Sí o sí a la ley de financiamiento

Siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo, la tributación no juega prácticamente ningún rol en mejorar la redistribución y reducir la desigualdad y la pobreza, que es lo que da sentido a la intervención del Estado.

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Radio Nacional

Sí o sí se requiere la aprobación de la ley de financiamiento en Colombia. No es un capricho del Gobierno ni debe convertirse en una más de las formas como la oposición establece su veto, cualesquiera que sean sus iniciativas. El déficit fiscal es una situación que viene desde mandatos anteriores, especialmente el de Iván Duque, y al que con todo el sentido de responsabilidad esta administración le ha venido haciendo frente. 

No se trata de decir “no admitiremos nuevos impuestos para los colombianos”, como demagógicamente pronuncian los voceros de algunos partidos. Colombia necesita aumentar su tasa de recaudo y tiene de dónde y con qué. Basta un sistema de tributación en donde los grandes tenedores de riqueza hagan contribuciones más justas de acuerdo con sus capacidades y no se castigue con mayor rigor a los sectores de medianos y más bajos ingresos.

Es de doble moral que se trate de bloquear la aprobación de la ley, mientras se reclama a su vez por la situación de déficit que cerraría el año alrededor del 7% del PIB. Decir que el periodo electoral no es el mejor momento para discutir una iniciativa de esta naturaleza es cierto solo si son los criterios e intereses políticos inmediatos los que se sobreponen y se deja de lado la seriedad con que debe abocarse el tema, independiente de cuál sea el sello del próximo o los próximos gobiernos.

Lo esperable, por el contrario, sería que, al margen de coyunturas y búsqueda de saldos electorales, quienes aspiran a ser elegidos destapen sus cartas y muestren qué tanto están dispuestos a encarar una salida de fondo al problema de las finanzas de la nación. Es inexplicable que lo indicado sea hacerle el quite al debate y eximirse de responsabilidades, tal cual ha estado ocurriendo en las comisiones del Congreso.   

Una institucionalidad fiscal débil

En general, Colombia adolece de una débil institucionalidad fiscal. Dentro de ello comprendemos una pobre cultura de tributación, una reglamentación que termina jugando en contra de los intereses del Estado y falta de mecanismos adecuados de control a la evasión y la corrupción. A lo anterior se suma la resistencia a acoger principios rectores como la equidad en la asignación de los recursos y la progresividad en su captación -el que más tiene más paga-, que es donde se encuentran las principales fallas. 

Así se explican los bajos niveles de recaudo, la imposibilidad de responder a las necesidades de gasto y la poca confianza ciudadana que mina la legitimidad del sistema, porque además se considera injusto y desincentiva el cumplimiento de las obligaciones en prácticamente todos los grupos de contribuyentes, los ámbitos sectoriales y las unidades territoriales.

La tasa de recaudo es muy baja 

En comparación con la media de los países de la OCDE, de la cual forma parte, la tasa de recaudo de Colombia, como proporción del PIB, está 11,7 puntos por debajo. Mientras en el organismo internacional, según datos de 2023, es de 33.9%, en el país es de 22,2%, incluidas las contribuciones a la seguridad social. Es incluso inferior al de algunas economías latinoamericanas, como Brasil, cuya tasa es 32,0%; Jamaica 29.0%; Argentina 27.8%; Uruguay 27.4%, Bolivia 23.9% y El Salvador 22.8%, para tomar solo algunos ejemplos. 

Los bajos niveles de captación se acentúan con la cantidad de exenciones y regímenes especiales, sobre todo para las empresas o personas de más altos ingresos y con mayores patrimonios, que significan una pérdida importante de recursos para la nación. De acuerdo con Carrero: “Se estima que el 1% más rico en Colombia concentra el 20% de los ingresos anuales y al menos entre el 70% y el 85% del ingreso bruto de ese 1% no estuvo gravado plenamente en la última década, bien sea por deducciones, exenciones o tratamientos especiales, entre otros”.

Los mecanismos de exención son asimismo una fuente de evasión; un estudio de Fedesarrollo, calcula que, solo en lo que respecta a la renta de personas jurídicas, el costo fiscal de la evasión en 2018 alcanzó un 5,7% del PIB.  

Bajo impacto redistributivo

Otra característica de la tributación en Colombia es el peso superior que tienen los impuestos indirectos, tales como el IVA, el impuesto al consumo y los ingresos laborales, que afectan especialmente a las personas de medios y más bajos ingresos. A 2022 este tipo de impuestos representaban un 35% del total, mientras los directos, principalmente renta y patrimonio, que gravan a los más sectores con mayor riqueza, representan un 34%. 

De ahí se deriva que, siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo, la tributación no juega prácticamente ningún rol en mejorar la redistribución y reducir la desigualdad y la pobreza, que es lo que da sentido a la intervención del Estado. Al contrario, la regresividad se acentúa entre más altos son los niveles de ingreso, en tanto disminuyen sus tasas efectivas a causa de los beneficios a los que tienen acceso.

Un agravante es que la mayor parte de los impuestos directos recae sobre las empresas y no sobre las personas naturales. De acuerdo con la OCDE, mientras que en sus países miembros la media de impuestos y contribuciones a cargo de las personas naturales explican más de un 50% del recaudo, en Colombia esa cifra no llega al 20%. En cambio, la cuarta parte de sus impuestos los recauda a través de las empresas, cifra dos veces y media mayor a la de la OCDE. Este es un factor que puede desincentivar la actividad o creación de nuevas empresas, en especial las micros y pequeñas, que son las más afectadas y las que más contribuyen a la generación de empleo.

Impuestos verdes y saludables 

Un tema que no se debe omitir es el de la necesidad de fortalecer los impuestos verdes, que, al igual que en los impuestos saludables, en el país se ha avanzado muy poco. Es asumir que la responsabilidad fiscal tiene que ver con la necesidad de anticiparse a riesgos ambientales o en el sistema de salud, que puedan, por ejemplo, demandar mayor gasto del Estado o afectar los niveles de captación por impactos posibles en la estructura productiva. Este tipo de impuestos se corresponden con la idea de que las empresas tienen una responsabilidad social y se deben a la tarea de contribuir a mitigar los efectos negativos que sus actividades producen. 

El recaudo por concepto de impuestos verdes es muy bajo en Colombia. Como porcentaje del PIB, mientras que el recaudo promedio en los países de la OCDE es del 2,3%, en Latinoamérica y el Caribe es del 1,0% y en Colombia alcanza apenas el 0,8%. Se debe a la baja la carga que se aplica a la contaminación por combustibles fósiles, a que el consumo de carbón no está incluido dentro del impuesto al carbono y porque, paradójicamente, el Gobierno otorga subsidios al precio al consumidor de la gasolina y el diésel. 

Armonización con tributos territoriales

Es fundamental abrir rutas que armonicen las estructuras de tributación nacional y territorial para robustecer el modelo de financiación del Estado, en lo que el país presenta un gran atraso. Esto sumado a otro tipo de falencias, como la falta de un catastro actualizado que permite a los dueños de los poderes regionales mantener subvaloradas sus propiedades y autoeximirse del pago de impuestos, incluido el de industria y comercio, gracias a su influjo en la administración de hacienda.  

La necesidad de la Ley de financiamiento

Es evidente que captar menos de lo que se puede y se requiere, cuando al mismo tiempo se tiene una alta porción de gasto inflexible (alrededor del 85%) y elevados niveles de endeudamiento, mantendrá siempre las finanzas en una situación de déficit. Se trata de asegurar que el Estado cuente con recursos suficientes y sostenibles para atender sus necesidades de gasto e inversión y dar respuesta a las demandas sociales y el impulso de la actividad económica. 

Cualquier reforma exige una revisión de las deducciones, rentas exentas, tasas diferenciales o ingresos no constitutivos de renta, que han generado una injustificada brecha en beneficio de las personas jurídicas o naturales con mayor capacidad de pago y un sacrificio enorme para los recursos del Estado.  

Esta debe complementarse con acciones dirigidas a hacer más eficiente el gasto, mediante la priorización de proyectos sostenibles y de alto impacto, en zonas y sectores especialmente relevantes para la economía nacional y en los ámbitos territoriales. Asimismo, se debe fortalecer el control a la evasión y la corrupción con castigos ejemplares, de manera que se logre mayor legitimidad y confianza en el sistema por parte de la ciudadanía. Se deben tomar medidas frente a los llamados paraísos fiscales, a través de los que algunos pesos pesados de la economía sacan su riqueza y prefieren pagar intereses a otros países, pese a que se consideren de los más excelsos patriotas.  

La propuesta del Gobierno

En la propuesta del Gobierno se busca, en primer lugar, cubrir el hueco que se advierte en el presupuesto aprobado por el Congreso para 2026. También, avanzar hacia el cumplimiento del principio de progresividad y sostenibilidad fiscal, así como a la recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, que solo puede pensarse mediante un proceso gradual.   

Atendiendo al principio de progresividad, se propone un impuesto a patrimonios superiores a $2.600 millones, pero cuyos efectos mayores estarán a partir de $6.200 millones. De suyo está decir que este no es un impuesto que alcance a tocar a la clase baja o media, ni siquiera a algunos niveles de las clases altas. De igual manera, un impuesto a personas jurídicas, con mayores tasas a las instituciones financieras, un impuesto al carbón y otro al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Se prevé igualmente un aumento del impuesto por ganancias ocasionales y por premios, rifas y apuestas.  

La propuesta está orientada a que quienes poseen mayor riqueza aporten más recursos, con el propósito de que se avance también en la reducción de los niveles de desigualdad y de pobreza. Como corresponde, la reforma es coherente con el espíritu que anima a un gobierno progresista, cuya columna vertebral es avanzar en el establecimiento de cambios estructurales en favor de los sectores hasta más desprotegidos. 

Aun así, y tal como están las cosas, lo más probable es que, con ánimo obstruccionista y criterios electoreros la propuesta sea hundida en las comisiones económicas del Congreso. Será un contrasentido siendo que allí mismo se aprobó el presupuesto para 2026 y saben que la aprobación de la ley es imperativa, pues obedece a un sentido de responsabilidad con un país en el que, es tozudo negarlo, la economía muestra en general un desempeño más que positivo.

Se debe asumir que la política fiscal es más que un modelo de financiación y obedece también al diseño de un modelo de sociedad en la que se supere cualquier tipo de exclusión, se abone el camino hacia el cumplimiento del Estado Social de Derecho y se permita la materialización efectiva de la democracia.

Esto exige el convencimiento de que el déficit es evitable y que es posible encontrar soluciones estructurales, pero se requiere contar con las condiciones políticas, el poder y la capacidad de incidencia y decisión de los interesados en que los cambios se produzcan. Por eso es inminente una recomposición de los sectores que hasta ahora han mantenido su dominio en el Congreso de la República. 

Ojalá que un acto de sensatez y de verdadero patriotismo orienten a las mayorías del Congreso para que, más allá de la inmediatez y del cálculo de las oportunidades políticas, decidan ponerse a la altura de las responsabilidades que el país demanda. 

*Economista-Magister en estudios políticos

Los (as) niños (as) del Guaviare

Es claro así que ningún gobierno y en ninguna circunstancia se puede pasar por alto que la guerra tiene límites y que, como ya se anotó, existen personas de especial protección, como en este caso eran los (as) niños (as).

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Portales de temas de DIH

A nombre del Estado, o cuando menos a nombre del Gobierno, el Presidente Gustavo Petro debe ofrecer disculpas al país y a las familias de los niños y niñas que fueron víctimas en un operativo contra las disidencias de las FARC en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare.

Toda acción militar debe llevarse a cabo teniendo en cuenta protocolos previos de investigación e inteligencia, que aseguren las condiciones para realizarla sin que constituyan violación a los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario.

Si había niños (as) en el blanco del ataque el operativo no debió llevarse a cabo y no vale decir que no se sabía de su presencia en el mismo, pues de eso se trata el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Es imperativo el acogimiento a los principios humanitarios y a lo que prescriben las normas nacionales e internacionales, máxime en un Gobierno que se debe a una propuesta diferente de encarar el conflicto en Colombia.

El Estado colombiano es firmante y ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño de 1989, así como el Protocolo Facultativo de la Convención del año 2000, relativo a la participación de los niños en conflictos armados, y está obligado a cumplirlo.

Lo que dispone la Convención y el protocolo facultativo está precedido por lo estipulado en el IV Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, del cual los niños y niñas son beneficiarios (as). Asimismo, el Protocolo II adicional de 1977, cuya finalidad es impedir que los niños y niñas participen en los conflictos armados y los consideren sujetos de protección especial, aun si estuvieran participando directamente en las hostilidades.       

Es claro así que ningún gobierno y en ninguna circunstancia se puede pasar por alto que la guerra tiene límites y que, como ya se anotó, existen personas de especial protección, como en este caso eran los (as) niños (as).

No se desconoce que el Presidente está presionado por quienes desde la oposición le exigen resultados; los mismos que hoy condenan hechos que, como este -ciertamente lamentable y condenable-, antes aplaudían. Pero no puede caer en la trampa de dejarse llevar a una confrontación ciega en la que, como en la mayoría de las veces, personas inocentes terminan siendo víctimas.

Es preferible hacer oídos sordos a quienes, hipócritamente, siguen reivindicando los hechos de guerra, que solo cuestionan cuando les sirven para deslegitimar al Gobierno y sumar a sus pretensiones políticas.

La búsqueda de soluciones negociadas es algo en lo que se debe insistir y mantener en prioridad, sin que ello implique bajar la guardia y renunciar al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, sobre todo cuando se trata de enfrentar a quienes, argumentando causas nobles, no son más que expresiones delincuenciales y artífices de una guerra cada vez más degradada.

En cualquier caso, debemos guardar la coherencia y no permitir que el cumplimiento de los derechos quede subordinado a quienes, desde una u otra orilla, se esfuerzan por alcanzar sus realizaciones a costa de que el país se mantenga anegado en la violencia.  

*Economista-magister en estudios políticos 

La romería a Llano Grande

Los ahora copartidarios hicieron las pases y volvieron a prometer lo que uno durante cuatro y otro durante ocho años no hicieron mientras fueron los anfitriones de Palacio.

Orlando Ortiz Medina*

Foto: El Espectador

La hacienda Llano Grande, en el municipio de Rio Negro, Antioquia, se ha convertido por estos días en la sede de campaña de los sectores políticos de la derecha y la extrema derecha, que se han puesto en alerta ante una posible nueva derrota en las próximas elecciones presidenciales y del Congreso de la República.

Por la que ha sido casa de habitación y recinto carcelario, están desfilando candidatos y candidatas que, como al Oráculo de Delfos, llegan a consultar y pedirle permiso, bendición y consejo a su propietario, quien oficia como mentor, mientras aprovecha para resarcir su imagen, cuidar sus pesebreras y tratar de amarrar a quienes puedan sumarle haberes a lo que queda de sus miserias políticas. 

Al diestro montador de equinos, encantador de serpientes y hábil administrador de motosierras todavía le queda autoridad sobre ciertos aspirantes a quienes, además de falta de autoestima, ideas, programas y partido, les preocupa que los cambios que está viviendo el país lleven a que se mantenga la tendencia progresista en el próximo periodo presidencial.

Estos saben bien que, pese a su obstructiva oposición, los hechos los rebasan y la ciudadanía valora los resultados de las políticas del actual Gobierno, especialmente en materia económica y social, y lo que ello significa en la profundización de la democracia. 

pese a su obstructiva oposición, los hechos los rebasan y la ciudadanía valora los resultados de las políticas del actual Gobierno, 

La más reciente visita fue la de un señor con bastón de viejito, voz de niño entrando en la pubertad, moral extraviada y pensión de expresidente, que en ocasiones no tan lejanas reseñaba a su ahora contertulio como un triple mentiroso. Su máxima obra, no se le puede quitar el mérito, fue la célebre mansión conocida como “La catedral”, construida con recursos del Estado para poner bajo su cuidado y consentir al más peligroso de los narcotraficantes que ha habido en Colombia. 

Los ahora copartidarios hicieron las pases y volvieron a prometer lo que uno durante cuatro y otro durante ocho años no hicieron mientras fueron los anfitriones de Palacio. Que se ocuparán de lo social, dijeron al salir de su encuentro los que hicieron de la salud y las pensiones un jugoso negocio para el sector privado, llevaron a su mínima expresión la educación pública y recortaron los derechos de los trabajadores, que enfrentando todo tipo de obstáculos este Gobierno ha tratado de recuperar.

Ya anteriormente había pasado a tomar oxígeno y respirar verde una señora a la que cada cuatro años vemos descender de un boeing procedente de París. Ella, quien siempre ha proclamado que su misión en la vida es tejer, no importa si son discordias, llega de nuevo a hacer parte de esas cofradías exaltadas de patriotismo que en estas épocas se convocan para “salvar al país”. 

Lo hizo igualmente un exministro, sobrino de un condenado a cadena perpetua por narcotráfico en los Estados Unidos. Fue embajador en ese mismo país y en Colombia estuvo en la cartera de Defensa, con un saldo muy pobre en materia de seguridad, la que ahora propone como su bandera de campaña y condición imperativa para lograr la felicidad de la patria. Pero su peor infortunio es que, por designios del oráculo, le haya tocado amarrar su candidatura al sello del partido de la célebre francocolombiana que, se dice popularmente, es como subirse a un avión fallando. 

Lo que interesa es si están dispuestos a ser parte de ese hatajo que el rey del pastoreo quiere armar para atravesarse a ese nuevo país que está naciendo y que ha puesto en cuestión su lugar en la escala de privilegios. 

También fue la candidata periodista, quien, a falta de argumentos y propuestas, a menos que no sean las de que va a echar plomo a diestra y siniestra, mejor si fuera lamiendo suela y con tropas extranjeras, ha convertido el nombre del actual presidente en un fastidioso cotorreo, culpándolo desde el homicidio del mar muerto hasta de los cólicos de la Divina Cleopatra. 

Al confesor llegó asimismo quien fue su ministra de Defensa, célebre por la Operación Orión y por ser víctima de una tragedia familiar: la de su hermano condenado por ingreso de heroína a los Estados Unidos. La misma que fue vicepresidenta en el periodo de un dictadorcito inane, que, si bien ocupó el sillón del palacio, nunca pasó de ser un aspirante a presidente. Él aún no se ha sumado a la procesión, intuye que, tal como cuando se paseó por su cargo, seguirá siendo una figurilla ignorada. 

Han sido más los concurrentes, como un abogado experto en defender indefendibles, que cuenta con mucha gracia cómo elevaba gatos envueltos en pólvora para satisfacer sus pulsiones de muerte, tal como ahora promete destripar a quienes considere de izquierda. Es un minúsculo ostentoso, que en el mundo de una farándula en decadencia se hace llamar tigre, aunque no llegue a ser siquiera una cagarruta de los mininos que sacrificaba.  

Además, contó el casero del oráculo, ha tenido llamadas y distinto tipo de conversaciones con otros líderes que le copian, o a los que pide que le copien, no importa su laya o procedencia. Lo que interesa es si están dispuestos a ser parte de ese hatajo que el rey del pastoreo quiere armar para atravesarse a ese nuevo país que está naciendo y que ha puesto en cuestión su lugar en la escala de privilegios. 

Que dos septuagenarios expresidentes pretendan convocar a la construcción de una nueva Colombia es poco menos que un chiste, además de un colosal cinismo, pues no solo son parte responsable de esa gran estela de problemas que todavía el país arrastra, sino deslucidos ideólogos de un pasado al que pretenden retornarlo.  

Ya no encaja un pacto de gobernabilidad en cabeza de una dirigencia vetusta e incapaz siquiera de reconocer el estado crítico en que se encuentra.

El país ha cambiado. Los trabajadores han visto aumentar su salario real, muchas más personas pueden hoy soñar con que van a lograr una jubilación, los adultos mayores están recibiendo un apoyo que les ayuda a vivir en una condición más digna, más jóvenes confían en que pueden ingresar a la universidad, los campesinos y campesinas están viendo renacer el campo, los afros y los indígenas ven que hay mayor inversión en sus territorios. 

Aunque les cuesta decirlo, incluso los grandes empresarios deben reconocer que han tenido un buen saldo en las utilidades de sus firmas; bien pueden certificarlo banqueros, comerciantes, industriales, inversionistas del sector agropecuario, turístico, etc. Son los resultados de un manejo acertado y responsable de la economía, que contradijo los malos augurios -más que nada deseos- que la oposición advirtió como seguro camino a una bancarrota.  

Por fortuna el país cuenta hoy con una ciudadanía más calificada, que ha valorado los cambios y entiende lo difícil que ha sido para el gobierno llevarlos pronto y a buen término. Esto sin desconocer las falencias ni negar los desaciertos, que son parte del aprendizaje de una primera experiencia que invita a corregir y a asegurar a futuro una más asertiva gestión. 

Aparte de la incisiva manipulación mediática y el enorme poder que mantienen los poderes de facto, no hay pues nada que favorezca a quienes no entienden que deben dejar de hablarle al pasado. Ya no encaja un pacto de gobernabilidad en cabeza de una dirigencia vetusta e incapaz siquiera de reconocer el estado crítico en que se encuentra. Más aún cuando sigue dependiendo de las consejas de una divinidad subjudice, a la que en cualquier momento podría tocarle volver a lucir su traje color naranja o su piyama de rayas. 

Los electores saben que Llano Grande podría ser otra versión de la cueva de Alí Babá y sus consabidos contertulios; asimismo, que la romería tiene más un aire de conspiración para regresarnos a un pasado en el que ya tantas afugias padecimos, antes que la intención sensata de competir en democracia por el bienestar de una nación que, estamos seguros, insistirá en seguir adelante. 

*Economista-Magíster en estudios políticos 

Señor Trump, suba el volumen.

Mamdani es la contracara de lo que representa el arrogante y secuaz presidente de los Estados Unidos, a quien, por decir lo menos, los electores neoyorquinos le han asestado una sonora bofetada

Orlando Ortiz Medina* 

Foto: France 24

El triunfo de Zohran Mamdani en New York es una lección, una voz de aliento y un mensaje que debe celebrar el mundo entero. Demuestra que siempre están con vida opciones de resistencia, capaces de retar y sobreponerse a discursos que se reclaman hegemónicos y se creen incólumes e invencibles.

No es cualquier cosa el triunfo de un candidato socialista en la llamada Gran Manzana, que es en efecto uno de los grandes centros en donde se albergan parte de los más poderosos símbolos del poder y el capitalismo mundial.

Mamdani es la contracara de lo que representa el arrogante y secuaz presidente de los Estados Unidos, a quien, por decir lo menos, los electores neoyorquinos le han asestado una sonora bofetada.

Es un orgulloso migrante nacido en África, hijo de padres de origen indio, musulmán y activista por la causa palestina, comprometido con la defensa de los derechos de los trabajadores, las mujeres, los grupos étnicos y las comunidades diversas.

Es osado en sus propuestas y, en el contexto que vive su país, gobernado por un sociópata megalómano de la más baja estofa ética y moral, serán muchas las adversidades que tendrá que enfrentar para lograr sus resultados. Pero es parte de esas generaciones que encuentran sentido en comprometerse en la afrenta contra quienes pretenden que la humanidad regrese a tiempos bárbaros de libertades simuladas y autoritarismos reales.

Mal día debe estar pasando el innombrable peluquín del país del norte que, no solo en New York, vivió un rechazo a su peligroso y nefando estilo de gobierno, sus malogradas políticas económicas y el perverso saldo que en materia social están dejando.

Contra Donald Trump y su círculo de forajidos se manifestaron esta vez los que, allá y en otros países del mundo, están dispuestos a no dejar que las huestes neofascistas y retardatarias se pasen por encima de los derechos y las reservas de la democracia que aún quedan por defender.

El triunfo del candidato socialista es también un llamado al propio Partido Demócrata, que ha ido perdiendo norte y afectos dentro de su propia militancia, que no ve en él el compromiso para defender sus necesidades e intereses y lo nota más alineado con la regresión conservadora.

Complace saber que la extrema derecha, que sin duda ha venido ganando terreno en diferentes lugares del mundo, no tiene, como cree, el camino despejado para moverse a sus anchas y consumar sus propósitos de dominio. 

En el caso de Colombia, que tanto viene siendo objeto de la insolencia y los ímpetus dictatoriales del mandatario gringo, es un aire adicional confirmar que la insistencia en el cambio y la derrota de las derechas por parte de las fuerzas progresistas sigue siendo un camino, no solo posible, sino necesario. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

Consulta del Pacto Histórico: una izquierda más cohesionada y con mayores posibilidades de triunfo

    

La izquierda en Colombia es hoy una fuerza política con mayor vocación de poder y enormes posibilidades de triunfo, y no una expresión marginal o a la sombra de quienes históricamente han tenido el control de la opinión y monopolizado hasta su degradación las instituciones del Estado.

Orlando Ortiz Medina*

Foto:Telesur

Con 2´700.000 votos, el Pacto Histórico logró un resultado altamente positivo en la consulta popular del pasado 26 de octubre. Es una cifra significativa si se tiene en cuenta el poco tiempo de campaña, por todas las barreras que hubo que superar, especialmente ante el Consejo Nacional Electoral, para llevarla a cabo. 

Lo es también si se compara con eventos de similar naturaleza realizados en periodos anteriores, especialmente la consulta del Partido Liberal en 2017, que no alcanzó los 800.000 votos, o la del Polo Democrático en 2009 en la que se contabilizaron menos de 500.000. Además, por ser una elección en frío -que no coincide con ningún otro evento electoral-, se dispone de menor infraestructura y condiciones logísticas; por ejemplo, una menor cantidad de puestos y mesas de votación que limitaron la participación de un gran número de personas, especialmente de las zonas rurales.

Visto así, el caudal real de los votos logrados en la consulta pudo haber estado alrededor de los tres millones. Pero, más allá de las cifras, que desde luego son importantes, son otros los aspectos a destacar de esta jornada que prácticamente abre el camino hacia las elecciones de Congreso y Presidencia de la República en 2026.

Una izquierda fortalecida

Lo primero a resaltar es que hoy el país tiene una izquierda con mayor protagonismo y capacidad de representación en el escenario político, más cohesionada, con mayor solidez organizativa y en la que el perfeccionamiento de sus mecanismos de democracia interna le aseguran una más calificada participación de sus bases. 

La afinación de sus principios democráticos incluye la paridad de género en la configuración de las listas al Congreso de la República, mediante el sistema de cremallera, que alterna hombres y mujeres en el orden de inclusión, lo que significa también un avance en el sistema de organización partidista y en general de la cultura política en Colombia.

Adicionalmente, la nueva nómina de aspirantes a Cámara y Senado elegida el 26 de octubre deja ver una composición en la que tuvieron cabida tanto diversas colectividades políticas de la izquierda y el progresismo, como sectores sociales que sin estar necesariamente adscritos a ellas aspiran a tener representación en el Congreso. 

Así las cosas, la izquierda en Colombia es hoy una fuerza política con mayor vocación de poder y enormes posibilidades de triunfo, y no una expresión marginal o a la sombra de quienes históricamente han tenido el control de la opinión y monopolizado hasta su degradación las instituciones del Estado.

Una izquierda que, a diferencia de otras fuerzas políticas, ha construido una agenda más conectada con los grandes problemas nacionales y al mismo tiempo en sintonía con los cambios y demandas que imponen las dinámicas internacionales.  Asimismo, que ha sido prohijada por un movimiento social cada vez más protagónico, con el que avanza en un proceso en el que se resignifican y depuran las prácticas políticas, que de paso le ha permitido ganar terreno e irse sobreponiendo a las viejas estructuras hegemónicas.    

La votación alcanzada es una clara manifestación de respaldo al Gobierno de Gustavo Petro y del ánimo de continuidad con el proceso de cambio que le asiste a los sectores políticos y sociales que lo llevaron a la presidencia en 2022. 

Respaldo a Gustavo Petro

La votación alcanzada es una clara manifestación de respaldo al Gobierno de Gustavo Petro y del ánimo de continuidad con el proceso de cambio que le asiste a los sectores políticos y sociales que lo llevaron a la presidencia en 2022. Es una manera de reconocer que ha mantenido su coherencia y que ha jugado su capital político a favor de sectores que, por primera vez, saben que cuentan con un representante en cabeza del ejecutivo. 

Hay una ciudadanía que reconoce las reformas sociales que han estado en la médula del Gobierno, incluidas las políticas económicas, claramente orientadas a mejorar la calidad de vida, disminuir la desigualdad y la pobreza y sacar de la exclusión a sectores que estaban condenados a la marginalidad. 

Logros como la reforma laboral, la reforma pensional, el aumento significativo del salario real de los trabajadores, la mejora en el sistema de remuneración a miembros de las fuerzas militares, la gratuidad en el acceso a las universidades públicas y la entrega de un subsidio permanente de vejez a miles de madres comunitarias, constituyen, entre otros, un legado importante de las políticas de Gustavo Petro. 

No es fortuita una reducción de la pobreza monetaria que llega a su cifra más baja desde 2012, una tasa de desempleo que alcanza el nivel más bajo en lo que va del presente siglo  y, aunque leve, una reducción también de la tasa de informalidad.

Ha habido también una significativa reducción de la inflación, que, como se sabe, con su incremento golpea especialmente a los sectores de más bajos ingresos. Su reducción ha sido de alrededor de 8 puntos en el actual gobierno, al llegar al 5.18 en septiembre de 2025, luego de haber cerrado en 13.12 en 2022.

Vale resaltar, además, el crecimiento significativo que ha tenido el sector agropecuario, 7.1% en 2025, incluyendo la entrega de tierras y la formalización de 1.5 millones de hectáreas, lo que sin duda ha impactado en las condiciones de vida especialmente de la población campesina. 

Existe un acople entre el gobierno nacional y las regiones y sectores sociales que hoy se sienten más representados.

Todo este conjunto de factores explica, en parte, el amplio apoyo reflejado en las urnas, en el que hay que relievar el importante crecimiento en las zonas tradicionalmente más apartadas del país (Nariño, Cauca, Chocó, algunas regiones de la Amazonía y la costa atlántica, principalmente). Esto tiene un significado especial porque es allí en donde viven las personas en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Una confirmación del acople que existe entre el gobierno nacional y las regiones y sectores sociales que hoy se sienten más representados.

Puede leerse también como un indicador del foco que ha puesto este Gobierno en corregir los sesgos centralistas y contribuir a cerrar las brechas derivadas de la forma como se han orientado las estrategias de desarrollo y las políticas de asignación presupuestales.

Claramente esta vez se habló con más fuerza desde los territorios. Sin embargo, es necesario un análisis más detallado de lo que ocurrió en algunas de las principales ciudades y departamentos, tales como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Meta, en donde hubo una reducción significativa de la participación, teniendo en cuenta que son definitivas tanto para las elecciones legislativas como las de la presidencia de la república.

Iván Cepeda Castro, la continuidad del cambio 

El triunfo de Iván Cepeda en la consulta lo posiciona como uno de los candidatos más opcionados para disputar la presidencia en 2026. Es un referente especial de líder, ajeno a todo tipo de arrogancias, despojado de cualquier ánimo caudillista y respetuoso siempre a la hora de confrontar a sus adversarios. Es alguien sin mácula, de una estatura ética a toda prueba, con carácter tranquilo, sosegado y suficientemente conocido por su lucha contra la desigualdad, la defensa de los derechos humanos y de los intereses de los sectores más desprotegidos.  

Una de sus mayores fortalezas como candidato es el estrecho vínculo que mantiene con los sectores sociales que luchan por una mayor representatividad y protagonismo en Colombia, y que han sido la espina dorsal del Gobierno de Gustavo Petro

Si bien su historia, sus ideas, sus propuestas, tienen el sello de una izquierda militante y comprometida, es ajeno a posiciones sectarias y dogmáticas, lo que guarda coherencia con su formación del filósofo que se toma el tiempo para discernir y saber cómo y en qué momento expresa sus opiniones, siempre dentro de la sindéresis y el respeto a sus contertulios o contradictores. Ética y democracia son en él, antes que nada, una forma de vida. 

Una de sus mayores fortalezas como candidato es el estrecho vínculo que mantiene con los sectores sociales que luchan por una mayor representatividad y protagonismo en Colombia, y que han sido la espina dorsal del Gobierno de Gustavo Petro. Indígenas, campesinos, jóvenes, estudiantes, ambientalistas, mujeres, comunidades diversas, el movimiento de víctimas, etc., reconocen en Iván a una persona de toda su confianza y una segura representación de sus intereses. 

Iván hará sus balances y sopesará fortalezas y debilidades. Con ánimo constructivo seguirá cosechando sobre lo que se ha logrado avanzar en esta primera experiencia de un gobierno de izquierda en Colombia, que está demostrando que es posible gobernar para todo un país y no solo para quienes hasta ahora se habían sostenido en sus privilegios. 

La tarea ahora es seguir trabajando con todo el entusiasmo para que en la consulta que se realizará el próximo mes de marzo Iván Cepeda se posicione como el candidato del frente amplio y, ojalá, en mayo en la primera vuelta se consagre como el nuevo presidente de la república. 

*Economista-Magister en estudios políticos 

C-amargo: El nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

 Nada cómodos se deben sentir quienes, nutridos de valores y portadores de las más excelsas condiciones personales y profesionales, sí han puesto su profesión al servicio del derecho y la defensa de las instituciones y no de los intereses políticos o particulares de quienes le favorecieron con su voto.

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Ámbito jurídico 

El senado de la República eligió como magistrado de la Corte Constitucional al señor Carlos Camargo Assis; un nuevo revés para la democracia y la ratificación de la profunda escisión que existe en Colombia entre la ética y la política.

Porque sí, es cierto que fue elegido en abierta votación en el Senado de la República y que obtuvo una amplia mayoría frente a sus competidores; pero también lo es que la democracia es algo más que un algoritmo y un sistema de procedimientos, y que lo que realmente la instituye es el conjunto de principios y valores que rodean las decisiones.  

Y si de esto último se trata, no son propiamente Camargo y los mentores de su cuestionado ascenso a las cimas de la burocracia, ni sus electores de ayer en el Senado, los depositarios de las mejores virtudes. 

Camargo ha sido uno de los más ilustres representantes de quienes llegan a sus cargos con la única tarea de sellar su deshonra y dejar en el piso la majestad de las instituciones a las que en mala hora se las ingenian para llegar. 

Para la muestra, vale decir que fue deformado en las mismas aulas por las que pasaron Iván Duque y Francisco Barbosa. Expresidente uno y exfiscal el otro, son célebres por la mediocridad de su gestión y, sobre todo, por haber sido de los más ilustres representantes de quienes llegan a sus cargos con la única tarea de sellar su deshonra y dejar en el piso la majestad de las instituciones a las que en mala hora se las ingenian para llegar. 

El exdirector de la Federación Nacional de Departamentos, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, exdefensor del Pueblo, y ahora exvicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ha llegado a ocupar sus puestos no propiamente por sus méritos, que al parecer nadie obtiene en La Sergio, sino porque ha sido un hábil trepador, ficha clave de los roscogramas y que, saltando y asaltando competencias, ha sido colocado por y sabido colocar a sus amigos y familiares gracias a las ganancias obtenidas en el sucio mercado de favores.  

Así que el resultado de la votación no fue ninguna sorpresa, pues ya estaba cantado y era parte de las deudas que con letras de cambio tenían en su elección la fecha de vencimiento. Lo cierto es que sí se pone en cuestión la probidad de la alta corporación a la que acaba de ser elegido y que se desluce el trabajo de quienes ahora, o en otros momentos, juiciosamente se han ocupado del estudio y la promulgación de sus dictámenes. 

Por su trayectoria y su hoja de vida, y tanto más por lo que se conoce de su comportamiento en las posiciones ocupadas, no era él la mejor opción para entrar a ser parte de quienes se ocupan como guardianes de la constitución y el Estado de Derecho.

Nada cómodos se deben sentir quienes, nutridos de valores y portadores de las más excelsas condiciones personales y profesionales, sí han puesto su profesión al servicio del derecho y la defensa de las instituciones y no de los intereses políticos o particulares de quienes le favorecieron con su voto. 

La elección de Camargo Assis ratifica la sustancia de la que mayoritariamente está hecho el Congreso de la República y la poca valía y respeto que, debido a ello, les merece a los ciudadanos. Por su trayectoria y su hoja de vida, y tanto más por lo que se conoce de su comportamiento en las posiciones ocupadas, no era él la mejor opción para entrar a ser parte de quienes se ocupan como guardianes de la constitución y el Estado de Derecho.

Sobra ya hacer una comparación con quienes eran sus competidores, especialmente la actual magistrada del Tribunal del Valle, María Balanta, que siendo de lejos la más indicada para ser elegida, no reunía el caudal que le dio la victoria a Camargo: su capacidad para moverse entre las aguas infectas de los inodoros de la vieja política. 

Definitivamente el país sigue preso de una dirigencia retardataria, incapaz a sí misma de renovarse, de entender que no se puede seguir manteniendo en el hedor de sus propias miserias y que debe dejar de insistir en poner palos en la rueda a un país que puja por seguir allanando el camino de sus transformaciones políticas y culturales.

En mala hora la Corte Constitucional tiene que acoger a su nuevo inquilino, un malhadado exponente de aquellos a quienes una sociedad civilizada y una clase política honrada ya le habría expedido su certificado de caducidad y dejado para su exhibición en la percha del olvido.

*Economista-Magister en estudios políticos

Miguel Uribe Turbay, la seguridad de vuelta al ruedo

Parece de ingenuos pensar que a nadie y para nada sirve un crimen como éste. Lo cierto es que así no piensan quienes lo cometieron y esperan recoger sus envenenados frutos. 

Orlando Ortiz Medina*

Foto: Revista Semana

El lamentable fallecimiento del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, reafirma que se mantiene indemne el poder y la capacidad de daño de quienes se oponen a que se avance hacia nuevos umbrales de civilización y de superación de la cultura de la muerte que ha oscurecido en su devenir a la sociedad colombiana.

Con el asesinato de Uribe Turbay, sus responsables abren otra herida, con la que recargan los odios y la polarización que nos confronta, no casualmente en el momento en que avanza la campaña al Congreso y la presidencia de la República.

El repulsivo maridaje entre violencia y política pareciera ser para Colombia un sino insuperable. No es el primer candidato ni el primer líder político o social en ser asesinado. No es la primera vez que una campaña electoral se mancha de sangre y enluta al país. No es tampoco la primera vez que con un acto de esta naturaleza se pretende enrutar el resultado de las elecciones, que solo debería depender del debate de las ideas, los programas de gobierno y la experiencia, capacidad e idoneidad ética y profesional de quienes aspiran a ser elegidos (as). 

Infortunadamente, el magnicidio de Uribe Turbay vuelve a llevar a un segundo plano los temas centrales a discutir sobre el rumbo que debe tomar el país en los próximos años, mientras nos enreda nuevamente en el esponjoso tema de la seguridad como eje del debate electoral. Una seguridad que se espera establecer bajo la premisa de un régimen autoritario y que ponga en cuestión las instituciones y el estado de derecho, que finalmente consagraría la victoria de quienes saben que en un país exacerbado de rencores y tensiones la producción de miedo es un recurso siempre al alcance para conmover y movilizar al electorado.

Volvemos a ser presa de la tozudez de quienes todavía no conciben que sus poderes no sean vitalicios, que se resisten a dejar que otro país sea posible y que prefieren pernoctar en el culto a la muerte, a expensas de un país al que han acostumbrado a ver nacer sus héroes en la pira de su sacrificio. 

El crimen es una nueva proclama de los voceros del eterno retorno a un estado de cosas que se resiste a fenecer y a dejar que cobre vida el ideario de otras voces y otros sectores, que con justicia reclaman su derecho de pertenencia y representación, en una sociedad que le ha quitado a la política su esencia como fundamento del entendimiento y la convivencia humana, y profundamente quebrada en sus valores y fundamentos éticos. 

Tal cual lo reflejan las reacciones que desde uno y otro lado del espectro ideológico se han generado, y la manera en que el hecho está siendo aprovechado por quienes buscan réditos en la contienda electoral, sin importar el dolor de la familia y sin respeto alguno a la memoria del candidato sacrificado. 

De ello hacen eco unos medios de comunicación, cuyos directores, presentadores o comentaristas se han convertido en una especie de cabecillas de barras bravas, que con micrófonos a discreción se emparentan con los promotores del odio y dejan al descuido cualquier asomo de cordura y responsabilidad. 

La muerte de quien es uno más de los miles de líderes sociales o políticos asesinados en Colombia no parece ser en realidad lo que más les ha preocupado. Lejos de comprometerse con una reflexión seria y ponderada, algunos comunicadores se mostraron más interesados en cómo fustigar y endilgar culpas, sin un ápice de decoro en un momento en el que lo que menos se requiere es ahondar el duelo y no sumar para que se profundice el desequilibrio en la balanza.

Estuvieron, por ejemplo, más pendientes de la caza de un gazapo o un error de sintaxis que hubiera podido cometer en el momento de pronunciarse sobre el hecho el señor Presidente, que del contenido mismo de su declaración. La gramática de las formas que a cuenta de la mezquindad y el deseo de hacer daño subsume a la preocupación por la gramática de la vida. 

Uribe Turbay era un precandidato presidencial; tenía el derecho a expresar sus ideas, a disentir, como en efecto lo hacía, con el actual gobierno; incluso a tener diferencias con sus propios colegas de partido, que no eran menores, y a haber hecho pronunciamientos cuestionables frente a situaciones de violencia que se produjeron contra otras personas en Colombia. Pero no era su sacrificio el que iba a reivindicar su pensamiento y a consagrar el triunfo de sus ideas, pues ni su muerte corrige sus errores ni tampoco lo convierte en un modelo a seguir.

No solo se sacó del camino a un candidato, sino que se le dio un golpe a los anhelos de cambio en los que se viene insistiendo en Colombia. Los funámbulos de la violencia aspiran a seguirse sosteniendo en la cuerda tensada a su favor por los desequilibrios de un país hecho a su imagen y semejanza, secuestrado por su egoísmo y por su negativa a permitir que su enaltecida lívido del poder encuentre una válvula de escape que no siga siendo la de solazarse en el dolor de los otros.

Parece de ingenuos pensar que a nadie y para nada sirve un crimen como éste. Lo cierto es que así no piensan quienes lo cometieron y esperan recoger sus envenenados frutos. Ojalá que esta vez la fuerza de la vida ahogue su cosecha. 

*Economista-Magister en estudios políticos