C-amargo: El nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

 Nada cómodos se deben sentir quienes, nutridos de valores y portadores de las más excelsas condiciones personales y profesionales, sí han puesto su profesión al servicio del derecho y la defensa de las instituciones y no de los intereses políticos o particulares de quienes le favorecieron con su voto.

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Ámbito jurídico 

El senado de la República eligió como magistrado de la Corte Constitucional al señor Carlos Camargo Assis; un nuevo revés para la democracia y la ratificación de la profunda escisión que existe en Colombia entre la ética y la política.

Porque sí, es cierto que fue elegido en abierta votación en el Senado de la República y que obtuvo una amplia mayoría frente a sus competidores; pero también lo es que la democracia es algo más que un algoritmo y un sistema de procedimientos, y que lo que realmente la instituye es el conjunto de principios y valores que rodean las decisiones.  

Y si de esto último se trata, no son propiamente Camargo y los mentores de su cuestionado ascenso a las cimas de la burocracia, ni sus electores de ayer en el Senado, los depositarios de las mejores virtudes. 

Camargo ha sido uno de los más ilustres representantes de quienes llegan a sus cargos con la única tarea de sellar su deshonra y dejar en el piso la majestad de las instituciones a las que en mala hora se las ingenian para llegar. 

Para la muestra, vale decir que fue deformado en las mismas aulas por las que pasaron Iván Duque y Francisco Barbosa. Expresidente uno y exfiscal el otro, son célebres por la mediocridad de su gestión y, sobre todo, por haber sido de los más ilustres representantes de quienes llegan a sus cargos con la única tarea de sellar su deshonra y dejar en el piso la majestad de las instituciones a las que en mala hora se las ingenian para llegar. 

El exdirector de la Federación Nacional de Departamentos, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, exdefensor del Pueblo, y ahora exvicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ha llegado a ocupar sus puestos no propiamente por sus méritos, que al parecer nadie obtiene en La Sergio, sino porque ha sido un hábil trepador, ficha clave de los roscogramas y que, saltando y asaltando competencias, ha sido colocado por y sabido colocar a sus amigos y familiares gracias a las ganancias obtenidas en el sucio mercado de favores.  

Así que el resultado de la votación no fue ninguna sorpresa, pues ya estaba cantado y era parte de las deudas que con letras de cambio tenían en su elección la fecha de vencimiento. Lo cierto es que sí se pone en cuestión la probidad de la alta corporación a la que acaba de ser elegido y que se desluce el trabajo de quienes ahora, o en otros momentos, juiciosamente se han ocupado del estudio y la promulgación de sus dictámenes. 

Por su trayectoria y su hoja de vida, y tanto más por lo que se conoce de su comportamiento en las posiciones ocupadas, no era él la mejor opción para entrar a ser parte de quienes se ocupan como guardianes de la constitución y el Estado de Derecho.

Nada cómodos se deben sentir quienes, nutridos de valores y portadores de las más excelsas condiciones personales y profesionales, sí han puesto su profesión al servicio del derecho y la defensa de las instituciones y no de los intereses políticos o particulares de quienes le favorecieron con su voto. 

La elección de Camargo Assis ratifica la sustancia de la que mayoritariamente está hecho el Congreso de la República y la poca valía y respeto que, debido a ello, les merece a los ciudadanos. Por su trayectoria y su hoja de vida, y tanto más por lo que se conoce de su comportamiento en las posiciones ocupadas, no era él la mejor opción para entrar a ser parte de quienes se ocupan como guardianes de la constitución y el Estado de Derecho.

Sobra ya hacer una comparación con quienes eran sus competidores, especialmente la actual magistrada del Tribunal del Valle, María Balanta, que siendo de lejos la más indicada para ser elegida, no reunía el caudal que le dio la victoria a Camargo: su capacidad para moverse entre las aguas infectas de los inodoros de la vieja política. 

Definitivamente el país sigue preso de una dirigencia retardataria, incapaz a sí misma de renovarse, de entender que no se puede seguir manteniendo en el hedor de sus propias miserias y que debe dejar de insistir en poner palos en la rueda a un país que puja por seguir allanando el camino de sus transformaciones políticas y culturales.

En mala hora la Corte Constitucional tiene que acoger a su nuevo inquilino, un malhadado exponente de aquellos a quienes una sociedad civilizada y una clase política honrada ya le habría expedido su certificado de caducidad y dejado para su exhibición en la percha del olvido.

*Economista-Magister en estudios políticos

Miguel Uribe Turbay, la seguridad de vuelta al ruedo

Parece de ingenuos pensar que a nadie y para nada sirve un crimen como éste. Lo cierto es que así no piensan quienes lo cometieron y esperan recoger sus envenenados frutos. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Revista Semana

El lamentable fallecimiento del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, reafirma que se mantiene indemne el poder y la capacidad de daño de quienes se oponen a que se avance hacia nuevos umbrales de civilización y de superación de la cultura de la muerte que ha oscurecido en su devenir a la sociedad colombiana.

Con el asesinato de Uribe Turbay, sus responsables abren otra herida, con la que recargan los odios y la polarización que nos confronta, no casualmente en el momento en que avanza la campaña al Congreso y la presidencia de la República.

El repulsivo maridaje entre violencia y política pareciera ser para Colombia un sino insuperable. No es el primer candidato ni el primer líder político o social en ser asesinado. No es la primera vez que una campaña electoral se mancha de sangre y enluta al país. No es tampoco la primera vez que con un acto de esta naturaleza se pretende enrutar el resultado de las elecciones, que solo debería depender del debate de las ideas, los programas de gobierno y la experiencia, capacidad e idoneidad ética y profesional de quienes aspiran a ser elegidos (as). 

Infortunadamente, el magnicidio de Uribe Turbay vuelve a llevar a un segundo plano los temas centrales a discutir sobre el rumbo que debe tomar el país en los próximos años, mientras nos enreda nuevamente en el esponjoso tema de la seguridad como eje del debate electoral. Una seguridad que se espera establecer bajo la premisa de un régimen autoritario y que ponga en cuestión las instituciones y el estado de derecho, que finalmente consagraría la victoria de quienes saben que en un país exacerbado de rencores y tensiones la producción de miedo es un recurso siempre al alcance para conmover y movilizar al electorado.

Volvemos a ser presa de la tozudez de quienes todavía no conciben que sus poderes no sean vitalicios, que se resisten a dejar que otro país sea posible y que prefieren pernoctar en el culto a la muerte, a expensas de un país al que han acostumbrado a ver nacer sus héroes en la pira de su sacrificio. 

El crimen es una nueva proclama de los voceros del eterno retorno a un estado de cosas que se resiste a fenecer y a dejar que cobre vida el ideario de otras voces y otros sectores, que con justicia reclaman su derecho de pertenencia y representación, en una sociedad que le ha quitado a la política su esencia como fundamento del entendimiento y la convivencia humana, y profundamente quebrada en sus valores y fundamentos éticos. 

Tal cual lo reflejan las reacciones que desde uno y otro lado del espectro ideológico se han generado, y la manera en que el hecho está siendo aprovechado por quienes buscan réditos en la contienda electoral, sin importar el dolor de la familia y sin respeto alguno a la memoria del candidato sacrificado. 

De ello hacen eco unos medios de comunicación, cuyos directores, presentadores o comentaristas se han convertido en una especie de cabecillas de barras bravas, que con micrófonos a discreción se emparentan con los promotores del odio y dejan al descuido cualquier asomo de cordura y responsabilidad. 

La muerte de quien es uno más de los miles de líderes sociales o políticos asesinados en Colombia no parece ser en realidad lo que más les ha preocupado. Lejos de comprometerse con una reflexión seria y ponderada, algunos comunicadores se mostraron más interesados en cómo fustigar y endilgar culpas, sin un ápice de decoro en un momento en el que lo que menos se requiere es ahondar el duelo y no sumar para que se profundice el desequilibrio en la balanza.

Estuvieron, por ejemplo, más pendientes de la caza de un gazapo o un error de sintaxis que hubiera podido cometer en el momento de pronunciarse sobre el hecho el señor Presidente, que del contenido mismo de su declaración. La gramática de las formas que a cuenta de la mezquindad y el deseo de hacer daño subsume a la preocupación por la gramática de la vida. 

Uribe Turbay era un precandidato presidencial; tenía el derecho a expresar sus ideas, a disentir, como en efecto lo hacía, con el actual gobierno; incluso a tener diferencias con sus propios colegas de partido, que no eran menores, y a haber hecho pronunciamientos cuestionables frente a situaciones de violencia que se produjeron contra otras personas en Colombia. Pero no era su sacrificio el que iba a reivindicar su pensamiento y a consagrar el triunfo de sus ideas, pues ni su muerte corrige sus errores ni tampoco lo convierte en un modelo a seguir.

No solo se sacó del camino a un candidato, sino que se le dio un golpe a los anhelos de cambio en los que se viene insistiendo en Colombia. Los funámbulos de la violencia aspiran a seguirse sosteniendo en la cuerda tensada a su favor por los desequilibrios de un país hecho a su imagen y semejanza, secuestrado por su egoísmo y por su negativa a permitir que su enaltecida lívido del poder encuentre una válvula de escape que no siga siendo la de solazarse en el dolor de los otros.

Parece de ingenuos pensar que a nadie y para nada sirve un crimen como éste. Lo cierto es que así no piensan quienes lo cometieron y esperan recoger sus envenenados frutos. Ojalá que esta vez la fuerza de la vida ahogue su cosecha. 

*Economista-Magister en estudios políticos

La convención del Pacto Histórico y la nueva legislatura del Congreso de la República

La consulta, que es, en general, una manera de contribuir a fortalecer la democracia, será una primera medición de cuánto el proyecto progresista ha calado en la ciudadanía

Orlando Ortiz Medina*

Foto: El Tiempo

Dos eventos significativos para la izquierda y el movimiento progresista tuvieron lugar el pasado fin de semana: la convención nacional del Pacto Histórico y la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Entre luces y sombras, una y otra terminarán de marcar el camino que llevará a decidir sobre su continuidad o el retorno de la derecha o la extrema derecha en 2026.  

La Convención fue en sí misma un hecho positivo. Primero, porque dio cuenta de una izquierda dispuesta a mantenerse en la cabeza del ejecutivo y consciente de que ello solo será posible si llega unida a la primera vuelta. Segundo, porque la convocatoria a la consulta, que es, en general, una manera de contribuir a fortalecer la democracia, será una primera medición de cuánto el proyecto progresista ha calado en la ciudadanía y del respaldo con que cuenta, ya en la etapa final de su primer periodo de gobierno. Tenemos que lograr más de un millón de votos en la consulta, dijo en su intervención la precandidata Susana Muhamad. 

La nueva legislatura en el Congreso, por su parte, marca un derrotero definitivo para el Gobierno y su bancada, que tendrán que saber jugársela para lograr la aprobación de las reformas todavía pendientes, especialmente la de la salud, que al lado de la laboral y la pensional terminarían de configurar la victoria de por lo menos parte de las principales promesas de campaña. 

Igualmente, se espera la presentación de una nueva propuesta de reforma tributaria, necesaria no precisamente para el Gobierno, sino en la que deberían sentirse convocados todos los partidos y sectores económicos, pues se trata de superar el desbalance en los ingresos y gastos del Estado, que se viene acumulando desde mandatos anteriores y que, de no corregirse, podría comprometer la estabilidad de la economía, pese a que la mayoría de sus indicadores se desenvuelve entre saldos positivos. 

Se presentó ya una propuesta de reforma al sistema de justicia, con la que se aspira a disponer de un nuevo marco jurídico para el sometimiento de las organizaciones delincuenciales, como parte de la política de paz total, que es tal vez el punto más crítico y en donde se acusa un mayor déficit de logros. 

Junto a estas, hay otras propuestas de reforma que, si bien no suscitan tanta atención, no son menos importantes, como la que busca modificar el sistema de transferencias de recursos a las regiones -ley de competencias- y la que propone el establecimiento de un nuevo sistema de tarifas de energía, que llevaría a un sistema de cobro más progresivo con la modificación de los subsidios y la disminución de los costos para los estratos 1,2 y 3. 

La democracia, hay que decirlo, va dejando de ser un mero sistema formal y de procedimientos y comienza a materializarse en realizaciones que afectan directamente la vida de las personas.  

En cualquier caso, seguirá siendo un pulso difícil frente una oposición a la que, antes que sumarse a iniciativas para que el país avance, le resulta más beneficioso apostar a que el Gobierno fracase. De hecho, aún sin que se conozca todavía un primer borrador, ya el recién elegido presidente de la comisión tercera del Senado, Jairo Castellanos, anunció que a la nueva propuesta de reforma tributaria “se le dará cristiana sepultura”. 

Aunque con lunares, el balance es satisfactorio

En la instalación de las sesiones del Congreso, el presidente hizo un balance de su gestión en el que reflejó los alcances de un programa fundado sobre bases filosóficas distintas a las que habían caracterizado a prácticamente todos los gobiernos anteriores. Un programa en el que se ha invertido el orden de prioridades, en tanto esta vez es pensado desde y para los sectores más excluidos y en el que se le ha ido dando contenido al Estado Social de Derecho, que hasta ahora no había sido más que un artículo muy bien redactado en la Constitución nacional.  La democracia, de esta manera, va dejando de ser un mero sistema formal, de procedimientos, y comienza a materializarse en elaboraciones que afectan directamente la vida de las personas.  

Un sistema de tributación más progresivo, devolución de derechos a los trabajadores, posibilidad de una vida más digna para quienes no lograron acceder a una pensión de vejez, ampliación de cobertura y gratuidad en las universidades públicas y un pago más justo a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, fue parte de lo que se destacó como resultado de las reformas que contra viento y marea y con la movilización popular se logró que fueran aprobadas en el Congreso. Al lado de ello, un balance económico que terminó de anegar los augurios con que quisieron malograr las propuestas los partidos de oposición, a quienes las cifras les enrostran hoy su mala saña y los dejan sin argumentos, que en realidad nunca fueron tales. No sobra recordar este video de Francisco Santos.

Por supuesto que se reconocen lunares y que no todo ha podido llevarse a acabo. Ya se ha hecho referencia a la situación de desbalance fiscal, que al lado del crecimiento del endeudamiento externo demandan hoy una especial atención. En todo caso, es una responsabilidad de la que no se puede eximir al Congreso, que se ha opuesto a las alternativas presentadas por el ejecutivo para allegar nuevos recursos, como los recortes a la aprobada reforma tributaria de 2022 y el hundimiento de la ley de financiamiento, a los que se sumó la decisión de la Corte de tumbar la propuesta de reforma el sistema general de regalías. Unos y otros afectaron la disposición de recursos con que se esperaba contar para cubrir los gastos de funcionamiento y cumplir con las demás responsabilidades. 

El tema, también ya referido, en donde se encuentran las mayores falencias, es el de la paz total.  El presidente se fue muy lejos y con una meta quizá muy pretenciosa para un plazo tan corto y en un escenario tan adverso como el de Colombia. No midió con suficiente tino el alcance frente a un conflicto cada vez más degradado, con diferentes expresiones territoriales, una diáspora de contendientes cada vez más dispersa y sin interlocutores claros, que si algo no ha mostrado es su disposición a abandonar el camino de la violencia, inscrita fundamentalmente en prácticas delincuenciales. Se le abona la intención y la buena voluntad al señor presidente, pero se le fueron las luces cuando pensó resolver en cuatro años lo que otros no han logrado en décadas.

Además, no se ha visto para nada bien la inestabilidad en el gabinete; ha sido muy largo el desfile de ministros(as), lo que pone en cuestión la estabilidad de los programas y el diseño de la estrategia que articula en su conjunto los planes de gobierno. Nombramientos cuestionados y una comunicación muchas veces errática, tanto hacia la opinión como al interior del equipo de trabajo, han opacado en parte los logros y han sido un plato servido para ayudarle a organizar la agenda a una oposición ávida de culpas y siempre pronta para causar heridas y dejar cicatrices. 

Lograr que se mantenga el ideario de avanzar con una agenda de transformaciones estructurales es la tarea tanto de los (as) hasta ahora precandidatos (as) como de la bancada progresista en el Congreso.

Lo que viene 

Lograr mantener el ideario de avanzar con una agenda de transformaciones estructurales es la tarea tanto de los(as) hasta ahora precandidatos(as) como de la bancada progresista en el Congreso. Lo que ocurra en las elecciones parlamentarias y de presidencia en 2026 nos dirá si es cierto que el país está viviendo una verdadera metamorfosis, que contamos hoy con una ciudadanía más consciente de sus problemas, que actúa con mayores grados de libertad y que mantiene su disposición de seguirlos tramitando en la arena política. En fin, si efectivamente se ha logrado mover el péndulo que durante más de doscientos años nos mantuvo pegados a la derecha.  

En buena hora los partidos y organizaciones de izquierda tomaron la decisión de acudir a una consulta popular abierta para que sean las bases -militantes o simpatizantes- las que decidan quién será el candidato o candidata que mejor representa sus intereses y reúne las condiciones para estar en una contienda que desde ya se advierte muy difícil.

Tal cual se hará con las listas para Cámara y Senado de la República, con lo que, ojalá y así sea, se espera salirle al paso a las fallas que se cometieron para definir la actual representación, en donde ni son todos(as) los que están ni están todos(as) los(as) que son. Hubo, dicen quienes saben, egoísmo, clientelismo, nepotismo, amiguismo, bolígrafo y más ismos, que llevaron a ocupar curules a algunos(as) de los(as) que no volvimos a saber y de los que no propiamente se puede hablar de su lucidez parlamentaria.  

Cada precandidato(a) debe hacer de su campaña parte de un proceso de acumulación de fuerzas y confirmar que el movimiento progresista no ha sido inferior a sus retos y que mantiene el respaldo de una ciudadanía dispuesta a evitar un retroceso en 2026. Al país le resultaría muy costoso una regresión en materia de derechos y volver a los cantos de guerra que desde ya se pregonan por parte de quienes insisten en mantenerse en lógicas que han naturalizado la exclusión, la pobreza y la precariedad democrática, sin duda las fuentes principales del cultivo de la violencia.  

Colombia debe continuar su trayecto hacia la consolidación del nuevo bloque histórico, en el que ha ido encontrando lugar el país diverso y hasta ahora proscrito por los rectores de un establecimiento a quienes todavía les cuesta aceptar, no solo su decadencia, sino que es posible otro mundo si nos permitimos pensar más allá de lo que hasta ahora solo se ha hecho a su imagen y semejanza. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

La teología de la regla fiscal

Si bien hay que estudiar cómo reducir los gastos, el asunto clave está en que Colombia domina un sistema fiscal regresivo y en el que la captación de ingresos es sustancialmente inferior a las posibilidades que el país ofrece. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Más Colombia

Como se esperaba, las calificadoras de riesgo le pusieron matrícula condicional y le bajaron la nota al país, luego de que el Ministerio de Hacienda se acogiera a la fórmula de escape, en la búsqueda de alternativas para enfrentar la creciente situación de desequilibrio en las finanzas del Estado. Tanto Standard & Poor’s (S&P) como Moody’s, dos de la más reconocidas en el mundo, emitieron sentencia en días recientes, considerando que esta decisión genera dudas sobre la viabilidad fiscal y en general sobre el conjunto de indicadores macroeconómicos en Colombia. 

Las consecuencias son claras, estar en rojo en la libreta de notas de las calificadoras significa mayor dificultad para acceder a créditos de la banca y de organismos multilaterales. Si se obtienen, será superior el costo, en tanto el país quedará señalado como deudor de mayor riesgo; se alertarán también los inversionistas, que argumentarán precaución a la hora de dirigir sus recursos, ya que se vienen a la baja los indicadores de confianza de quienes figuren en sus listas. 

En el orden interno, los costos superiores del endeudamiento externo podrían impactar el crédito a inversionistas y consumidores, con efectos sobre los niveles de demanda, el crecimiento del PIB y la generación de empleo. En paralelo, mayores obligaciones por concepto de la deuda significarían menos recursos para la inversión social y otras responsabilidades del Estado. En fin, una pedrada en la cabeza para los incluidos en la lista de desaplicados, que no se compadece con el supuesto altruismo de los organismos y calificadoras. ¡Qué tal si no! 

La regla no es sagrada.  

La determinación del Ministerio de Hacienda debe verse más allá de una circunstancia puramente técnica y basada en los fundamentos, esencialmente teóricos y doctrinarios, que soportan las decisiones de los autonombrados regentes del ordenamiento económico internacional y la subsecuente deriva sobre el manejo de la economía y la soberanía de los Estados. Terminamos dominados por una especie de teología laica (Maldonado, 2023), cuyas doctrinas se han acogido como criterios de verdad y convirtieron en fuentes de autoridad a las calificadoras y a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). El recetario del FMI y las políticas de ajuste aplicadas desde el siglo pasado en los años 80 siguen siendo el texto bíblico que deben acoger los países en desarrollo para no poner en riesgo sus opciones de financiación. 

Pero lo cierto es que, como cualquier disciplina, el manejo de la economía no puede estar sujeto a dogmas o a cualquier fundamentalismo o rigidez normativa (Porcher, 2023), pues no es posible prescindir de las dinámicas propias de cada país; de cómo en cada uno se expresa un entorno internacional cada vez más incierto y volátil; de lo que obliga la particularidad de los marcos institucionales, los objetivos de gobierno y las implicaciones en otros frentes con los que indefectiblemente el desempeño de la economía está articulado.  

Si bien el propósito de la regla fiscal es loable -racionalmente nadie quisiera gastar más de lo que tiene-, no lo es que limite la actuación de un gobierno. La búsqueda del equilibrio en las finanzas deberá ser siempre un propósito, pero la estabilidad macroeconómica va mucho más allá, pues al Estado le asisten responsabilidades como la de proveer bienes públicos, garantizar cobertura de derechos, disponer de recursos de seguridad y defensa, honrar el pago de la deuda, hacer transferencias a las regiones y otra serie de obligaciones de las que no puede prescindir y que se sobreponen a la sola determinación de asegurar el cumplimiento de una regla.

No hay modelos inflexibles. Así como políticas expansivas del gasto pueden traer efectos negativos, también pueden generar estímulo al crecimiento, creación de empleo, acceso a ingresos, reducir incluso la necesidad de endeudamiento y abrir mejores posibilidades de recaudo a mediano y largo plazo. Todo depende del manejo, la previsión y el destino que se dé a los recursos, los rubros a los que estén dirigidos y el estimado entre el costo y la rentabilidad presente y futura, que no se puede sustraer de lo que social e incluso políticamente representan o podrían llegar a representar. La economía es mucho más que un algoritmo numérico.  

El llamado a disminuir los gastos, sobre lo que primero se presiona, será siempre sensato, pero podría significar complicaciones adicionales si no se tiene en cuenta su efecto en indicadores más complejos como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la inestabilidad social, etc., relacionados imperativamente con las decisiones de política económica. Responsabilidad fiscal también es el cumplimiento del Estado Social de Derecho. Vale recordar, por ejemplo, que en su artículo 366 la Constitución Nacional establece que: “… en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación…”. Es decir, es más que asegurar la tranquilidad a los organismos financieros y los estándares de las calificadoras. 

Una crisis heredada

No hay que dejar de lado que la actual situación es en gran medida herencia de mandatos anteriores, especialmente el de Iván Duque, que dejaron elevados saldos de deuda, de alto costo y cumplimiento a corto plazo, además del enorme déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), $36 billones de pesos, cuyo pago aún está en curso y a los que se suman otras obligaciones que, como ocurre en todos los gobiernos, se dejan para pagos en vigencias futuras.

Adicionalmente, el Gobierno ha enfrentado todo tipo de barreras cuando ha acudido a buscar opciones que permitan el flujo de ingresos dirigidos a solventar la disfunción en el frente fiscal. Se hicieron recortes a la propuesta de reforma tributaria aprobada en 2022, como la de establecer mayores gravámenes a las pensiones elevadas, la supresión de exenciones a las empresas y la de establecer más impuestos a los poseedores de grandes riquezas.

La Corte Constitucional, por su parte, tumbó la propuesta de reforma al sistema general de regalías que actualmente permite que sean descontadas del pago del impuesto a la renta, en el caso de las industrias extractivas. Fue hundida en el Congreso la Ley de financiamiento. Todo ello ha tenido impacto directo en la actual situación fiscal y ha generado obstáculos al Plan de Gastos e Inversión del Gobierno, que explica en parte por qué se torna imposible el cumplimiento de la regla fiscal (González, 2025).  

No es sensato decir que el crecimiento del déficit obedece a falta de previsión del Gobierno, por el contrario, ha habido un manejo responsable de la economía; se han cumplido los compromisos con los acreedores, así como las obligaciones internas, pese a un recaudo de ingresos inferior al proyectado. Este último es resultado también de un crecimiento del producto menor al esperado, especialmente en 2023, en el marco de una coyuntura internacional difícil, principalmente en el mercado de materias primas y de los principales productos de exportación. En todo caso, los indicadores macroeconómicos muestran, en general, cifras positivas, como la reducción de la inflación, el desempleo, la pobreza, entre los que más se destacan.

Más que cumplir la regla.  

Colombia tiene falencias tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Faltan herramientas de planeación, mejorar capacidades técnicas y afinar criterios que aseguren eficiencia en los sistemas de captación y asignación de los recursos. Hay que enfrentar situaciones que han instrumentalizado el manejo del presupuesto a favor de intereses políticos, en todos los niveles de gobierno; asimismo, implementar medidas de control de la evasión a la par con un decidido enfrentamiento a la corrupción, que tanto le significa al país.   

Pero todo lo anterior no será suficiente si no se altera al mismo tiempo la matriz o función de producción y de financiamiento que domina en el conjunto de la economía, así como la función social y la matriz de poder que les subyace y que ha impedido que se pongan en curso los cambios estructuralmente requeridos. 

Desde la función de producción, se requieren políticas dirigidas a que el país cuente con un portafolio más diverso de productos, que lleve a superar la excesiva dependencia del sector financiero y de explotación de hidrocarburos, poco fértiles en la generación de empleo y que nos mantienen al vaivén de lo que ocurre con las cotizaciones internacionales. Una sólida estructura fiscal es igualmente una adecuada articulación de los sectores de producción y la coherencia con otros frentes de la política macroeconómica; comprende, además, objetivos de política social, que en el caso de Colombia deben orientarse a corregir las profundas inequidades y superar la exclusión que se vive entre diferentes regiones y grupos sociales. 

Si bien hay que estudiar cómo reducir los gastos: lo que sería posible mediante ajustes en funcionamiento, disminución de burocracia, asignaciones más equitativas, prioridad en la inversión y en rubros que potencien el desarrollo, etc., el punto clave, sin embargo, está por el lado de los ingresos, en tanto que en Colombia domina un sistema fiscal regresivo y en el que la captación de ingresos es sustancialmente inferior a las posibilidades que el país ofrece. 

Ha sido imposible el paso a una estructura fiscal en donde quienes más tienen capacidad de pago le aporten más recursos al fisco. No existe una ponderación justa y equilibrada para el establecimiento de gravámenes entre unos y otros sectores, entre unas y otras regiones; todo está ligado a los juegos de poder, el peso político y la capacidad de lobby. No hay siquiera un sistema de cuentas, catastro o registros que permitan una valoración seria de las tenencias y las capacidades de pago.

Con todo, se puede decir que no es necesariamente cierto que exonerarse de cumplir la regla fiscal lleve en sí a una hecatombe, pues, como ya se ha mencionado, otros criterios y variables se tienen en cuenta a la hora de tomar las decisiones de deuda o inversión. La regla fiscal no es intrínsecamente buena (Lozano, 2016), aunque tampoco lo contrario, por lo que es de la institucionalidad fiscal y de su integración con el conjunto de la política económica de lo que hay que ocuparse. Es un hecho que se seguirá imponiendo como una medida de control a las finanzas públicas, pero, así como fijar la meta no asegura su cumplimiento, tampoco que se cumpla es en sí mismo un indicador suficiente de bienestar de la economía. Hay que revisar y modificar las sagradas escrituras.   

*Economista-Magister en estudios políticos 

El inocente que no pudo serlo

No convocará a una marcha en su nombre esa sociedad para la que ahora simplemente es un sicario; no habrá discursos ni velas encendidas por ese niño muerto en vida

Orlando Ortiz Medina*

Doloroso y repudiable el atentado del que fue víctima el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La violencia, tan propia de nuestra historia; tan de codo con nuestro devenir político; se ensaña otra vez desde sus oscuros laberintos y sus anónimos protagonistas. Enemigos agazapados de la paz, se les llamaba en otros tiempos. 

Pero no menos doloroso y repudiable es saber que el responsable material del atentado haya sido un niño de apenas de catorce años de edad. Uno más de entre los tantos a los que logra reclutar el crimen, aprovechando su pobreza, su orfandad y el mundo de exclusión y sin futuro al que un país y una sociedad infame e indolente los sigue condenando. Tan tristes eran las imágenes del candidato cubriéndose en su sangre, como la del niño tirado en el piso con la bota de un policía aprisionándole su pierna herida, un civil pisando su cabeza y varias armas apuntándole, frente a una horda de no se sabe quiénes que lo agredían e interrogaban en el lugar de su captura, cual si fueran los encargados de la aplicación de la justicia.   

El niño, según los informes de prensa, es huérfano de una madre que murió con apenas 23 años. Su padre está en Europa adonde, dicen, viajó para vincularse como soldado en la guerra de Ucrania; se fue a seguir en la batalla para labrarse una vida que no pudo ser en su propio suelo; se fue dejando a su hijo, a quien a lo sumo pensaba también asegurarle un destino desempeñándose como mercenario de un conflicto del que, a no ser por la necesidad de sobrevivir, a los dos les es ajeno. 

El escenario no puede ser otro que el de esa Colombia en la que Estado, gobiernos, dirigencias y partidos han sido incapaces de ofrecerles un destino diferente a los niños y jóvenes, a quienes les ha tocado desenvolverse en un contexto en el que se transcurre más cerca de la prisión o de la muerte que de la posibilidad de realizar sus vidas. 

Al menos no es más culpable que la sociedad que lo produjo, en la que se hizo más fácil aprender a manejar un arma o ingresar y permanecer en una banda delincuencial que a un colegio o una universidad.

Todo este panorama nos tiene que llevar a decir -aunque a muchos les cueste- que ese niño, por la sola razón de ser niño, no es más que un inocente, “el inocente que no pudo serlo”, como diría el poeta Gonzalo Arango en su célebre texto “Elegía a Desquite”. Al menos no es más culpable que la sociedad que lo produjo, en la que se hizo más fácil aprender a manejar un arma o ingresar y permanecer en una banda delincuencial que a un colegio o una universidad.

Sin que se le quiera eximir de responsabilidades, antes que un agresor, el niño también es una víctima, forjada en el abandono, en el entorno de un mundo sin afectos, carente de oportunidades y en un ambiente en donde los valores se trivializan y cualquier alternativa es válida para enfrentar ese plano cruzado de circunstancias al que lleva la pobreza. “Lo hice por plata para ayudar a mi familia”, fue lo primero que dijo al momento de su captura.  

Ahora irá a prisión, bueno, no a prisión, se supone, sino a un centro de protección bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al que, valga decir, se le hizo tarde para protegerlo. Para él será una cárcel, pues allí pasará unos años en contra de su voluntad, lejos de lo poco que quedaba de su familia y sobre todo de una libertad que le fue mezquina y lo único que le permitió fue terminar tendido en una calle herido por su osadía y bajo la amenaza de unas armas que, como la que él empuñaba, hacía tiempo ya lo habían hecho prisionero. 

Sobran razones para rechazar el atentado y expresar manifestaciones de solidaridad con el senador Uribe, a lo que se han unido medios de comunicación, autoridades, gremios empresariales, políticos de diferente origen, redes sociales, etc.; pero esas manifestaciones de rechazo y solidaridad no están completas si no se hacen igualmente por este niño a quien, sin mayor reflexión, sencillamente se condena. 

Nadie, o muy pocos y sin mayor eco, se ha ocupado de preguntar por el futuro de ese niño cuyas lesiones de existencia no serán menores que las de quien fue blanco de su ataque. No convocará a una marcha en su nombre esa sociedad para la que ahora simplemente es un sicario; no habrá discursos ni velas encendidas por ese niño muerto en vida; nadie se está preguntando por su abuela y demás familiares para quienes estos momentos no deber ser menos dolorosos. Nadie parece recordar que éste no es el primero -y tampoco será el último- de los niños y jóvenes que debido a los entornos en que viven y a la precariedad de sus condiciones son fácilmente instrumentalizados por los grupos criminales.

En los medios de comunicación se le expuso sin prudencia y se violaron los protocolos que están obligados a cumplir cuando de los niños se trata; como es frecuente, el sensacionalismo, el morbo y la indolencia se sobreponen a la ética periodística.

Por el contrario, en los medios de comunicación se le expuso sin prudencia y se violaron los protocolos que están obligados a cumplir cuando de los niños se trata; como es frecuente, el sensacionalismo, el morbo y la indolencia se sobreponen a la ética periodística. Y a la mala tarea de algunos medios se sumó el oportunismo, la irresponsabilidad -también la indolencia- y falta de principios de algunos (as) candidatos (as) que convirtieron la entrada de la Clínica Santafé en una tarima de campaña.

Si por toda esta fauna fuera, ya el crimen, los móviles y los autores intelectuales están plenamente identificados, pese a que las entidades autorizadas de la investigación, aparte de la captura en flagrancia del niño, apenas han dado unos pasos en la identificación de uno o dos más de los responsables materiales, que es hasta donde en Colombia normalmente se llega. 

Mientras tanto, los llamados a una mayor punitivización de la justicia para los menores de edad se han puesto a la orden del día, incluida la pena de muerte. Lo cierto es que, si en eso es que se insiste, seguirán pendientes las verdaderas soluciones; ni la cárcel, ni el aumento de penas serán la solución o la manera de prevenir este tipo de hechos para quienes, aparte de sus carencias materiales, han crecido entre las falencias de una cultura sin referentes de legalidad, mucho menos de ética, y en la que han sido testigos de que actuar por fuera de la ley y de los marcos institucionales es la estrategia más pronta para sobrevivir, lucrarse, tener poder o sentirse representado.  

Contra Miguel Uribe atentaron quienes se resisten a pensar, y a permitir pensar, que otra sociedad, otras formas de vida y otras maneras de ver e imaginar el país son posibles; los mismos que insisten en naturalizar que los colombianos estamos condenados a vivir el sino trágico de la violencia y a continuar bajo la salvaguarda de una dirigencia, tan adulta como renegada, que no se deja de considerar suprema e irremplazable.

*Economista-Magister en estudios políticos 

Reforma laboral, qué gran paso

 

Orlando Ortiz Medina*

El Gobierno y su bancada en el Congreso se mantuvo firme, dejó ver su caudal argumentativo y supo exponer ante la opinión la justeza de una propuesta que solo pretendía devolver derechos que el uribismo y los sectores empresariales le habían arrebatado en el 2002 a los trabajadores. 

Foto: Razón Pública

Un gran logro para los trabajadores se dio con la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la República. Aunque fue una tarea nada fácil, pues fue inicialmente hundida en la Comisión Séptima por los partidos de oposición, que quedaron convencidos de que el trámite iba a terminar ahí y se iban a salir con las suyas. En buena hora el presidente se jugó la carta de la consulta popular, la cual encontró un decidido respaldo en prácticamente todos los sectores sociales, que se manifestaron en calles y plazas de diferentes ciudades del país. 

Fue tal el respaldo ciudadano a la iniciativa popular, que la derecha y todo su séquito de apoyo, incluido el llamado centro, se asustó y tuvo que jugársela, con triquiñuelas incluidas, para que la propuesta retornara a discusión a través de la Comisión Cuarta, en la cual hizo trámite y fue aprobada para darle paso a la discusión en plenaria.

El Gobierno y su bancada en el Congreso se mantuvo firme, dejó ver su caudal argumentativo y supo exponer ante la opinión la justeza de una propuesta que solo pretendía devolver derechos que el uribismo y los sectores empresariales le habían arrebatado en el 2002 a los trabajadores. 

Con la propuesta hasta ahora aprobada, pues falta el trámite de conciliación del texto en las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, se recupera para los trabajadores el pago de horas extras, el pago al 100% por trabajar en dominicales y festivos y se mejoran las condiciones de contratación. Se evitó, por ejemplo, que se hubiera aprobado la contratación por horas, que sin duda habría significado un mayor deterioro y precarización del trabajo.

Se logró también que a los estudiantes del SENA se les reconozca el contrato laboral durante sus períodos de práctica, con todas las garantías sociales y prestacionales. Nada más justo con aquellos cuyas labores y responsabilidades no se distinguen para nada de las tareas que en las empresas cumple cualquier trabajador.

En buena hora el presidente se jugó la carta de la consulta popular, la cual encontró un decidido respaldo en prácticamente todos los sectores sociales, que se manifestaron en calles y plazas de diferentes ciudades del país. 

Otro resultado importante consagrado en la reforma es que más de 70 mil madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadores(as) de hogares infantiles serán vinculados formalmente como empleados oficiales. Una decisión que hace justicia y dignifica a quienes, en condiciones siempre muy adversas, han brindado atención y cuidado a la infancia en Colombia. 

Hay que reconocer el apoyo que tuvo la propuesta por parte de otros partidos, o de sectores de ellos, que sumaron y fueron definitivos para lograr finalmente los votos que hoy dan paso a la aprobación. Tal es el caso de algunos representantes del Partido Verde, Comunes y algunos del Partido Liberal. 

Pero así como se reconoce a quienes estuvieron del lado de los cambios que dan curso a la agenda de Gobierno, no se debe obviar el rechazo hacia los que se hicieron elegir con un discurso progresista y supuestamente amigo de los trabajadores, para traicionarlos después y ponerse del lado de quienes siguen dispuestos a pasarse por encima de sus derechos. Esperemos que los electores sepan quiénes son y cuál es la respuesta que se les debe dar de cara al próximo debate electoral. Los JP, las Katherine, las Angélicas, etc., no deberán volver a usurpar el voto y defraudar la conciencia de los que, con humildad y depositando en ellos(as) su confianza, les entregaron su respaldo con la esperanza ver sus intereses representados. Frustrante.

Buen trabajo el de la bancada progresista y muy bien puesto en escena el respaldo popular que ha tenido la propuesta, que ojalá termine de coronar su éxito en el paso ya más corto que todavía le queda en el Congreso. Ojalá que en la conciliación en las dos cámaras el articulado se siga enriqueciendo. Aún hay lugar para ello.

Surtido el trámite de conciliación, el texto aprobado pasará a sanción presidencial y luego a control de constitucionalidad por parte de la Corte. Por ahora no se advierten amenazas de demanda, ni por temas de fondo ni por posibles vicios de trámite que, aparte del propio concepto de la autoridad constitucional, pudieran generar algún impase que lleve a su hundimiento, negación de alguna parte del articulado o devolución al Congreso para subsanación o enmienda, tal como acaba de ocurrir con la reforma pensional.

Se ha transitado por un camino pedregoso, con muchos obstáculos. También, hay que decirlo, con no pocos errores, aprendiendo y ganando experiencia. Pero vemos que se avanza, se ganan cosas y, sobre todo, se va demostrando que no hay que desfallecer. Que sí, que el cambio es posible y que lo vamos a tener que seguir sufriendo porque vale la pena. 

Esto hasta ahora empieza.

*Economista-Magister en estudios políticos 

Sí, señores senadores, voten a conciencia

Orlando Ortiz Medina*

Tiene que bajarse de la nube el senador Cepeda, pues ni en el Congreso han estado propiamente los guardianes de la democracia, ni es cierto que el pueblo confíe en su carácter

Foto El Tiempo

En una carta dirigida a los congresistas, luego del discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro el 1 de mayo, día en que radicó también la propuesta de consulta popular en el Senado de la República, el presidente de esta corporación, Efraín Cepeda, advierte sobre los supuestos peligros que esta convocatoria representa para la democracia, de la cual ahora se proclama como máximo adalid y defensor. 

Olvida el senador que el llamado a la consulta popular tiene su origen en la actuación improcedente y antidemocrática de la comisión séptima del Senado, que hundió la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno, cerrando la posibilidad de que fuera discutida en la plenaria del órgano legislativo, como corresponde a un verdadero orden democrático. De esa comisión forma parte el Partido Conservador, al que pertenece Cepeda. 

La actuación de la comisión, que le podría resultar siendo un tiro en el pie, tan solo ratifica la negligencia de los sectores que se oponen a que se implementen las reformas que garanticen los derechos de quienes, desde la otra orilla del establecimiento, han quedado al descuido de las decisiones de un Congreso que, contrario a lo que afirma Cepeda en su carta, muy lejos ha estado de “actuar con plena conciencia de su deber y de haber sido la voz del pueblo”.

Según el presidente del Congreso, es una amenaza proponer que se rompa la dinámica que ha dominado en el recinto parlamentario; se refiere al clientelismo, el nepotismo, los favores políticos y el servilismo a favor de intereses privados, sin los cuales el senador no hubiera podido llegar tantas veces a ocupar su curul. 

No es ninguna embestida contra los pilares del Estado. Lo que hace el presidente de la República es un llamado a que el Congreso cumpla su función y se ocupe seriamente de tramitar las propuestas presentadas, cualquiera que sea su origen político o institucional.  

Lo que pasa es que a la democracia en Colombia le ha cogido la tarde, vivimos en un país en el que se le ha temido a dejarla florecer, estamos aún lejos de contar con un cuerpo parlamentario que encarne la diversidad y el país de regiones y pluriétnico, al que apenas se le dio identidad formal a partir de la constitución del 91, pero a cuya vigencia se le han puesto todas las trabas posibles. 

Hoy vemos una ciudadanía más comprometida, más consciente de sus derechos, con mayor protagonismo, con más presencia en la arena pública y cada vez más desmarcada de las dirigencias partidistas que la han mantenido silenciada.

Tiene que bajarse de la nube el senador Cepeda, pues ni en el Congreso han estado propiamente los guardianes de la democracia, ni es cierto que el pueblo confíe en su carácter. De lo que hemos sido testigos es de una suma de promesas incumplidas que han llevado a que el país se deshaga en un mar de inequidades, violencias, corrupción, despilfarro de recursos y caos institucional, además de su falta de autonomía, cuando ha estado al servicio de mafias, organizaciones paramilitares y voceros de carteles del narcotráfico.  

Tal vez en lo único que acierta Cepeda es en que nos encontramos en un momento decisivo, claro que no por las razones que él arguye, sino por la evidencia de que el país sigue avanzando en un proceso de cambio. Hoy vemos una ciudadanía más comprometida, más consciente de sus derechos, con mayor protagonismo, con más presencia en la arena pública y cada vez más desmarcada de las dirigencias partidistas que la han mantenido silenciada.

Tampoco Colombia es la misma de antes. Quien ocupa hoy la silla presidencial no es vocero de las dirigencias de las que cada vez es más notorio su sello de caducidad, sino de sectores que se han venido consolidando como nuevos actores políticos y se movilizan por una agenda de derechos que, por primera vez, es el eje de un programa de gobierno, hoy en cabeza de Gustavo Petro. Fue esa su bandera de campaña electoral, y aun con las talanqueras a que está siendo sometida, sigue siendo respaldada por la mayoría de los colombianos. 

Cepeda llama a los congresistas a “resistir con plena conciencia de su deber”. Los pájaros tirándole a las escopetas, como se dice popularmente, pues el verdadero acto de resistencia es la convocatoria para que las instituciones de la democracia no sigan siendo usadas como el patrimonio de unos cuantos, que es lo que significa la actuación del minúsculo grupo que se sobrepuso al trámite de la reforma. 

Nunca, dice en su carta el senador Cepeda, el gobierno había presionado al legislativo con tal intensidad, quizás también en este caso podríamos darle la razón, si entendemos que siempre el legislativo ha estado en el bolsillo del ejecutivo o viceversa, por lo que tales presiones no han sido necesarias. Hoy, por el contrario, lo que vemos es en plenas funciones el sistema de pesos y contrapesos, que es la esencia y la razón de ser de la democracia. 

Sí, señores senadores, la democracia no se negocia; voten según su conciencia, como también les pide Cepeda, y no según la de quienes quisieron comprársela cuando financiaron sus campañas o les ofrecieron cualquier dádiva para que legislaran en su nombre. 

La acogida que ha tenido el llamado a la consulta popular es una reedición del estallido social de 2021. Es decir, una nueva manifestación de la inconformidad popular y de su reclamo para que los cambios que se requieren para consolidar la democracia y hacer efectivo el ejercicio de los derechos no sigan siendo negados por una dirigencia que se muestra fuera de órbita, que no ha sabido leer una realidad que la desborda y a la que se le agotó la fanfarria demagógica que hasta ahora la ha sostenido en el poder. 

*Economista-Magister en estudios políticos