y ganando experiencia. Pero vemos que se avanza, se ganan cosas y, sobre todo, se va demostrando que no hay que desfallecer. Que sí, que el cambio es posible y que lo vamos a tener que seguir sufriendo porque vale la pena. 

Esto hasta ahora empieza.

*Economista-Magister en estudios políticos 

Sí, señores senadores, voten a conciencia

Orlando Ortiz Medina*

Tiene que bajarse de la nube el senador Cepeda, pues ni en el Congreso han estado propiamente los guardianes de la democracia, ni es cierto que el pueblo confíe en su carácter

Foto El Tiempo

En una carta dirigida a los congresistas, luego del discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro el 1 de mayo, día en que radicó también la propuesta de consulta popular en el Senado de la República, el presidente de esta corporación, Efraín Cepeda, advierte sobre los supuestos peligros que esta convocatoria representa para la democracia, de la cual ahora se proclama como máximo adalid y defensor. 

Olvida el senador que el llamado a la consulta popular tiene su origen en la actuación improcedente y antidemocrática de la comisión séptima del Senado, que hundió la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno, cerrando la posibilidad de que fuera discutida en la plenaria del órgano legislativo, como corresponde a un verdadero orden democrático. De esa comisión forma parte el Partido Conservador, al que pertenece Cepeda. 

La actuación de la comisión, que le podría resultar siendo un tiro en el pie, tan solo ratifica la negligencia de los sectores que se oponen a que se implementen las reformas que garanticen los derechos de quienes, desde la otra orilla del establecimiento, han quedado al descuido de las decisiones de un Congreso que, contrario a lo que afirma Cepeda en su carta, muy lejos ha estado de “actuar con plena conciencia de su deber y de haber sido la voz del pueblo”.

Según el presidente del Congreso, es una amenaza proponer que se rompa la dinámica que ha dominado en el recinto parlamentario; se refiere al clientelismo, el nepotismo, los favores políticos y el servilismo a favor de intereses privados, sin los cuales el senador no hubiera podido llegar tantas veces a ocupar su curul. 

No es ninguna embestida contra los pilares del Estado. Lo que hace el presidente de la República es un llamado a que el Congreso cumpla su función y se ocupe seriamente de tramitar las propuestas presentadas, cualquiera que sea su origen político o institucional.  

Lo que pasa es que a la democracia en Colombia le ha cogido la tarde, vivimos en un país en el que se le ha temido a dejarla florecer, estamos aún lejos de contar con un cuerpo parlamentario que encarne la diversidad y el país de regiones y pluriétnico, al que apenas se le dio identidad formal a partir de la constitución del 91, pero a cuya vigencia se le han puesto todas las trabas posibles. 

Hoy vemos una ciudadanía más comprometida, más consciente de sus derechos, con mayor protagonismo, con más presencia en la arena pública y cada vez más desmarcada de las dirigencias partidistas que la han mantenido silenciada.

Tiene que bajarse de la nube el senador Cepeda, pues ni en el Congreso han estado propiamente los guardianes de la democracia, ni es cierto que el pueblo confíe en su carácter. De lo que hemos sido testigos es de una suma de promesas incumplidas que han llevado a que el país se deshaga en un mar de inequidades, violencias, corrupción, despilfarro de recursos y caos institucional, además de su falta de autonomía, cuando ha estado al servicio de mafias, organizaciones paramilitares y voceros de carteles del narcotráfico.  

Tal vez en lo único que acierta Cepeda es en que nos encontramos en un momento decisivo, claro que no por las razones que él arguye, sino por la evidencia de que el país sigue avanzando en un proceso de cambio. Hoy vemos una ciudadanía más comprometida, más consciente de sus derechos, con mayor protagonismo, con más presencia en la arena pública y cada vez más desmarcada de las dirigencias partidistas que la han mantenido silenciada.

Tampoco Colombia es la misma de antes. Quien ocupa hoy la silla presidencial no es vocero de las dirigencias de las que cada vez es más notorio su sello de caducidad, sino de sectores que se han venido consolidando como nuevos actores políticos y se movilizan por una agenda de derechos que, por primera vez, es el eje de un programa de gobierno, hoy en cabeza de Gustavo Petro. Fue esa su bandera de campaña electoral, y aun con las talanqueras a que está siendo sometida, sigue siendo respaldada por la mayoría de los colombianos. 

Cepeda llama a los congresistas a “resistir con plena conciencia de su deber”. Los pájaros tirándole a las escopetas, como se dice popularmente, pues el verdadero acto de resistencia es la convocatoria para que las instituciones de la democracia no sigan siendo usadas como el patrimonio de unos cuantos, que es lo que significa la actuación del minúsculo grupo que se sobrepuso al trámite de la reforma. 

Nunca, dice en su carta el senador Cepeda, el gobierno había presionado al legislativo con tal intensidad, quizás también en este caso podríamos darle la razón, si entendemos que siempre el legislativo ha estado en el bolsillo del ejecutivo o viceversa, por lo que tales presiones no han sido necesarias. Hoy, por el contrario, lo que vemos es en plenas funciones el sistema de pesos y contrapesos, que es la esencia y la razón de ser de la democracia. 

Sí, señores senadores, la democracia no se negocia; voten según su conciencia, como también les pide Cepeda, y no según la de quienes quisieron comprársela cuando financiaron sus campañas o les ofrecieron cualquier dádiva para que legislaran en su nombre. 

La acogida que ha tenido el llamado a la consulta popular es una reedición del estallido social de 2021. Es decir, una nueva manifestación de la inconformidad popular y de su reclamo para que los cambios que se requieren para consolidar la democracia y hacer efectivo el ejercicio de los derechos no sigan siendo negados por una dirigencia que se muestra fuera de órbita, que no ha sabido leer una realidad que la desborda y a la que se le agotó la fanfarria demagógica que hasta ahora la ha sostenido en el poder. 

*Economista-Magister en estudios políticos